Poco antes de partir de gira oficial por Europa. el presidente Alberto Fernández acordó con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez donar 1,6 millones de pesos para cerrar la causa en la que está imputado por violar las restricciones por la pandemia de Covid-19, al celebrar en la Quinta de Olivos el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez.

La propuesta fue acercada por el abogado Juan Pablo Fioribello, quien este martes presentará una propuesta similar de la Primera Dama, pero por una cifra de 1,4 millones de pesos.

De esta manera el Presidente mejoró la oferta que había realizado anteriormente y obtuvo un principio de acuerdo con el fiscal Domínguez, que ahora deberá ser homologado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

El magistrado ya aceptó un acuerdo de “conciliación” con otra de las asistentes a la celebración, Carolina Marafiotti, la estilista personal de Fabiola Yáñez, quien acordó pagar 200 mil pesos para solventar días de internación en terapia intensiva a pacientes de Covid-19.

Además de Marafioti, esa noche estuvieron en la fiesta Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh , Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra , Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham, además de Yáñez y el presidente Fernández.

En diciembre, el juez Mirabelli rechazó el pedido del Presidente para ser sobreseído en la causa. En agosto, Fernández había decidido presentarse voluntariamente sin abogado patrocinante y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán a modo de reparacion “del daño potencial que se hubiere causado”. Fernández argumentó que la fiesta de cumpleaños no constituía un delito y pedía que se declare “extinta la acción penal” y se decrete su sobreseimiento

DA

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó hoy un pedido de inconstitucionalidad del decreto que imponía el aislamiento en julio de 2020, cuando se festejó el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yánez en Olivos por el cual hay una investigación que tiene como imputado también al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Se trata de Stefanía Domínguez, amiga de la Primera Dama quien asistió a ese evento que investiga la Justicia federal de San Isidro.

Aún el juez debe definir el pedido de sobreseimiento solicitado por el Presidente quien pese a haber firmado el decreto que imponía el aislamiento, sostuvo que no se cometió delito porque no hubo contagios para ninguno de los asistentes así como tampoco para terceros.

El planteo había sido hecho por el abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de Domínguez en la causa, quien había asegurado que el decreto impedía la libertad de circulación y además no había sido sancionado con el aval previo del Congreso de la Nación.

El fiscal Fernando Domínguez había pedido rechazar el planteo lo que así lo resolvió el magistrado y quien por ahora no definió el pedido de sobreseimiento también formulado por aquella.

“Es constitucionalmente admisible que el Poder Ejecutivo, siempre que se trate de medidas –prohibiciones o mandatos– obligatorias, emanadas de las autoridades competentes para la materia, con el propósito de impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En ese sentido, recordó el magistrado que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al brote de “coronavirus” (COVID-19) como pandemia, luego de que la cantidad de personas infectadas –a nivel global– ascendiera a niveles alarmantes.

Por eso, dijo que el Gobierno Nacional tenía la facultad para dictar ese tipo de medidas, “enmarcadas dentro de las atribuciones designadas en la Carta Magna para ese órgano gubernamental”.

“Desde su rol de ”responsable político de la administración general del país“, ante la grave situación epidemiológica que se había desatado a nivel global, producto de la expansión de un virus ignoto y altamente contagioso, con una capacidad dañosa que –al menos hasta ese momento– resultaba de proporciones desconocidas, no parece discutible que el Presidente de la Nación efectivamente poseía amplias potestades para adoptar medidas de alcance general y uniforme, tendientes a impedir o mitigar su propagación”.

Esas medidas, dijo el juez, “cuentan con extensas consideraciones acerca de la situación epidemiológica que se presentaba a nivel global y nacional, así como la velocidad de los contagios y sus repercusiones en torno a la salubridad de la población, todo lo cual sustentaba –a criterio de las autoridades– la necesidad de adoptar ese tipo de medidas inmediatas para reducir la circulación del virus, puesto que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud hacían que deviniera imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes”.

“Las medidas entonces vigentes reglamentaban el ejercicio de ciertos derechos con el objetivo de resguardar otros bienes jurídicos sustanciales, como la vida y la salud pública, en el marco de una excepcional situación de emergencia sanitaria, cuya extensión era –por aquel entonces– todavía incipiente, aunque con una proporción dañosa desconocida respecto de la salubridad general de la población”, sostuvo.

“Ante esas alarmantes circunstancias, las autoridades estimaron primordial adoptar medidas tendientes –entre otras cosas– a disminuir la circulación y limitar la producción de los eventos sociales con concurrencia”, remató.

DA

El juez Lino Mirabelli quedará a cargo de todas las causas abiertas por las visitas a la Quinta Presidencial del Olivos durante la etapa más estricta de la pandemia del coronavirus.

La Cámara Federal de San Martín, en un fallo firmado por el juez Marcelo Fernández, dirimió así una “cuestión de competencia” entre Mirabelli y la también jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien reclamaba para sí todos los expedientes acumulados.

El camarista resolvió “dirimir la presente contienda positiva de competencia, en favor del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro, debiéndose acumular la causa para continuar su trámite unificado”.

El fallo coincide con lo que hoy mismo había dictaminado el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín Pablo Quiroga, quien también se había inclinado por la intervención de Mirabelli.

“En tiempos actuales –sostiene la resolución de la Cámara-, el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro (a cargo de Mirabelli) hace aproximadamente más de un mes que interviene en el trámite más amplio del expediente”.

“De allí, que la incorporación de las actuaciones de la causa vinculadas con los dos hechos idénticos que conforman -también- su legajo, no importará un obstáculo para el proceso”, añadió.

La Cámara consideró que Mirabelli fue el juez de San Isidro que intervino en la primera denuncia por las presuntas violaciones a las normas de prevención de la pandemia.

“El legajo CFP 4723/2021 se inició primero, su objeto procesal es más amplio -integrado por hechos idénticos y otros conexos-, se encuentra compuesto por sucesos acaecidos con anterioridad a los del 14/7/2020 y 30/12/2020, las primeras denuncias que dieron cuenta de estos dos últimos acontecimientos fueron, por primera vez, presentadas en ese expediente y, al 1 de septiembre pasado, cuando la justicia federal capitalina declinó su competencia, no se había dispuesto acto alguno de naturaleza instructoria” en el expediente que tenía Arroyo Salgado.

Arroyo Salgado y Mirabelli reivindicaban para sí, cada uno con sus fundamentos, la prosecución de la investigación, y de esa manera quedó trabado el conflicto de competencia, que hoy fue saldado.

La decisión de la Cámara no es apelable, pues se trata del superior común a ambos juzgados que pugnaban por la competencia, de modo que la radicación de las actuaciones adquiere carácter definitivo.

En esta causa están imputados el Presidente, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20”.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

DA

El juez Lino Claudio Mirabelli, el magistrado del juzgado federal 2 de San Isidro, aceptó la competencia para investigar la causa sobre los ingresos a la Quinta de Olivos cuando regía una estricta cuarentena, que incluye el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

El juez Casanello había declarado la “incompetencia” de su juzgado “en razón del territorio” en el que ocurrieron los hechos investigados y consideró que le corresponde intervenir a la justicia federal de San Isidro, “con jurisdicción en Olivos”, donde se encuentra la quinta presidencial.

Casanello ordenó que el expediente sea remitido al juzgado de San Isidro “que por turno corresponda”, aunque en esa jurisdicción hay dos: el que está de turno es el que encabeza el magistrado Lino Mirabelli, mientras que el otro es el de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

El documento firmado por Mirabelli, notifica y resuelve “Aceptar parcialmente la competencia atribuida en el marco de la causa N° CFP 4723/2021 por el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 en orden a los hechos detallados en los considerandos (puntos 1 hasta 10), y rechazarla respecto de los restantes eventos (puntos 11 y 12) que surgen de las denuncias impetradas por el Dr. Alejandro Sánchez Kalbermatten”.

El punto 11 hace referencia a la denuncia que involucra al expresidente, Mauricio Macri, a raíz de sus presuntos incumplimientos a las normas sanitarias luego de volver de su viaje de Europa el 9 de agosto de este año y también, el día 26 de ese mismo mes, al haber presenciando un programa de televisión.

En cuanto al punto 12, alude a la denuncia contra Elisa Carrió que, según medios periodísticos, el 26 de diciembre de 2020 habría “organizado un evento con motivo de su cumpleaños 'en su casa de Capilla del Señor en la que hubo unos setenta (70) invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo”. El magistrado declinó la competencia por tratarse de un hecho ocurrido en el partido de Exaltación de la Cruz, ajeno a su competencia en San Isidro

Asimismo, ordenó devolver a Casanello esta última parte de expediente para que se defina la competencia en un tribunal de apelaciones.

En esta causa están imputados el Presidente, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20”.

La resolución de Casanello se produjo cuando le tocó definir sobre un planteo de inconstitucionalidad formulado contra los decretos presidenciales por la defensa de una de las imputadas, Stefanía Domínguez, al cual ya se había opuesto el fiscal González que tiene delegada la investigación.

AB

Con su poder de fuego amortiguado por la pandemia y los movimientos de fichas internas y externas, los tribunales de Comodoro Py se adentran en la campaña hacia las legislativas de noviembre con menos causas de impacto político que elecciones anteriores. Esta vez y por ahora, la campaña grande no se afila en los pasillos de Retiro y al menos dos de los principales frentes se tramitan ya en otros terrenos: el fuero Penal Económico y los tribunales de San Isidro. 

Con el clima electoral ya instalado, Comodoro Py había retomado el protagonismo con el presidente Alberto Fernández en el centro de la escena, pero el caso por el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante la prohibición de reuniones sociales por la crisis sanitaria migró de jurisdicción diez días antes de las PASO. El expediente quedó radicado en los tribunales federales de San Isidro, donde aún no está claro quién será el juez a cargo de la causa. En esta misma jurisdicción, también quedó radicada, por el momento, la denuncia contra Elisa Carrió y otros miembros de la oposición por la fiesta por su natalicio en diciembre de 2020.

Aún con San Isidro y Penal Económico compartiendo la escena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, varios de sus exministros y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aguardan algunas decisiones de los jueces de Comodoro Py, de acuerdo con el sondeo de elDiarioAR.

Estos son algunos de los casos, por el momento. “La campaña acaba de empezar”, dijo este domingo el Presidente. Es una clásica frase de la política tras las primarias que se escucha también en los despachos judiciales. 

Algunas de las últimas elecciones trajeron consigo nuevos problemas legales: las denuncias por irregularidades y presuntos delitos en la recaudación y rendición de los aportes de campaña, como las que expusieron maniobras de las legislativas de Cambiemos en 2017 o de la presidencial de Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos en 2007.

Los frentes políticos deben rendir de manera virtual y en tiempo casi real sus gastos ante la Cámara Nacional Electoral. Los informes vienen atrasados, pero ya demuestran mayor austeridad en los fondos destinados a la política, confió una fuente del fuero electoral.

Entre 2015 y 2019, los principales partidos declararon destinar entre el 23% y el 30% de sus gastos de campaña a las redes sociales. Este año, las autoridades prevén que destinen alrededor del 60%. Por la pandemia, la falta de contratos y licitaciones públicas y la escasez de aportes del sector privado, se espera una campaña más austera. Los próximos meses dirán si, además, será una campaña menos penalizada.

Olivos y Bolivia

Entre julio y agosto, la política promovió dos causas judiciales contra contrincantes electorales. La primera fue una iniciativa del Gobierno. A principios de julio, el Ejecutivo denunció a Macri y exmiembros de su gobierno por el supuesto contrabando de municiones a Bolivia, durante el derrocamiento de Evo Morales. 

El expediente tramita en los tribunales de la calle Inmigrantes, sede de los juzgados y fiscalías en lo Penal Económico (el fuero que el Presidente quiere fusionar con los federales en su reforma judicial estancada en el Congreso). Se trata de la causa por presunto contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el derrocamiento de Evo Morales. 

La causa, en la que también están imputados los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), entre otros exfuncionarios de Cambiemos, tiene ribetes internacionales y acumula supuestas pruebas documentales aportadas por el Gobierno.

Antes de que terminara julio, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, dos miembros de Republicanos Unidos (de Ricardo López Murphy) -uno de los espacios de la oposición que busca ganar bancas en el Congreso- denunciaron al Presidente por los ingresos y egresos a Olivos y la Casa Rosada durante las restricciones de circulación y reunión de 2020, en base a información pública obtenida por ambos dirigentes. Tras la denuncia, se filtró la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez de 2020 y desató la crisis por el Olivos-Gate.

La causa contra el Presidente y la Primera Dama corrió rápidamente de la agenda de los medios al caso de presunto contrabando contra Macri. Incluso pasó casi desapercibido, al filo de los actos de cierre de campaña, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico determinó finalmente quién será el juez a cargo del caso: Alejandro Catania, según confirmó una fuente directa del expediente. 

De esta manera, la causa cambia de juzgado. Javier López Biscayart ya no estará a cargo del expediente, pero la investigación seguirá en manos del mismo fiscal: Claudio Navas Rial. La resolución de competencia destraba ahora el camino para que avance el expediente.

En el caso Olivos, el Presidente está formalmente imputado, al igual que su pareja y otros nueve comensales de la cena del 14 de julio de 2020. Fenrández solicitó ser sobreseído por “inexistencia de delito”, ya que entiende que su participación en el cumpleaños de su pareja durante las restricciones del ASPO no causó daño ni propagó el Covid-19, hasta donde pudo probarse. Como segundo planteo ante la Justicia, Fernández propuso una conciliación para acordar con el fiscal una salida que evite una condena penal. La oferta de Fernández fue donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. El Presidente debió asumir que había incumplido las normas impuestas por su propio decreto.

Aunque se trata de un delito menor -con penas de seis a dos años de prisión y excarcelable-, la especulación en los tribunales era que el daño para Fernández sería electoral y no penal, y que sumaría puntos a un voto castigo contra el Frente de Todos, un panorama que se confirmaba este domingo por la noche. 

El fiscal Ramiro González avanzó con diversas medidas de prueba hasta que a principios de septiembre, el juez Sebastián Casanello declaró la incompetencia territorial para investigar un hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Olivos). El expediente contra el Presidente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal número 2 de San Isidro, quien estaba de turno esa fecha, junto al fiscal Fernando Domínguez. 

Sin embargo, su colega Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman y titular del juzgado federal número 1 de San Isidro, tiene una denuncia sobre hechos similares que podría convertirla en la jueza del caso. Si la causa pasa al juzgado de Arroyo, el fiscal será Federico Iuspa.

Tanto ambos jueces como los dos fiscales han intervenido en numerosos expedientes contra acusados de incumplir las restricciones que fijó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Fernández. En la mayoría de los casos, los cuatro han optado por una resolución que limitó la criminalidad de los actos (como conciliaciones, probation y reparaciones económicas), según las consultas realizadas por elDiarioAR en el fuero de San Isidro. 

Conexiones

San Isidro no sólo se quedó con el principal capítulo del Olivos-Gate. Además de la investigación por el cumpleaños de Yañez, Casanello también envió a su par Mirabelli la totalidad del expediente, que incluye las denuncias originales sobre todos los ingresos y egresos supuestamente irregulares a la quinta presidencial y a la Casa Rosada durante 2020.

El próximo paso deberá darlo el juez Mirabelli, quien tiene el expediente en su despacho desde el martes último, informó a este medio una fuente del caso. El magistrado podría asumirse como el juez de la causa o remitirlo a Arroyo Salgado. La magistrada también podría rechazarla o incluso reclamar la causa y trabar un conflicto de competencia con su colega. Eso podría seguir extendiendo todavía más la resolución del hecho. Luego, el juez del caso deberá analizar el pedido de sobreseimiento del Presidente.

La exesposa del fiscal Nisman y madre de sus dos hijas no sería la opción más amigable para el Gobierno. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a la etapa previa del juicio oral y público pero la líder del kirchnerismo busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el Tribunal Oral Federal número 8 y sería dada a conocer en poco tiempo.

La campaña acaba de empezar.

Alberto Fernández.

Memorándum

Este 2021, la principal apuesta de la vicepresidenta en Comodoro Py es que los jueces que deben juzgarla por el Memorándum con Irán declaren la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el proceso y la sobresean de manera anticipada. Entonces, el juicio oral y público no se llevaría adelante. El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, se opuso al planteó en las últimas semanas y opinó que el debate debe realizarse, más allá de que finalmente las defensas tengan o no razones para sostener la inexistencia de delito en la firma del acuerdo con Irán en 2013. 

La vicepresidenta ya tuvo un fallo a favor en una situación similar, aunque con un caso diferente. Fernández de Kirchner y el resto de los procesados por la causa Dólar Futuro nunca afrontaron el juicio oral y público. Fueron sobreseídos este año por inexistencia de delito de manera anticipada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. La misma sala que deberá eventualmente revisar la decisión del Tribunal Oral Federal número 8 sobre la nulidad del juicio del Memorándum.

Dólar Futuro no es un capítulo cerrado. El fiscal Raúl Pleé apeló los sobreseimientos dictados en Casación ante la Corte Suprema, que tiene pendiente analizar el caso.  

La Corte no tiene plazos para fallar. “Hace sólo tres meses que ingresó el planteo del fiscal Pleé”, respondió una fuente del máximo tribunal para dejar en claro que no hay apuro entre los cortesanos por revisar el sobreseimiento de Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta acumula recursos en la Corte mientras continúa el desarrollo del único juicio oral y público en su contra que logró ver la luz: el caso Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz).

En 2019, la Corte dejó pendientes el análisis de nueve planteos de la vicepresidenta en el caso Vialidad. La defensa de Fernández de Kirchner había presentado una serie de recursos de queja ante el máximo tribunal que podrían lograr la suspensión o nulidad del único juicio que se está desarrollando contra la funcionaria por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.  

Los reclamos de Fernández de Kirchner incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz en el caso -que está siendo juzgado en los tribunales porteños- hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5).

Aquel año, la Corte se había aprestado a tratar los recursos justo antes del inicio del juicio. El 14 de mayo de 2019, el máximo tribunal pidió acceso al expediente y la decisión hizo saltar las alarmas de un sector de los medios de comunicación y la oposición. El juicio oral y público tenía fecha de inicio para el 21 de mayo y la medida parecía poner en riesgo el inicio de las audiencias. Tras el aluvión de críticas, la Corte dio marcha atrás y postergó el tratamiento de los recursos, que siguen pendientes. El 18 de mayo, Fernández de Kirchner anunció que sería candidata a la vicepresidencia y que Alberto Fernández encabezaría la fórmula.   

Tras la victoria del Frente de Todos en 2019, ninguno de los otros juicios pendientes de Fernández de Kirchner llegó al debate oral y público.

Otros ritmos

El expresidente Macri tiene varios frentes, algunos en Comodoro Py, enfocados en su patrimonio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018, pero, por el momento, Macri no ha sido citado a indagatoria ni se han ordenado medidas invasivas sobre sus bienes o su domicilio, como allanamientos.

El exmandatario también arrastra expedientes de escasa antigüedad en los tribunales de Retiro sobre los que sí se esperan definiciones, como la causa penal por el caso Correo Argentino SA -además de la quiebra de la compañía en el fuero comercial- y la investigación que lleva adelante la jueza María Servini sobre el supuesto “desapoderamiento” del grupo empresarial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. 

Paseo del Bajo es el caso central en los tribunales federales contra el jefe de Gobierno porteño y principal figura de la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y la  provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

El expediente contra Rodríguez Larreta y el exministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, lleva casi tres años de disputas entre magistrados. Más de la mitad de ese periodo estuvo cerrada. Se investigaba el supuesto direccionamiento de un tramo de la obra del Paseo del Bajo a favor de Iecsa, que entonces era propiedad del primo del expresidente, Angelo Calcaterra.

A finales de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó a todos los acusados sin indagarlos. Los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez apelaron pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo a favor de Larreta y el resto de los denunciados. Desde julio, los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucchi, de la Sala II de Casación, tienen pendiente analizar el caso y resolver si los sobreseimientos fueron prematuros, como plantearon ya tres fiscales de distintas instancias.

ED

El juez federal Sebastián Casanello declaró este miércoles la incompetencia territorial de su juzgado para intervenir en la investigación por la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, y ordenó que el expediente sea enviado a la Justicia federal de San Isidro, ya que la reunión del 14 de julio de 2020, durante las restricciones por la pandemia, sucedió en la Quinta de Olivos, territorio que corresponde a la jurisdicción bonaerense, según el escrito al que accedió elDiarioAR.

Casanello sostuvo en su fallo que, a diferencia de lo que viene planteando el fiscal Ramiro González, no hay indicios para que la causa sea investigada en los tribunales porteños de Comodoro Py. “No me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado”, aseguró el magistrado.

“No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia”, agregó el magistrado. “Aquí, según los recortes hechos en las denuncias -recogidos por la Fiscalía-, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo.

Casanello ordenó que la causa sea remitida al juzgado federal de San Isidro que se encuentra de turno. En dicha jurisdicción, hay dos juzgados federales. El juzgado número 1 está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman y quien había solicitado vista del expediente de Casanello porque la magistrada también tiene una denuncia sobre el mismo hecho. Este año, Arroyo Salgado está de turno con el fiscal federal Federico Iuspa.

Sin embargo, ni Iuspa ni Arroyo Salgado habían opinado aún sobre su competencia hasta el momento. El juzgado federal número 2 de San Isidro está a cargo de Lino Mirabelli y este año trabaja con el fiscal Fernando Domínguez. Es el juzgado de Mirabelli el que se encuentra de turno para el sorteo de causas, confirmó una fuente judicial del fuero a elDiarioAR.

Aún así, debido a que el juzgado de Arroyo Salgado tiene una denuncia previa por el cumpleaños de Olivos, Mirabelli podría remitirle el expediente a su colega.

En desarrollo.

ED

Por estas horas y en plena campaña para las PASO del 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández y su abogado Gregorio Dalbón preparan la estrategia judicial en la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos desde que se dispuso el ASPO en marzo de 2020 y la celebración de cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado, en medio de las disposiciones más restrictivas por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a la defensa del mandatario, lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no constituye un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”. En Twitter, Dalbón relató: “Ya estamos definiendo la estrategia Olivos. Consideramos junto al Presidente que por razones técnicas y jurídicas no hubo delito. Sin embargo, Alberto Fernández insiste, no sólo en haberse disculpado ante el pueblo, sino en hacerse cargo ante la Justicia. Y así lo haremos”.

En ese sentido, en diálogo con TN.com.ar, Dalbón negó que el Presidente vaya a recurrir a la Justicia para proponer un acuerdo. “No lo necesitamos, porque no hubo delito”, aseguró, y agregó: “La mera infracción administrativa (la violación del DNU dictado por el mismo Gobierno, con la firma de Fernández), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.

Según el abogado, que también forma parte del equipo jurídico que lleva a delante la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas causas, adelantó que el Presidente considera presentarse ante la Justicia y proponerle al fiscal a cargo de la investigación, Ramiro González, realizar una donación a modo de reparación a una entidad de bien público. De acuerdo a Dalbón, podría estar dirigida “al Instituto Malbrán”, al tiempo que sostuvo que la intención de Fernández, “por una cuestión ética y moral, es presentarse a la Justicia y hacerse cargo de la situación en Olivos”.

En cuanto al trámite administrativo en sí, de acuerdo a TN, el dinero a donar podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto Malbrán. Luego se adjuntará el comprobante para que el juez y el fiscal tomen nota de la entrega de los fondos, que podría ser el equivalente a un sueldo o medio salario.

En tanto, en declaraciones a FM Delta, el letrado reiteró que el escándalo por las fotos y videos de Olivos “es un tema absolutamente de campaña electoral. Al no tener ideas para un debate van a hablar de la foto”, consideró, al tiempo que reiteró que el Presidente “está dando un ejemplo superador al enfrentar la causa. El siente el deber ético y moral de hacerse cargo”, aunque advirtió que, si bien desde la defensa consideran que “no hay delito, y la jurisprudencia del fiscal marca lo mismo, Alberto tiene intenciones de presentarse y reparar lo que hizo ante la Justicia”. Y agregó: “Me tiene sin cuidado quien va a juzgar esto. Arroyo Salgado es una jueza dura, pero no me asusta. Donde esté la causa ahí estaremos, dando el cuerpo y la cara”.

El fiscal González recibió en las últimas horas un pedido de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para tomar vista de la causa que se lleva adelante en su Fiscalía. Según confirma este martes Infobae, el fiscal hizo lugar al pedido y le pidió al juez Sebastián Casanello, que le delegó la instrucción, que “arbitre los medidos necesarios” para que Arroyo pueda acceder al expediente de manera digital. La exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman investiga una denuncia del abogado Alejandro Sarubbi Benítez y apuntaba específicamente al festejo del 14 de julio en la quinta de Olivos.

Si bien desde el Gobierno repiten frente a los micrófonos que el escándalo por las imágenes de la reunión por el cumpleaños de Yáñez en la residencia de Olivos en plena cuarentena de 2020 es “un tema terminado” y consideran que “la reputación de la gestión del frente de Todos al frente del Ejecutivo ”no se juega en una foto“, saben que el impacto de las imágenes repercutirá en las elecciones legislativas. Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ”la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación del Gobierno no se juega en una foto o en una frase, sino en otras cosas. Es un reduccionismo que no tiene ningún tipo de sentido“, señaló en una entrevista en Radio Mitre.

Este lunes, el Gobierno entregó la lista de ingresos y egresos de la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 en el marco del requerimiento que le realizó a la Casa Militar el fiscal González. El funcionario judicial también aguarda por las planillas y bases de datos de la aplicación Cuidar para verificar si los invitados al cumpleaños de Yáñez tenían permisos de circulación, ya que en aquel momento solo podían hacerlo los trabajadores esenciales.

IG

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública, una instancia administrativa de reclamo a través del cual se gestionaron, entre otros documentos, el registro de los ingresos y egresos a Olivos. La Agencia se encuentra acéfala desde hace más de seis meses: tras la dimisión de Eduardo Bertoni, director desde su creación, el Gobierno propuso a Gustavo Fuertes, abogado cercano al jefe de Gabinete  Santiago Cafiero, como director del organismo, pero su postulación fue impugnada por la oposición, por no ser abierta al público y por la falta de experiencia y trayectoria del candidato en la materia.

La agencia, creada en septiembre del 2017 a través de la Resolución de la Procuración General de la Nación  N° 2757/17, un año después de la sanción de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, funciona como un nexo entre los pedidos de información de los ciudadanos, particulares o relacionados con los medios, y los ministerios u organismos. “La agencia es una instancia administrativa de reclamo. En el plazo de un mes el ciudadano obtiene la información que está buscando, sin tener que recurrir a la justicia”, explican desde la AAIP. 

Además de la entrega de ingresos y egresos a Olivos, también se tramitaron a través de la AAIP los registros de las entradas al Ministerio de Salud para saber quiénes habían participado del vacunatorio vip y los documentos donde figuran las contrataciones de vacunas. 

La dirección de la agencia, en disputa

“El titular de la AAIP es Gustavo Fuertes”, aseguraron en diálogo con elDiarioAr fuentes de la Jefatura de Gabinete ante la pregunta de quién dirige la Agencia, que depende del organismo. 

Desde la Agencia, sin embargo, lo niegan, y sostienen que están a la espera de que el Ejecutivo nombre a un nuevo candidato. El sitio web del organismo lo refleja: para el día de la fecha, donde debería aparecer la foto del director de la AAIP, hay una advertencia que señala que el puesto está “vacante”. 

“El hecho de que pongas Gustavo Fuertes en el Boletín Oficial y no salte nada lo comprueba: no hay publicado ningún documento designándolo como titular la agencia”, asegura Karina Banfi, diputada nacional de la UCR por la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con elDiarioAr. 

En marzo, tras una audiencia pública, la postulación de Fuertes fue impugnada por la oposición.  “No cumple con los requisitos de idoneidad e imparcialidad necesarios para el puesto. No tiene experiencia en los datos públicos”, argumentaron legisladores de Juntos por el Cambio, que aseguran que el proceso de selección no fue abierto al público. 

El Gobierno, sin embargo, hizo caso omiso a estas demandas, insistiendo con la candidatura de Fuertes e incumpliendo los plazos estipulados para el nombramiento del cargo. El mes pasado, en su informe en Diputados, Cafiero evitó dar precisiones sobre cómo sigue el proceso para designar al director de la AAIP, luego de que la oposición, a través de la voz de la diputada Banfi, reclamara la necesidad de un titular. 

“Es necesario que se nombre a alguien idóneo: es un cargo con mucho peso, autárquico y autónomo del Gobierno”, aseguró Banfi. “No están cumpliendo con el requisito de tener un organismo garante del derecho a la información, cosa que supervisa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington”. 

El rol en el “Olivos Gate”

La AAIP fue una pieza clave en el destape del “Olivos Gate”. A través de un pedido de Acceso a la Información Pública, el periodista conocido en Twitter  como @gonziver solicitó a la Secretaria General de Presidencia el registro de las entradas a la Quinta de Olivos. El 18 de junio, en la página web de la AAIP, el periodista hizo un pedido de estos registros “en carácter particular”, como confió días atrás en diálogo con Radio Rivadavia. El 22 de julio, se acercó a la Casa Rosada a que le otorgaran los registros, luego de una prórroga por fuera de los 15 días hábiles para entregar la información. 

Tras el escándalo, la AAIP quedó en el ojo de la tormenta, por ser el vehículo a través del cual se destapó el escándalo. “Nosotros tramitamos reclamos, nada más: no tenemos la información, el que entregó los registros de los ingresos a Olivos es la Secretaria General de la Presidencia”, se defendieron desde la AAIP. 

“En el caso de los ingresos a Olivos, hubo casos donde no se entregó a periodistas la información en el plazo previsto por la ley 27275. Reclamamos, y la Secretaria General entregó estos documentos”, sostienen desde la AAIP sobre su injerencia en el caso de Olivos. 

La Fundación Apolo, que responde a Yamil Santoro, Precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, denunció en los últimos días al presidente Alberto Fernandez luego de detectar presuntas adulteraciones en las planillas donde figuraban los ingresos y egresos a Olivos. 

El organismo asegura que cuando se pidió información en octubre del 2020 sobre las visitas a la quinta presidencial, el registro de entradas que fue entregado estaba incompleto, lo que pudieron acreditar con el surgimiento en las últimas semanas de nuevos pedidos de información pública como el de @gonziver. Desde la Fundación Apolo sostienen que no se recibieron las planillas donde figuraban las visitas privadas como las que ocurrieron en el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, mientras que esa información sí fue suministrada al twittero. 

La AAIP asegura que no recibió aún ningún reclamo sobre esta presunta diferencia en los registros entregados. 

La creación de la agencia 

En septiembre de 2016 se sancionó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública con el objeto de “garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de todos los poderes y organismos” del Estado nacional.

En septiembre de 2017 la resolución del Ministerio Público fiscal creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y dispuso la implementación de un “proceso de selección abierto, público y transparente de su director”, nominación que, según se estableció, debe recaer en un fiscal general de la Procuración. El 30 de agosto el gobierno de Mauricio Macri oficializó la designación de Eduardo Bertoni como director de la AAIP. 

A fines del 2020, Bertoni confirmó que dejaría el organismo: la renuncia se hizo efectiva por medio del Decreto 1012/2020 que se publicó en el Boletín Oficial y que acepta la dimisión del funcionario por parte del Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero. En febrero de este año, a través de la Resolución 100/2021, publicada en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete propuso al frente del organismo al abogado Fuertes. 

AS/WC

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial de Olivos durante las restricciones por la pandemia, envió este viernes la información solicitada por el fiscal federal Federico Iuspa, de San Isidro, sobre los hechos e imputados investigados en la causa, confirmó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. De esta manera, se completó el primer trámite para eventualmente decidir quién quedará a cargo de un caso central para el presidente Alberto Fernández.

La principal causa está actualmente a cargo del fiscal González y tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. Pero Iuspa y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado tienen otra denuncia por el mismo hecho, razón por la que el fiscal de San Isidro pidió esta semana certificar el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py para determinar si las denuncias deben tramitar por separado o acumularse, y en el último caso, quién quedará a cargo del caso: San Isidro o Retiro. 

Los fiscales dictaminarán llegado el momento sus posiciones y cada uno de los jueces responderá si se considera o no competente y reclamará acumular o desprenderse de la investigación. Si no llegan a un acuerdo, el conflicto de competencia se tratará en los tribunales de apelaciones.

La jurisdicción de Arroyo Salgado y Iuspa tiene un punto a favor para acumular las denuncias sobre la celebración de la Primera Dama y de la que participó el Presidente: la celebración ilegal fue en Olivos, un territorio que corresponde a los tribunales de San Isidro.

La magistrada tiene un peso específico para el Gobierno: es la exesposa del fiscal Alberto Nisman y madre de sus dos hijas. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a juicio oral y público pero la compañera de fórmula del Presidente busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el tribunal oral federal número 8.

En Comodoro Py, ni Casanello ni González han declinado su competencia hasta el momento. “Es prematuro”, explicó una fuente directa del expediente. En lo inmediato, el fiscal tiene otras prioridades, como decidir sobre la situación procesal del Presidente. Fernández es uno de los once adultos de la fotografía que se filtró sobre el cumpleaños que aún no ha presentado abogado defensor en el expediente, confirmó una fuente de la investigación. González deberá delimitar en breve si el mandatario está formalmente imputado.

Olivos y La Rosada

Uno de los argumentos que podrá plantear el fiscal González en caso de pretender conservar la competencia del caso es que si bien el hecho puntual del cumpleaños ocurrió en Olivos, la denuncia que generó este expediente incluye hechos que ocurrieron tanto en la residencial presidencial como en la Casa Rosada, en jurisdicción de Comodoro Py, ya que los denunciantes solicitaron que se investiguen los ingresos y egresos irregulares de ambas direcciones, explicó una fuente del expediente.

Además, el fiscal ha tenido en cuenta hasta el momento que Fernández firmó el DNU en jurisdicción porteña y que parte central del hecho que se investiga por la celebración de su pareja es que el Presidente incumplió su propia normativa, que se emitió en la Capital Federal, afirmó la misma fuente ante la consulta de este medio. “Es un argumento relativo”, admiten en los tribunales de Retiro.

Ahora, la decisión está del lado de San Isidro. A partir de este lunes, el fiscal Iuspa podrá analizar las circunstancias y decidir si traba un conflicto de competencia. Mientras tanto, González avanza con medidas de prueba, incorporó fotos y videos de la celebración denunciada y envió a sorteo una denuncia presentada en el expediente sobre una supuesta adulteración de las listas de ingresos y egresos a Olivos y la Rosada durante 2020. Se formó por esa razón un nuevo expediente que también se radicó en Comodoro Py y quedó a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Criterios de los jueces  

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

Aunque se trate de penas menores y excarcelables en la mayoría de los casos, el impacto del caso en plena campaña electoral avecina que cualquier movimiento judicial en torno al caso captará la atención del electorado. 

De acuerdo con las consultas a fuentes judiciales de ambas jurisdicciones, tanto en la Justicia federal de Retiro como en la de San Isidro los casos de incumplimiento de estas normas abundan y han implicado distintos tipos de penas leves. Las excepciones son casos en los que se combinaron hechos penales más graves: violencia, amenazas, tenencia de droga y hasta una causa contra una clínica que destapó una presunta estafa al PAMI, la obra social de los jubilados. 

Las penas dependen también de la intensidad; de si el incumplimiento provocó la multiplicación de contagios o incluso muertes; y de las razones y circunstancias individuales de los imputados para incumplir con las restricciones de circulación y reunión. 

Una fuente judicial de San Isidro con conocimiento directo de los casos explicó que en el último año y medio de pandemia, Arroyo Salgado optó en numerosas causas de este tipo por una resolución intermedia aunque no lesiva: probation. Se trata de una salida alternativa a la pena, cuando la persona es encontrada culpable. Se suspende el juicio y se fijan reglas de conducta como una reparación económica. Si el imputado cumple con la orden judicial, se extingue la acción penal. ni siquiera queda un antecedente de condena.

Probation

Arroyo Salgado ha optado por probations contra imputados por incumplimiento del artículo 205 y el DNU de Fernández que implicaron que los imputados tengan que realizar una reparación económica, como donación de barbijos a un hospital público de San Isidro o de alimentos a un comedor de un barrio popular del distrito.

Esta misma semana, su colega Lino Mirabelli, también juez federal de San Isidro, desestimó una denuncia contra el presidente Fernández, Yañez y Hugo Moyano y su esposa, Liliana Zulet, por un encuentro que también compartieron durante la cuarentena en la Quinta de Olivos. Esta causa tramitaba en el juzgado de Arroyo Salgado, pero esta semana la magistrada se encontraba de licencia y era subrogada por Mirabelli. 

Las resoluciones a estos conflictos han sido muy diversas y ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Iuspa tienen un único criterio sobre la dureza de las penas. “El tratamiento fue muy dispar, dependiendo mucho de cada circunstancia. La jueza ordenó desde conciliaciones y reparaciones integrales hasta probations y sobreseimientos”, explicó una fuente judicial del distrito.

ED