Habitamos un planeta de más de 8.100 millones de personas. Nunca fuimos tantos, nunca estuvimos tan conectados… y nunca nos movimos con tanta desigualdad. Porque cuando estalla un conflicto, la movilidad humana no se detiene: se reorganiza, se encarece y, sobre todo, se vuelve más peligrosa para quienes menos tienen.

La reciente escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán —que incluyó ataques directos, amenazas estratégicas y, por el momento, un alto el fuego con negociaciones diplomáticas frágiles— volvió a encender las alarmas. Pero ojo: la tregua militar no borra el impacto migratorio. La experiencia histórica es tozuda: la guerra no apaga la necesidad de huir, la redirige.

Estos conflictos, con génesis en intereses territoriales, económicos (recursos), ideológicos, religiosos o étnicos —y muchas veces en miedos históricos o en la simple necesidad de control—, sacuden el desarrollo psicosocial de la humanidad. Los países y sus fronteras, en ese contexto, oscilan entre proteger o dar la espalda.

Mientras tanto, el gobierno de Milei elevó la alerta a nivel “ALTO” en fronteras y aeropuertos (28/02/2026): más controles, y mayor revisión de documentos. Argentina opta por no meterse en un juego solidario. No por falta de recursos, sino por decisión política. Esa lógica de blindaje se asemeja más a la narrativa estadounidense —centrada en barreras y amenazas externas— que a la conciencia colectiva de la sociedad argentina, donde históricamente el asilo tuvo otro peso.

El mundo en números y las 117 millones de razones para mirar más allá del titular

En 2026, el mundo supera los 8.100 millones de habitantes. Asia, 4.800 millones; África, 1.550 millones; América supera los 1.050 millones; Europa, 740 millones; Oceanía, 47 millones. Hay 193 países en el sistema de la ONU. Los cinco países más poblados son India (1.430 M), China (1.410 M), Estados Unidos (340 M), Indonesia (280 M) y Pakistán (240 M). Rusia, protagonista de la geopolítica mundial cuenta con 145M y Argentina con 46M. En Medio Oriente (países de mayoría musulmana) viven 350M, liderados por Turquía (85M), Irán (85M), Irak (45M), Arabia Saudita (36M) y Yemen (34M).

Por religión: El mundo está dividido aproximadamente en 2.300 millones de cristianos, 2.000 millones de musulmanes, 1.200 millones de hinduistas, 500 millones de budistas, 15 millones de judíos y más de 1.000 millones sin afiliación religiosa (estimaciones basadas en encuestas globales). Esta diversidad influye en patrones migratorios y en la percepción pública de la migración.

Las migraciones internacionales impactan a 304 millones de personas en 2024 (3,7% de la población mundial). Aún más abrumador es el desplazamiento forzado: ACNUR reportó 117,3 millones de desplazados a fines de 2025 (millones solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos). Para 2026 se prevé que la crisis humanitaria empeore, con necesidades de protección para más de 136 millones de personas desplazadas, apátridas y refugiadas en todo el mundo. Además, la crisis humanitaria deja rastros mortales: la OIM contabilizó 8.938 muertes de migrantes en 2024 (récord histórico). Estas cifras globales advierten que la migración sigue activa, aunque cambie de forma.

Un dato clave: más del 70% de los refugiados permanece en países limítrofes al conflicto.

Las guerras no generan de inmediato flujos intercontinentales masivos. Primero producen desplazamientos internos y regionales. Luego, si el conflicto se prolonga, se expanden.

No convertir a quien huye en enemigo y no devolver a una persona al lugar donde su vida o su libertad corran peligro, es el piso mínimo de humanidad que establece el art. 33 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951.

Veamos los casos recientes:

La guerra, entonces, redibuja rutas, no las borra. Y cuando se cierran los corredores oficiales, surgen los caminos de la muerte: tráfico de personas, Mediterráneo, desiertos.

Fronteras más duras: la reacción automática que termina castigando a los más vulnerables

Cada conflicto activa un reflejo casi pavloviano en los Estados: reforzar los controles. Se revisan visados, se endurecen criterios de admisión, se amplían facultades discrecionales en frontera, se activan protocolos de seguridad.

Esto pasa incluso antes de que los flujos reales lleguen. Pasó después del 11-S, pasó en Europa en 2015, pasa ahora.

El resultado es previsible: la migración no desaparece, pero se vuelve más cara, más riesgosa y más selectiva. Y los más pobres, los que huyen de bombas o persecución, quedan expuestos a las consecuencias más duras del sistema.

El reciente alto el fuego en Medio Oriente puede estabilizar el frente militar, pero las decisiones individuales ya están tomadas. Quienes evaluaban irse ya empezaron a moverse. Los controles ya se endurecieron. Las rutas ya se encarecieron. Las guerras tienen un efecto rezagado que la política suele ignorar.

El azar que define destinos: tu pasaporte

Hay una dimensión estructural que suele quedar fuera del debate político inmediato: la libertad de moverse depende, ante todo, del pasaporte que te tocó al nacer, por azar.

El nacimiento es un hecho fortuito. No es una decisión, no es un logro ni una falta. Es una circunstancia.

El lugar de nacimiento condiciona radicalmente la libertad de movimiento. Y, sin embargo, nadie puede atribuirse mérito —ni cargar con responsabilidad alguna— por haber nacido en un punto determinado del planeta.

“No se trata simplemente de viajar por turismo con mayor o menor comodidad; se trata de cómo cada Estado clasifica a las personas según el riesgo migratorio que les atribuye, la relación diplomática que mantiene con su país y la solidez institucional que ese país representa ante el mundo.”

Según el Henley Passport Index 2026:

Argentina: entre el control legítimo y la obligación de proteger

Argentina no es un destino primario para desplazados de Medio Oriente. La distancia y los requisitos migratorios actúan como filtro. Pero eso no nos exonera del debate de fondo.

En los últimos años, y especialmente con el DNU 366/2025, se endurecieron los requisitos de ingreso: declaración jurada de motivos, seguro médico privado, restricción de derechos básicos para migrantes irregulares. Además, en febrero de 2026 se activó un protocolo especial en aeropuertos y pasos fronterizos.

El Estado argentino tiene derecho a controlar sus fronteras (Ley 25.871, art. 6). Pero también está obligado por el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe expulsar o rechazar a una persona hacia un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Esa es la columna vertebral del derecho de asilo (Ley 26.165, art. 2).

El problema práctico es que, con controles elevados y discrecionalidad ampliada, aumenta el riesgo de decisiones apresuradas. De deportar a alguien que necesitaba protección. Por eso es imprescindible garantizar: entrevista fundada, asistencia jurídica, posibilidad de apelación. Controlar es legítimo. Proteger también. La calidad democrática se mide en cómo se armonizan ambas dimensiones.

El drama silencioso de la migración venezolana en la Argentina

No proviene de Medio Oriente ni ocupa titulares globales, pero el proceso migratorio más relevante que atraviesa hoy la Argentina tiene otro origen: Venezuela.

Más de 233 mil venezolanos tienen residencia permanente en el país, a los que se suman 25 mil con residencia transitoria, según datos oficiales difundidos por el Gobierno argentino en enero de 2026. Solo durante 2025 se recibieron 28 mil nuevas solicitudes de residencia. La comunidad no para de crecer: el censo de 2022 registró 161.495 venezolanos, pero estimaciones de 2024 ya elevan la cifra a más de 197.000. Argentina es hoy el sexto destino principal de esta diáspora en la región.

La mayoría llegó huyendo de una crisis humanitaria compleja. La cifra global de venezolanos que han abandonado su país supera ya los 7,9 millones, de los cuales 6,7 millones fueron acogidos por países de América Latina y el Caribe. No todos necesitan protección internacional, pero muchos sí la requieren. La línea entre migrante económico y refugiado, como en otros conflictos, es porosa.

Detrás de esas cifras hay algo más que un flujo migratorio: hay un desplazamiento masivo sostenido en el tiempo, impulsado por una crisis estructural que no cede y que ha reconfigurado el mapa humano de la región. A diferencia de otros movimientos más visibles, este proceso ocurre de manera silenciosa, integrado —en muchos casos— al tejido urbano, laboral y social del país.

Pero la integración real enfrenta obstáculos enormes. Un estudio de 2026 revela que el 93% de los venezolanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires vive en condición de alquiler, con gravísimas dificultades de acceso a la vivienda propia. La informalidad, la inestabilidad económica y los altos costos dejan a esta comunidad en una situación de fragilidad estructural.

Cuatro ejes para no perder el rumbo

Si queremos una política migratoria digna incluso en tiempos de guerra, hay que sostener cuatro principios básicos:

Conclusión: la guerra mueve personas. ¿Cómo respondemos?

Si las negociaciones diplomáticas prosperan, el impacto migratorio será predominantemente regional y contenido. Si el conflicto se reactiva, veremos nuevas presiones sobre Europa y un refuerzo global de controles.

Pero la pregunta de fondo no es si la guerra mueve personas —siempre lo hace—. La pregunta es cómo responden los Estados cuando eso ocurre. ¿Con instituciones sólidas que equilibran control y derechos? ¿O con instinto de cerrojo y sospecha generalizada?

En la Argentina, como en cualquier democracia que se respete, la fuerza del Estado es legítima solo cuando se ejerce dentro del marco legal y con respeto a las convenciones internacionales (Convención de 1951, art. 33). Esa es la brújula que debe guiar nuestra política migratoria: proteger con firmeza sin renunciar a los valores que nos definen como sociedad abierta.

Fernando Ardanza es abogado especialista en Derecho Migratorio

El presidente Javier Milei desmintió cualquier negociación con Estados Unidos para que la Argentina reciba inmigrantes deportados, luego de que se difundieran versiones periodísticas que vinculaban a ambos gobiernos en un acuerdo migratorio. La aclaración llegó tras la publicación de un artículo del New York Times que daba cuenta de conversaciones avanzadas entre Washington y Buenos Aires.

La desmentida presidencial se produjo a través de un retuit del analista Alejandro Sarubbi Benítez, quien compartió la nota del diario estadounidense. Javier Milei calificó la información como “100% falsa” y buscó poner freno a la polémica.

Sin embargo, según el New York Times, Estados Unidos y la Argentina estarían negociando un entendimiento que permitiría al gobierno de Donald Trump enviar a territorio argentino a inmigrantes deportados de terceros países. La información, atribuida a dos personas con conocimiento directo de las tratativas y a documentos internos de la administración estadounidense, señala que los extranjeros serían trasladados a Buenos Aires como escala previa a su regreso a los países de origen. El acuerdo, aclara el medio, aún no fue formalmente cerrado.

El diario neoyorquino indicó además que la Argentina aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. Esta versión fue confirmada al medio por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que conduce Kristi Noem. El objetivo central de la Casa Blanca sería acelerar las deportaciones en el marco de la política migratoria restrictiva impulsada por Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Consultadas por la prensa local, fuentes de la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios sobre la existencia de negociaciones. La misma postura adoptaron la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Departamento de Estado, que se limitaron a señalar que la implementación de la política migratoria del gobierno de Trump constituye una prioridad.

De acuerdo con los documentos citados por el New York Times, dentro del Gobierno argentino se manifestaron reparos ante el posible impacto negativo en la opinión pública, así como preocupaciones vinculadas a los costos financieros, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. También se mencionan limitaciones de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes, además de la tensión que un acuerdo de este tipo podría generar con la propia política oficial de control migratorio.

En paralelo, en la Casa Rosada reconocieron que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad existieron sondeos informales por parte de autoridades estadounidenses, aunque sin avances concretos. Según fuentes oficiales, las dudas estuvieron asociadas al impacto social y político que podría provocar la llegada de personas de otras nacionalidades, en un país con una tradición migratoria distinta a la de otros Estados que ya firmaron acuerdos similares, como El Salvador o Panamá.

El eventual pacto se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump para cerrar acuerdos con países aliados y utilizar terceros territorios como escala para las deportaciones. Según el medio estadounidense, esta modalidad busca enviar un “mensaje disuasorio” a quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera y facilitar la expulsión de migrantes provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas o enfrenta dificultades para obtener documentación de viaje.

El artículo también sostiene que el interés de Javier Milei en avanzar con este entendimiento reflejaría su voluntad de profundizar la alianza política con Donald Trump, aun cuando el acuerdo pueda resultar controvertido a nivel local. En ese marco, se menciona que el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de enero una propuesta formal para instrumentar el mecanismo, con el aval del canciller Pablo Quirno.

Por el momento, no existe confirmación oficial ni plazos definidos. Mientras tanto, el posible acuerdo abre un nuevo frente de debate sobre el rol de la Argentina en la política migratoria regional y el alcance de su alineamiento con Estados Unidos en un tema particularmente sensible.

Con información de medios

JIB

El asesinato de una mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) durante el macrooperativo desplegado en Mineápolis (Minesota) desencadenó una ola de indignación en la ciudad. Cientos de personas protestaban a última hora de la tarde del miércoles cerca del lugar de los hechos, y algunos fueron confrontados por agentes federales armados que dispararon sustancias químicas irritantes. La administración Trump defiende que se trata de defensa propia y acusa a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad cuestiona la versión de los hechos. El video del suceso avala que el agente que mató a la mujer le disparó sin motivo justificado, en contra de lo que sostuvo el presidente.

“Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”, denunció el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una acalorada rueda de prensa posterior a los hechos en la que rechazó la idea de que el tiroteo fuera en defensa propia. Frey, visiblemente airado, dijo que la versión del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] es una “historia inventada”. 

La mujer, que fue identificada como Renée Nicole por el periódico local Star Tribune, estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración. Se trata de una acción muy común que los vecinos de otras ciudades asediadas por ICE, como Chicago o Washington, llevaron a la práctica para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial. 

Los videos publicados en redes poco después del tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde, muestran el vehículo de Nicole, un Honda Pilot color granate, detenido en la carretera, perpendicular al flujo del tráfico. Luego, una camioneta con luces intermitentes se detiene frente a él y dos agentes de ICE, ambos encapuchados con bragas y pasamontañas, bajan para acercarse a ella.“Sal del coche”, grita un oficial en el video mientras profiere insultos e intenta abrir la puerta del lado del conductor.

Mientras el agente agarra la manilla de la puerta, el vehículo da marcha atrás unos centímetros y después avanza girando hacia la derecha, con lo que parece ser la intención de volver al sentido del tráfico y abandonar el lugar. Pero cuando el coche se mueve lentamente hacia adelante, aparece un tercer agente, que estaba de pie en la calle cerca de la parte frontal del Honda, saca el arma y abre fuego contra la conductora. Después de que la mujer reciba tres disparos letales, el coche aún avanza sin control unos metros hasta chocar con otro vehículo que estaba aparcado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la muerte en una rueda de prensa posterior e insistió en que el agente actuó en defensa propia ante un acto de “terrorismo doméstico”. “Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, argumentó Noem, que desestimó los hechos denunciados por el alcalde. “No sabe de qué está hablando. Está muy claro cómo este individuo estaba acosando a [los agentes] y obstruyendo [su actuación]”. La secretaria del DHS dijo que el hombre fue atendido en el hospital y ya fue “dado de alta”. 

Noem sostuvo que no van a parar las redadas debido al suceso y que el agente sigue en activo. También anticipó que pedirá al departamento de Justicia que lo “trate como terrorismo doméstico”. “La gente tiene que dejar de usar sus vehículos como armas. Este terrorismo doméstico tiene que acabar. Estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado. A la gente se la está entrenando y diciendo cómo utilizar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden”, insistió Noem. 

En una publicación en Truth Social, Trump cerró filas con la versión de su secretaria de Seguridad Nacional. El presidente dice que vio el video y que la mujer “conducía el coche contra el agente de ICE de forma violenta, intencionada y agresiva”. A pesar de que Noem dijo que el agente fue dado de alta, Trump echaba más leña al fuego y decía “es difícil creer que esté vivo, pero ahora está recuperándose en el hospital”. Como es habitual, señaló a “la izquierda radical” como el mal y la causa de todo lo ocurrido.

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, sostuvo, por su parte, que el Partido Demócrata “está decidido a incitar a una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros” en EEUU.

Asedio a la comunidad somalí

El macrooperativo, con más de 2.000 agentes de ICE desplegados, se produce en medio de una campaña de hostigamiento contra la comunidad somalí de Mineápolis. La ciudad del Medio Oeste es donde se concentra la mayor diáspora de este país de África Oriental. Desde diciembre, las personas somalíes de la ciudad ya esperaban con ansiedad que la administración cumpliera su amenaza de desplegar una macrorredada. Todo ello, en un contexto marcado por la retórica de odio del presidente, que llegó a decir que los somalíes son “basura” durante una comparecencia en la Casa Blanca. El presidente también se ha aferrado a un video publicado por un creador de contenido conservador que afirmaba, sin pruebas, que las guarderías gestionadas por somalíes en Minesota se estaban aprovechando de forma fraudulenta de los fondos destinados a niños de familias de bajos ingresos.

Que ahora la administración Trump ponga el foco en la ciudad tampoco es casual: todo está relacionado con otra campaña de presiones y ataques contra la congresista demócrata Ilhan Omar. La representante forma parte del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, lo que en el Congreso se conoce como la Squad, en la que también se encuentra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En una publicación en Truth Social el 31 de diciembre, Trump afirmó que “gran parte del fraude en Minesota, hasta el 90%, es causado por personas que entraron en nuestro país de manera ilegal desde Somalia” y señaló a Omar como una “estafadora”. El mensaje terminaba con la siguiente exhortación: “Envíenlos de vuelta a donde vinieron, Somalia, quizá el país más malo y corrupto de la Tierra”.

Los demócratas denuncian la acción

Aparte del alcalde de la ciudad, otros demócratas también han salido en tromba a condenar los hechos. Ocasio-Cortez se mostraba tajante sobre los hechos: “Lo que vimos hoy fue un asesinato de una mujer mientras intentaba huir para salvar su vida. Lo que vimos hoy es la manifestación de la peor pesadilla de todo americano: su gobierno convirtiéndose en una tiranía”. Ocasio-Cortez advertía de como “ICE no solo se ha convertido en una fuerza antiinmigración” sino también en “una organización paramilitar”. 

El gobernador de Minesota y excandidato demócrata a la vicepresidencia,Tim Walz, también ha rechazado la versión del gobierno de que se trate de una actuación en defensa propia. “Lo que estamos viendo son las consecuencias de una forma de gobernar diseñada para generar miedo, titulares y conflicto”, ha afirmado Walz. “Es gobernar como un reality show. Y hoy esa temeridad le costó la vida a alguien”. El demócrata anunció recientemente que no se presentaría a la reelección por el cargo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Migraciones para “administrar las migraciones” de manera “integral” y que implicará la incorporación de la antigua Dirección de Migraciones a esa cartera y su transformación en una nueva estructura.

Patricia Bullrich detalló que de la nueva fuerza participarán “todas las provincias, con una mirada federal”, y ponderó la mudanza de esa dependencia de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad, con el objetivo final de ejecer una mejor vigilancia de las fronteras con la mira puesta en el ingreso de delincuentes y delitos como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.

La funcionaria estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre.

Patricia Bullrich destacó que la nueva fuerza permitirá desarrollar una “mejor tarea” porque será un organismo “desconcentrado”.

“Queremos lograr una nueva forma de administrar las migraciones logrando algo más integral que una Dirección de Migraciones y avanzar hacia una Agencia Nacional de Migraciones, donde participen los que trabajan en migraciones y colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional”, sostuvo.

Al respecto, la futura senadora dijo que “la mudanza del Ministerio del Interior a Seguridad tiene que ver con un diseño como es en todo el mundo” y destacó que la presencia en la región de bandas dedicadas a delitos como el narcotráfico en la Argentina “están muy controladas y en un tamaño reducido”.

Hasta el momento el control y patrullaje de las fronteras está repartido entre Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero todo indica que se creará una Policía Migratoria que se encargará de esta tarea.

“La Gendarmería había venido mucho a las ciudades y había una disminución en las fronteras; hoy tiene mucha mas presencia en las fronteras. La Prefectura ha ido a lugares donde no estaba”, destacó Patricia Bullrich sobre lo realizado en su gestión.

Por su parte, Monteoliva señaló que “es un gran anhelo y una decisión” la de ir hacia un control fronterizo “diferente, con una integración la Dirección de Migraciones y la incorporación al Ministerio de Seguridad”.

“Se empezarán a articular tareas y funciones, todos sabemos la extensión que tiene nuestra frontera y el número de pasos fronterizos. El crimen organizado no reconoce fronteras ni jurisdicciones, es global y está globalizado, eso nos leva a tomar decisiones. Este es un proceso para tener mayor seguridad para todos”, añadió.

Y sobre sus próximos dos años al frente de la cartera, planteó que se busca “profundizar las políticas de lucha contra el crimen organizado, la baja de delitos, de homicidios, todo lo que venimos trabajando en un conjunto de planes. Queremos potenciar los resultados en los dos años que tenemos por delante. No solo queremos que el que las hace las pague sino también que no las hagan”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos.

La presentación de la nueva fuerza, llamada Agencia Nacional de Migraciones, tendrá lugar este martes a las 14:45 y correrá por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo.

En el acto, que tendrá lugar en la Oficina Nacional de Migraciones, se detallarán “funciones, capacidades operativas y el proceso de integración al Ministerio de Seguridad Nacional, junto con los avances en modernización, fiscalización, ciudadanía y trabajo coordinado con las fuerzas federales”, informó el Ministerio de Seguridad.

Los mismos voceros señalaron que la decisión política de crearla “es para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”. 

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, sostienen desde la cartera que pasó a estar a cargo de Alejandra Monteoliva ya que su jefa política, Patricia Bullrich, asumirá su banca en el Senado.

Y agregaron: “Lo lógico es que Migraciones controle los pasos, sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones”.

Se prevé que la Policía Migratoria estará integrada con efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una suerte de FBI estadounidense.

Patricia Bullrich consiguió un viejo anhelo que tenía cuando ingresó al gobierno de Javier Milei: hacerse con el control migratorio desde el ministerio de Seguridad. Y pese al zigzag oficial, también se quedó con el Renaper, la agencia que imprime los pasaportes y DNI. El cambio del organigrama le quitó fierros a Diego Santilli en Interior y abrió una interna entre ambos funcionarios que todavía no se disipó. “Falta que se termine de resolver”, apuntaron cerca del “Colo” sobre la posibilidad de que al menos Renaper vuelva a la cartera que lleva la relación con las provincias. Mientras tanto, la avanzada que consiguió la futura jefa del bloque oficialista en el Senado revela una intención libertaria de dotar de mano dura la cuestión migratoria y despertó alertas en organizaciones civiles y especialistas.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, Bullrich consiguió Migraciones y Renaper después de insistentes pedidos a los dos jefes de Gabinete que ya tuvo Milei: Gustavo Posse y Guillermo Francos. Finalmente lo consiguió tras salir fortalecida en las elecciones legislativas. Le deja así reforzado el ministerio a su sucesora, Alejandro Monteoliva, aunque la flamante senadora seguirá manejando los hilos detrás de escena. 

“Siempre le interesó a Pato lo de Migraciones”, confió un funcionario que conoce el día a día del ministerio del Interior, hasta hace poco comandado por Lisandro Catalán y, más atrás en el tiempo, por el propio Francos. “Migraciones es más importante que el Renaper para la cuestión de la seguridad. Pero en su momento Posse ya nos había dicho que no. Es una buena idea porque permite ir hacia un sistema integral de seguridad”, aseguró una voz que conoce desde adentro la gestión de Bullrich, que agregó sin titubear: “El Renaper ayuda, pero ahí hay muchos contratos también”.

Las nuevas potestades de Seguridad generan preocupación sobre el modo en que el Gobierno gestiona la apertura o cierre de sus fronteras. Voces especializadas consideran que el cambio de perspectiva “profundiza la estigmatización y criminalización” hacia quienes buscan llegar a la Argentina. Está en línea con la modificación de la Ley de Migraciones –hecha hace pocos meses– y la modificación de la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) tras la disolución del INADE.

“Trasladar toda la política migratoria al Ministerio de Seguridad agrava la situación que ya impusieron las reformas de los últimos dos años. Ya no solo implica una gestión con perspectiva de seguridad, como si la cuestión de la migración fuera una amenaza para el Estado, sino que la política migratoria y la de registración de personas van a estar, directamente, a cargo del sistema de seguridad”, apuntó a elDiarioAR Diego Morales, director de litigio del CELS. 

El Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional

Diego Morales — CELS

La organización adelantó que informará los nuevos cambios a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace dos semanas advirtió sobre la afectación de derechos de las personas migrantes y refugiados. “Con esta nueva reforma, el Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional”, concluyó Morales.

“Se pasa de una lógica civil e integradora a otra más vinculada al control y la seguridad nacional; implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración”, advirtió a este medio Fernando Ardanza, abogado y especialista en Derecho Migratorio, socio fundador de Global Mobility Argentina. El especialista remarcó la posibilidad de “tensionar el espíritu” de la Ley 25.871 de Migraciones: “Cuando las decisiones sobre residencia o permanencia dependen de una cartera que gestiona fuerzas federales, el mensaje político cambia. Porque la ley, lejos de concebir la migración como una amenaza, reconoce la migración como un derecho humano y una fuente de desarrollo e integración para el país”.

Implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración

Fernando Ardanza — Abogado y especialista en Derecho Migratorio

¿Lo pidió Trump?

Los cambios en la política migratoria en la gestión Milei-Bullrich van de la mano con la mano dura de Donald Trump. El gobierno republicano lanzó una feroz reforma para expulsar migrantes y en la Casa Rosada no se quedaron atrás: en mayo se firmó el decreto 366/25, que luego fue declarado inconstitucional en una parte. Un juez federal entendió que invocaba “una situación de excepcionalidad” para reformar la ley de Ciudadanía, ya que el decreto trasladaba la facultad de otorgar la nacionalidad de los magistrados a la Dirección Nacional de Migraciones, exigía que los dos años de residencia fueran no solo continuos sino también legales y sin salidas del país, y añadía como causal de naturalización la realización de una “inversión relevante” en Argentina.

El DNU habilitó también la deportación de extranjeros que cometen delitos y el pago de servicios de salud y de educación por parte de las provincias, aunque varios aspectos ya estaban vigentes, por lo que el anuncio solo reforzó la narrativa de mano dura libertaria.

El Gobierno también avanzó en la búsqueda de que EE.UU. elimine para los argentinos la obligatoriedad de una visa. En julio visitó el país la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, y se firmó una “declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas”. Luego se supo que el proceso le llevará más tiempo del que pensaban en la Casa Rosada.

“Hay tendencia de algunos países, como México o Panamá, con problemas migratorios con Estados Unidos y tienen en sus fronteras un servicio policial para que toda esa gente no llegue al norte, pero no es lo que pasa en Argentina, que estamos muy lejos”, señaló a elDiarioAR Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad. En contrapartida, cuestionó la política bullrichista al respecto: “El régimen migratorio argentino es bastante más abierto que cualquiera de la región. La articulación de Migraciones y Seguridad sí puede resolver problemas de gestión como el control de personas con pedido de captura, pero Bullrich es una máquina de acaparar cosas y a la vez tiene dificultades para gestionar”, apuntó la referente del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.

“Tanto los datos del Renaper como de Migraciones son relevantes para la seguridad y dan mucho poder. Roza lo peligroso y profundiza el perfil securitario de la totalidad del gobierno”, alertó el diputado de Unión por la Patria José Glinski, miembro de la comisión de Seguridad Interior y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Si se mantiene el cambio, el tablero de Seguridad ostentaría el manejo de 164 pasos fronterizos (39 aéreos, 73 terrestres y 52 marítimos o fluviales), además de comandar ya la PSA, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. Según datos oficiales, las diez nacionalidades que registran mayor cantidad de tránsitos son: paraguayos, brasileños, uruguayos, chilenos, bolivianos, estadounidenses, peruanos, colombianos, venezolanos y españoles, que representan el 92,6 % de las entradas y salidas de extranjeros.

Por el lado del Renaper, el ministerio de Seguridad deberá lidiar con la polémica por los miles de pasaportes defectuosos que obligaron al Gobierno a que se reimpriman de manera gratuita. Pero detrás de escena la oficina es una importante caja. Un proveedor habitual del Estado en la impresión de los documentos es Unitec Blue SA, propiedad de Eduardo Eurnekian, que en 2023 ganó una licitación con Alberto Fernández para elaborar DNI por US$45.378.416,8 y pasaportes US$11.822.223. Entre 2024 y 2025 –ya en la época Milei–, la empresa obtuvo del Renaper la adjudicación de contratos para insumos clave para la producción de DNI y pasaportes electrónicos por 6,51 millones de dólares.

MC

En el Boletín Oficial las novedades suelen esconderse detrás de números y acrónimos. La Resolución 316/2025 y la Resolución 353/2025, firmadas hace apenas días, parecían otro movimiento administrativo. Pero el alcance va más allá de la formalidad: a partir de ahora, ciudadanos de China, India y República Dominicana podrán ingresar a la Argentina sin necesidad de tramitar un visado argentino ni una Autorización de Viaje Electrónica (AVE), siempre que tengan una visa estadounidense válida.

La clave está en los “considerandos” de las resoluciones. Allí se explica que la Ley de Migraciones (25.871) y el Decreto 892/2016 dieron origen al AVE como mecanismo de simplificación, pero también como filtro. El procedimiento implicaba trámites en línea, demoras de hasta veinte días hábiles y la incertidumbre de una prórroga. Ahora, el Ejecutivo resolvió dar un paso más: si Estados Unidos ya examinó a esos viajeros y les concedió una visa, Argentina no necesita duplicar la burocracia.

El caso chino suma un argumento extra: desde 2023, Pekín eximió a los argentinos de tramitar visa para estadías cortas. El gesto recíproco aparece en la resolución argentina. Con India, en cambio, la memoria es la de un memorándum de entendimiento de 2017, cuando ambos países se comprometieron a fomentar la cooperación turística. La medida retoma ese compromiso y lo lleva al plano práctico.

El antes era un formulario digital, con requisitos claros pero que frenaba decisiones. El después es un camino directo: un empresario indio con visa de negocios estadounidense podrá aterrizar en Buenos Aires y quedarse hasta 90 días como turista; lo mismo un viajero chino que quiera recorrer Mendoza o firmar un contrato. Sin trámites duplicados, sin la traba del AVE.

La narrativa oficial habla de turismo como “actividad no tradicional productora de recursos”. Pero más allá de esa definición, la política migratoria también funciona como señal diplomática. Argentina le dice al mundo que quiere abrirse, que no pondrá obstáculos a quienes ya superaron filtros internacionales exigentes, y que entiende la reciprocidad como un valor.

Se trata de un cambio sutil: dos resoluciones en papel, un puñado de artículos legales. Sin embargo, en un escenario global donde los países tienden a cerrarse, la decisión argentina va en sentido inverso. Flexibilizar no es desproteger: es reconocer que el derecho migratorio puede ser también una herramienta de política exterior y de desarrollo económico.

El autor es abogado especialista en derecho migratorio.

La amenaza constante de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) convirtió en cárceles los hogares de muchos migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Salir de casa para ir al trabajo, a la escuela, a comprar comida o al médico conlleva riesgos considerables.

El músico retirado Joshua Aaron (tocó el bajo en la banda independiente de culto de los 2000 The Rosenbergs y más tarde lideró su propio grupo, Stealing Heather), que hoy es empresario de aplicaciones para celulares, se propuso crear una app capaz de detectar la presencia de agentes de ICE y alertar a la población, del mismo modo que los conductores avisan a otros de controles de tráfico en Waze.

Lanzada de forma discreta y sin ánimo de lucro en abril de 2025, IceBlock avisa en tiempo real de la presencia de agentes y, según asegura Aaron, protege con rigor el anonimato de sus usuarios. En apenas dos meses, la aplicación se disparó en las listas de descargas de la App Store de Apple, lo que llevó a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a arremeter contra el software y su fundador, acusándolos de “obstrucción a la justicia”. Noem también señaló que tiene intención de trabajar con el Departamento de Justicia para intentar procesar a la cadena de televisión CNN por informar sobre la aplicación.

La andanada de Noem solo sirvió para que la aplicación encabezara las listas de las más descargadas durante varios días (aunque ya desapareció del top 100). El mes pasado, la esposa de Aaron, Carolyn Feinstein, fue despedida del Departamento de Justicia en Austin, Texas.

La pareja cree que se trata claramente de una “represalia”, a pesar de que Feinstein no participó en el desarrollo o la promoción de la app, sino que trabajaba como auditoria forense del Programa de Administración Concursal de Estados Unidos del Departamento de Justicia, en casos relacionados con bancarrotas fraudulentas.

Pam Bondi me acusa y dice que más me vale “tener cuidado” ¿Por qué? Estoy protegido por la primera enmienda

Aaron es una personalidad poco habitual en este ámbito: tiene un carácter desenfadado, casi de estrella de rock, y escasa experiencia en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Su trayectoria suscitó dudas sobre el grado de protección que ofrece la aplicación, sobre todo porque exige mantener activada la geolocalización en todo momento. Sin embargo, varias investigaciones independientes demuestran que sí mantiene el anonimato de los usuarios. Aaron habló con The Guardian una semana después del despido de su mujer.

—Ante todo, ¿qué le pasó a su mujer? ¿Por qué la despidieron?

—La despidieron como represalia contra mí. No pueden hacerme nada. No tengo miedo. Así que la despidieron.

—¿Le dijeron expresamente por qué la despedían?

—No, eso es lo más loco. En su carta de despido la acusan de falta de sinceridad, pero no mencionan la aplicación. Sin embargo, el Departamento de Justicia no tardó ni cinco minutos en responder a los periodistas que contactaron con ellos. ¿En serio que habían preparado un comunicado sobre el despido de una simple auditora de Austin? ¿Una portavocía para una auditora del Programa de Administración Concursal de Estados Unidos? Su trabajo no tenía nada que ver con la migración ni con ninguna otra actividad del Departamento de Justicia; son una división totalmente independiente que se centra en casos de bancarrota.

—¿Qué dijeron?

—Sacaron un comunicado en el que la acusaban de amenazar a agentes de las fuerzas del orden, de poner en riesgo la vida de agentes de ICE y de toda una serie de mierdas terribles. Nada que ver con la carta de despido que le entregaron. Todo empezó cuando [la conspiranoica activista de derechas] Laura Loomer la puso en la picota en X y luego dijo que había hablado con Tom Homan, [el “zar de la frontera” de Trump].

Homan apareció en la cadena Newsmax diciendo que había hablado con el Departamento de Justicia, que está [dirigido por] Pam Bondi. 24 horas después, mi esposa recibe una carta de despido firmada por el subdirector del Departamento de Justicia. Estaba bastante claro: de Loomer pasó a Homan, de Homan a Bondi y de ahí a “estás despedida”. Eso fue todo.

[Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que descubrieron que Feinstein tiene una participación considerable en All U Chart Inc, la empresa que posee la propiedad intelectual de IceBlock. En un comunicado, afirma: “ICEBlock es una aplicación que utilizan los extranjeros ilegales para sortear su detención y pone en peligro la vida de los agentes del ICE al revelar su ubicación. El Departamento de Justicia no tolerará amenazas contra los agentes del orden”.

Aaron reconoce que su mujer siempre tiene una participación del 20% en todas las empresas que él funda. Lo describe como una medida de seguridad: si a él le ocurriera algo, Feinstein tendría la capacidad legal de hacerse cargo de la empresa sin trabas. Sin embargo, señala que ella no participó en el desarrollo o el funcionamiento de la aplicación IceBlock].

—Debe de ser duro para su familia.

—Trabajó allí casi 10 años. Tiene una amplísima experiencia en el sector privado, es realmente buena en lo que hace y, sinceramente, era muy querida por todos sus compañeros. Básicamente la despidieron y la acusaron de cosas horribles que no son ciertas. Es algo que duele muchísimo. Lo echa de menos enormemente.

—¿Le preocupan otras posibles represalias de la administración Trump?

—Pam Bondi me acusa y dice que más me vale “tener cuidado”. Por favor, vamos a ver. ¿Que más me vale tener cuidado? ¿Por qué? Estoy protegido por la primera enmienda. Esto es perfectamente legal y me aseguré de eso: antes de lanzar la aplicación consulté a varios abogados constitucionalistas y penalistas porque me preocupaba saber si estaba protegido. Y todos coincidieron al 100% de que se trata de libertad de expresión.

Cuando envié la aplicación a la App Store, la rechazaron y pasé tres semanas con idas y venidas con el departamento legal de Apple y con los altos cargos del departamento de revisión

—¿Puede explicar de manera resumida cómo funciona IceBlock?

—Solo se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos y los usuarios solo pueden informar de avistamientos en un radio de ocho kilómetros desde donde se encuentran en ese momento. Los mensajes de avistamientos de agentes del ICE se borran al cabo de cuatro horas. Digamos que hay 100 personas en un área de ocho kilómetros y una persona ve a los agentes de ICE, que están caminando por la calle, por ejemplo, y dice: “Oh, mierda”. Y avisa de ellos. Los informes se muestran en un mapa y se envían como notificaciones a otros usuarios en un radio de esos ocho kilómetros.

—La aplicación lleva ya varios meses en funcionamiento ¿Tiene la sensación de que realmente la están usando personas preocupadas por el ICE?

—No tengo ni idea, porque es una aplicación que protege completamente la identidad de sus usuarios. No hacemos un seguimiento. Me preguntan todo el tiempo: “¿Dónde están la mayoría de tus usuarios?”. No tengo ni puta idea. “¿Cuántos avistamientos recibís por hora?” No lo sé. Es muy difícil responder a estas preguntas básicas que las aplicaciones normales podrían responder, porque existe el principio fundamental del anonimato. No tenemos esos datos y no los quiero.

Lo único que puedo decirte es que mientras hablo con vos la aplicación tiene alertas de 445 avistamientos en todo el país [probablemente en un intervalo de cuatro horas, debido a que los avistamientos permanecen visibles durante cuatro horas una vez señalados] y, en este momento, un millón de usuarios tienen la aplicación instalada en sus teléfonos.

Yo diría que la mayoría de las personas que descargan la aplicación lo hacen para mantenerse a salvo, por lo que quieren saber qué está pasando en un radio de ocho kilómetros. Así que sí, creo que se está utilizando con el fin por el que fue creada. Hubiera preferido no tener que crearla, pero es necesaria. Es una herramienta, un sistema de alerta temprana que mantiene a la gente a salvo y, en mi opinión, da tranquilidad a las personas, especialmente a las personas más afectadas o en mayor riesgo. Les permite ir a ese restaurante o pasear por su barrio con un poco más de tranquilidad.

—¿Cuáles fueron los temores y retos iniciales? ¿Le preocupaba que la tienda de aplicaciones de Apple la rechazara?

—No quiero sonar egocéntrico —y no pongas esto tal cual o voy a parecer un auténtico bobo—, pero sabía que podía hacerlo. Incluso en mi etapa musical construía estudios de grabación, era productor, técnico de sonido y diseñaba equipos. Además, llevo cuatro años y medio programando una aplicación de salud.

En cuanto al código de app, era muy simple. ¿La aprobaría Apple? Eso sí fue interesante, porque nunca antes se había hecho nada parecido. Cuando la envié a la App Store, la rechazaron y pasé tres semanas con idas y venidas con el departamento legal de Apple y con los altos puestos del departamento de revisión de aplicaciones de Apple, y casi todos los días tenía conversaciones con peces gordos de la compañía que me preguntaban: “¿Esto es legal? ¿Podemos hacerlo? ¿Nos vamos a meter en un lío?”.

A Apple le costó mucho entenderlo, porque decían: “¿Cómo que no vas a ganar dinero (con la aplicación)? ¿Cómo que no vas a rastrear? Yo les respondía: ”Sí, esa es la cuestión. No me importa“. No me importan los datos de las personas en el sentido de poder obtener análisis, rastrearlos o venderlos. No me importa nada de eso. Mi prioridad es que las personas estén seguras. Ese es literalmente el objetivo. Al final, lo permitieron.

—Como no hay cuentas de usuario ni forma de ver lo que ocurre en la aplicación, no hay forma de bloquear a los usuarios malintencionados. ¿Eso significa que existe la posibilidad de que la gente informe de avistamientos falsos?

—No puedo verificar los avistamientos sin conducir hasta la zona rural de Indiana y comprobar si están allí. Puse medidas de seguridad: solo se puede informar de un avistamiento cada cinco minutos para que no se pueda saturar la base de datos; todos los avistamientos se borran al cabo de cuatro horas; tiene que ser una dirección real, no se puede escribir 123 Main Street; y solo se puede informar dentro de un radio de ocho kilómetros.

Con todas esas medidas de seguridad, ¿hay avistamientos falsos? Sí, por supuesto que los hay. ¿Son frecuentes? No, porque llevaría demasiado tiempo. Y, de todos modos, ¿cuál es el peor escenario posible para un avistamiento falso? Que un usuario reciba una notificación en su dispositivo y diga: “Mejor me alejo de esa dirección durante un par de horas”. Qué más da.

—Más allá de ayudar a la gente, ¿qué interés personal tiene en desarrollar estas aplicaciones? También está trabajando en una aplicación para el sector sanitario que se centra en mantener la privacidad de los datos de los pacientes.

—Sí, todo lo que hago prioriza la privacidad de los usuarios. No uso Gmail. Tengo mis propios servidores de correo. Tengo mis propios servidores web. Siempre lo hice así porque no confío en esas empresas que leen todos tus mensajes y lo hacen para recolectar tus datos y venderte productos. Quiero mantener mi vida privada. Soy una persona que valora su privacidad. Creo que eso influyó bastante en la forma en que concebí IceBlock.

—Tuve mi IceBlock abierto mientras hablábamos por teléfono y hubo un avistamiento en mi zona.

—Sí, ¿no es agradable saberlo? Quiero decir, sos británico, obviamente no sos estadounidense de nacimiento. Así que ahora ya sabés que quizá no deberías ir a esa zona durante las próximas horas. No es gran cosa.

Esta entrevista fue editada y resumida para mayor claridad.

Traducción de Emma Reverter

La irrupción de Vox en el espacio político en 2013 y su crecimiento en las urnas a partir de 2018, coincidiendo con el hundimiento del PP, impulsó un proceso de radicalización de las derechas que pese a haber compartido gobiernos autonómicos y municipales en todos estos años pugnan por el mismo electorado en cada cita con las urnas. Esa derechización hizo que los discursos y programas de PP y Vox fuesen asimilando postulados radicales y, entre otros asuntos, situaran en el centro de sus ataques a los inmigrantes, un colectivo al que responsabilizan sin pruebas de problemas que van desde el paro juvenil hasta la violencia machista u otros delitos como robos y okupaciones.

Las derechas han intentado inocular en la sociedad esa vinculación entre inmigración y delincuencia que ahora ha impulsado a grupos ultras a lanzarse a la “caza” de migrantes en Torre Pacheco (Murcia), provocando varias jornadas de violencia y disturbios de los que tanto Vox como PP evitan responsabilizar directamente al racismo o la xenofobia.

Pero incluso en las últimas jornadas, mientras las calles del municipio murciano padecían la violencia ultra y se llenaban de fuerzas de seguridad, las dos derechas han mantenido esos mismos mensajes que alientan las actitudes xenófobas. “No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”, dijo el domingo José Ángel Antelo, el líder de Vox en la Región de Murcia. “A España se entra a trabajar. Aquí no se viene a delinquir, ni a violar, ni a asesinar ni a hacer ningún juego macabro contra nuestros ancianos, que es pegarles palizas, grabarlas en redes sociales para distribuirlas entre los magrebíes”, añadió, según informa La Verdad.

“Advertimos de lo que iba a pasar, que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que, en muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, la misma que agrede a los homosexuales y viola a nuestras hijas en las calles”, remarcó el mismo Antelo que exige al PP la retirada de las leyes de Igualdad o las que amparan los derechos de las personas LGTBI.

Desde su nacimiento hace ya 12 años, Vox lleva en su programa la vinculación entre migración y delincuencia que enciende la mecha de la xenofobia en las calles. Según reflexiona la extrema derecha en el texto con el que concurrió a las generales de 2023, la inmigración afecta a “las familias españolas que sufren la inseguridad y la degradación en sus barrios”. “España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación”, apunta el programa de Vox.

En una línea muy similar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó este miércoles a utilizar datos falsos para relacionar migración y delincuencia. En un acto en El Escorial dijo que “España es donde más inmigración irregular ha entrado en 2023, 2024 y veremos 2025”, aunque, según la ONU, en 2023 entraron en Italia más de 157.000 inmigrantes irregulares, mientras en España, algo menos de 57.000; en 2024, Italia recibió casi 67.000 inmigrantes, por 63.970 en España, y en los primeros seis meses de 2025 se han contabilizado 32.820 entradas en Italia, por menos de 19.000 en España. Este año, Grecia también supera a España. “La inmigración no da carta blanca para cometer delitos”, añadió, además de recurrir al reciente discurso de Vox que intenta asimilar a migrantes plenamente legales, irregulares e incluso a los niños ya nacidos en España. “Tenemos más de seis millones de migrantes censados, más los irregulares más los hijos de migrantes”, dijo Feijóo.

El martes el líder del PP pidió a los migrantes que lleguen a España “respeto e integración”. El PP envió un vídeo enlatado de su máximo jefe en el que volvía a vincular delincuencia e inmigración. “Quienes hayan cruzado nuestras fronteras para quebrantar la ley no nos representan, quienes la incumplen habiendo nacido aquí, tampoco”, dijo en la misma línea de Vox. Relacionar criminalidad y migrantes es una constante en el discurso del principal partido de la oposición desde que Pablo Casado tomó las riendas del partido, en 2018, y que ha mantenido Feijóo desde su llegada a la presidencia de los populares, en 2022, pese a presentarse inicialmente como adalid de la moderación.

“La única manera de garantizar seguridad es con políticas migratorias razonables”, aseguró el portavoz del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa, el lunes. “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”, añadió. El propio Alberto Núñez Feijóo ciñe lo ocurrido en Torre Pacheco a un problema de “seguridad” y no de xenofobia o racismo. “No hay convivencia sin seguridad. Seguridad para caminar tranquilos, tranquilas, por las calles de España”, afirma él.

Feijóo: “¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?”

El pasado día 6, tras ser refrendado como presidente por su partido en el XXI Congreso Nacional del PP, Feijóo ya aventuró que la vinculación entre la migración y la delincuencia iba a seguir siendo uno de los ejes de su discurso en los próximos años. Primero pidió “reducir la inmigración ilegal”. Y se preguntó: “¿Cómo lo ilegal va a tener garantías? ¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?” Con sus palabras trata de justificar así que las personas que lleguen en situación irregular no puedan ni siquiera ser atendidos por un médico de la sanidad pública. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”, agregó.

La teoría es idéntica a la de Santiago Abascal. El lunes, el máximo líder de Vox elevaba el tono en rueda de prensa tratando de expresar aún más dureza contra los migrantes, a los que vinculó, como Feijóo, a la delincuencia. Para él, la “caza” al migrante impulsada por grupos extrema derecha en Torre Pacheco no es lo que ha provocado la violencia xenófoba en la localidad murciana. Se debe, según dijo, a la propia inmigración. Los disturbios son, para él, “las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad”.

El lunes de la semana pasada, solo unos días antes de que estallara la violencia en Torre Pacheco, una de las diputadas de Vox, Rocío de Meer, llegaba a plantear un concepto acuñado por los principales líderes de la ultraderecha internacional como el presidente estadounidense, Donald Trump, o el argentino Javier Milei: habló de la “remigración”. La parlamentaria planteó una expulsión masiva de migrantes de España, e incluso de ciudadanos españoles con ascendencia extranjera.

Este fue su razonamiento: “Lo que nosotros denunciamos desde el principio es que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos de entre el 1% o el 2%, hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora alentados por el bipartidismo. Están abiertas nuestras fronteras. Por lo tanto, de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país más o menos más de siete millones –porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación–, ocho millones de personas han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo”. Como para ella es “extraordinariamente difícil” que esas personas puedan “adaptarse” a lo que Vox considera “usos y costumbres” españolas, se las debe expulsar.

“Estamos viendo que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas también ha cambiado y no es la misma”, aseguró. “Por lo tanto, todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos tendrán que volver a sus países”, zanjó.

Casado, en 2018: “No hay papeles para todos”

Además de Vox, el PP lleva dando vueltas a esa misma idea desde hace siete años. En julio de 2018, apenas unos días después ser elegido líder de los populares, Pablo Casado aseguró que “no es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber millones de africanos”. Con datos falsos, el entonces presidente del PP aseguraba tener estudios “policiales” que nunca enseñó– que decían que había “un millón de inmigrantes en las costas libias” esperando para viajar a España o que había ONG que calculaban que había “50 millones de africanos recabando dinero para poder hacer esas rutas” hacia la península.

El temor a la migración fue una constante durante su mandato y tras ser expulsado por Feijóo en 2022, este también lo hizo suyo cuando llegó la hora de hacer campaña. En 2024, cuando hubo elecciones catalanas y europeas, Feijóo estableció una cadena causal entre la “inmigración ilegal” y la “okupación” y en Catalunya pidió el voto “a todos aquellos que se dan cuenta de que Catalunya tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”. Un mes más tarde se celebraron las europeas. Feijóo alabó a Giorgia Meloni y arremetió contra “los que eligen Europa para delinquir e infringir” los “valores” de la UE, justamente el mismo discurso que pronunció Rocío de Meer la semana pasada. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar en igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”, dijo.

En su estrategia, los presidentes nacionales del PP siempre han contado con el apoyo de una de las dirigentes del PP más afín con las ideas de la extrema derecha: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La semana pasada ella dijo que el de la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. En los últimos meses, ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes y este lunes, preguntada por los ataques ultras de Torre Pacheco, Ayuso se limitó a señalar que “siempre que gobierna aumenta la inseguridad”, sin condenar la xenofobia ni los mensajes racistas y obviando los datos oficiales sobre criminalidad, que evidencian que los delitos se han reducido desde que está en la Moncloa el Gobierno progresista.

La tasa de criminalidad, de acuerdo con los balances trimestrales que publica el Ministerio del Interior, es de 50,6 infracciones penales por cada mil habitantes, muy por debajo de países como Suecia, Reino Unido, Dinamarca o Alemania. Los datos del INE del año 2023 revelan además que el 73% del conjunto de delitos cometidos en España (291.480 de los 403.194 registrados) fueron cometidos por ciudadanos con nacionalidad española. El balance constata, por ejemplo, que de los 1.046 homicidios que se cometieron en todo el territorio nacional durante el año 2023, el 70,6% (739) fueron cometidos por españoles, mientras que en el caso de homicidios por imprudencia, el número de delitos cometidos por nacionales se dispara hasta casi el 80% (411 de 520 casos registrados).

Pese a los datos, los mensajes contra los migrantes de PP y Vox se han trasladado a los territorios en los que gobiernan hasta el punto que fue la acogida de menores llegados de distintos países a lugares saturados como Canarias, Ceuta o Melilla, que inicialmente fue aceptada por el partido de Feijóo, la que hizo que la extrema derecha saliera de los gobiernos de seis comunidades autónomas en las que su apoyo sigue siendo necesario para el PP, con el que también gobierna en centenares de ayuntamientos. Un año después de esa amenaza consumada, los gobiernos populares siguen sin acoger a los menores migrantes que les corresponden, según el reparto que hizo el Gobierno.

El Gobierno modificó por decreto la ley 25.871 que regula la política migratoria y, según publicó este jueves en el Boletín Oficial, entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Se trata del DNU 366/2025 y en uno de los artículos indica: “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señala en otro artículo.

La norma aclara que los extranjeros solamente estarán habilitados a ingresar por las fronteras oficiales, ya sea por medios terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, pero deberán presentar una declaración jurada que explicite los motivos por los que llegan al país y un seguro de salud contratado. Además, se determinó la prohibición de ingreso para quienes hubieran cometido un delito doloso contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos o el orden constitucional, y se agrega una cláusula para evitar el ingreso al país de personas que hayan sido condenadas en la Argentina o en el exterior a cumplir una pena de 3 años, sin importar la modalidad de cumplimiento, por cualquier tipo de delito.

Además, manifiesta que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

“Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”, añade.

También, expresa: “Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ´residentes permanentes´, ´residentes temporarios o ´residentes transitorios´.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria“.

“La residencia a la que refiere el párrafo anterior habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.

La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización“, agrega.

Asimismo, añade: “Se considerará ´residente permanente´ a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”.

“Reunificación familiar: ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. Para su otorgamiento, la autoridad migratoria deberá tener en cuenta el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por el artículo 10 de la presente ley”, indica.

En relación a la educación, uno de los artículos señala: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

“Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

Deportaciones

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión, cuando el residente:

Excepcionalmente, por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias o de reunificación familiar, la autoridad migratoria podrá dispensar la cancelación de la residencia y la posterior expulsión.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, disponer la dispensa a la que refiere el párrafo anterior cuando el extranjero en cuestión hubiere sido condenado por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá intimarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije a tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin que regularice su situación, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES decretará su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión“.

Restricciones para trabajar

El extranjero que resida irregularmente en el país, o resida regularmente pero no se encuentre habilitado por la autoridad migratoria, no podrá trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, en relación de dependencia o en forma independiente.

Será considerada irregular la permanencia en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA de todo extranjero que:

Atribuciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

Obligaciones de los extranjeros residentes

La falsedad en la declaración o acreditación de domicilio, al solo fin de obtener un beneficio migratorio, conllevará la declaración de irregularidad o denegatoria de la solicitud de residencia o su cancelación, con la consecuente expulsión, conforme lo dispuesto por el inciso a) del artículo 29 y por el inciso a) del artículo 62 de la presente ley.

Las notificaciones que se cursen deberán ser diligenciadas al domicilio electrónico o, en su defecto, al último domicilio constituido que surja en las actuaciones administrativas.

Todo cambio de domicilio deberá ser informado por el inmigrante en el expediente en que le fuera concedida la admisión o autorizada la residencia, dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de producido.

Si desapareciere total o parcialmente la numeración del domicilio constituido, o el edificio o la construcción en el que se hubiere constituido, el inmigrante deberá informar uno nuevo en el expediente que le fuera concedida la admisión o autorizada la residencia dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores“.

Con información de agencias.

IG

Una delgada línea de arena era lo único que separaba la casa de la familia de Sin Seck, conocido como Baye entre sus amigos, del océano. De su infancia en Senegal recuerda los días acompañando a su padre a pescar o las tardes improvisando partidos de fútbol en la orilla. También guarda en su memoria a sus abuelos, siempre elegantes, caminando hacia la costa para recibir a los pescadores cuando el sol empezaba a caer. 

Año tras año el nivel del mar iba subiendo. Hasta que un día se tragó su hogar y se llevó también su vida en el barrio de Guet N'dar, situado en la ciudad de Saint Louis, Senegal, y con él, el sueño que había heredado de generaciones: ser pescador. Ante la devastación, no tuvo más opción que dejarlo todo atrás. Una noche, se embarcó en una patera, sin saber si lograría llegar a destino y mucho menos si alguna vez volvería a pisar su país.

Ahora, su vida está lejos del mar. Vive en Ripollet, una ciudad cercana a Barcelona, en un piso compartido con cuatro personas, a unos 16 kilómetros de la costa.

Sin se considera a sí mismo 'refugiado climático'. Se trata de aquellas personas que huyen de sus países de origen por los impactos de la crisis climática, pero también debido a los daños medioambientales causados por el hombre, como la destrucción de tierras, la sobreexplotación pesquera o la desaparición de pastos a causa de la actividad industrial.

Aunque la mayoría de las movilidades por motivos climáticos son desplazamientos internos, también hay quienes cruzan fronteras internacionales. A pesar de ello, personas como Sin siguen siendo invisibles.

Eso se debe a que no pueden solicitar asilo ni protección. Y es que el término 'refugiado climático' no tiene reconocimiento legal. Las causas climáticas no están contempladas por la Convención de Ginebra, que sólo reconoce la persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos, de nacionalidad o conflictos armados.

Esta invisibilidad se agrava porque los efectos del cambio climático están afectando de forma mucho más severa al Sur Global. Aunque aún no ha llegado con la misma intensidad a Europa, tal y como señala Miguel Pajares, autor del libro Refugiados climáticos: el gran reto del siglo XXI, “los desplazamientos tardarán más, pero acabarán produciéndose también en España”. “Los procesos de generación lenta como los de desertificación acabarán desplazándonos”, advierte.

Elena Muñoz, abogada especializada en Derecho de Asilo, destaca la dificultad de que se identifique y reconozca a quienes se desplazan por razones climáticas. “No contamos con estadísticas oficiales sobre cuántos casos hay, ya que, además de que la categoría de refugiado climático no existe legalmente, en muchos casos el cambio climático no es la única causa de la huida”. Estas situaciones suelen estar entrelazadas con otros factores, como conflictos armados, la pérdida de sus medios de vida o la sobreexplotación de los mares en ciertos caladeros de pesca.

Una responsabilidad política

Ndaga Seck guarda los mismos recuerdos que Sin de su infancia. Ambos crecieron como pescadores en el mismo barrio. No se conocían, pero tiempo después descubrieron que eran primos. A los 14 años eligieron el camino de la pesca, adentrándose en las aguas del Atlántico. “Pescar lo es todo para mí, es nuestra cultura y nuestra forma de vivir en Guet N'dar”, afirma Ndaga. “Nuestros ancestros, abuelos y padres también eran pescadores; es la herencia que tenemos”, añade. 

Mientras navegaba en el océano que le vio crecer, Ndaga empezó a notar cómo cada día el nivel del mar subía más, la banda de arena se reducía y el agua se acercaba peligrosamente a su casa. 

En la estrecha península arenosa conocida como Langue de Barbarie, que separa el río Senegal del océano Atlántico, se encuentra el barrio de Guet N'dar. Situado en la ciudad de Saint Louis, es uno de los más poblados y dinámicos de la región. La mayoría de sus habitantes pertenecen a la etnia Lebou, que lleva siglos dedicándose a la pesca.

Mientras los hombres se adentran en el agua cuando las condiciones lo permiten, las mujeres procesan el pescado y los niños llenan las calles, el nivel del mar va subiendo cada año, habiendo avanzado hasta seis metros en pocos años. Eso “intensifica la erosión costera y amenaza viviendas, actividades económicas y la estabilidad de la zona”, tal señalan los investigadores Loïc Brunning, Marion Fresia y Alice Sala, de la Universidad de Neuchâtel.

Papa Sow, experto en cambio climático y migraciones del Instituto Nórdico de África, destaca que, aunque el fenómeno tiene componentes naturales y está claramente vinculado al cambio climático, “la subida del nivel del mar y la modificación de las tormentas han acelerado el problema de la erosión”.

A esto se suman dos factores directamente relacionados con la intervención humana, que agravan aún más la situación actual. Entre estos, Sow señala el impacto del calentamiento global, la construcción intensiva sobre la Langue de Barbarie que ha amplificado el arrastre de arena causado por las olas y políticas urbanísticas inadecuadas que agravan la vulnerabilidad de esta frágil región costera. 

Por eso, expertos como Miguel Pajares consideran que hablar de 'refugiados climáticos' visibiliza la responsabilidad de los gobiernos y empresas en la cuestión. Señala que, a diferencia de otros cambios climáticos a lo largo de la historia geológica, el actual no es natural: es consecuencia de la acción humana. “Aunque los gobiernos conocen esta realidad y han firmado tratados, como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, las emisiones no han dejado de aumentar”, añade.

“Este incumplimiento convierte el cambio climático en un problema político, y a sus víctimas, en víctimas de decisiones políticas. Por eso, aunque el término 'refugiado climático' no implique asilo legal, sí sirve para exigir a los gobiernos que asuman su responsabilidad frente a quienes huyen de estos impactos”, concluye.

Bajo el nivel del mar

Ndaga estaba convencido de que, tarde o temprano, el mar se llevaría su casa. Ya no podía vivir de la pesca porque los barcos de grandes multinacionales habían inundado la costa. Más allá de los problemas climáticos, la pesca artesanal, vital para la economía de los países del África Occidental, está siendo gravemente afectada por la industria pesquera internacional. Destruyendo una de las principales fuentes de empleo en la región y dejando a numerosas familias sin medios de vida para subsistir.

Ndaga tenía que ayudar a su familia, y para salir adelante, en 2006 decidió embarcarse una noche en una patera junto a 60 personas. Después de una semana navegando, llegó a Gran Canaria. Cinco años más tarde, en 2016, de su casa en Guet N'dar no quedaba nada.

Actualmente, Ndaga vive junto a su esposa, Fatou Amet, también lejos del mar, en Artesa de Segre, un pequeño pueblo de Lleida, en Cataluña, rodeado de campos y montañas, a más de 100 kilómetros de la costa.

En 2017, el nivel del mar, que ya estaba subiendo de forma alarmante, se llevó también la casa de su primo Sin. Lo revive como si fuera ayer: estaba sentado tomando té con sus amigos cuando una llamada de su hermana interrumpió la conversación. Su hogar se había inundado. “Corría tanto que mis pies iban solos; no me importaban las cosas materiales, solo quería salvar a mis padres, que eran mayores, y a mi hermana. Por suerte solo se había inundado”, relata.

Por la noche se refugiaron en la vivienda de unos conocidos que se alojaban lejos de la costa. “A la mañana siguiente, un amigo me acompañó a limpiar lo que quedaba de mi casa”, cuenta. Recuerda cómo el mar seguía agitado y, de repente, la fuerza del agua lo arrasó todo. “En ese momento, mi familia y yo lo perdimos todo”, susurra con la voz entrecortada. Al día siguiente, solo quedaban muros destrozados de lo que una vez fue su hogar.

Una travesía sin garantías

Ocho días después, a las 23:00 de la noche, Sin tomó la decisión de subirse a una patera rumbo a Canarias. La devastación de su barrio, la pérdida de su trabajo porque el mar se había llevado su cayuco, y ver a su familia malvivir en un campamento improvisado por las autoridades, lo empujaron a embarcarse en una travesía incierta. No sabía si algún día podría contarla, pero tenía claro que quería un futuro mejor y ayudar a su madre, su padre y su hermana. “El mar se lo llevó todo; irme era mi única salida”, recuerda hoy.

Tras 15 días navegando con apenas agua y comida, una parte de la frágil embarcación se rompió, obligándolos a regresar a su punto de partida. Lo lograron gracias a los pescadores que viajaban en ella, quienes pudieron reparar la barca y volver a Guet N'dar. No fue hasta cinco meses después cuando Sin viajó hasta Gambia, subió a otro cayuco y consiguió finalmente llegar a la isla de La Gomera, en Canarias.

Actualmente, las personas que huyen de sus países por cuestiones climáticas, según expertos consultados, tendrían una opción para quedar incluidas dentro de las causas contempladas por la Convención de Ginebra, como la persecución política, religiosa, étnica, por nacionalidad o conflictos armados.

Beatriz Felipe, investigadora especializada en migraciones climáticas, añade que, al igual que ha ocurrido con la interpretación de la Convención de Ginebra en casos de persecución por motivos de género o violencia machista, donde no ha sido necesario cambiar el texto original, se podría comenzar a aplicar una interpretación más amplia para incluir a las personas afectadas por causas climáticas.

“Los estados, poco a poco, podrían ir incorporando estas situaciones sin necesidad de modificaciones formales”, concluye. Es decir, tal y como señalan los expertos, el vacío legal obliga a subsumir los motivos climáticos en figuras ya existentes y hay margen para ampliar su interpretación.

Cuando Sin llegó a España, la realidad no fue la que esperaba. Su vida no cambió tanto como imaginaba y, en ocasiones, se vio obligado a dormir en la calle. Por el momento, después de más de cinco años en España, continúa sin tener asilo, trabajando en condiciones precarias de chatarrero, mientras su familia sigue malviviendo en Senegal.

Ndaga y su esposa fundaron una ONG llamada Benno Diapante Domou Ndar de la diáspora para ayudar a quienes llegan a España huyendo de la difícil situación en el barrio de Guet N'dar. Una llamada a la asociación permitió a Sin descubrir que Ndaga era su primo, un pequeño rayo de esperanza para un joven que, tras completar una travesía sin garantías, sigue enfrentándose a la incertidumbre en tierra firme.

DM

El 2024 termina con un número sin precedentes de muertes en las fronteras españolas. Del 1 de enero al 15 de diciembre de este año, 10.457 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de migrar a España, un 58% más que las contabilizadas en 2023, según el informe de la organización Caminando Fronteras elaborado a partir de su sistema de alertas de pateras en peligro a través del contacto directo con los supervivientes de las tragedias y los seres queridos de las víctimas. Cada día, 30 personas perdieron la vida en aguas fronterizas y 30 familias esperaron con angustia un mensaje que nunca llegó.

El documento analiza 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas recorridas por quienes intentan llegar a España, de las que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro. De las víctimas, 1.538 eran menores y 421 eran mujeres. “Estas cifras evidencian un fracaso profundo de los sistemas de rescate y de protección. Más de 10.400 personas muertas o desaparecidas en un solo año es una tragedia inadmisible. Urgimos a que se priorice la protección del derecho a la vida, se refuercen las operaciones de búsqueda y rescate, y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias”, denuncia Helena Maleno, fundadora del colectivo y coordinadora de la investigación.

Por rutas migratorias, se registraron 9.757 muertes en la llamada ruta atlántica, 517 en la ruta argelina, 110 en el Estrecho y 73 en la que atraviesa el mar de Alborán. Los datos son obtenidos por la ONG después de cotejar testimonios de los supervivientes, los testigos directos de las tragedias, así como de las denuncias de familiares desesperados por localizar a sus seres queridos embarcados. El maliense T. D. es una de las personas que vio morir a sus compañeros en el mar mientras trataba de alcanzar Canarias. “La barca se quedó a la deriva, nos llevaban las olas. Todos estábamos muy cansados, y cuando veías que alguien se sentaba tranquilo y dejaba de llorar o de rezar, era que se estaba muriendo. Las vidas se iban apagando, y yo esperaba a ser el próximo, pero fue mi hermano”, describe en un testimonio recogido por Caminando Fronteras.

“Le decía a mi hermano que no bebiese agua del mar, que aguantara, pero bebía sin parar, luego vomitaba, y después se sentó y dejó de hablar. No tuve fuerzas para tirar su cuerpo, lo hicieron otros. Además de mi hermano, vi morir a una familia entera, el padre acabó tirándose al mar cuando tiró al último de sus hijos. No tuvimos fuerza para impedírselo. No sentía nada cuando por fin nos rescataron, no tenía fuerzas en mi cuerpo pero tampoco en mi alma”.

La ruta más mortífera

La gran mayoría de muertes documentadas por la ONG, como las de los compañeros de T. D., tuvieron lugar en la llamada ruta atlántica, cuyo destino son las Islas Canarias. De las tragedias documentadas sufridas por personas que viajaban en cayucos procedentes de África Occidental, el 71% corresponde a aquellos que partieron desde Mauritania, el principal punto de salida hacia el Archipiélago, aunque también parten desde Senegal, Agadir (Marruecos) y Dajla (Sáhara Occidental ocupado). “Las salidas de embarcaciones desde este país no han cesado ni en periodos donde las condiciones meteorológicas en la ruta han sido terriblemente complicadas. Los meses entre enero y abril son los más mortíferos en la ruta”, sostiene el informe. Por este camino también se ha incrementado el número de mujeres procedentes de zonas del Sahel donde tradicionalmente el viaje migratorio era realizado por hombres, dándose una “incipiente feminización” en las salidas de Mauritania. Al menos, 6.829 personas que se embarcaron de las costas mauritanas se quedaron en el mar. 67 cayucos desaparecieron sin dejar rastro.

En las embarcaciones que realizan este trayecto viajan mayoritariamente personas procedentes del Sahel, que utilizan Mauritania como un país de paso para alcanzar Europa. “Estas personas huyen de conflictos bélicos, el impacto del cambio climático y diversas formas de violencia, como explotación laboral, matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual”, recuerda la ONG.

El cruce migratorio desde la franja costera situada entre Agadir y Dajla destaca por la presencia mayoritaria de embarcaciones neumáticas similares a las que transitan por las rutas mediterráneas, según lleva detectando Caminando Fronteras desde 2019. “Las zodiacs son muy peligrosas para navegar en el Atlántico, donde las condiciones marítimas son más severas que en el Mediterráneo”, alertan desde la organización.

“Nos hundimos, una de las gomas está totalmente desinflada, hay gente ya en el agua, les sostenemos para que no se separen de la embarcación. Llevamos horas comunicando, ya tenéis la posición, ¿por qué no viene nadie? Hemos llamado a todos, dicen que viene Marruecos pero no llega, que manden aunque sea un avión, algo. No vamos a aguantar más, nos iremos todos al fondo, nadie tiene piedad de nosotros, que Alá se apiade de nosotros”, clamaba una de las personas migrantes que llamó este año desde una zodiak al sistema de alertas del colectivo. El colectivo también ha detectado “un patrón de salidas conjuntas en intervalos cortos” en este punto, lo que también incrementa el riesgo de tragedias.

Por su parte, tras la victoria electoral de Oussmane Sonko, las salidas desde Senegal y Gambia han caído desde 2023, especialmente en los primeros meses de 2024, aunque ha permanecido constante a partir del segundo trimestre, analiza el estudio. No obstante, la organización ha contabilizado en este trayecto 26 tragedias con 2.127 víctimas y ocho embarcaciones desaparecidas.

Las rutas que atraviesan el Mediterráneo, aunque menos transitadas, también han dejado cientos de víctimas este año. Si desde 2020, la mayoría de salidas desde Argelia finalizaban en las costas localizadas entre Almería y Alicante, este año Caminando Fronteras ha detectado “una mayor tendencia” hacia las Islas Baleares, la zona más peligrosa de la ruta. Aunque quienes atraviesan este camino son principalmente argelinos, se ha dado un incremento de quienes vienen del Sahel, África Occidental, África Oriental y Asia. La ONG ha identificado personas sirias, palestinas y yemeníes en esta ruta.

El trayecto del Estrecho está marcada por el alarmante porcentaje de víctimas menores, muchos de ellos después de intentar cruzar el espigón fronterizo del Tarajal con destino Ceuta. El 20% de las víctimas en esta ruta son niños, niñas y adolescentes. Según Caminando Fronteras, 110 personas han muerto en esta ruta y cinco embarcaciones desaparecieron por completo.

“El aumento de víctimas está directamente relacionado con factores como la omisión del deber de socorro por encima de la protección al derecho a la vida, la prevalencia de políticas de externalización de fronteras que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes, la falta de activación o la tardanza en los operativos de búsqueda y de rescate, incluso cuando se tenía la posición de las embarcaciones”, enumera la ONG. A las deficiencias detectadas por la organización se suman las precarias conficiones en las que viajan muchas de estas embarcaciones.

Cuando el equipo de Caminando Fronteras le preguntaba al maliense T. D. si alguien le estaba ayudando tras su llegada a España, respondió que no. “A nadie le interesa, por eso dejo todo en manos de Alá, y solo quiero continuar mi camino a Francia, trabajar y ayudar a mi familia. Bueno, quiero otra cosa, ¿sabes qué quiero? Quiero dormir sin que al cerrar los ojos vea las caras de todos los que murieron”, T.D., maliense sobreviviente de un naufragio“, contestó el superviviente de la tragedia en la que vio morir a su hermano.

Este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. “En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.

La presencia de estudiantes de otros países en las aulas universitarias argentinas se había convertido en un tema de discusión en medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Con la segunda marcha federal universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el 2 de octubre, el debate se intensificó.

De acuerdo con el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023” publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación —que depende del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello—, en 2022 (último dato disponible) 2.720.531 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de todo el país. 

¿Qué cantidad de estudiantes extranjeros hay en las universidades argentinas?

Según el informe oficial, en 2022 se registró un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, de los cuales 104.998 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.771 ofertas de posgrado.

Esta población representó el 4,1% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanzó el 4,3% de la matrícula en el sector estatal y el 5,5% en el sector privado.

Desde 2015, el primer año con información oficial disponible, el porcentaje de estudiantes extranjeros siempre fue menor al 5%, aunque fue aumentando año a año ya que se inició con un 2,8%. 

El Gobierno argumenta que los estudiantes internacionales generan “una carga adicional para el sistema”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano.

En esta nota, Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a Chequeado que “la cifra del 4,4% (dato de extranjeros estudiantes en 2020) es una subrepresentación de nuestra sociedad: somos 46 millones de personas y entre un 5 y un 6% son inmigrantes. Esto quiere decir que las personas extranjeras van menos a la universidad que los argentinos nativos”. 

Y agregó: “Muchas veces cuando se dan estos debates se plantea que ‘los extranjeros estudian gratis gracias a que los argentinos pagan impuestos’. Pero ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”.

¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros?

Respecto de su procedencia, los datos oficiales muestran que el 95,83% proviene de países de América; un 2,87% de países de Europa; y el 1,3% restante de Asia, África y Oceanía.

Los principales países de origen (en pregrado y grado) son: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En posgrado son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú los países con mayor número de estudiantes. 

¿Cuál es la situación en la Universidad de Buenos Aires?

La Universidad de Buenos Aires (UBA), la mejor del país y la primera en Iberoamérica —según datos de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que elabora el QS World University Rankings—, muestra una diversidad significativa en la composición de su alumnado extranjero. 

De acuerdo con los datos publicados por la institución, las facultades como Medicina y Odontología se destacan por tener una alta proporción de estudiantes internacionales. En particular, la de Medicina reporta 11.393 estudiantes extranjeros frente a 39.201 argentinos, lo que representa casi el 23% de su población estudiantil.

Le sigue Odontología, con un 12,7%; e Ingeniería, con un 8,2%. Luego, Arquitectura y Diseño, con un 6,4%. Las facultades de Farmacia y Bioquímica, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas y Naturales, y Sociales muestran porcentajes similares, con un 5,6%, 5%, 4,8%, y 4,8, respectivamente. 

¿Cuál es la situación en las universidades de La Plata, San Luis y Rosario?

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2022 el 7% (un punto más que en 2021) de los estudiantes provenían del exterior, siendo esta proporción más alta en Ciencias Médicas (24%).

En toda la universidad en ese año estudiaban alumnos y alumnas de 42 países de los 5 continentes. “La mayor cantidad de extranjeros provienen de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela. Los estudiantes de Ecuador crecieron 80% respecto al 2021 y conforman la comunidad extranjera mas numerosa en la UNLP”, agrega el informe. 

En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de acuerdo con sus propios datos, en el 2021 había 20.246 estudiantes en total, de los cuales 1.088 eran extranjeros. Esto representa el 5,6%.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), según su propio anuario del año 2022, los estudiantes extranjeros eran 6.107. Esto representaba el 7% del total de 85.381 estudiantes.  

¿Cómo se compone el sistema universitario argentino?

Según los últimos datos oficiales, el sistema universitario argentino está compuesto por 137 instituciones, 115 universidades y 22 institutos universitarios. De ese total, el 49,6% es estatal, ya sea nacional o provincial. 

En 2022, el 33,6% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales, mientras que las Ciencias Aplicadas se encontraban en el segundo lugar de las ramas de estudio más elegidas, con un 24,8% de los nuevos inscriptos.

Con respecto a la distribución según sector de gestión, casi el 80% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal. “Esta distribución varía si el análisis se realiza teniendo en cuenta la Región CPRES (Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior), siendo que en las regiones Bonaerense, Noreste y Sur la participación de las instituciones de gestión estatal es aún más alta”, indican los datos oficiales.

Esta nota es una investigación de la periodista Rosario Marina, de Chequeado.

JJD

En México una de las dos mujeres que son las candidatas de las dos coaliciones políticas con posibilidades de imponerse en las elecciones del domingo 2 de junio será la primera presidenta de la historia nacional mexicana. La oficialista Claudia Sheinbaum es la gran favorita de las encuestas de intención de voto, que la colocan a un tranquila distancia por encima de la opositora Xóchitl Gálvez. Todo parece indicar que la heredera de las políticas sociales del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será también su sucesora al frente del gobierno de México por los próximos cuatro años- En buena medida en virtud de la intervención redistributiva del Estado de recursos entre los sectores más pobres y la institución de una pensión universal para las personas mayores, con aportes o sin aportes previos en su haber.

En EEUU, sólo habrá una mujer en el Poder Ejecutivo en el próximo período presidencial, la actual vicepresidenta Kamala Harris, si la fórmula que comparte con Joe Biden como titular gana las elecciones y un segundo mandato el martes 5 de noviembre. Para ello, la campaña electoral demócrata ha colocado en su corazón las caravanas migrantes que penetran la Frontera que comparte con México y la relación con las autoridades mexicanas. Porque Donald Trump, el ex presidente republlicano que quería blindar con un Muro el límite entre México y EEUU, aventaja en intención de voto al demórcrata que aspira a permanecer por cuatro años más en la Casa Blanca. A pesar del haber sido encontrado culpable el jueves en un juicio penal neoyorquino por fraude fiscal y electoral, el candidato presidencial republicano sigue siendo favorito en los sondeos.

El flujo migratorio México-EEUU, en campaña electoral

La campaña proselitista del  presidente demócrata Joe Biden en busca de próxima reelección el 5 de noviembre lanzó un spot televisivo para recordar a los votantes latinos la política de separación familiar en la frontera.  El anuncio llamado Ripped Apart (Despedazados) recupera declaraciones del  ex presidente Donald Trump (2016-2020), que salió perdedor de la Casa Blanca y vuelve a competir con Biden en noviembre por el Partido Republicano (GOP) , respecto a las medidas migratorias anunciadas ya hace seis años con voces grabadas de menores de edad que fueron separados de sus familiares.

La política de separación fue implementada desde mediados  de 2017,  con la separación de los niños de sus padres como parte de un “programa piloto” realizado en El Paso, en el estado de Texas,  y a lo largo de otras partes de la frontera. Bajo ese plan,  los adultos que cruzaron la frontera sin permiso, un delito menor para quien delinque por primera vez, fueron detenidos y acusados penalmente. No se hicieron excepciones para los padres que llegaron con niños pequeños. Los niños fueron quitados, y los padres no pudieron ni rastrearlos  o reunirse con ellos sus hijos porque el gobierno no pudo crear un sistema para facilitar la reunificación. Si antes de la administración Trump, las familias migrantes permanecían reunidas y con libertad condicional en espera del permiso de entrada a EEUU, a finales de 2017, las familias quedaron separadas lo largo de la frontera entre EEUU y México, incluso aquellas que arribaron por  puertos de entrada oficiales.

El 7 de mayo de 2018, el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) anunció formalmente la implementación de la  política de “tolerancia cero”. Todos los migrantes que cruzaran la frontera sin permiso, aun  los que iban en busca de silo, serían remitidos al DOJ para el enjuiciamiento. Los solicitantes de asilo indocumentados fueron encarcelados, y cualquier niño acompañante  menor de 18 años fue entregado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS), que los envió a millas de sus padres y los dispersó entre 100 oficinas de reasentamiento de refugiados y otros lugares de atención en todo el país. Cientos de estos niños, incluidos bebés y niños pequeños, tenían menos de 5 años.

Familias mexicanas y latinoamericanas destrozadas

El torrente de la cobertura de noticias sobre la dramática situación de las familias migrantes separadas movió la opinión pública contra Trump. El ex presidente fue obligado a detener su estrategia por orden judicial en junio de 2018 debido a que  la justicia de San Diego, California, prohibió la separación de los niños de sus padres en la frontera y ordenó que todas las familias que ya habían sido separadas fueran  reunidas en un plazo máximo de 30 días.

En refuerzo del mensaje trasmitido por el spot Destrozados,  Julie Chávez Rodríguez encargada de la campaña del candidato demócrata dice en un comunicado; “Si Trump es reelegido, el caos y la crueldad que vimos en su primer término es el piso de lo que vendrá después: irá aún más lejos para atacar y demonizar a los inmigrantes, mientras no hará nada para abordar los problemas reales que afectan a nuestro sistema de inmigración que se encuentra roto”.

La alocución de Chávez de manera implícita sostiene a Biden el antagonista ejemplar que debe ser elegido.  Sin embargo, la probabilidad de éxito  de poner en primer plano el tema de la migración como centro de la campaña demócrata a primera vista presenta sus flancos para sus partidarios debido a las medidas tomadas por Biden al respecto. En esta materia, una encuesta reciente de Whashington Post y ABC, centrada en el manejo de la migración por parte de Biden, el actual presidente  obtuvo su índice de aprobación más bajo: sólo el 30% de los estadounidenses expresaron aprobación sobre su manejo de la frontera.

Un doble desafío de proselitismo político que presenta dos estrategias a primera vista contradictorias: la campaña contra la política migratoria de Trump, evidente en el spot divulgado, y toma de medidas de política migratoria ajenas al progresismo de las primeras de la gestión Biden, precisamente para mantener el caudal de votos demócrata y aun seducir al republicano.

Balance de la gestión migratoria, promesas cumplidas e incumplidas

El presidente Biden asumió el cargo con las promesas de “restablecer el asilo y gestionar la frontera de forma ‘humana’”, escribe Priscilla Álvarez de CNN, reportera de la Casa Blanca, “Pero su Gobierno se ha enfrentado a las duras realidades y desafíos de la frontera entre Estados Unidos y México en medio de una migración récord a través del hemisferio occidental, lo que la convierte en una vulnerabilidad política aprovechada por los republicanos”.  Y esta ‘vulnerabilidad política’ aumenta justamente su calidad de vulnerable al tener lugar central en la campaña demócrata.

Finalizando su mandato se estima que unos tres millones de migrantes que han sido encontrados en la frontera sur desde que asumió el cargo en enero de 2021 permanecen en EEUU, según cifras de la administración Biden. Pero la afluencia masiva de solicitantes de asilo en la frontera entre EEUU  y México ha afectado significativamente los recursos de migración estadounidenses. Recientemente, la Casa Blanca cambió su retórica hacia las “ciudades santuario”, instándolas a cumplir con las autoridades encargadas de aplicar la ley con respecto a los migrantes que han cometido un delito. Y Biden ha adoptado un proyecto de ley fronterizo- ahora estancado- que habría endurecido significativamente las leyes de asilo e incluido una serie de otros temas de la agenda conservadora. “Durante demasiado tiempo, todos supimos que se había roto la frontera”, dijo Biden en enero en apoyo al proyecto de ley. “Ya es hora de arreglarla”.

La forja del presidente que busca la relección

En muchos aspectos, el cambio de Biden se alinea estrechamente con una posición anterior sobre la migración que mantuvo lo largo de su carrera  política. Durante décadas como senador estadounidense y en sus anteriores candidaturas presidenciales, Biden mantuvo posiciones más centristas. Fue principalmente como reacción a las políticas de la administración Trump que Biden comenzó a adoptar posturas notablemente progresistas en materia de migración durante la campaña presidencial de 2020.

Al asumir el cargo, Biden emitió órdenes ejecutivas que pusieron fin a la construcción del muro fronterizo; sin embargo, en octubre 2023 ordenó reforzar “de inmediato” la construcción del muro fronterizo con México en una de las áreas donde más cruces de migrantes se registraron. La medida supone el primer gran uso del poder ejecutivo del Gobierno, que tuvo que levantar 26 leyes federales en la zona de Texas afectada, revocó la llamada prohibición musulmana, que prohibía viajar desde varios países de mayoría musulmana; ordenó a las agencias policiales que redujeran el grupo de migrantes indocumentados vulnerables al arresto, la detención y la expulsión; y elevó el límite máximo de reasentamiento de refugiados a 125.000 personas. La administración Biden también anuló el programa llamado “Permanecer en México”, que exigía que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras sus casos eran revisados por los tribunales de inmigración estadounidenses, y puso fin al Título 42 instituido por Trump, la orden de salud pública que permitía la rápida expulsión de migrantes sin escuchar sus solicitudes de asilo, en la primavera de 2023.

Después de dar por terminado el Título 42, el gobierno volvió a su sección del código estadounidense de décadas de antigüedad, conocida como Título 8. Luego, la administración Biden implementó reglas nuevas y más estrictas que prohíben las solicitudes de asilo para los migrantes que pasaron por otro país en su camino para buscar asilo en los EE.UU. Si bien quedaron  exentos quienes reserven su cita online.

Sin embargo, de las 5.550 familias desgarradas en la gestión de Trump no todas se han reunificado  y todavía se encuentran  separadas a través de la detención y la deportación bajo la actual administración del presidente demócrata Biden, quien al asumir se había comprometido a terminar con las separaciones familiares y al inicio de su administración comenzó a reunir a algunas familias.

Las autoridades fronterizas detuvieron 1,3 millones de migrantes desde octubre a marzo. Aún más, Biden ha explorado una orden ejecutiva para limitar los cruces en la frontera sur. Si bien Biden extendió una rama de olivo a Trump, en su pedido  al expresidente que se uniera a sus esfuerzos para persuadir al Congreso de reconsiderar un acuerdo fronterizo bipartidista, Trump efectivamente echó por tierra toda posibilidad de aprobación conjunta. Aun así se espera que el jueves 9 de mayo, una normativa del gobierno endurezca el actual sistema de migración.  La medida  propuesta permitiría a los funcionarios de migración rechazar rápidamente en cuestión de días a algunos migrantes para que no soliciten asilo en una etapa más temprana del proceso,  que actualmente puede llevar años,  si se determina que no son elegibles. Según trascendió, no se espera que la regulación, que aún necesitaría pasar por un periodo de evaluación pública, arroje una red más amplia de personas a las que se les restringiría la posibilidad de solicitar asilo.

El mensaje centrado en el repudio de la política migratoria de Trump ¿es un imán electoral eficaz?

Una encuesta publicada el jueves 25 de abril en el portal Axios realizada por The Harris Poll informa que la mitad de los estadounidenses (un 51%) apoya la deportación de migrantes. Los datos tienen un margen de error de 1,5 porcentuales  con un nivel de confianza del 95 por ciento.

La encuesta de 1.859 adultos estadounidenses que se identifican como republicanos fue realizada entre el 29 de marzo al 14 de abril de 2024. Según el sondeo, 68% de los republicanos apoyarían la medida de deportación masiva; en tanto  en menor medida los demócratas (42%) e independientes (46%). De acuerdo a un rango étnico, 56% de blancos a favor, seguido por 45% de latinos y 40 de los afroamericanos.

Las divergencias aumentan de acuerdo a la franja etaria. Los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) dan un fuerte respaldo de 60% a la deportación masiva; seguidos por la Generación X (1965-1981) con 53% a favor. La generación de los más jóvenes muestran menos apoyo: un 48% de los millennials (nacidos a  principios de los ’80 hasta finales de los ’90); y la Generación Z (nacidos a finales de los 90’ o inicios de los 2000) sólo – y no es menor- un 35 por ciento.

A la vez, la misma encuesta revela que una de las razones importantes de preocupación para el 58% de los  republicanos encuestados respecto a este tema está asentada que proviene de entornos étnicos que no les gusta; en tanto un 43%  la apoya circunscripta a las ciudades o estados de “santuario”.

Los guarismos señalan que los jóvenes republicanos son notablemente más moderados respecto a la migración que las personas de mayor edad de ese partido, y consecuentemente menos entusiastas respecto tanto a las narrativas políticas del Partido Republicano sobre el tema o del Partido demócrata para seducir su voto.

Solo el 33% de los republicanos de la Generación Z “fuertemente” acordaron que la migración ilegal es injusta para los inmigrantes que vienen legalmente, frente al 70% en las generaciones mayores.

Solo el 28% de la Generación Z asintió firmemente que el carácter de los migrantes es peor hoy que hace 50 años y el 63% dijo que la migración ilegal es un problema para las comunidades estadounidenses, en comparación con el 39% de los demócratas de la Generación Z. Y, el 61% de los republicanos de la Generación Z creen que la migración ilegal está vinculada a los picos de delitos, en comparación con el 45% de los demócratas de la Generación Z.

En tanto la encuesta muestra que los republicanos más jóvenes pueden no ser comprados por completo, entre las preocupaciones del electorado latino está la economía y el aumento en el costo de vida, un tema que Biden aborda con distinto tipo de programas que buscan generar alivios y oportunidades. Sin embargo, gran parte del mensaje de campaña de reelección del presidente se ha centrado en “salvar la democracia”, algo que parece lejano para la mayoría del electorado latino.

De acuerdo a The Hill , otro problema que Biden debe considerar es el crecimiento de Robert F. Kennedy Jr. Si el candidato que rompió con los demócratas aparece en las boletas electorales en estados cambiantes y decisivos como Nevada y Arizona puede convertirse en un factor que debilite a Biden en donde se define la elección. Equis Research, un grupo demócrata, reveló una investigación a principios de este mes que mostraba que Kennedy ganaba el apoyo de 1 de cada 5 votantes latinos.

AGB

El presidente mexicano de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pudo celebrar el 15 de diciembre la apertura del primer tramo del Tren Maya,  llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta la localidad de Medias Aguas del Estado de Veracruz con el puerto de Salina Cruz del Estado de Oaxaca. “Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros”, declaró ese día durante su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en Oaxaca con motivo de la inauguración de la obra.

De acuerdo con el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Angeles, director del CIIT, este tramo comprende 227 km de vía, con una capacidad de carga de hasta 5 mil toneladas por viaje, con hasta 65 vagones y 270 contenedores, recorre 4 estados, 115 municipios y más de 9 mil localidades. Y  suma, la rehabilitación de las estaciones Salina Cruz, Ixtepec, Mogoñé y Medias Aguas, y la construcción  de las  Chívela y Donají

Un megaproyecto personal del presidente AMLO

El Tren Maya, también llamado Transístmico por su prevista  conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala,  fue anunciado por el presidente AMLO (AMLO) en diciembre de 2018  como un proyecto para “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”. El megaproyecto,  que supone  una inversión de al menos 30 millones de dólares, implica la construcción de un circuito ferroviario de 1.554 km, conectando ciudades, pueblos y sitios turísticos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En su recorrido se encuentra la presencia de los pueblos maya,  yucateco, ch’ol, tseltal, tsotsil, y otros.

El tren, con 19 estaciones y 15 paraderos, servirá para el turismo, transporte de mercancías y desplazamiento local. De sus siete tramos, cuya inauguración se ha previsto en tres fases, la primera, de Campeche a Cancún, se cumplió el 15 de diciembre. Restan  la segunda, de Cancún a Palenque, el 31 de diciembre; y la tercera, para el recorrido completo, el 29 de febrero de 2024.

El Tren Maya, ¿un tren militar?  

Desde su inicio en el 2018, el  Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) había sido designado  como encargado del megaproyecto. Sin embargo,  a partir de febrero de 2022 como fue anunciado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se quedó a cargo  de las tareas operativas y administrativas del tren, sus estaciones y paraderos, mediante la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica (OMM), que  también opera en la Mexicana de Aviación, once aeropuertos nacionales y seis hoteles a lo largo de la ruta del Tren Maya..

El protagonismo concedido por AMLO a las FFAA no ha dejado de suscitar críticas observaciones sobre los proyectos que llevan a cabo. “Entre 2006 y 2021, casi 250 tareas gubernamentales, que antes eran gestionadas por autoridades civiles, fueron transferidas al Ejército después de que López Obrador llegara al poder hace cinco años” señala el Frankfurter Allgemeine Zeitung . El diario alemán de Frankfurt, capital de las finanzas europeas, precisa en estos términos su interpretación: “el presidente nacionalista de izquierdas aumentó el presupuesto militar y transfirió amplias tareas de seguridad, construcción y administración al ministerio de Defensa y a la Marina. El Ejército gestiona ahora instituciones y proyectos con una facturación anual de dos dígitos de miles de millones de dólares, incluida la administración aduanera del país, que recauda unos 60.000 millones de dólares al año. El Ejército también construirá y explotará dos acueductos, un nuevo aeropuerto y varios hoteles. También se le ha encargado la construcción de 2.700 sucursales del estatal Banco de Bienestar en todo el país”.

Al transferir a las FFAA  tareas y proyectos que deberían ser llevados a cabo por personas e instituciones civiles, AMLO logró cumplir con  éxito la puesta en marcha del Tren Maya,  de manera  rápida y poco burocrática. Sin embargo, la influencia de los militares en el Estado y la política se ha hecho tan fuerte que la evolución difícilmente pueda revertirse, a pesar que el primer mandatario en la celebración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, lo haya negado:   “Pese a lo que sostienen nuestros adversarios (políticos), la mayor participación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarismo, o militarización del país; por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército”.  

El Tren Maya, emblema del sexenio en que gobernó MORENA

El tren se enlazará con otros actuales proyectos federales, como la nueva refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que busca lograr el autoabastecimiento energético nacional. Otro, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico por ferrocarril, ofreciendo diez parques industriales a lo largo del corredor con incentivos fiscales para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

La importancia del Tren Maya compromete proyectos energéticos, industriales, de infraestructura turística y de comunicaciones  cuyo potencial puede  transformar radicalmente el territorio en sus dimensiones sociales, culturales, demográficas, económicas y ambientales.   Con todo, y a causa de todo, se abren los interrogantes sobre quiénes serían los principales beneficiados por estas transformaciones; y si es razonable la distribución social de riesgos y oportunidades.

La materialización del megaproyecto  ha generado polémica por los cambios en el trazo; el riesgo de colapso por las condiciones del suelo kárstico en el tramo 5; inconsistencias en el requisito fundamental de la Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA); la inadecuada consulta indígena; vulneración del patrimonio arqueológico; casos de  denuncias de fraude en las negociaciones con ejidatarios; dudas sobre su viabilidad económica; el progresivo aumento de los costos constante;  conflictos  sindicales y partidistas en contratos de construcción; la construcción del tramo 5 Norte, 6 y 7 y la operación a cargo de la SEDENA; el desacato de resoluciones judiciales y su blindaje según palabras del propio AMLO como asunto de “interés público y de seguridad nacional”.

Una región dibujada, y desdibujada

Los cuidados de protección a lo  ambiental, social y legal cedieron ante la coyuntura política partidista. La administración de AMLO parece haber previsto que la culminación de esta obra emblemática contribuye y muy fuertemente como  respaldo político al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a la candidata presidencial del partido, Claudia Sheinbaum Pardo, en la elección del 2024.

El futuro, que había prometido  AMLO -“se inaugurará en diciembre llueva, truene o relampaguee” -,  se ha cumplido en parte;  como se sabe la infraestructura en su totalidad está aún incompleta, y con la nueva administración federal se iniciará un nuevo periodo político. Acaso  una  última oportunidad para la voluntad de actores civiles, que ofrecieron no poca resistencia. 

Detalla el diario de Munich Süddeutsche Zeitung “Hubo repetidos intentos de detener la construcción; se presentaron objeciones, se organizaron manifestaciones, artistas y celebridades se opusieron públicamente al proyecto. Hubo resistencia no sólo en México, sino también en Europa, ya que empresas como la francesa Alstom participaron y siguen participando en el Tren Maya, al igual que (la red ferroviaria alemana) Deutsche Bahn. Hubo incluso ataques a sus trenes por parte de activistas”.

Sin embargo, como se ha visto, la sola voluntad de la sociedad civil no basta. Y pareciera que  todos los esfuerzos fueron en vano. El futuro por venir dirá.

AGB

La administración del presidente demócrata Joe Biden reinició con violencia y eficacia la deportación express de migrantes venezolanos desde EEUU hasta su país natal. La implementación de la medida, que permite a las autoridades estadounidenses realizar vuelos directos de deportación, no solo afecta a los venezolanos que aún no han cruzado la frontera sino también a cientos de ellos  procesados en territorio estadounidense. Al récord de migración no autorizada en la frontera entre EEUU y México, cuyo mayor grupo es venezolano,  se une  la presión creciente de los republicanos para lentificar la migración ante un Biden que busca en 2024 su reelección

El jueves 5 de octubre, la Casa Blanca  informó “que los ciudadanos venezolanos que crucen ilegalmente la frontera serán procesados y si se descubre que no tienen base legal para quedarse serán repatriados de vuelta a Venezuela”.  Y  declaró que en los próximos días se expulsará a migrantes venidos de Venezuela que carezcan de base legal para su permanencia.

Los migrantes de Venezuela entre la protección temporaria y la expulsión eterna

En septiembre 2023, Washington otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS), que significa status legal y permiso de trabajo, a 470 mil de venezolanas y venezolanos que ingresaron al país hasta el 31 de julio 2023, en principio por 18 meses. Este ‘beneficio’ es otorgado a quienes dejan sus países por problemas de DDHH o violencia.  El Departamento de Seguridad Interior señaló que la decisión de Biden se debió a que existen “condiciones extraordinarias” que no permiten la devolución segura de los venezolanos a su país.

La decisión respondía a uno de los reclamos de varios alcaldes del país, cuyas ciudades  encuentran los albergues saturados por la llegada de numerosos inmigrantes. Los demócratas de Nueva York, Denver y algunas ciudades de California, habían pedido agilizar los trámites para que los inmigrantes pudieran trabajar y encauzar  su camino dentro del país. Principalmente,  mostraba el cumplimiento de una de las promesas de campaña del cristiano y demócrata  Biden que lograba así  diferenciarse sustancialmente de las políticas migratorias del ex presidente republicano Donald Trump.

Anteriormente, en octubre 2022 el Departamento de Seguridad Nacional  había impuesto   un “nuevo proceso de control migratorio”, que detuvo  el   ingreso de nuevos migrantes venezolanos que entre enero y septiembre de 2022 alcanzó la cifra de 130.511 personas, al exigir  un patrocinador en el país que los aloje y pueda pagar sus gastos durante dos años.

Parejamente a la reciente ampliación de estas vías legales para las personas que llegan, se han adoptado medidas enérgicas contra quienes  cruzan ilegalmente la frontera por México sin tener cita con las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Particularmente,  los 7. 3 millones de  migrantes venezolanos que en su gran mayoría se estableció en los países vecinos de América Latina, y en los últimos tres años muchos se dirigieron a EEUU, a través de la peligrosa selva del Tapón de Darién entre Colombia y Panamá.

Washington responde de esta manera a los números récord de cruces ilegales que el Departamento de Seguridad Interior documentó en agosto. Las autoridades detuvieron entonces a 91.000 inmigrantes que hicieron el viaje con algún miembro de su familia. Fue la cifra más alta registrada en cuatro años.

No sólo preocupa el aumento de la migración en la frontera entre EEUU y México, cuyo grupo  más importante es el venezolano,  sino también  la presión creciente de los republicanos para lentificar la migración ante el presidente demócrata Biden que busca en 2024 su reelección.

La construcción de un nuevo Muro más alto y más fuerte para separse mejor de México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia diaria de noticias informó que su gobierno ha reiterado en las conversaciones, que mantuvieron con altos funcionarios estadounidenses, su posición de que debería haber inversión para estimular el desarrollo en los países que los migrantes dejan. “La gente no abandona sus ciudades porque quieren, sino por necesidad”, sostuvo AMLO quien criticó fuertemente que  la administración Biden el miércoles 4 de octubre renunció a 26 leyes federales en el sur de Texas para permitir la construcción de una valla fronteriza de 32 km en la frontera con México.

Anteriormente, AMLO  había elogiado a Biden por no construir más muros fronterizos durante su presidencia como sí lo había hecho su predecesor el republicano Trump, quien había sancionado el llamado Título42, medida sanitaria en tiempos de pandemia y es el favorito para enfrentar a Biden en las próximas elecciones. La norma permitía expulsar rápidamente a los inmigrantes que llegaban de manera ilegal. El gobierno demócrata dejó la medida en vigor durante dos años y la usó como una herramienta para agilizar la gestión de la frontera. Con su extinción se produjo un aumento considerable de la migración.

En agosto, la Patrulla Fronteriza de EEUU realizó 181,509 arrestos en la frontera mexicana, un 37% más que a partir de julio, poco cambió desde agosto de 2022 y muy por debajo de los más de 220,000 en diciembre, según las cifras publicadas en septiembre. EEUU ha tratado lograr que los países más allá del Río Bravo presten mayor colaboración. En abril, EEUU, Panamá y Colombia anunciaron una campaña para ralentizar la migración a través de la traicionera brecha del  Darién. Sin embargo,  la migración a través de la jungla solo se ha acelerado y se espera que se acerque a unas 500,000 personas este 2023.

Entre guiñarle el ojo a Nicolás Maduro y soltarle la mano a Juan Guaidó

En Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro informó  que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada. “La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegitima y reñida con el derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagradas en la Carta de Naciones Unidas”, señaló la cancillería venezolana en la red social X, antes llamada Twitter.

Aunque la economía de Venezuela mostró algunos signos de recuperación, gracias en gran parte a una dolarización de facto, las empresas una vez más están cerrando sus puertas mientras la inflación ronda el 400 por ciento. Muchos venezolanos dependen de las remesas del extranjero para comprar productos básicos como alimentos y medicinas. La gestión de Biden ha aliviado sólo ligeramente una campaña de “presión máxima” de sanciones y otras medidas impuestas por Trump contra el gobierno del presidente Maduro, entre ellas no reconocer su reelección de 2018. Y en su lugar, al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó en 2019.

En este horizonte de regreso a la patria, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el 5 de octubre que el Ministerio Público ha emitido una orden de arresto contra el expresidente del Parlamento Guaidó, exiliado en EEUU desde abril, a quien acusa de varios delitos, entre ellos la 'legitimación' de capitales. Es decir, lavado.

AGB

Más de un millar de personas llegaron en las últimas horas a la isla italiana de Lampedusa, donde este domingo la primera ministra italiana, Georgia Meloni, recibió la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambas presentaron conjuntamente un plan de respuesta europeo ante el recrudecimiento de la crisis migratoria que afecta a Italia.

La presión sobre Lampedusa se acentuó esta semana en la isla italiana tras la llegada de más de 10.000 migrantes en apenas tres días. De acuerdo con la Cruz Roja italiana, que gestiona el centro de acogida del puerto, todavía hay unos 1.500 migrantes esperando a ser trasladados en unas instalaciones que cuentan con capacidad para 400.

“Vine a Lampedusa para decir que la inmigración ilegal es un desafío europeo y requiere una respuesta europea”, declaró Von der Leyen al presentar junto a Meloni un plan de respuesta en coordinación entre las autoridades italianas y de la UE. “Es muy importante para mí estar aquí hoy” , insistió la presidenta de la Comisión, que retrasó este domingo su viaje a Nueva York, donde participará esta semana en la Asamblea General de la ONU

Meloni había escrito a última hora del viernes una carta a la presidenta de la Comisión, pidiéndole que visite la isla “para comprender personalmente la gravedad de la situación”. La primera ministra italiana también solicitó que se acelere inmediatamente la aplicación del acuerdo migratorio que Bruselas firmó con Túnez el pasado mes de julio y que incluía una ayuda macrofinanciera de más de 1.000 millones de euros.

Plan de cooperación entre las autoridades italianas y la UE

Ambas mandatarias presentaron conjuntamente un plan de 10 puntos para luchar contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo y enfatizaron su intención de luchar contra las redes de trata de personas. La colaboración entre Italia y la UE abarcará desde un mecanismo de solidaridad para acoger a migrantes llegados a Lampedusa en otros países europeos, actualizar la ley europea contra el tráfico de personas y definir nuevos corredores humanitarios legales y seguros.

Von der Leyen insistió junto a Meloni en que la UE se encuentra ante “una oportunidad” de finalizar la lucha contra la inmigración ilegal y reforzar las opciones de asilo. “La inmigración debe ser gestionada”, dijo la presidenta, “y solo podremos hacerlo de manera conjunta”.

“La situación actual demuestra la crueldad de los traficantes, los engañan, se quedan con su dinero y hacen que arriesguen sus vidas”, declaró Von der Leyen. “Estamos hablando de crimen organizado y podemos acabar con ello”.

La presidenta de la CE aseguró que la agencia de asilo europea “está lista para reforzar sus acciones para ayudar a Italia” e insistió en que rechazarán aquellas solicitudes “que carezcan de justificación”. Según Von der Leyen, las vías de inmigración legal y los corredores humanitarios “son la forma de romper con el círculo vicioso de las redes ilegales de tráfico de personas”.

Meloni anunció en los últimos días un paquete de medidas para disuadir a los migrantes que traten de llegar de forma irregular a Italia, entre ellas, la de ampliar hasta los 18 meses, el máximo que permite la ley, el periodo de internamiento en los centros de detención de las personas que esperan la repatriación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó también a Meloni la solidaridad de su país y anunció que su ministro del Interior, Gérald Darmanin, viajará a Italia en los próximos días. Según la sede presidencial francesa, Macron y Meloni coinciden “en la necesidad de tratar este desafío con humanidad y de reforzar la cooperación al nivel europeo” a fin de encontrar “soluciones eficaces inmediatas y a más largo plazo para esta crisis”.

Italia pide a la ONU y al G20 un plan internacional para contener la presión migratoria

El ministro de Exteriores italiano y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, pidió esta semana que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el G20 se impliquen junto a la Unión Europea para abordar el problema migratorio a nivel global. La petición de Tajani llegó días antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Ni siquiera Europa por sí sola es suficiente para abordar un problema tan enorme, que afecta no sólo a casi toda África, sino también a la afluencia procedente de la ruta de los Balcanes. Por eso hemos implicado a las Naciones Unidas y al G20”, declaró Tajani al diario 'Il Corriere della Sera'.

Según el jefe de la diplomacia italiana, el Gobierno trabaja en una “gran conferencia internacional que debe ser el inicio de un verdadero proceso de estabilización del Sahel”. Tajani afirmó que el Ejecutivo italiano “hace todo lo humanamente posible”, pero la “acogida de inmigrantes irregulares pesa enteramente” sobre Italia con “enormes costos”.

La ONU pide más solidaridad y coordinación

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidieron más apoyo y solidaridad a la Unión Europea ante la presión migratoria que sufre Italia. “Siguen siendo necesarios mecanismos coordinados de búsqueda y rescate, pero también una mayor solidaridad europea hacia los países de primera llegada”, reclamó Unicef en un comunicado emitido esta semana.

“La situación puede abordarse recurriendo a un mecanismo de desembarco que implique el uso de embarcaciones de mayor capacidad que puedan aliviar la presión sobre Lampedusa para sacar a las personas rescatadas de otras zonas de desembarco”, apunta Acnur. Aunque tales medidas requerirían el “apoyo oportuno” de la Unión Europea y “responsabilidad compartida” con los países de llegada.

Un nuevo rescate

Al margen de la crisis política, los migrantes siguieron llegando a Lampedusa, aunque en menor número que las jornadas anteriores. Este sábado, los guardacostas atendieron a una mujer que dio a luz a su hijo mientras trataba de cruzar el Mediterráneo en la noche sobre una barcaza con otras cuarenta personas. Cuando llegó el rescate, los guardacostas se encontraron al recién nacido muerto y su madre necesitó de asistencia médica.

El cuerpo del bebé fue colocado en un pequeño ataúd y trasladado inmediatamente al cementerio de Lampedusa, según informaron los equipos de rescate, mientras que la madre, quien fue asistida por el resto de pasajeros de la barcaza en cuanto empezó a sentir contracciones, fue trasladada a un centro médico.

La Cruz Roja italiana, que gestiona el centro de primera acogida de la isla, aseguró que sus voluntarios “siguen garantizando incesantemente las necesidades básicas” de los migrantes, a pesar de que sus instalaciones cuentan con una capacidad para 400.

El buque Geo Barents, de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), también rescató este sábado a más de 330 migrantes que trataban de cruzar el Mediterráneo central. El navío humanitario completó hasta ocho operaciones de salvamento en un solo día y se encuentra en contacto con las autoridades italianas para realizar operaciones de rescate, según indicó la organización en un comunicado.

En lo que va de año desembarcaron en Italia 127.207 inmigrantes, casi el doble que los 66.237 del mismo periodo del 2022 y el triple que los de 2021 (42.750), según datos del Ministerio del Interior actualizados este sábado.

“En el desierto, si mueres, tu cuerpo no flota como ocurre en el Mediterráneo, sino que el viento y las dunas lo devoran. Todo acaba ahí”. David Yambio, cofundador de Refugees in Libya, habla desde la experiencia cuando explica lo que supone atravesar el Sáhara, un trayecto de siete días en su caso en el que “sólo unos pocos sobrevivieron” y que aún pesa en el recuerdo de su ruta hasta alcanzar Europa.

Tras siete años y cinco intentos para cruzar el Mar Mediterráneo, este joven que huyó de la guerra civil de Sudán del Sur sigue manteniendo que “el desierto es más letal que el mar”.

No existen cifras exactas de decesos en esta ruta migratoria que demuestren su enorme mortalidad. El proyecto de Missing Migrants de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) documentó las muertes de 5.775 personas en esta ruta desde 2014, una cifra no tan elevada comparada con los 27.676 migrantes fallecidos en el Mediterráneo registrados en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, muchos expertos consideran que el número de muertes en el Sáhara es mucho mayor, como explica Andrea García Borja, analista de datos del proyecto: “La mayor parte de los incidentes registrados involucran el fallecimiento de una o dos personas en zonas remotas. Es bastante probable que otros incidentes no sean identificados y que esas muertes no se contabilicen en los registros”.

La principal diferencia a la hora de recopilar datos del Sáhara frente a los que se obtienen en el Mediterráneo está en “el número de actores presentes en estas dos regiones que pueden servir como fuente de información para el registro de fallecimientos”. “En el mar hay información en los puntos de salida en la costa africana y en el sur de Europa. Además, hay guardacostas, barcos civiles, aeronaves… que responden a los casos de emergencia. Ninguno de ellos está presente en el desierto, por lo que las fuentes de información son muchas menos”, indican desde Missing Migrants.

La foto de la vergüenza

A pesar de lo limitada que resulta la documentación de muertes sobre el terreno, el último mes marcó un punto de inflexión. Según la ONG Human Rights Watch, las autoridades de Túnez expulsaron y abandonaron en el desierto a cientos de migrantes subsaharianos y muchos de ellos han muerto deshidratados.

Esta actuación por parte del país árabe, tras meses de estigmatización de los migrantes subsaharianos, coincide con la firma de un acuerdo millonario entre Túnez y la Unión Europea para contener las migraciones irregulares en el Mediterráneo. La UE destinará 105 millones de euros exclusivamente para luchar contra el tráfico de personas en el marco de un paquete de ayuda para el Gobierno tunecino de más de mil millones.

A mediados de julio, el presidente de Túnez, Kais Said, negó que su país dé un trato inhumano a los migrantes, pero declaró que “se niega a ser una tierra de tránsito o de asentamiento”. Pese a las palabras del mandatario, pronto circularon varias imágenes de cuerpos sin vida en la frontera entre Túnez y Libia. En una de las fotografías más compartidas aparecen una madre y una niña: dos personas anónimas que sucumbieron a la crueldad del desierto.

Cuando esa instantánea llegó a manos de Yambio, se convirtió en algo personal. El activista necesitaba demostrar “que eran personas, con una vida, un rostro, una familia y una historia”. Los vínculos que Refugees in Libya creó con la comunidad africana le permitieron indagar sobre la identidad de las fotografiadas hasta descubrir que los cuerpos pertenecían a Matyla Dosso y a su hija de seis años, Marie. No obstante, el marido de Matyla, con quien habían sido abandonadas en el Sáhara, no estaba junto a ellas. 

Yambio no tardó en localizar a Mbengue Nyimbilo Crepin, más conocido como Pato, quien compartió con él todo lo que había sucedido: “Maty llegó a Libia en 2016, igual que yo. Nos conocimos en un campamento en Qarabulli, durante un viaje de preparación para Italia, y estuvimos juntos hasta su muerte”, le explicó este hombre que había abandonado su Camerún natal después de que su hermana mayor muriera en los enfrentamientos entre secesionistas anglófonos y el Ejército.

Durante siete años, el matrimonio intentó cruzar el Mediterráneo cinco veces, hasta que el pasado julio decidieron escapar de Libia a Túnez con la esperanza de que su hija tuviera acceso a una educación, algo que había sido imposible ofrecerle en el primer país.

El plan no salió según lo esperado y los tres fueron abandonados en pleno desierto con aproximadamente otras 30 personas y sin agua. Pato cuenta como, exhausto y a punto de perder la consciencia, se rindió y pidió a su familia que le dejasen atrás: “Ya no tenía más fuerzas y sabía que para mí se acababa ahí porque apenas podía respirar”.

En busca de su familia

Cuando ya no tenía esperanzas de sobrevivir, un grupo de sudaneses lo encontró, le ofrecieron ayuda y le acompañó hasta Libia, donde planeaba reencontrarse con Matyla y Marie, pero solo halló su fotografía.

La misión de Pato ahora es encontrar la manera de llevar los cuerpos de su familia a Costa de Marfil, el país de origen de Matyla. El proceso de repatriación es largo y costoso, por eso Yambio organizó una recaudación de fondos, pero ahora el mayor obstáculo es que ambas ya fueron enterradas en algún lugar de Trípoli, la capital de Libia, lo que complica aún más su traslado.

“Estamos haciendo todo lo posible por contactar con las autoridades y con las organizaciones humanitarias”, señala el activista, para quien la prioridad actual es que Pato tenga la oportunidad de “ser humano”: “La idea del crowdfunding era repatriar los cuerpos, pero también está pensado para que él pueda tener una vida, porque no puede volver a Camerún”.

La carrera de obstáculos que supone localizar y repatriar los cadáveres de los migrantes que desaparecen en medio del desierto afecta cada día a muchísimas familias. No existe ningún procedimiento al que recurrir y “no pueden ir al desierto y ponerse a buscar”, como apunta Yambio.

En estas circunstancias, muchos de los afectados piden ayuda a uno de los pocos actores presentes sobre el terreno, Alarm Phone Sahara (APS). Esta organización opera desde Níger, Malí, Burkina Faso, Togo, Marruecos, Alemania y Austria con el objetivo de documentar y sensibilizar sobre lo que realmente le ocurre a los migrantes que atraviesan el desierto.

APS surgió imitando a la ONG Alarm Phone, una línea de teléfono que recibe llamadas de emergencia de los migrantes en peligro en el Mediterráneo y que, a su vez, alerta a las autoridades y a las ONG de que vayan a rescatarlos. Sin embargo, pronto comprendieron que esta misma metodología no es aplicable en el Sáhara: “Nos dimos cuenta de que existen diferencias entre la realidad del mar y la del desierto. En el desierto muchas áreas no tienen ningún tipo de cobertura móvil”, señala Moctar Dan Yayé, portavoz de APS en Níger, quien explica que fue esto lo que les llevó a crear una red de voluntarios.

Una ruta cada vez más peligrosa

Los colaboradores de APS son personas que patrullan el desierto localizando, ayudando e informando sobre la situación de aquellos que están en peligro. “Lo peor que te puede pasar en el Sáhara es perderte o que se te estropee el coche”, dice Dan Yayé, que mantiene el recuerdo de cuando esta ruta migratoria no estaba criminalizada y el riesgo de morir era mucho más limitado: “Antes de 2015 la gente podía ir en coche desde Níger a Argelia o a Libia, pero ahora tienen que utilizar rutas mucho más peligrosas”.

Cuando huyen de las patrullas militares, muchos de los conductores se pierden o acaban por abandonar a las personas que transportan para buscar un camino que no esté vigilado y estos acaban muriendo mientras esperan en medio de la nada.

Lo primero que sientes cuando llegas al desierto es una gran ‘ausencia de vida’. Sientes calor, sed, angustia y hambre. Sientes miedos que son imposibles de superar

David Yambio — Cofundador de Refugees in Libya

En 2015, Níger aprobó una ley contra el tráfico de personas que implantó con el apoyo financiero de las instituciones europeas y de algunos Estados miembros. Los medios que los migrantes usaban para moverse, que habían operado con normalidad hasta entonces, fueron repentinamente criminalizados.

Una investigación reciente de Border Forensics demuestra a través de un análisis geoespacial que, desde que existe esta norma, un mayor número de vehículos circula en zonas donde las condiciones son cada vez más peligrosas, cruzando lo que el estudio denomina como el umbral de la deshidratación. “Incluso antes de alcanzar un estado de deshidratación fatal, cualquier persona alcanzaría un grado de deterioro cognitivo que le desorientaría y limitaría su capacidad de toma de decisiones”, explica el informe.

La información que tenemos sobre las temperaturas, la deshidratación y las rutas que recorren el desierto nos permiten hacernos una ligera idea de lo peligroso que puede ser atravesarlo. Sin embargo, David Yambio sostiene que las amenazas a las que te enfrentas en el Sáhara no las puedes imaginar “hasta que lo experimentas tú mismo”.

“Lo primero que sientes cuando llegas al desierto es una gran ‘ausencia de vida’: no hay refugio, no hay árboles, no hay sombra, no hay absolutamente nada. Lo único que puedes ver son las dunas, atravesadas por un viento violento que te recorre todo el cuerpo. Sientes calor, sed, angustia y hambre. Sientes miedos que son imposibles de superar”.

Los cientos de miles de personas que tratan de cruzar cada año el Río Bravo, el último tramo de la ruta migratoria más mortal hacia Estados Unidos, enfrentan una infinidad de peligros. En sus fuertes e impredecibles corrientes, contaminadas por aguas residuales y cargadas con plantas y restos de objetos, se ahogan cada año más de 200 migrantes. A ello se le suma la agresiva política millonaria impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien está desafiando los límites de la ley federal con su instalación de concertinas, la creación de una patrulla fronteriza estatal y la deportación de migrantes mediante autobuses hacia estados demócratas.

A estos obstáculos, se les ha añadido este fin de semana un nuevo peligro: el Gobierno de Texas ha comenzado a instalar un muro flotante en el Río Bravo para evitar el paso de migrantes indocumentados. Esta barrera estará conformada por decenas de boyas gigantes, de entre 1,2 y 1,8 metros, ancladas al fondo del río y unidas bajo el agua por un conjunto de redes. En total, la operación está valorada en más de un millón de dólares. El sábado se colocó el primer tramo de 300 metros en Eagle Pass, que hace frontera con la ciudad mexicana de Piedras Negras. En esta zona, la segunda con mayor entrada de personas, la patrulla fronteriza identificó el pasado año hasta 270.000 encuentros con migrantes que habían cruzado el río hacia EEUU.

En lo que llevamos de año, 44 migrantes han muerto ahogados en Eagle Pass, según datos de la policía de Texas. Organizaciones de derechos humanos denuncian que este muro flotante añadirá una capa más de peligrosidad al cruce fronterizo. Según argumenta Amnistía Internacional, se transformará en más muertes ya que los migrantes, que siguen entrando al país en cifras récord tras la caída del Título 42, tratarán de cruzar el río de todos modos.

“Hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina en el Río Grande (río Bravo para la América hispanohablante)”, anunció el viernes Abbott a través de Twitter. Un día antes, tras firmar seis controvertidas leyes sobre inmigración ―incluida una que designa a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”―, el gobernador argumentaba: “Estamos garantizando la seguridad de la frontera en la misma frontera. Estas boyas nos permitirán impedir que llegue más gente”.

Abbott no hizo ninguna referencia al riesgo que estas boyas supondrán para aquellos que intenten cruzar el río, así como a sus impactos medioambientales. Desde la llegada de las primeras boyas, activistas climáticos se han estado manifestando a ambos lados del río, denunciando el impacto que tendrán las redes submarinas sobre la fauna que lo habita. “Hay ciertos animales que se quedarán atrapados en estas redes y no podrán salir”, lamentó Tricia Cortez, la directora ejecutiva del Centro de Estudio Internacional de Río Grande.

El muro excede las competencias de Texas

La colocación de boyas en la frontera choca con un tratado firmado en 1970 entre EEUU y México “para mantener al Río Bravo como frontera internacional”. En él, ambos países firmaron que deben estar de acuerdo si uno de los dos quiere construir una estructura que pueda afectar al cauce del río. Una aprobación que, al igual que ocurrió con la ampliación del muro de Donald Trump, no ha recibido el beneplácito de México.

En este sentido, la Comisión Federal de Límites y Aguas Internacionales (IBWC, en inglés), cuya jurisdicción incluye la supervisión de los tratados entre EEUU y México, dijo en un comunicado que está “estudiando” las acciones de Texas “para determinar si afectan a los tratados de delimitación de la frontera, control de inundaciones y distribución del agua, lo que incluye el Río Grande, y de qué manera”.

La instalación de boyas también choca con la ley federal, pues sobrepasa las competencias de los estados en materia migratoria. Según recordó Karine Jean-Pierre, “la aplicación de las leyes de inmigración compete a las autoridades federales y los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en ellas. Especialmente el gobernador de Texas, Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”.

Demanda civil de un propietario de canoas

El plan del ultraconservador Abbott ya ha recibido su primer revés legal. Jessie Fuentes, propietario de la empresa Epi's Canoe and Kayak Team, que ofrece tours por el Río Bravo en la zona de Eagle Pass, presentó una demanda contra el Estado y las autoridades de Texas relacionadas con la instalación de estas boyas. Alega que este muro dañará su negocio ya que limitará el acceso al río, imposibilitando la realización de sus tours.

Además, “va en detrimento del caudal del río, de su ecología, de la fauna y la flora. Todos los aspectos de la naturaleza se ven afectados cuando se introduce algo que no pertenece al río”, dijo Fuentes. Su abogado, Carlos Flores, aseguró a AFP que el gobernador “no tiene la autoridad legal” para instalar estas boyas, que asegura que “tendrán que ser retiradas por orden judicial”, ya que no tienen la autorización de las entidades federales.

“Nos veremos en los tribunales”, respondió, desafiante, Abbott a través de Twitter: “Esto va a llegar al Tribunal Supremo. Texas tiene el derecho constitucional de asegurar su frontera”. En la demanda de Flores no entra solamente el gobernador: también Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la Guardia Nacional de Texas y el Departamento Militar.

La última tragedia en el mar Mediterráneo, donde se hundió el miércoles un pesquero con cientos de migrantes a bordo, es una tragedia anunciada y, probablemente, no será la última porque no existen políticas ni mecanismos de la Unión Europea (UE) en su conjunto o de los países de destino para prevenir los naufragios de aquellos que intentan alcanzar el continente huyendo de la miseria, la violencia o la persecución.

El hundimiento del pesquero frente a las costas de Grecia es el más mortífero ocurrido en aguas de ese país en lo que va de año y podría ser uno de los mayores que se han registrado en los últimos años, si se confirma que a bordo viajaban más de 700 personas. Pocas más de cien fueron rescatadas con vida y, además, la Guardia Costera griega pudo recuperar 78 cuerpos de los náufragos, pero se teme que muchos más se hayan hundido en una zona profunda del mar Jónico.

Tras el naufragio, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, admitió que la gestión migratoria está fallando y que es necesario “llegar a un acuerdo sobre un enfoque global y coherente” desde las instituciones comunitarias. “Hay que trabajar con los Estados miembros para garantizar que contamos con operaciones y medidas operativas lo más eficaces posibles”, defendió, antes de asumir que hasta el momento han fracasado: “¿Ya lo hemos conseguido? Está claro que no. El trabajo debe continuar y eso es lo que estamos haciendo”.

El naufragio tuvo lugar justo en el tramo final del debate sobre el Pacto de Migración y Asilo que a la UE se le resiste desde hace casi más de una década. La intención es que se culmine antes de que termine el año, bajo la batuta de la presidencia española. Los 27 parten de la “solidaridad obligatoria flexible” que pasa por una reubicación de 30.000 refugiados que los estados podrán sortear pagando 20.000 euros por cada persona rechazada.

Hungría y Polonia ya advirtieron que no cumplirán ese acuerdo y la Eurocámara, por su parte, es más ambiciosa y rechaza la 'solidaridad a la carta'. Esa negociación no incluye a priori nada relativo a las operaciones de salvamento marítimo, que las ONG que operan en el Mediterráneo consideran fundamentales para salvar cientos de vidas. Mientras la UE no impulsa un mecanismo de auxilio a nivel europeo, también obstaculiza aquellos lanzados por las organizaciones para llenar el hueco dejado por las instituciones, al tratar de frenar sus misiones de rescate.

Desde la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), Riccardo Gatti, jefe de rescate del barco Geo Barents, dice a elDiario.es que la última tragedia del Jónico “era previsible y evitable” pero es una consecuencia de “las políticas europeas de rechazo y de falta de cuidados hacia las personas”.

“Estas personas han muerto porque no se les ha rescatado” afirma Gatti, quien agrega que no fue por omisión: “No rescatarles es una decisión”. El jefe de rescates de MSF se encuentra a bordo del Geo Barents, que actúa en el Mediterráneo Central, una de las rutas migratorias más transitadas y donde se produjeron los peores naufragios de los últimos años.

Ignorar a las ONG de rescate

“Conocemos las condiciones de estos barcos y, aún así, no se puso en marcha un operativo de rescate” para el pesquero que se terminó hundiendo. Explica que el mismo Geo Barents estaba cerca de Sicilia y que podría haber acudido al rescate de los migrantes si “se lo hubieran pedido, pero nadie avisó” a los barcos más próximos para que intervinieran. 

Gatti denuncia que las políticas europeas “obstaculizan y criminalizan a los barcos de las ONG”, como el de MSF, y que las autoridades de los países del sur de Europa y la propia Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) no comparte las coordenadas de los barcos en apuros ni colaboran con estas organizaciones que desempeñan un papel fundamental.

“Frontex no nos informa, ni siquiera si estamos cerca (del barco que necesita ayuda). Informa antes a las autoridades competentes, como las de Libia o Malta”, denuncia. Malta viene negándose a socorrer a los migrantes en sus aguas territoriales, mientras que las libias los interceptan y los llevan de vuelta por la fuerza, también en virtud de un acuerdo con Italia desde 2017, que autoriza a la Guardia Costera a devolver a los migrantes a Libia, donde son encerrados en centros de detención en los que la propia ONU documentó abusos y crímenes contra la humanidad.

En opinión de Gatti, que desde 2021 trabaja a bordo del Geo Barents y acumula más años de experiencia en otras ONG de salvamento, “ha habido un cambio muy grande desde 2019 en el mar: las operaciones de socorro y rescate han pasado a ser operaciones policiales” por parte de Frontex y de los países miembros.

En concreto, las autoridades italianas “han desmantelado el operativo de rescate y criminalizan cada vez más a los migrantes y las ONG” que los rescatan. Por ello, Gatti pide que se deje de “criminalizar a estas personas y a las ONG”, además de crear “un operativo de rescate institucional” desde la UE que se coordine con las organizaciones para salvar cuantas más vidas porque, en la mar, “todo el mundo en peligro debe ser rescatado”.

Desde la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recordaron en un comunicado conjunto que “la búsqueda y rescate en el mar es un imperativo legal y humanitario”. Además, señalaron que “la UE tiene que poner al centro de su actuación en el Mediterráneo la seguridad y la solidaridad”, porque “está claro que el actual planteamiento en el Mediterráneo no está funcionando”.

Las tragedias se repiten

Las tragedias se vienen repitiendo en el Mediterráneo ante la mirada impasible de Europa, cuyas políticas no evitaron tantas muertes, a las que los ciudadanos europeos se acostumbraron. El director de medios europeos de la ONG Human Rights Watch, Andrew Stroehlein, lamentó en un tuit que esas muertes son como los tiroteos masivos en Estados Unidos: “Siguen ocurriendo. Cada vez que ocurren, los políticos fingen estar preocupados. Y cada vez, los políticos mantienen las políticas gubernamentales que están en el origen del problema. Y siguen ocurriendo”.

Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 27.000 personas desaparecieron en el Mediterráneo desde 2014 y, en lo que va de año, más de un millar perdieron la vida en el mare nostrum.

El naufragio más reciente es el de Cutro, en el sur de Italia, a cuyas costas intentaban llegar decenas de inmigrantes el pasado mes de febrero: se sabe con seguridad que 80 murieron, sus cuerpos fueron rescatados o arrojados por las olas en la playa de esa localidad, que se convirtió en un símbolo de las políticas antinmigración del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.

Sin embargo, esas muertes no impidieron que se consumara otra tragedia a pocos meses de distancia. En los pasados años, cientos de personas murieron tras zarpar de Libia, con rumbo a Italia, uno de los países que, junto a Grecia, recibe más migrantes a través del mar. En octubre de 2013, la muerte de más de 300 personas frente a la isla de Lampedusa conmocionó a las autoridades europeas. Sus declaraciones y lamentos parecían augurar un antes y un después en las muertes del Mediterráneo. Pero nunca lo fue.

En abril de 2015, unas 850 personas desaparecieron en aguas del Canal de Sicilia, según la Fiscalía italiana. Dos meses antes, otras 300 murieron en ese mismo lugar, 29 de ellas por hipotermia y el resto al naufragar las barcazas en las que viajaban desde Libia. En octubre del año anterior, 360 migrantes fallecieron en el naufragio de su embarcación antes de alcanzar la isla de Lampedusa (Italia).

Desde principios de 2023, aumentaron considerablemente los barcos que zarpan desde Túnez. El pasado día 11, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con Meloni y el presidente de Países Bajos, Mark Rutte, viajaron a ese país para sellar un acuerdo en materia migratoria, con el objetivo de que la dictadura de Kais Said haga de policía en las fronteras sur del Mediterráneo a cambio de mil millones de euros, de los que 105 son ayudas directas sin necesidad de devolución.

Siguiendo la misma estrategia y los mismos programas que puso en práctica en Libia, la UE financia y apoya instituciones poco democráticas, como las autoridades y guardacostas libios, para que eviten la salida de los migrantes o los intercepten en el mar y los devuelvan al país, incluso cuando los derechos de estas personas no están garantizados, como en el caso de Túnez, donde los migrantes subsaharianos sufrieron la persecución del Gobierno y de los propios ciudadanos.

Una señal de alarma

“El naufragio de Grecia es una nueva señal de alarma, por una parte, de la urgencia del problema migratorio y, por otra parte, de que la actual gestión de los flujos migratorios no está funcionando”, afirma a elDiario.es Lorena Stella Martini, del centro de investigaciones European Council on Foreign Relations.

Aparte de que no esté funcionando, “existe un problema que podríamos definir como 'burocrático', que dificulta intervenir en situaciones de emergencia, como la que se registró hace pocos días frente a las costas griegas”. En ese caso, “tanto las autoridades griegas, como Frontex así como las autoridades italianas sabían lo que estaba sucediendo y nadie actuó”, explica la investigadora desde Roma. Cree que esa actuación o falta de actuación manda un mensaje a los países del sur del Mediterráneo que “miran hacia Europa y ven la retórica europea en las palabras y en los hechos”. Es más, considera que la política migratoria europea afecta a su política exterior porque hace que los países de la orilla sur puedan “ejercer presión por al papel de guardián de los flujos migratorios para obtener concesiones por parte de países europeos”.

Martini dice que es necesario “cambiar la narrativa y el concepto de migración en Europa” y “cambiar el planteamiento de los países europeos hacia el Mediterráneo que siempre ha sido de emergencia y de seguridad”, como demuestra la decisión del Gobierno italiano, que declaró el estado de emergencia frente a la llegada de migrantes esta primavera. “Todo indica que los flujos migratorios irán en aumento en los próximos años y por tanto es necesario construir una política distinta”, señala la investigadora.

“A menudo no podemos hablar de la cuestión humanitaria frente a gobiernos que, como muchos en Europa, son cada vez más radicales y de derechas (...) sino que hay que ver la migración desde un punto de vista práctico: necesitamos esos trabajadores porque tenemos carencia de mano de obra, con unas poblaciones cada vez más envejecidas” en Europa, dice. Pero destaca que “ver la migración no como una amenaza sino como una oportunidad” conlleva “cultivarla con políticas de integración en los países de acogida”.

Mientras, en los países de origen, Europa “no puede sólo aprovechar los recursos” sino “crear las oportunidades para que los migrantes no quieran marcharse e, incluso, quieren quedarse”. Para ello, “se necesitan herramientas, financiación y mucho tiempo”.

A día de hoy, Martini propone trabajar en dos líneas: “poner las herramientas necesarias para evitar las tragedias en el mar Mediterráneo, que no podemos permitir que sucedan desde el punto de vista humanitario; e intentar trabajar en el medio y largo plazo con una política más sostenible, también desde el punto de vista económico y demográfico”.

FC