En medio de la crisis que generó el faltante de gas y el corte de suministro de GNA en las estaciones de servicio de varias provincias del país, la empresa Petrobras aceptó esta mañana las condiciones de pago del cargamento de GNL amarrado en el puerto de Escobar y comenzó su descarga, según confirmó la empresa ENARSA.

“Hoy a las 9.10 se recibió la confirmación de la carta de crédito emitida por el BNA (Banco Nación), de parte del banco designado por Petrobras”, comunicó la compañía desde su cuenta de X.

ENARSA afirmó que “inmediatamente, se inicia el proceso de descarga del barco, que ya se encontraba amurado al buque regasificador de Escobar, conectado desde las 16 del martes 28 de mayo”.

El proceso hasta que el GNL pase a la planta compresora y de allí comience a ser distribuido puede demandar entre 48 y 72 horas hasta alcanzar la normalización.

“La situación se produjo por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24, a pesar de que la misma fue emitida en los términos requeridos por el proveedor destacándose que el banco había recibido una igual para un cargamento similar en las últimas semanas”, destacó la compañía.

En esa línea afirmó que “este cargamento permite reforzar el abastecimiento de gas programado frente a la situación de frío inusual para la época y sostenido durante el mes de mayo”.

Debido a esta demora se registraron cortes de suministro en más de un centenar de industrias, siendo principalmente afectadas las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La crisis se desató por las bajas temperaturas que se desplegaron por todo el país antes de lo previsto, mientras desde la Secretaría de Energía se demoró en la toma de decisiones para prever esta situación.

De todas maneras, es solo un primer paso ya que deberán llegar por lo menos tres decenas de barcos más para satisfacer una demanda invernal que será superior a la prevista.

Con información de agencias.

IG

La Argentina compró durante el fin de semana un cargamento de gas a la empresa brasileña Petrobras con el objetivo de evitar el desabastecimiento de energía. Sin embargo, Enarsa, la compañía estatal a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL), no pudo acreditar la transferencia de US$22 millones a la cuenta del proveedor, por lo que no se autorizó la descarga, según informó EconoJournal.

Esto derivó en que el ente regulador, Enargas, le cortara el suministro de gas a las 100 mayores industrias del país, entre las que figuran petroquímicas, petroleras, cerealeras y empresas dedicadas al sector agroindustrial, detallaron.

Las principales zonas afectadas corresponden al Gran Rosario y Córdoba. En esas áreas el sistema de gasoductos opera al límite de su capacidad.

“El contexto se complicó aún más por un problema operativo que afectó a la red de TGN, una de las dos transportistas de gas del país, que por un imprevisto técnico debió paralizar dos plantas compresoras en el sistema centro-oeste de gasoductos (...) TGN reestablecerá la operación de las dos plantas compresoras a las 21 de hoy, mientras que se estima que, si el BCRA autoriza el envío de fondos hacia Brasil, la terminal de Escobar podría empezar a regasificar a partir del mediodía del miércoles”, agregó EconoJournal.

El jueves pasado Enargas declaró al país en “pre emergencia”, por esta razón hubo cortes a estaciones de servicio e industrias para evitar los problemas de suministro. La ola polar anticipada duplicó la demanda ya que las bajas temperaturas se esperaban recién para la primera semana de junio. Fue así que el Gobierno informó el viernes pasado que avanzaría en el establecimiento de un orden de prioridades para darle suministro a hogares y comercios mientras que las industrias de alta demanda sufrirían recortes.

En este contexto, también hay faltas de abastecimiento de GNC. El presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Basílico, estimó que los problemas podrían extenderse hasta el fin de semana. “Nadie esperaba el invierno a esta hora. Están viniendo 20 barcos que eran para la primera quincena de junio y pidieron otros 10. Para el fin de semana estaría solucionado”, señaló Basílico y reveló que la federación le envió cartas documentos al presidente, Javier Milei y al secretario de Energía Eduardo Chirilo para que respondan sobre el tema. También, le solicitaron explicaciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

MM

La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, anunció este viernes que venderá la totalidad de su participación en su subsidiaria Argentina, Petrobras Operaciones S.A.(POSA), informó la compañía.

POSA tiene una participación del 33,6 % en el Campo Río Neuquén, una de las áreas con mayores reservas de gas no convencional de América Latina cuya producción se da mediante la fracturación hidráulica masiva conocida como “tight gas”.

La estatal argentina YPF, operadora, ostenta el 33,3 % de la participación en el campo, ubicado en las provincias de Río Neuquén y Río Negro, y la compañía Pampa Energía, también argentina, posee el otro 33,1 %.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la estatal brasileña, hasta septiembre de este año la producción de POSA en el campo fue de 1,52 millones de metros cúbicos por día de gas natural y 70.000 barriles diarios de petróleo, condensado y gasolina.

La participación de Petrobras en POSA está dada mediante sus filiales, Petrobras International Braspetro, que ostenta el 95 %, y Petrobras Valores Internacionales de España que tiene el 5 % restante.

La firma UBS Securities LLC será el asesor financiero exclusivo del proceso y los interesados podrán manifestarse hasta el 4 de noviembre.

La venta de la filial de Petrobras en Argentina se enmarca en el ambicioso plan de desinversiones de la compañía para reducir la deuda, mejorar su perfil financiero y centrar las operaciones en los activos más rentables, principalmente los de explotación de hidrocarburos en aguas muy profundas.

Controlada por el Estado brasileño, pero cuenta con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, Petrobras tiene previsto alcanzar unas desinversiones que varían entre los 15.000 millones de dólares y los 25.000 millones de dólares, entre 2022 y 2026.

Con información de EFE.

IG

El ex presidente de Petrobras, José Mauro Ferriera Coelho  renunció el lunes al cargo, en medio de crecientes presiones del presidente Jair Bolsonaro y del presidente de la Cámara de diputados, Arthur Lira, contra la política de precios de los combustibles practicada por la empresa. 

Coelho, ex secretario de Petróleo del Ministerio de Minas y Energía,  ocupó  la presidencia de Petrobras en abril, elegido por Bolsonaro. Coelho fue el tercer presidente de Petrobras en la gestión de Bolsonaro. Lo precedieron Roberto Castelo Branco y el general retirado del ejército Joaquim Silva e Luna, quienes también dimitieron debido a las  presiones en contra la política de precios de la empresa.

El sábado entró en vigor el reajuste anunciado el viernes por  Petrobras del 14,26% en el precio del diésel y del 5,18% en el precio de la gasolina vendida a las distribuidoras. La empresa estatal justificó el aumento con base en su política de precios, que sigue la fluctuación del mercado internacional.

La compañía será dirigida de manera interina por Fernando Borges,  funcionario de carrera, quien  ha trabajado en Petrobras durante casi 40 años. 

Borges se desempeñó como director del Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) de 2016 a 2020, y fue designado por Petrobras para el cargo de director de la Asociación Brasileña de Empresas de Exploración y Producción de Petróleo y Gas (ABEP), en la que opera desde 2016.

Bolsonaro pidió investigar a Petrobras

Después del anuncio del ajuste que Petrobras justificó con base en su política de precios que sigue la fluctuación del mercado internacional, Bolsonaro defendió la conformación  de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar a Petrobras, a sus directores y asesores. Lira  y también partidos de oposición apoyaron a Bolsonaro en su pedido de apertura del CPI. 

“Hablé ayer con el líder de la Cámara [diputado Ricardo Barros] para que el lunes abramos un CPI. Vamos adentro de Petrobras. Es inaceptable, con una crisis mundial, que Petrobras se jacte de las ganancias que tiene”,  dijo Bolsonaro el sábado.

El viernes, tras la reacción del gobierno, Petrobras perdió R$ 27,3 mil millones en valor de mercado. Al día siguiente, Bolsonaro anunció  que el valor de la empresa “perdería otros 30 [mil millones]” este lunes, con la apertura del IPC.

En línea con el presidente, Lira defendió este viernes la dimisión de Coelho y lo acusó de trabajar “sistemáticamente contra el pueblo brasileño en la peor crisis del país”.

Aproximadamente un mes, el 23 de mayo, el Ministerio de Minas y Energía ya había difundido una nota informando que el gobierno federal había decidido destituir a  Mauro Coelho, apenas 40 días después de su designación en el cargo.

En mayo, el gobierno nombró a Caio Mário Paes de Andrade, actual Secretario Especial de Desburocratización del Ministerio de Economía, para dirigir Petrobras, cuyo nombre aún no ha sido evaluado por el Consejo de Administración.

Política de la empresa en los programas  políticos

El tema es uno de los principales de la campaña preelectoral del Palacio del Planalto de este año, por el impacto que tiene en el bolsillo de los votantes y en la inflación. Lula, el precandidato del PT a la presidencia, ha estado prometiendo “brasilizar” el precio del combustible si es elegido.

Petrobras utiliza el  Precio de Paridad de Importación (IPP) para definir el monto  a cobrar a las distribuidoras. Considera el precio de los combustibles practicados en el mercado internacional, los costos logísticos de llevarlos a Brasil y un margen para remunerar los riesgos de la operación. Como el precio en el mercado internacional es en dólares, la cotización de la moneda también influye en el cálculo.

Esta fórmula fue adoptada en 2016 durante el gobierno de Michel Temer para blindar a la empresa de la injerencia del gobierno, que generó pérdidas millonarias durante la administración de la expresidenta Dilma Rousseff. En los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff, la definición del precio consideraba la variación del petróleo en el mercado internacional, pero también los costos de producción de petróleo en Brasil. De esta forma, la empresa estatal frenó los impactos de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional para el consumidor interno.

Sin embargo, dependiendo de la diferencia de precios, a veces esta política llevaba a  Petrobras ganar menos de lo esperable  e incluso a pérdidas en el mercado interno por vender combustible a un valor inferior al que había pagado por importar, lo que significaba una desventaja para los accionistas.

Un alza irrepresible

El precio del petróleo en todo el mundo se disparó con una mayor demanda después del final de los bloqueos provocados por el covid-19, y cobró aún más aliento con la guerra en Ucrania.

A pesar de la constante presión contra la empresa estatal, Bolsonaro hasta ahora no había  utilizado el poder del gobierno, como accionista mayoritario de la empresa, para cambiar efectivamente la política de precios. Lo que el gobierno está tratando de hacer ahora es influir en los precios de Petrobras, porque precisamente el alza de  los precios de los combustibles se convirtió en un problema en vísperas de las elecciones.

Por esto se han realizado recientemente  llamadas recientes a Petrogas para que congele los precios durante un período prolongado. Los argumentos son siempre los mismos, que la empresa ha registrado ganancias récord y necesita hacer una contribución en un momento en que la población sufre los altos precios.

Sin embargo, el principal beneficiario de las ganancias es el propio gobierno, que es el mayor accionista de la empresa estatal. Desde el inicio de la administración Bolsonaro, en 2019, el gobierno ya recibió R$ 447 mil millones de Petrobras,  entre impuestos, regalías y dividendos.

Este lunes, la Unión recibió R$ 8,8 mil millones de la ganancia de la empresa estatal. Esta cifra forma parte de un total de R$ 32 mil millones en dividendos que serán pagados al gobierno hasta julio.

Si el problema es la ganancia de Petrobras, el gobierno debiera destinar  esos recursos, de alguna manera, para subsidiar los gastos de los más pobres, o de quienes usan el combustible para trabajar. Interferir en la gestión de la empresa, tratar de cambiar la forma en que se gestiona o congelar  los precios, no funcionará. La experiencia ha demostrado, innumerables veces, que cuando se utilizan sólo por razones puramente políticamente estos recursos  el camino de las empresas estatales es sólo una dirección al vacío.

Actualmente Brasil registra una inflación alta. En mayo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), reportó que el país enfrenta su mayor nivel inflacionario en los últimos 18 años, con un aumento al 12,13%, una tasa que no se registraba desde el 2003.  

AGB con agencias y medios

Tenaris, principal compañía de la multinacional ítalo-argentina Techint, pagará a los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar una investigación por presuntos sobornos en Brasil, de acuerdo con un comunicado publicado este jueves por la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (Securities & Exchange Commission, SEC). El grupo liderado por Paolo Rocca era investigado por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.

El caso gira en torno a unos 20 pagos por más de US$10 millones presuntamente realizados por Techint al exgerente de Servicios Petrobras, Renato De Sousa Duque, entre 2008 y 2013. Duque admitió en Brasil e Italia haber recibido pagos ilegales para garantizar a la subsidiaria brasileña de Tenaris (Confab) contratos con la petrolera pública sin pasar por licitaciones. Esos contratos equivaldrían a unos 1.400 millones de euros, según los fiscales italianos que colaboraron con la investigación de la SEC.

“Los sobornos fueron financiados en nombre de la subsidiaria brasileña de Tenaris por empresas afiliadas al accionista mayoritario de Tenaris”, afirmó el organismo de control estadounidense en el comunicado. “Durante muchos años, Tenaris no implementó suficientes controles contables internos en todas sus operaciones comerciales a pesar de los riesgos de corrupción conocidos”, dijo Charles Cain, Jefe de la Unidad FCPA de la División de Cumplimiento de la SEC. “Este fracaso creó el entorno en el que se facilitaron los sobornos a través de una constelación de empresas asociadas con su accionista mayoritario”, agregó.

“Tenaris accedió a la orden de la SEC sin admitir ni negar las conclusiones de que violó las disposiciones antisoborno, de libros y registros y de controles contables internos de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y acordó pagar más de $78 millones en intereses combinados de desembolso y prejuicio y sanciones civiles. La empresa también acordó cumplir con los compromisos por un período de dos años relacionados con sus esfuerzos de remediación en curso”, sostuvo la SEC en el comunicado.

Los supuestos sobornos a Duque se investigan también en la Justicia brasileña, donde el proceso penal aún está abierto contra ex ejecutivos de Techint en Brasil, supuestos intermediarios con Duque y el exgerente de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Zabaleta, quien siempre ha negado las acusaciones. Duque ya fue condenado por estos mismo hechos.

En Italia, Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti -los tres accionistas y dirigentes del gigante del acero- eran juzgados en un juicio oral y públicos por los supuestos sobornos a Duque, ya que los tres empresarios son italianos y la empresa matriz del grupo operaría de facto desde Italia. La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de los empresarios por corrupción internacional, pero el día del veredicto, el jueves 26 de mayo último, el tribunal de la séptima sección penal de Milán dio la razón a la defensa y determinó que los acusados no podían ser juzgados en Italia por estos hechos supuestamente cometidos en otras jurisdicciones, como informó elDiarioAR.

Tras el fallo del tribunal italiano, Techint sostuvo en un comunicado de prensa: “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia. Sin embargo, ante la SEC no desmintieron ni confirmaron el pago de sobornos al ex gerente de Petrobras, según el comunicado oficial del organismo.

En Argentina, un tercer expediente por estos mismos hechos permanece sin avances significativos en los tribunales de Comodoro Py desde 2017. 

Esta no es la primera vez que Tenaris se ve involucrada en un esquema de corrupción y debe pagar una multa a las autoridades de los Estados Unidos para cerrar una investigación y poder seguir operando en la bolsa. En 2011, la empresa firmó un “acuerdo de no enjuiciamiento” con el Departamento de Justicia y un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

“La SEC agradece la asistencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Panamá, el Ministerio Público Federal de Brasil y la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Italia”, finaliza el comunicado del organismo.

ED

Este jueves, un tribunal de Milán, en el norte de Italia, debía dar su veredicto en el caso judicial que más lejos ha llegado contra uno de los empresarios más poderosos de Argentina y una de las familias más influyentes y ricas de Italia: los Rocca, dueños del grupo Techint. Los accionistas y directivos Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti eran juzgados por el delito de corrupción internacional por el presunto pago de sobornos por unos 6,5 millones de euros a un exgerente de Petrobras para garantizarse contratos directos para vender caños de acero a la petrolera pública de Brasil.

Sin embargo, a más de dos años de que el expediente entrara en etapa de juicio y del desarrolló total del proceso oral y público, los tres jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán, presidida por la magistrada Ombretta Malatesta, dieron un giro inesperado: en lugar de emitir sentencia, determinaron que los hermanos Rocca y su primo Bonatti nunca debieron ser juzgados en Italia por estos hechos.

La decisión dejó al caso más firme contra los dueños de Techint al borde del abismo. El juicio incluyó la exhibición de innumerable prueba documental, bancaria, testigos y la admisión del exgerente presuntamente sobornado por la multinacional ítalo-argentina, Renato de Sousa Duque, quien confesó haber recibido los millones para favorecer . La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y medio de prisión para los tres acusados, además de una multa y un decomiso millonarios. Sin embargo, al evitar dictar sentencia sobre hechos que datan de 2009 y se extienden hasta 2013-2014, el caso asume el riesgo de la prescripción. En Techint, la decisión del tribunal milanés se festejó como una “absolución”, según un comunicado del grupo en Argentina.

La fiscalía de juicio tiene ahora dos vías posibles para mantener vivo el caso, explicó a elDiarioAR una fuente directa del proceso: apelar el fallo de los jueces ante el tribunal de Apelaciones de Milán o saltarse esta instancia local y recurrir con un per saltum ante la Corte Suprema Di Cassazione, con sede en Roma, máximo tribunal de Italia.

Si la fiscalía decide apelar ante el tribunal inmediato, pueden pasar dos cosas: que la corte de apelaciones de Milán confirme que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para juzgar estos hechos y que el Ministerio Público Fiscal apele nuevamente; o que el tribunal de apelaciones determine que los jueces italianos sí tienen jurisdicción para juzgar a los Rocca y Bonatti e incluso decida en su fallo sobre el mérito de los acusados: podría declararlos culpables o absolverlos.

Si en cambio, la fiscalía establece que el fallo de este jueves implica un grave error jurídico, puede saltar a la Corte Suprema di Cassazione, la segunda alternativa. El máximo tribunal italiano podrá ordenar a los jueces de Milán que dicten sentencia porque tienen jurisdicción o bien cerrar el caso definitivamente.

Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción.

Comunicado de Techint.

Si se agotan las vías de apelación y los tribunales superiores confirman la falta de jurisdicción italiana, la fiscalía se quedará con una última carta: enviar su investigación al país en donde los tribunales italianos hayan determinado que sucedieron los hechos: Argentina, Brasil, Suiza, Luxemburgo, Uruguay. 

Aún con este escenario posible, el caso quedó al borde de la extinción: los hechos se extienden hasta 2013 e incluso 2014, pero la prescripción por el paso del tiempo favorece a la defensa. El soborno transnacional en Argentina tiene un plazo de prescripción de seis años, por ejemplo. Habrá que evaluar eventualmente los plazos procesales. 

La decisión de la fiscalía sobre qué camino tomar dependerá de los fundamentos del tribunal, que tiene hasta 60 días para hacerlos públicos a partir de este jueves y explicar por qué los jueces de Milán tomaron la decisión de no dictar sentencia de mérito, es decir, por qué no sentenciaron si los acusados eran culpables o inocentes; si la fiscalía había demostrado la responsabilidad penal de los acusados o si debían ser absueltos. Pero además, también se espera que argumenten por qué tomaron esta decisión el día del veredicto y no al comienzo del proceso. 

En febrero de 2020, el juez Valerio Natale ordenó el inicio del juicio público en Milán. El proceso se demoró por la pandemia pero finalmente comenzó meses más tarde. Entonces, ¿por qué el tribunal dejó pasar más de dos años y decidió que no tenía jurisdicción el día que debía anunciar el veredicto?

Por qué Italia

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin. “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia, afirmó Techint.

El grupo de los Rocca concentra inversiones en puntos clave de la economía: energía y construcción. La familia que controla la multinacional ítalo-argentina es la segunda más rica del país y una de las doce con más fortuna en Italia.

La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido esta tesis durante su alegato en el juicio italiano porque los hechos investigados “no ocurrieron” en Italia, pero la fiscalía defendió su investigación por varias razones: los Rocca y Bonatti son italianos -nacieron en Milán-; San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint que manejó las cuentas bancarias y sociedades offshore investigadas, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana; y, además, la ley italiana aplica a los italianos que cometieron supuestos delitos de corrupción en el extranjero.

 La causa italiana contra Techint nació en 2015 cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

La investigación sacó a la luz la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probó, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de Petrobras a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza, Uruguay y Brasil manejadas por ejecutivos y empresas de Techint. 

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil.

La decisión del tribunal de Milán podría ser el tiro de gracia a la investigación por otros motivos, además del reloj contra el tiempo. Si eventualmente se confirma que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para investigar a los dueños de Techint y el caso es enviado a la Justicia de Brasil, por ejemplo, el pronóstico no es positivo. En ese país, ya existe una investigación sobre los mismos hechos que no incluye a los Rocca y Bonatti porque éstos no habrían operado desde Brasil.

En Argentina también existe un expediente por estos mismos hechos a cargo de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, en los tribunales de Comodoro Py, en el que sí están denunciados Paolo Rocca y ejecutivos argentinos, pero el pronóstico es aún más incierto. La causa local se abrió en 2017 y no tiene indagados ni mayores avances desde entonces. El gigante del acero no ha conquistado la cumbre en vano.

ED

El candidato del gobierno para presidir la estatal Petrobras, José Mauro Coelho, fue elegido este jueves como titular de la empresa por el nuevo consejo directivo y reemplazará al anterior jefe, destituido por el presidente Jair Bolsonaro.

En un comunicado, Petrobras explicó que su Consejo de Administración, “en reunión realizada este jueves, eligió a José Mauro Ferreira Coelho para el cargo de Presidente de la compañía, para un mandato de un año”.

Coelho es un técnico vinculado durante el actual gobierno al Ministerio de Minas y Energía (MME) y será el tercer presidente de la petrolera del mandato de Bolsonaro, en el poder desde enero de 2019.

Su antecesor al frente de Petrobras, Joaquim Silva e Luna, fue destituido a fines de marzo por el mandatario, crítico de la política de precios de la petrolera, cuyos aumentos sobre los combustibles alimentaron la inflación.

El miércoles, Coelho había sido elegido en la asamblea general de accionistas como miembro del Consejo Administrativo, un paso necesario para su posterior designación como presidente.

Hacía una semana que el Ejecutivo había levantado la candidatura de Coelho, después de que el primer candidato del gobierno, el economista Adriano Pires, rechazara hacerse cargo de la empresa ante la imposibilidad de desvincularse rápidamente de su actividad privada, incompatible con la función.

Graduado en química industrial y con más de 25 años de experiencia en el sector, Coelho ejerció entre abril de 2020 y octubre de 2021 como secretario de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, en la órbita del Ministerio de Minas y Energía.

Desde 2020 hasta ahora fue presidente del Consejo de Administración de Pré-Sal Petróleo (PPSA), una firma pública vinculada a la cartera, repasó la agencia AFP.

La noche del miércoles, en una asamblea general de accionistas realizada en formato digital, fueron nombrados los 11 miembros del Consejo de Administración de Petrobras.

Para su designación, Coelho tenía el aval del Comité de Personas, una instancia interna para verificar el cumplimiento de requisitos y ausencia de prohibiciones, que evaluó su nominación como “apta” para ser considerada por el Consejo, indicó Petrobras.

Bolsonaro dispuso apartar a Silva e Luna, en el cargo desde febrero de 2021, luego de varias alzas en los combustibles aplicadas por la petrolera que domina el mercado brasileño, en concordancia con su política de precios que acompaña los movimientos en la cotización internacional del crudo.

Los combustibles avanzaron 6,7% en marzo y acumularon 27,89% en 12 meses.

Las acciones de Petrobras cerraron el miércoles con un alza de 2,13% en la Bolsa de San Pablo.

CRM con información de la agencia Télam

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

El mandatario de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que desde hace meses viene manifestándose insatisfecho e indignado ante los aumentos de los precios de los combustibles en el país, anunció este lunes su decisión de sustituir al presidente de la petrolera estatal Petrobras, un funcionario que apenas supera un año en el cargo. Su designación, doce meses atrás, también había sido una noticia de mucho impacto, porque había elegido proponer para esa cargo a un militar retirado de alto grado,

El Ministerio de Minas y Energía informó en un comunicado que el Gobierno, como accionista mayoritario de la petrolera, envió este lunes un comunicado a Petrobras en el que presenta una lista con los nombres de nueve miembros que está postulando para integrar el Consejo de Administración de la compañía, incluyendo el nombre del nuevo candidato a presidente de la empresa. Este sustituirá al efímero presidente actual de Petrobras, el general de reserva Joaquim Silva e Luna, que había sido presidente de Itaipú binacional (complejo hidroeléctrico compartido con Paraguay) y el primer militar, en 20 años de democracia, en ser ministro de Defensa, designado en 2018 por MIchel Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff que sucedió a la presidenta petista después del impeachment que la destituyó.

“La lista presenta al señor Rodolfo Landim como candidato a ejercer la Presidencia del Consejo de Administración y al señor Adriano Pires para el ejercicio de la Presidencia de la empresa”, asegura el comunicado. El primero, que es ingeniero petrolero y presidente del club de fútbol carioca Flamengo (del que Bolsonaro es hincha), trabajó por 26 años en Petrobras; el segundo, un economista doctorado en París, de orientación liberal, y 40 años de experiencia en el mercado de hidrocarburos.

AGB con información de medios y agencias

Héctor Alberto Zabaleta cumplió 79 este mes. Es un contador de Villa Crespo que dice vivir de sus ahorros y jubilación, pero Italia y Brasil lo acusan de ser el responsable en el grupo Techint de ejecutar el pago de sobornos a nivel internacional en el negocio de la venta de tubos de acero, según los expedientes consultados por elDiarioAR en ambos países. 

Zabaleta ingresó formalmente a Techint cuando tenía 23 años y se recibió de contador mientras trabajaba para el padre de Paolo Rocca, Roberto. Desde entonces prestó sus servicios durante 47 años a la familia y empresas de la multinacional ítalo-argentina, según admitió él mismo ante la Justicia argentina. Manejó las cuentas bancarias y negocios personales de la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020), según los testigos que declararon en el juicio oral y público que lleva adelante el tribunal de la séptima sección penal de Milán, Italia.

En su alegato del martes último, la fiscal italiana Donata Costa solicitó que se condene a Paolo Rocca, CEO y presidente de la principal compañía del grupo -Tenaris-, a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de corrupción internacional, como reveló elDiarioAR. Pidió la misma pena para su hermano, Gianfelice Rocca, y su primo Roberto Bonatti, todos accionistas y directivos del máximo nivel de Techint en Argentina y el mundo. La sentencia se espera para el 26 de abril.

Además, Costa pidió a los jueces que multen a San Faustin, la sociedad matriz del grupo Techint, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público”, es decir, a Renato Duque, exgerente de Servicios de Petrobras en Brasil y receptor confeso de los pagos ilegales. El ex ejecutivo de la petrolera estatal brasileña dijo que a través de sobornos garantizó a Techint contratos directos sin licitaciones para la venta de tubos sin costura a Petrobras por más de 1.400 millones de euros entre 2009 y 2013. 

Costa no sólo describió las pruebas en contra de los accionistas y directivos de Techint por el presunto pago de sobornos. También explicó cómo los Rocca lograron mantener el control del grupo durante estos años a través de una compañía llamada San Faustin, que habría financiado el pago de esas coimas. 

Zabaleta cumplió un rol central en el manejo de esa sociedad: manejaba sus cuentas bancarias y las sociedades offshore vinculadas a San Faustin que permitían el movimiento de fondos entre países como Suiza, Panamá y Uruguay, afirmó la fiscal italiana. “Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos eran manejadas, según el testimonio de las empleadas suizas, por Héctor Alberto Zabaleta (llamado Ettore)”, sostuvo Costa ante el tribunal de Milán. elDiarioAR se comunicó con la defensa del contador en Buenos Aires pero la respuesta fue la misma que la de los voceros de Techint: “Sin comentarios”.

Zabaleta nunca admitió los hechos que se le imputan en Brasil e Italia y ante la Justicia argentina presentó un escrito en 2017 negando la comisión de ilícitos en cualquier país. En su último reporte anual, Tenaris informó a sus inversionistas que el abogado externo de la compañía analizó la investigación de la fiscalía italiana e informó a la junta directiva que no “presentan evidencia de participación de ninguno de los tres directores en la supuesta irregularidad”. 

Doble rol

Los directivos y accionistas de Techint que declararon en el juicio en Milán también aportaron información sobre la doble función de Zabaleta: por un lado, era el director de Administración del grupo; y por otro, manejaba negocios e inversiones privadas de los accionistas. Además, manejó hasta hace pocos años los campos e inversiones privadas de la familia en Buenos Aires. Figura junto a otros mencionados en el caso italiano en una treintena de sociedades anónimas de los Rocca.

Durante el juicio, Úrsula Gaizer, empleada de San Faustin desde hace 39 años, en las oficinas de Lugano, definió a Zabaleta como su “colega en Argentina” y lo identificó como “un contador con funciones puramente operativas”. Las empleadas de San Faustin y el gerente de la Banca Svizzera Italiana (BSI) abocado a las gestiones del grupo señalaron a Zabaleta como quien daba las órdenes de realizar las transferencias bancarias a Duque, que se realizaron a través de cuentas de sociedades uruguayas y panameñas controladas por San Faustin, la sociedad matriz del grupo.

En la sede de Techint en Buenos Aires, Zabaleta manejaba un piso con acceso restringido para el resto de los empleados del grupo, muy cerca del despacho de Paolo Rocca. Tenía secretarias y una caja fuerte y manejaba también “préstamos en negro a los ejecutivos de la empresa” para sus inversiones y gastos personales, como comprarse una casa o un auto.

Los fondos negros grupales le permiten realizar pagos corruptos sin una salida directa de las cuentas de la empresa del grupo.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Aunque sus oficinas principales estaban en la casa central de Techint en Buenos Aires,  Zabaleta figuró durante 42 años como empleado de una compañía radicada en Panamá, según declaró ante el juez Claudio Bonadio tras ser arrestado por el caso de los cuadernos. 

“Trabajé en el grupo Techint hasta hace dos años -dijo el 7 de agosto de 2018 durante su indagatoria-. Trabajé del 1° de abril de 1969 al 31 de marzo de 2011 Techint ENG CO Panamá (Techint Engineering Company INC), sucursal Buenos Aires. Entre el 1° de abril de 2011 y el 31 de agosto de 2016 estuve contratado por SADMA -otra compañía del grupo-. Vivo de mis ahorros y la jubilación”, aseguró Zabaleta entonces.

Ese mismo 7 de agosto de 2018, el apoderado de Techint, Horacio de las Carreras, se presentó ante el juzgado de Bonadio y entregó dos carpetas con el legajo de Zabaleta. También amplió la información sobre su rol oficial: “Es el representante legal de la sucursal TEING Buenos Aires”, dijo, en tiempo presente.

Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos eran manejadas, según el testimonio de las empleadas suizas, por Héctor Alberto Zabaleta (llamado Ettore).

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Andrea Bassetti, accionista de Techint y miembro de la familia extendida, declaró en el juicio italiano: “Ettore Zabaleta era un señor que trabajaba para, digamos, en el Grupo, no sé exactamente para qué empresa y para quién. Creo, se ocupaba, entre otras cosas, de un family office, de uno de gestión familiar, digamos, de problemas familiares etc”.

Bruno Marchettini, dirigente de Ternium, una de las siderúrgicas de Techint, dijo ante el tribunal de Milán que Zabaleta incluso le manejó la venta de un departamento de su propiedad pero que su función era “la gestión administrativa”. “No sé cómo definirlo”, dijo ante la pregunta de la fiscal Costa.

Mario Osvaldo Lalla, otro directivo de Techint, afirmó que el contador era el “gerente administrativo en Buenos Aires, ocupándose de unos costos que se manejaban centralmente” y que se encargaba del pago de dividendos a los accionistas.

Qué es San Faustin

Esta sociedad de Luxemburgo, con oficinas en la suiza italiana, en Lugano, es la madre de todo el grupo y va rotando su jurisdicción entre distintos territorios con baja o nula tributación. En febrero 2011, Tenaris anunció en un comunicado de prensa la mudanza de las sociedades que controlan a las grandes empresas de la multinacional. Techint Holdings S.àr.l. (Techint) transfirió su domicilio de las Islas Caimán a Luxemburgo; y San Faustin se mudó de Curazao a Luxemburgo.

San Faustin es al mismo tiempo controlada por los Rocca a través de una fundación privada holandesa: Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin. Esta sociedad holandesa es la titular de las acciones en San Faustin con un número suficiente como para controlar a todo el grupo.

“San Faustin se puede resumir en dos familias: los fundadores y herederos de los fundadores que se pasan las acciones por linaje y altos funcionarios de Techint que recibieron opciones accionarias por su buen hacer en el Grupo”, describió la fiscal italiana en su alegato. Paolo Rocca es vicepresidente de San Faustin mientras que su hermano, Gianfelice Rocca, es el presidente de la junta de directores de la sociedad, y Roberto Bonatti, su presidente desde 2001.

A través de esta estructura, los Rocca se aseguran el control total, según explicó la fiscal Costa. Los accionistas -todos miembros de la familia extendida y muchos de los cuales no llevan el apellido Rocca- son libres de “vender sus acciones a quien quiera, pero, concretamente, esta posibilidad es difícil de lograr debido a la dificultad de establecer un precio que corresponda al efectivo valor de las acciones, que tienen un valor nominal de 20 dólares pero un valor real mucho mayor”, sostuvo la fiscal.

“Esta base accionarial restringida permite que las utilidades de las sociedades participadas se destinen parcialmente a la constitución de fondos negros administrados directamente por el holding, posibilitando así destinarlos a gastos que no pueden ser expuestos en los estados financieros de las sociedades participadas”, es decir de Tenaris y el resto de las empresas del grupo, dijo Costa en su alegato. Algunos de estos “gastos” no son rastreables ya que se realizan desde “cuentas corrientes no atribuibles a los propios destinatarios de los pagos”.

“Los fondos negros grupales le permiten realizar pagos corruptos sin una salida directa de las cuentas de la empresa del grupo que recibe la ventaja del funcionario público corrupto y, por lo tanto, es un pago muy difícil de rastrear”, alegó Costa quien expuso durante el juicio la documentación privada y bancaria secuestrada por las autoridades de Suiza y Luxemburgo que expuso que las cuentas y sociedades que se usaron para enviar dinero al brasileño Duque eran controladas por Zabaleta y otros hombres de la mayor confianza de los Rocca en Buenos Aires y Uruguay.

Imposible de notificar

A diferencia de los hermanos Rocca y Bonatti, los tres italianos, Zabaleta nació en Argentina, lo que le garantiza el derecho de solicitar ser juzgado en su país. Sin embargo, existen procedimientos legales que sí le permiten ser investigado en otros países.

Durante su alegato, la fiscal Costa describió el rol de Zabaleta en el supuesto pago de sobornos y enumeró los testimonios y documentos bancarios para acreditarlo, pero explicó que la Justicia italiana no pudo juzgarlo en este juicio a pesar de las pruebas en su contra debido a que Argentina se negó a notificar al contador del inicio del proceso judicial, un paso ineludible para juzgarlo en Italia. 

Exactamente lo mismo sucede en Brasil. Desde hace un año y medio, el juez federal de Curitiba Luiz Antonio Bonat intenta que los tribunales de Comodoro Py notifiquen a Zabaleta de una causa en su contra por el pago de presuntos sobornos a Duque. En ese expediente, están siendo juzgados exdirectivos de Techint en Brasil y un ex representante comercial del grupo en ese país, acusado de ser el intermediario con Duque. Duque ya fue condenado tras admitir las coimas. 

A finales de 2021, el juez brasileño debió desmembrar el expediente contra Techint ante la negativa de la Justicia argentina de notificar a Zabaleta que debía presentar abogados y comparecer ante el juzgado de Curitiba. Dividió la causa en dos para poder avanzar contra el resto de los acusados, según consta en el expediente consultado.

Tanto Italia como Brasil realizaron distintos pedidos de colaboración a los tribunales argentinos para notificar al contador de confianza de los Rocca pero en ambos casos la respuesta fue la misma: en la fiscalía de Eduardo Taiano existe un expediente contra Zabaleta por los mismos hechos y tanto la defensa como la fiscalía sostienen que el contador no puede ser juzgado por los mismos hechos en más de un caso.

Otro acusado del juicio en Italia no pudo ser juzgado por la misma razón, pero el procedimiento fue completamente opuesto. En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años.

Las autoridades brasileñas colaboraron con los italianos para notificar a Sodre Neto; el acusado presentó su defensa planteando que ya estaba siendo juzgado en Brasil por los mismos hechos y así se consideró. 

En el caso que se juzga en Brasil, la frustrada notificación a Zabaleta ya pasó por tres jueces de primera instancia. Desde octubre, interviene Daniel Rafecas, quien ordenó notificar al exejecutivo de Techint pero recibió una contraorden de la Cámara Federal porteña, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El expediente en Brasil contra el contador quedó congelado, según consta en las actuaciones a las que accedió este medio.

Ettore Zabaleta era un señor que trabajaba para, digamos, en el Grupo, no sé exactamente para qué empresa y para quién. Creo, se ocupaba, entre otras cosas, de un family office, de uno de gestión familiar, digamos, de problemas familiares, etc.

Andrea Bassetti — Accionista del grupo Techint.

Un conocido en Py

Zabaleta ya había aparecido en 2007 vinculado al caso Skanska, uno de los primeros grandes casos de acusación de corrupción del primer gobierno kirchnerista. En el marco de la investigación contra la constructora sueca, el ejecutivo de los Rocca aparece mencionado como el supuesto responsable de ejecutar el pago de coimas a funcionarios de La Pampa para garantizarle a Techint, entonces asociada a Skanska, el contrato de un acueducto del Río Colorado. Ningún responsable de Techint fue juzgado por este caso.

En un audio de 90 minutos, un auditor interno de Skanska Claudio Corrizo dialoga con el entonces gerente comercial de la constructora sueca, Javier Azcárate. La grabación de esa conversación fue encontrada durante un allanamiento a la sede de Skanska en 2007. La transcripción de la conversación es la siguiente: “Corrizo y Azcárate conversan sobre las operaciones en La Pampa, donde participó el Grupo Techint juntando el dinero para el pago de sobornos, según los propios dichos de Azcárate: los encargados eran Carlos Bacher (CEO de Techint Ingeniería) y Héctor Zabaleta (director financiero del holding). Explica que era indistinto que el dinero para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de La Pampa (”la valija“) lo lleve Techint o lo lleve Skanska”, según consta en el expediente.

La única vez que Zabaleta fue citado a rendir explicaciones fue en agosto de 2018, en el marco del caso cuadernos. El juez Claudio Bonadio ordenó su detención, ya que el contador aparecía en los cuadernos del chofer Oscar Centeno realizando varios pagos al entonces funcionario Roberto Baratta, quien siempre negó las acusaciones.

Tras pasar una noche detenido, Zabaleta fue llevado ante el juez. Escuchó la imputación en su contra y se negó a declarar. 

Pero más tarde, ese día, volvió a presentarse como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli. En el expediente de los cuadernos, consultado por este medio, no está claro quién se arrepintió primero pero ese mismo 7 de agosto de 2018 Luis Betnaza, director de Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de Desarrollo Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), se presentó de manera espontánea tras conocer la detención de Zabaleta y pidió declarar como testigo. Admitió haber ordenado a Zabaleta que efectuara los pagos a Baratta. 

Betnaza fue citado a indagatoria al admitir la comisión de un delito. Horas más tarde volvió a presentarse en los tribunales y declaró como arrepentido. Sostuvo la versión del grupo: que los Rocca no sabían nada sobre los pagos ilegales al kirchnerismo; que sólo él y Zabaleta estaban al tanto; y que todo se hizo en pos de salvar a Sidor en la Venezuela de Hugo Chávez.

Zabaleta había dado una versión diferente. “Siempre antes de cada entrega, Baratta me llamaba por teléfono, posiblemente alguno de los dos teléfonos que mencioné y todas las veces me exigía dólares. Me decía que los pesos no les servían. Me profería distintas amenazas como cortarnos el gas o importar tubos de China diciéndome: ‘Ahora vas a ver dónde te vas a meter los tubos que tenés en Campana’”.

“Siempre fui yo el que entregaba el dinero a Baratta. Estimo que entre todas las entregas fueron 15 o 20 millones de pesos en total. Recuerdo que en una de las últimas veces Baratta me dijo ‘acordate que nunca me diste dólares’. Luego de la última entrega, nunca más lo vi a Baratta. Los motivos por los cuales no continuaron las entregas lo desconozco”, dijo.

Betnaza dijo ante la Justicia que los Rocca no sabían nada -lo mismo sostuvo Paolo Rocca cuando fue indagado por Bonadio y Stornelli- pero que el dinero de las coimas había salido de los dividendos de los accionistas. Es decir que, según Betnaza, Zabaleta sacó plata de las ganancias que debían entregarse a los accionistas para dársela a Baratta y nadie lo notó. Con esta afirmación, Betnaza buscó despegar a las compañías y a los accionistas, pero también evitar acusaciones de fraude a los inversionistas del grupo.

Paolo Rocca fue indagado por Bonadio y luego el expediente atravesó idas y vueltas en distintas instancias. En 2021, Zabaleta, Betnaza y el CEO fueron sobreseídos de cargo y culpa. Los pagos ilegales se atribuyeron en un “estado de necesidad”.

ED/CC

La fiscal italiana Donata Costa solicitó a los jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán que condenen a los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción internacional, de acuerdo con el alegato presentado en la audiencia de este martes y al que accedió elDiarioAR. 

Los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020) y están acusados en Italia de haber ordenado el pago de sobornos al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio oral y público haber recibido las coimas. Duque declaró por videoconferencia en octubre último. En Brasil, ya fue condenado por estos mismo hechos.  

La fiscal Costa solicitó también a los jueces del tribunal milanés que multen a San Faustin, la sociedad holding del grupo Techint manejada por los Rocca y Bonatti, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público”, es decir, a Duque. 

San Faustin ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

El juicio se acerca a su final. La defensa de los empresarios y de San Faustin, que lleva adelante el estudio jurídico Mucciarelli, solicitó presentar su alegato el martes 19 de abril. Se espera un veredicto del tribunal para el 26 de abril, confirmó a este medio una fuente directa del proceso. 

Durante su alegato, que se extendió por unas cinco horas y media, la representante del Ministerio Público Fiscal de Milán repasó las pruebas obtenidas durante la investigación que comenzó en 2015 y que ella mismo integró junto a sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma; resumió los testimonios de los testigos que declararon durante el juicio oral y público; volvió a exponer sobre la documentación bancarias aportada por las autoridades de Suiza; y detalló cómo se instrumentaron los 20 pagos al exgerente de la petrolera pública de Brasil.

Los Rocca, Bonatti y San Faustin -la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint- están acusados de pagar sobornos por más 6,5 millones de euros a Duque entre 2009 y 2013. A cambio, según la acusación, la subsidiaria de Tenaris en Brasil (Confab) recibió contratos directos para vender a Petrobras tubos de acero sin costura por más 1.400 millones de euros.

Si bien los empresarios podían enfrentar penas de prisión de seis a diez años, durante su alegato del martes la fiscal Costa afirmó que consideró atenuantes planteados durante el juicio en relación a las fechas en las que existieron los pagos y contratos investigados y solicitó penas de cuatro años y seis meses. En Italia, las personas condenadas a penas mayores a cuatro años deben cumplirlas en la cárcel pero por sus edades avanzadas, los Rocca y Bonatti seguramente serán favorecidos en caso de recibir una condena. Paolo Rocca es el más joven de los tres y cumplirá 70 en octubre.

Ante el tribunal, la fiscal Costa habló de los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil. Identificó en el “grupo 1 brasilero” a Duque y quienes lo ayudaron a montar una estructura offshore para canalizar los pagos de Techint y blanquear el dinero. 

En el “grupo 2 argentino/uruguayo”, la fiscal señaló la participación central de Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de la familia Rocca; además de otros dos hombres públicos de la multinacional ítalo-argentina, el uruguayo Enrico Fabián Repetto Mariño y el abogado de Techint en Argentina, Fernando Mantilla. elDiarioAR se comunicó con voceros de Techint pero declinaron hacer comentarios o responder las acusaciones de la fiscalía.

A través de testigos de parte, la defensa ha planteado que Confab tenía autonomía, separando así el pago de sobornos del holding y los accionistas y directivos del grupo.

Los directivos de Confab e intermediarios brasileños están siendo juzgados en Curitiba, Brasil, por estos mismos hechos, como informó este medio durante 2021. Ninguno de ellos ha reconocido la comisión de delitos.

La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab (Tenaris, en Brasil). Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos.

Renato Duque — Exgerente de Servicios de Petrobras.

La confesión

En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años. El acuerdo era para que Petrobras comprara los caños de acero sin costura directamente a Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil, y no llamara a licitación nacional o internacional en al menos 20 contratos, explicó la fiscal Costa.

“No puedo decir el valor exacto de la cantidad, pero debería rondar los 10 millones de dólares”, dijo Duque cuando la fiscal italiana le preguntó cuánto dinero había recibido por favorecer a Techint. Agregó que esa suma equivaldría al 0,5% de los montos que recibiría la multinacional ítalo-argentina de parte de Petrobras. “Ese 0,5% era un valor de referencia, no era matemático”, aclaró Duque ante el tribunal. En la investigación de Milán se calcularon las coimas en unos 6,5 millones de euros de aquel momento.

“Estos montos eran depositados en cuentas bancarias en el exterior”, dijo Duque. “Nunca he tratado directamente con Confab, ni sobre montos ni de cómo recibir estos montos. Inicialmente el contacto se hizo a través del Sr. Benjamin Sodre (Netto) quien representaba a Confab en Brasil y tenía relaciones con Techint en Argentina”, declaró el exgerente de Petrobras.

Duque también explicó cómo se instrumentaron los canales para recibir esos “beneficios ilícitos”. Los pagos al brasileño se realizaron a una sociedad en Uruguay, Hayley SA, que tenía una cuenta en Suiza. Luego, Hayley transfería los montos a una homónima en Río de Janeiro. Duque no figuraba en ninguna de las dos sociedades y el dinero que recibían las compañías se desviaba a la compra de inmuebles en Brasil para blanquear los fondos ilícitos.

Las sociedades utilizadas para canalizar los pagos estaban a nombre de un hombre de su confianza, quien no era funcionario público: Joao Antonio Bernardi, quien figuraba como gerente legal de las firmas. “La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab. Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos y por eso recurrí a Joao Bernardi”, aseguró Duque ante el tribunal en octubre último.

“Por sus servicios, Joao Bernardi recibió 10% del pago corrupto y el 50% de las ganancias de las inversiones”, afirmó el brasileño. Para justificar los pagos que recibía Hayley, se simularon contratos de consultoría entre la sociedad y la offshore Moonstone, controlada por San Faustin, afirmó la fiscal Costa. Según Duque, esos contratos se pactaban “a través de Techint Argentina”.

Las offshore

“Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta”, sostuvo la fiscal Costa. El exejecutivo, actualmente retirado, vive en Buenos Aires y en 2018 declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, admitiendo haber sido quien entregaba los sobornos al entonces funcionario Roberto Baratta en la sede de Techint. Baratta siempre ha negado la acusación.

Su función en Techint era manejar la “caja negra” o “caja 2”, explicó la fiscal. Pero además, Zabaleta tenía otras funciones administrativas como pagar los dividendos a los accionistas de San Faustin, como declaró ante el tribunal el testigo Mario Osvaldo Lalla, histórico colaborador del grupo.

Los hombres de Techint montaron una red de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay para mover el dinero de los supuestos sobornos. Utilizaron a Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay), entre otras. Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA.

Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustin.

Las transferencias de dinero a Hayley se realizaron entre 2009 y 2013, y luego el testaferro de Duque terminó de traspasar esos fondos a su verdadero destinatario a finales de 2014. La fiscal tomó sólo los pagos y contratos realizados entre 2009 y 2012, según explicó al final de su alegato.

“Fondos negros”

Costa sostuvo ante el tribunal que San Faustin “ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos” porque era justamente la sociedad holding del grupo Techint que no estaba “sujeta a los principios de gobierno corporativo de los mercados regulados”, ya que compañías como Tenaris cotizan en las bolsas de Nueva York y Milán y deben rendir cuentas de todo lo que deciden a sus accionistas e inversionistas. Pero San Faustin, desde sus oficinas en Lugano, Suiza, estaba fuera del radar y de los controles.

“Esto -sostuvo Costa- es posible porque a pesar de tener el tamaño descrito en la parte de consultoría técnica y estar formada por empresas que cotizan en los principales mercados regulados, el grupo Techint sigue siendo propiedad de unas pocas familias, mejor dicho, de una familia extensa, compuesta por los descendientes de Agostino Rocca. Por ello, la propiedad del grupo puede ‘autotributarse’ para obtener beneficios para las filiales, e indirectamente para la holding y para los accionistas”.

San Faustin conduce directamente a los Rocca y Bonatti, ya que éstos, además de accionistas, ocupan cargos clave en la sociedad madre del grupo como como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores.

Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta (exdirector de Administración en Buenos Aires).

Donata Costa — Fiscal de Milán.

El testigo Pierluigi Molajoni asistió durante 26 años a los CEO’s de Techint, de Roberto Rocca -fallecido- a Paolo y Gianfelice. En el juicio, declaró que “en el caso de San Faustin no hubiera existido ningún canal para poder adquirir acciones del grupo que no fueran relaciones personales, digamos, pudieran ser familiares o de amistad”. Se trata de una organización privada que controla a todo el grupo multinacional y a su vez a las offshore utilizadas para pagar “beneficios ilícitos” a Duque.

Las cuentas bancarias de las offshore que se usaron para el pago de sobornos se alimentaban de otra cuenta a nombre de la sociedad Sitionex e “inequívocamente atribuible a los fondos personales de los accionistas, se realizaban transferencias a las cuentas que integraban los fondos negros del grupo San Faustin”, alegó Costa. Es decir, que desde la misma cuenta que se depositaban, por ejemplo, dos tarjetas de crédito a nombre de Gianfelice Rocca también se fondeaba a las sociedades que pagarían las coimas a Duque.

Por qué en Italia

Los tres imputados son italianos -nacieron en Milán- San Faustin es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana, sostuvo la fiscal. La defensa de los empresarios ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos “no ocurrieron en ese país”, pero la fiscalía ha alegado que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero.

La investigación nació en 2015, cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal en su alegato.

ED

En Italia, durante las próximas semanas, el tribunal de la séptima sección penal de Milán escuchará las últimas audiencias del juicio oral y público contra los empresarios Paolo y Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti, miembros de la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020) y accionistas del grupo ítalo-argentino Techint, acusados de corrupción internacional, confirmaron a elDiarioAR fuentes que intervienen de manera directa en el proceso. La sociedad holding de la multinacional ítalo-argentina, San Faustin, también está acusada en el juicio.

Este martes, la fiscal Donata Costa, a cargo de la acusación, alegará contra los tres directivos y la compañía por el presunto pago de sobornos a un exfuncionario de Petrobras. Los tres imputados son italianos -nacieron en Milán- y el grupo tiene uno de sus centros de operaciones en esa ciudad italiana, pero la defensa de los empresarios ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos “no ocurrieron en ese país”, aunque la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero, según la fiscalía.

Los Rocca, Bonatti y San Faustin -la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint- están acusados de pagar sobornos por más 6,5 millones de euros a Renato Duque, quien se desempeñó entre 2003 y 2012 como director de Servicios de la petrolera pública brasileña. Los empresarios se enfrentan a penas de prisión de seis a diez años, pero sus edades avanzadas los favorecerá en caso de recibir una condena. Paolo Rocca es el más joven de los tres y cumplirá 70 en octubre. San Faustin, además, podría recibir una sanción económica para compensar el monto involucrado en el delito.

Los empresarios buscaban, de acuerdo con la investigación de la fiscal Costa y sus colegas Isidoro Palma y Fabio De Pasquale -reconocido fiscal antimafia de Italia-, garantizarse contratos con Petrobras por más de 1.418 millones de euros; y habrían pagado estos sobornos entre 2009 y 2013, ya que Duque siguió cobrando a través de una red de sociedades offshore manejadas por Techint desde Suiza incluso después de haber dejado el cargo en la petrolera, según el escrito al que accedió elDiarioAR y en el que se dispuso el inicio del juicio en febrero de 2020.

Durante el juicio, Duque admitió haber recibido pagos ilegales de Techint, según confirmó a este medio una fuente directa del proceso italiano. El brasileño fue investigado en Italia por “realizar actos contrarios a sus funciones oficiales para favorecer a Confab -subsidiaria de Tenaris en Brasil- al no lanzar licitaciones públicas internacionales para el suministro de tubos industriales a Petrobras”, según determinó el juez Valerio Natale antes de ordenar el inicio del juicio. Ante el tribunal italiano, Duque declaró por videoconferencia desde Brasil.

Gracias a los sobornos a Duque, el grupo Techint obtuvo 22 contratos de “negociación privada”, que evitaban la realización de las licitaciones internacionales y públicas, según el documento firmado por el magistrado italiano. Duque no es juzgado en Italia porque ya fue condenado en Brasil por los mismos hechos.

Últimas audiencias

El juicio está llegando a su final, confirmó una fuente directa del proceso. Luego del alegato de la fiscal, será el turno de la defensa. Tras escuchar a todas las partes podrá haber réplicas del Ministerio Público Fiscal a los alegatos de los abogados de los Rocca, Bonatti y San Faustin. Finalizada esta etapa del juicio, el tribunal estará en condiciones de dar su veredicto, que se espera para finales de abril, aunque los plazos pueden extenderse si los tres jueces demoran su decisión. 

La fiscal Costa ha sostenido durante el juicio la responsabilidad de los tres directivos y accionistas, quienes ocuparon y ocupan cargos clave en el holding como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores de San Faustin. Los 6,5 millones de euros en sobornos no salieron de la compañía en Brasil sino de las cuentas bancarias manejadas por el holding.

Ninguno de los Rocca ni Bonatti se presentaron ante el tribunal italiano, un derecho que tienen los acusados en Italia. El estudio jurídico Mucciarelli representa a los tres empresarios y a la compañía en el proceso, según el documento al que accedió este medio. Ante la consulta de elDiarioAR, ni los Rocca ni Techint ni Bonatti quisieron responder sobre la acusación en Milán. “Sin comentarios”, se limitaron a decir voceros de la compañía en Buenos Aires.

Hay otros dos acusados formales en el caso italiano: el brasileño Benjamín Sodre Neto, representante comercial de Confab en Río de Janeiro hasta fines de 2011 y encargado de las relaciones con Duque; y el argentino Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración del grupo Techint en Argentina, acusado de ordenar los pagos a Duque y manejar la “caja negra” del grupo. 

Zabaleta (75) está retirado y vive en Buenos Aires. Es uno de los hombres de mayor confianza de la cúpula de la compañía. Hasta hace poco tiempo, administraba también otras empresas y campos de la familia Rocca, según reconoció él mismo a Perfil. En su caso, la Justicia italiana no pudo avanzar, a pesar de que está formalmente imputado en el juicio, debido a que la Justicia argentina no cumplió con el pedido de colaboración requerido por los fiscales italianos y nunca notificó a Zabaleta de la acusación, según consta en el expediente italiano y confirmó una fuente directa del caso.

En Italia, las investigaciones son secretas y los investigados no deben tener acceso a la prueba ni tener conocimiento del expediente mientras se desarrolla esta etapa de la instrucción. Una vez concluida, los fiscales deben notificar a los acusados y dar acceso a la prueba para que se defiendan. Las autoridades brasileras colaboraron con los italianos para notificar a Sodre Neto; el acusado presentó su defensa planteando que ya estaba siendo juzgado en Brasil por los mismos hechos y así se consideró. 

En el caso de Zabaleta, la Justicia argentina no notificó al acusado por lo que las autoridades italianas no pudieron proceder en su caso y quedó abstracto. Brasil, que también investiga a Zabaleta, intenta notificarlo de una investigación por los mismos hechos desde hace un año y medio, también, sin suerte, como reveló elDiarioAR. El juez del caso brasileño, Luiz Antonio Bonat, debió desmembrar la causa en su país para poder avanzar sobre los acusados brasileños -la mayoría directivos de Confab- debido a las demoras de la Justicia argentina para notificar a Zabaleta. 

Testigos

En el juicio italiano ya declararon todos los testigos, tanto los propuestos por la fiscalía como por la defensa, confirmaron fuentes directas del juicio.

Además de Duque, otros testigos de la fiscalía declararon por videoconferencia desde Suiza. Se trata de empleados de las oficinas de San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint, que operaban desde la ciudad de Lugano, en el país helvético. Fueron citados porque eran quienes recibían las órdenes de transferir los millones destinados a las coimas a Duque y manejaban las cuentas bancarias, según estableció la fiscalía. 

Esos pagos, según declaraciones, correos electrónicos y documentos internos del caso eran ordenados por Zabaleta, quien operaba desde Buenos Aires pero solía viajar a Suiza. El contador de confianza de los Rocca no se ha pronunciado sobre la acusación. 

Parte de la prueba clave fue aportada por las autoridades suizas: secuestraron, a pedido de los fiscales italianos, los correos electrónicos, documentos internos y bancarios con todos los movimientos de las cuentas usadas por la supuesta “caja 2” de Techint en Suiza. También colaboraron las autoridades de Panamá, Brasil y Estados Unidos. De los tribunales de Comodoro Py sólo recibieron “cooperación parcial”, sostiene el documento del juez Natale.

La fiscalía contó con el asesoramiento del Banco Central de Italia para el análisis de la información bancaria, ya que obtuvo los movimientos de cinco cuentas de las sociedades offshore utilizadas para los pagos a Duque. Las compañías en paraísos fiscales y Uruguay estaban directamente controladas por ejecutivos y abogados de Techint o incluso por la misma San Faustin. La defensa presentó técnicos de parte, explicó una fuente con acceso directo a las audiencias en Milán. 

Qué dice Techint

En su último reporte anual, Tenaris informó a sus inversores sobre el juicio. La compañía es la principal empresa del grupo Techint. Cotiza en las bolsas de Nueva York, México DF y Milán, y por esa razón debe comunicar a sus inversionistas a través de documentos públicos cualquier proceso judicial en contra de la sociedad o el grupo. Paolo Rocca es el presidente y CEO de Tenaris. 

Según Tenaris, el abogado externo de la compañía analizó la investigación de los fiscales italianos e informó a la junta directiva que no “presentan evidencia de participación de ninguno de los tres directores en la supuesta irregularidad”. 

En el mismo reporte anual de 2021, Tenaris también informó a sus inversores sobre el proceso judicial en Brasil por los mismos delitos por los que se los juzga en Italia. La compañía obvió informar que el juez Bonat también juzga a Zabaleta, el exdirector de Administración del grupo. “En junio de 2020, la compañía tuvo conocimiento de que la fiscalía brasileña solicitó la acusación de varias personas, incluidos tres ejecutivos o ex ejecutivos de Confab y un ex agente de Confab, acusándolos de los presuntos delitos de corrupción en relación con los contratos celebrados entre 2007 y 2010, y blanqueo de capitales en relación con pagos entre 2009 y 2013”, sostuvo Tenaris en su reporte.

ED

“Ninguna decisión”. Así fue la desmentida de la petrolera estatal brasileña Petrobras al anuncio de que los combustibles iban a estar más baratos, que había hecho el domingo el presidente Jair Messias Bolsonaro. “Petrobras no anticipa decisiones sobre reajustes y refuerza que no hay ninguna decisión tomada por su Grupo Ejecutivo de Mercado y Precios que aún no haya sido anunciada al mercado”, son la nota de la empresa. Petrobras se encuentra bajo control estatal, pero sus acciones son negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.

En particular, la compañía petrolera respondió así a unas declaraciones del mandatario al portal Poder360 en las que adelantó que, “a partir de esta semana”, Petrobras iniciaría una serie de “pequeñas reducciones” en el precio de los combustibles, que se han disparado este año más de un 65 por ciento.

“Petrobras comienza esta semana a anunciar una reducción en el precio del combustible”, había aseverado el jefe de Estado, que en los últimos meses se ha quejado públicamente una y otra vez de las frecuentes aumentos en lo que había que pagar por los hidrocarburos en el país.

En cambio, la empresa prefirió enfatizar, por su parte, que los reajustes de precios “se realizan en el curso normal de su negocio y siguen sus políticas comerciales vigentes”. “Petrobras reitera su compromiso con la práctica de precios competitivos y en equilibrio con el mercado, al mismo tiempo en que evita la transferencia inmediata de volatilidades externas y cambiarias causadas por eventos coyunturales”, manifestó. Además, señaló que monitorea “continuamente” los mercados, lo que incluye el “análisis diario de comportamiento de sus precios” en función de las “cotizaciones internacionales”.

En lo que va de año, el diésel se ha elevado un 65 % y la gasolina todavía más, un 73 %, en las refinerías del país. Estos reajustes se han ido trasladando progresivamente hasta el consumidor final.

La disparada de los combustibles también ha sido uno de los factores determinantes que ha empujado la inflación en Brasil hasta llegar a un 10,7 por ciento.

Por detrás de las continuas presiones de Bolsonaro a Petrobras para que baje el precio de los combustibles está el robusto apoyo del sector camionero al presidente derechista.

Por detrás de las quejas del presidente ante el aumento de los combustibles, que se ha convertido en un rasgo distintivo y polémico de la administración Bolsonaro, está la presión no menos reiterada de los gremios camioneros. Este sector laboral y sindical forma parte de la base social de apoyo al bolsonarismo y ha amagado con ir a huelga.

El gobernante acostumbra decir que él no tiene “poder para interferir en Petrobras” y que nunca controlará los precios de “nada”. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que está a la busca de fórmulas les permitan cambiar el método de cálculo del valor en el caso de los hidrocarburos.

AGB

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anticipó este domingo que la petrolera estatal Petrobras va a empezar a reducir, a partir de esta semana, el precio de los combustibles, que este año se disparó entre un 65 % y un 73 %.

“Petrobras comienza esta semana a anunciar una reducción en el precio del combustible”, adelantó el mandatario ultraderechista en declaraciones al portal 'Poder360'.

Bolsonaro manifestó, sin detallar porcentajes ni plazos, que serán “pequeñas reducciones”, “en principio cada semana”, a partir de la próxima.

El precio de los hidrocarburos creció de forma sostenida durante este 2021 en Brasil, impulsado por la revalorización del petróleo en el mercado internacional y la fuerte apreciación del dólar estadounidense frente al real brasileño.

Eso provocó un alza del diésel del 65 % y de la gasolina del 73 % en lo que va de año, en las refinerías del país, un reajuste que fue pasando progresivamente hasta el consumidor final.

La subida de los combustibles también fue uno de los factores determinantes que empujó la inflación por encima de los dos dígitos (10,7 %) en el país.

Bolsonaro se quejó en sucesivas ocasiones del aumento del precio de los combustibles, presionado, entre otros actores, por el sector camionero, que forma parte de la base social de apoyo a su Gobierno y amagó con ir a huelga diversas veces.

El gobernante, cuya política económica liberal está en tela de juicio por el mercado financiero, acostumbra a decir que no tiene “poder para interferir en Petrobras” y que no controlará los precios de “nada”, aunque al mismo tiempo reconoce que busca fórmulas para cambiar el método de cálculo.

En febrero pasado, Bolsonaro designó por sorpresa al general de la reserva del Ejército Joaquim Silva e Luna como nuevo presidente de Petrobras, después de semanas criticando los repetidos reajustes de los combustibles.

Sin embargo, las subidas continuron ocurriendo bajo la gestión de Silva e Luna, si bien ahora parece que Petrobras, de control del Estado, pero con acciones en Sao Paulo, Nueva York y Madrid, iniciará el camino contrario, según lo adelantado por Bolsonaro. 

CRM con información de la agencia EFE

Desde hace más de un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino. La dilación obligó al juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a desmembrar la causa contra la multinacional y uno de los fiscales del equipo Lava Jato planteó que las autoridades argentinas estarían poniendo una “excusa” para evitar la citación del exejecutivo del grupo que lidera Paolo Rocca, según los documentos que consta en el expediente de Brasil y la transcripción de una audiencia del 25 de agosto último a la que accedió elDiarioAR. 

El trámite está actualmente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, pero pasó por otros jueces. La magistrada aguarda información que la Justicia de Brasil habría enviado a Argentina vía Cancillería para evaluar si Brasil está garantizando el derecho de defensa del exdirectivo de Techint, explicó una fuente judicial del caso.

El contador Zabaleta, un hombre de extrema confianza de la familia Rocca, fue director de Administración del grupo Techint hasta 2011 y está acusado en Curitiba de haber participado en el pago de supuestas coimas a Renato De Souza Duque, exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012), según consta en el expediente al que accedió este medio. Zabaleta declinó hacer comentarios ante la consulta de este medio sobre las acusaciones en su contra. Techint, a través de sus voceros, también rechazó responder la consulta.

El caso

En el expediente de Brasil, Duque admitió el 25 de agosto último haber cobrado unos US$10 millones en pagos ilegales para garantizar a Techint contratos sin licitación con la petrolera brasileña y dijo que, según la información con la que contaba, los supuestos sobornos eran ordenados desde Argentina, como informa este domingo este medio.

En Brasil, Zabaleta es el único argentino acusado en el caso Techint. Los otros diez investigados son brasileños, varios de ellos, exejecutivos de Confab, la subsidiaria de Tenaris-Techint en Brasil, controlada por el grupo. Todos han nombrado abogados defensores y varios de ellos han contradecido las acusaciones de los fiscales brasileños, argumentando falta de pruebas. La denuncia por corrupción contra Zabaleta y otros acusados mayores de 70 años prescribió en Brasil -por una norma del país- y sólo podrá ser acusado por los supuestos delitos de lavado.

El 10 de septiembre último se cumplió un año desde que la Justicia de Brasil pidió que la Justicia argentina notifique a Zabaleta que está acusado en Curitiba, de acuerdo con el expediente del país vecino. Este paso es obligatorio para poder proceder con la investigación en su contra, ya que el argentino no puede ser juzgado en ausencia y debe fijar un abogado que garantice su derecho de defensa. 

Se solicitó al Ministerio Público argentino que colabore en la obtención de dicha información, con la prioridad que requiere la urgencia del caso.

Viajando por la nube

En los tribunales de Comodoro Py, el pedido de Brasil ya pasó por varios jueces, llegó a la Cámara Federal porteña y a la Cámara Federal de Casación. 

El 1° de octubre de 2020, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Eduardo Taiano y la defensa de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal Taiano argumentó que el avance de esta citación en el país vecino puede poner en riesgo una investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. Una fuente de la fiscalía dijo a elDiarioAR que la decisión no busca frenar la investigación de la Justicia brasileña sino velar porque se cumpla la ley argentina. El expediente local no tiene avances ni citaciones por el momento.

La defensa de Zabaleta, además, planteó en Comodoro Py que su cliente no puede ser juzgado en dos países por los mismos hechos y que al ser argentino, el exejecutivo tiene derecho a ser juzgado en su país.

El 10 de septiembre de 2020, Brasil otorgó un plazo de 10 días a Zabaleta para comparecer ante el juzgado de Curitiba, en el estado de Paraná. En junio de 2021, el juez Marcelo Martínez De Giorgi -entonces a cargo del trámite- respondió a Brasil que según la legislación argentina, la notificación debía ser con al menos 45 días de anticipación para presentarse ante la Justicia. 

La respuesta fue enviada en junio, pero no llegó a Brasil. Tampoco llegó a Buenos Aires la información sobre el proceso requerida por la Justicia argentina para evaluar si debe hacer lugar al pedido del juez de Curitiba de citar a Zabaleta. 

El 20 de agosto, el Procurador General de Brasil, Antonio Augusto Teixeira Diniz, informó al juez Bonat que la Secretaría de Cooperación Internacional que trabaja para los fiscales tenía la siguiente información: “La solicitud de referencia de cooperación aún no ha sido atendida por las autoridades argentinas”. El funcionario dijo que solicitaría nueva información al país. “Asimismo, le informo que se solicitó al Ministerio Público argentino que colabore en la obtención de dicha información, con la prioridad que requiere la urgencia del caso”. La urgencia se debía a las audiencias del 25 de agosto.

El 23 de agosto, ante la imposibilidad de notificar al exdirector de Administración de Techint en Argentina, el juez Bonat ordenó el desmembramiento de la acción penal para poder avanzar con las audiencias de testigos. El 25 de agosto debían declarar el colaborador Duque -quien ya fue condenado por corrupción- y otros testigos. De esta manera, el magistrado brasileño debió formar un expediente separado para Zabaleta, a la espera de la respuesta de Comodoro Py, según consta en el expediente al que accedió este medio.

El 25 de agosto, durante una de las audiencias de testigos en la causa, el fiscal del equipo Lava Jato que participó en los interrogatorios informó al juez Bonat que acababa de recibir por Whatsapp la respuesta de Comodoro Py, exigiendo que el acusado debe ser notificado con un plazo de al menos 45 días para presentarse en el expediente, tal cual establecen las normas argentinas. 

En medio de la audiencia, el fiscal expuso: “Recibí información de un colega de la Secretaría de Cooperación Internacional, en WhatsApp, a primeras horas de la tarde, de que las autoridades argentinas se habrían negado ahora a notificar a Zabaleta (si no se cumple) el plazo de menos de 45 días hasta la audiencia, según un oficio de junio que nos llega ahora”. “Bueno, más allá de lo que provoca este tipo de respuesta, considerando que lo enviamos hace más de un año, voy a pedir que se adjunte (la respuesta) al expediente desmembrado y pido a Vuestra Excelencia que fije una nueva audiencia, con la debida antelación, para que no exista tal excusa”, concluyó el fiscal en su planteo, según la transcripción de la audiencia.

ED