El oficialismo alcanzó este jueves otra victoria legislativa luego de que la Cámara de Senadores aprobara las reformas en la Ley de Glaciares. La aprobación en general se alcanzó con 40 votos positivos contra los 31negativos y una abstención. Ahora el debate pasa a Diputados.

Además de la aprobación, Javier Milei logró que senadores transformara en ley el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Este viernes, a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.

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La Libertad Avanza puso quinta y piso el acelerador en el Senado para convertir en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno el viernes próximo, así pueden ofrendársela a Javier Milei, justo dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que encabezará en carácter de presidente de la Nación y podrá jactarse del avance de su agenda gubernamental.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto al titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para las 10:00 de este viernes, horas después de la aprobación del texto en Diputados, a un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen incorporando la modificación que introdujo la Cámara baja sobre el régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El dictamen ya fue firmado.

El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el viernes próximo, 27 de febrero, dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias. La intención es tener ya sancionadas de manera definitiva tanto a la reforma laboral como al Régimen Penal Juvenil en esa misma jornada.

El Senado había aprobado la iniciativa en la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Sin embargo, como la Cámara de Diputados eliminó el artículo 44 —que reducía al 50% el salario durante licencias por enfermedad o accidentes ajenos al ámbito laboral—, el texto volvió a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.

Qué cambios introduce la reforma

El proyecto que impulsa el Gobierno establece modificaciones estructurales en el régimen laboral vigente. Entre los puntos centrales figuran cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo y en la Ley de Asociaciones Sindicales, así como limitaciones al derecho de huelga en los servicios públicos.

La iniciativa también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un esquema de banco de horas que habilita compensaciones de jornada sin pago de horas extras.

Estos aspectos generaron rechazo de sectores sindicales y opositores, que advirtieron que el nuevo esquema modifica el equilibrio de negociación entre empleadores y trabajadores. Las críticas apuntaron especialmente a la reducción de costos asociados a despidos y a la posibilidad de reorganizar la jornada laboral bajo el sistema de banco de horas.

El debate volvió a colocar en el centro la discusión sobre estabilidad, salario e instrumentos de defensa colectiva de quienes trabajan. La limitación del derecho de huelga en determinados servicios fue uno de los puntos más controvertidos, al igual que la reforma del régimen indemnizatorio.

Para que la reforma quede sancionada, el Senado deberá pronunciarse sobre la versión modificada por Diputados. Si acepta la eliminación del artículo 44, la ley quedará aprobada en forma definitiva. Si insiste con el texto original, se abrirá un nuevo escenario parlamentario.

JJD, con información de NA

La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

Luego de más de 12 horas de debate y en medio de un clima de máxima tensión marcado por los disturbios y la represión en las afueras del Congreso, el Gobierno logró pasadas la 1 de este jueves la media sancion del proyecto de reforma laboral. Con 42 votos a favor y 30 en contra, la votación representa un triunfo clave para el oficialismo tras de la seguidillas de derrotas que la oposición le asestó a Javier Milei el año pasado.

El oficialismo pudo alcanzar la aprobación luego de negociar hasta último momento modificaciones al proyecto y terminó cediendo para que los gremios continúen con la facultad de recibir aportes solidarios por parte de los afiliados, aunque sí tendrán un tope del 2%. También se modificó la composición del Fondo de Asistencia Laboral, una creación de Federico Sturzenegger que apunta a financiar las indemnizaciones con el 3% de los aportes patronales que van a la seguridad social. Incluso se permitió incluir como anexo el traspaso de la Justicia Laboral al ámbito porteño.

Pero no fue hasta pasada la medianoche que el oficialismo comenzó a distribuir la versión final del proyecto, una vez que Bullrich se aseguró que estaban todos los cambios necesarios para hacerse con una mayoría inexpungable. A excepción del peronismo y los dos santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, todo el Senado acompañó la aprobación de la reforma.

Los senadores de la UCR, el PRO y las fuerzas provinciales del Norte y del Sur –incluso la peronista salteña Flavia Royón– salieron en respaldo del Gobierno y aprobaron, con entusiasmo, un proyecto que fracciona vacaciones, crea un banco de horas, recorta el salario ante casos de accidentes fuera del trabajo, disminuye la indemnización, desfinancia al INCAA y modifica el modelo sindical argentino. Bullrich no solo consiguió el apoyo a la ley en general, sino que, uno por uno, fue aprobando en particular todos los títulos de la ley.

Mientras afuera, en la plaza, la Policía reprimía durante la tarde con gases lacrimógenos para desarticular la movilización, adentro, en el Senado, Patricia Bullrich se movía del despacho al recinto y del recinto al despacho. Durante toda la jornada estuvo confiada en que tendría los votos para aprobar la reforma laboral, luego de haber modificado una treintena de artículos días atrás. Solo en algunos capítulos tenía el número fino y buscó a toda costa evitar una votación en particular traicionera. El objetivo de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza era mostrarle a los hermanos Milei que fue ella quien aprobó, en dos meses, la reforma laboral “más importante de los últimos 50 años”.

“Me voy a ver si tengo los votos”, ironizaba Bullrich cada vez que enfilaba por el pasillo que conectaba el recinto con su despacho, ubicado en el primer piso del Senado. Javier Milei seguía el debate desde la Quinta de Olivos y conversaba, a través del grupo de WhatsApp que comparte con la mesa política del Gobierno, cómo iba el minuto a minuto del poroteo. Santilli se instaló en la oficina de Martín Menem, ubicada del otro lado de Pasos Perdidos, y entraba y salía del Senado, atento a ayudar a Bullrich a terminar de cerrar la letra chica del proyecto. No querían sorpresas.

Y la recompensa llegó pasada la medianoche. En uno de los palcos se instaló Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, junto a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana presidencial; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y quien ahora tendrá la misión de lograr la sanción de la ley. “Le damos la bienvenida a los miembros del gabinete nacional”, los recibió la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con una sonrisa socarrona. Karina Milei siguió imperturbable.

La sesión comensó auspiciosa para Bullrich con el número del quórum, pero durante la jornada supo que algunos ítems del proyecto tambaleaban y amenazaban con caerse en la votación en particular. “Los sindicatos están presionado”, admitieron desde el Gobierno, que todavía celebraba haber desactivado la convocatoria de un paro por parte de la CGT. 

El mayor reclamo refería a un punto que Bullrich había cedido, en parte, la tarde anterior. A pedido de algunos sindicalistas, el Gobierno había aceptado prorrogar la obligatoriedad de las cuotas solidarias hasta 2028. Había fijado un tope del 2% –es decir que las cuotas que financian a los sindicatos no podían representar más del 2% de los sueldos de los trabajadores– y había fijado que, a partir de 2028, pasarían a ser optativas. Los sindicatos petroleros se resistían y presionaban a los senadores patagónicos, como el santacruceño José Carambia o la neuquina Julieta Corroza, para modificarlo. 

Hasta tarde a la noche, el texto final se continuaba discutiendo. El borrador circulaba pero cambiaba a cada hora. Un detalle que destacó el senador de La Cámpora, Mariano Recalde, que interrumpió a uno de los miembros informantes de La Libertad Avanza al comienzo de la sesión para cuestionarle el contenido del proyecto que estaba defendiendo.

“Es un proyecto muy amplio y dijo algo que me hizo ruido. ¿Efectivamente dice, porque no lo leí, si en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directo del FAL (Fondo de Asistencia Laboral)? Hoy no lo dice. Dice que el único titular de la cuenta es el empleador, y el empleador puede cerrar o quebrar y el trabajador no tiene ningún derecho del FAL”, señaló. Recalde se refería al Fondo de Asistencia Laboral, una creación de Federico Sturzenegger que apunta a financiar las indemnizaciones con el 3% de los aportes patronales que van a la seguridad social.

El Gobierno, que seguía el desarrollo de la sesión minuto a minuto, aprovechó para recortar el video y acusar a Recalde de no haber leído el proyecto de ley. Hasta el presidente tuiteó el video recortado diciendo “Esto es el kirchnerismo”. Pero Recalde se refería a no haber encontrado ese detalle en el artículo, no al texto completo.

Cambios y negociaciones 

Bullrich aceptó muchos cambios en los últimos días con el objetivo de ofrecer, sin fisuras ni capítulos caídos, una postal de control político del Senado. Modificó el cálculo del financiamiento del FAL y distinguió entre grandes y pequeñas empresas. Eliminó el artículo que bajaba las alícuotas del impuesto a las Ganancias, que los gobernadores habían cuestionado por desfinanciar a las provincias. Pateó el desfinanciamiento del INCAA para 2028 y dilató la derogación del estatuto del periodista para 2027. Eliminó la posibilidad de depositar el sueldo en billeteras virtuales y fijó en 6% los aportes patronales a las obras sociales de los sindicatos.

Esta estrategia no cayó bien en todo el Gobierno, en donde un sector más duro pujaba por no hacer tantas concesiones. “Aceptó demasiados cambios. Le manejaron la negociación los radicales”, masculló un dirigente libertario, quien deslizó que el proyecto se podría haber aprobado igual sin necesidad de tantas modificaciones. 

Bullrich, sin embargo, quería dar una demostración de fuerza y aprobar la ley con el mayor apoyo posible. Y, con estos cambios, logró anotarse el apoyo de los 10 radicales, quienes habían tenido una dura discusión interna respecto a la decisión de si acompañar el título que elimina el estatuto del periodista a partir de 2027 y el desfinancia el INCAA. Hubo rispideces, pero finalmente todos decidieron votar a favor. 

“Es una ley que le va a permitir a muchas gentes gozar vacaciones, gozar de un aguinaldo, gozar de horas extras. Porque el problema de desinformación que hace la izquierda es el desinformar para atemorizar. El trabajador quiere que le vaya bien a su empresa para que a él le vaya bien”, argumentó la radical santafesina Carolina Losada, en línea con la línea discursiva de Bullrich. 

El proyecto, sin embargo, habilita el fraccionamiento de vacaciones, elimina el aguinaldo en el cálculo de las indemnizaciones y abre la puerta a eliminar las horas extra con el establecimiento del banco de horas. 

El peronismo fue el único bloque que tomó la palabra para cuestionar el proyecto de ley. Incluso los díscolos de Convicción Federal, que están enemistados con Cristina Fernández de Kirchner y a veces votan con el Gobierno, adelantaron su rechazo tajante al proyecto de ley. 

“Es una pena que el peronismo, que tiene al trabajador como columna vertebral, no haya podido estar a la altura de las circunstancias y haya impulsado su reforma laboral. El peronismo no dio respuesta, y no podemos negar la realidad: hace años que este sistema laboral quedó obsoleto”, cuestionó la jujeña Carolina Moises, a quien CFK suspendió del PJ local, y agregó: “Pero esta ley no sirve para generar empleo. Se dijeron barbaridades, esta ley es absolutamente destructiva”. 

Sobre el final, sin embargo, aprovechó para dejar un mensaje interno: “Hace un mes sigo aguantando una campaña espantosa de unos compañeros tratando de manipular mi decisión. Tratando de presionarme con aprietes espantosos. Han llegado hasta expulsarme del partido al que represento por las decisiones que tomé en este Senado. No les tengo miedo”, exclamó.

Con ese peronismo tensionado puertas adentro, y con una amplia mayoría elaborada quirúrgicamente, Bullrich consiguió al final de una jornada extenuante entregarle a Milei la media sanción de la reforma laboral. Ahora la discusión pasa a Diputados, donde el poroteo previo anticipa nuevas negociaciones para el Gobierno. El objetivo oficialista es sancionar la ley sin cambios para evitar que vuelva al Senado. La meta final es que el Presidente presente la reforma laboral como una victoria histórica en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

MCM/MC

El Senado debate este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el oficialismo introdujo una serie de modificaciones al textp para garantizar los votos necesarios y atenuar el rechazo sindical. El eje del conflicto volvió a centrarse en el impacto directo sobre los trabajadores, en un contexto de salarios que no lograron recuperar poder adquisitivo y paritarias rezagadas.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para llevar el dictamen al recinto y sostuvo que se trató de “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. La negociación incluyó concesiones a gobernadores, a bloques parlamentarios aliados y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había cuestionado puntos centrales del articulado original.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. Ese punto había generado un fuerte rechazo de los gobernadores por el impacto fiscal sobre las provincias. La quita de ese artículo fue determinante para destrabar el apoyo político necesario para avanzar con la sesión.

En paralelo, el oficialismo cedió a reclamos históricos de la CGT vinculados al financiamiento sindical y de las obras sociales. Se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y se sostuvo el aporte del 6% destinado a las obras sociales, en lugar del recorte que planteaba el texto original. Estas modificaciones evitaron un desfinanciamiento inmediato de las organizaciones sindicales, uno de los puntos que había concentrado mayor resistencia.

También se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un tope del 0,5%, y se descartó la posibilidad de que los salarios se paguen a través de billeteras virtuales. El dictamen estableció que los sueldos deberán abonarse exclusivamente mediante cuentas bancarias o en entidades de ahorro oficial, una demanda compartida por los sindicatos y el sistema bancario. El Gobierno argumentó que habilitar otros mecanismos podía generar “enormes problemas” para los trabajadores.

Con estos cambios, La Libertad Avanza llegó al recinto con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, y alcanzó un número que le permitió proyectar la sanción de la ley. El oficialismo cuenta 41 votos, aunque al cierre del día persistían dudas sobre la posición de algunos senadores provinciales. La construcción de mayorías quedó atada a concesiones explícitas, reconocidas incluso por la propia Bullrich, quien admitió que sin esos cambios no contaban con los votos necesarios.

Otro punto sensible del acuerdo fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir despidos. El esquema final estableció dos categorías: un aporte del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con la posibilidad de ajustes posteriores bajo control de una comisión bicameral. El fondo fue presentado como un mecanismo de contención, aunque los sindicatos cuestionaron que se avance en paralelo con cambios que abaratan y flexibilizan los despidos.

El dictamen también ratificó la decisión de derogar distintos estatutos laborales, entre ellos el Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para negociar nuevos convenios colectivos. La medida generó alarma en sectores que advirtieron sobre un vacío normativo y una pérdida de protecciones específicas, en un escenario donde la correlación de fuerzas en la negociación colectiva aparece debilitada.

Protestas

Mientras el Senado sesiona, la conflictividad se traslada a la calle. La CGT y las dos CTA convocaron a una movilización frente al Congreso desde las 14.30 para rechazar el proyecto. Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas parcial desde las 13, sin paralización total, para facilitar la participación en la marcha. Las CTA y ATE, en cambio, dispusieron un paro de 24 horas.

En su convocatoria, la CGT sostuvo que la reforma “no es modernización” sino “ajuste sobre las y los trabajadores” y advirtió que implica una pérdida de derechos laborales, previsionales y provinciales. El mensaje apuntó a unificar el rechazo en torno a la defensa del trabajo y las jubilaciones, y a marcar un límite político al avance del oficialismo.

Dirigentes sindicales reforzaron ese posicionamiento. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, afirmó que el proyecto fue elaborado con un “criterio antisindical” y que busca desfinanciar a las organizaciones gremiales. Rodolfo Aguiar, de ATE, advirtió que los gobernadores que avalen la reforma “estarán firmando su propia sentencia de muerte” y reclamó que defiendan a los trabajadores de sus provincias.

Durante las horas previas al debate, distintas organizaciones sindicales desplegaron campañas de difusión para advertir sobre los efectos concretos de la reforma. Las piezas apuntaron a cambios en la jornada laboral, el pago de horas extra, las vacaciones, las indemnizaciones y la estabilidad del empleo, con un mensaje directo hacia quienes dependen de su salario para sostener sus ingresos.

El debate legislativo se desarrollará así en un clima de alta tensión política y social. Mientras el oficialismo celebró haber alcanzado un acuerdo parlamentario, los sindicatos dejaron en claro que la disputa no se agotará en el recinto.

JJD, con información de NA

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El oficialismo recalibró la estrategia y ahora piensa en aplicar cambios en el Senado tras el duro revés en la Cámara baja, donde no pudo sostener un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026 que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Para eso, abrirán el recinto de Senadores el próximo viernes 26 de diciembre, desde las 12, a fin de buscar la media sanción restante a la Ley de Presupuesto.

El Senado podría aprobar la media sanción del Presupuesto 2026 tal cual llegó de Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley (si así fuera, ¿Javier Milei podría vetar su propio Presupuesto?), o bien efectuarle modificaciones al texto que obligarían a volver a la cámara de origen en revisión, para lo cual se estima que se sesione en Diputados el 29 o 30 de diciembre.

“Más allá de que la comisión de presupuesto del Senado aprobó el dictamen sin modificaciones, los senadores podrían modificarlo en el recinto”, explicaron fuentes de la Cámara baja, a la espera de la definición del próximo viernes.

Cuál es el escenario en el que juega el oficialismo

El oficialismo tendría garantías absolutas, ya que de mantenerse los misma paridad de fuerzas que en la sesión del miércoles pasado la oposición podrá repetir el número para insistir en la negativa al polémico artículo 75, con el que el Gobierno pretendía derogar las leyes de universidades y Discapacidad.

Aunque reponer ese artículo sea una misión compleja, hay otros artículos que incluía el capítulo 11 que podrían hipotéticamente recuperarse, como por ejemplo la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas, o el fin de la automaticidad en las actualizaciones de las prestaciones de Anses como la AUH, Asignaciones Familiares o asignación por embarazo.

Tras hacer un balance de lo ocurrido, el oficialismo reconoce que en el caso del capítulo 11 “tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes”.

El problema es que el Gobierno eligió concentrar muchas medidas en un solo capítulo, y eso condicionó a muchos diputados a votar en contra de todo el paquete.

Si en la redacción se hubieran repartido las medidas en distintos capítulos, algunos diputados cercanos al oficialismo podrían haber acompañado en algunos aspectos y diferenciado en otros.

El oficialismo también podría haber aceptado la propuesta de la oposición para votar artículo por artículo, lo cual con el diario del lunes habría tenido un costo menor.

Pero confió en sus chances y apostó por la votación capítulo por capítulo, y le salió mal porque no tenía los votos para sostener el polémico capítulo 11.

El Gobierno creyó que incluyendo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como anzuelo para fidelizar al PRO alcanzaría de sobra para blindar el capítulo, pero no fue así, y hasta el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, se enojó con el oficialismo por “mezclar” peras con manzanas en un mismo capítulo.

La bancada del PRO, aún disconforme, acompañó en la votación en particular (con la excepción del larretista Álvaro González).

Por esa razón, Ritondo explotó de furia al enterarse que La Libertad Avanza había pactado con el kirchnerismo y que esa misma madrugada se repartirían los cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), dinamitando de compromisos previos asumidos con el PRO para concederle un lugar en el organismo de control.

Desde la Presidencia de la Cámara baja minimizaron la protesta del bloque aliado al señalar que “la cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”.

“El acuerdo refleja la composición política de la cámara. Seguiremos trabajando con nuestros aliados más allá de discrepancias puntuales”, transmitieron.

Más allá de los vaivenes en la sesión, en el oficialismo consideran que el resultado “ha sido muy positivo dado que se consiguieron los dictámenes y se ganaron 19/20 votaciones en recinto”.

“Obtuvimos la sanción de dos leyes: Presupuesto e Inocencia fiscal”, resaltaron, y sobre la primera ponderaron que “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

El Senado debatirá este viernes en comisión el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar en una sesión que se convocará para el 26 de diciembre. Ambos proyectos fueron aprobados en la madrugada de este jueves en Diputados.

El oficialismo convocó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el fin de emitir este viernes dictamen del Presupuesto 2026.

El dictamen que se emitirá respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad ya que se rechazó el capítulo 11 donde se incluía esa propuesta.

Si bien en Casa de Gobierno se había evaluado la posibilidad de introducir nuevamente ese capítulo que también incluía las deudas de Camesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el dictamen que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre se convertirá en ley y luego el Gobierno tendrá que definir qué medidas toma sobre la aplicación de esas leyes, que hoy no se están instrumentando bajo el argumento de que no se definió el financiamiento de esas partidas.

Ley de Glaciares

Por otro lado, un plenario de comisiones de Mineria, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen de reforma a la ley de Glaciares, que también se debatirá el 10 de Febrero en la segunda convocatoria a extraordinarias.

La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a “interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, estableció el Gobierno.

Cómo sigue todo

También este viernes a las 9 se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Juan Carlos Pagotto, para emitir dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal o Tributario denominado “Inocencia Fiscal”, y que tiene como objetivo blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes.

Esta iniciativa eleva los montos de 1.5 millón de pesos a 100 millones de pesos para considerar que hubo un delito de evasión simple y a 1.000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

También instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de 10 mil millones de pesos, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que haya existido en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La CGT llevó este miércoles por la noche su rechazo integral a la reforma laboral del Gobierno al Salón Azul del Senado, en una exposición que comenzó a las 19 y en la que los tres integrantes de su triunvirato tomaron la palabra para dejar asentada una posición común, pero con matices propios. Frente a senadores de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, presidida por Patricia Bullrich, la central obrera cuestionó el contenido del proyecto, el modo acelerado de su tratamiento y la ausencia de un ámbito real de diálogo con el mundo del trabajo.

El primero en intervenir fue Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros, quien estructuró su exposición desde una crítica de fondo a la “filosofía del derecho” que atraviesa la iniciativa oficial. Sola sostuvo que ninguna ley es neutra y que el proyecto del Ejecutivo expresa una concepción “inconsulta”, elaborada sin convocar ni a los trabajadores ni a los empleadores, los dos sectores que, remarcó, sufrirán de manera directa sus consecuencias.

El dirigente aclaró que la CGT no se opone a la modernización laboral y recordó que los sindicatos llevan décadas negociando cambios a través de los convenios colectivos. Pero advirtió que el problema es el método: una reforma unilateral que no pasó por una mesa de discusión real. En ese marco, subrayó la responsabilidad política del Congreso, al señalar que tanto el Senado como Diputados deberán hacerse cargo de las modificaciones que se introduzcan en las relaciones laborales.

Sola también apeló a los antecedentes recientes para cuestionar la eficacia del enfoque oficial. Recordó que durante el debate de la Ley Bases se incorporaron figuras como los períodos de prueba extendidos, los fondos de cese laboral, la eliminación de multas y la creación del trabajador independiente, medidas que, según afirmó, “no generaron empleo genuino ni formalizaron el trabajo informal”.

Para el triunviro, el problema central no está en la legislación laboral sino en la falta de inversión productiva, y advirtió que el proyecto presenta serios problemas de constitucionalidad por violar el principio protectorio del trabajo y el de progresividad de los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.

Luego tomó la palabra Octavio Argüello, quien endureció el tono político y definió el proyecto sin rodeos como una flexibilización laboral “totalmente regresiva”. Argüello sostuvo que ninguna reforma laboral aplicada en la historia argentina generó más empleo y que quitar derechos no es un camino para resolver la crisis del mercado de trabajo. “No se genera más trabajo sacando derechos”, afirmó ante los senadores, y advirtió que la iniciativa deja a los trabajadores “a merced de las necesidades del sector patronal”.

El dirigente camionero agregó que incluso sectores del empresariado observan con desconfianza la reforma, ya que las relaciones laborales se han ordenado históricamente a través de convenios colectivos y discusiones entre partes. En ese sentido, Argüello calificó de “una locura” avanzar sobre derechos conquistados y cuestionó el tratamiento exprés de una ley que modifica más de cien artículos. Además, reclamó abrir un debate profundo, “punto por punto”, y sostuvo que la CGT está dispuesta a discutir los cambios que impone un mundo del trabajo en transformación, pero no a convalidar un recorte acelerado de derechos que, dijo, “compromete la dignidad y el bienestar de los trabajadores”.

El cierre estuvo a cargo de Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato del Vidrio, quien puso el foco en la falta de diálogo político y en el impacto social del rumbo económico. El triunviro afirmó que “el trabajo mayoritario y representativo de la Argentina en ningún momento avaló este proyecto” y remarcó que se trata de una reforma regresiva que no aporta soluciones al mundo del trabajo dinámico tal como hoy existe.

El dirigente reconoció que hay cambios en las modalidades laborales y que es necesario actualizar discusiones, pero insistió en que no hay mejor ámbito que una mesa entre trabajadores y empresarios para construir consensos. En ese sentido, Jerónimo cuestionó que el Gobierno nunca haya convocado a un espacio real de negociación y denunció que, pese a haber dicho que el Consejo de Mayo no era vinculante, el Ejecutivo avanzó igual con el proyecto sin el aval del mundo del trabajo. “Demostraron de vuelta que nos han mentido”, sostuvo.

Jerónimo apeló a la responsabilidad de los senadores y senadoras y describió un escenario social crítico: salarios que no alcanzan, familias que no llegan a mitad de mes y una destrucción sostenida de la matriz productiva, con cierre de empresas y pérdida diaria de puestos de trabajo. Rechazó la idea de incorporar a los trabajadores informales a partir de un recorte de derechos y planteó que, si ese es el objetivo, primero debe cuidarse a quienes hoy tienen un empleo registrado. En el cierre, defendió el trabajo como ordenador social y advirtió contra los modelos de alta informalidad, al rechazar explícitamente la idea de “parecernos a Perú”, donde cerca del 70% de los trabajadores está fuera del sistema formal.

Con las voces de Sola, Argüello y Jerónimo, la CGT dejó en el Salón Azul un mensaje político unificado pero con registros propios: la reforma laboral es regresiva, carece de consenso social, vulnera principios constitucionales y se impulsa de manera apresurada en un contexto económico adverso. Horas antes de la marcha convocada a Plaza de Mayo, la central obrera combinó presión callejera y disputa institucional para advertir que avanzar sin diálogo puede profundizar un conflicto social de alcance mayor.

PL

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría llegar al recinto del Senado el próximo 26 de diciembre, con una estrategia de trámite exprés que lidera la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en comisiones, pese al rechazo anticipado de la CGT, que marchará este jueves, y del bloque peronista, que pide abrir el debate a especialistas y actores del mundo del trabajo.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la propia Bullrich, se constituirá a las 9 de la mañana, y a las 11 ya está convocado un plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento. La senadora pretende dictaminar la reforma laboral el jueves y llevarla al recinto el lunes 23 o el viernes 26, en el marco de las sesiones extraordinarias. “Tenemos la decisión de sacar la ley antes de fin de año”, dijo Bullrich anoche.

El acuerdo para avanzar fue sellado en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, en la que también participaron José Mayans (UxP), Eduardo Vischi (UCR) y otros jefes de bloque. Mientras el peronismo busca frenar el trámite acelerado, el radicalismo podría convertirse en pieza clave para la mayoría que intenta construir el oficialismo, junto a aliados del PRO y bloques provinciales.

Bullrich calcula tener unos 40 votos a favor, aunque admite que no hay chances de consensuar con el kirchnerismo. “Es una ley que ya se discutió mucho, no necesita más debate”, sostuvo, aludiendo al trabajo realizado en el Consejo de Mayo, donde participó la senadora radical Carolina Losada.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que se opondrán a cualquier intento de avanzar sin consulta con los trabajadores. El jueves habrá movilización a Plaza de Mayo. La central sindical considera que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales, al flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones y limitar la actividad sindical.

El proyecto aún no fue difundido oficialmente, lo que genera preocupación entre juristas, gremios y legisladores opositores. Aseguran que no se puede debatir una reforma estructural del trabajo sin conocer el texto completo ni evaluar su impacto en millones de trabajadores registrados y no registrados.

En paralelo, el Gobierno busca modificar también la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras un fuerte consenso ambiental, científico y social. La reforma apunta a flexibilizar la protección de glaciares y permitir actividad minera en zonas sensibles, dándole más margen a las provincias. Este miércoles se constituirán las comisiones de Ambiente, Justicia y Minería para iniciar el tratamiento.

Organizaciones socioambientales y especialistas ya expresaron su rechazo. Recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando que el acceso al agua y la protección de los bienes comunes deben estar por encima de los intereses económicos. Alertan además que, en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar, el intento de modificar la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

A una semana de la Navidad, el oficialismo busca imponer su agenda legislativa sin abrir un debate democrático amplio, que esté a la altura de una modificación legislativa de tanto calibre.

JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, según confirmó la propiafuncionaria, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, agregó Bullrich.

Patricia Bullrich conducirá desde el 10 de diciembre un bloque de 20 senadores y tendrá la difícil misión de trabajar para alcanzar acuerdos en torno a proyectos claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026, y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno enviará en sesiones extraordinarias.

Por su parte, el presidente actual del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, señaló que “ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.

En la red social X, el senador jujeño sostuvo que “hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”.

Y agregó que la senadora electa “sea una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Las elecciones legislativas 2025 signficaron un claro avance de La Libertada Avanza (LLA) en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. En la Cámara baja el oficialismo se impone ahora como la primera minoría, quedando muy cerca del quórum propio, mientras en en la Cámara alta recorta la distancia con el peronismo. Con todo, aparece mejor posicionado para negociar con los espacios del centro ligados a los gobernadores para buscar aprobar las reformas impositivas y laboral que quiere Javier Milei.

En la cámara de Diputados se pusieron en juego 127 bancas, mientras que en la cámara de Senadores 24. Así, LLA puso en juego el 30% de sus bancas, mientras que el peronismo el 50% de sus butacas.

Cómo queda el Congreso

Tras los resultados, LLA junto a aliados será la primera minoría en la Cámara de Diputados con 107 legisladores, aunque deberá tejer acuerdos con otros bloques dialoguistas para sancionar las leyes. Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores, pero habrá que ver si la diputada tucumana de Independencia se mantiene en esa bancada o retorna a Unión por la Patria (UxP).

El oficialismo tendrá 80 diputados propios ya que tenía 29 con mandato hasta el 2027 e ingresaron 51 legisladores por LLA, con lo cual superó mas del doble de la actual composición del bloque, de 37 miembros. De los 64 diputados que ingresaron por LLA, 51 son propios, 10 del PRO y tres radicales.

El PRO tendrá 24 diputados ya que tenía 35 legisladores y ponía en juego 21 bancas, y logró que ingresaran 10 legisladores. Además tendrá otros aliados como los tres radicales “con peluca” y otros tres de la UCR con mandato hasta el 2027. Con estos radicales el oficialismo alcanzará 113 diputados y necesitará otros 16 legisladores para alcanzar el quórum propio y sancionar leyes.

Por ese motivo, LLA necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal, que tendrá entre 7 diputados; Producción y Trabajo, que tendrá dos legisladores, e Independencia, que tendrá dos integrantes, además de una de Futuro y Libertad, Verónica Razzini. También deberá conversar con la nueva bancada de Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en cinco de las 6 provincias.

Tras imponerse en seis de las ocho provincias en las que se renovaron senadores, LLA pasará de siete bancas a 20. De esta manera, los libertarios quedarán muy cerca de blindar los vetos (se necesitan 25 votos de los 72 en el recinto) y a 17 del quorum propio, algo que podrían alcanzar con la ayuda de lo dialoguistas. Por su parte, el peronismo, que ponía en juego 15 bancas, solo pudo retener nueve. Por lo que el interbloque, que lidera José Mayans, sufrirá de una sangría de 34 a 28 integrantes.

Los escaños que se pusieron en juego fueron en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires. Gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Salta, Gustavo Sáenz, contarán también desde fin de año con un representante propio cada uno en la Cámara alta, al salir ambos segundos en sus respectivas provincias, tras quedar detrás de libertarios.

La Alianza La Libertad Avanza en suelo neuquino se impuso con Nadia Márquez y Pablo Servi. Por La Neuquinidad, de Figueroa, desembarcará Julieta Carroza. Mientras que en “La Linda”, LLA lo hizo con Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán. La ex secretaria de Energía, Flavia Royón, por Primero los Salteños, de Sáez.

En tanto, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, volvió a quedarse con las tres bancas en su territorio, lista que encabezó con el Frente Cívico por la mayoría, secundado por Elia Moreno, y que llevó en otro sello a José Emilio Neder, que hizo del escaño restante por la minoría, en una jugada ya habitual.

Tierra del Fuego fue una de las sorpresas de la jornada. Los libertarios se impusieron con el binomio Agustín Coto y Belén Montes de Oca; la banca por la minoría quedó en manos de la actual senadora Cristina López, referenciada en el kirchnerismo.

El kirchnerismo logró imponerse en Río Negro con Martín Soria y Ana Marks, al tiempo que La Libertad Avanza se quedó con la banca de la minoría que será ocupada por Lorena Villaverde, actual diputada y dará el salto al Senado, al igual que Márquez y Cervi. Ambos espacio relegaron al tercer lugar a los candidatos del gobernador Alberto Weretilneck, que se quedará sin representación.

La alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR) y LLA dio sus frutos en Chaco y Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora, ocuparán las dos bancas de la mayoría. La tercera quedó para el ex gobernador, y que ya pasó por el Senado, Jorge Capitanich, quien compitió con el sello de Fuerza Patria.

La fórmula chaqueña se repitió en Entre Ríos, pero entre La Libertad Avanza y el PRO, del gobernador Rogelio Frigerio. El sello se impuso con Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, mientras que la banca por la minoría quedó en manos de Adan Bahl de Fuerza Patria.

En la Ciudad de Buenos Aires no hubo sorpresas y la dupla Patricia Bullrich-Agustín Monteverde arrasaron con el 50 por ciento de los votos. La tercera banca quedó para el peronismo, también bajo el sello Fuerza Patria, que llevó como primera figura al actual senador Mariano Recalde.

El reparto de bancas en el Senado

Unión por la Patria

Toral: 34 senadores

Renueva: 15

Conserva: 19

Oficialismo (La Libertad Avanza + PRO + Paoltroni)

Total: 14 senadores

Renueva: 2 (del PRO)

Conserva: 12

Unión Cívica Radical (UCR)

Total: 13 senadores

Renueva: 4

Conserva: 9

Provincias Unidas

Total: 5 senadores

Renueva: 2

Conserva: 3

Innovación Federal (Misiones y Río Negro)

Total: 3 senadores

Renueva: 1

Conserva: 2

Alianza por Santa Cruz

Conserva sus senadores.

Por la Justicia Social (San Juan)

Beatriz Ávila conserva su banca.

El reparto de bancas en Diputados

Oficialismo (LLA + PRO + Futuro y Libertad + Somos Fueguinos)

Total: 82 diputados

Renuevan: 12 (LLA) + 21 (PRO) + 1 (Futuro y Libertad) + 1 (Somos Fueguinos) = 35

Conservan: 47

Unión por la Patria

Total: 98 diputados

Renueva: 46

Conserva: 52

Frente de Izquierda

Total: 5 diputados

Renueva: 4

Conserva: 1

Coherencia

Total: 6 diputados

Renueva: 0

Conserva: 6

Encuentro Federal

Total: 15 diputados

Renueva: 7

Conserva: 8

Bloque UCR

Total: 14 diputados

Renueva: 11

Conserva: 3

Democracia para Siempre

Total: 12 diputados

Renueva: 9

Conserva: 3

Unidos (monobloque de Barletta)

No conserva ni renueva.

Innovación Federal (Misiones, Salta y Río Negro)

Total: 8 diputados

Renueva: 3

Conserva: 5

Coalición Cívica

Total: 6 diputados

Renueva: 4

Conserva: 2

Independencia

Total: 3 diputados

Renueva: 2

Conserva: 1

Producción y Trabajo

Total: 2 diputados

Renueva: 1

Conserva: 1

Por Santa Cruz

Total: 2 diputados

Renueva: 1

Conserva: 1

Movimiento Popular Neuquino

Total: 1 diputado

Renueva: 1

Conserva: 0

Republicanos Unidos (monobloque de López Murphy)

No conserva ni renueva.

NB/MC

La tensión política que se creía enfriada reaparece con fuerza. En los próximos días, tanto el Senado como la Cámara de Diputados buscarán avanzar sobre múltiples pedidos de interpelación a Karina Milei y otros funcionarios, por casos como las presuntas coimas en la ANDIS, a raíz del escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

Ese movimiento ocurre en un contexto de reorganización opositora: Mauricio Macri exige que el PRO se convierta en “la mejor oposición posible” tras octubre, empieza a tejer acuerdos con gobernadores y plantea reflejar una distancia clara frente al oficialismo de los Milei.

Pero el Gobierno no se quedará atrás: mientras la oposición prepara embestidas legislativas en Diputados y el Senado, Milei prepara un show musical en el Movistar Arena el 6 de octubre para presentar su nuevo libro titulado “La construcción del milagro” y reforzar su narrativa política.

La agenda política en el senado

Según señala El Parlamentario, este miércoles 1° de octubre se llevará adelante una saga de plenarios impulsados por la oposición en la Cámara de Senadores. Esto será luego de que la Cámara Baja, consiguiera dictamen para la de interpelación a Karina Milei y de Mario Lugones, ministro de Salud del gobierno, por su responsabilidad en el caso ANDIS. Jugadas parlamentarias en espejo por parte de la oposición.

De esta forma, la primera reunión en el Senado será a las 11, en Asuntos Constitucionales y Salud, comisión presidida por Alejandra Vigo (PU) y Lucía Corpacci (UP), respectivamente. Allí se tratará la interpelación a Lugones por temas varios: fentanilo contaminado, conflicto salarial en el Garrahan y prevención del dengue.

Luego, para las 11.45, se sumarán las comisiones de Población y Desarrollo Humano, donde podría avanzar, con bajas chances, la interpelación del propio Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS. El proyecto ha sido impulsado por el senador Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria).

Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano tratarán a las 12.15, ahora sí, interpelaciones relacionadas con el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, por los cuales ya hay una causa judicial que centra su investigación en la compra de medicamentos en la ANDIS, por medio de jugosos contratos con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. Las interpelación también alcanzan a quien ha sido el principal vocero y defensor del gobierno durante los escándalos: Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Por último, a las 13, en los plenarios de Asuntos Constitucionales y Economía Nacional e Inversión, a cargo ésta última de Pablo Blanco (UCR), se abordarán pedidos de interpelación a Karina Milei por el “ya lejano” caso de presuntas estafas con la criptomoneda $LIBRA.

Cabe resaltar un argumento defensivo que se será el “caballito de batalla” del oficialismo: a pesar de que la secretaría de Karina Milei tiene rango ministerial, desde el Ejecutivo rechazan que la funcionaria sea citada en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que sostiene: “Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

También esta semana, el próximo jueves 2 de octubre, el Senado intentará voltear definitivamente el veto a la emergencia pediátrica y el veto al presupuesto universitario.

La batalla en diputados

El miércoles 1° de octubre la oposición intentará avanzar en Diputados con una agenda cargada contra el Gobierno. El punto central será la reforma a la ley de DNU, ya con media sanción del Senado, que busca fortalecer el control del Congreso: exigir la aprobación en ambas cámaras y fijar un plazo de 90 días para tratar los decretos, tras lo cual perderían vigencia. Para la Casa Rosada, se trata de un riesgo directo a la capacidad de Milei de gobernar por decreto, lo que mantiene en vilo a Martín Menem.

Además, se votará la interpelación a Karina Milei por el escándalo en la ANDIS, el emplazamiento de la comisión de Presupuesto para acelerar el debate del Presupuesto 2026, y la apertura del tratamiento de la moción de censura a Guillermo Francos por incumplir la ley de emergencia en discapacidad.

En paralelo, hay debate sobre si sumar el veto presidencial a la ley de reparto de ATN, que ya rechazó el Senado, y sobre la iniciativa para repartir lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos. La oposición espera definiciones de los gobernadores, aunque persisten tensiones por la falta de apoyo en otras votaciones clave.

Riesgos y expectativas

La oposición espera capitalizar estas ofensivas, luego de una semana “positiva” del gobierno, tras el inédito apoyo político y económico de Estados Unidos. Por otro lado, Milei apuesta a generar espectáculo, presencia y control de la agenda mediática, aun cuando sus recursos políticos se licúan en medio de los crecientes escándalos.

MU

El triunfo que el peronismo logró en las elecciones bonaerenses de este domingo le dará al gobernador Axel Kicillof un resplado en la Legislatura provincial. Los más de 13 puntos que le sacó a La Libertad Avanza, le aseguran quorum propio en el Senado y suma dos bancas en Diputádos.

Con estos resultados Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 19 que puso en juego en la Cámara de Diputados, con lo cual tendrá un bloque de 39 escaños. Todavía estará lejos de los 47 necesarios para llegar al quorum.

El peronismo consiguió 10 de los ocho bancas que ponía en juego en la Tercera Sección, 4 de las 4 que arriesgaba en la Segunda Sección Electoral y en la Sexta, y 3 en la Octava.

En tanto, la alianza entre la Libertad Avanza (LLA) y el PRO consiguieron sumar 18 de las 13 que ponían en juego, con lo cual tendrá un bloque de 31 bancas ya que, entre los dos bloques tienen 25.

LLA y el PRO consiguieron sumar dos bancas en la Tercera Sección electoral de las cuatro que ponía en juego, ya que obtuvo 6 bancas, renovó cuatro en la Segunda Electoral y tres en la Octava Sección, mientras que consiguió 5 en la Sexta Sección y logró en esa región una más de las 4 que arriesgaba.

La izquierda renovó las dos bancas que ponía en juego en la Tercera y Hechos, la nueva fuerza que es un desprendimiento del PRO y está liderada por los hermanos Passaglia, consiguió tres bancas,

Los dos bloques de la UCR tienen 15 miembros, de los cuales ponían 10 en juego y con lo cual tendrán mandato cuatro de UCR-Cambio Federal, y tres de Somos, ya que uno tenía mandato hasta el 2027 y hoy se sumaron dos más; y a ese lote se suman dos de la Coalición Cívica.

De esta manera, los bloques de centro tendrán nueve legisladores entre la UCR, CC y Somos.

Los bloques de los libertarios Unión y Libertad tienen 5 con mandato hasta el 2027 y Unión Renovación y Fe con tres bancas, y uno para Derecha Popular.

En el Senado, Fuerza Patria logró garantizarse el quorum propio ya que consiguió 13 de las 10 bancas y, como tenía 11 bancas con mandato hasta el 2027, tendrá un bloque de 24 sobre 46 que conforman ese cuerpo legislativo.

El peronismo consiguió 5 de los 4 que ponía en juego en la Primera Sección Electoral, renovó los 3 de la Cuarta Sección Electoral y dos de la 5 Sección Electoral que arriesgaba, y logró sumar además dos bancas en la Séptima Sección electoral.

En la Sétima Sección electoral se elegían 3 bancas y Fuerza Patria arriesgaba una y se quedaba con las tres senadurías, debido a cómo se calcula la distribución de acuerdo al sistema Cociente Hare.

La coalición entre LLA y el PRO consiguió 8 de las cinco bancas que ponían en juego y tendrá un bloque de 16 miembros ya que los libertarios tenían tres escaños con mandato hasta el 2027 y cinco el PRO.

La coalición de derecha logró renovar las 3 bancas que ponían en juego en la Primera Sección electoral; dos en la Quinta Sección, donde arriesgaban una, y tres en la Cuarta Sección, donde tenían en juego otra.

El gran perdedor de esta elección es el radicalismo, que ponía en juego entre sus dos bloques siete de sus ocho bancas y solo consiguió, a través de Somos, dos lugares en la Cuarta Sección electoral, con lo cual tendrá tres senadurías.

La Cámara de Senadores la completan también tres senadores de Unión y Libertad.

Con un padrón de 14.376.492 personas, la Provincia está dividida en ocho secciones electorales: se eligieron senadores en la Primera (abarca parte del Conurbano), Cuarta, Quinta y Séptima, mientras que se votó para diputados en la Tercera (el resto del Conurbano),Segunda, Sexta y Octava (corresponde sólo a La Plata). Además, a nivel municipal se definieron 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

MP

El kirchnerismo presiona para que Karina Milei se presente al Congreso en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En la previa a la sesión en el Senado donde este jueves se votará la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, adelantó que buscarán votar en el recinto una convocatoria a la hermana del Presidente.

“Con dos tercios de los votos podríamos aprobar una resolución para citarla a que dé explicaciones”, dijo el legislador por Formosa a los medios de comunicación que lo abordaron en la puerta de la Cámara alta. Dicha medida no está en el orden del día, por lo que el peronismo necesita juntar el apoyo de radicales díscolos y de fuerzas provinciales para convocar a la hermana de Javier Milei.

Según adelantó Mayans, la propuesta es que Karina sea citada para la semana que viene, luego de las elecciones provinciales de Buenos Aires. El bloque del peronismo en el Senado está también en conversaciones con los diputados, porque en la Cámara baja la flamante comisión investigadora del caso $LIBRA ya avanzó en citar a la hermana de Milei y amenazó con que utilizará la fuerza pública para que la Secretaria General se presente ante el Congreso.

“Es obligatorio que venga; tiene que venir a reunir cuentas ante el Parlamento”, planteó Mayans.

MC

El jefe del bloque de Unión por la Patria del Senado, el formoseño José Mayans, apuntó contra Javier Milei y contra la panelista y candidata de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, en torno de los sueldos de los legisladores de esa cámara del Congreso.

“Milei atacó al Poder Legislativo, buscando el desprestigio del Poder Legislativo. Miren, hace un año que me están diciendo que voy a ganar nueve o diez millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad. Es mentira. Ganamos menos que un juez de primera instancia”, sostuvo Mayans. “El presidente dice por todas partes que ganamos diez millones de pesos. Nunca ganamos esa plata. Un mentiroso”, lanzó.

En ese mismo tramo, arremetió contra la modelo y panelista correntina: “Le digo a la tonta esta... ¿cómo es que se llama la chica esta, la actriz esta? La Victoria Gallardo, que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei... ¿Cómo se llama? ¡Virginia! Virginia Gallardo, que es de Corrientes. Bueno, ella dice en una mesa ahí tradicional que quiere ganar 9 millones. La verdad es que es una tonta, una estúpida, porque le digo ya que si cree que va a venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Que se comió la mentira del Presidente.”

El formoseño también refutó las acusaciones de privilegios que agita Milei en cada discurso. “En segundo lugar, dice que somos unos privilegiados porque estamos cuidando nuestras jubilaciones de privilegio. Segunda mentira al pueblo argentino contra el Parlamento. En el Parlamento no existen jubilaciones de privilegio. En 2001 yo voté en contra de las jubilaciones de privilegio, cuando llegué acá. ¿Sabe quiénes se quedaron con jubilaciones de privilegio? El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Parlamento tiene jubilación ordinaria. Señor presidente de la Nación: lea, infórmese y no mienta al pueblo argentino. Mentiroso”, espetó.

Las palabras de Mayans se insertan en un debate que ya había abierto el propio Milei, cuando denunció que los senadores se habían votado aumentos que llevaban sus sueldos brutos a 9 millones de pesos mensuales, lo que calificó como “una traición al pueblo argentino” y “una burla” a los trabajadores.

A esa misma cifra había aludido Gallardo semanas atrás en la mesa de Mirtha Legrand, en un cruce con Elisa Carrió. “A este paso, yo quiero ser senadora, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de los que estamos acá, y encima se venden. Den el ejemplo...”, dijo enrostrándole los salarios de los legisladores de la Cámara alta a la líder de la Coalición Cívica, que nunca fue senadora y fue diputada nacional en el pasado pero entonces, y al día de hoy, no ocupa ningún cargo público.

Según los recibos oficiales de julio de 2025 a los que accedió este medio, el salario neto de un senador nacional ronda entre $4,9 y $5,1 millones mensuales, con variaciones según si cada legislador renunció o no al último aumento paritario.

JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”.

“Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, resaltó.

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía “mantiene” firme al Gobierno “para dejar atrás” a quienes, en su criterio, “hundieron” a la Argentina “en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

“Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, subrayó y finalizó: “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.

De esta forma, se comienzan a completar los casilleros que deben llenar los libertarios antes del domingo, último día para presentar candidatos.

En la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre se eligen diputados y senadores nacionales.

De la Alianza La Libertad Avanza resta definirse el primer lugar de la nómina de postulantes a diputados nacionales, lista en la que habrá dos integrantes del PRO, en quinto y sexto lugar, según el acuerdo que entablaron la semana pasada.

MP

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a los proyectos que aprobó el Senado y son rechazados por el oficialismo, y sostuvo: “Están desesperados, es un acto de desesperación, saben que en octubre la Libertad arrasa”.

“A la luz de lo que pasó hoy, apuesto a que todos saben lo q voy a hacer: vamos a vetar”, remarcó el mandatario al dar su discurso en el acto del 171 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“Y si algún se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, completó. No conforme, agregó: “Y si sucediera el peor de los actos que, de repente, la Justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda en tratar muchísimos años y lo decidiera en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo, sería solamente una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuviera éxito, lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente”.

En otro pasaje de su discurso se hizo un tiempo para valorar el trabajo de su gabinete, especialmente el de sus ministras de Capital Humano y Seguridad, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich, a la vez que encadenó esto con una fuerte crítica a su vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Hicimos 2500 reformas estructurales. No solo tuvimos un programa de estabilización más exitoso que la convertibilidad sino que hicimos 25 veces más de reformas con 15% de la cámara de diputados, siete senadores y una traidora (Victoria Villarruel)”.

La Cámara Alta aprobó y convirtió en ley un proyecto que establece un incremento “excepcional y de emergencia” del 7,2 % para las jubilaciones. La mayoría de los retirados reciben una jubilación mínima que este mes fue de 370.000 pesos, por debajo de la línea de pobreza.

El Senado también aprobó una ley que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Además aprobó una ley que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obliga al Gobierno nacional a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

Asimismo, el Senado rechazó el veto presidencial a un ley aprobada en junio por el Parlamento que declaró la emergencia en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, afectada por una grave inundación en marzo pasado.

Si la Cámara de Diputados también rechaza el veto presidencial, la ley aprobada en junio entrará en vigor y el Gobierno nacional deberá incrementar su ayuda económica a Bahía Blanca.

MM con información de agencias.