La expresidenta Cristina Kirchner volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y vaticinó que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.

Así lo expresó la ex mandataria en su cuenta oficial de X: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA”.

“Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria” y siguió: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

Para finalizar, la ex mandataria sintentizó: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

El presidente habló por Cadena nacional el viernes por la noche. En un mensaje grabado y con un discurso leído, anunció que presentará un proyecto de ley para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal” y acusó a la oposición de “promulgae leyes que irremediablemente llevan a la quiebra” y de provocar un “genocidio” de las generaciones futuras.

El mensaje duró 23 minutos y junto al presidente estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y su vice, José Luis Daza; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y su número dos, Vladimir Werning.

MP con información de NA

Javier Milei dará un fuerte gesto esta noche cuando, a partir de las 21 y a través de un mensaje grabado en la Casa Rosada, encabece una nueva cadena nacional para defender el rumbo de su política económica y anunciar el resultado de “los números fiscales”. La decisión ya había sido anunciada por el Presidente durante su exposición en el Foro Llao Llao, el viernes pasado, cuando defendió su gestión ante los empresarios más ricos del país y aseguró que “el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo”, algo que no sucedía desde los tiempos de Néstor Kirchner (la última vez fue en 2008).

En su discurso de esta noche, grabado este lunes por la tarde en el Salón Blanco, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada, Milei buscará poner de relieve aquellos puntos que más lo obsesionan, con un dato duro sobre la mesa: los números positivos de la balanza comercial, que acaban de determinar que la administración libertaria conquistó los superávit gemelos a partir de un acumulado superior a los 2.000 millones de dólares. Un logro alcanzado, sin embargo, no solo a costa de posponer el pago de deuda, sino a partir de aplicar la “motosierra” y la “licuadora” a las jubilaciones, la obra pública y las transferencias a las provincias, temas sensibles que cruzaron el debate público de los últimos meses.

Según pudo saber elDiarioAR, durante su mensaje, Milei estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. De acuerdo a las palabras del ministro del Interior, Guillermo Francos, el objetivo del primer mandatario es “comunicarle al pueblo lo que vino haciendo hasta ahora, los resultados y las perspectivas”. Este domingo, en diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario encargado del diálogo político con las provincias añadió que, así como el Presidente “suele comunicarse a través de las redes”, “un discurso institucional en esta instancia es muy importante para que la población sea capaz de observar los resultados”.

El viernes pasado, durante su exposición en el Hotel Llao Llao, Milei celebró a los empresarios que fugan capitales de la Argentina al calificarlos de “héroes”. A puerta cerrada y en tono polémico, el mandatario destacó a quienes “lograron escapar de las garras del Estado” en medio del control de capitales que rige en el país. “Si compran dólares en negro, mejor”, lanzó parado frente al auditorio. Milei interpeló directamente a los hombres de negocios más importantes de la Argentina al exigirles “que se la jueguen para abrir las aguas y que Argentina sea libre”. Y les espetó: “Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”.

La de este lunes no será la primera cadena nacional que haga Milei en sus más de cuatro meses de gobierno. Sin embargo, con la excepción de su mensaje de asunción y del que pronunciara el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa —además de la transmisión oficial durante la visita de la generala norteamericana Laura Richardson a principios de este mes—, el Presidente utilizó una sola vez esa herramienta para dirigirse a la ciudadanía y comunicar una medida. Fue el 20 de diciembre pasado, día en que el primer mandatario anunció su mega-DNU de desregulación de la economía escoltado por el pleno de su gabinete.

PL/MG

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó hoy la existencia de “una complicación” en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “no se corrige ninguna meta de déficit” en el acuerdo con el organismo.

Luego de citar las proyecciones que el Fondo realizara sobre la economía argentina, para la que prevé una caída de 2,8% en 2024, Adorni señaló que el Gobierno tiene previsto el eventual impacto que ello tendría en la recaudación tributaria, pero que pese a ello “el déficit cero no va a ser negociado nunca, no sólo este año”.

“Claramente estaba previsto, estaba dentro de nuestras proyecciones”, señaló en la habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, en la que remarcó que si la recaudación no es suficiente “se van a acotar partidas y gastos hasta que efectivamente la Argentina encuentre ese equilibrio”.

El portavoz recordó el informe de Perspectivas Económicas que dio a conocer ayer el FMI, del que destacó no sólo la previsión de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8% para 2024, sino también “un repunte del 5% para 2025” y que el organismo “estima que la inflación va a bajar a un dígito mensual a mitad de este año”.

Asimismo, rescató que el FMI indicara que “el resultado de la baja de la inflación dependerá de la consolidación del proceso de ajuste fiscal y monetario que el Gobierno está llevando adelante”.

En ese marco, Adorni replicó comentarios que su predecesora, Gabriela Cerruti, formulara en redes sociales acerca de la caída de la actividad proyectada por el FMI y le pidió que cuente “la historia completa”, por entender que “evidentemente no está al tanto del desastre que ha dejado” el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

En cuanto a las gestiones en Estados Unidos del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reiteró que el viaje “tuvo la intención de afianzar los vínculos bilaterales y nada tiene que ver con el trasfondo del acuerdo (con el FMI)”, sobre el que dijo que “no hay novedades respecto a eso”.

“Algún medio hablaba de una complicación con el Fondo, nada de eso es cierto”, subrayó.

Al preguntársele si el impacto en la recaudación que podría tener la caída de la actividad implicaría un cambio en las metas fiscales pactadas con el organismo, Adorni puntualizó que “no se corrige ninguna meta de déficit” y reiteró que “el déficit cero no es negociable”, a lo que agregó que no lo será “nunca, no solo este año”.

“No vamos a usar la máquina de hacer billetes ni tratar de conseguir dinero prestado para gastar más de lo que tenemos”, sentenció.

Con información de agencias.

IG

“No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de sustituir por completo la obra pública y dejar los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas. Esto remite a los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que se plantearon durante la presidencia de Macri. Se buscaba impulsar que la infraestructura fuera construida por privados, bajo un marco regulatorio que les garantizara rentabilidad. Pero casi no se avanzó y casi todos los proyectos licitados terminaron rescindidos por incumplimientos. Lo que hubo en la presidencia de Macri fue un retroceso de la obra pública nacional: su inversión real directa, como porcentaje del PBI, pasó de 1,2% en 2015, a 0,9% en 2019. 

Desde ya, el gobierno nacional no puede decidir la extinción de la obra pública dado que en su mayor parte es ejecutada por provincias y municipios. La financian en parte con fondos que transfiere el Estado Nacional de su presupuesto y, en otra parte, con fondos propios, incluyendo la coparticipación de impuestos nacionales. La primera fuente podría menguar considerablemente, la segunda dependerá de la recaudación tributaria. Es que la obra pública depende en gran medida de las disponibilidades de fondos. Cuando hay estrechez fiscal la obra pública es lo primero que se recorta. Es uno de los gastos más flexibles; basta con no empezar nuevas obras para que en pocos meses empiece a disminuir.

Priorizar la reversión del déficit fiscal tiene lógica macroeconómica, en un contexto de alta inflación como el actual. La forma eficiente de hacerlo, sin aumentar impuestos, es analizar cada partida de gasto público, identificar ineficiencias y programar y ejecutar su reducción, recortando gastos cuya utilidad social no supera su costo. El mismo análisis podría servir para identificar programas que requerirían refuerzos para ser más eficientes; por ejemplo, si no se logran los objetivos por falta de un insumo crítico. 

Pero para que ese análisis sea efectivo implica tiempo y requiere capacidades, decisión y autoridad política que no siempre están disponibles. En el corto plazo, la disminución del déficit sin cambios normativos complejos (por ejemplo, sin modificar la ley de movilidad previsional) podría llevar a reducir en términos reales las partidas para obras públicas, transferencias a provincias, remuneraciones de empleados públicos y subsidios tarifarios (lo que requeriría subas de tarifas de gas, electricidad y transporte público).

Así, en el corto plazo la reducción de la obra pública parece una “fija”. La duda principal es si se interrumpirán las obras en marcha, con compromisos ya asumidos, dado que muchas veces pararlas termina siendo más costoso que su continuidad. Y, en segundo lugar, si la suspensión incluirá a las obras que resulten urgentes, al ser necesarias para evitar altos costos sociales. 

Las opciones de financiamiento de obras

En el mediano y largo plazo, las políticas de los gobiernos deciden qué proporción del gasto se asigna a la obra pública. Hay obras que pueden ser pagadas por sus beneficiarios; por ejemplo, la extensión de la red de gas natural en un barrio de clase media para reemplazar el uso del gas en garrafas. Un gobierno puede decidir que este tipo de obra sea provista por la administración pública (que generalmente contrata empresas privadas para la construcción), financiándola con rentas generales o con “contribuciones por mejoras”, cobradas a los beneficiarios. O también puede establecer que una empresa privada se encargue de la provisión (construcción y cobro a sus beneficiarios). 

Una motivación central para elegir el primer método (financiamiento con impuestos cobrados a toda la población) sería redistribuir ingresos desde los contribuyentes en general a los beneficiarios de la obra. Con el segundo método (tributo a pagar por los beneficiarios) no habría esta redistribución. El tercer método no requeriría la intervención del gobierno más que en lo regulatorio y el otorgamiento de permisos; pero podría hacer menos probable la ejecución de la obra si una parte de los potenciales beneficiarios elige no pagarla (por ejemplo, propietarios de terrenos baldíos). 

En otros casos, es posible identificar a los beneficiarios, pero pueden no tener capacidad de pago. Por ejemplo, si se trata de la ampliación de un hospital público. Los beneficiarios principales son las familias que acuden al hospital público al no tener medios para pagar atención privada (ni atención arancelada, que recupere todos los costos, de un hospital público). Este tipo de obra sólo se haría si el Estado la financia.

También hay obras cuyos beneficios se extienden más allá de lo que reciben los beneficiarios directos, las llamadas “externalidades”. Por ejemplo, una red cloacal beneficiaría a las viviendas que se conectarían a esa red pero hay otros beneficios como la descontaminación del suelo, que se extenderían a una región más extensa. En esos casos, es probable que la obra sea conveniente socialmente aun cuando no pueda solventarse si la tuvieran que pagar exclusivamente sus beneficiarios principales.

Y también hay casos en los cuales no es posible identificar a los beneficiarios; por ejemplo, la construcción o mejora de un edificio para la Prefectura Naval. Allí la solución de mercado no es posible, ya que son “bienes públicos”: una vez provistos, no es factible ni conveniente cobrar un precio a los beneficiarios; por ejemplo, defensa nacional, legislación, seguridad interior, etc. 

Lo que se ha planteado es que estas obras las construyan y mantengan empresas privadas, a partir de contratos de “leasing” a largo plazo, que implicaría que el Estado se comprometa a pagos periódicos en concepto de “alquiler” de la obra. Pero eso es equivalente a obras públicas construidas con financiamiento y, teniendo en cuenta la situación actual, sería un financiamiento muy caro. En teoría, la empresa privada tendría una garantía, que sería la propiedad de la obra, pero en general dicha obra (por ejemplo, una cárcel) no puede utilizarse para otra cosa que para el fin para el cual fue diseñada, no es algo que tenga un precio de mercado. Y, en la medida en que sean obras necesarias, no deberían dejar de hacerse. 

Si la intervención estatal se justificara solo por razones de redistribución de ingresos alguien que afirma, como Milei, que la justicia social es un robo podría decir: si los beneficiarios quieren una obra y tienen dinero para pagarla, que la provea el sistema de mercado; y, si no, que no se haga. Es una posición ideológica, que expresó en la campaña electoral. 

Por otra parte, Milei dijo que una empresa debería poder contaminar un río todo lo que quiera, total el agua sobra; por lo cual, es posible que no considere que una externalidad sea justificación para que el Estado intervenga en materia de obra pública.

El esquema de facilitar que el sector privado lleve a cabo obras de infraestructura y cobre por ellas es razonable cuando no hay de por medio externalidades negativas y hay capacidad y voluntad de pago por ellas. Pero es necesario advertir que, cuando el recupero es de largo plazo, quienes las financien deberán tener seguridad de que van a recuperar su inversión; de lo contrario, el financiamiento privado puede ser muy caro o inexistente. Y, en ese caso, si las obras son socialmente convenientes, puede que lo más eficiente sea que el Estado esté a cargo del financiamiento.

Milei y su proyecto de túnel ferroviario para cruzar la cordillera de los Andes 

Conocí a Javier Milei cuando presentó, en representación de Corporación América (Eurnekian), un proyecto de un túnel ferroviario por debajo de la cordillera de Los Andes, a la altura del Cristo Redentor, que transportaría camiones, estaría operativo todo el año, y ayudaría a descongestionar el paso entre Argentina y Chile. Sin realizar el análisis económico, me pareció un proyecto interesante. Pero se requerían garantías estatales de Argentina y Chile, que incluían el valor de la tarifa a cobrar; en un contexto de alto riesgo país, el proyecto no prosperó. Es ejemplo de obras que podría hacer el sector privado, pero sólo en un marco que brinde certezas. Mientras tanto, las empresas privadas no invertirán en el país cuando su cobro dependa de decisiones del gobierno; y, si lo hacen, facturarán muy caro el riesgo que asuman. 

Las experiencias internacionales de crecimiento alto y estable suelen contar con la presencia de un Estado comprometido con el crecimiento, aportando como mínimo un decidido sostén a la investigación básica (clave para el desarrollo tecnológico), al sistema educativo (para fortalecer el capital humano) e infraestructura básica, necesaria para que la producción privada sea competitiva. Y, por supuesto, una condición necesaria, presente en todos los casos: la estabilidad macroeconómica. 

FE/DTC

Telecom, la empresa de los dueños del Grupo Clarín y dueña de la marca Personal, y la mexicana Claro se comprometieron hoy a invertir US$350 millones para adquirir lotes de 100 megahertz (MHz) de especto radioeléctrico para ofrecer la tecnología de Internet celular 5G, que aumenta la velocidad y la cantidad de contenido que se transmite ahora por las redes 3G y 4G. Su rival española Telefónica, propietaria de Movistar, presentó una oferta de US$175 millones por 50 MHz.

Así finalizó la licitación de espectro de 5G y ahora las tres empresas tienen 21 días para desembolsar ese dinero. Eso sí, pueden pagar en pesos al tipo de cambio oficial, con lo que es muy probable que no entren divisas nuevas para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central. Sin embargo, serán recursos económicos que le vendrán bien al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para apuntarla la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del 1,9% del PBI. Pero el aspirante a la Casa Rosada anunció las inversiones con una consigna que va más allá de la acuciante coyuntura por falta de fondos que “los ciudadanos tengan Internet y celulares más rápidos y más baratos”. Lo del menor precio tiene que ver con el anhelado efecto de la competencia.

En un acto oficial que inevitablemente se mezcla con la campaña del ministro candidato, Massa señaló el desafío que supone desplegar el 5G en el territorio del octavo país más extenso del planeta. Además de las mayores velocidad y contenidos para los ciudadanos, el funcionario destacó que esta licitación es una “oportunidad de ingresos para el Estado en momentos complejos por la peor sequía de historia”. Se trata de ingresos de US$825 en total a cambio del “uso de un bien público”, que es el espectro.

“Es importante para las metas fiscales. Es importante para valorar el bien público. Es importante por la confianza del sector privado cuando dominaba la incertidumbre política. Quiero hacer un agradecimiento a las tres compañías que han licitado”, le hizo un guiño a la firma del Grupo Clarín -con la que siempre mantuvo una buena relación pese al enfrentamiento del kirchnerismo con esa corporación-, la empresa de América Móvil -la del multimillonario mexicano Carlos Slim- y la de Telefónica -cuya partida de la Argentina nunca se concretó hasta ahora pese a los rumores de posibles compradores de su filial-.

Massa opinó que esta licitación sirve para despegarse “de la disputa electoral y mirar el largo plazo” y para “poder avanzar en inversiones de magnitud”, dado que el desembolso es sólo para comprar espectro, pero ahora las compañías deberán invertir en infraestructura para traerla a la Argentina y desplegarla aquí. Entre los principales proveedores de la tecnología 5G están las chinas Huawei y ZTE, que EE.UU pedía vetar por razones de seguridad nacional, pero que finalmente podrán proveer a Telefónica, Claro y Telecom. De hecho, las firmas de los dueños de Clarín (Héctor Magnetto, Felipe y Marcela Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro) y la de Slim ya operan con Huawei en la Argentina. Otros proveedores son la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, mientras que la norteamericana Cisco ofrece parte de los equipos dentro de una opción tecnológica llamada Open RAN.

“La competencia por la tecnología es clave para los ciudadanos”, celebró Massa. “La competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes”, agregó, antes de advertir que el mercado tampoco soluciona todo, como plantea su rival del balotaje, Javier Milei. “Que con el Estado sigamos haciendo inversiones en sectores donde por oferta y demanda no alcanza para desarrollar infraestructura. No todo depende del mercado, quedarían ciudadanos abandonados a la buena de dios. Es clave seguir con la inversión del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) en barrios populares, con Arsat en lugares donde por volumen de mercado a ninguna empresa le interesa abrir competencia o aumentar inversiones.”

Pese a que Telecom, Telefónica y Claro habían renegado contra la licitación del 5G, negociaron con el Enacom cambios en las condiciones y finalmente presentaron primero las ofertas técnicas y hoy las económicas. Sólo quedaba la duda de si la empresa española iba a ofertar por 50 o 100 MHz. En un principio, Telefónica y su asociación con pymes y cooperativas Infraestructura Digital Argentina (IDA) había llegado a presentar un recursos de amparo primero en la ciudad de Buenos Aires, sin éxito, y después en Mendoza, con fallo favorable, contra la licitación porque se negaba a pagar por el espectro y a que el Estado reservara parte de él para la firma estatal Arsat, según fuentes oficiales. Después se sentó a negociar y terminó consiguiendo que se pueda ofertar por 50 MHz, en lugar de la exigencia inicial de hacerlo sólo por 100. Otros asuntos que se negociaron fueron la condición inicial de depositar el dinero en dólares, que al final se pudo desembolsar en pesos, y la facilitación de las importaciones para traer equipos del exterior. Claro que no es lo mismo poner US$350 millones que su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial.

En lo que no cedió el Gobierno fue en que algo debían abonar por el espectro -otros países no lo requieren-, la reserva de espectro para Arsat y en la exigencia de que cuando el 50% de la clientela haya migrado a 5G los operadores tengan la obligación de ofrecer una prestación básica universal (PBU), a un precio rebajado para alcanzar a toda la población sin importar su nivel económico. Pese a la amistad de Massa con EE.UU y su funcionario de Seguridad Nacional, Juan González, el ministro candidato no cedió a la presión contra Huawei -prohibida en la superpotencia y en numerosas potencias occidentales- y estableció la llamada neutralidad tecnológica. Es decir que los tres operadores podrán contratar a quien sea, ya sea a la firma china o a la tecnología Open RAN, donde participan compañías estadounidenses. Pronto comenzará una mesa de diálogo entre el Gobierno y las cooperativas y las pymes que proveen Internet en pequeñas localidades para sumarlas al 5G.

“Las operadoras no querían la licitación, especulaban con la que la hiciera el próximo gobierno, se pelearon todo el tiempo con nosotros y entre ellas, pero entraron”, comentan en los despachos oficiales. “Clarín jugó a fondo en la campaña con (Patricia) Bullrich, hasta le hizo guiños a Milei, a diferencia de La Nación, pero ahora se dan cuenta de que necesitar estar en un país medianamente estable”, explican. “La presión de Estados Unidos tampoco funcionó porque acá Clarín y Claro usan Huawei”, agregan.

“El avance de esta nueva tecnología implicará potenciar la continuidad del despliegue de 4G y la llegada de Movistar Fibra a los hogares, para que todos los clientes se vean beneficiados de igual manera”, informó Telefónica. “Hay que recordar que Movistar ya es 5G hace más de un año, cuando desarrolló el primer laboratorio 5G, con autorización del Enacom, para que el ecosistema emprendedor, entre otros actores, pudiera desafiar sus proyectos bajo esta tecnología; permitiéndoles realizar los ajustes necesarios y así lograr escalabilidad en el menor tiempo posible. De esta manera, una vez más, como desde hace 33 años, la compañía apuesta al crecimiento del país impulsando la evolución tecnológica y desarrollando productos y servicios que aceleren la digitalización de ámbitos públicos, el sector privado y de la sociedad en general”, completa la operadora española, que llegó a la Argentina cuando se privatizó el servicio.

“Celebramos que se haya concretado un paso muy importante para la evolución de la industria TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la Argentina, con el compromiso desde Telecom de seguir invirtiendo en servicios innovadores para nuestros clientes y para el país”, informó la empresa de los dueños de Clarín. “5G ya es una realidad en nuestras redes de Personal porque nos veníamos preparando para este momento. Con la asignación se irá extendiendo el encendido progresivamente”, agregó la firma.

AR/DTC

Javier Milei y Victoria Villarruel posaron su mirada en “el ano de Batman”. Se interesaron mucho en el tema, según dejaron saber en entrevistas y durante el debate vicepresidencial esta semana. “Ano dilatado”, abundó el candidato presidencial.

A caballo de su inquietud, el economista egresado de la Universidad de Belgrano y la abogada con módica experiencia laboral se habilitaron cuestionar la potestad del Estado argentino para desarrollar investigaciones en ciencias sociales. Alguien les pasó títulos de tesis que aluden a la sexualidad del superhéroe, al Rey León o a las canciones de Ricardo Arjona, y así, a ojito, sin leer las investigaciones ni constatar antecedentes y propósitos de sus autores, determinaron que las ciencias sociales no sirven de mucho y no merecen fondos estatales. Anuncio: con La Libertad Avanza, el Conicet “o como se llame” se va a dedicar a ciencias duras que autorice el estricto parecer de los hermanos Milei, Villarruel y Conan.

Corresponde dar el crédito correcto a la bandera epistemológica que ahora enarbola la dupla de La Libertad Avanza. Fue a fines de 2016, cuando el Gobierno de Mauricio Macri dispuso recortar las becas de científicos, que tuiteros y medios de comunicación —como se sabe, espontáneos los primeros; independientes los segundos— pusieron en la mira a un estudio con el Rey León en el título como epítome del malgasto estatal. Cabe felicitar a Clarín. Dos de sus lectores están por dar un paso adelante.

Ni en 2016 ni ahora, los auditores del sistema científico atinaron a pensar que podrían existir investigadores en Argentina y en el mundo que apelen a títulos con gancho para sus trabajos académicos. La base de datos de investigaciones biomédicas PubMed da cuenta de miles de investigaciones con alusiones a Shakespeare, Bob Dylan, atracción sexual y un vasto repertorio de humor negro.

Excepción

El escrutinio sobre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) perpetrado por miradas con tamaña autoridad no deja de llamar la atención. El Estado argentino no se caracteriza por asignar recursos, escalafones y contratos sobre la base de evaluaciones validadas por académicos con décadas de estudio y revisiones periódicas. El Conicet es una de las notables excepciones a la laxitud en la administración de contratos y fondos estatales.

Las críticas más precisas sobre el Conicet provienen de ámbitos científicos y universitarios. Existen cuestionamientos sobre la excesiva carga de burocracia y la obligación dogmática de publicar papers para conservar recursos, falta de coordinación con ciertas áreas del Estado, superposición de funciones, áreas de estudio auspiciadas por intereses económicos, sesgo en las prioridades. Son críticas atendibles, que tienen su recorrido, pero no logran desacreditar a un sistema científico diverso, multidisciplinario, creativo, con resultados medibles y alto reconocimiento internacional. ¿Sobran ejemplos por el estilo en los ámbitos privado y público argentinos?

Autoritarismo cualunquista

El dato más saliente de Milei es la amenaza a derechos civiles y humanos, y al requisito básico de que el Estado no sea cruel con los habitantes. Un segundo escalón está dado por la violencia cualunquista del economista y varios de sus laderos. Y por allí orbitan el palmario desconocimiento del funcionamiento del Estado, la falta de coordinación de sus equipos y la tendencia esotérica para elaborar teorías.

La proclama de reducir el gasto estatal en 15 puntos del PBI ya deja de ser una aventura temeraria con consecuencias indescifrables como la dolarización. Equivaldría a dejar de tener Estado nacional

El abordaje de Milei se enseñorea ante el más acuciante de los problemas, el económico. Lo que comenzó como un severo desequilibrio de las cuentas en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri lo transformó en una crisis lacerante de deuda. Al cabo de cuatro años dominados por el tándem de la irresponsabilidad del Frente de Todos, pandemia, Ucrania y sequía, la amenaza se convirtió en sistémica. Aquí estamos.

La receta de La Libertad Avanza es bajar el gasto 15% del producto bruto interno (PBI), para transformar el atendible déficit actual en un abultado superávit. Esa proclama ya deja de ser una aventura temeraria como la dolarización. Una reducción del gasto en esos términos equivaldría a dejar de tener Estado nacional.

El gasto total primario suma cerca de 40% del PBI, dividido en partes similares entre la Nación y las provincias y municipios. Del 20% de la Nación se desprenden 6,9% a jubilaciones y pensiones, 1,2% a la asignación universal por hijo, 1,8% a otros planes sociales, 2,6% a subsidios económicos (2% a energía, 0,6% a transporte), 3,1% a gastos de funcionamiento, 1,6% a inversiones en obras públicas y 0,7% a transferencias discrecionales a provincias, según el detalle de la consultora EPyCA.

Ni siquiera el más ficcional de los escenarios permitiría alcanzar el objetivo de baja de gasto primario en 15 puntos porcentuales del PBI. Aun si se eliminaran por completo los subsidios, los giros a provincias y la obra pública, y el Estado se desprendiera de todas sus funciones (cierra hospitales y educación bajo su órbita, trenes, documentación y Conicet, deja de informar, clausura el Congreso, liquida el Ejército y despide a todos los empleados públicos), el presupuesto restante no alcanzaría para pagar las jubilaciones.

Las provincias tienen parte de sus recursos garantizados por la Constitución y las leyes, es decir, estarían fuera de la órbita de la Casa Rosada. La candidata a diputada Marcela Pagano ya explicitó que la Libertad Avanza planea coercionar a los gobernadores para obtener apoyo parlamentario. Sin embargo, la caja de provincias que un eventual gobierno de extrema derecha podría manotear sería la de los giros discrecionales desde el Poder Ejecutivo, que significan, para los distritos con menos recursos, fondos para sueldos de empleados públicos, médicos y maestros. En cualquier caso, esas transferencias suman 0,7% del PBI, muy poco para las ambiciones recortadoras de Milei.

Repliegue

La insolvencia que exhibe el equipo libertario en encuentros más o menos reservados en Argentina y en Estados Unidos lleva a la alarma de sus interlocutores. Algunos de ellos comparten el diagnóstico histórico del postulante extremista y se atreven a soñar con una Argentina celestial, sin peronismo, ni izquierda, ni protestas, ni paros. Ocurre que personas que manejan presupuestos y capitales por resguardar se preguntan cómo podría ser alcanzado ese objetivo partiendo de premisas falsas y de la proyección de escenarios inverosímiles, sin equipos.

Personas que manejan presupuestos y tienen capitales por resguardar se preguntan cómo podría ser alcanzado el objetivo de Milei partiendo de premisas falsas y la proyección de escenarios inverosímiles

De este modo se entiende el repliegue del círculo de poder económico sobre Patricia Bullrich, en una secuencia que se inició con el aval a un paquete llave en mano orquestado por Carlos Melconian, y continuó esta semana con el mentor de Milei y dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekián, marcando los puntos en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. “Nos ha llenado el espíritu de esperanza”, regaló el empresario argentino-armenio a la candidata de Juntos por el Cambio. “Si no se modera, no estamos para aguantar a otro dictador”, sermoneó a su execonomista jefe. Conocedor de mil vaivenes en la política argentina, a Eurnekián ya no le causa tanta gracia el personaje al que promovió en los programas de América TV, el canal del que es accionista.

El poder económico se mueve, explora, se acerca, se aleja, pero hay dos tótems, Clarín/Telecom y Techint, que parecen haber advertido hace tiempo el riesgo Milei. Por algo ocupan su lugar en el entramado empresarial argentino.

Clarín activa sus fierros. Es tiempo de confesiones a cámara sobre el pecado de haber alimentado a Milei durante tres años, sin reproches sobre su insolvencia y su violencia. A la televisión argentina le causaba gracia cuando Milei avivaba un mercado de opinión que tarde o temprano terminaría votando a Juntos por el Cambio. Era útil para denunciar la “infectadura” de un gobierno, el de Alberto Fernández, que establecía restricciones a la circulación para evitar la aceleración del Covid-19, aunque no tantas como Angela Merkel o Emmanuel Macron, lo que fue convenientemente disimulado. Había que informar que Argentina era “un país de mierda” y Milei era un buen altoparlante.

Salió mal.

Ahora resulta que el candidato libertario es autoritario porque busca controlar quién lo va a entrevistar y con quién se va a encontrar en los programas a los que lo invitan en TN y LN+. Un problema que, cabe decir, Macri y Cristina resuelven más fácil con sus vínculos contantes y sonantes con determinados dueños de medios. El expresidente conservador pasa gratos momentos en sets de sus socios en la prensa. Desconoce la repregunta y, cuando se filtra, entra a caminar. Su séquito se ocupa de separar indeseables, como ocurrió esta semana con el cronista Luis Sánchez, de FM La Ronda, de Colonia Caroya, Córdoba. La vicepresidenta se permite pausas de años entre entrevista y entrevista. Cuando llega una, la circunstancia es tan excepcional y controlada, que alcanza para que transmita el mensaje que buscaba y poco más.

Bullrich, en tres fases

La postulante presidencial de Juntos por el Cambio encaró el camino al 22 de octubre con el kirchnerismo en la mira. Pronunció “derrotar”, “destruir”, “terminar”, “acabar”. Por ahora, se ahorró “aniquilar”.

Explica una de las voces centrales en la estrategia de la exministra de Seguridad. “En la primera vuelta se juega un fin de ciclo. Hay una posibilidad real de que el kirchnerismo quede tercero y ése es el objetivo prioritario en esta instancia”.

Si en efecto se da un balotaje entre Milei y Bullrich, Juntos por el Cambio necesitará los votos del sector político al que se propone “acabar para siempre”. “Nosotros tenemos claro que cada elección requiere una estrategia diferente. Para las PASO encaramos una interna, se trataba de que ganara el proyecto para encabezar la oposición. Lo logramos y ahora nuestra pelea es ésta. Y en el balotaje, será otra”, indica la fuente en una mañana nublada, mientras Bullrich recibe el apoyo de la derecha clásica de América Latina y España, un club en el que el PRO pisa fuerte.

¿Acaso el propio Luis Barrionuevo, el Momo Venegas o Hugo Moyano no estuvieron cerca de Macri? 'De Macri, Patricia es otra persona', responde la voz

En la configuración que predomina en el equipo de Bullrich, las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta y las dudas en cuanto al apoyo de Macri quedaron en el pasado.

“Ahora estamos todos enfocados en ganar el 22”. “Hay problemas muy serios, votantes enojados, que pudieron cuestionarnos por qué estábamos ocupados en nuestra pelea con este nivel de descalabro. Pero no son personas enardecidas con ganas de romper todo. Les ofrecemos un rumbo claro y lo están percibiendo”.

El entorno de Bullrich pone el foco en “los sindicalistas mafiosos” que se están acercando a Milei. ¿Acaso gremialistas tradicionales como el propio Luis Barrionuevo, el Momo Venegas o Hugo Moyano no estuvieron cerca de Macri? “De Macri, Patricia es otra persona”, responde la voz.

No es la única diferencia que en el entorno de Bullrich trazan con el mundo Macri. La afición del exmandatario por el espionaje ilegal y los manejos espurios en los tribunales tiene un peso omnipresente en Juntos por el Cambio. Es el “de eso no se habla” ineludible, porque de lo contrario, sería imposible continuar en el mismo barco. “Patricia nunca estuvo relacionada a ninguna herramienta extorsiva”.

“Irresponsabilidad”, “disparate”, “salto al vacío”, “populismo de derecha” son etiquetas que recorren el arco discursivo de Juntos por el Cambio, como quien busca cohesión a partir de identificar al rival. Como a los medios hegemónicos, a la coalición de derecha la persigue su pasado reciente a la hora de separarse de Milei, convertido ahora en un competidor directo de que mira desde arriba.

Los referentes de la alianza PRO-UCR claman por las inconsistencias de sus pares de La Libertad Avanza, pero fue Bullrich quien semanas o meses atrás, sintonizó con el levantamiento del cepo “desde el primer día”, despidos masivos en el Estado e irresponsables rebajas impositivas y de retenciones.

La nominación de Melconián, problemática por lo que denota sobre la debilidad de Bullrich en materia económica, vino de la mano de que “bajar impuestos sin bajar el gasto es mentir”. Buen avance con respecto a los años de Macri. Resta saber más detalles sobre cómo la devaluación por venir no disparará un proceso inflacionario como el de 2016 y por qué la “convivencia de monedas” no terminará de liquidar al peso.

Las batallas de la vicepresidenta

Cristina mostró sus cartas anoche en la clase magistral en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en el barrio de Balvanera. Surcó caminos conocidos, pero aumentó la incoherencia.

La vicepresidenta navega con solvencia a la hora de describir el fracaso de los experimentos neoliberales y, en particular, los cuatro años de Cambiemos, pero cae en trazo grueso, tergiversaciones y falsedades cuando dibuja el balance de su último período en la Casa Rosada, y se mete en un relato autoindulgente hasta el infinito al hablar de la actual gestión.

En medio de un auditorio fiel que parece gozar de escuchar siempre la misma canción, aplaudió Axel Kicillof, pese a que reclama nuevos pentagramas. El efímero precandidato presidencial Eduardo de Pedro también estaba allí, como si nada, sin dar explicaciones sobre el minuto en que consideró pertinente dejarse levantar el brazo por Barrionuevo.

La vicepresidenta se metió en un berenjenal de power points, libró su batallita periódica contra Martín Guzmán y se exceptuó de cualquier responsabilidad por los resultados del gobierno del Frente de Todos, porque “lo intenté (cambiar el rumbo económico) de todas las formas posibles”. Habría que revisar la técnica de reproducir filminas con un mar de números que incluyen la carga impositiva desde Dinamarca a Ecuador, en medio de digresiones e interpretaciones antojadizas.

El sinsentido de que “el déficit fiscal no genera inflación” volvió a ser pronunciado por la vicepresidenta. En rigor, una gran verdad sostenida en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner: lo que dispara los precios es la emisión de moneda sin respaldo. Entonces, Cristina incursionó por enésima vez en un abismo argumentativo. Como en efecto la deuda es un lastre impagable, infiere que no hay que rever gastos absurdos del Estado, como los subsidios de gas y electricidad para los ricos que tanto defendió.

La vicepresidenta se atrevió a cuestionar las distorsiones y privilegios impositivos vigentes, una semana después de que los suyos celebraran que la Argentina se transformó en uno de los países del mundo con menor carga impositiva para los salarios más altos.

La vicepresidenta se metió en un berenjenal de power points, libró su batallita periódica contra contra Martín Guzmán y se exceptuó de cualquier responsabilidad de los resultados del gobierno del Frente de Todos

La constatación de que la “dueña de los votos” no cambió un ápice su credo económico ni su convicción para darlo a conocer es un dato preocupante para la candidatura de Sergio Massa y el futuro de Unión por la Patria. Desde que se hizo cargo del Ministerio de Economía, el ahora candidato está aplicando medidas en las antípodas del recetario de Cristina.

En una no muy probable hipótesis de una presidencia de Massa, ¿alguien podría soportar un escenario en el que el presidente apunte a reducir el déficit y a sobrecumplir metas del FMI, como intentó el ministro en el segundo semestre de 2022, mientras Cristina y Máximo Kirchner se vuelven a enojar? ¿Qué punto de contacto tienen el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y las clases magistrales de la vicepresidenta? ¿O presentaciones como la de ayer son sólo para la tribuna?

SL

Es difícil saber qué haría Sergio Massa en la economía si el 10 de diciembre pasa de su actual papel de ministro del área a presidente de la Nación. A diferencia de sus contrincantes que deben prometer políticas por emprender, el abogado tigrense reparte su tiempo entre la campaña y su jefatura del Palacio de Hacienda, más abocado a apagar incendios coyunturales como la suba del dólar blue a $ 600, que a diseñar lo que instrumentaría en 2024 en caso de permanecer en el gobierno. Está ahora más preocupado en mandar inspectores contra el lavado de dinero a las cuevas, que operan bajo la fechada legal de sociedades bursátiles y otras firmas financieras, o en adoptar las políticas que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para girarle dinero en la tercera semana de agosto, llámese acelerar la depreciación del peso oficial o ajustar más las tarifas energéticas, los salarios públicos y los planes sociales. Pero en el equipo de campaña de la fórmula Massa-Agustín Rossi rescatan que al menos no se cedió ante la pretensión del Fondo de devaluar bruscamente y se excluyó del impuesto PAÍS a la importación de los alimentos básicos.

“Si hay escenario positivo este domingo, se fortalece al gobierno en negociar con FMI en este tramo”, se esperanzan. “Pero el próximo gobierno debería revisar el acuerdo dejado por Martín Guzmán”, señalan en el oficialismo, influido por la crítica K al ex ministro de Economía, a quien buscan responsabilizar de casi todo lo malo de los primeros dos años y medio del gobierno de Alberto Fernández. “La pregunta en estas elecciones es quién querés que renegocie con el FMI, sin querés renegociar con ajuste fiscal, reformas jubilatoria y laboral o no. Porque Massa dice otra cosa. Está en una situación incómoda, lo ideal sería estar sin inflación y con único tipo de cambio, pero (Mauricio) Macri nos dejó la deuda, sin financiamiento y hubo que emitir moneda”, razonan.

Si el precandidato de Unión por la Patria venciera en las presidenciales, el objetivo sería “seguir avanzando en ganar grados de libertad con el FMI”. “Si el Fondo quiere ajuste, nosotros hacemos moratoria jubilatoria, el gasoducto Nestor Kirchner, el del norte, otro a La Plata y Ensenada, el tendido de agua, electricidad y gas.”

De por sí Cristina Fernández de Kirchner le ha permitido a Massa ajustar más de lo que había hecho Guzmán y ya no se cuestiona el mandato ortodoxo de disciplina fiscal. “Massa viene haciendo ordenamiento fiscal porque en un país sin moneda, donde no tenemos reservas, tenemos la obligación de cuidar la macroeconomía, sin ponerse el país en la cabeza”, aclaran.

“Caminar hacia la unificación del tipo de cambio”, es otro de las metas que el kirchnerismo ahora admite haber adoptado de la biblioteca opositora. “Si hay escenario de recomposición de exportaciones, se puede”, explican y siguen con las concesiones. “Hay que ir reduciendo inflación y para eso hay que llegar a un acuerdo social. No vamos a hacer un plan de shock de estabilización, porque no vamos a convalidar una devaluación ni creemos que los planes Austral ni la convertibilidad hayan sido exitosos en el largo plazo, pero hay que hacer un plan”, admiten después del actual fracaso de Massa en aplacar los precios.

Pero los cambios no acaban allí. “Falta empleo genuino, el compromiso es avanzar hacia el empleo y por eso hay que hablar con todos los actores, llegar a acuerdos”, proponen en contraposición a la flexibilización laboral que propone la oposición, pero dejando margen para buscar consensos entre gobierno, empresarios y sindicalistas.

AR/MG

Según la Secretaría de Hacienda, el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) se triplicó en términos nominales con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un resultado negativo de $228.134. Como consecuencia, el rojo acumulado en las cuentas públicas ascendió a $432.000 millones. Con estos datos, parece muy difícil poder cumplir con la meta trimestral acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual pone un límite superior de $441.000 millones para marzo.

En su comunicado sobre el mes de febrero, la Secretaría de Hacienda ha dado a conocer que el total de los ingresos corrientes del SPN alcanzó los $1.570.391,1 millones. Este dato refleja una disminución interanual real del 17%, principalmente afectada por la caída del 36% de los ingresos impositivos en términos reales. Sin embargo, a pesar de la caída general, algunos ingresos, como los correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y al Impuesto al Valor Agregado, evidenciaron incrementos interanuales del 106,9% y 107,2% respectivamente. La recaudación asociada al impuesto a las Ganancias presentó una variación positiva nominal del 99,3%.

Según el Ministerio de Economía, la recaudación tributaria alcanzó durante el segundo mes del año los $2.126.337,9 millones. Esto representa un aumento nominal del 82,3%, pero una disminución real del 20% aproximadamente. Esta merma está ligada, principalmente, a la caída de los derechos de exportación producto de la sequía. La recaudación asociada a este tributo tuvo una disminución del 45% en términos nominales –teniendo en cuenta la inflación, la caída alcanza el 150% real, aproximadamente–.

Los gastos corrientes, por su parte, alcanzaron los $1.879.443,5 millones, un 8,3% real por encima de lo obtenido durante el mismo mes del año anterior. El aumento se debió principalmente a la “inversión pública en obras de infraestructura energética, vivienda y transporte, la cual se triplicó frente a febrero 2022, luego de evidenciar un crecimiento de +125.598 millones (+246,6% i.a).”

Por otra parte, el resultado financiero resultó deficitario en $485.590,9 millones, teniendo un incremento de más del 77% en términos reales medido interanualmente. De esta manera, el déficit total alcanzó los $713.724,9 millones.

¿Cómo impacta el resultado en el cumplimiento con las metas del FMI?

El resultado de febrero se suma a un enero excepcionalmente deficitario, en el que la diferencia entre ingresos y gastos resultó negativa en $203.000 millones, consumiendo el 50% de la meta fiscal del primer trimestre acordada con el FMI. Esta excepcionalidad en el resultado de enero se debió a gastos devengados de meses anteriores pagados en el primer mes del año. Esto responde al mecanismo a través del cual, el FMI, monitorea las cuentas fiscales del país. Es decir, utiliza el método “base caja”, con lo cual, solamente contabiliza el dinero que se ingresa y egresa, independientemente del momento en el cual se generó la obligación del pago. Esto le da cierto respiro al Gobierno a la hora de postergar algunos pagos y es una herramienta que podría utilizar para cumplir la meta fiscal del primer trimestre de este año.

Si bien el Gobierno pudo cumplir con el objetivo fiscal del FMI durante 2022, el desafío para este año será renovado cada trimestre. Los primeros dos meses del año acumulan un déficit primario de $432.072 millones. Esto representa el 98% de la meta trimestral acordada, cuando aún queda un mes para cerrar el trimestre.

IC

En enero, el estado nacional registró un déficit primario de $203.938,3 millones producto de un significativo aumento en la inversión en infraestructura energética, vivienda y transporte, sumado a una caída en los tributos del comercio exterior por el impacto de la sequía. En enero de 2022, el déficit fiscal había sido de $16.698 millones.

El gasto primario alcanzó los $1.927.142,8 millones y presentó una suba de +111,2% interanual, contra una inflación de poco menos de un 100%, según datos de Economía.

En el periodo de referencia, los Ingresos totales ascendieron a $1.723.204,5, (+92,4 % interanual), a la vez que no se registraron ingresos provenientes de las emisiones primarias de títulos públicos.

Por el lado de los derechos de exportación se registró una suba interanual de 41,1% (siempre contra una inflación cercana al 100%) afectada por la sequía de los últimos meses.

Los ingresos tributarios vinculados a la actividad económica crecieron 103,3% por el lado del IVA neto de Reintegros y 104,4% i.a. por el lado del impuesto a las ganancias.

Mientras tanto, las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 101,5%.

Al mismo tiempo, el gasto de capital creció 151,6% frente a enero de 2022.

El comunicado difundido por Economía indica:

-“En Enero, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $203.938,3 millones producto de un significativo aumento en la inversión en infraestructura energética, vivienda y transporte sumado a una caída en los tributos del comercio exterior por el impacto de la sequía.

-En el periodo de referencia, los Ingresos totales del SPN ascendieron a $1.723.204,5, (+92,4 % interanual), a la vez que no se registraron ingresos provenientes de las emisiones primarias de títulos públicos. Por el lado de los derechos de exportación se registró una suba interanual de 41,1% afectada por la sequía de los últimos meses.

-Los ingresos tributarios vinculados a la actividad económica crecieron 103,3% por el lado del IVA neto de Reintegros y 104,4% i.a. por el lado del impuesto a las ganancias. Mientras tanto, las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 101,5%.

-El gasto primario del Sector Público Nacional alcanzó los $1.927.142,8 millones y presentó una suba de +111,2% i.a. Al mismo tiempo, el gasto de capital creció 151,6% i.a frente a enero de 2022 reflejando una vez más el compromiso del Gobierno Nacional con la inversión pública“.

Con información de NA

De descanso por Pinamar, antes de viajar por trabajo junto al ministro de Economía, Sergio Massa, a Entre Ríos, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dialogó por teléfono con elDiarioAR. Disparó para varios lados, incluso contra las presiones dentro del oficialismo para que en la campaña presidencial aumente el gasto público, como el llamado “Plan Platita”, como la oposición y cierta prensa llamó a las medidas con las que el Gobierno intentó meter dinero en el bolsillo de la población, sin que tuviera un satisfactorio efecto para el Frente de Todos en los comicios legislativos de 2021.

¿Cuáles es su agenda hoy en día?

Estamos trabajando para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso los proyectos de leyes de agroindustria, gas natural licuado (GNL) e hidrógeno. También estamos trabajando para apoyar la industria automotriz y el complejo forestoindustrial.

¿Y con la inflación?

Estamos negociando con las empresas, hay un ida y vuelta. Tenemos una agenda de todo lo que estamos dando en crédito subsidiado, en acceso al dólar para importaciones, contra el aporte de las empresas para morigerar los precios, teniendo toda la información arriba de la mesa. Siempre están los que nos critican diciendo que los acuerdos de precios no son la solución. Lo sabemos. Son el puente de plata para arreglar las expectativas, para después sentarte a negociar las paritarias pensando en la inflación futura, no la que que pasó.

¿Y con qué se complementan los acuerdos de precios?

Con un orden fiscal, con bajar el déficit fiscal (primario, antes del pago de deuda) del 12% cuando lo agarró Sergio (en agosto pasado) al 2,5%, cuando nadie pensaba que se iba a cumplir esa meta anual con el Fondo (Monetario Internacional), con subir las tarifas, a pesar de los que decían que no se podía, con dejar de financiar al Tesoro con emisión (monetaria), con el refuerzo de las reservas (del Banco Central). En agosto, los empresarios no sabían qué iba a pasar y entonces o no vendían sus productos, o te entregaban con remito abierto, sin precio, o se cubrían con aumentos siderales. Pero después no se dio la devaluación brusca que anticipaban, ni hubo default de la deuda en pesos, el FMI te aprobó la revisión del acuerdo, cerraste con el Club de París, conseguiste más plata del Banco Mundial, del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La otro opción era ir a la hiperinflación.

¿Y en el 2023 electoral cómo sigue la receta?

El desafio es mantener la política fiscal o que te venza el Plan Platita. Pero ya no hablan de hiperinflación ni de Rodrigazo los (Domingo) Cavallo, (Ricardo) López Murphy, (Nicolás) Dujovne, (José Luis) Espert, (Javier) Milei ni (Roberto) Cachanosky, que lo anticipaban hace medio año. Massa demuestra que la política debe arreglar la economía. Es imprescindible tener un tipo con capacidad de jugar partidas simultáneas, no un técnico, uno que pueda hablar con los empresarios, los sindicalistas, con Estados Unidos, con China, con la oposición. Uno que cace el teléfono y llame uno a uno a los empresarios para contarles las costillas, porque los conoce uno a uno. Opera al más alto nivel, y lo respetan, y los empresarios ven que no hay otro como él. (Paolo) Rocca lo terminó aplaudiendo el mes pasado (en el seminario Pro Pymes, del grupo Techint) porque está controlando que se haga el gasoducto y cerró el Plan Gas a menos de 4 US$ el millón de BTU (unidad de medida), cuando el importado está a 40. No hay otro que te puede asegurar todo, no es (Mauricio) Macri, es Sergio. Hoy hay una inversión 22% del PBI, el mayor nivel en años. En 22 de las 24 provincias tenés pleno empleo, del 1% a 5% (N. de la R.: en realidad, son 15 los distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires, que tienen 5% o menos). Yo lo veo acá en Pinamar: estalló el verano.

Con el cepo cambiario, no saben qué hacer con los pesos e invierten en maquinaria y construcción...

Sí, es eso, pero también hay negocios en la Argentina. La Argentina tiene activos, el problema es la caja chica.

¿Tienen plan B si la sequía afecta la cosecha gruesa (la del segundo trimestre, de soja y maíz) y faltan dólares?

Hay que ver la ecuación cantidad precio a ver si la menor cosecha se compensa con mayor precio, pero siempre Massa va a buscar otra alternativa. Vas a tener dólares de la licitación del 5G. O se me ocurre que podés negociar con Lula que te compre el gas que necesita a cambio de financiarte el segundo tramo del gasoducto... porque Lula no quiere que gane Macri las elecciones. El tema es si el poder quiere banca o cuidar a Massa. Hay que mirar a Estados Unidos, a Brasil, a los empresarios. ¿Quieren a un (Horacio Rodríguez) Larreta con (Hernán) Lacunza con su Power Point? ¿Quién va a negociar con los sindicatos?

Otra opción es depreciar más el peso, sin que sea un salto brusco, para alentar la exportación y desalentar la importación...

Podés acelerar la depreciación, pero no podés hacerlo sin reservas.

AR

Incluso los más escépticos y científicos, quienes tratamos de aferrarnos a la razón antes que a las supersticiones, nos tomamos licencia durante el Mundial. Todos repetimos alguna fórmula ganadora que había funcionado en los partidos anteriores y, a nuestra manera, aportamos a esa conquista inolvidable. Hay un hecho en la historia de la selección que pone en jaque cualquier tipo de apelación iluminista y resulta inexplicable para nosotros, los no creyentes: el cinco de copas de Lionel Messi. 

Sergio Massa, asentado en el rol de ministro que tanto le costó conseguir, no cuenta con el destino escrito, ni la suerte echada. Sus decisiones (siempre compartidas con el FMI) serán determinantes para nuestro futuro, pero si las cartas volviesen a dar en el clavo es probable que le toque un cinco de espadas, simbolizando las grandes amenazas que pendulan sobre la economía argentina. 

La primera enmarca a todas las demás y es un escenario muy delicado a nivel internacional, que transita entre la guerra y sus consecuencias y el enfriamiento de la economía mundial. Este último es ya un hecho y no son pocos los que se animan a advertir acerca de la inminente recesión global, retrayendo la demanda pero con un alto precio de la energía que probablemente seguiremos importando el próximo invierno.

Por si fuera poco, es una tendencia que convive con la inflación mundial más alta en cuatro décadas y que ha llevado a un aumento de las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, profundizando el retraimiento económico y, con él, la posibilidad de una caída del precio de las materias primas que Argentina exporta. 

La segunda espada también viene por el lado de las exportaciones y está asociada a las consecuencias de la sequía. Es imposible calcular cuán afectada quedará la cosecha y deducir de allí las tensiones que podrían aparecer en el frente cambiario. Es lógico que en una economía donde el 85% de las divisas provienen de las exportaciones una menor cantidad de dólares del campo signifique una fuerte presión devaluatoria. En 2023 comenzarán a pagarse además los vencimientos de la deuda reestructurada en 2020 y, a diferencia de este año, el FMI demandará más dólares de los que ingresara al BCRA.

La escasez de dólares ya se hace sentir fuerte en la industria en la medida en que se restringen las importaciones de algunos insumos generando una profundizando de la recesión y potenciando la inflación por el aumento de los productos importados. Sin acceso al dólar oficial, se acude al CCL o a dólares propios, algo que ya reflejo el índice de precios mayorista de noviembre con un aumento de 8% en los productos importados, algo que indirectamente llegará a las góndolas. 

La tercera de las grandes dificultades que nos acechan y que podrían potencialmente desatar los alambres que sostienen a la economía argentina es la deuda en pesos, más subestimada que Scaloni en sus comienzos. Para ser precisos, se trata de dos problemas distintos englobados en el mismo concepto: no es lo mismo la deuda en pesos del tesoro, que la deuda en pesos del BCRA, ambas de consumo problemático.  

El Tesoro necesita financiarse mediante la absorción de los pesos que ya existen para no depender de la emisión. Acumula vencimientos verdaderamente importantes los primeros meses del año que, a pesar de estar en un 60% en manos de organismos del Estado, son cada vez más difíciles de renovar ya que nadie quiere prestar para después de las elecciones. El desarme de esos títulos terminaría con más presión sobre el dólar y una menor cantidad de reservas significaría menor poder de fuego para combatir o convalidar ese corrimiento. 

Por el otro, el BCRA acumula una deuda enorme. Los pasivos remunerados (Leliqs y pases) representan más del doble de la base monetaria, $ El mecanismo es sencillo: frente a cada vencimiento de letras, el Banco Central absorbe tanto la deuda vieja como los intereses a pagar que se generan acumulando un pasivo cada vez mayor y de características explosivas.

Es difícil subestimar esta cuestión: la deuda pública entre pesos y dólares (sin contar al BCRA) alcanzó según la Secretaría de Finanzas un nuevo récord de 384.688 millones de dólares, calculando el pasivo en moneda doméstica al tipo de cambio oficial. El mismo informe destaca que en los últimos doce meses los incrementos fueron  por el equivalente a US$ 30.320 millones, siendo mayormente deuda en pesos atada a la inflación. 

El cuarto problema, entonces, es que la inflación más alta en los últimos treinta años no solo destroza el poder adquisitivo de los pesificados de siempre, sino que además aumenta peligrosamente la deuda del Tesoro. Más allá del entusiasmo que se respira con facilidad en el quinto piso del ministerio, el panorama en esta materia no es promisorio. Las consultoras se debaten en sus proyecciones, pero el promedio de inflación que calcula el BCRA se coloca en el orden del 96,6% para 2023.

El aumento sostenido de los precios se coloca desde hace años como el principal padecimiento para los sectores trabajadores que en casi todos los casos viven hoy peor que en diciembre de 2019, al asumir el FDT. Esto se explica por la caída del salario real que si bien se acerca a los de finales del macrismo para el sector registrado, cae notablemente para los no registrados. 

Digamos todo: empardar con los finales de Macri no debería significar un logro para ningún gobierno, ya que durante ese proceso el salario había caído alrededor de un 20% desde los picos de 2017. Asimismo, que un sector empate y el otro pierda tampoco puede ser consuelo de nadie, ya que los datos del INDEC muestran cómo la recuperación del empleo estuvo basado en el trabajo informal y precario.

La quinta espada de Damocles que yace sobre la economía argentina es ni más ni menos que el ajuste fiscal, tan vox populi como naturalizado. El acuerdo con el FMI le trazó al gobierno un camino de reducción del déficit y el flamante ministro de economía viene haciendo la tarea con un rigor pocas veces visto. Aunque el Fondo apriete y no ahorque, la clave está en qué ítems son los que se deciden achicar y quiénes son las victimas de esa reducción presupuestaria. 

Si miramos los datos de noviembre, notaremos que para llegar a la meta el gasto primario real cayó nada menos que 27,7% respecto del año pasado, superando los cuatro meses anteriores en los cuales también se redujo el gasto real. Las partidas elegidas son las menos indicadas: las prestaciones sociales, las jubilaciones y las pensiones cayeron ese mes 4,4% y las asignaciones familiares, 14,7% descontada la inflación.

De esta manera, con una inflación galopante y un ajuste en marcha, no debería de sorprender el aumento de la pobreza ni que la resaca mundialista traiga reclamos populares. En este contexto es difícil pensar en una situación política y económica tranquila durante el año electoral, porque aunque el ministro no juegue a las cartas, tiene cinco espadas apuntándole. 

GL

El ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió mucho más financiamiento hoy en el mercado de lo que se esperaba. Vencían letras de corto plazo en pesos por $ 412.000 millones y se temía que apenas pudiera recaudar ese monto y solamente entre bancos públicos y organismos estatales. Finalmente, logró mucho más, casi el doble de lo necesario. La duda es a qué costo. Todavía no se difundió, pero los operadores del mercado aseguran que el equipo de Massa está dispuesto a darle a los inversores lo que ellos piden. Tampoco es tan así, pero...

“En el día de la fecha, se realizó una licitación por el vencimiento de deuda del Tesoro por 412 mil millones de pesos. Cerrada la licitación es bueno informar algunos puntos”, anunció por Twitter el jefe del Palacio de Hacienda después de que se extendiera la licitación de deuda tres horas y media más de lo previsto, lo que era interpretado por el mercado como una mala señal. No fue así. “1. Se presentaron ofertas por 1,2 billones de pesos. 2. Se aceptaron ofertas por 770 mil millones, superando ampliamente los 412 mil millones que se renovaban. El resto se rechazaron por no ser ofertas con tasas convenientes. 3. Se completó la renovación que vencía. 4. Se amplió el financiamiento al sector público por más de 360 mil millones de pesos. 5. Es la presentación de ofertas más grande desde el 2020 a la fecha. 6. Estamos cerrando el año cumpliendo el compromiso de financiar el funcionamiento del Tesoro sin la utilización de adelantos transitorios del Banco Central”, ametralló Massa, preocupado por costear el déficit fiscal sin recurrir a la maquinita de imprimir billetes.

“Fue un éxito. El tema es a qué costo”, analiza uno de los principales operadores de la City porteña que pide reserva de su nombre. “¿A quién habrán convencido? No es un tema de tasa sino que a alguien convencieron o forzaron a entrar. Está claro que SM (por Sergio Massa) se mueve y está bien que lo haga. Pero hay que ver si tuvieron que comprometer algo u obligar a que entraran. Tenías un 60% que entraba casi seguro, pero la sensación es de algo raro por cómo veníamos, Es positivo, pero aún con cierta intriga”, concluye.

Habrá que esperar el detalle que ofrezca el secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Esta vez no apostaba a financiarse, como la anterior licitación, con fondos que provincias y municipios tenían en plazos fijos sino que todo tipo de inversor, público y privado, incluidos bancos, empresas e importadores. Incluso colocó un bono dólar linked -atado al tipo de cambio oficial- para tentar a los que importan. Uno de los más importantes de ellos, uno de los fabricantes de electrónica de Tierra del Fuego, reconoció que se trató de una opción más atractiva que los bonos soberanos en dólares que hasta ahora tenían para ubicar los recursos necesarios para pagar compras externas.

AR

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, enfrentan este miércoles un megavencimiento de deuda de corto plazo en pesos por $ 405.000 millones. Para cubrirlo, buscará emitir nuevos títulos en un mercado que desconfía de los pesos y ha estado optando por bonos en dólares para guarecerse.

El Ministerio de Economía licitará un menú de Letras y Bonos del Tesoro Nacional por un total de $ 160.000 millones y US$ 375 millones. La licitación de las Letras se desdobla con ofertas de instrumentos para fondos comunes de inversión, las Lelites, y para creadores de mercado, las Ledes y Lecer, por un monto total de hasta $ 150.000 millones. Por fuera del Programa de Creadores de Mercado se licitarán tres bonos: dos por US$ 300 millones (US$ 150 millones cada uno), y un tercero por $ 10.000 millones. Adicionalmente, se ofrecerá un bono por US$ 75 millones exclusivo para importadores registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana.

Las Lelites, con vencimiento el 30 de diciembre de 2022, podrán suscribirse por hasta $ 40.000 millones, en tanto que la opción para creadores de mercado será a través de una Lecer ($ 30.000 millones), con vencimiento el 21 de abril de 2023, y dos Ledes por hasta $ 80.000 millones. En el caso de las Ledes, una se licitará mediante una reapertura por hasta $ 60.000 millones, con vencimiento 31 de marzo de 2023; y la otra por hasta $ 20.000 millones, con vencimiento el 28 de abril de 2023. El capítulo bonos prevé tres ofertas, dos linkeados al dólar y otro a tasa Badlar (hoy, al 70%); los linkeados al dólar serán por US$ 150 millones cada uno, con vencimiento el 28 de abril de 2023 y el 31 de julio de 2023, respectivamente. Por su parte, el bono a tasa Badlar se licitará por un monto de hasta $ 10.000 millones, con vencimiento el 23 de noviembre de 2027. Finalmente, el bono vinculado al dólar linked -atado al tipo de cambio oficial- para importadores prevé una colocación por US$ 75 millones, con vencimiento el 28 de abril de 2023. La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15.

“Básicamente es una licitación de instrumentos cortos”, se refiere el broker Leandro Chialva, de Delphos Investment, a que el Gobierno apunta a títulos de pronto vencimiento. “Son todas letras, incluso este dólar linked para importadores, que tiene en promedio una duración de un mes y medio. Repiten los dólar linked, que no creo que sean muy exitosos. Yo creo que va a haber una gran participación de bancos públicos y organismos públicos. Cuando uno mire, la licitación va a salir bien. Después habrá que ver los detalles de quiénes participaron. Pero imagino que los privados van a seguir con la misma estrategia: bajando el riesgo con el sector público y aumentando el riesgo con el Banco Central. Me imagino que el sector público, que ya es de por sí el mayor tenedor de la deuda, siga participando. En esta subasta tenés el problema de que todos los vencimientos están en manos del sector privado, por lo que debés asegurar una buena participación del sector público para conseguir una emisión por encima de los vencimientos.”

En el Gobierno esperan que no sólo los organismos del Estado suscriban deuda sino también los privados, pero descartan recurrir otra vez, como hace poco, al dinero que provincias y municipios tienen en plazos fijos. El Ejecutivo requiere de más financiamiento del mercado de deuda para evitar financiar el déficit con emisión monetario, recurso al que Massa había prometido no recurrir desde que asumió el cargo y hasta fin de año.

AR con información de la agencia Télam.

Desde la campaña 2019 pero particularmente en los últimos tiempos la oposición comenzó a agitar la bandera del “shock” como único camino para resolver los problemas económicos. El expresidente Macri ha sido uno de los principales exponentes de esta idea. 

Muy brevemente podríamos decir que la opción por el “shock” implicaría aplicar un conjunto de políticas de gran impacto concentradas en un corto tiempo, mientras que el “gradualismo” implicaría hacer correcciones parciales a lo largo de un período extenso de tiempo. 

Aunque la crisis de 2018 tiene componentes esenciales por fuera del manejo del déficit fiscal -la apertura de la cuenta financiera y la apreciación cambiaria- concentrémonos en él dado que eso hacen los voceros del “shock”. Frente a ese problema sólo se podría argumentar que el “shock” es lo único disponible, si el “gradualismo” fuera el culpable de los fracasos acumulados. Pero eso es falso.

Los resultados de la gestión económica del macrismo fueron pésimos y son conocidos. Sin embargo, quienes la defienden sostienen que la crisis de 2018 se desató por haber sido “gradualista” durante los primeros dos años. Si observamos los datos vemos que el déficit primario registrado en 2015 se repite en 2017 (-3,8%), luego de un 2016 aún peor, pero con un resultado financiero deteriorándose continuamente (-5,1% en 2015 contra un -5,9% en 2017). Dada la falta de avances en este plano, difícilmente pueda caracterizárselo como gradualista.

Pero detrás de ese nulo avance en el objetivo declarado del gobierno de Macri por reducir el déficit se encuentran además al menos cuatro políticas macroeconómicamente relevantes tomadas por el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2017:

1)     la eliminación de retenciones decididas en los primeros días de manera contemporánea con un aumento muy importante del TC, 

2)     la reducción de impuestos directos progresivos, 

3)     la “Reparación histórica” a personas jubiladas que cobraban haberes elevados, 

4)     la Resolución N.º 46 que fijó un precio en dólares del gas en pozo “generoso” que neutralizó parte del aumento de tarifas. 

Entonces, el gobierno de Macri prefirió realizar importantísimos esfuerzos fiscales en línea con sus apoyos políticos. En sus propios términos, si la condición para la estabilidad era la reducción del déficit fiscal su gestión durante los primeros años no fue “gradualista”, fue inconsistente. 

Bajo la misma óptica centrada exclusivamente en el déficit fiscal, tampoco sería “gradualistas” las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández. Mientras que en el primer caso el déficit fiscal se amplió año a año, en el segundo la inconsistencia ha sido la norma. 

Así las cosas, el gradualismo no puede ser señalado como culpable de la crisis actual: ni Macri ni los Fernández lo fueron. Así, la propuesta de shock es simplemente una de las posibilidades y elegirla es tomar una decisión política que tendrá graves efectos sobre el bienestar y la distribución sin ninguna garantía de éxito. 

La alternativa es encarar sin dilaciones una estrategia gradualista, que avance lento, pero irremediablemente en la dirección elegida reconocimiento las restricciones existentes. Esto es, reconocer que la macro no puede dar nada más, y que debemos pasar a otra instancia donde aquella se estabilice.

Sin entrar en un debate teórico sobre si es posible o no financiar sostenidamente déficits públicos, es claro que Argentina no está en condiciones de hacerlo y esa es una de las restricciones. No tiene acceso al financiamiento -ni local ni extranjero- en condiciones razonables y no puede continuar monetizando el déficit actual en un contexto de cepo y brechas amplísimas. 

Sin entrar en un debate teórico sobre si es posible o no financiar sostenidamente déficits públicos, es claro que Argentina no está en condiciones de hacerlo y esa es una de las restricciones.

En este sentido existe un acuerdo relativamente amplio respecto a la necesidad de equilibrar las cuentas estatales. Sin embargo, allí aparecen dos debates importantes. El primero es a qué velocidad debe darse el ajuste para equilibrar el presupuesto. El segundo refiere al nivel de gasto público deseable que, de ninguna manera, es un número técnicamente determinado.

En algunos voceros esos dos debates se mezclan intencionalmente. A veces se sostiene que el déficit es el problema, pero también que no se puede recaudar más y que inclusive este nivel de gasto es “infinanciable”, así que lo que en realidad se propone es reducir drásticamente el gasto público como único camino. 

A nivel internacional el porcentaje de gasto público en relación con el PBI en Argentina no es excepcional. A veces, la argumentación a favor de reducir el gasto señala que los países desarrollados mostraban menores niveles cuando tenían nuestro nivel de ingreso per cápita, pero eso niega las profundas transformaciones en las áreas de intervención estatal a nivel mundial en los últimos 40 años. La población ha envejecido, la asistencia escolar se ha masificado y extendido en el tiempo -comienza a menor edad y concluye más tarde-, las regulaciones medioambientales, los requisitos de seguridad, etc. hacen de un gasto mayor algo razonable.

Ahora bien, en la actualidad esos dos debates pueden mantenerse separados. La solución al déficit se encuentra en un gasto particular con muy discutibles resultados económicos: el subsidio a las tarifas hogareñas de servicios públicos. Y si a ello sumamos el costo fiscal de subsidios de tasas de interés de consumos individuales o a empresas, algunos regímenes especiales y exenciones injustificables de impuestos el objetivo del equilibrio fiscal estaría más que resuelto. Asimismo, se puede avanzar transfiriendo la carga tributaria desde la producción y los bienes hacia los ingresos y patrimonios de manera de alcanzar la misma recaudación de una manera más justa.

Pero no todo se resuelve con el déficit fiscal. De manera paralela es necesario aplicar una política monetaria para reducir la demanda de dólares colocando la tasa de interés a niveles positivos pero reducidos. Sin ello, nunca nos acercaremos a la posibilidad de desmontar las restricciones cambiarias. 

Es necesario aplicar una política monetaria para reducir la demanda de dólares colocando la tasa de interés a niveles positivos pero reducidos. Sin ello, nunca nos acercaremos a la posibilidad de desmontar las restricciones cambiarias.

Con una trayectoria clara en el frente fiscal y una situación normalizada en el frente monetario que permita reducir la presión de la emisión sobre el mercado cambiario debemos pensar el conjunto de restricciones cambiarias. Aquí también el gradualismo es la única posibilidad. Los “shockistas” sostienen que no hay posibilidad de crecimiento económico genuino en el marco de estas restricciones, por lo que su propuesta sería unificación inmediata. El problema aquí no son sólo las terribles consecuencias que eso puede tener en el corto plazo, sino que también aborta completamente cualquier proceso de crecimiento en marcha, generaría más problemas inflacionarios y no garantiza una estabilización a un nuevo nivel ya que no hay absolutamente ninguna posibilidad de defender una paridad.

Seguramente el cepo no es neutral al crecimiento, de allí que haya que apuntar a eliminar esas restricciones, pero la clave del problema es la magnitud de la brecha. Y la multiplicidad de restricciones, impuestos y percepciones no conducen a que se reduzca. Se debería ir hacia un desdoblamiento cambiario que transparente el funcionamiento -y reduzca radicalmente los incentivos a obtener dólares del Banco Central- permitiendo una acumulación -más no sea mínima- de reservas diariamente. Si ello fuera acompañado de la posibilidad de no liquidar el 100% de las divisas al oficial, se podrían reducir los mecanismos alternativos de ingreso de divisas y abastecer ese mercado libre de cambios. Mientras tanto el tipo de cambio deberá acompañar la inflación lo que seguramente prolongue en el tiempo el proceso de desinflación, pero reduzca sus costos. 

Estas decisiones deben ser acompañadas con una política de ingresos que proteja a los sectores populares -ya muy golpeados- durante todo el proceso. Si no, ninguna estrategia será sostenible en el tiempo.

Evidentemente esos factores (déficit fiscal, tasa de interés y regulación cambiaria) son condición para resolver la inflación debido a que apuntan a modificar problemas graves de la macro argentina, pero de ninguna manera reducen la inflación en el corto plazo. Eventualmente con la macro un poco más ordenada, se podrá realizar un plan para cortar la inercia inflacionaria pero actualmente los precios relativos (tipo de cambio, ingresos y tarifas) no se encuentran ni remotamente en condiciones de encarar tal proceso, ni que hablar de las condiciones políticas. 

Más allá de los intentos de buscarle sesgos progresistas al conjunto actual de políticas y regulaciones, lo cierto es que actualmente está generando efectos negativos sobre la población. Si se buscan efectos progresivos el centro de las políticas debe pasar a otras áreas del gobierno y abandonar el “Ministerio de Economía”. Políticas apuntadas a mejorar el bajo y heterogéneo nivel de productividad, la universalización y equidad del sistema de seguridad social, la simplicidad y progresividad del sistema impositivo, la educación, salud y seguridad. Todos esos son necesarios para avanzar hacia un país mejor y son complementarios -y se retroalimentan positivamente- con un proceso de estabilización gradual. 

Pero la macroeconomía argentina no tiene más para dar, hay que estabilizar. Frente a esa necesidad un shock terminará de hundir, sin posibilidades de posterior salvataje, a porciones mayores de la población. El gradualismo es el único camino disponible.

La Argentina posee una menor proporción del déficit total de su Producto Bruto Interno (PBI) en comparación del promedio de las economías emergentes y de ingresos medios, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El nuevo informe de monitoreo fiscal, publicado en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial, añadió que el país tiene una “presión fiscal” menor que las principales potencias.

El FMI estima que el déficit total del país, es decir primario y financiero, sea del 3,5% del PBI para el 2022 y de 3,3% en 2023, lo cual significa una caída frente al 4,3% de 2021. Para este año, la cifra es menor al promedio de todos los países emergentes (6,2%), al igual que la media de los países latinoamericanos (4,2%) y de los países emergentes que forman parte del G20 (7,3%). También es menor frente al promedio de economías avanzadas (3,8%) donde países como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido e Italia poseen un déficit proyectado de entre 4% y 5,7%.

En cuanto al déficit primario, que excluye los intereses de la deuda pública, se prevé que se reduzca frente al pico de 6,2% de 2020 (año de la crisis por la pandemia de Coronavirus) y del 2,5% del 2021, a 1,9% para este año, 1,4% en 2023, 0,5% en 2024. Finalmente, se estima un superávit primario de 0,5% en 2025, el cual llegaría al 2% en 2027.

Estas cifras son más bajas que las metas acordadas firmadas entre el Gobierno y el FMI en marzo pasado, el cual estipula un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% para 2024 y 0% para 2025. Tal como en el caso del déficit total, el primario previsto para 2022 y 2023 es menor que el promedio de economías emergentes (4,3% para 2022 y 3,3% para 2023) y avanzadas (2,4% y 2,3%).

Recaudación, “presión fiscal” y gasto público

Por otra parte, el FMI difundió estimaciones respecto de la recaudación, conocida como “presión fiscal”, y del gasto público. Se espera que la recaudación de la Argentina caiga de 33,5% del PBI al 33% este año, número el cual se reducirá a 32,3% en 2023, para luego repuntar nuevamente en años posteriores.

Esta proporción es superior al promedio de todos los emergentes para el 2022 (25,1%), pero es similar a los países emergentes europeos (33,6%), latinoamericanos (27,9%) y a Estados Unidos (33,4%) y Brasil (31,8%). Además, la presión fiscal es menor al promedio de las economías avanzadas (37,4%), y al de la Eurozona (46,9%) con países como España, Italia, Alemania y Francia llegando al 44%, 48,6%, 46,4% y 53,3%, respectivamente.

En tanto, el FMI estima para este año un gasto público del 36,6% del PBI para Argentina (1,3 puntos menos que en 2022) y del 35,6% en 2023. En este caso, la cifra es ligeramente mayor al promedio de los emergentes (31,2%) y menor al de las economías avanzadas (41%, alcanzando el 50,7% en la Eurozona) para este año.

Deuda bruta de la Argentina

Según el FMI, la deuda bruta del país será de 76% del PBI en el 2022, cifra menor respecto al 102,8% de 2020 y al 80,9% de 2021, así como la registrada en 2018 (85,2%) y 2019 (88,8%), durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. En su informe, el FMI destacó que “la mayoría de los gobiernos se encuentra enfrentando una mayor presión en sus finanzas públicas, ya afectadas por la pandemia”.

La suba de la inflación global, la debilidad de las divisas y el salto en las tasas de interés derivó en una escalada del endeudamiento, cuyo promedio mundial se estima que será del 91% del PBI, 7,5 puntos más que los niveles previos a la pandemia.

Esto afecta especialmente a los países de bajos ingresos, donde el 60% de ellos se encuentra en situaciones de “sobreendeudamiento”. La delicada situación en materia fiscal se vio agravada por las medidas que varios gobiernos tuvieron que realizar, frente a la suba de los precios alimenticios y energéticos, como recortes de impuestos, transferencia de recursos y subsidios.

En este marco, el organismo recomienda que la asistencia sea segmentada hacia los más vulnerables, como puede ser a través de descuentos para el uso básico en las facturas de servicios públicos familias de bajos o medianos ingresos. Al mismo tiempo, desaconsejó que los gobiernos “limiten los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos”, ya que “terminan siendo costosos y, en definitiva, inefectivos”.

LC con información de agencia Télam

Así no se puede seguir. El Banco Central tiene virtualmente cero dólares en sus reservas de libre disponibilidad. Tuvo que vender dólares los meses de mayor estacionalidad y en las últimas dos semanas lo único que vimos fue que apenas dejó de vender. La lógica detrás de esto es que una brecha de 120% vuelve rentable cualquier acceso a los dólares oficiales (hay alguien que está comprando a $140 algo que en otro mercado se vende a $300). Por eso la economía así no puede seguir funcionando. 

Las medidas que intentan atacar esta escasez relativa de dólares son transitorias, muy costosas y difíciles de sostener en el tiempo: un tipo de cambio diferencial para el “soja” implicaría que el BCRA compre a un dólar más alto (¿200?) del que vende ($140). Por cada dólar vendido estaría perdiendo $60, con importaciones mensuales en torno a los US$6.000 millones, la pérdida patrimonial ascendería a $360.000 millones en un mes. Lógico: las reservas son el problema crítico de estos días y el Gobierno tomó nota de esto. El problema es que, mientras se sigue demorando, la oferta de dólares no aparece y el Gobierno tiene que endurecer el cepo de facto.

Pero se siguen sin atacar los problemas de fondo: la brecha cambiaria y el atraso cambiario (dos caras de la misma moneda). El tipo de cambio real -que mide la competitividad del país con el resto de nuestros vecinos- se atrasó un 25% en el último año y medio, mientras que la brecha se ubica cómodamente en 120% desde hace unos meses (luego de haber registrado picos de 160% en pleno recambio ministerial). 

Esto generó que el Gobierno pierda, desde que comenzó la gestión, unos US$35.000 millones y deje las reservas virtualmente en cero:

De todo esto, no se pudo retener ni un dólar. De hecho, se perdieron todos. El problema de Argentina, entonces, no es generar dólares, sino retenerlos. 

Desde ya que las soluciones a este problema no son gratuitas (de ser así, el Gobierno ya las hubiera tomado): el problema no es el remedio en sí mismo, sino la enfermedad que no se frenó en su momento de incubación. El Gobierno deliberadamente dejó correr el tipo de cambio bien por detrás de la inflación con un objetivo meramente electoral, pero no funcionó: la inflación fue de 50% en 2021 y el tipo de cambio apenas se movió 25%. 

También imprimió cerca de 3% del PBI para financiar más gasto en la previa a las elecciones que aceleraron, junto con un impacto marginal del conflicto entre Rusia y Ucrania, la inflación del verano de este año. 

A esta aceleración en la inflación se le sumó una suba preventiva de firmas ante la incertidumbre cambiaria: un cepo híper estricto del Gobierno provocó una suba de precios que elevó la inflación del 5% crucero en la que veníamos, a 7% en los últimos dos meses (en promedio). Es decir, en términos anualizados, la inflación pasó de subir al 80% anualizado a hacerlo al 125%. Puesto de otra manera, en 2021 pasamos del treinta y pico al cincuenta y pico de inflación, y en 2022 pasamos del cincuenta y pico al noventa y pico (con suerte). Todo esto sin haber movido el tipo de cambio ni las tarifas.

En resumen, la economía quedó con muchos pesos y pocos dólares. Y ahora la solución de fondo es, lógicamente, antipática. Recuperar el 25% de atraso cambiario en términos reales implicaría una inflación de dos dígitos en los meses posteriores (cerrando en tres dígitos por primera vez desde la salida de la hiperinflación de 1989), una pobreza que podría ubicarse cómodamente arriba del 45% y una escalada en la tensión social -ya difícil frente a la restricción presupuestaria de un fisco que no puede aumentar el gasto sin recurrir a una mayor emisión-.

A diferencia de 2013, año en que el BCRA movió el tipo de cambio oficial de $6 a $8, hoy Argentina tiene una inflación casi 5 veces superior (de 20% a casi 100%), un 3% de las reservas de aquel entonces y falta un año para las elecciones (en aquel momento faltaban dos), tres factores cruciales que juegan en el timing político de la decisión. 

Por eso el problema arroja soluciones antipáticas para la política: con un Banco Central sin reservas, cualquier intento de corrección cambiaria podría percibirse como el primero de varios escalones, forzando un tipo de cambio “exageradamente” alto en el arranque para frenar la sangría de reservas, lo que aceleraría aún más la inflación, la pobreza y el deterioro del contexto socio-económico. 

El problema es que llegamos a un punto de no retorno, donde el cepo ya tiene rendimientos casi nulos (las importaciones no pueden ir a cero). Por eso el Gobierno ensayaría un mix de tres medidas:

Como en el casino, el Gobierno está haciendo un “all-in” para no devaluar. El problema es que si la situación no mejora en las próximas cuatro semanas (el Banco Central no puede comprar dólares de forma persistente en buenas cantidades), las reservas no crecerán y las medidas en el tablero de decisión serán muchísimo más acotadas.

Si se logra resolver lo cambiario, todavía queda lo fiscal -donde el Gobierno no logra bajar la inercia del déficit en torno al 3,2% del PBI-, lo monetario -todavía la tasa viaja por detrás de la inflación, pero una tasa real positiva amenaza la sostenibilidad de sus pasivos- y lo financiero -hoy los vencimientos en pesos no son un problema, pero el año que viene vencen 0,5% del PBI con privados entre mayo y septiembre (plena transición presidencial)-. 

Hoy Argentina necesita un plan de estabilización. Pero lo que tenemos parece ser una hoja de ruta para llegar a fines de 2023 sin una disrupción significativa en la macroeconomía. La suerte está echada. 

La primera intervención directa del ministro de Economía, Sergio Massa, en el presupuesto nacional implicó un recorte a las partidas destinadas a la educación. Massa decidió recuperar para el Tesoro dinero subejecutado de las distintas carteras nacionales – $210.000 millones en total–, lo que incluyó $50.000 millones del Ministerio de Educación. El 5% del presupuesto vigente para todo el año.

Un análisis de la organización Argentinos por la Educación detalla que la Decisión Administrativa N° 826/2022, publicada en el Boletín Oficial el lunes pasado, implica un recorte con foco en tres programas: Conectar Igualdad, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y la inversión en infraestructura y equipamiento. 

Sobre el programa Conectar Igualdad, el presupuesto vigente alcanzaba los $85.785,65 millones, de los cuales se ejecutaron hasta el momento solo el 45,23%. El recorte de $30.000 millones definido por el Ministerio de Economía representa un ajuste del 35% sobre la partida vigente para este programa.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que la readecuación de partidas presupuestarias “no afecta en nada el programa Conectar Igualdad”. Según precisó, del crédito que tenía asignado el programa “un tercio se va a utilizar para pagar el anticipo de la licitación de netbooks y eso está garantizado” y agregó que “los dos tercios restantes se ceden para que disponga su uso el Ministerio de Economía, porque la restricción para la importación de componentes de las netbooks impidió que se usaran esos recursos”. De acuerdo con el funcionario, este año se entregarán 600.000 computadoras y se encuentran “adjudicadas” un millón más.  

En segundo lugar, el ministerio que conduce Massa oficializó un recorte de $15.000 millones en el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, que representa un recorte del 34% del presupuesto vigente de este programa. El presupuesto vigente de este programa alcanzaba los $44.367,91, de los cuales se devengó hasta la fecha un 20,58%. 

Por último, se anunció un recorte de $5.000 millones en infraestructura y equipamiento, lo cual representa un caída del 18% respecto del presupuesto vigente, de $27.637,10. El presupuesto ejecutado bajo este programa a la fecha alcanzaba el 25,43%. 

Consultados por cómo afecta efectivamente el recorte en fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y la inversión en infraestructura y equipamiento, el Ministerio de Educación no emitió respuesta. 

Para Juan Llach, exministro de Educación de la Nación, le suma gravedad al recorte presupuestario el hecho de que, en lo que respecta al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, no se haya decidido discriminar entre nivel socioeconómico de los niños y niñas que asisten. 

“Los ajustes al presupuesto del año recientemente dispuestos por el Gobierno Nacional son una muy mala noticia, en particular para el sector educativo”, consideró Javier Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la UBA e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). “En el caso de los jardines infantiles, las demoras en su implementación llevan varios años acumulados, con sus implicancias en el desempeño de las trayectorias educativas, especialmente de los niños y niñas más desfavorecidos”, sumó. 

Los detalles de la modificación del presupuesto en educación 

Presupuesto vigente: $965.371,17 MM

Presupuesto devengado: 489.868,97 MM. Representa el 49,81%

Recorte total: $50.000 MM

Recorte respecto al presupuesto vigente: 5%

Presupuesto vigente: $85.758,65 MM

Presupuesto devengado: $38.790,66 MM. Representa el 45,23%

Recorte del programa: $30.000 MM

Recorte respecto al presupuesto vigente: 35%

Presupuesto vigente: $44.367,91 MM

Presupuesto devengado: $9.131,40 MM. Representa el 20,58%

Recorte del programa: $15.000 MM.

Recorte respecto al presupuesto vigente: 34%

Presupuesto vigente: $27.637,10 MM.

Presupuesto devengado: $7.028,8 MM. Representa el 25,43%

Recorte del programa: $5.000 MM. 

Recorte respecto al presupuesto vigente: 18%

DT

Sergio Massa le repetirá hoy a sus pares en el gabinete su obsesión desde que llegó a Economía: “El gasto de los ministerios no superará lo ya presupuestado durante 2022”. Esa bajada de línea, según tradujeron colaboradores del tigrense, fue la que el flamante ministro le planteó ayer mismo a los administradores de cada cartera en las reuniones que mantuvieron en el Palacio de Hacienda.

La intención oficial por contener el gasto público para cerrar el año con un déficit fiscal del 2,5% anual –tal como lo pide el FMI– será el marco de la primera reunión de gabinete a la que participará el flamante ministro. La cita, como es habitual en la agenda de Juan Manzur, está prevista que comience a las 7.30 en el Salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa de Gobierno.

El cónclave también servirá para cristalizar la nueva operatividad del Gobierno, con el tucumano  ratificado en su cargo cuando Massa desembarcó en el Ejecutivo por Silvina Batakis, más el nuevo rol de Juan Manuel Olmos, de máxima confianza del presidente Alberto Fernández, como flamante secretario de Gabinete de la Jefatura de Gabinete. Solo en una de las reuniones que se vienen realizando en la Rosada desde mayo participó el Presidente: fue el 16 de junio, cuando transmitió “redoblar esfuerzos en la gestión”.

El cónclave de este miércoles llega con una semana de demora, por el retraso obligado que significó la jura de Massa del miércoles pasado. La última había sido el pasado 20 de julio, con Batakis dando un duro diagnóstico frente a sus pares: “Vienen meses muy duros”. 

Pese a la hiperactividad que le imprimió Massa a su primera semana de gestión, el panorama de las cuentas públicas lejos está de mejorar sobre lo planteado por la hoy presidenta del Banco Nación. En sus reuniones de ayer con los responsables de administración de cada ministerio, junto a su secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y su jefe de Asesores, Leonardo Madcur, Massa explicitó la intención de fijar “techos de gasto” y “programar la gestión hasta fin de año”, según señalaron en Hacienda. Se trata del primero de los cuatro ejes que trazó cuando asumió: 1) Orden fiscal, 2) Sostener el Superávit comercial, 3) Fortalecimiento de las Reservas y 4) Desarrollo con inclusión.

Ya Batakis les había dicho al resto de los ministros que no se iba a gastar más de lo que había presupuestado, y que la clave estaba en planificar bien, según confiaron desde un importante ministerio. Ahora esperan que Massa les diga lo mismo. Es que los números en rojo siguen siendo los mismos: según el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el primer semestre de 2022 el gasto público estuvo por encima de la inflación en un 11%. La suba la impulsaron los subsidios en gas y electricidad (crecieron en un 38%), los programas sociales (arriba un 29%) y las transferencias a las provincias (un 13%).

Como ya publicó ayer elDiarioAR, según estimaciones privadas, si el Gobierno siguiera gastando al ritmo que lo venía haciendo el ex ministro Martín Guzmán el déficit sería de 3,5% del PBI, un punto por encima de lo que estipula el acuerdo con el FMI. El ajuste massista tendría que ser, entonces,de unos $800.000 millones aproximadamente. Una de las claves para lograr esa meta, entienden en Hacienda, será acelerar la quita de subsidios a la energía, por lo que se anotan como una victoria política haber logrado imponer a Flavia Royón como secretaria de Energía.

En ese sentido, y aunque admiten que tiene una parada compleja, cerca del ministro creen que su llegada ya cambió también el humor económico. Este martes no tardaron en compartir que ya el lunes hubo “una buena reacción a Massa desde los mercados”. Destacan que subieron las acciones argentinas que se negocian en Wall Street, que hubo una suba de los bonos en pesos y que bajaron los dólares alternativos. 

“Le dio un nuevo aire al gobierno, esperemos le vaya bien”, se hizo eco por lo bajo un funcionario de la Rosada ante elDiarioAR. Incluso una voz en el Instituto Patria coincidió: “Estamos viviendo un relanzamiento, había que darle envergadura al Gobierno para que encuentre las respuestas y los respaldos que en el correr de la gestión se había ido perdiendo”. La foto de ayer en Lomas de Zamora de Fernández con Axel Kicillof, Martín Insaurralde y Matías Tombolini –secretario de Comercio– cristalizó el nuevo acuerdo hacia el interior del Frente de Todos. 

“Massa no fue porque se quedó en Economía en sus reuniones”, aclararon cerca del ministro, que había sido confirmado en la previa.

En la reunión de gabinete de hoy Massa aprovechará para colar una noticia “positiva”: la confirmación de que se otorgará un nuevo bono para los jubilados, el mismo día en que se dará a conocer el Índice de Movilidad Jubilatoria, que tiene un impacto en 18 millones de personas que reciben prestaciones de la Anses. El lunes el tigrense recibió a la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, en su despacho. 

Tercer ministro de Economía en 40 días, Massa ocupará en la reunión con sus pares la misma silla que usaron Batakis y Guzmán, con la diferencia que llega con peso político propio y el apoyo explícito tanto de Alberto como de Cristina Kirchner. Habrá que ver si será él mismo quien hable en la conferencia de prensa habitual post reunión, en vez de dejarles a otros ministros las explicaciones económicas, como hicieron sus antecesores.

MC

En el gran paquete de medidas que anunció el miércoles el nuevo ministro de Economía hay dos que se ubican por encima del resto, como ordenadores de todo lo demás. Sergio Massa dijo que se cumplirá con la meta de déficit del 2,5% comprometida en el Presupuesto –y fijada en acuerdo con el FMI– y que se evitarán utilizar adelantos transitorios del Banco Central para financiar el rojo del Tesoro. Es decir, se le pondrá un freno a la emisión. Así, los próximos meses el Gobierno deberá encarar un ajuste muy fuerte y aumentar los ingresos por la vía de los mercados financieros, las exportaciones y la recaudación. 

“En un escenario muy optimista para los ingresos, el gasto primario debería al menos recortarse cerca de un 10% real para acercarse a la meta de déficit primario de 2,5% del PBI contemplada en el acuerdo con el FMI. Esto es un ajuste muy importante”, resume Lorena Giorgio, economista jefa de Equilibra. “Tendremos que esperar las próximas medidas para ver de dónde se puede recortar el punto de PBI que hace falta”, suma, dado que el acumulado de los últimos 12 meses muestra que el déficit primario rondó el 3,4%. Hay algunas pistas. 

El recorte de los subsidios a la energía es uno de los medios para este fin. A la segmentación heredada de la era de Martín Guzmán, el nuevo ministro sumará una quita definida por un tope de consumo, que en el caso de la electricidad será de 400 Kwh mensuales y resta definir para los servicios de gas y agua. Según una primera estimación de la consultora LCG, ese esquema implicará un ahorro equivalente a 0,3% del PBI en lo que queda del año, pero todavía no se conoce el detalle del mecanismo y los cálculos oficiales. 

La consultora que dirige Guido Lorenzo proyecta que, si se toma en cuenta la inercia del gasto en salario y el gasto atado a movilidad, para lograr la meta del 2,5%, el resto del gasto primario deberá ajustarse en 24 puntos en términos reales en la segunda mitad de 2022. “Algunas partidas tienen una dinámica que hace difícil alcanzar ese objetivo, con lo cual el gasto en obra pública y las transferencias a provincias son las candidatas a recibir buena parte del ajuste real en el segundo semestre”. Será clave los acuerdos con los gobernadores, que piden orden fiscal pero resisten los recortes que los afectan directamente y que, en todo caso, se buscará compensar por otras vías.

El anuncio del mayor recorte a los subsidios, que ya de arranque obligará a pagar la tarifa plena no solo al 10% de los usuarios sino al 30%, fue bien recibido incluso por economistas que tienen especialmente presentes las urgencias en los bolsillos de los argentinos y argentinas. Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), señaló que el gasto de subsidios es el “peor en términos distributivos y en impacto en divisas”, porque incentiva a consumir más un bien que hoy en parte es importado. “En ese sentido, la medida me parece sensata”, señaló. 

El economista destacó que Massa evitó mencionar el bono de $11.000 que recibirán en agosto los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que ya había anticipado hace algunas semanas el presidente Alberto Fernández. “Y por el lado de los ingresos, entiendo que también sigue en pie el revalúo fiscal, que es progresivo y también me parece lógico. Son un primer conjunto de medidas que no son exhaustivas y no resuelven todos los frentes que tiene abiertos el gobierno, a estas medidas se van a ir sumando y encastrando otras, veremos con qué coherencia y en qué sentido”, dijo. 

En la misma línea, Massa propuso continuar con el congelamiento a la contratación de nuevo personal para todo el sector público y auditar planes sociales. En dirección contraria se anticipó un refuerzo para las jubilaciones, que en septiembre tendrán un nuevo aumento de acuerdo con la fórmula, por un monto aún no especificado pero que LCG anticipa que “no tendrá mayor impacto sobre el déficit primario”.    

“Respecto a las medidas para fortalecer las reservas internacionales, no hay que perder de vista que los préstamos y REPOs no son reservas netas (salvo una parte específica que el FMI permite contabilizar así), por lo cual el gran desafío es impulsar las exportaciones, y las medidas en este sentido aún no fueron claras”, sumó Giorgio. Una posibilidad es sumar a otros sectores a los beneficios del “dólar soja” o incluso mejorar el esquema cambiario para productores sojeros con un incentivo mayor.

Un punto flojo del plan inicial de Massa es la inflación. Si bien prometió “enfrentarla con determinación”, no hubo medidas concretas vinculadas a ese objetivo. Según Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, “enfrentar un proceso inflacionario de la envergadura del actual, que amenaza alcanzar el 100% anual, requiere un plan integral, conformado por un conjunto de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ingresos coordinadas y simultáneas. Y éste por ahora no aparece”. Para el analista, se corre el peligro de que anuncios parciales, aunque vayan en la dirección correcta, no estén a la altura de las expectativas despertadas por la designación. 

“El nuevo ministro se mostró en una dirección de racionalidad en materia económica pero aún para que convenza restan tres  cosas”, apuntan el LCG: saber en profundidad las medidas mediante las cuales logrará la meta fiscal, conocer si tendrá el respaldo político para cumplir con el punto anterior y conocer el resto de la programación macroeconómica que sea consistente con estas medidas“.  

DT

En una demorada conferencia de prensa, que se inició pasadas las 20 de este miércoles, el flamante ministro de Economía Sergio Massa anunció las primeras medidas de su gestión. Sin ninguna compañía sobre el escenario, señaló que el “desafío es enorme” y eligió desplegar un largo paquete de decisiones en torno a cuatro principios: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión.

“Tenemos sectores de la economía que están funcionando bien, pero tenemos un problema en nuestra responsabilidad como administradores”, dijo, a modo de análisis del punto de partida y de dardo solapado al ex ministro Martín Guzmán. “La autocrítica es preguntarnos por qué fallamos como administradores y plantear un orden”, señaló. 

Massa dijo que la responsabilidad que asumió el Gobierno es la de “unificar áreas clave para tener como país una mejor estrategia frente al mundo que nos toca vivir”. En este sentido, aseguró que la Argentina cuenta con los recursos necesarios –energías fósiles y renovables, alimentos– para convertir la crisis global en una “ventaja”. Contra las versiones que lo ponderaron como “superministro” o  la “bala de plata” del Frente de Todos, dijo: “No soy súper nada. Ni mago, ni salvador; vengo a trabajar de manera muy comprometida para que a la Argentina le vaya bien”. 

El nuevo ministro de Economía –ese es su cargo oficial aunque absorbió también las carteras de Agricultura y Desarrollo Productivo– señaló que es necesario “enfrentar la inflación con determinación” y la identificó como “la mayor causa de pobreza del país”, por lo que adelantó que todas sus medidas estarán orientadas a “combatir ese flagelo”. Advirtió que julio y agosto serán los meses con datos más altos de suba de precios, pero anticipó que a partir de ese pico los porcentajes comenzarán a descender. Una promesa similar a la que había hecho Guzmán tras el fogonazo inflacionario de marzo. 

Con sus funcionarios sentados en la primera fila, Massa recorrió uno a uno los “principios” de su programa y precisó cuatro medidas en cada uno de ellos, que se detallan a continuación: 

Orden fiscal 

• El ministro dijo que “se cumplirá la meta del 2,5% de déficit establecida por el presupuesto” y en el acuerdo con el FMI, y que se tomarán las medidas que sean necesarias para honrar ese compromiso. 

• No se utilizarán Adelantos del Tesoro por lo que resta del año, y anticipó que el lunes se le hará incluso un reintegro de $10.000 millones. 

• Rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la administración pública nacional centralizada. Según precisó, cada ministerio deberá presentar una declaración jurada mes a mes para corroborar el cumplimiento de la media, que será de acceso público. 

• Respecto de los subsidios a la energía, señaló que del proceso de inscripción en el registro se advierte que 4 millones de hogares argentinos renunciaron a ese beneficio. “Entre los casi 10 millones de hogares que sí pidieron el subsidio vamos a promover el ahorro de consumo. No solo por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos; no podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta más subsidio recibe”, dijo. 

Según especificó, para el caso de la energía eléctrica el Estado subsidiará hasta 400 kilovatios, lo que alcanzará al 80% de los usuarios, pero que eso solo implicará hasta un 50 por ciento del consumo residencial. Se buscará aplicar el mismo criterio –teniendo en cuenta las diferencias climáticas y costos regionales– para el gas. “En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en septiembre”, completó. A partir del lunes la Secretaría de Energía empezará a notificar a los hogares sobre estos nuevos criterios para que puedan conocer “los límites y las posibilidades que tienen de consumo”. 

Superávit comercial

• “Vamos a defender cada dólar de cada argentino”, dijo Massa. Para eso, se promoverán vía DNU regímenes especiales para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción, y de economía del conocimiento. “Habrá beneficios para todo lo que representa crecimiento de exportaciones”, puntualizó. Lo que refiera a temas impositivo saldrá, como manda la ley, por el Congreso. 

• El ministro anticipó que denunciará en la Justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Previamente, abrirán un período de 60 días para darle a las empresas bajo la lupa la posibilidad de “rectificar” las operaciones.

• Anunció el lanzamiento de un programa de crédito a tasas promocionales, y un esquema de garantías para primeros exportadores. “Queremos vender más trabajo argentino al mundo”.

• Se implementará un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones.

Fortalecimiento de reservas 

• Se acordó un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros sectores que ingresarán en los próximos 60 días por un total de US$5.000 millones que pasarán a engrosar las reservas del BCRA. Según dijo, ese es un compromiso que se cumplirá porque “está firmado”. 

• Se avanza en un desembolso por US$1.200 millones con organismos internacionales por programas vigentes. Y hay programas en en estudio. “En los próximos días se firmará con la CAF un desembolso por 750 millones de dólares adicionales”, dijo. 

• Habló de cuatro ofertas de créditos Repo para fortalecimiento de reservas, en referencia a un mecanismo por el cual una entidad compra bonos soberanos argentinos a cambio de la promesa de recompra e un plazo estipulado, con un interés. “Tres de instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que vamos a estar resolviendo en las próximas tres semanas nos han acercado sus propuestas”, puntualizó.

• “Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el FMI para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos”, informó Massa.

Desarrollo con inclusión

• En materia de jubilaciones, anunció que el 10 de agosto anunciarán  el índice de movilidad jubilatoria “con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación”.  

•Trabajo: “Vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares”, un “reestudio”.  

• Planes: Massa dijo que encarará una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento de cooperativas y la protección en caso de situaciones de vulnerabilidad.

El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empezará una auditoría que realizarán las universidades. Quién no la cumpla recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la ANSES. “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo, permanente”.

Según detalló, la idea es que aquella persona que tenga un plan e ingrese a una empresa mantenga el plan por un año. El empleador paga la diferencia del salario más la ART y la obra social. “Al año el trabajador tiene que optar si se queda con el trabajo registrado o si vuelve al plan”, precisó.

• Crédito Argentino: se inició una unificación de los programas de crédito en una sola línea, que se llama Crédito Argentino, y que va a contener todas las políticas de promoción del crédito para los sectores productivos, pymes y comercio. Implica un total de $400.000 millones hacia fin de año.

Massa anunció que lanzará un “canje voluntario” para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días, que finalizará el martes, y para el cual ya tienen –según aseguró– compromisos de adhesión de más del 60%. “Esto es para que aquellos que especularon con un reperfilamiento de deuda entiendan que no hay que llevar zozobra a la población”, lanzó. 

Por otra parte, dijo que se licitará el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, de Saliqueló a San Jerónimo, con financiamiento privado y anunció un programa para formar en los próximos 12 meses a 70.000 nuevos programadores.

Antes de cerrar la conferencia, Massa hizo dos convocatorias al diálogo. Por un lado, le habló al Congreso para pedir el “rápido tratamiento” de las leyes que benefician en términos impositivos a la Construcción, a la bio-nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz. Porque son, señaló, grandes generadores de empleo y crecimiento. “Y a la Mesa de Enlace, para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos”. Consultado por posibles cambios en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, dijo: “No nos antepongamos condiciones antes de sentarnos a negociar”.

Massa continuará mañana con la presentación del equipo que lo acompañará en la función. Resta conocer quién ocupará el cargo de viceministro y si habrá o no modificaciones en la Secretaría de Energía y entes reguladores, donde continúan en sus puestos funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

DT