En al menos dos oportunidades desde diciembre de 2023, Javier Milei se reunió con el director de La Nación, Fernán Saguier. Una transcurrió en malos términos y concluyó en un precario acuerdo, y la segunda comenzó con cierta compostura y derivó en una brusca expulsión del editor, acompañado por agentes de seguridad, con la advertencia de que no volvería a pisar el despacho presidencial.

Hacia fin de 2024, con un año en Casa Rosada, el Presidente ultraderechista creía ver una campaña en su contra en el diario conservador. Las páginas de La Nación se dividían entre una inocultable adhesión al Ejecutivo en sus editoriales y algunas columnas de opinión, matices o marcada distancia en otras, y una agenda informativa crítica, sobre todo en la sección política. En cambio, el canal de noticias de la familia Saguier, LN+ —en el que Luis Majul ocupa espacios centrales y tuvo peso en la programación—, exhibía un oficialismo bastante homogéneo, que satisfacía el exigente paladar gubernamental.

Milei protestaba en público y apuntaba específicamente contra Julio César Saguier, presidente del directorio de La Nación, de perfil conservador y encargado de las relaciones empresariales y políticas. “Los esbirros de Julio César Saguier tienen la orden de dar siempre una visión negativa”, posteó el Presidente el 27 de octubre de 2024. “JC, sé que te caigo mal, pero así es la democracia”, apostilló al día siguiente.

De acuerdo a dos fuentes independientes entre sí, Majul ofició de intermediario de los encuentros. La primera información sobre una cita conflictiva en Olivos fue dada por el periodista Roberto Navarro, en El Destape. Consultado por este medio, Majul negó haber hecho alguna gestión. Una versión indica que un tercer encuentro entre Milei y Saguier ocurrió en el despacho de éste en el quinto piso del edificio de La Nación, en el municipio de Vicente López, pero no pudo ser corroborada.

El único ingreso de Saguier a Casa Rosada está registrado el 29 de noviembre de 2024, a las 13.15, y quien habilitó la entrada por Balcarce 24 fue Manuel Adorni.

Por esos días, La Nación cuestionaba a Milei por la no sanción de la denominada “ficha limpia” —ahora reflotada—, que procuraba impedir las candidaturas de procesados y condenados por corrupción. Se trataba de una agenda por la que el macrismo decía luchar desde hacía años, y que los Saguier asumieron como propia. El contrapunto sobre el tema rompió el sesgo oficialista de los editoriales de la anteúltima página. “Ganó la ficha sucia”, sentenció la opinión institucional del diario.

La tormenta del primer encuentro se desató apenas Milei tuvo enfrente a Saguier. Con gritos y acusaciones, el Presidente exigió renuncias de cinco miembros del staff: el periodista de investigación y prosecretario de redacción Hugo Alconada Mon, los columnistas políticos Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Jorge Fernández Díaz, y la periodista de economía Florencia Donovan. De todos ellos, Donovan era la que más había tratado con Milei, antes de su ascenso político.

La molestia de Milei abarcaba desde informaciones que consideraba motivadas por intereses espurios o prejuicios ideológicos, opiniones por las que se sentía ofendido y meros matices en el abordaje económico. El Presidente ya había bloqueado e insultado a Alconada Mon en Twitter. A diferencia de un agravio frecuente disparado a los periodistas de política del diario (“ensobrados amarillos”), lo despreciaba por “socialista”. A esa altura, Alconada Mon había informado sobre los pagos irregulares a Milei del Banco Provincia, durante la gestión provincial de Daniel Scioli, y las inversiones en Miami y los subsidios estatales gozados por Beto Milei, padre del mandatario. En el caso de Pagni, el reproche mayor era que supuestamente había puesto en duda su salud mental en charlas reservadas ante inversores, lo que el mandatario asumió como un agravio irreparable. Además, entre opiniones en general matizadas sobre el Gobierno, Pagni puso el foco en Leonardo Scatturice y Pablo Otero (“el Señor del Tabaco”) como empresarios con terminales en despachos clave del Ejecutivo, otro factor que le ganó la ira presidencial y de Santiago Caputo.

Saguier no cedió al reclamo. “Gracias, pero la decisión sobre quiénes integran la redacción es mía”, le dijo a Milei. A cambio, le tendió un puente: firmar columnas mensuales en el diario. La reunión concluyó a las 14.25 con un principio de acuerdo. Se concretaron tres notas con la firma presidencial, fechadas el 3 de enero, 7 de febrero y 8 de marzo de 2025.

Aunque como consecuencia del turbulento encuentro hubo alguna regulación en cuanto a los tiempos de ciertas informaciones, el rumbo periodístico del medio insignia de los Saguier continuó con una agenda incómoda para el oficialismo en la sección política, alimentada por las coberturas de la presunta criptoestafa $LIBRA, las probables coimas del 8% en la Agencia de Discapacidad y los enriquecimientos de José Luis Espert y Manuel Adorni. Los matices permanecieron en la agenda económica y los editoriales del diario y el prime time de LN+ se afirmaron como trincheras oficialistas. Suele darse que ciertos segmentos de la pantalla televisiva parecen al menos disimular las ofensas del Presidente a periodistas del diario.

Si bien la dirección de La Nación corresponde a Fernán Saguier —psicólogo de profesión, con experiencia como corresponsal en Estados Unidos—, el peso del abogado Julio César se refleja en los textos de los editoriales. El presidente del directorio tiene llegada fluida a jueces y fiscales de Comodoro Py, y es interlocutor privilegiado del mundo de los negocios y la Asociación Empresaria Argentina. En cuanto a los otros hermanos, el ingeniero industrial Luis se ocupa de los números de la empresa, el arquitecto Alejandro se encarga de temas logísticos y la docente Florencia encabeza la Fundación La Nación. La sexta hermana, María Luz Saguier, se dedica al negocio agropecuario y el transporte de cargas.

La siguiente reunión entre Milei y Fernán Saguier fue a solas en la primavera del año pasado, por la mañana. Una de las fuentes la situó en septiembre de 2025 en Olivos, la otra no lo precisó.

El director de La Nación se encontró con un Presidente afable, que tenía preparada una carpeta con recortes y notas impresas que le habían resultado agradables. Un dato saliente es que Milei portaba el mameluco de YPF que viste cuando juega con sus perros. En un momento, volvieron a surgir los nombres de Pagni y Alconada Mon, y Milei salió de sí. Increpó al visitante y se refirió a ambos periodistas como “sorete” e “hijo de puta”, términos cotidianos en su léxico. Saguier apenas pudo pronunciar palabra, hasta que el mandatario lo echó y lo hizo acompañar por la seguridad: “No vas a volver a pisar este lugar mientras yo sea Presidente”. El director del diario conservador salió con la impresión de que le habían tendido una celada, sólo para que escuchara la furia de Milei.

El “kiosquito” y los Macri

Así como el inquilino de Casa Rosada atribuye toda mirada no complaciente que se esboza en el multimedios Clarín al objetivo empresarial de que Telecom termine de absorber Telefónica, también apunta a intereses económicos y políticos de los Saguier para administrar su agenda. “El Presidente le dejó claro que La Nación defiende su kiosquito”, dijo una voz gubernamental.

Aunque los negocios del Grupo La Nación son por montos menores que los de Clarín, un apellido exacerba la prevención en Milei: Macri.

Durante años, periodistas y empresarios como Jorge Lanata, Daniel Vila (A24, La Red, América TV) y Jorge Fontevecchia (Perfil) atribuyeron a Mauricio Macri la propiedad en las sombras de LN+. En el Gobierno renacieron las suspicacias ante una agenda adversa que se filtra en ciertos segmentos del canal desde febrero pasado.

Un hito que marcan en el oficialismo es la concesión por diez años del predio de Costa Salguero a una sociedad entre Clarín y La Nación. Esas hectáreas privilegiadas sobre el río de la Plata estuvieron históricamente ligadas a empresarios cercanos al PRO, y acaban de ser asignadas por el Gobierno de Jorge Macri al duopolio informativo. El canon ofrecido por los ganadores fue inferior al de su competidor en la licitación, Eduardo Elsztain, empresario de excelente vínculo con los Milei. Sin invertir en infraestructura, Clarín y La Nación ya están anunciando muestras en Costa Salguero (rebautizada como BA Ferial) a partir del invierno, que dejarán de llevarse a cabo en La Rural de Palermo, predio explotado por IRSA, la firma de Elsztain.

Otro tema en la agenda de la pelea entre el Gobierno y La Nación es la remodelación del Luna Park. El diario de los Saguier viene informando profusamente sobre el supuesto daño en el patrimonio arquitectónico del mítico estadio que supondría la obra que propone llevar a cabo la empresa DF Entertainment. En la lectura del Ejecutivo, los accionistas de La Nación —que pugnaron por la licitación por el Luna Park— procuran evitar a toda costa la construcción de un microestadio que compita con el Movistar Arena, propiedad de los Saguier. El histórico estadio de box del Bajo porteño pertenece al Arzobispado, pero en la divisoria de aguas, DF Entertainment quedó cerca de Milei.

A ello se refirió el Presidente en una de sus últimas ofensivas. “Basura inmunda” le disparó Milei a Jorge Liotti, principal columnista dominical de La Nación y jefe de la sección política. “Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable”, abundó. En Casa Rosada tradujeron esa frase como una alusión al negocio del Luna Park, otro “kiosquito”.

El mismo día de ese agravio, La Nación publicó un editorial titulado “Preservar el programa, proteger a Milei”. El texto, elogioso hasta lo empalagoso de las políticas económica y exterior del Gobierno ultraderechista, pareció sugerir que era necesario desprenderse de Adorni, a quien no mencionó. Consideró imperioso bloquear el regreso del peronismo porque, de lo contrario, “nos hundiremos en lo más profundo de un décimo círculo donde Dante Alighieri hubiera puesto a los países fallidos e irrecuperables”.

Un texto enjundioso que reencuentra a las fraternidades Saguier y Milei.

Sin embargo, como nada parece ser suficiente, horas más tarde, el Presidente apuntaría otra vez a Pagni en una carrera ilimitada por la ofensa. Por una confusión menor durante el programa “Odisea”, en LN+, sobre el mes de inicio del mandato ultraderechista, Milei arremetió: “delincuente mal parido”.

SL

slacunza@eldiarioar.com

En medio de un desbande en los servicios de espionaje que parece motorizar las decisiones del Gobierno de los hermanos Milei, se produjo un movimiento llamativo en torno a Comodoro Py, vecindario contiguo a la Inteligencia estatal y paraestatal.

El domingo, La Nación (diario) publicó que el Gobierno y San José 1111 estaban negociando dos nombres para ocupar las sillas vacantes de la Corte Suprema, y que los apuntados serían la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti y el camarista del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Llorens.

Al día siguiente, la desmentida llegaría en boca del periodista Luis Majul, en la pantalla de La Nación (TV):

“El propio presidente Javier Milei acaba de desmentir la información según la cual se está negociando con el peronismo por dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Esta versión apareció en las últimas horas, fue reproducida por importantes portales y medios de comunicación. Desde lo más alto del poder, se desmiente”.

Majul agregó:

“Una aclaración muy importante. Mariano Llorens, no sé si es oficialista o no, creo que no. Lo que sí es un camarista muy respetado, muy prestigioso, e implacable e impecable desde el punto de vista técnico”.

La información publicada y desmentida en el mismo multimedios corrió como telón de fondo de una semana agitada, que incluyó una imputación pormenorizada a una quincena de empresarios, funcionarios y lobistas por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un informe que da cuenta del grado de involucramiento de Javier Milei en la estafa $LIBRA, una trifulca callejera en una vereda de San Isidro entre el titular de la Secretaría de Inteligencia y su segundo (revelada por este diario), y el eterno retorno de las dudas sobre cómo afrontará el país los pagos de la deuda externa en 2026, cuando se desvanecen algunas de las proclamas de decenas de miles de millones de dólares agitadas por la dupla Scott Bessent-Luis Caputo.

Un testimonio de una persona que conoce la intimidad de Olivos grafica la aflicción que atraviesa al funcionariado. En un encuentro casual con este cronista, la persona ensaya una defensa cerrada del Gobierno. Recita el repertorio conocido, contiene sus gestos, se deja hablar por su mirada, hasta que se confiesa abatido. Baja la voz. “Tenés que entender que si alguien me saca una foto hablando con vos, puedo tener problemas serios en mi vida personal y pública. Sé por qué te lo digo”.

La versión sobre las vacancias en la Corte encuentra al nombre de Fernández Sagasti como un distractivo, como lo interpretó la propia senadora por Mendoza, cuya terminal política explícita es San José 1111, domicilio en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

De buenos vínculos personales con las diferentes tribus de la bancada peronista de la Cámara Alta, Fernández Sagasti sabe que la rareza de que una senadora salte a la Corte encontraría, como mínimo, renuencia en una parte del bloque peronista y sería indigerible para las diferentes derechas. Los dos tercios necesarios requerirían alineamientos de legisladores del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y/o algún provincial. Cuesta prever un escenario en que eso sea factible.

¿Y Llorens? ¿Quién está detrás de ese globo de ensayo, que encuentra promotores que prometen no rendirse fácilmente, pese la desmentida que Milei le transmitió a Majul?

Con todo el poder que acumuló Macri en sus primeros años en Casa Rosada, mientras unos cuantos diputados y senadores peronistas se mostraron ávidos por “darle las herramientas”, el Gobierno de Cambiemos tuvo más fuerza para desplazar jueces y fiscales indeseables que para nombrar a los propios con el procedimiento que marca la ley. En la Cámara Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Py), sólo lo logró una designación: Llorens. Las otras dos incorporaciones, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ingresaron por la ventana, mediante un traslado ilegal desde otra jurisdicción, como determinó la Corte Suprema, pese al permiso especial para que siguieran en funciones.

Exsecretario de un tribunal del fuero penal ordinario de Capital Federal, “El Huevo” Llorens—así le dicen sus amigos— participó de un concurso eterno para convertirse en camarista, abierto en 2008. El trámite tuvo alzas y bajas, cambios en el orden de mérito, anulaciones y misteriosos desistimientos. En febrero de 2018, Macri lo rescató en una terna elevada por el Consejo de la Magistratura y rápidamente logró el aval del Senado, con el voto de oficialistas y peronistas.

Una fuente al tanto de ese concurso explica el consenso en 2018, cuando el Gobierno de Macri ya empezaba a tambalear: “era el candidato de la SIDE, y no sólo del sector de Macri”. En los pasillos del edificio de Retiro, el trazo que une a Llorens con los servicios es mencionado una y otra vez, con una atribución específica a la escudería de Antonio Jaime Stiusso, el histórico que se avanzó en la Casa durante la dictadura, acumuló un poder absoluto con los Kirchner, hasta que se convirtió en su peor enemigo en 2014 y pasó a actuar como un aliado táctico, primero de Sergio Massa y luego de Macri.

'El Huevo' llegó a pedir la detención de Cristina en 2022, en el marco de una causa por el traslado de muebles al Calafate. Pero hay límites. Su parentesco con Rafael Llorens le permitió apartarse en causas sensibles al mundo De Vido

Entre la mesa judicial que coordinaban el ministro Germán Garavano y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón —ambos abogados de Macri—, el lobista y binguero Daniel Angelici, las terminales de la SIDE y el vínculo con su primo, Rafael Llorens, exsubsecretario legal del Ministerio de Planificación, de máxima confianza de Julio De Vido, la postulación avanzó en el Senado sin ninguna impugnación en su contra. Los puentes con un sector del kirchnerismo fueron evidentes.

En junio de 2018, Llorens pasó a ocupar la anhelada silla de la Cámara Federal por la que pasan todas las causas de corrupción que atañen a integrantes del Poder Ejecutivo. Muestra desde entonces una coherencia “implacable”, por utilizar un adjetivo de Majul. Sus votos han sido siempre a favor de los intereses de Macri y en contra de los de Cristina.

“El Huevo” llegó a pedir la unificación de todas las causas contra la expresidenta porque así corresponde hacerlo ante “el crimen organizado”, y propuso su juicio político y detención en 2022, en el marco de una causa por el traslado de muebles al Calafate en aviones oficiales. Pero hay límites. Su parentesco con Rafael Llorens le permitió apartarse en causas sensibles al mundo De Vido; por ejemplo, los Cuadernos de Centeno.

El camarista quedó en un lugar incómodo cuando pareció que se había dejado hacer un gol en un tiro libre pateado por Mauricio Macri en la quinta “Los Abrojos”. El registro, salido a la luz en 2022, mostró a Llorens en su papel de arquero del equipo Liverpool, escudería que también integraban un juez y un fiscal que participaron del juicio oral contra la expresidenta en la causa Vialidad. Otra historia de los republicanos argentinos.

Rebotes en el medio

El discreto silencio del sistema de poder en torno a la postulación de Llorens para la Corte contrasta con la munición gruesa disparada contra Ariel Lijo, candidato a ocupar el mismo puesto meses atrás, hasta que fue rechazado en el Senado. El histórico juez que sobrelleva un cúmulo de irregularidades a cargo del juzgado 4 de Comodoro Py cosechó apoyos interpartidarios y económicos, varios inconfesables, pero también una resistencia extraordinaria entre factores de poder, en un rango que fue desde la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, los estudios de abogados tradicionales y antiguas facciones de la SIDE y sus terminales mediáticas que rivalizaban con la de Stiusso. Algo hay en Llorens que calma la tirria que despertaba Lijo.

El reciente impulso a Llorens encuentra dos nombres ineludibles: Lucas Nejamkis y Julián Leunda. La dupla surge de fuentes con conocimiento de conversaciones en curso, cuyo alcance se parece más a un primer paso para vencer resistencias y empezar a negociar antes que un acuerdo entre quienes en público se dan el trato de enemigos, como Milei y Cristina.

Nejamkis, exfuncionario de los Kirchner y antigua mano derecha de Juan Manuel Abal Medina, se presenta como gestor de la “consultoría de crisis” que encabeza Stiusso.

Espías, entornistas y funcionarios no se ponen de acuerdo sobre la vigencia de “Jaime”, y hasta qué punto Nejamkis es su colaborador o su heredero. Algunos describen a Stiusso como un espía jubilado que se aprovecha de contingencias que habilita el desbande de la SIDE actual, sometida a una disputa paralizante entre Santiago Caputo y los Menem. Cuando ve una hendija, Stiusso actúa, ofreciendo hasta lo que no tiene. Otros, en cambio, narran un poder articulado y vigente, que mueve las fichas y encuentra actores que le obedecen en terrenos contradictorios de la política, el periodismo y los negocios.

La trayectoria del chubutense Leunda habla por sí sola. Llegó joven, hace unos diez años, al Grupo Indalo. Cuando Cristóbal López y Fabián de Souza estuvieron detenidos por la ofensiva del macrismo (2017-2019) y el conglomerado económico se resquebrajaba, Leunda actuó como ejecutor de las directivas del segundo. Aquellas visitas a la cárcel de Ezeiza sellaron una relación de largo aliento.

Con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Leunda pasó a ser vice y luego jefe de Asesores de la Presidencia. Entabló una relación de confianza con Fernández, al punto de que se transformó en su compañero de almuerzos en Casa Rosada varios días por semana. Un síntoma de la intrepidez de Leunda y la soledad de Alberto.

La carrera política del jefe de Asesores llegó a su fin en diciembre de 2022. Ese mes salió a la luz el viaje de lujo al paraíso de Lago Escondido en la Patagonia, organizado por el Grupo Clarín para jueces, fiscales, agentes de Inteligencia y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, entonces principal presidenciable.

En un sector del kirchnerismo, incluidas terminales empresariales y mediáticas, anida la idea de que hay que hacer las paces con Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios, porque es una pelea que se perdió

Tras el impacto de la difusión del viaje, se conocieron chats del Telegram grupal para ocultar la excursión y articular la venganza. En los intercambios, el ejecutivo de Clarín Pablo Casey, el juez federal de Casación Carlos Mahiques y el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, narraron que los había llamado Leunda para garantizarles que la noticia de Lago Escondido no saldría en los medios de Indalo: C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero. La oferta se hizo pública y, sin margen para otra cosa, Leunda renunció al Gobierno.

La fallida jugada, si bien temeraria, no fue un arrebato personal. En un sector del kirchnerismo y el peronismo, incluidas terminales empresariales y mediáticas, anida la idea de que hay que hacer las paces con Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios, porque es una pelea que se perdió. Voces que incluso transitan el Instituto Patria y visitan a Cristina sostienen que un exceso de ideología y de intransigencia personal llevó a la expresidenta a entablar una guerra que le costó caro a ella misma y a todo su movimiento político. “Dinamitó todos los puentes y rompió a demasiada gente”, es el reproche habitual.

Tras la salida del Gobierno de Alberto, Leunda volvió a su función formal como alfil de De Souza en Indalo, tarea que acaso compartía con la función pública. En mayo pasado, Cristóbal López se hizo cargo de los medios del conglomerado, desplazó a De Souza y a sus ejecutivos principales, Leunda e Ignacio Vivas.

Por esas vueltas de la vida, quien reemplaza a Leunda en Indalo Medios es D’Alessandro, el exministro de Larreta que integró la comitiva a Lago Escondido y recibió aquel mensaje para acallar las repercusiones que pretendía ser tranquilizador.

Con todo lo que asoma en contra, una voz que conoce los diálogos preliminares para ascender a Llorens hasta la Corte ve un camino posible. “Tiene chances el Huevo. Las resistencias con él son menores que con Ariel (Lijo)”.

Neiffert se muestra

Fue una semana caótica en los servicios. Alejandro Rebossio y Pedro Lacour agitaron el avispero desde este diario al informar la trifulca entre el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, José Lago Rodríguez, cuando éste se acercó hasta San Isidro para pedirle la renuncia en nombre de Santiago Caputo, el 7 de noviembre pasado.

Neiffert se apartó de la esfera de Santiago, promotor de su designación gracias a una antigua relación del padre de éste con el peronista PRO de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, a quien sirvió en el sentido amplio el hoy titular de la SIDE. En el marco del distanciamiento con Caputo, Neiffert se reservó para sí la firma de las partidas presupuestarias, lo que dejó a Lago Rodríguez con las manos atadas para soltar pagos. A Lago y a Ignacio “Nacho” Jiménez, otro caputista de la SIDE señalado como presente en el apriete a Neiffert, les atribuyen el mote de Peaky Blinders, aunque al segundo le asignan una brusquedad más criolla.

El titular de la SIDE quedó en una posición similar a la del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. El eje Karina-Eduardo “Lule” Menem no lo considera propio, pero en este momento, el statu quo resulta útil para frenar a los hombres de Santiago y terminar de oxidarle la botonera.

Neiffert siente la necesidad de que lo vean. El martes, se mostró en la fiesta anual de la Embajada británica por el cumpleaños del rey Carlos, uno de los cinco eventos diplomáticos más concurridos, al que asisten ministros, jueces, fiscales, legisladores, lobistas, periodistas, figurones y figurettis. Que un jefe de espías concurra a una celebración de una embajada extranjera ya es de por sí inusual. Que circule entre personas que dialogan copa en mano acompañado de dos guardaespaldas ampulosos transmite un mensaje adicional.

Así las cosas, sin ley, inorgánicos y cuentapropistas de la SIDE hacen de las suyas.

A los tumbos

El Gobierno actúa a los tumbos en las tres causas que apuntan una corrupción sistemática y a gran escala: $LIBRA, ANDIS y los aportes de Federico Machado a José Luis Espert. Las sospechas se interrelacionan con la repetición de lobistas y vehículos de la corrupción en todos los casos, como si hubiera una subtrama que conduce a la política argentina y al Gobierno ultra en particular.

La prensa oficialista hace malabares para torcer el rumbo de $LIBRA y ANDIS. Si en efecto hubo corrupción en la criptomoneda lanzada por la gavilla que visitaba Casa Rosada y en las licitaciones de medicamentos para discapacitados, la responsabilidad final conduce a los hermanos Milei. Ni las presuntas coimas de ANDIS ni la estafa $LIBRA podrían haber existido sin la anuencia de la dupla gobernante.

Cabe prestar atención a los esbozos de periodistas y panelistas de Inteligencia.

Estos días, se los vio arrojar el nombre de Melody Rakauskas, una modelo que lleva la marca de la extorsión en cada uno de sus pasos, para mezclarla con las coimas de ANDIS, porque dijo haber estado en la casa de la calle Defensa, en San Telmo, en la que el lobista Miguel Ángel Calvete entregaba y recibía presuntas coimas. Un dato, que, si es cierto, ocurrió años atrás, y si da la pauta de otros delitos, son irrelevantes para las coimas en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS).

Una fuente con conocimiento del expediente ve un intento de manual: introducir nombres de impacto mediático para desviar el eje.

Tiempo atrás, ese segmento de la comunicación se dedicaba a difundir presuntos fraudes en el otorgamiento de pensiones y beneficios para discapacitados, mientras los funcionarios de Milei perpetraban actos vandálicos que ahora quedan evidenciados.

No hay que perder de vista lo importante: un presunto esquema de coimas sistematizadas en el que intervinieron droguerías y laboratorios nacionales y extranjeros, una burocracia alquilada al macrismo y un arribista designado al frente de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por ser el mejor amigo de Javier Milei. Irritado porque los Menem y Karina se querían quedar con todas las coimas, le avisó al Presidente, y éste no hizo nada, según el audio con su voz que dejó absorto al Gobierno.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Una forma de constatar si el Caso Cuadernos representa “el mayor juicio contra la corrupción de la historia” o una fraudulenta maniobra judicial es dar cuenta de la versión oficial de quienes edificaron el expediente: el diario La Nación, el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En septiembre u octubre de 2017, un expolicía, José Bacigalupo, recibió una caja cerrada de manos de su conocido Oscar Centeno, un exsargento y exchofer del ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta. Bacigalupo sintió curiosidad porque Centeno le comentó la sensibilidad de la información contenida en la caja, la abrió y se encontró con una bitácora con fechas, lugares, montos, coimeros y coimeados, anotados en ocho cuadernos a lo largo de varios años. Estaban mencionados buena parte de los empresarios más acaudalados del país y el entramado de obras públicas de los gobiernos de los Kirchner. El escándalo golpeaba, literalmente, las puertas de Cristina.

Bacigalupo sentía —según contó a La Nación— que el problema del país no eran “los que están (Macri), sino que éstos (Cristina) van a volver si no se los para”. Tamaña vocación ética y republicana empujó al expolicía a entregar el material a su vecino Diego Cabot, a quien admiraba por su trabajo periodístico. Era enero de 2018, cuando el Gobierno de Cambiemos comenzaba a empantanarse por el fin del festival financiero y el recorte de 20% de las jubilaciones, versión macrista de la motosierra. Bacigalupo olfateaba —con alguna razón— que Cristina podía volver.

La Nación clasificó y fotocopió el contenido de los ocho cuadernos, y los devolvió a Bacigalupo el 21 de marzo de 2018. El expolicía reintegró los textos a Centeno, quien le reprochó que la caja estuviera abierta. La queja, por suerte, se desvaneció en el instante, según contó el expolicía a Cabot.

Pocos días después, La Nación contactó al fiscal Carlos Stornelli. El medio entendió que debía coordinar las acciones con el fiscal que se había transformado en un azote de los funcionarios kirchneristas desde Comodoro Py, junto al juez federal Claudio Bonadio. Éste había intentado avanzar contra Baratta y su histórico jefe, Julio de Vido, en una causa por la compra de gas natural licuado, pero tuvo un traspié porque un perito plagió su informe con fuentes inconexas de internet. La frustración, que ya entonces estaba expuesta, no impidió que el mismo juzgado absorbiera la denuncia que llegaba desde Bacigalupo por intermedio de La Nación.

El diario analizó que la publicación del contenido de los cuadernos sin la venia de Stornelli y Bonadio daría tiempo a que los nombres anotados por Centeno eliminaran pruebas o se dieran a la fuga. Correspondía —evaluó La Nación— darle cuerpo a una causa en beneficio del país, al costo de resignar el valor periodístico esencial de informar con plena libertad.

“Avanzá”

Pasaron unos meses y llegó el momento. “Avanzá lo antes que puedas”, instruyó una fuente de Comodoro Py a Cabot el 30 de julio de 2018. Al día siguiente, el periodista se reunió con Bacigalupo y Stornelli en un café en la intersección de Cabildo y Federico Lacroze, barrio de Belgrano.

El expolicía que había descubierto ese tesoro periodístico sintió algún remordimiento porque la judicialización del caso perjudicaría a su compinche Centeno, quien había confiado en él al entregarle los cuadernos en custodia. “Yo le dije al Negro que iba a terminar preso si no se presentaba ante la Justicia”, se consoló Bacigalupo.

El 1 de agosto de 2018, el diario conservador informó en un título secundario de tapa que Centeno había sido arrestado, sin mayores detalles. “Coimas: una detención impacta al kirchnerismo”. Fue una forma sigilosa de dar la campana de largada y pisar la primicia. En la madrugada de ese día, con los diarios en proceso de distribución, se dispararon decenas de allanamientos y arrestos gestionados por Stornelli y aprobados por Bonadio.

La Nación se felicitaría en las horas posteriores por “privilegiar la institucionalidad a la primicia”. Tuvo su recompensa. Con el dato de los allanamientos que le habían pasado desde Comodoro Py, consiguió la foto exclusiva de Baratta saliendo de su domicilio en Belgrano, esposado y con la mirada desconcertada.

Además de Cristina y funcionarios de su Gobierno, el festival de nombres lanzados entre el 1 y el 2 de agosto de 2018 incluía a íconos del mundo empresarial como supuestos pagadores de coimas: Corporación América (Eurnekián), Roggio (Aldo Roggio), IECSA (Calcaterra-Macri), Electroingeniería (Ferreyra), IMPSA (Pescarmona), Isolux, Taselli, Chediack, MSU (Santos Uribelarrea), Albanesi (Loson), Panedile (Dragonetti), Esuco (Wagner) y otros.

Sin embargo, uno en particular, acaso el más relevante del firmamento económico argentino, no fue mencionado ni por La Nación ni por Stornelli en su raid mediático de aquellas horas. Pasarían tres días hasta que Infobae, tras acceder a los textos, titulara el 4 de agosto: “Los detalles de los traslados de ‘bolsos’ y ‘paquetes con dinero’ entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner”.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

Resultó que el chofer de Baratta había constatado nueve visitas a la sede de Techint para trasladar “bolsos” y “paquetes”. En particular, el contacto del Gobierno de los Kirchner con Techint había sido a través de Héctor Zabaleta, encargado de operaciones no estructuradas, y Luis Betnaza, principal ejecutivo del grupo y mano derecha de su mayor accionista, Paolo Rocca.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

La respuesta se terminaría de redondear con el tiempo.

Rocca asumió la responsabilidad días después de los allanamientos iniciales. Dijo que había entregado millones de dólares en coimas para “defender a nuestra gente” en Venezuela luego de la decisión de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor, en 2008. “Entiendo que Luis Betnaza cedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces (de Cristina)” para organizar la salida de cientos de empleados de ese país, que supuestamente se encontraban en condiciones apremiantes. Cabe intuir que la amenaza de Chávez a Rocca por la integridad física de sus ejecutivos fue bastante silenciosa, porque no había habido ninguna noticia por el estilo entre 2007 y el 16 de agosto de 2018, cuando Rocca explicó lo sucedido.

Esa versión no es la que reflejaron los documentos diplomáticos estadounidenses expuestos en los cables de WikiLeaks. Por el contrario, esos textos confidenciales expusieron reuniones del embajador estadounidense con Rocca que dieron cuenta de una coordinación acompasada entre la empresa y el Gobierno de Cristina para reclamar a Chávez una indemnización. Si el accionista de Techint tenía alguna preocupación por sus empleados, no la mencionó a la Embajada de Washington en Buenos Aires. Al embajador estadounidense le sorprendió el generoso monto de la compensación obtenida por Techint: US$1.970 millones.

En 2021, el juez federal Julián Ercolini, con la causa derivada en su juzgado tras el fallecimiento de Bonadio, dio por probada la entrega de dinero a Baratta por parte de Techint, pero argumentó que obedeció a “razones humanitarias” para salvar a su gente de las represalias de Chávez. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos. Stornelli no apeló, tampoco lo hizo en tiempo y forma la Unidad de Información Financiera bajo el Gobierno de Alberto Fernández, y la decisión quedó confirmada.

Las sortijas del fiscal

Otro pilar de la causa son los arrepentidos.

Según informó La Nación el 8 de agosto de 2018, Stornelli les dijo a los abogados de un ejecutivo de Isolux que no había “sortijas para todos”, como si el arrepentimiento no fuera una delicada figura penal acorde a pautas estrictas, sino una zanahoria a discreción del fiscal.

Quienes obtuvieron sortijas fueron más de treinta imputados entre empresarios, exfuncionarios y dos figuras centrales en el caso: el chofer Centeno y José López, aquel de los bolsos en el convento, ícono esperpéntico de la corrupción en los años de los Kirchner en Casa Rosada.

La ley establece que un arrepentido no puede ahorrarse información ni obstaculizar el desarrollo de la causa. Si esos extremos se comprueban, los beneficios otorgados se revierten, la pena se agrava y lo presuntamente confesado pierde valor. Centeno tuvo suerte.

Disparadas las primeras detenciones, Stornelli se lanzó con cierta desesperación a buscar los originales de las anotaciones, ya que sólo había recibido las fotocopias entregadas por La Nación. El fiscal allanó varios domicilios, sin éxito. Unos días después, Centeno confesó que había incinerado sus cuadernos Gloria, Convenor, Rivadavia y América en el mes de mayo de 2018, por sugerencia de un amigo. Su relato fue pormenorizado. “Me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Es decir, el chofer no colaboró, pero, no obstante, Stornelli aceptó sus confesiones y le concedió la libertad.

Centeno vivió desde entonces en una casa en Capital Federal a costa del erario público. Un año y medio después de su afirmación de que había quemado los cuadernos, éstos aparecieron sanos y salvos, menos uno, el quinto. Un desconocido abordó a Cabot en una esquina de Núñez como lo había hecho tiempo antes Bacigalupo. Tampoco ese giro implicó la revocatoria de la condición de colaborador de Centeno, lo que habría desmoronado buena parte del expediente.

Uno de los imputados, Armando Loson, accionista de la generador eléctrica Albanesi, detectó que su nombre había sido anotado en un cuaderno como Marcelo, y luego apareció corregido con otra letra. Encargó un peritaje y detectó cientos de presuntas modificaciones. Este año, informes oficiales de Gendarmería y Policía Federal incorporados al expediente confirmaron la existencia de tachaduras, enmiendas con corrector y agregados de terceros autores. Todo ello, en contenidos clave, como direcciones, nombres y montos de dinero. Otro peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reportó recursos lexicográficos distintos entre un cuaderno y otro, como si hubieran sido escritos o pensados por personas diferentes.

Jueces como fichas

A la turbiedad del origen de la causa direccionada al tándem Stornelli-Bonadio, premios y castigos a través de supuestos arrepentimientos e influencias políticas y económicas, y la prueba original que resucitó de sus cenizas como el Ave Fénix, se suma la composición del tribunal.

Un clásico de Comodoro Py consiste en manosear las causas hasta que son desplazados los jueces inconvenientes y quedan a cargo otros que ni siquiera corresponden al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Cristina, Germán Castelli, forma parte del cardumen que fue trasladado a dedo a Comodoro Py por el Gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir el requisito constitucional, en 2018. La Corte Suprema ya determinó que esas designaciones no son válidas, pero los trasladados seguirán en el cargo hasta que sean designados los ocupantes definitivos, con el voto del Senado. En otra de las piruetas absurdas del máximo tribunal, hace años imparten justicia magistrados que entraron por la ventana al fuero de las causas más políticas del país.

Una jueza suplente del tribunal oral, Gabriela López Iñiguez, que no responde a la mesa judicial que mueve las fichas en Comodoro Py, fue separada del caso porque en otro expediente dedicó párrafos críticos al fiscal Stornelli. Sus colegas intuyeron que podía ser parcial. En su lugar fue designado Néstor Costabel, recusado por Cristina porque ya actuó en otros expedientes que la tuvieron como imputada, pero resultó confirmado en el puesto. Por la aparente salud delicada de un magistrado titular, se supone que el primer suplente deberá actuar pronto.

Una mirada mínimamente legalista obligaría a diseccionar “el mayor juicio sobre corrupción de la historia” para separar la podredumbre y salvar indicios que, en efecto, alumbran una corrupción sistemática con la obra pública y las concesiones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En un fuero federal dominado por patas del macrismo, los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y una aristocracia judicial anquilosada, no caben esperanzas de que se cumpla el debido proceso.

El debate oral tendrá que escuchar a 71 imputados y más de seiscientos testigos. Salvo alguna maniobra procesal para economizar tiempo, cabe prever que el caso permanecerá abierto varios años. Si se quiere leer la influencia electoral que tendría otra sentencia condenatoria sobre Cristina, habría que pensar más en 2031 que en 2027.

El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso

En cualquier caso, el latido de un caso con estas características alimentará el engranaje que mueve la política argentina hace años. Un sector farisaico de la política, las instituciones y los medios clamará a los cielos ante algún testimonio o detalle “revelador”. Habrá indignaciones lacerantes en las noches televisivas de Clarín y La Nación, comunicados compungidos de alguna asociación empresarial y tuits lanzados por Fernando Iglesias desde su palacete en Bruselas.

Cristina y los suyos argumentarán que el proceso no es más que un escarmiento por su atrevimiento a meterse con “el poder real”.

Sin respuestas

La expresidenta tiene argumentos para señalar un mecanismo sistemático que la tiene a ella en el banquillo y a sus acusadores, impunes. La lentitud y negligencia en todo lo que atañe a Macri y Javier Milei son proporcionales a la animadversión en contra de Cristina.

La proclama será levantada en el expediente y en la política. El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso. Exigirá que cualquiera que esboce una candidatura pose con el cartel “Cristina Libre” como elemento central de campaña. Mientras, una gran mayoría de la sociedad seguirá pensando que la expresidenta es culpable y muchos hasta gozarán con la arbitrariedad en su contra, con lo que la derecha no se resistirá al incentivo de mantener el mecanismo vigente.

Nada de ello ahorra a Cristina y los suyos la necesidad de hacerse responsable de preguntas elementales.

Estas cuestiones, entre muchas otras, ya no serán respondidas por los Kirchner. Las tropelías judiciales que se cocinan en Comodoro Py les brindan un puente de plata para eludir explicaciones, con una razón legítima. En un sistema democrático, rigen el principio de inocencia y el derecho de defensa.

Sin embargo, la letanía de que toda acusación sobre corrupción responde a una “venganza” por aquellos años “maravillosos” no es lo que cabe para un nuevo liderazgo que se proponga pensar un futuro del peronismo y que el país salga de la encerrona en que se encuentra.

Las nuevas melodías deben exigir el respeto al estado de derecho, a la vez que retomar la decencia como bandera del progresismo y/o el peronismo. Sin atajos ni explicaciones pueriles que agravian el sentido común.

Si no es por convicción, que sea por estrategia.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Tras años de turbulencias, números clave de la economía marcan un período de cierto sosiego, lo que se transforma en el principal activo del Gobierno ultraderechista.

Una inflación mensual del orden del 3%, —un décimo de la que disparó Javier Milei con la devaluación récord no bien asumió—, el riesgo país por debajo de los 800 puntos y una cotización del peso tan fortalecida a esta altura del partido, sin una amenaza devaluatoria inminente, estaban fuera de los cálculos de un amplio rango de economistas.

Argentina sigue siendo uno de los países con mayor inflación y riesgo crediticio del mundo, pero en la foto de hoy, Luis Caputo doblegó pronósticos adversos que sostenían desde economistas críticos y opositores, tanto heterodoxos como ortodoxos, hasta oficialistas solapados y los viudos del proyecto ultraderechista que se dieron cuenta tarde —cuando fueron arrojados por la borda— de que Milei era terraplanista y violento.  

¿Se trata de una domada del león a los mandriles, como enuncia el Presidente y sus patotas digitales, y parecen admitir unos cuantos que en los papeles se ubican en la vereda de enfrente? ¿El escenario anticipa una hegemonía de largo alcance, como celebran animadores desde las pantallas televisivas de Clarín y La Nación?

Luis Caputo doblegó pronósticos adversos que sostenían tanto economistas críticos y opositores como los viudos del proyecto ultraderechista

Nuevamente se impone una digresión impropia de una nota periodística para explicar la figura BDSM omnipresente en la retórica del jefe de Estado. Milei alardea que somete sexualmente a los mandriles, esos simios que parecen tener el culo ardido, que serían sus críticos. Las disculpas del caso.  

Primero fue la presunción de que la estampida inflacionaria generada por la devaluación de 54,3%, en el tercer día del Gobierno, se iba a extender a todo el primer trimestre del año. No ocurrió. Por el contrario, los precios de enero, febrero y marzo se fueron alejando paulatinamente del 25,5% de diciembre de 2023.

Más tarde, se combinaron proyecciones de que la demanda salarial para recuperar algo del sablazo inicial y la presión de ciertos precios rezagados, los aumentos siderales de los servicios públicos y la acumulación de tasas en pesos muy positivas sobre el valor del dólar dispararían una dinámica que haría difícil que la inflación mensual bajara de 8%, luego de 4%, hasta llegar al 3%. Hasta ahí, Caputo la vio; el resto, grosso modo, no.

Los oficialistas cantan victoria. No sólo ellos. Voces que asumen ser o haber sido críticas describen que el Presidente y su ministro “meten todas las que tiran al arco”, y extienden el virtuosismo al plano político. El ultraderechista da siempre en el blanco —dicen sus admiradores de ayer y de hoy—, para desconcierto de sus opositores, sumergidos en internas y crisis de liderazgo.

El razonamiento exige una serie de artificios mentales.

Cuando despierte, el monstruo estará allí

El peso argentino fue una de las monedas del mundo que más se apreció desde enero, si bien partiendo desde un piso extraordinariamente bajo en diciembre. De esta manera, las ciudades argentinas pasaron de ser baratas o muy baratas en el contexto internacional, con excepción de textiles y tecnología, a tener precios similares a Europa y Estados Unidos en el supermercado y servicios básicos.

Caputo fue sacando conejos de la galera para patear la pelota hacia adelante: defaulteó deudas a los productores de energía como no había hecho ningún gobierno en los últimos veinte años, movió bonos de acá para allá, creó instrumentos financieros que acumulan los intereses en lugar de pagarlos, mandó reservas de oro al exterior con destino y propósito desconocidos, desatendió la meta de acumular reservas en el Banco Central para contener el tipo de cambio, subió impuestos para reemplazar la rebaja del gravamen a la riqueza y —la base de su “éxito”— orquestó un blanqueo de capitales con premios sin precedentes para los evasores.

La tasa de devaluación mensual de 2%, muy por debajo de la inflación, junto a la inédita recesión inducida por el Gobierno y la motosierra, han sido pilares de la contención de la inflación. No hay un mango en los bolsillos de los trabajadores, se importa poco y el Estado no emite dinero para solventar el gasto público, aunque crea burbujas financieras que se pagarán más adelante.

La alquimia dio resultado, con un detalle. Cuando la economía despierte, el monstruo de la falta de dólares y el cepo estará allí.  

El famoso carry trade hace que la deuda en pesos crezca mes a mes, rumbo al equivalente a US$100.000 millones adicionales en el primer año de Milei en el Gobierno. Se trata de títulos públicos que, llegado el caso, podrían intentar refugiarse en el dólar. No es una elucubración de un opositor, sino lo que el Presidente y su ministro temen, razón por la que mantienen el cepo. Si el peligro se vuelve realidad, será otra estampida inflacionaria y la escena final para el domador de mandriles.

Mientras tanto, el Banco Central sigue con reservas netas negativas, lo que quita herramientas tanto para mitigar una corrida contra el peso como para hacer frente a más importaciones si la economía comenzara a crecer. Hay versiones sobre un flujo de dólares por venir para aprovechar el verano financiero o las maxiganancias prometidas en petróleo, gas y minería. Por ahora, se verifica una dinámica en L (caída abrupta seguida de estancamiento) o como la pipa de Nike (rebote lento) para gran parte de la economía, con algunas excepciones, lejos de la “recuperación en V” que prenunciaban las flatulencias discursivas de Milei.

La secuencia fue ratificada el viernes por el estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC, que marcó no sólo una caída interanual de 3,3% en septiembre, sino una de 0,3% intermensual con respecto a agosto de 2024. Cae todo excepto intermediación financiera, minería y agro. Hablan los números, se acaba el vandalismo fascistoide de la tropa libertaria.

Promesas de deuda

La necesidad imperiosa de juntar dólares hizo que Milei y Caputo retomaran el anuncio de acuerdos inminentes con el Fondo Monetario Internacional u otro tipo de financiamiento, ya sea de un grupo de bancos o en el mercado internacional de bonos. Deuda sobre deuda, la savia por excelencia del elenco gubernamental.

Se da así un retorno al punto de partida. Un año atrás, antes de asumir la Presidencia, Milei encandilaba ante cámaras a Alejandro Fantino con secretos que guardaba en su celular sobre prestamistas que se desesperaban por llenar de dólares la economía argentina. “¿Querés que te muestre mi whatsapp?”, dijo un Javo seductor.

Nadie como Caputo y Federico Sturzenegger saben de la fragilidad de un panorama financiero estable en una economía con pies de barro. Quedó para la historia aquella foto de Sturzenegger y su segundo, Lucas Llach, con gesto erudito, anunciando una inflación de 10% para 2018 (fue el cuádruple). Cabe suponer que los entonces presidente y vice del Banco Central habrán sentido tanta seguridad como ahora para animarse a esa predicción; de lo contrario, se habrían ahorrado el ridículo.

Similar convicción habrá sentido el ministro de Finanzas de Mauricio Macri —casualmente, Caputo— cuando intentó impactar al mundo con un bono a 100 años por casi US$3.000 millones, que tuvo que ser reestructurado tres años después. El caso quedó como ejemplo bizarro en escuelas de finanzas del mundo.

Somos periodistas, queremos aplaudir

La narrativa de que “les salen todas” y “apuestan fuerte y ganan” es sostenida por propios y extraños, pero nadie lo hace con tanta vehemencia como los presentadores de radio, TV y streaming a quienes Milei premia con posteos aduladores y entrevistas abundantes en interjecciones festivas y risas nerviosas, pero carentes de preguntas.

Y sin embargo, Milei posa de que pelea con periodistas.

Como bien señaló un párrafo memorable de Joaquín Morales Solá de días atrás en La Nación, la actitud hostil y soez del mandatario hacia la prensa es, encima, desagradecida, porque apunta más que nada a semioficialistas, “el periodismo independiente que ha valorado sus logros económicos”.

Es tan denigrante la situación, que algunos de los agraviados ni siquiera atinan a responderle, como quien intenta disimular al grosero de la sala, y otros, abnegados, repasan las agresiones sufridas contra sí mismos o colegas del propio medio, al tiempo que juran lealtad. “Las formas son importantes, Presidente. Se lo digo bien”.

Nada es casual. Los modos de Milei avergüenzan a cualquiera, pero las pantallas argentinas llevan décadas de desprecio al “curro de los derechos humanos”, estigmatización de los “choriplaneros” y enaltecimiento del egoismo y la mano dura con un tinte racista indisimulado.

Esa prensa colabora en el prime time con la narrativa gubernamental, y encuentra eco en cámaras empresariales y ONG que pusieron en pausa sus preocupaciones republicanas para celebrar “el logro transformacional de Milei”: la rebaja de cinco puntos del gasto público en relación al PBI.

Resulta que el ultra es “valiente”, “hizo lo que nadie había hecho”, porque implementó una baja extraordinaria del gasto público a costa de los jubilados, la obra pública, las universidades y las transferencias a las provincias, junto a la quintuplicación de las tarifas de servicios públicos para eliminar subsidios.

El Gobierno al que le asignan pericia inusitada provocó que los ingresos de los trabajadores registrados del sector privado se ubiquen 5% por debajo del indicador de septiembre de 2023, y en el caso de los empleados públicos y los informales, 25%, tal como detalló el economista Juan Manuel Telechea sobre datos oficiales. La jubilación mínima medida con bono de $70.000, que cobra cerca de la mitad de los pasivos, perdió 17% de su poder adquisitivo.

Los modos de Milei avergüenzan a cualquiera, pero las pantallas argentinas llevan décadas de desprecio al "curro de los derechos humanos", estigmatización de los "choriplaneros" y enaltecimiento del egoismo y la mano dura con tinte racista

Milei puede inventar cifras sobre reducción de la pobreza y recuperación del salario; Caputo puede contar cómo sus colegas, los traders, lo felicitan incrédulos por la magnitud de sus éxitos; Sturzenegger se la puede agarrar contra una oficina que certifica la trazabilidad de los medicamentos, pero los sistemas científico y universitario están viviendo un éxodo porque la motosierra truncó carreras y desfinanció programas de investigación que llevaban décadas de inversión estatal.

El país que proponen los hermanos Milei se ensaña con la población vulnerable.

La ley Brisa, sancionada en 2018, estableció una reparación mensual equivalente a una jubilación mínima para hijos de víctimas de femicidio. Se trata de chiquitos que pierden a su madre y, con alguna frecuencia, a su padre, que va preso por el asesinato. La Casa del Encuentro contabilizó 243 mujeres asesinadas entre enero y octubre de este año, que dejaron 276 hijos. Como el Gobierno desmanteló organismos de resguardo, el estipendio no se paga en tiempo y forma, o directamente no se paga.

Rendición intelectual

La asunción de que “Milei mete todas las que tira al arco” supone no sólo una rendición intelectual, sino también cierta frivolidad.

El abordaje de la “realpolitik” prescinde de señales identitarias del Gobierno extremista, como su voto solitario a favor de la violencia contra las mujeres en la ONU, su alineamiento irrestricto con la masacre en Gaza por la que Benjamin Netanyahu tiene pedido de captura, o los agravios a víctimas del terrorismo de Estado. Todo eso vale poco y nada en términos de éxito o fracaso, dice el manual de la política sin alma.

El cuadro social de un país con los ingresos populares por el piso, con un Gobierno que hace un ejercicio impúdico de la crueldad, debería de por sí refrenar el instinto de levantar el brazo del domador de mandriles.

El texto oficialista dice que Milei es hábil porque obtuvo el apoyo de las cámaras legislativas en las que está en franca minoría y de los gobernadores, y que además está celebrando que los tribunales federales de Comodoro Py bailen a su ritmo, como lo que hizo Macri en su período presidencial.

No da la impresión de que se requieran dotes de un ajedrecista muy sesudo para convencer al radical cordobés Rodrigo de Loredo, el peronista tucumano Osvaldo Jaldo y al PRO bonaerense Diego Santilli de que presten colaboración

El dato es clave para alumbrar otro de los supuestos logros de Milei. Los jueces y fiscales federales se transformaron en cómplices de la política de Patricia Bullrich de limitar o prohibir la protesta. En condiciones económicas críticas, el riesgo de enfrentar una golpiza policial o una acusación por graves delitos dirimida en un oscuro despacho de Comodoro Py son elementos disuasorios de peso para acudir a una manifestación.

La línea de pensamiento que atribuye a Milei y su equipo una pericia de alta política para atarle los brazos al Congreso incurre en otra simplificación. No da la impresión de que el monje negro de Casa Rosada, Santiago Caputo, deba administrar dotes de un ajedrecista muy sesudo para convencer al radical cordobés Rodrigo de Loredo, el peronista tucumano Osvaldo Jaldo y al PRO bonaerense Diego Santilli de que presten colaboración. Por el contrario, pareciera que son ellos quienes acuden solícitos a despachos oficiales para ponerse a disposición.

Descartada —hasta tanto aparezcan pruebas— la afirmación de compras espurias de voluntades opositoras por parte del Gobierno, corresponde entender que los saltos ornamentales de gobernadores y legisladores opoficialistas, sumisos al punto de dejarse llamar “ratas” y contradecirse en cuestión de horas, obedecen a una concepción líquida de la política, en la que no existen convicciones ni posturas programáticas, sino metas de flotación. Para ello, hay que nadar con la corriente, y hoy tocan motosierra y crueldad.

Disciplinar es la tarea

Parte de la responsabilidad de que Milei se permita autopercibirse como un Rambo que combate horcos corresponde al gobierno de Alberto y Cristina. Fue tan deslucido su final, con Sergio Massa disparando medidas tan demagógicas como perjudiciales —como la exención del impuesto a las Ganancias (ingresos) para el 10% de mejores sueldos—, que el derrape del último trimestre de 2023 empuja a ultraderechistas a revolear números a la bartola.

El Gobierno de los Fernández incurrió en graves inconsistencias, pero no quedó nadie con capacidad y voluntad de explicar los efectos de la deuda de Macri, la pandemia y la mayor sequía en décadas. Tampoco para resaltar logros sociales y económicos en la recuperación de la crisis sanitaria del coronavirus, entre otras cosas, porque esos méritos fueron bombardeados por Cristina y La Cámpora.

La ex vicepresidenta se embarcó en la aventura autorreferencial de deslindar su responsabilidad de un Gobierno que ella diseñó y dirigió en funciones de primer orden, Massa se llamó a silencio hace un año, y Alberto Fernández, ya con su palabra devaluada por sus contradicciones e indecisiones, quedó fuera de juego por la denuncia de violencia de género.

Ni siquiera se pone sobre la mesa el argumento evidente del desquicio que implica la proyección presidencial de un candidato que afirma que dolarizará de un día para otro, sin dólares en el Banco Central, y que aconseja a los depositantes de pesos en los bancos que los retiren, porque son “excremento”.

A eso, a confrontar con Milei, dijo que se sintió llamada Cristina cuando se postuló a presidir el Partido Justicialista. Fue el objetivo de “ordenar lo que se desordenó” —y no disciplinar a Axel Kicillof frente a Máximo Kirchner, como algún malpensado podría intuir—, lo que empujó a la expresidenta a pelear por una silla partidaria que nunca le había interesado.

No habían pasado dos minutos del inicio de su discurso en el microestadio Quimsa de la capital santiagueña cuando se vio compelida a aclarar que es de “bien nacido” ser agradecido, “por más que algunos se olvidan”. Se refirió a Axel Kicillof.

En el breve camino al PJ, La Cámpora y el Instituto Patria explicaron que Cristina sería la única con capacidad para recentrar el debate y abrir un capítulo de unidad en el peronismo con todos los que quisieran oponerse al Gobierno de los ultraderechistas.

A eso estaba abocada Cristina hasta la misma noche en que asumió la presidencia del PJ en un acto en Santiago del Estero, una semana atrás. No habían pasado dos minutos del inicio de su discurso en el microestadio Quimsa de la capital santiagueña cuando se vio compelida a aclarar que es de “bien nacido” ser agradecido, “por más que algunos se olvidan”. Aclaran a un lado y otro de la nueva grieta del peronismo que se refirió a Axel Kicillof.

La exmandataria comenzó su gestión por la unidad partidaria con un dardo directo al peronista con mayor responsabilidad institucional del país y uno de los pocos opositores con proyección electoral nacional.

Fue la campana de largada de otra andanada de La Cámpora y el Instituto Patria. En tiempos de poses, Máximo dice que quiere colaborar, pero sus laderos del conurbano, con los intendentes Mayra Mendoza y Julián Álvarez a la cabeza, ya actúan como opositores abiertos al Ejecutivo provincial. Ni Alberto Fernández escuchaba un tenor de críticas similar en su primer año en Casa Rosada, por lo que cabe imaginar hasta dónde llegará el conflicto, salvo que Kicilof acepte el único papel que los Kirchner están dispuestos a tolerar: la obediencia absoluta.

Es allí, en la carrera sin destino emprendida por los Kirchner en los últimos años, donde puede encontrarse la mayor fortaleza de Milei. No porque Cristina carezca de carisma, popularidad y talento para encontrar el tono de debate, sino por su capacidad y persistencia para obturar cualquier liderazgo que la trascienda. Su techo bajo —una invariante de la última década de la política argentina— y el egocentrismo en torno a un apellido actúa como un obstáculo para cualquier proyecto opositor que suture diferencias al estilo de lo que logró rearmar Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Por el contrario, Milei encuentra su mayor debilidad en su propia crueldad terraplanista.

SL/DTC

Javier Milei se descargó en varias ocasiones durante los últimos días contra el diario La Nación, apuntando repetidamente sobre la figura de su presidente Julio César Saguier. La más reciente data de este mediodía cuando en sus redes sociales el presidente de la Nación reaccionó virulentamente por unas declaraciones del ex presidente uruguayo y referente del Frente Amplio, José “Pepe” Mujica, que fueron reproducidas por el portal de La Nación.

Ayer, después de votar en las elecciones de su país, Mujica, abordó la situación socioeconómica de Argentina al afirmar que “por ahora hay más pobres que antes”. Estas declaraciones fueron rápidamente amplificadas por diversos medios en ambos lados del Río de la Plata, lo que generó una reacción inmediata por parte de Milei.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Milei descalificó las opiniones de Mujica, sugiriendo que lo que decía era un “verdadero disparate” y acusando a La Nación de dar cobertura preferencial a aquellos que critican su gobierno. “JC sé que te caigo mal pero así es la democracia”, escribió, refiriéndose a Julio César Saguier, presidente de SA La Nación.

La diatriba de Mieli contra el titular de La Nación reposteaba un mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que no mencionaba directamente al medio, pero sí abordaba las afirmaciones de Mujica. En su mensaje, Pettovello defendió la gestión de Milei y aseguró que la pobreza había comenzado a descender, citando un pronóstico privado de una reducción del índice de pobreza, que, según afirmó, podría situarse en el 47% en el tercer trimestre del año.

Durante el fin de semana, Milei también había cuestionado el análisis económico presentado por una universidad internacional, sugiriendo que La Nación tenía la “orden” de ofrecer siempre una visión negativa de su gobierno. Asimismo, Milei había señalado a Pablo Fernández Blanco, periodista y columnista económico, como un “operador ensuciador serial”, acusándolo de sesgar la información .

DM

Después de dar a conocer la reglamentación de la reforma laboral en las últimas horas a través del decreto 847/2024, en el que el Ejecutivo destacó que “el profundo cambio generará más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización de una serie de condiciones” y que incluye un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conformen tanto a los trabajadores como a las empresas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, eligieron al diario La Nación para dar sus argumentos en defensa del decreto que firmó el presidente Javier Milei.

Allí, en una columna que lleva sus firmas, los funcionarios destacan que los artículos del capítulo laboral de la Ley Bases que se reglamentaron “contienen una reforma que el país necesitaba en forma urgente, ya que el empleo privado en el sector privado no creció en los últimos 12 años”.

Para Sturzenegger y Cordero, “lamentablemente, la discusión sobre este cambio normativo se vio afectada por un error conceptual que se repite en muchos debates en la Argentina: la idea de que las reformas son conflictos de suma cero donde, si uno gana, el otro pierde”, al tiempo que plantean que existe un “marco teórico” que “se reitera en las falsas antinomias de agro o industria, modelo agroexportador o de sustitución de importaciones y Buenos Aires versus interior, entre tantos otros”. “La Argentina no puede salir del esquema de pensamiento que nos legó Sarmiento en el Facundo: civilización o barbarie”, sentencian.

Además, destacan que el presidente Javier Milei “tiene ideas radicalmente diferentes porque cree que la resolución de los conflictos no tiene que ser de suma cero. En realidad, la interacción económica en libertad logra que la resolución de conflictos se produzca en un juego de suma positiva, en el que todos ganan. El beneficio mutuo es la base de cualquier intercambio voluntario entre personas”.

En cuanto a la reforma laboral que aprobó el Congreso, los funcionarios remarcan que favorecerá “la generación de puestos de trabajo genuinos en el sector privado” y que el Gobierno no busca “beneficiar o a los empresarios o a los trabajadores, sino encontrar un sistema positivo para ambos” porque “el tándem empresa-trabajador tiene todo para ganar” y “mejores relaciones laborales permitirán más trabajo y reducir la industria del juicio”.

En la columna, destacan también a “Ronald Coase, Premio Nobel de Economía en 1991”, como “nuestro economista de cabecera”, cuyo “espíritu” fue clave para “armar la reforma laboral de la Ley Bases”, que “no la va a definir el Gobierno, sino que empresarios y trabajadores deberán juntarse para definir ese marco” y, “entre ellos, deberán elegir su régimen laboral, los mecanismos, pagos y modalidades para gestionar la interrupción de las relaciones laborales”.

De acuerdo a su visión, los protagonistas de cada sector “armarán su propio régimen laboral, aunque con una condición: si llegan a un acuerdo que no es conveniente para empresas y trabajadores, estos pueden decidir no suscribirlo. Este factor es clave para asegurarse que el esquema mejora la situación de ambos actores”. Y agregan que esta situación será “posible porque, en la actualidad, las relaciones laborales están plagadas de costos ocultos e incertidumbres que alimentan la industria del juicio. De modo tal que si lo que se acuerda reduce la litigiosidad, tienen un amplio marco para mejorar la situación de ambas partes”.

 Y, como ya lo hicieran en reiteradas oportunidades desde el Gobierno, destacan que se trata de “un esquema similar” que “ya tiene el antecedente del acuerdo del gremio de la construcción (Uocra) con las empresas del sector. En una industria donde la rotación laboral es habitual, el sistema generó un mecanismo de compensación que llevó la litigiosidad casi a cero”, aunque aclaran también que hay “otras industrias, con características diferentes”, que “deberán organizar su sistema con otras reglas, e inclusive podrán ofrecer un menú de opciones, por ejemplo, distinto para diferentes clases de empresas o geografías; quizás, acuerden que lo único que quieren hacer es definir con mayor certidumbre las contingencias laborales. Lo cierto es que el esquema queda totalmente liberado a lo que puedan diseñar”.

En su conclusión, los funcionarios aseguran que Milei “acaba de diseñar una reforma que le devuelve la libertad a las partes para construir su propio régimen laboral con la única restricción de que sea de mutuo acuerdo. La economía es un juego de suma positiva y, si confiamos en la libertad, podremos aprovechar todo nuestro potencial”. Y cierran al estilo presidencial: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Sturzenegger también explicó la reforma laboral en X con más detalles

“El Decreto 847/24, firmado por el presidente Javier Milei, reglamenta el capítulo laboral de la Ley Bases. El capítulo permite un blanqueo laboral, elimina la presunción de relación de dependencia en la contratación de servicios, implementa una simplificación en el registro laboral, flexibiliza las licencias por maternidad, elimina las multas en los juicios por indemnización, permite la contratación de trabajadores independientes, impone una cláusula antibloqueo y permite el diseño de sistemas de cese.

Estamos ante el cambio más importante en las relaciones laborales en años. Veamos. Las multas por registraciones laborales defectuosas hasta triplicaban los costos de una indemnización por despido. Fue impuesto con la mejor intención en 1992 con la idea de que castigar la mala registración obligaría a formalizar el empleo. Treinta años después es claro que no funcionó.

La posible aplicación de multas aumentó mucho el riesgo laboral y el cobro de una posible multa operaba para el trabajador como un incentivo a la mala registración. El resultado: 50% de los trabajadores en la informalidad. La eliminación de las multas busca desandar esta política, bien intencionada, pero que no funcionó.

El articulo 97 de la Ley Bases autoriza la contratación de hasta tres trabajadores independientes sin riesgo de que la misma sea considerada una relación laboral. Esto debería ayudar a formalizar a pequeños empresarios. Se reglamenta que esto se implemente en el marco jurídico del monotributo.

El articulo 94 de la Ley Bases define como justa causa de despido al bloqueo (total o parcial), y no solo cuando afecta a los trabajadores que no quieran participar de las acciones de fuerza, sino que también cuando afecta a proveedores y clientes.

Las acciones de protesta laboral, en particular el uso del derecho de huelga, están protegidos, pero esta ley protege al que QUIERE trabajar. El sistema de cese permite un rediseño completo de la relación laboral porque permite repensar las condiciones de indemnización que son el centro de la industria del juicio y la incertidumbre laboral.

Lo interesante es que lo que hace el Articulo 96 de la Ley Bases es dar libertad a las partes de un convenio colectivo para definir su propio régimen. Esto puede ser simplemente definir con mayor precisión las situaciones de despido, armar fondos individuales o colectivos, o contratar seguros para hacer frente a las contingencias.

El sistema podrá ofrecer un menú de opciones, diferente para un tipo de empresas o por región del país. El gobierno no define la reforma sino que la reforma la definen los actores de cada mercado. Con una condición: lo que se acuerde a nivel convenio no es obligatorio para nadie. Esto nos asegura que la reforma que se decida a nivel de convenio solo prosperará si encuentra un mecanismo que beneficie tanto a trabajadores como empresas.

El presidente Javier Milei nos conminó a diseñar una reforma que fuera buena para todos los actores del mercado laboral. “Si no saben hacerlo no hagan nada”, nos dijo. Nuestra solución fue esta: darle libertad a las partes para que pueda cada sector encontrar la mejor solución.

Acá, además, digamos todo, hay un tercero en discordia: los costos de la incertidumbre y la industria del juicio. Justamente, al reducir la incidencia de estos costos es que trabajadores y empresarios pueden encontrar un sistema mejor para ambas partes. Todos tenemos en mente el exitoso sistema de la UOCRA.

Debiera ser evidente que otros sectores, con otras características, no tienen que replicar ese esquema. Pero sí tienen que tener la misma inteligencia y creatividad que tuvo el sector de la construcción para encontrar un sistema superador al actual.

Esta reglamentación es el trabajo conjunto de un gran número de personas. En colaboración con el Secretario de Transformación Maximiliano Fariña, del Ministerio de Desregulación, en primer lugar, el Secretario de Trabajo Julio Cordero con todo su equipo, la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el equipo de José Rolandi, y María Ibarzábal que llevaron la Ley Bases a buen puerto y todo el equipo de la Secretaria Legal y Técnica bajo la conducción de Javier Herrera Bravo.

Esperamos que este baño de libertad en la definición de las relaciones laborales redunde en mayor empleo, en mayor empleo formal y en un mercado laboral más ágil en beneficio de trabajadores y empleadores. VLLC!“

IG

La democracia argentina se ve forzada a convivir con la noción de que, cuando Patricia Bullrich ocupa un puesto en el gabinete nacional, manifestantes mueren a manos de las fuerzas de seguridad, cientos son detenidos en protestas, otros pierden un ojo por el disparo a mansalva de balas de goma y una niña de 10 años sucumbe a los efectos de una mano policial artera que le arroja gas pimienta en la cara.

El patrimonio de la violencia institucional no es exclusivo de Bullrich —ministros de Seguridad de todos los signos gobernantes tienen antecedentes al respecto—, pero su presencia en el Ejecutivo, sea con Fernando de la Rúa, Mauricio Macri o Javier Milei, parece una garantía de que las prácticas ilegales serán exacerbadas y se normalizarán. Incorporada al estamento autoritario de la ultraderecha, Bullrich actúa con las manos liberadas.

Este tipo de delitos en manos del Estado tiene una pata imprescindible en los medios de comunicación. En la era Milei, esa complicidad tiene nombre y apellido: Clarín y La Nación. El seguidismo de buena parte del resto es una característica intrínseca del sistema de medios.

La celebración del gatillo fácil y la demonización de la protesta forman parte del menú fijo de las pantallas de esos poderosos multimedios. Sus canales de noticias ofrecen un festival en continuado, pero el aliento a la represión y el ocultamiento de la ilegalidad estatal tienen un correlato algo matizado en sus portales, tapas de diarios y editoriales.

Pistas falsas

Hace no mucho, durante el tiempo en que estuvo desaparecido Santiago Maldonado, el Grupo Clarín sembró pistas falsas metódicamente. Desde un barrio de Gualeguaychú en el que todos se le parecían, a la presencia del artesano en una fiesta en El Bolsón, el paso a la clandestinidad en Chile, la peluquera que lo atendió en San Luis, un enfrentamiento con un puestero… Esa acción desinformativa fue un eslabón de una cadena coronada por el título “La crisis causó dos nuevas muertes”, en ocasión del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio de 2002, 22 años atrás.  

La televisión promedio exalta la ejecución sumaria de un presunto delincuente y hasta justifica la tortura del sospechoso en manos de la turba. Todo es reportado como derecho a la defensa y la letanía del hartazgo de la población. Si finalmente se descubre que la víctima del gatillo fácil policial o del justiciero era un adolescente desarmado o un transeúnte ajeno al hecho, el expediente pasa rápidamente al olvido.

Nunca un medio de comunicación debe confiar acríticamente en la información suministrada por la Policía sospechada de cometer abusos

No siempre sale bien.

El miércoles por la noche, luego de la confirmación del veto al aumento a los jubilados, los canales LN+ y TN y los portales asociados se volcaron con pasión a informar que el gas pimienta que afectó a una niña de 10 años había sido arrojado por una manifestante y no por la Policía. El canal de Clarín adornó la información con la denuncia de que el ministerio de Bullrich había detectado la presencia de revoltosos camuflados como personal de auxilio a las víctimas de la represión.

Ningún criterio periodístico honesto habilitaba dar por cierta esa versión. Primero, porque el video presentado como prueba irrefutable no demostraba nada. La imagen era borrosa y no había ningún indicio de la presencia de una niña cerca de un polvo arrojado con la mano por una mujer. Segundo y principal, porque nunca un medio de comunicación debe confiar acríticamente en la información suministrada por la Policía sospechada de cometer abusos. Prestarse a actuar como correa de transmisión del Ministerio de Seguridad es una decisión periodística y política.

Fuego amigo

Desde los estudios de TN, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad desde julio pasado, fue la encargada de hacer oficial la información de que la niña había sido víctima de una manifestante. Lo dio por corroborado tras –dijo– un análisis exhaustivo de las imágenes.

La farsa montada por Bullrich, Monteoliva y las pantallas de Clarín y La Nación quedó definitivamente desbaratada cuando Mauro Fulco, cronista de C5N, consiguió el video de un manifestante que mostró con nitidez que una formación policial arremetió contra manifestantes, y uno de los agentes disparó gas pimienta en el rostro de la niña, que estaba siendo protegida por su madre.

A la hora del control de daños, Bullrich calificó como “excelente funcionaria” a Monteoliva, aunque le atribuyó falta de experiencia para lidiar con los medios.

Si es por experiencias de otro tipo, la segunda de Bullrich las tiene, y no son la mejores.

Monteoliva fue designada ministra de Seguridad de Córdoba en septiembre de 2013. En un raro rapto garantista, su primera declaración fue para defender la inocencia de la cúpula policial antidrogas que acababa de ser detenida en la causa denominada “narcoescándalo”.

En particular, salió a la luz el vínculo de Monteoliva con algunos de los imputados que luego serían condenados, como Gustavo “el Huevo” González, exjefe de la División Inteligencia de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

La cercanía de este exalto jefe policial con Monteoliva se había forjado en un curso brindado en 2009 por la Policía Nacional de Colombia, una plaza excepcional para conocer el vínculo entre fuerzas de seguridad, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Con el tiempo, González estudió derecho, transicionó a la identidad femenina de Lourdes y fue condenada en instancia de Casación Federal por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Monteoliva se transformó en consultora, y con ese paraguas se presentó como experta para replicar las políticas del salvadoreño Nayib Bukele, otra joyita.

La situación en que quedaron Bullrich y Monteoliva al constatarse que habían mentido es atribuida por algunos a la interna con Mauricio Macri.

La emisora que muchos atribuyen a capitales próximos a Macri pasó en 24 horas de alimentar la fábula de un Congreso acechado por violentos a pedir la cabeza de Bullrich

La actual secretaria de Seguridad fue designada en reemplazo de Vicente Ventura Barreiro, un allegado a Cristian Ritondo expulsado por Bullrich con bombos y platillos en junio pasado, por supuestamente intentar direccionar una licitación para la provisión de comida a las cárceles a cambio de un retorno.

Ese impulso irrefrenable contra la corrupción que llevó a Bullrich a despedir a quien oficiaba como su segundo coincidió con el momento en que eclosionó la disputa con Macri por la conducción del PRO y por la imbricación de ese partido con el Gobierno de Milei. Ritondo quedó en la vereda de enfrente.

En ese marco, cercanos a Bullrich leyeron el giro copernicano en la pantalla de La Nación + como un aprovechamiento oportunista para saldar cuentas. La emisora que muchos atribuyen a capitales próximos a Macri pasó en 24 horas de alimentar la fábula de un Congreso acechado por violentos a pedir la cabeza de Bullrich, Monteoliva y el jefe de la Policía Federal por la brutalidad de sus agentes.

Milei y sus partidarios se vanaglorian del “fin de los piquetes” como uno de los dos principales activos alcanzados (el otro es la inflación, 4,2%) en los nueve meses de Gobierno ultra.

Mirado desde una perspectiva democrática, el logro enarbolado es en realidad el cercenamiento liso y llano del derecho a la protesta, pilar de la Constitución.

En la Argentina de Milei, asistir a una manifestación implica asumir el riesgo de arresto y/o de terminar en el hospital. Privarse de la changa para conseguir el pan del día, exponerse a palos y gases lacrimógenos a una edad en la que los golpes duelen el doble o someterse a que un energúmeno rocíe gas en el rostro de una niña son factores desalentadores que no utilizan los gobiernos democráticos, sino las dictaduras.

Bullrich redactó un protocolo restrictivo que muchas veces es vulnerado porque resulta imposible que decenas de miles de manifestantes se amontonen en las veredas sin bajar a la calle, pero sirve como excusa para que la Policía, en lugar de prevenir incidentes, los provoque. Caen los más vulnerables, los manifestantes sueltos, los jóvenes inexpertos, los desarropados y los que empujados por los siempre presentes servicios de Inteligencia.  

En una democracia liberal, cada padre decide si lleva a su hijo a una protesta, una instancia que incluso puede ser formativa en la noción de la defensa de los derechos

Allí entra a jugar la otra gran pata de la complicidad: Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli ya intentó encausar por graves delitos a más de treinta detenidos en la manifestación contra la ley Bases. La precariedad de la acusación y las imágenes aportadas por las defensas desarticularon el intento. El último de los detenidos salió en libertad días atrás, y varios de ellos todavía luchan para que Comodoro Py les saque las garras de encima.

No conformes con la represión abusiva de las manifestaciones, Bullrich y sus amigos se erigen en tutores morales. Resulta que entró en debate el derecho de acudir con niños a una manifestación.

En una democracia liberal, cada padre decide si lleva a su hijo a una protesta, una instancia que incluso puede ser formativa para la defensa de los derechos. Lo demostró Fabrizia, la niña gaseada, que con mayor fluidez de palabra que algunos de quienes condenaban a su madre explicó en entrevistas que la prohibición de asistir con menores a una manifestación no existe en la ley. “No le alcanza la plata a mi mamá. Es comer o tener techo”, dijo la niña en diálogo con Crónica TV.

El hecho de que quien acuse de irresponsabilidad a la madre que asistió a la plaza del Congreso con su hija sea la misma ministra que lanza los lobos a cazar manifestantes es un acto de hipocresía muy propio de esta época.

Los números del dream team

El Gobierno transmite estar en luna de miel con sus votantes. Sin embargo, debe reprimir marchas de jubilados en un contexto en el que los números dicen más que las palabras. Las manifestaciones masivas (sindicales, feministas, universitaria, de derechos humanos) fueron varias en la primera mitad del año. En cambio, el suceso espontáneo que generaba la presencia de Milei en campaña no se reproduce este año.

El cuadro de la semana:  

Milei anunció que vetará la ley universitaria, lo que probablemente activará la insistencia del Congreso. Habrá que crear nuevas sortijas, por usar un término de Stornelli. Las sillas en la Comisión de Salto Grande o en las embajadas en Europa son finitas, y los gobernadores con ganas de ayudar no encontrarán mucho más espacio para dar la cara ante su población para rebajar jubilaciones y asfixiar a las universidades, encima, en favor de un Presidente que los llama “ratas”. La causa universitaria demostró en abril pasado que es capaz de movilizar a un millón de personas, por lo que habilitar la cacería de la Policía no sería una tarea recomendable.

Es curioso que el dream team conformado por “uno de los dos políticos más relevantes del planeta”, el “Coloso” Federico Sturzenegger y el “Gigante” Luis Caputo estén tan lejos de las metas que ellos mismos se encargaron de anunciar como hechos prácticamente consumados: el levantamiento del cepo en junio, el frenesí de los inversores financieros para prestarle fondos a Argentina, el abrupto rebote de la economía en abril y la extinción de la inflación. 

SL/DTC

A la manera de los trances místicos que hacen alucinar con vírgenes de madera que lloran lágrimas de sangre, la pantalla de La Nación+ comenzó a lagrimear con los datos de boca de urna. Eran lágrimas que caían sobre los trajes plastificados de prestigio de Eduardo Feinman, Pablo Rossi, Luis Novaresio, Jony Viale, Luis Majul, Viviana Canosa, Guadalupe Vázquez, Débora Pláger. La realidad golpeaba las ilusiones con ferocidad, por lo que hubo reflejos masivos para ocultarla con las microbikinis de la distracción, las adivinaciones alumbrando el próximo 19 de noviembre y una jerga de autoengaño al servicio de un optimismo de desahuciados.

Uno (no es fácil distinguir estilos personales detrás de semejante fenómeno de clonación verbal) dijo que bueno, que estaba bien, pero que la gente hace dos meses votó una cosa, hoy otra y quizás en un mes vote algo diferente. Otro, quizás el mismo, dijo que era inexplicable que a Massa le fuera mal como Ministro de Economía, pero bien como candidato. Cuando comenzaron a distinguirse los individuos en esa bola pegajosa de tristeza giratoria, se oyó la voz de Feinmann, hablando de la buena elección de Rogelio Frigerio en Entre Ríos con una administración del misterio como si esa fuese la noticia que el mundo hubiera estado esperando.

El insert de Feinmann, hundido en la perplejidad, de la que va a salir pronto “entendiendo” que al final Massa era mejor que su protegida Patricia Bullrich (es un gran acompañante de muertos hasta la puerta del cementerio), hizo escuela porque la información sobre el escrutinio nacional migró masivamente al deseo de que Jorge Macri ganara en primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Anotaban cada poroto amarillo en sus cartones del bingo del amor como se lleva el conteo de los sobrevivientes de una catástrofe: Julio Garro le sacaba unos votitos a Julio Alak en La Plata, y Ramón Lanús andaba bien en San Isidro; y por ahí, si un dios medio facho se hiciera presente, quién podía asegurar que Patricia no podía zanjar la distancia en megámetros que la separaba del balotaje. La noche negra recién empezaba, y ya daba para el cohetazo de Clonazepam.

Entonces, llegó Viviana Canosa y se instaló en el centro de la escena como una naturaleza muerta. Por momento se veía como blureada por el dolor, con flashes de luz mala que le salían por los ojos, abatida pero dispuesta a llevarse puestos a sus victimarios. Se quejó de que ni Cristina ni Alberto estuvieran en la fiesta de Massa; dijo que no podía entender que en la Argentina ganara la corrupción, que Massa había repartido “la nuestra” y que si él era el ganador, el perdedor era el pueblo argentino. Todos eran titulares para portadas de otro mundo. En este, ningún matiz de los hechos la conectaba con lo que estaba pasando, y que según el juicio que se filtraba en su baguala, era uno solo: habían dejado sola a Patricia, y Patricia no se merecía ese desdén. ¿Cómo van a dejar sola a Patricia? El grano de voz de su letanía copaba cada tanto la conversación sobre los datos que iban llegando, como si hablara sola sobre las injusticias cometidas contra una niña expósita.  

La hipótesis sobre el fin del mundo que estaba ocurriendo, la “lectura” de estos influyentes que es el valor agregado de sus desempeños, fue compuesta por partes aportadas por Pablo Rossi, Luis Novaresio y Guadalupe Vázquez: hubo un operativo “pinzas”, de la cual una mordaza fueron los Barones el Conurbano y, la otra, las provincias del norte, especialmente Tucumán, esa “segunda Matanza” con “gente llevada a votar”. Para salir del bajón, Novaresio terminó cortándose solo para mencionar con la maldad que bulle como hormiguero recién pateado debajo de su cordialidad fake, que la mala elección de Myriam Bregman se debió a… ¡su antisemitismo!

La interpretación alucinógena de los hechos que iban presentándose en la noche, tuvo mil variantes, de las que las más emocionantes fueron las especulaciones de cómo iba a ser el tráfico de votos de acá al balotaje. Tiene que haber algo en los shocks de frustración para que sus víctimas salgan disparadas a decir boludeces. Algo, no se qué, pero puede ser el horror al silencio, a no dejar que los hechos que caen mal se consoliden. Como si decir algo, especialmente cualquier cosa, conjurara los hechos y los reemplazara por realidades alternativas. Que los votos de Patricia van a Milei y los de Schiaretti a la estratósfera, y los de Bregman al Banco de Votos, y los de Massa a Milei y los de Milei a Massa. Todo así, una fiestonga del “a mí me parece” y el “yo creo que” que apuntaba a dar respuesta al “problema” que se va a presentar el 19 de noviembre: ¿cómo hacemos para que pierda Massa?

En los escenarios de los políticos, el primero que se hizo ver fue Jorge Macri y, luego, Patricia Bullrich. Ella fue la que encabezó su propio desagravio, hablando con su característico sub idioma desde arriba de un caballo de santo. La onda, para variar, era seguir bailando mal y echarle la culpa al piso, como si con esa arrogancia-ignorancia, su identidad de dos cabezas, no nos hubiéramos dado cuenta de que lo que estaba pasando en Juntos por el Cambio era un chillido de cisne. La volatilización de la fuerza que vino a enterrar al peronismo, la desorientación de su dirigencia y la fosilización de sus ideas cazafantasmas aplicadas contra lo que ya no está, se veía en el histrionismo outsider de Rodríguez Larreta, la cara de deudo de Lilita Carrió, la sonrisa fuera de control de Hernán Lombardi y el entumecimiento generalizado de Mauricio Macri, al que lo única desgracia que le falta este año es que Boca sea Campeón de América. 

Milei se acercó a su atrio leyendo una pieza literaria que si no batió el récord mundial de aliteraciones, pega en el palo. Trató de medir la agresividad porque el objetivo de esos párrafos era tender algunos puentes con los rescoldos del macrismo, para lo cual, por reglamento debe pronunciarse muchas veces el insulto grueso “kirchnerismo”, tomando de referencia los valores sugeridos por la “Tasa Alfredo Leuco” (10 por minuto). Pero en el aliento del león se sentía el vapor de la derrota. No hubo motosierras ni exaltaciones que no fueran las necesarias para dar fe de vida.

A su turno, Massa, desplegó una nueva fase de campaña. Recordó que tiene agendado un acuerdo nacional, navegó por las aguas del desarrollismo peronista clásico aplicado a la época y, dando el primer golpe invisible sobre las piezas que deben reacomodarse en las próximas semanas, subió a su familia y a la de Agustín Rossi al escenario. Esa delicadeza “social”, no podía no contrastar con cierta sordidez de los hermanos Milei, canofílicos como tantos misántropos.

Las causas que llevaron a Massa a revertir el resultado de las PASO han de ser múltiples, y varias están a la vista. La decadencia de Bullrich, y su violencia tipo “agarrame que lo mato” venía pidiendo a gritos su propio ostracismo, al que acaba de caer, aunque se dé cuenta el año que viene. Esa es una. Otra es la calidad de la campaña de Massa, que combinó su arborescencia para penetrar varios segmentos con el control estricto de esa arborescencia. Y otra es Massa en sí mismo, que supo reinstalar el principio de razón en la discusión pública, elemento cuya presencia había sido absorbida por los discursos beligerantes de Bullrich y Milei, cada cual la kriptonita del otro.

Pero en La Nación + no duerme nadie. Después de derramar lágrimas del tamaño de globos Bombucha sobre el conteo de votos, los periodistas intentaron salir de las criptas de las expectativas rotas y todavía con los ojos inyectados en dolor, hablaron no una sino dos veces con Victoria Villarruel para ir tirándole onda en nombre de Bullrich y Macri y de ese modo acabar, claro, con el “kirchnerismo”. La cruzada aparenta tener mucho de Mingo y Aníbal contra los fantasmas (1985), el bodrio de Enrique Carreras, pero los ases del periodismo independiente van a dar la vida para que triunfe el Bien, ahora del lado de Milei. 

Esmeralda Mitre se presentó este jueves por la mañana, junto a sus hermanos y su abogado, en la planta impresora de La Nación. Por primera vez, la actriz participó de la Asamblea Anual de Accionistas del diario.

Durante varios años, Mitre reclamó con sus hermanos un lugar como accionista del medio tras la muerte de su padre, el director Bartolomé Luis Mitre. En una entrevista con elDiarioAR en diciembre de 2020, había asegurado que quería estar “al mando de La Nación” y ser “accionista para darlo vuelta”.

Ante la prensa en la entrada a las instalaciones del diario, Esmeralda Mitre aseguró que está unida con sus hermanos para poder recuperar las acciones mayoritarias y aseguró que esta jornada sería “un día histórico”. 

LC

Una mirada sobre la victoria de Javier Milei en las primarias del domingo pasado traza el siguiente diagnóstico.

La percepción expandida sobre el fracaso sucesivo de dos gobiernos de signo diferente, uno conservador-liberal y otro peronista de centroizquierda, alumbró una alternativa de rechazo. Al cabo de una década larga con una economía mediocre, incluido un período de recesión aguda entre 2018 y 2020, pobreza creciente, mercado laboral precarizado y mala calidad de los servicios públicos, muchos argentinos pegaron un portazo frente al binarismo de coaliciones ensimismadas en sus dogmas y peleas.

La tesis del hartazgo expresado en Milei elige como caso arquetípico a una familia dominada por el empleo inestable y acechada por la inseguridad en el barrio, que toma trenes deficientes que cada dos por tres interrumpen el servicio por un paro o un lockout del operador, sea concesionario o estatal. A esa familia, la promesa del “Estado presente” le suena distinto que a quien la enarbola desde un despacho oficial, un manifiesto universitario o un estudio de TV, y cena en un bodegón cool de Chacarita. Hasta allí, se non è vero, è ben trovato.

El repartidor de Rappi es el protagonista estelar de este escenario utilizado para explicar el voto a Milei. El joven en cuestión logra sumar un ingreso mensual que duplica al de su madre, que es, por caso, enfermera en un hospital público y tradicional votante peronista. Descreído del valor de la sindicalización y acostumbrado a convivir con el riesgo, el repartidor acepta que su moto y su cuerpo sean capital de trabajo, y apoya a Milei. Su padre, empleado en negro en un depósito —siempre en el ejemplo hipotético—, llegó de Paraguay hace dos décadas. Fue al hospital del barrio por un estudio y le dieron turno para dentro de meses. Sostiene, ayudado por la televisión, que la demora se debe a extranjeros que siguen llegando, pero ya no para trabajar, como hizo él. Al igual que su hijo, vota a Milei.

La apelación abusiva al ejemplo del repartidor de Rappi no deja de incurrir en un desprecio solapado hacia 'la víctima del sistema'

Si la ola de La Libertad Avanza recorrió el país y abarcó todas las clases sociales y categorías de empleados, pero se hizo fuerte en barrios de ingresos medios bajos y bajos, cabe suponer que abundan los integrantes de familias mal empleadas entre los más de siete millones de ciudadanos que pusieron la boleta de Milei y Victoria Villarruel en la urna.

Representación chata de un votante

Un razonamiento del tipo “voto harto: voto a Milei” procura evitar el lugar inadmisible de subirse a un estrado y despreciar a quien elige distinto a lo deseable, como si muchos biempensantes no hubieran apoyado a atildados candidatos que terminaron siendo un fraude político, económico y moral a lo largo de la historia argentina.

Sin embargo, la apelación abusiva al ejemplo del repartidor de Rappi —transformándolo en un molde, prototipo más que arquetipo—, sostenida desde mesas contiguas a las del profeta del Estado presente en Chacarita Gourmet, no deja de incurrir en un desprecio solapado hacia “la víctima del sistema”.

Milei no oculta demasiado sus ideas. Propone a los gritos pisarle la cabeza al prójimo. Más que eso. Levanta la bandera de un Estado despiadado que ayude a los poderosos a lucrar con las necesidades de los más pobres, hasta para vender órganos. El economista libertario agita la motosierra para los débiles y baja el tono, sumiso, cuando le toca hablar de los subsidios a la Iglesia católica, el negocio de los especuladores y el contratista del Estado que lo empleó unos años. Quien quiere oir, oye.

El votante-víctima es reducido a un ser incapaz de discernir por su cuenta las razones de las dificultades cotidianas, de verlas en perspectiva y contrastar realidades, o de elegir por razones que vayan más allá de su vivencia inmediata. La descripción perfila un autómata que actúa por impulso y no de acuerdo a convicciones. El prototipo, además, es ahistórico. Nunca antes un argentino vivió en una casa con revoque a la vista y atracos en la esquina, ni estuvo empleado en negro, ni vio que sus padres trabajaran todo el día sin lograr avanzar, por más que alguna estadística indebida indique un descenso en la pobreza multidimensional en los últimos cuarenta años, producto del aumento en las conexiones de agua, gas y electricidad.

Milei propone a los gritos pisarle la cabeza al prójimo. Más que eso. Levanta la bandera de un Estado despiadado que ayude a los poderosos a lucrar con las necesidades de los más pobres

Por supuesto que el agobio de una crisis prolongada juega un papel en las razones políticas de millones de argentinos que encaran sus días con incertidumbre, tratando de resolver un mar de problemas, sin demasiado tiempo para analizar perfiles electorales. Una vez más, no se trata de juzgar, sí de comprender, lo que no significa maquillar ni hacer tabla rasa con las motivaciones que llevaron a muchos a votar a un candidato de la catadura de Milei, así como muchas de esas mismas personas eligieron antes a líderes “nacionales y populares” o “institucionalistas”.

El mapa electoral indica que en Rafael Castillo, La Matanza, ganó el peronismo por amplio margen, y sus habitantes no están precisamente entre los no agobiados por el presente. Y a su vez, los siete millones de votos a Milei están poblados de muchas otras realidades, como bien puede dar cuenta Juntos por el Cambio al comprobar el hachazo propinado por La Libertad Avanza en el eje Santa Fe-Córdoba-Mendoza, “la Argentina productiva”, como postulaban los dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con espíritu discriminador indisimulado.

Los investigadores Javier Auyero y Sofía Servián, autores de Cómo hacen los pobres para sobrevivir (Siglo XXI, 2023), alertan sobre las explicaciones unívocas para circunscribir un determinado tipo social: “Categorías enteras e internamente diversas (‘los pobres urbanos’, ‘los jóvenes pobres’, ‘las mujeres vulnerables’) son reducidas a uno o dos rasgos sobresalientes (‘beneficiarios de ayuda estatal’, ‘participantes en un movimiento social’, ‘vendedor y/o consumidor de drogas ilícitas’, etc.); sus vidas complejas y cambiantes son encapsuladas en lo que la novelista Chimamanda Ngozi Adicchie llama ‘una sola historia’ o lo que la socióloga Patricia Fernández-Kelly describe como ‘representaciones chatas de problemas sociales’”.

Chatura, reina del clickbait.

La ilusión de Morel

Jonathan Morel, fundador de la organización Revolución Federal, proveedor muebles para un hotel de la hermana del exministro de Cambiemos Luis Caputo y procesado por “instigación a la violencia colectiva”, votó a Milei. Eligió la lista completa de La Libertad Avanza excepto en el tramo de intendente. Allí optó por Soledad Martínez, la sucesora de Jorge Macri en Vicente López.

Hoy desocupado, Morel indica a elDiarioAR que casi todas las personas del barrio con las que interactúa votaron a Milei. Concibe que quienes eligieron otras opciones prefieren callarlo, por vergüenza o temor “a recibir insultos”. Del candidato libertario, al joven lo atrae que “todo lo que dice está fundamentado”.

Morel, autor de amenazas como “prender fuego” a dos legisladoras del Frente de Todos y periodistas, y propuestas del estilo de “poner una bomba en Casa Rosada” y “tirar aguar hirviendo” a kirchneristas que manifestaban frente al domicilio de Cristina en Recoleta, cree estar siendo víctima de una persecución. Sostiene que sus expresiones fueron producto de un arrebato sin intenciones violentas, y compara su situación con la de alguien que intercede en defensa de una víctima de violencia machista y la mujer termina aliándose al golpeador para acusarlo. En su analogía, el golpeador sería el Gobierno de Alberto Fernández y la mujer, la sociedad que —a su entender— le dio la espalda o permaneció indiferente a las alertas por él emitidas.

Jonathan Morel, a quienes protesten en un eventual Gobierno de Milei. 'Yo les recomendaría que se la banquen'

El joven vaticina que inexorablemente habrá conflictos en las calles durante un eventual Gobierno de Milei. Sugiere: “A nosotros nos callaron y nos metieron en cana. Así como nos estamos bancando estos cuatro años del peor Gobierno de la historia, espero que los otros hagan lo mismo”. Advierte: “Más vale que no tiren una sola piedra, va a haber quilombo con los sindicalistas y las militancias. Veremos cómo responde la gente”. Desliza: “Yo les recomendaría que se la banquen”.

Zapping cualunque

Un fantasma recorre Buenos Aires, La Rioja, Toulouse, Madrid, San Pablo y Lima: pisarle la cabeza al prójimo es un argumento que atrae electores. Además del hartazgo y la desesperación, también juegan un papel el egoísmo, la ignorancia esotérica y el desinterés. Las razones de una corriente de ese tenor son profundas y variadas, y dan lugar a debates en pleno desarrollo. Algunos abordajes hacen eje en el dominio cultural del thatcherismo desde los ochenta, la insatisfacción intrínseca del capitalismo y las nuevas formas de relacionamiento con lo público disparadas por las redes sociales, por citar un puñado de razones.

Lejos está de ser una tendencia inédita. En un texto de 1917, previo a la marcha del fascismo sobre Roma, Antonio Gramsci apuntó: “La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes”. “Me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos: cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho, y especialmente, qué no han hecho”, escribió el filósofo marxista en Odio a los indiferentes. El Gramsci posterior que elaboró desde la cárcel mussoliniana probablemente no suscribiría líneas acusatorias de ese tipo.

Milei no nació ayer ni su fenómeno termina en su persona. Un zapping radial o televisivo ofrece una paleta de graduaciones de odio al pobre, que es definido como “tropa kirchnerista”, “planero” o directamente “negro de mierda”, para saciar al inagotable cualunquismo clasemediero. Medir cuánto horada la mente humana esa prédica racista y mendaz es una tarea difícil, pero se puede pensar que no poco, a la luz de los fondos públicos y privados que se invierten para mantener esa letrina al aire.

Una brújula para Bullrich

Una pauta del corrimiento del debate político argentino lo dieron los dos principales candidatos de la que se presentaba como el ala moderada de Juntos por el Cambio. Martín Lousteau hizo campaña en la Ciudad con la promesa de que los hospitales priorizarían la atención de los porteños. El efecto práctico de semejante medida habría sido que habitantes del conurbano que trabajan en la Capital Federal fueran rechazados en la puerta del hospital. Jorge Macri, el vencedor, ya tiene preparada una escalada. Los pobres no son bien recibidos ni en nuestros hospitales ni en nuestros cajeros automáticos. Horaco Rodríguez Larreta, entre tantas apuestas fallidas, eligió un elenco extremista para las listas bonaerenses (Miguel Ángel Pichetto, Cynthia Hotton, José Luis Espert). Algún asesor pensó que la combinación de una pauta descomunal, el reparto de cargos para reclutar aliados y la imitación a Patricia Bullrich iba a funcionar. Salió caro para el vecino.

Con esos moderados, qué se puede esperar de los duros. Mauricio Macri, un hombre “feliz” por el resultado de las primarias, acaba de tratar de “salame” a Santiago Maldonado, ahogado en un río de Chubut cuando era perseguido a piedrazos y una lluvia de balas de goma por los gendarmes de Bullrich. La muerte de ese activista permanece impune a instancias de un juez que el secretario de Macri, Darío Nieto, se ocupó de desactivar en cuanto recibió la causa.

Desde ahora hasta el 22 de octubre, resultará conmovedor constatar la aparición de solemnes sermones en la prensa dominante contra los desbordes de Milei, ahora que Bullrich lo mira desde abajo

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio quedó con la brújula dañada. Con el resultado puesto, Bullrich siguió de largo y coqueteó en la semana con las ideas de Milei, mientras extendía frases extemporáneas contra su exrival y ahora aliado indispensable, Rodríguez Larreta. El postulante libertario, a quien nadie le puede negar capacidad de síntesis televisiva, la ubicó con acidez. “(Bullrich) es menos que mi segunda marca”.

Desde ahora hasta el 22 de octubre, resultará conmovedor constatar la aparición de solemnes sermones en la prensa dominante contra los desbordes de Milei, ahora que Bullrich lo mira desde abajo. Esa prensa, que considera “venganza” a los juicios por crímenes de lesa humanidad, deslizó que Cristina se buscó el intento de magnicidio, celebra el gatillo fácil policial, auspicia recortes de “planeros” y orquesta viajes a Lago Escondido con jueces y espías, pidió turno en el MALBA para organizar un congreso sobre los riesgos de la democracia.

La inercia del FMI

Cristina y Máximo Kirchner prolongaron su silencio. Hace tiempo que madre e hijo actúan como si estuvieran ofendidos con alguien. No alcanzan a comprender por qué alguien podría señalarlos como responsables de haberse marchado al monte en la mitad del mandato, en un Gobierno en el que se suponía que debían ser garantes de acumular fuerzas para correr los márgenes de acción.

No hay nada más propio del cristinismo actual que atribuirse el 100% de la victoria de 2019 y nada, ni uno, de los votos perdidos en 2023. El mundo, empecinado, sigue andando. Salvo el descolocado discurso de Juan Grabois en la noche electoral, nadie parece haber tenido muy en cuenta la ausencia de una líder en franco declive.

La vicepresidenta retomó el diálogo con Massa, que se había enfriado en los días finales de la campaña. El ministro recibió la sugerencia de denunciar la imposición del FMI de devaluar 18%, para marcar distancia con el antecesor en el Palacio de Hacienda. Para el planeta Kirchner, uno de los males de Martín Guzmán fue haber sostenido que su renegociación del préstamo otorgado a Macri había gestado un plan heterodoxo y no un clásico ajuste, forzado por el FMI con los métodos coercitivos de siempre.

Entonces, como el actual ministro lleva a cabo el plan del FMI recargado, ahora sí abiertamente recesivo, está a salvo de las críticas de la vicepresidenta porque “agarró una papa caliente”.

Massa cumplió el pedido de Cristina y se felicitó en dos entrevistas televisivas de haber acordado que la devaluación del lunes fuera de 18% y no de 50% como pretendía el FMI, y marcó la diferencia con Guzmán, que “huyó”. Habrá huido, pero no devaluó una mañana precipitada de agosto, cabe recordar. Justo lo que el votante estaba esperando: más internas.

Lo curioso es que el ministro y candidato, ya que tuvo tiempo, se haya privado de presentar la devaluación en el marco de una serie de medidas integrales para los cuatro meses que restan de mandato, de modo de evitar la sensación de que se trató de una devaluación a las apuradas, sin plan de contención de precios y compensación real a los sectores más desfavorecidos.

Como el actual ministro lleva a cabo el plan recargado del FMI, ahora sí abiertamente recesivo, está a salvo de las críticas de la vicepresidenta porque 'agarró una papa caliente'. Pasó un año

Un año después, sequía mediante, Massa sigue con la papa caliente en la mano y el eterno anuncio de inminentes medidas reparatorias para las mayorías.

Prima facie, Milei quedó mejor parado para octubre, Massa tiene espacio para crecer con votos de partidos de izquierda y peronistas que quedaron afuera de la primera vuelta y los abstencionistas, y Bullrich enfrenta dificultades para tan siquiera sumar todas las voluntades que optaron por Rodríguez Larreta.

Con una diferencia tan exigua de menos de tres puntos porcentuales entre el primero y el tercero, cualquier orden es posible en octubre. Podría darse que la nueva estampida de precios invite a los más humildes a quedarse en su casa y el peronismo demuestre que su caída no tocó fondo.

El aeropuerto de Milei

“Listo para asumir mañana”, Milei despliega equipos. Destacan altos funcionarios del tramo final de Carlos Menem (Roque Fernández, Carlos Rodríguez), consultores (Emilio Ocampo, Darío Epstein, Eduardo Rodríguez Chirillo) y docentes de la Universidad del CEMA (parte de los mencionados y Diana Mondino). Vuelan los castillos en el aire de una dolarización que es anticipada como un descalabro por los economistas que hasta hace poco eran considerados los más liberales del espectro.

Algunos de quienes aterrizan en el mundo Milei son convocados por el recaudador de campaña de La Libertad Avanza, Nicolás Posse, gerente en uso de licencia de Aeropuertos 2000, la empresa de Eduardo Eurnekián en la que el candidato ultra actuó como economista jefe hasta asumir su banca en Diputados, veinte meses atrás. De esa plataforma despegó también la segunda candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires del partido de extrema derecha, Gladys Humenuk, controller en Aeropuertos.

Guillermo Francos, exdirector de Corporación América, el conglomerado de Eurnekián, pide pista en el ministerio del Interior de un Ejecutivo libertario. Hombre iniciado en la política en el Partido Federal de Franciso Manrique, Francos está concluyendo una escala en el Banco Interamericano de Desarrollo, designado por el Gobierno argentino en 2019.

La capacidad de asombro sobre la proveniencia y deriva de funcionarios elegidos por Alberto Fernández no se agota. El vínculo entre el Presidente y Francos nació en la política belicista y cavallista en la Legislatura porteña a fines de la década de 1990, ámbito al que pertenecían ambos. “No hay traición. Francos nunca ocultó que seguía siendo cavallista”, informa una fuente que lo conoce.

El de Francos (US$ 20.000 por mes en el BID) no es el único cruce de los planetas albertista y mileista. Hay uno anecdótico, de índole geográfica. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, de tradición feminista, progresista, universos que son blanco preferido de la nueva ola de derecha, también convivió con el hoy candidato en las oficinas palermitanas de Corporación América. Allí Ibarra se ocupaba de asuntos jurídicos en un despacho próximo al de Milei. Rafael Bielsa, excanciller, embajador en Chile y comandante de Aeropuertos 2000 durante años, solía presentar al entonces economista jefe con chanzas sobre su apariencia.

El periodista Juan Luis González relata en El Loco - La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, las gestiones del propio Eurnekián para darle cabida mediática a su economista preferido, en parte porque apreciaba sus ideas, y en otra, porque le servía como elemento de presión en la pulseada por la concesión de los aeropuertos durante el mandato de Macri.

El restaurante Campo Bravo, próximo a las oficinas de Corporación América y América TV, selló un encuentro que se mantiene sólido. Un abrazo de mediodía entre Alejandro Fantino y Milei continuaría con participaciones en la mesa de Animales Sueltos en América, el canal en el que Eurnekián es accionista minoritario. Fantino es, para Milei, “el padre de la criatura”.

Coincidencias en el marco de un entramado empresarial más amplio, descripto en este diario por Alejandro Rebossio.

El vuelo está por despegar.

SL/DTC

La nota fue corregida en un dato puntual a las 11.25 del 20/8.

Pasadas las tres y media de la tarde del 25 de Mayo, una mujer, 70 años, 50 de militancia política, electa por voto popular para todos los cargos que ofrece la Constitución, se paró en medio del escenario, de espaldas a dos de sus nietos y unos 200 dirigentes, y frente a una multitud que parecía amar el rigor de la lluvia. Enésimo acto de una comunión de la razón y la pasión entre Cristina Fernández de Kirchner y decenas o cientos de miles de argentinos allí presentes, y varios millones que la siguieron a distancia. Habrá más.

La mirada entre negadora y despectiva de ese encuentro —apelaciones al chori, los micros que arrean, el fanatismo, el pobre engañado o comprado— no hace más que demostrar la estatura intelectual y ética de quienes la sostienen. Es, además, una torpeza política. La aventura de transferencia de ingresos de pobres a ricos, palos y cárcel que prometen las derechas va a encontrar resistencia popular. En el país por excelencia del pueblo en las calles, Cristina tiene quién la escuche. La reacción conservadora debería tenerlo en cuenta.

Eso sí. La épica no asigna razón ni exime a la líder de la profunda incoherencia ni de la elusión de responsabilidad en un momento crítico de la historia.

Con una capacidad retórica única en el sistema político argentino, sus diálogos con la multitud, sus pausas, sus bajadas al llano, sus frases destinadas a ser remera, Cristina transitó los argumentos que viene ensayando en cartas y discursos. Apuntó a los responsables de la deuda externa y a “los cuatro vivos” que se llevan el crecimiento. Regresó a la letanía acrítica sobre los números macroeconómicos de 2015. Creció la potencia de su voz al llamar a la Corte Suprema por su nombre: “verdadero mamarracho. Indigno”.

En el país por excelencia del pueblo en las calles, Cristina tiene quién la escuche. La reacción conservadora debería tenerlo en cuenta

Esta vez, la vicepresidenta se privó de someter a la audiencia a las planillas de excel utilizadas en sus “clases magistrales” para explicar que el déficit fiscal es público y gratuito, sin consecuencias inflacionarias.

Una centralidad estable

A falta de nuevos ejes argumentales y de definiciones electorales, el cuadro del jueves en Plaza de Mayo tuvo un sentido para reafirmar lo que ya habitaba la mente del mundo político. A Alberto Fernández y a muchos más gobernadores, ministros, intendentes y diputados de los que lo admiten en público no les resultará fácil superar la centralidad de Cristina y su lógica endogámica de decisiones. Los rebeldes deberán encontrar lealtades, planificación y arrojo para dar vuelta la página.

Alberto Fernández no fue el único ausente en el escenario montado en Plaza de Mayo. Sólo estuvieron presentes tres gobernadores, dos de ellos, Axel Kicillof (Buenos Aires) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), pertenecientes a la galaxia pura de la vicepresidenta. El tercero, Ricardo Quintela (La Rioja), es tan albertista como cristinista, eslabón perdido de un tiempo efímero y cercano. La ausencia de rostros e ideas que desorientaran lo previsible —al contrario de lo ocurrido durante la gira de presentación del libro Sinceramente en la previa electoral de 2019— denota el poco margen de maniobra que tiene Cristina para superar su tercio, tanto para ganar como para alcanzar los “acuerdos básicos” con otros sectores políticos para superar lo que define como “economía bimonetaria”.

El encuadre de la cámara eligió al supuesto trío de presidenciables del cristinismo. Kicillof, Eduardo de Pedro y Sergio Massa. El foco en este último ratifica que a Cristina y Máximo Kirchner no los guía el rencor por batallas pasadas, por cruentas que hayan sido. El driver del Instituto Patria parece ser un mecanismo tan personalista como enigmático que administra indultos y condenas, y no percibe necesario abundar en explicaciones comprensibles. La decisión de subir o bajar gente del escenario se ancla en un motivo estelar: porque sí.

Hay que reconocer que De Pedro no acercó al estrado a su padrino sindical, el —entre otras cosas— ultramenemista Luis Barrionuevo. Por ahora.

El viaje de Massa

Mientras el dedo que De Pedro ansía y Kicillof teme se toma su tiempo, algunos creyeron ver en el lugar de Massa en el escenario y en el viaje que éste emprenderá a China junto a Máximo Kirchner una señal para su candidatura presidencial. Es probable, pero la especulación choca con estas frases de la vicepresidenta:

Massa no parece estar apuntando a “dejar de lado” el préstamo con el FMI, más bien todo lo contrario. Es, a su vez, el ejecutor de la botonera que permite que, a criterio de Cristina, “los cuatro vivos se la sigan llevando”. Podría argumentarse que asumió el ministerio en condiciones de volatilidad extrema y no le quedó margen como plantarse ante el FMI o ante los extorsionadores de la soja que acumulan en silobolsas para lograr una devaluación; cuatro vivos por excelencia. Ocurre que poco y nada en Massa hace pensar que alberga la biblioteca macroeconómica de la vicepresidenta. ¿El ministro de Economía encaró hacia La Quiaca con el fin subalterno de llegar a Ushuaia? ¿Martín Guzmán, con una pandemia seguida de guerra, tuvo margen para impulsar el salariazo con revolución productiva que reclama el kirchnerismo duro?

Vía “la papa caliente” o pinceladas de inspiración larroquista “Massa es un compañero”, el cristinismo da por satisfechas las dudas. La fraseología precaria, sin repreguntas de muchos de los presentes en la Plaza —unos cuantos, de verba inflamada—, Cristina, la estratega a la que se atribuye dar vuelta el tablero con una jugada magistral, se permite pasar por alto que ella propuso en 2019 a Alberto Fernández como candidato presidencial —no a Kicillof— y que, recién ante la inminencia del default con el FMI, en el verano de 2022, y tras seguir paso a paso las negociaciones durante dos años, se dio cuenta de que el acuerdo acercado por Guzmán era idéntico al que había firmado Mauricio Macri. Si el texto del acuerdo dice otra cosa, es un detalle irrelevante.

Vía alusiones a “la papa caliente” o pinceladas de inspiración larroquista “Massa es un compañero”, el cristinismo da por satisfechas las dudas

Del giro de Cristina se desprende la propuesta de acumular fortaleza política para obligar al FMI a retroceder. La vicepresidenta insta a la “unidad nacional” para la gesta. Semejante hito necesitaría una articulación gubernamental sin fisuras, técnica quirúrgica para enfrentar a “los cuatro vivos” y una dinámica por todo lo alto, con diplomacia y belicosidad, en estrados internacionales. Si esa era su intención, no avisó cuando debía, hace cuatro años. No con alguna frase deslizada en un acto político, sino con acción política coherente.

¿Qué país piensa la líder que ahora reclama “unidad nacional” contra el FMI y describe que la elección que viene se jugará entre tres tercios: el que ella lidera, el de la derecha que cree que el Primer Tiempo de Mauricio Macri fue tibio y el de la ultraderecha que propone dolarizar la economía?

“La ruta del dinero K”: un bluff

El nombre de Lázaro Báez sobrevoló las horas previas y posteriores al acto en Plaza de Mayo. Si ciertos políticos como Elisa Carrió y grupos mediáticos como Clarín no estuvieran tan seguros de la impunidad de su palabra, se habrían ahorrado la sugerencia de que el pedido de sobreseimiento de Cristina en la causa propalada como “ruta del dinero K” se debió a un favor del fiscal federal Guillermo Marijuan a Massa. Por una razón muy simple: si ahora uno de los alfiles más notorios de Comodoro Py entierra una acusación por obediencia a su aparente jefe político, habría que deducir que una década atrás, cuando ese mismo fiscal activó un baile procaz de excavadoras, arrepentidos y cámaras ocultas, también actuó bajo el mismo mandato.

Lo inválido del razonamiento que sacaron a relucir los enemigos de Cristina no es la hipótesis de que un fiscal federal actúe con motivaciones políticas. Eso es moneda corriente. En efecto, Massa auguraba años atrás que varios kirchneristas terminarían presos y que “los ñoquis de La Cámpora” serían barridos, lo que está lejos de transformarlo en autor intelectual de las decisiones de Marijuan. Quienes lo sostienen deberían probarlo.

Que el show denigrante con excavadoras buscando bóvedas en la estepa patagónica, al que la campera inflable azul de Marijuan se prestó solícita, haya ocurrido en los días posteriores a la revelación de las sociedades fantasma de Macri en Panamá, en abril de 2016, es una mera coincidencia que las voces cínicas de defensa de los valores republicanos no explicarán.

La “ruta del dinero K” incluyó la actuación de Leonardo Fariña, un personaje estrafalario que se dejó arrepentir frente a una cámara oculta de Jorge Lanata. Fariña encandiló con su solvencia a Marijuan, a su colega de Comodoro Py Carlos Stornelli y al ministro de Justicia de Cambiemos y actual asesor de Macri, Germán Garavano, al punto de que éste acordó pagarle la compensación por el arrepentimiento (vivienda con amplias comodidades, traslados en autos de alta gama y Osde) con la plata del contribuyente.

Que el show denigrante con excavadoras en la estepa patagónica, al que la campera inflable azul de Marijuan se prestó solícita, haya ocurrido en los días posteriores a la revelación de las sociedades fantasma de Macri en Panamá, es una mera coincidencia

La presión ejercida sobre el juez federal Sebastián Casanello, “tortuga”, fue menos pintoresca, pero más sórdida. Con los mismos altoparlantes que hicieron famoso a Fariña, dos testigos aportados por el sistema de Inteligencia mintieron para afirmar que Casanello había visitado a Cristina en la quinta presidencial de Olivos. Martín Irurzun, el camarista de la doctrina del “poder residual”, dio aire judicial a la versión. La historia terminó con los falsos testigos condenados a tres años de prisión y con Santiago Viola —abogado de Báez, presunto autor intelectual de la maniobra y hoy apoderado del partido de Javier Milei— sobreseído por la Cámara Federal de Casación.

Marijuan llegó esta semana a la misma conclusión a la que podría haber arribado cuando las excavadoras no encontraron más que tierra en los campos de Santa Cruz, a falta de un mínimo indicio de que los fondos de los Báez se conectaban en algún punto con la familia Kirchner. El fiscal escribió en su dictamen de 46 páginas que la relación entre el empresario y la líder política está probada —algo obvio—, pero no hay indicios que unan a la vicepresidenta con el dinero lavado.

Pregunta, respuesta y ofensa

Hablar de Báez es hablar de un amigo de Néstor Kirchner devenido contratista de obra pública que fue condenado a 10 años de prisión por lavar US$ 55 millones producto de la evasión impositiva. Su incremento patrimonial y sus cuentas en Suiza quedaron a la vista: una verdadera ruta de la corrupción.

Para el tándem macrismo-servicios-medios, abordar las causas de Báez constituye el desafío árido de tener que explicar a Fariña, jueces acomodados o barridos, pádel en Olivos, fútbol en Los Abrojos y primicias fraudulentas. El expediente también resulta inconveniente para los peronistas “racionales” que en algún momento se ilusionaron con el fin del kirchnerismo por la vía judicial.

Alberto Fernández habló de Lázaro Báez y el cristinismo regresó a un lugar que frecuenta: se ofendió.

En entrevista con este diario publicada el domingo pasado, el presidente dijo: “Cristina no es corrupta, yo la conozco… Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública”.

El mandatario reiteró conceptos que ya había expresado, aunque con más énfasis y en el contexto sensible de su ruptura definitiva con la vicepresidenta y la antesala de unas elecciones que pintan complicadas. Eligió texto y tono para destacar que él no tiene socios empresarios porque, “para mí, en la gestión del Gobierno, la transparencia, la decencia y la honestidad son temas centrales en una Argentina devastada en esos términos”. En su línea divisoria entre el delito penal (“no es corrupta”) y probables falencias éticas (“muy graves”), el Presidente queda interpelado en su relación con Néstor Kirchner, a quien considera referente, amigo y verdadero líder. La “imprudencia” que cabe a Cristina apunta también, con bastante mayor claridad, a su marido fallecido.

Alberto no “salió a cuestionar a” sino que respondió una pregunta en una entrevista a agenda abierta con un medio crítico. Esto, un abecé de la democracia, es terreno poco explorado por sus principales enemigos de Juntos por el Cambio y el cristinismo

La interpretación generalizada de que Alberto eligió apelar a Báez como munición en la interna del Frente de Todos incluye un equívoco. No estaba en su ánimo ni, seguramente, en su presunción que el tema sería abordado. El mandatario no “salió a cuestionar a” sino que respondió una pregunta en una entrevista a agenda abierta con un medio sin intereses ocultos. Esto, un abecé de la democracia, es terreno poco explorado por sus principales enemigos de Juntos por el Cambio y el cristinismo, que suelen elegir con cuidado quirúrgico el dominio de la pregunta, objetivo al que ayudan la adhesión política de los medios, la pauta o la participación accionaria.

La ofensa es, para Cristina y los suyos, un derecho de su uso exclusivo. El derecho es a ofender, no a ser ofendidos. Quizás, algún día, la vicepresidenta se deje preguntar y repreguntar, en una entrevista serena, a agenda abierta, sobre casos de presunta corrupción en su gobierno y el de su marido. Sobre los contratos con Báez, el Grupo Macri y el Grupo Roggio.

Al fin y al cabo, la bandera de la transparencia fue sostenida en el discurso de asunción presidencial de Néstor Kirchner, hace veinte años.

SL 

Habían pasado un año de la salida de Cambiemos del Gobierno y nueve meses desde el comienzo de la pandemia cuando tuiteros orgánicos comenzaron a hacer circular la gracia “Ah, pero Macri...”. Fue la forma en que el macrismo se dio por eximido de brindar explicaciones sobre el legado con el que terminó su primera experiencia en la Casa Rosada. Ya los meses previos, cuando arreciaba el coronavirus en un país hiperendeudado y empobrecido, las espadas más aguerridas de la alianza de derecha habían recentrado el debate en lo importante: combatir a la infectadura y oponerse a medidas “populistas” como el impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

En Argentina, como en todo el mundo, hay medios embarcados en proyectos políticos. Aquí se da la particularidad de que esa carga militante vinculada al macrismo es asumida por los dos principales grupos de comunicación; uno de ellos, Clarín, con presencia dominante. El kirchnerismo opone lo suyo, con menor poder de fuego. Entonces, la ocurrencia del “Ah, pero Macri´...” escaló. Editoriales, columnas, tuits, títulos, zócalos y entrevistas hicieron propia esa forma de desmerecer alusiones a la presidencia 2015-2019. Martín Tetaz, en plena transición desde el periodismo y la consultoría a la política partidaria, transformó la frase en remera durante un debate en TN. “Qué genio. Fuerte y al medio”, celebró la irrupción María Eugenia Vidal, en su año moderado.

Tiempo propio

El macrismo se da a sí mismo un calendario singular. No responde al orden gregoriano que rige en gran parte del mundo hace cuatro siglos, ni a ciclos lunares, ni a fechas institucionales, ni a cronogramas electorales, ni al horóscopo chino. El calendario obedece al libre albedrío de sus líderes. Así fue como Macri se permitió establecer en septiembre de 2016, con diez meses en la Casa Rosada, que aceptaba que juzgaran su legado recién a partir de entonces. Por mero acto declamativo, se desentendió de los efectos de la primera devaluación y el desfinanciamiento del Estado vía baja de retenciones instrumentados por su Gobierno, con el consecuente aumento de la pobreza y la inflación.

Si ese comienzo tardío del Gobierno de Macri ya resultaba curioso, Cambiemos no se inhibió para rebanarse unos meses al final. La alianza de derecha ofrece dos versiones. O bien el verdadero ciclo de Cambiemos terminó en abril de 2018, después de “las 14 toneladas de piedras” —otro lema de propaganda que el mainstream mediático hizo zócalo—, cuando el país se encontró con que la montaña de deuda acumulada los dos años previos se transformaba en carga muerta, o a las 9 de la noche del 11 de agosto de 2019, al conocerse la derrota en las PASO ante el Frente de Todos, capricho de las urnas que —en el relato del macrismo— frustró la recuperación genuina de la economía. En un caso o en otro —abril de 2018 o agosto de 2019—, el verdadero responsable de que la nave económica se desconectara de la cabina de control fue el temor de los inversores al populismo kirchnerista, explican.

Punto y aparte

Gobierno corto, sin rendición de cuentas. Otro tema.

Ese andar liviano por la vida política tiene dos pilares fundamentales. El primero, el citado de los medios dominantes. No cualquier proyecto político goza de una paleta de entusiastas de derecha light a ultraderecha insultante dispuesta a sostener la gesta cada mañana, tarde y noche por televisión y radio. Sin problemas en ese frente, Comodoro Py se encarga del resto. Cualquier cabo suelto (y quedaron varios) de cuentas en el exterior, espías ilegales y contratos concedidos a empresas asociadas, los jueces y fiscales federales asentados en Retiro se encargan de absorberlo, plancharlo y cajonearlo.

Juntos por el Cambio (JxC) ve el regreso a la Casa Rosada al alcance de la mano. La explicación autoindulgente sobre el Primer Tiempo debería encender luces de alerta, no sólo porque se trata de un ciclo con consecuencias directas en el presente, sino por lo que anticipa.

Una de las pocas críticas esbozadas por los responsables del macrismo es que el ajuste de Cambiemos se quedó corto, debió ir a fondo de entrada, nada de gradualismo. JxC, con el peso de la experiencia y ante un pueblo que recapacitó sobre el pecado del populismo, llegó para reparar ese error. Viene la era del “cueste lo que costare”, “las 100 horas” a cara o ceca, “cárcel o bala”, “Ejército en las calles”, “política de shock”, cirugía mayor sin anestesia.

Esta semana, un exfuncionario del FMI tomó la posta de la defensa del mayor préstamo de la historia del organismo y apuntó toda la responsabilidad en el Gobierno de Alberto Fernández. Nacido en Argentina, ciudadano de México, donde vivió desde pequeño, ex subsecretario de Hacienda de Felipe Calderón —presidente recordado por sus compatriotas— y gestor del crédito por US$ 44.500 millones, Alejandro Werner argumentó con una enjundia tal que parecía integrante de de la mesa chica de JxC. Le dijo a María 0’Donnell que el préstamo fue utilizado para pagar deudas y “obras de infraestructura” (sic), y lo pasado, pisado. Como Fernández renegoció el programa hace un año, debe asumir la totalidad del peso de “tener que andar mendigando dólares por el mundo”. Fuerte y al medio, diría Vidal.

Juntos por el Cambio (JxC) llegó para reparar el error del gradualismo. Viene la era del “cueste lo que costare”, “las 100 horas” a cara o seca, “cárcel o bala”, “Ejército en las calles”, “política de shock”, cirugía mayor sin anestesia.

Los precandidatos presidenciales de JxC se resisten a aportar precisiones sobre las medidas por venir. Sugieren que habrá devaluación, pero no aceptan preguntas sobre porcentajes, tiempos ni consecuencias. No terminan de aclarar si creen, como en 2016, que una depreciación de 40% no tendrá efectos inflacionarios, “porque los precios ya están al blue”. E insisten: hay que bajar impuestos a los ricos y retenciones al agronegocio, no hay peso depreciado ni buenas cotizaciones internacionales de los cultivos que resistan ese dogma. Acusan: “Se robaron un PBI”, “se fumaron US$ 35.000 millones de exportaciones por el precio de la soja”, “dilapidaron reservas”, “multiplicaron la deuda”. No hubo pandemia, ni guerra de Ucrania, ni sequía, ni negociación con la soga al cuello para postergar vencimientos con el FMI por US$ 19.000 millones en 2022 y US$ 20.000 milllones en 2023; sólo latrocinio e impericia peronistas.

“De Macri se pueden decir muchas cosas, pero boludo no es”. La frase dicha a elDiarioAR por una persona de diálogo habitual con Horacio Rodríguez Larreta sostiene la intuición de que el expresidente terminará acordando con el jefe de Gobierno, pese a los ruidos en torno a la candidatura en la Ciudad y el armado de listas. Esa convivencia soportó acechanzas en el pasado y demostró ser de beneficio mutuo. Macri necesita certezas para el Segundo Tiempo; Larreta debe contar con el liderazgo del exmandatario para frenar la ira de Javier Milei y los suyos. La voz repasa los riesgos que significaría para Macri quedar atado a la aventura belicista de Bullrich y cita ese video reciente que se viralizó, con los whatsapps del PRO a la cabeza, en el que la precandidata presidencial, en su quinta década de militancia política, se mete en un berenjenal y confunde recesión con deflación.

La matriz de Larreta

La administración de la devaluación tras un año de deterioro de los ingresos y el PBI como promete ser 2023, y de los dólares que aportarán Vaca Muerta y el agronegocio desde el año que viene pondrán al próximo Gobierno ante decisiones cruciales. Errores primitivos para desequilibrar la balanza a favor de los sectores privilegiados como en 2016 pueden costar caro. A falta de certezas, cabe evaluar a Rodríguez Larreta a la luz de lo actuado en la Ciudad para comprender la matriz de gestión del Estado del principal candidato presidencial de JxC.

Las prioridades del jefe de Gobierno sobre el espacio público, los servicios, salud, educación, vivienda, el peso de la narrativa y la brutalidad policial están a la vista. Criticables desde ya, está demostrado que sintonizan con la mitad de los porteños. El siguiente renglón sobre la administración de los recursos y la forma de relacionarse con los actores económicos resulta menos visible para el gran público.

Uno de los mayores contratos bajo la órbita del Ejecutivo porteño es el subte, en manos del Grupo Roggio desde 1994. Desde 2013, primero Macri y luego Larreta extendieron la concesión de facto, sin llamado a licitación, hasta que en 2020 el Gobierno de CABA adjudicó la operación en una compulsa con un único oferente: Roggio. Que su principal accionista, Aldo Roggio, admitiera haber pagado coimas a Ricardo Jaime durante años, cuando el subte estaba bajo la jurisdicción de Nación, no fue impedimento para dar continuidad a esa política de Estado que fue del menemismo al macrismo, pasando por el kirchnerismo. Tampoco lo fue la pésima calidad del servicio.

Trazos por el estilo se constatan en la principal obra de infraestructura de los ocho años de Larreta, el Paseo del Bajo, obra cuyo tramo más lucrativo quedó, como si hubiera mediado el prestidigitador Tusam, en manos de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente. La denuncia parecía seria, pero Claudio Bonadio y los camaristas trasladados a dedo por Macri cerraron la causa. Qué decir de la concesión de los comedores escolares, desde hace décadas en las mismas manos.

O de Marcelo Violante, dueño de uno de los negocios de las grúas por el que pagaba un canon ridículo de $55.000 mensuales y autor de mensajes de Telegram muy cordialmente recibidos por el exministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro para que le arreglara licitaciones. Son mensajes filtrados que ninguno de los intervinientes se animó a desmentir con precisión. Violante le pidió disculpas al funcionario porque no pudo “juntar todo, ahora tengo 60 verdes”, “Y te traje los 50 de Claudio q hace rato no te mandaba”. “Son dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno, y las 50 lucas están descubiertas. Se las doy así?”

“Dáselo”, escribió D’Alessandro.

La historia terminó con el ministro afuera del Gobierno de la Ciudad para —según dijo— dedicarse a descubrir quién le hackeó el celular. La prensa aliada puso el foco en el hacker de su huesped en Lago Escondido y se olvidó de los sobres abiertos. Comodoro Py y los jueces de CABA harán lo propio.

Larreta ya avisó sobre el destino de su fiel funcionario. “No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el trabajo de Marcelo y su equipo en estos años. De acá en adelante, va a ser parte fundamental de los equipos técnicos que están diseñando el plan nacional de seguridad”.

¿Qué puede salir mal?

SL

Desde hace décadas, sus páginas han cedido espacio en anticipar tendencias de la política, explorar historias cotidianas y acercar a sus lectores las novedades en el ámbito del espectáculo, el deporte y la cultura. Las revistas de los dos grandes diarios de papel argentinos, La Nación Revista y Revista Viva, fueron protagonistas de los cambios en medios y acompañaron la evolución tecnológica hasta lanzar su versión digital.

En 2023, la doble vía de llegada a sus fieles lectores del papel continúa transformándose. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes seguras, ambas revistas semanales dejarán de editarse en papel revista para integrarse como suplementos del cuerpo principal del diario en sus formatos dominicales.

Por un lado, La Nación Revista cambiará su nombre por “Domingo”. Mientras que, Revista Viva, mantendrá su denominación y se rediseñará, con más presencia en el sitio web.

“Estamos estudiando hacer una apuesta más fuerte en la transformación digital, es el camino que hemos emprendido hace años; el de tener como meta un producto más digital”, apuntó un alto directivo de Clarín. 

“La idea no es discontinuarla, (en referencia a la posibilidad de dejar de publicar la revista) sino tener una mayor presencia en la web, en la home. Estamos estudiando hacer otras cosas y repensar el producto a partir de los cambios en la tendencias, en el consumo de los lectores”, agregó. 

Autoridades de La Nación no han respondido frente a la consulta de elDiarioAR al cierre de esta edición.

En el artículo anterior de esta serie conté un poco la historia de Chapadmalal, una de las grandes afrentas del peronismo al status quo. A partir de la recuperación de una estancia mal habida que ocupaban los Martínez de Hoz, la acción de gobierno permitió una masiva democratización del turismo: los hijos de los cabecitas, hasta entonces excluidos de gozar de las playas como los niños de otras clases, tenían derecho al mar

¿Cómo puede haber seres humanos tan repugnantes que se oponen a la igualdad esencial que existe entre todos los niños? Porque el resentimiento de los Martínez de Hoz es comprensible, al fin y al cabo perdieron “su” estancia. Pero que existan personas que sólo por maldad se oponen a que los chicos disfruten del agua es un fenómeno social triste. La categoría superior de villanía la integran personas que no sólo se oponen a la igualdad y lo dicen sin ruborizarse, sino que militan explícitamente la inequidad social y el aplastamiento de las clases populares.

El sofisma fundamental de estos militantes de la segregación consiste en calificar a los sectores populares como una masa ignorante, idiota y embrutecida que opera como base de maniobra para intereses perversos del populismo. Así, la figura del populista perverso permite disfrazar la inhumanidad del planteo central de estos ideólogos del apartheid social: hay una clase de personas que no merecen ser feliz ni gozar de los mismos derechos porque en el mejor de los casos nació para servir a otra como “mano de obra” pedaleando 14 horas para llevarte una hamburguesa o ganando sueldos por debajo de la línea de indigencia para limpiarte el inodoro. Todo otro ideal social genera grieta, vagancia, populismo, discordia.

Por eso, para el tradicional diario La Nación la solución a la discordia entre clase media y la patria choriplanera es simple: “que la clase media vuelvan a mirar a esas personas como potencial mano de obra y no como vagos irrecuperables” (sic). Voilà! Le faltó sincerarse y decir “mano de obra barata”.

Pese a que los principales segregacionistas pertenecen a las clases altas rentistas, su héroe social, antagonista del choriplanero, es el hombre de clase media que “se rompe el lomo laburando”. Las clases altas toman prestado este personaje esforzado, sufrido e incomprendido, “la gente común”, porque la defensa del privilegio de nacimiento y las fortunas faraónicas es demasiado difícil de sostener; porque además sin una porción de la clase media como base política no son nada. Por eso tanto alica, alicate, tanto “soy común”, fotos familiares…. Pero no seamos bobos, ninguno de ellos vive como clase media.  

Ayer La Nación ofreció un espectáculo patético de racismo y clasismo publicando un artículo titulado La discordia histórica entre la clase media y la “patria choriplanera”, con firma de Marcelo Gioffré. La patria choriplanera son los “millones de personas vampirizadas por mafias” que perdieron su “individualidad”, son “almas secuestradas”, “que corta la calle, acampa en plena calzada y petrifica al trabajador en la maraña del tránsito”, que se presentan “impermeables a asumir el desafío de la dignidad” o aceptara “el nutritivo riesgo de la libertad” (sic).

Más allá de que el mentecato articulista hace una interpretación totalmente forzada y deshonesta del cuento “Cabecita Negra” de Germán Rozenmacher, sus propias anteojeras ideológicas lo llevan a reproducir los prejuicios más infames definiendo a los descamisados del presente, los trabajadores de la economía popular, como “choriplaneros”, del mismo modo que se identificaba a los obreros del siglo pasado como “cabecitas”, “peronchos”, “patasucias”. Es la tirria contra los negros, doblemente punzante cuando estos negros deciden desafiar el lugar que se les asigna en la sociedad… la aversión al negro no es un pensamiento, es un sentimiento… o mejor dicho una perversión moral que anida en el corazón de ciertos tristes hombres que no observan la realidad con sus propios ojos sino que repiten prejuicios como una manada.

Pero ojo el piojo: esos hombres no son “la clase media” que describe la sociología, sino “el hombre mediocre” que describe José Ingenieros: “Producto de la costumbre, desprovisto de fantasía, ornado por todas las virtudes de la mediocridad, llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados” que “no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no engendra; pero, en cambio, custodia celosamente la armazón de automatismos y prejuicios”

Para Gioffré clase media es equivalente a “los Lanari de la vida” (sic). Vale la pena leer el cuento, es una obra maestra que describe a la perfección un arquetipo de “alma secuestrada” por la mediocridad: “los Lanari de la vida” (sic) son personas horribles cargas de prejuicios y malicia, cobardes, falsas, rutinarias, con bibliotecas cargadas de libros que no leen, que no se conmueven ante el espectáculo de una niña abusada, que se comportan con servilismo abyecto frente al poder y con infinita crueldad ante los débiles. Son aquellos que padecen la necesidad histérica de contar con la fuerza pública como protección de su permanente miedo a caer en la escala social.

Entre las citas potentes que deshonestamente omite Gioffré para hacer del detestable Lanari un personaje tolerable está su reivindicación de la dictadura militar y la represión cómo forma de tranquilizar su odio de clase: “La chusma”, dijo para tranquilizarse, “hay que aplastarlos, aplastarlos”, dijo para tranquilizarse. “La fuerza pública”, dijo, “tenemos toda la fuerza pública y el ejército”, dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba“

Los propagandistas de la mediocridad como Gioffré son intelectuales orgánicos de las minorías privilegiadas. Su tarea es secuestrar el alma de personas que por su condición socioeconómica pertenecen clase media para llevarlas a la condición espiritual-ideológica de lo que Ingenieros describe como mediocridad.

Por eso, su deber es atacar a toda expresión política que desafíe a las minorías privilegiadas con el trillado argumento de que “corrompen al pueblo”. Gioffré denomina kirchnerismo a esta expresión y le atribuye la multiplicación de las capas sociales sumergidas. El kirchnerismo es la denominación vernácula de lo que más genéricamente denominan populismo latinoamericano: Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Xiomara Castro. En todos estos países se reproduce el mismo argumento: hunden a la clase media y corrompen a los pobres.

El problema que tienen los relatos como el de Gioffré es que mueren en los datos. Basta leer el informe “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina” del Banco Mundial para notar que los años dominados por este populismo permitieron “duplicar la clase media” en Nuestramérica. El economista jefe del Mundial para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, describió las causas de esta significativa mejora: “la suerte de la región mejoró significativamente gracias a ciertos cambios de política pública que enfatizaron la prestación de programas sociales junto a la estabilidad económica”.

No te lo dice Grabois, te lo dice el Banco Mundial: los programas sociales junto a la estabilidad económica permitieron el crecimiento de la clase media y mejorar la situación de la región. Pero a los patrones de Gioffré no les interesa duplicar la clase media, les interesa otra cosa que queda bien clara en su artículo: tener mano de obra barata. Por eso promueven dentro de la clase media al hombre mediocre que desprecia a todos los que luchan por mejores ingresos y salarios para los sectores populares, sean sindicatos, movimientos sociales o corrientes políticas. 

Los que sumergieron a la Argentina en la miseria y pulverizaron la clase media son los neoliberales. Hay que recordar que Patricia Bullrich y Gerardo Morales fueron altos funcionarios de las dos mayores maquinarias de empobrecimiento de la Argentina: el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa (1999-2001) y el gobierno de la Segunda Alianza encabezado por Mauricio Macri (2015-2019). Ambos se decían representantes de la clase media y ambos la jodieron bien jodida, llevando millones de ellos a la pobreza y precarizando al resto, mientras endeudaban el país, enriquecían a los ricos y fabricaban hombres mediocres con su poderosa maquinaria (in)cultural.

Pero existe otra clase media que, para usar los términos de Ingenieros, es idealista, “causa inquietud entre los que viven a la sombra de intereses creados”. Estos jóvenes, hombres y mujeres de la clase media son “adversarios de la mediocridad: soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los apáticos, generosos contra los calculistas, indisciplinados contra los dogmáticos”. La diferencia fundamental, sin embargo, estriba en que el hombre mediocre siempre va a proyectar su odio contra quien está más abajo o tiene menos poder, mientras el idealista deposita en ellos su amor y solidaridad, rivalizando con poderosos, privilegiados y opresores.

Para Ingenieros “un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible”. Luchar porque haya tierra, techo y trabajo para todos, que nadie tenga que ser sirviente de otro para evitar discordias, es perfectamente factible. Ojalá la clase media se llene de idealistas y se vacíe de mediocres.

Nunca seas una Lanari.

JG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció las “prácticas mafiosas” en las que incurren los medios hegemónicos de comunicación, a raíz de una nota publicada por el diario La Nación, en la cual “una vez más” se volvió a “amenazar con meter presa” a su hija, Florencia Kirchner.

En un texto publicado en sus redes sociales, la exmandataria recordó el “episodio mafioso y dramático” del que fuera víctima la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, cuando en el diario Clarín se publicó el número del teléfono celular de una de sus hijas.

Además, la Vicepresidenta reclamó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos “no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”.

“Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla”, aseveró la exmandataria en una publicación que compartió en sus redes sociales.

De esta forma, Fernández de Kirchner respondió a la nota publicada este sábado en La Nación bajo el título “Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista”.

La expresidenta compartió el siguiente fragmento de esa información, en la cual se afirma: “Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre”.

Cristina Kirchner agregó que en la misma publicación también se puso “en duda que haya dado positiva de Covid”.

“El fragmento reseñado de la nota se refiere a las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadío (ya fallecido), el juez sicario, y concluidas por Julian Ercolini, el juez mutante que devino en juez viajero”, contextualizó la vicepresidenta haciendo referencia al viaje a Lago Escondido en el que habría participado el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 10.

De esta forma la exmandataria hace referencia a Ercolini, quien junto a otros magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación viajó a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

Las personas que realizaron este viaje formaron un grupo de chat, cuyo contenido se difundió en los últimos días, y en el cual los involucrados mantuvieron conversaciones para dar una versión falsa sobre esa la excursión que realizaron a las tierras de Lewis.

El gobierno nacional denunció esta semana a magistrados, funcionarios y empresarios por dádivas, y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare pidió profundizar la investigación sobre estas personas.

“En esas causas (Hotesur y los Sauces), que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito”, recordó la titular del Senado.

Además, la Vicepresidenta hizo referencia a las conversaciones del grupo de chats de los involucrados en el viaje a Lago Escondido, y señaló que en una de las conversaciones también participa el juez Pablo Cayssials quien llevó adelante la causa “contra la procuradora fiscal Gils Carbó (ultima designada constitucionalmente en el cargo)” y que originó su renuncia.

“(La causa) le fue solicitada por el director del diario (léase Julio César Saguier) conforme se desprende del propio texto del chat publicado en la web el pasado fin de semana”, aseguró y compartió una captura del material filtrado.

En dicho fragmento se menciona a una periodista llamada Paz que “corresponde a una periodista del mismo diario” y otro colega que “contaba con una versión diferente sobre el episodio mafioso y dramático que vivió la entonces procuradora”.

“Héctor Magnetto ordenó publicar en el diario Clarín el número de teléfono de una de sus dos hijas, a quienes también les habían armado una causa. Y ya que hablamos de mafias e hijos e hijas, viene al caso recordar que Gils Carbó fue la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín”, remarcó la expresidenta.

Fernández de Kirchner recordó que el fiscal de Cámara, Gabriel de Vedia, declaró que el exasesor presidencial del expresidente Maurcio Macri, Pepín Rodríguez Simón, “fue el encargado de hacerle saber personalmente que debía renunciar, si no quería ir presa ella y sus dos hijas”.

“Finalmente, como es de público y notorio, la procuradora constitucional renunció”, subrayó.

Por último, la exmandataria sostuvo que el fragmento aludido “no trae ninguna originalidad”, sino que se trata de “la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante”.

“Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 39 años de haber derrotado a la dictadura, no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”, concluyó.

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

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Entre el lunes y el martes, cuando toda la atención estaba puesta en la suerte del acuerdo con el Fondo en el Congreso, a 225 kilómetros de la Casa Rosada el gobierno del Frente de Todos estaba haciendo otro movimiento que sorprendió al poder permanente de la Argentina. Un lote amplio de funcionarios nacionales y provinciales recorrió la muestra y, como nunca en sus casi 20 años de historia, el kirchnerismo hizo un gesto a favor del sector agroindustrial y participó activamente en la feria que organizan en conjunto Clarín y La Nación desde 2007.

A la presencia del ministro de Agricultura Julián Domínguez, se sumaron el acompañamiento del ministro del Interior Eduardo De Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que después de reportar durante 30 años al peronismo made in Santa Cruz decidió declararse libre de culpas. Kicillof y De Pedro -que se reivindicó en el lugar también como productor agropecuario- jamás habían pisado la feria del agronegocio. Junto a ellos y la asistencia del gobernador de Santa Fe Omar Perotti y la diputada Cristina Álvarez Rodríguez se hizo notar la presencia de los stands de YPF, el Banco Nación y el Banco Provincia.  

El acercamiento comenzó el lunes a la noche, en la cena de inauguración, cuando Domínguez hizo un discurso en el que citó dos veces al Papa Francisco, reivindicó la pujanza del sector, aludió a la necesidad de recuperar el clima de negocios y remarcó que las entidades financieras de Nación y Provincia habían aportado 460 mil millones de pesos en créditos subsidiados para los productores durante 2021. 

“Hoy es un día muy especial, es el día de María Auxiliadora, la patrona del campo”, dijo en el inicio de su mensaje. Cuando el ministro que perdió la interna bonaerense con Aníbal Fernández en 2015 afirmó que “el campo es anterior y constitutivo de la identidad nacional” se oyeron los primeros aplausos. “No puede haber proyecto económico y social de la Nación en el que no se entienda que el campo es constitutivo de nuestra identidad nacional y de los desafíos presentes y futuros”, dijo. En la mesa principal, lo escuchaba un trío inédito y llamativo: los organizadores habían decidido sentar al ministro De Pedro entre el gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, Martín Etchevers, y el director y accionista principal de La Nación, Fernán Saguier. Domínguez dijo que llevaba un mensaje de adhesión de Alberto Fernández y mencionó dos veces al ministro de La Cámpora: le agradeció su presencia y afirmó que la participación de los dos funcionarios en la muestra emblema del agronegocio expresaba la decisión del gobierno de “acompañar las mejores capacidades” del sector. De Pedro rescató la importancia del sector para promover un país federal y generar arraigo en base al empleo en los pueblos del interior, en todo el país.

Al día siguiente, bajo el sol del mediodía, las sonrisas de Kicillof y el accionista de Clarín José Antonio Aranda -el histórico lugarteniente de Héctor Magnetto que además es empresario arrocero- marcaron el corte de cinta de Expoagro en la localidad de San Nicolás.

Pese a que Domínguez ya había intentado cumplir en su anterior gestión -2009-2011- con el rol de “puente” con el que le gusta definirse, nunca el kirchnerismo había tenido una presencia tan marcada como este año, en el regreso de la muestra que se había interrumpido a partir de 2020 por la pandemia. Habituados a contar con la asistencia de las principales figuras de Juntos, desde María Eugenia Vidal el martes y Mauricio Macri el jueves hasta Horacio Rodríguez Larreta el viernes, la novedad esta vez estuvo en el desfile de los funcionarios que reportan a Cristina Fernández de Kirchner. 

En un contexto en que los precios de los commodities vuelan -en especial el trigo por la guerra en Ucrania-, el agronegocio vive un clima de optimismo que no es completo porque siempre teme la posibilidad de que el Gobierno intervenga en el mercado de cereales o vuelva a subir las retenciones como sugiere el secretario de Comercio Roberto Feletti y resiste Domínguez. Según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario, pese a la sequía, la producción de soja ascenderá a 40 millones de toneladas este año y la de maíz a 47,7 millones de toneladas. A eso se suma la previsión de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que prevé una cosecha de 40.000 millones de dólares para 2022.

En Expoagro, se pudo ver alrededor de 600 expositores, un 20 por ciento más que en la edición récord anterior, entre fabricantes de maquinaria, semilleras, automotrices, aplicaciones digitales y bancos. Sin embargo, el principal sponsor de la exposición fue el Banco Provincia, que se hizo presente a través de su presidente Juan Cuattromo, otro de los que se sentó en la cena de inauguración en la misma mesa de Saguier y Etchevers. Entre los stands más grandes de la feria, estaba el del ministerio de Agricultura de la Nación y, enfrente, el del ministerio de Asuntos Agrarios bonaerenses, la cartera que tiene a cargo Javier Rodríguez. 

Según una ronda de consultas de elDiarioAR, la sensación en el agronegocio es ambigua. La presencia de De Pedro y Kicillof marca un cambio de actitud pero la desconfianza permanece entre el ruralismo. Sin embargo, entre los grandes ideólogos de la transformación rural hay quienes tienen plenas coincidencias con el ministro Domínguez. Uno de los que viene proponiendo una tregua o paz precaria es nada menos que Héctor Huergo, el ex titular del INTA durante los años noventa que conduce desde hace tiempo el Suplemento Rural de Clarín y fue también presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles. 

En las últimas horas, Huergo se declaró “gratamente sorprendido” por las “señales de distensión” que el sector recibió de parte del Gobierno y destacó la conversación que tuvo con Wado De Pedro en Expoagro. Más allá de que en el lejano conflicto por la resolución 125 se enfrentó con el sector, el ministro del Interior se reivindicó como tercera generación de productores agropecuarios y le contó a Huergo que es productor de alfalfa. Tal como lo destacó el diario en su edición digital, De Pedro le dijo a Clarín: “Hay muchas políticas públicas que siempre están vinculadas con la innovación y el desarrollo. Eso también es algo que tenemos que empezar a remarcar, en lugar de remarcar algunas diferencias pequeñas. Es hora de que empecemos a empujar para el mismo lado y generar la sinergia que nos permita sacar al 50% de los argentinos y las argentinas de la pobreza”.

Pese al escepticismo de los sectores más duros del ruralismo, el director de Clarín Rural sostiene que “hay una parte del Gobierno por lo menos entiende al sector agroindustrial” y le pide a los halcones de la patria sojera -que contribuyó como pocos a levantar- que traten de “aflojar un poquito”. Frente a las críticas del agronegocio que cuestionan la creación del fideicomiso que subsidia el precio del trigo para el mercado interno, Huergo pide calma. “La verdad es que este fideicomiso, que podría ser considerado una intención encubierta, sería de 50 centavos de dólar por tonelada de trigo. El trigo subió 200 dólares, 50 centavos de dólar es algo que no debiera estar porque molesta pero es ridículo. Ridículo para el Gobierno tratar de implementarlo y ridículo para los productores decir no vamos a sembrar porque está el fideicomiso”, le dijo al periodista José Luis Jacobo, de FM 99.9 de Mar del Plata. 

Con Kicillof, en cambio, volvió a primera la distancia. El gobernador alteró los nervios del sector cuando afirmó: “Hoy, más que decir que los precios son altos o bajos, hay que decir que tenemos precios de guerra. Y esos precios de guerra son precios que tenemos que conseguir que no afecten al productor ni al consumidor. Para aquel que vende son ganancias inesperadas y extraordinarias por una guerra que no estaba en los planes de nadie. Pero para el que consume, a veces los precios son impagables”. La frontalidad del ex ministro de Economía avaló la tesis de los que piensan que, más allá de modales, sonrisas y recorridas, nunca existirá una tregua como la que propone Huergo, ni siquiera para aprovechar los valores récord de los commodities. Por las dudas, este viernes desde el ministerio de Agricultura, salieron a desmentir el aumento de retenciones que anunció Marcelo Bonelli en su panorama empresario en Clarín.

DG

Gabriela Cerruti dejó el periodismo y se volcó a la política tras protagonizar una polémica relacionada al off the record. El debate comenzó en enero de 1998, cuando la hoy vocera presidencial y entonces editora de la revista Tres Puntos publicó una entrevista a Alfredo Astiz. “Yo soy el hombre mejor preparado técnicamente en el país para matar a un político o a un periodista”, disparó el represor.

La frase causó impacto; reinaba la impunidad en la Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos se las ingeniaban para vencer el bloqueo de la ley de Obediencia Debida y los indultos mediante la acusación por robos de niños durante la dictadura y los llamados juicios por la verdad. Alias “Gustavo Niño” andaba suelto por Buenos Aires.

El orgullo de Astiz por su pericia homicida le valió un juicio por apología del delito que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. El marino adujo que no se había tratado de una entrevista, sino de un off the record, es decir, un acuerdo entre las partes de no asignación de fuente y hasta de no publicación de lo transmitido. Para corroborar su argumento, Astiz citó como testigos a los periodistas José Ricardo Eliaschev y Jorge Lanata.

“Periodismo liberal”

Marzo de 2000. Eliaschev declaró ante Bonadio que su colega Cerruti y el director de la revista, Héctor Timerman, habían “cazado” a Astiz y les habían mentido a los lectores. Llovieron críticas hacia el conductor del programa radial “Esto que pasa” por acudir en respaldo del represor. Eliaschev se defendió apuntando a Lanata, que había faltado a la cita de Bonadio: “No soy de los mediáticos que hablan y, cuando los citan a declarar, no van”. Conventillo, egos, enconos; nada nuevo.  

Aunque Cerruti negó haber violado un off the record, el episodio le generó la reflexión de que una concepción “liberal” del periodismo se entretenía en cuestiones irrelevantes, y que la herramienta de transformación real de la sociedad residía en la política. Así fue cómo la excronista de Página 12 y Tres Puntos retomó la política partidaria, con escalas en el Gobierno porteño de Jorge Telerman, Nuevo Encuentro, el Frente de Todos y, desde 2021, la vocería de la Casa Rosada. Mantuvo en paralelo una pata periodística que redundó en libros como El Jefe y el sitio Nuestras Voces, este último, ya con Mauricio Macri en Casa Rosada.

Cerruti volvió a debatir esta mañana sobre la figura del off the record. Una acreditada de La Nación en Presidencia, Cecilia Devanna, preguntó si habría respuesta del Ejecutivo a los cuestionamientos de un “alto funcionario del Departamento de Estado” por los dichos de Alberto Fernández en Moscú. La vocera presidencial cazó la oportunidad al vuelo. Respondió que un off the record no era una postura del Departamento de Estado que mereciera alguna respuesta, deploró la calidad periodística, puso en duda la veracidad de lo publicado en el diario conservador y reclamó “rigurosidad”. Aludió además a una de las reglas del periodismo estadounidense ilustrado, liberal por antonomasia, de que un off the record debía ser constatado por dos fuentes independientes entre sí y que, rara vez, la reserva de la identidad debería servir para verter opiniones.

El ruido de Twitter

El intercambio entre la periodista de La Nación y Cerruti explotó en Twitter. La repercusión se vio incrementada porque otros dos cronistas que participaron de la conferencia volcaron su preocupación por una probable deriva comunista del Gobierno del Frente de Todos tras el paso de Fernández por Moscú y Pekín, y por un retuit del Presidente que mencionó al “periodismo mainstream argentino” como “una vergüenza nacional”.

Si se apaga un poco el ruido de Twitter y se prescinde de la fobia anticomunista y la desmesura de Fernández en redes sociales, la pregunta de Devanna y la respuesta de Cerruti guardan racionalidad. Una periodista busca darle continuidad a una nota publicada en el medio en el que trabaja sobre un tema a todas luces noticiable (el peso de Washington en la negociación con el FMI) y la vocera presidencial desmerece la pregunta porque a la información en cuestión le falta una fuente “en on”.

En el debate subyacen aspectos atendibles sobre el uso del off the record. Cerruti mencionó un hecho innegable: el anonimato ocupa un lugar estelar en los medios argentinos. Hay casos y casos. La nota de La Nación sobre el reproche del Departamento de Estado, firmada por el editor Jorge Liotti, tiene el aspecto de estar basada sobre un testimonio real. Todo es opinable, pero da la sensación de que medió una intención expresa del Gobierno estadounidense de marcar la cancha con argumentos, dicho sea de paso, menos absurdos que la aprehensión al marxismo que propala el canal La Nación Más.

Firmas centrales en medios de afinidad clamorosa con Mauricio Macri u Horacio Rodríguez Larreta tienen la suerte de que funcionarios nacionales les deslicen, en penumbras y off the record, comentarios autoincriminatorios y frases lapidarias contra una destinataria en particular: Cristina Fernández de Kirchner. Por algún motivo extraño, dirigentes masoquistas entregan en bandeja textuales anónimos que sirven para hilvanar un relato binario que los deja mal parados. No ocasionalmente, ni producto de alguna bronca o un descuido, sino todas las semanas.

Sería ilusorio en este momento del periodismo pensar en un trato colectivo de que la fuente que aspire a herir con su opinión a un rival interno o externo debe dar la cara, o se queda sin comillas.

Quizás sea cierto que el periodismo argentino encuentra raros off the records por todas partes, de hecho, la grieta favorece la práctica, porque quien habla con el rival está mal visto y hasta puede perder el puesto. Pero el abuso del recurso conspira contra la validez de la información. Si todo es una versión sin autor o una especulación sin ningún asidero, resulta más fácil, por ejemplo, eludir una pregunta sobre la pertinencia de una declaración de Alberto Fernández en el Kremlin.

Por lo pronto, la vocera presidencial marcó algo certero. Los off the records deben proveer información que se pueda contrastar con hechos tarde o temprano, antes que opiniones y valoraciones. Una frase picante puede adornar una nota y alimentar teorías conspirativas, pero su valor real tiende a cero si no hay un autor que la valide. Sería ilusorio en este momento del periodismo pensar en un trato colectivo de que la fuente que aspire a herir con su opinión a un rival interno o externo debe dar la cara, o se queda sin comillas.

Costumbre

También es cierto que hay una propensión de la dirigencia argentina hacia el off the record. Corresponsales extranjeros se sorprenden ante esta tendencia. Hay funcionarios, voceros, sindicalistas, lobistas, fiscales y empresarios que desconocen otro registro, incluso para declaraciones de ocasión o negar novedades. Allí aparece un círculo vicioso. La fuente brinda las comillas para después leerse en el diario o la web y enviar algún mensaje soterrado, o la nada misma. Como nadie rompe el juego, la información se degrada y crece su enemiga: la especulación.

Por último, cabe un asterisco al principio del periodismo liberal estadounidense, citado por Cerruti esta mañana, sobre las “dos fuentes independientes entre sí” que deberían ratificar un off the record. Es relativo. Un funcionario que habla sobre sí mismo o sobre la oficina que dirige vale más que cinco “fuentes independientes” que merodean por los pasillos vecinos. La fuente única puede engañar, es cierto, aunque cobra valor allí el trabajo del periodista para medir la credibilidad y construir confianza.

De lo contrario, puede darse el caso —de hecho, se da seguido— de que profesionales que se declaran observantes de los principios del periodismo anglosajón publiquen información intoxicada provista por personas que, más que fuentes, resultan cómplices.

SL

La divulgación de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal coordina con empresarios, espías y otros funcionarios el armado de causas contra sindicalistas trajo aparejado un debate sobre el papel del periodismo, los off the records y la libertad de expresión.

En la mañana del lunes, cuando la denuncia publicada en Página 12 cobró vuelo, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon tuiteó un fragmento de su libro “La Raíz” (2018), en el que se preguntaba si “algún día” se sabría la existencia de la reunión que finalmente expuso el video. El párrafo de la página 168 describe con bastante exactitud quiénes concurrieron a ese encuentro de junio de 2017 y el lugar en que se produjo.  

Dos días más tarde, el periodista de La Nación dio a conocer el nombre del último integrante de la reunión que faltaba identificar: Ricardo Alconada Magliano, un tío segundo o tercero, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, con quien dijo no mantener relación. Cabe aclarar que la familia Alconada tiene varias ramificaciones que transitan hace décadas los campos de la política, la Justicia y la empresa de la capital bonaerense.

Una primera reflexión sería por qué, si el cronista contaba con información tan precisa, no la publicó en su momento. Habría sido un elemento útil para develar a tiempo que la cruzada ética enarbolada por el macrismo, que tenía al diario La Nación como uno de sus principales propagandistas, se trataba en realidad de chapucerías extorsivas organizadas por espías, fiscales, jueces y funcionarios que soñaban con la Gestapo, con el fin de eliminar obstáculos y favorecer negocios personales. Hoy, ya conocidos el caso D’Alessio-Stornelli, el listado de visitas de jueces federales a Mauricio Macri y la trama espionaje omnipresente Super Mario Bros, el contenido del encuentro en el Banco Provincia resulta impactante, pero no sorprende.

Tras cartón, Alconada Mon fue acusado en medios y en redes de regular la información y ser cómplice de los mecanismos ilegales que se potenciaron bajo el Gobierno de Macri. La senadora Juliana di Tullio (Frente de Todos, Buenos Aires) llevó el tema a la sesión del miércoles. “Alconada Mon es un mago”, ironizó. “Va a tener que dar explicaciones en sede judicial; estoy harta de la connivencia de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos”, aseveró.

Reglas de juego

Para cualquiera que conozca los procedimientos del periodismo, la respuesta de por qué Alconada Mon se guardó el dato para un párrafo sugerente en su libro sería fácil de deducir. A veces, una información llega bajo la forma de rumor verosímil, pero el periodista no encuentra cómo corroborarla, o la fuente transmite hechos que presenció bajo la exigencia de no publicación. Esta modalidad de “off estricto” (te lo digo para que lo sepas, a condición de que no publiques una letra si no lo corroborás por otro lado) no es tan habitual en Argentina como en Estados Unidos o Alemania.

Si la fuente del cronista fue su tío segundo, es una hipótesis plausible. No cambia la razón que pudo haber llevado a Alconada Mon a manejarse con cautela. Si, por el contrario, el periodista eligió guardarse la información por complicidad, ¿qué sentido habría tenido volcarla en un párrafo perdido en un libro?

Un dato más invitaría a no precipitarse. Las investigaciones de Alconada Mon podrán ser más o menos sólidas, sus razonamientos políticos y prioridades periodísticas se podrán compartir más o menos, pero nadie debería omitir que fue certero a la hora de exponer los negociados de la familia Macri. El autor de “La Raíz” fue artífice de la publicación de los Panamá Papers que tenían a hermanos y amigos del entonces presidente y gran parte de su gabinete como protagonistas centrales, e informó el entramado de offshore y testaferros usado para depositar decenas de millones de dólares producto de supuestas compraventas espurias. Es cierto que La Nación se esmeró por hundir esas investigaciones hasta el límite del ridículo, pero los textos están en la web para quien los quiera constatar.

A tal punto Alconada Mon fue molesto para el Gobierno de Macri, que fue blanco, como Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros, de los espías “cuentapropistas” que reportaban a la Agencia Federal de Inteligencia de Arribas-Majdalani y entraban a la Casa Rosada para entregar conclusiones en la antesala del despacho presidencial.

En su momento, al periodista de La Nación también se le reprochó que demoró la publicación de los Panamá Papers hasta abril de 2016 para no arruinar la asunción de Macri en la Casa Rosada. Otra acusación sin fundamento. Las grandes filtraciones en las que participan periodistas de decenas de países requieren coordinar la campana de largada, porque si cada uno publica cuando le conviene, perjudica a los colegas de otras latitudes. Son las reglas de juego.

La reacción

Tras los dichos de Di Tullio, la corporación periodística entró en acción. La Nación, que contaba con la misma información que publicó el lunes Página 12, pero prefirió disimularla, rescató el tema y denunció un “ataque” por parte de la senadora peronista. Tras días de ningunear la jugosa trama de la célula Gestapo —en forma similar a lo que hizo con las investigaciones de Alconada Mon sobre Macri: crónicas enterradas todo lo posible—, La Nación decidió entrarle por los dichos de Di Tullio.

El papel central de la reacción le correspondió al tándem Fopea-Adepa. El dúo de periodistas profesionales y empresarios de medios emitió repudios casi idénticos contra las afirmaciones de la senadora.

En un argumento que bien podría enarbolar la defensa de Pepín Rodríguez Simón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad inspirada, entre otros, por el periodista de Clarín Daniel Santoro, arriesgó: “La postura de la senadora reflota la disparatada teoría del lawfare, mediante la cual se pretende instalar una sensación de permanente sospecha, sin ningún dato objetivo, sobre el rol del periodismo profesional y por consiguiente invalidar los procesos judiciales abiertos”.

Si el lawfare existe, es un debate del corazón de la política que trasciende fronteras, alcanza estrados judiciales y académicos, y excede el objeto de esta nota. De lo que no caben dudas es de que la libertad de expresión es un valor de la democracia que corresponde tanto a un periodista, una ONG, un sindicato, una senadora peronista, un barrendero y una jugadora de vóley.

Sería absurdo un ecosistema de la opinión pública en el que algunos periodistas tuvieran vía libre para el agravio y la acusación penal —varios de quienes propalan insultos al aire son connotadas figuras de la ONG que dicen defender el periodismo profesional— y los políticos se vieran restringidos a la hipercorrección para responder.

Claro que si una fuerza gobernante o un dirigente pasa del dicho al hecho y orquesta el arresto o la censura de un periodista constituiría una instancia grave e intolerable. No es el caso. Tan sólo se trata de la crítica de Di Tullio a Alconada Mon —para quien firma, descentrada— y su voluntad de que dé explicaciones en sede judicial.

En un país en que la censura prevaleciente viene por el lado de las pautas privadas y estatales, y los intereses extraperiodísticos de los propietarios o gestores, en los últimos años, lo más parecido al cercenamiento de la libertad de expresión fue el arresto arbitrario de dueños de medios opositores al macrismo acusados de evadir impuestos (Fabián de Sousa y Cristóbal López) y la amenaza de cárcel proferida desde pantallas televisivas contra quienes no se cuadraran. Esas aventuras seguramente fueron orquestadas en mesas judiciales similares al de la Gestapo antisindical de miembros del gabinete de María Eugenia Vidal, pero no merecieron ningún comentario de las ONG tan íntimamente vinculadas al mundo PRO.

De todas formas, lo más lesivo del accionar de Fopea no son sus silencios sino la confusión deliberada entre la acusación de una senadora oficialista a Alconada Mon y los procesos judiciales que involucraron a Daniel Santoro en las supuestas tramas extorsivas del fiscal Carlos Stornelli, el fallecido Claudio Bonadio, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros personajes por el estilo. Desde que hace dos años se descubrió la triangulación —voluntaria o involuntaria— entre extorsionadores, Comodoro Py y páginas de Clarín e informes televisivos, Fopea y Adepa dedicaron buena parte de sus manifestaciones públicas a denunciar que estaba en riesgo la libertad de expresión. En la innecesaria defensa de Alconada Mon de esta semana, la primera ONG mencionó que se trata de “un nuevo intento de estigmatizar y criminalizar la actividad periodística”, como si fueran asuntos parecidos. Para uno y otro caso, los razonamientos y las palabras fueron los mismos.

Dos procesamientos de Santoro fueron revocados por cámaras federales por falta de mérito (corresponde seguir investigando) y en una de las causas ya fue sobreseído. Las comunicaciones con extorsionadores, las informaciones que resultaron falsas y las coincidencias periodístico-judiciales están descriptas en los expedientes para quien quiera evaluarlas. No cabe, desde ya, violentar la presunción de inocencia.

La generación de alboroto entre un ataque a la prensa libre, un intercambio altisonante en un ambiente político habitualmente árido y una investigación judicial sobre supuestos delitos cometidos en el marco del ejercicio profesional no hace más que deteriorar el debate sobre la libertad de expresión y desdibujar la función del periodismo. 

SL

La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a KMB Sociedad Anónima, cuyo síndico es Marcelo Gagliardo, a presentar la documentación que acredite la cantidad de acciones de las que Bartolomé Luis Mitre, ex director del diario La Nación, fuera titular, las fechas en que las transfirió y a quién o quiénes las transfirió. También pidió que se informe quiénes son los miembros que componen el directorio y la duración de su mandato, y los libros en que se hayan registrado los movimientos de las acciones. El plazo es de 72 horas. Esta novedad implica un avance para Esmeralda Mitre, quien reclama las acciones del diario La Nación que, por herencia, le corresponden.

Bartolomé Luis Mitre murió a los 79 años, en marzo del año pasado. Dejó bienes tangibles -propiedades, obras de arte, hacienda- y acciones, pero no todas declaradas. Una es KMB Sociedad Anónima, que representa el 25% del paquete accionario. La sigla desglosada es “Kinucha Mitre Bartolomé”, por el apodo de una de las hermanas de Mitre, con quien armó esa sociedad en vida. Ese fideicomiso está dividido en dos: BLM1 y BLM2. Esos fondos estarían valuados por encima de los 50 millones de dólares. Y “aparecieron” por impulso de Esmeralda, que fue quien decidió llevar su reclamo a la Justicia. Fue cuando, muerto su padre, la viuda -Nequi Galotti- y el resto de los hijos -es decir, sus hermanos, Dolores, Rosario, Bartolomé y Santos, el menor-- dijeron que Mitre había dejado “un patrimonio pobre”.

En la resolución, la IGJ también ordena la apertura de los estados contables de KMB SA entre los periodos 2019 y 2021, y cierta documentación de los estados contables comprendidos entre los años 2010 y 2017. Para Santiago Yofre, abogado de Esmeralda Mitre, esta resolución y la que emitió el Poder Judicial hace unos días, indican un avance enorme respecto de los derechos de su representada. “Porque ¿de quién es ese 25%? ¿Por qué en un principio dijeron que ese paquete no le correspondía a los hijos. La Nación (N. de la Re.: por la empresa) tampoco puede mirar para otro lado”, dijo a elDiarioAR. Resta saber qué harán los otros cuatro hijos de Bartolomé Luis Mitre que, hasta ahora, había decidido quedar al margen del reclamo de su hermana.

AS