Adorni y una anomalía inédita: el jefe de Gabinete que el Congreso quiere remover y Milei se niega a soltar

La figura del jefe de Gabinete nació hace 32 años con una promesa ambiciosa: introducir una dosis de parlamentarismo en el hiperpresidencialismo argentino. La Constitución reformada en 1994 imaginó un funcionario con peso político propio, responsable ante el Congreso y sujeto, llegado el caso, a una herramienta excepcional: la moción de censura. Tres décadas después, ese mecanismo nunca fue utilizado. Ninguno de los más de veinte jefes de Gabinete que pasaron por el cargo desde 1995 llegó a estar tan cerca de enfrentarlo. Manuel Adorni podría ser el primero.

La paradoja es todavía más grande si se observa la otra cara del fenómeno. Nunca antes un ministro coordinador había sido jaqueado desde el Congreso y blindado al mismo tiempo por un presidente con la intensidad con la que Javier Milei decidió sostener a Adorni. Mientras la oposición explora caminos parlamentarios para desplazarlo, los aliados piden tomar distancia y una parte del propio oficialismo reconoce que el caso se volvió demasiado costoso, el Presidente y Karina Milei se mantienen inamovibles: lo consideran inocente. Incluso, en privado, algunos funcionarios deslizan una hipótesis tan extrema como reveladora del clima político actual: si el Congreso consiguiera removerlo, Milei podría volver a designarlo en el mismo cargo.

La escena condensa una contradicción que atraviesa toda la historia de la Jefatura de Gabinete. Con el impulso clave de Raúl Alfonsín, el cargo fue concebido como una suerte de primer ministro argentino, un primus inter pares capaz de asistir al Presidente en la administración general del país y rendir cuentas ante el Congreso. En el diseño de 1994, esa figura debía funcionar como una válvula institucional: una manera de ordenar la gestión, de repartir responsabilidades y de atenuar la concentración de poder presidencial. En la práctica, sin embargo, la política argentina terminó convirtiéndolo en un ministro de confianza del Presidente, expuesto al desgaste cotidiano, con responsabilidades transversales y una autonomía siempre condicionada por la voluntad del jefe del Ejecutivo.

20

Los números ayudan a dimensionar esa distancia entre el diseño constitucional y la práctica política. Desde la creación efectiva del cargo, en julio de 1995, hubo 20 jefes de Gabinete distintos. Algunos duraron años. Otros apenas días. El promedio histórico ronda los veinte meses, una cifra que revela hasta qué punto la volatilidad fue una marca de origen. El área nunca logró consolidarse como una institución con reglas propias. Dependió siempre de la personalidad del presidente de turno, de la fortaleza política del ministro coordinador y del espacio real que cada administración decidió otorgarle.

Carlos Menem inauguró la figura con Eduardo Bauzá y luego Jorge Rodríguez. Fernando de la Rúa tuvo a Rodolfo Terragno y Chrystian Colombo, pero la crisis de 2001 convirtió al cargo en una estación de paso: durante las presidencias interinas desfilaron Humberto Schiavoni, Jorge Obeid y Antonio Cafiero, algunos por apenas unas horas. Eduardo Duhalde designó primero a Jorge Capitanich y luego a Alfredo Atanasof. En 2003, Néstor Kirchner, en cambio, optó por una continuidad excepcional: Alberto Fernández fue su único jefe de Gabinete y siguió durante la primeta mitad del primer año de mandato de Cristina Kirchner, hasta que la “crisis del campo” lo empujó a dejar su puesto.

La expresidenta tuvo una relación mucho más cambiante con el cargo. Entre 2008 y 2015, pasaron por la Jefatura de Gabinete Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y otra vez Aníbal Fernández. Mauricio Macri eligió el camino opuesto, más en línea con el primer Kirchner: Marcos Peña permaneció durante los cuatro años de mandato y se convirtió en el segundo ministro coordinador que más duró de la historia, después justamente de Alberto Fernández, quien fuera el único jefe de Gabinete en llegar a ser presidente. A partir de 2019, una vez sentado en el Sillón de Rivadavia, Fernández volvió a la lógica de la rotación y acumuló tres nombres: Santiago Cafiero, Juan Manzur y Agustín Rossi.

Desde 2023, Javier Milei ya suma tres jefes de Gabinete en apenas dos años y medio de gestión: Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni. Es una secuencia que ilustra también la singularidad de su administración. Posse cayó abruptamente tras la primera gran crisis interna del Gobierno, en medio de acusaciones por supuesto espionaje interno. Francos ocupó el cargo como una figura de transición, respaldado por su experiencia política y su capacidad de negociación con gobernadores y opositores dialoguistas. Mientras que Adorni llegó como una apuesta completamente distinta, mucho más asociada a la construcción comunicacional que a la coordinación tradicional de la gestión.

Artículo 101

El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y que puede ser interpelado para el tratamiento de una moción de censura. También prevé que puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Pero como nunca fue utilizado, el mecanismo arrastra zonas grises. ¿Alcanza con que una sola cámara lo interpelle o deberían hacerlo ambas antes de votar la remoción? ¿Qué ocurre si una cámara avanza y la otra no? ¿Puede un Presidente volver a nombrar al mismo funcionario después de que el Congreso lo haya censurado? La Constitución no lo prohíbe expresamente. La política, hasta ahora, nunca necesitó responderlo.

Ese vacío práctico es parte del problema. La moción de censura fue pensada como una herramienta de control parlamentario, pero nació en un sistema que nunca dejó de ser presidencialista. En la Argentina, el jefe de Gabinete no gobierna como un primer ministro. No forma una mayoría parlamentaria propia, no cae cuando pierde apoyo legislativo ni conduce al resto de los ministros con autoridad autónoma. Es, en definitiva, un subordinado presidencial con obligaciones especiales ante el Congreso. Por eso la eventual remoción de Adorni no sólo pondría a prueba al funcionario. Pondría a prueba un mecanismo constitucional que lleva tres décadas dormido.

El caso expone, además, una anomalía política. La Jefatura de Gabinete fue creada para descargar responsabilidades del Presidente. En teoría, debía ser el cargo que absorbiera parte del desgaste de la gestión, ordenara los conflictos administrativos y funcionara como puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En la práctica actual ocurre casi lo contrario. Milei está destinando una porción creciente de su capital político a sostener a su jefe de Gabinete. Lo que debía proteger al Presidente terminó siendo protegido por el Presidente.

¿Por qué Milei invierte tanto en Adorni? La pregunta recorre la Casa Rosada desde hace semanas y nadie ofrece una respuesta única. Algunos lo explican por la confianza personal. Otros por la lealtad absoluta del funcionario hacia Javier y Karina Milei. Hay quienes agregan un componente ideológico: el Presidente no parece mirar con la misma gravedad que otros sectores políticos la existencia de ahorros no declarados, en la medida en que los interpreta como una defensa de los ciudadanos frente al Estado. Pero también aparece una razón más simple y más política: correr a Adorni ahora sería leído como una concesión ante la oposición, ante los aliados y ante incluso Patricia Bullrich, la dirigente oficialista que más viene empujando una salida.

La presión de la exministra de Seguridad es un dato central. La senadora no rompió con el Gobierno ni se plegó a la estrategia del kirchnerismo, pero dejó claro que considera el caso como una “omisión ética” y que el tema debe ser resuelto. Su incomodidad expresa algo más amplio: una parte de los aliados del oficialismo no quiere quedar pegada a una defensa cerrada del jefe de Gabinete. El PRO y sectores de la UCR buscan despegarse sin aparecer alineados con el kirchnerismo, mientras que los gobernadores observan el costo de involucrarse en una discusión que no controlan.

Adorni, mientras tanto, quedó en una zona extraña. Sigue blindado por el Presidente, pero perdió centralidad política. Conserva el cargo, pero su agenda quedó condicionada por su defensa. Esa es otra diferencia con sus antecesores. Adorni llegó al cargo desde la comunicación, como una de las caras más reconocibles del mileísmo, y ahora enfrenta una discusión que afecta justamente su principal activo: la capacidad de explicar. No parece casual, en ese contexto, que el Gobierno haya designado al economista y diputado libertario Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en un movimiento que busca aliviar parte de la exposición cotidiana que hasta ahora recaía sobre el jefe de Gabinete.

Si el Congreso avanza, Adorni podría convertirse en el primer ministro coordinador interpelado con riesgo real de censura. Si el Congreso no avanza, el Gobierno habrá ganado tiempo, pero no necesariamente habrá cerrado la crisis. Si Milei lo sostiene, reforzará su autoridad presidencial pero seguirá pagando el costo de una controversia prolongada. Si lo corre, concederá una victoria política a quienes vienen pidiendo su salida. Si lo removieran y lo volviera a nombrar, abriría una discusión constitucional todavía más delicada. El juego está en proceso y tiene final incierto.

PL/MG