La moción de censura a la que se enfrenta Adorni: el paso a paso en el Congreso para echar al jefe de Gabinete

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso. No por un juicio político, no por una decisión del presidente: por el voto de las dos cámaras en conjunto. Ese mecanismo, incorporado en la reforma de 1994, lleva 32 años sin estrenarse. Ninguno de los 19 Jefes de Gabinete que pasaron por el cargo desde 1995 llegó a enfrentarlo. Manuel Adorni podría ser el primero.

El mecanismo tiene dos etapas y están encadenadas. La primera es la interpelación. Cualquiera de las dos cámaras puede citar al Jefe de Gabinete para que comparezca, responda preguntas y dé explicaciones. Para eso alcanza con la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, es decir, 129 de los 257 diputados, o 37 de los 72 senadores.

La segunda etapa es la moción de censura propiamente dicha, y ahí se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Se entiende que serían las dos al mismo tiempo. Si Diputados vota a favor pero el Senado no llega al número, el Jefe de Gabinete sigue en su cargo. La remoción, si se produce, es inmediata. No hay período de transición ni plazo de gracia.

En Diputados, la oposición suma en torno a 91 bancas. Con el peronismo impulsando un pedido de sesión especial para el 23 de junio junto a un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la Izquierda, y algunos monobloques, podría haber 115 votos. Faltan 14 para el quórum. En el Senado, el Bloque Justicialista que encabeza José Mayans tiene 33 senadores. Necesitaría cuatro más de bloques provinciales o de la oposición dialoguista para llegar al piso de 37.

El 23 de junio: ¿Día D?

La oposición convocó a una sesión especial para el martes 23 de junio en la Cámara de Diputados. El temario incluye seis proyectos: dos pedidos de informes sobre el patrimonio de Adorni y presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado, y tres proyectos que van al hueso: la interpelación del Jefe de Gabinete como paso previo a la moción de censura.

El primer obstáculo es el quórum. Sin 129 diputados presentes, la sesión no puede abrirse. Los convocantes hoy no llegan solos.

Pero incluso si ese obstáculo se superara, hay un segundo problema: los proyectos de interpelación no tienen dictamen de comisión. Para tratarlos sobre tablas —es decir, sin pasar por comisión— hace falta el voto de los dos tercios de los presentes. Ese número también está fuera del alcance opositor.

Lo que sí puede pasar el 23 de junio es que, si hay quórum, la sesión apruebe el emplazamiento a comisiones: básicamente, forzar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento —hoy en manos de La Libertad Avanza— a reunirse y dictaminar sobre los proyectos en un plazo determinado. Una vez que haya dictamen, la oposición podría pedir una nueva sesión y en esa instancia sí votaría la interpelación con mayoría simple de presentes.

En síntesis: el 23 de junio es una apertura de juego, no un partido. La moción de censura, si finalmente avanza, no llegaría antes del segundo semestre. Es decir, después del Mundial.

El Senado quiere ir más rápido

Mientras en Diputados el camino se presenta largo, en el Senado el Bloque Justicialista de Mayans impulsa un formato diferente: una sesión única donde se interpele a Adorni y se vote la censura en una sola jornada. La lógica es reducir los tiempos y no darle al oficialismo margen de maniobra entre una instancia y otra.

El oficialismo intentó neutralizar esa presión anunciando que Adorni asistirá voluntariamente al Senado en julio para brindar un informe de gestión. La apuesta es que esa comparecencia descomprima la demanda de interpelación formal y diluya el impulso opositor. Hasta ahora, la maniobra no parece haber convencido a los senadores peronistas.

El PRO y la UCR definen

La oposición dura sola no alcanza. El resultado de todo este proceso depende en buena medida de dos bloques que hasta ahora juegan al borde: el PRO y la UCR.

Ambos partidos emitieron comunicados duros contra Adorni. El PRO dijo que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo.” La UCR afirmó que sus declaraciones son “incompatibles con la ejemplaridad” del cargo y que “quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado.”

Pero los comunicados no son votos. Las dirigencias del PRO y el radicalismo están haciendo sus propios cálculos: muchos creen —y desean— que Adorni no llegará al cargo hasta el 23. En el PRO se habla de “esperar el panorama” antes de definir una estrategia. La UCR, más cerca de acompañar, tampoco confirmó su presencia en la sesión.

Las preguntas sin respuesta que dejó la Constitución

El artículo 101 tiene agujeros porque, en 32 años, nadie los tuvo que resolver en la práctica. El primero: ¿deben interpelar las dos cámaras, o alcanza con una? El texto dice que cualquier cámara puede citar al Jefe de Gabinete, pero también dice que la remoción requiere que ambas voten. ¿Cómo puede votar válidamente la remoción una cámara que nunca escuchó al funcionario? Algunos constitucionalistas, como Félix Lonigro, que escribió una columna en Infobae, sostienen que lo lógico es que ambas cámaras interpelen antes de poder votar la censura.

El segundo: si el Congreso remueve al Jefe de Gabinete, ¿puede el presidente volver a designar a la misma persona? La Constitución no lo prohíbe expresamente.

¿Qué pasa si Adorni es removido?

El Jefe de Gabinete cesa de inmediato. El presidente queda obligado a nombrar un reemplazo —un cargo que recae en la persona que él mismo elija—. Si Milei lo redesignara, la discusión constitucional sobre si eso es válido pasaría a ser el nuevo campo de batalla.

Si no lo redesigna, Adorni termina su ciclo como Jefe de Gabinete. El proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito seguiría de todos modos: la remoción política no tiene efecto sobre la causa penal.