El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló el año pasado, brindó detalles sobre las tres posibles vías que el máximo tribunal podría tomar en relación con el fallo de la causa Vialidad que involucra a la exmandataria Cristina Kirchner.

En declaraciones a Radio Mitre, el exmagistrado desestimó categóricamente que pudiera hablarse de “proscripción” en el ámbito judicial.

La causa Vialidad ya había sido ratificada en segunda instancia por la Cámara de Casación. Para que la condena quede firme, únicamente resta la definición de la Corte Suprema. En caso de que el máximo tribunal ratifique la condena, la expresidenta debería cumplir una pena de prisión y sería inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Maqueda enfatizó que “la Justicia tiene sus propios tiempos para encontrar certeza en el tratamiento de una causa. No tiene nada que ver con los tiempos electorales”.

Asimismo, reconoció que la especulación entre la política y el periodismo es “lógica” en torno a estos temas. No obstante, aclaró que “desde la Corte Suprema de Justicia lo que priman son los tiempos para el tratamiento de la cuestión”.

En declaraciones radiales, el ex-juez se refirió a las declaraciones de Cristina Kirchner sobre una posible interpretación del fallo como “proscripción política”, afirmando que la exmandataria “puede decir lo que quiera”.

Maqueda explicó el procedimiento normal en la Corte y sostuvo: “Políticamente, yo creo que si ella ya avanzó un paso más allá que los demás candidatos, que tienen que esperar una fecha determinada en julio para saber si se presentan o no… Cristina Kirchner adelantó el tratamiento de su candidatura, generó una expectativa de tipo política y se adelantó a cualquier cosa que pueda expresar la Justicia. Son tiempos distintos: uno son los de la especulación política y otros los de la Justicia”.

Al detallar las opciones de la Corte, Maqueda indicó que la primera posibilidad sería que, si el máximo tribunal coincidiera con el procurador, “la causa tiene que volver a la instancia anterior”.

Explicó que el procurador había solicitado doce años de prisión, mientras que la condena actual para Cristina Kirchner era de seis años. En este escenario, la Corte “lo baja a la Cámara de Casación y le dice: ‘Resuelva lo de la asociación ilícita de acuerdo a lo que le está diciendo el procurador'”.

Como segunda opción, Maqueda precisó que, si la causa era considerada “de hecho-prueba” y de derecho común, la Corte estaría en condiciones de fallar rápidamente, apelando al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, lo que implicaría “confirmar la sentencia”.

La tercera alternativa presentada por el exjuez fue si la causa era de naturaleza “constitucional o, en el lenguaje técnico, una causa federal”. En este caso, Maqueda indicó que el expediente demandaría un estudio “mucho más profundo” y, por ende, llevaría más tiempo.

En ese contexto, Maqueda advirtió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberían alcanzar un acuerdo en la misma definición para que el fallo fuera efectivo. “Si no están los tres votos, tendrían que llamar a conjueces”, subrayó.

Consultado sobre la celeridad del proceso judicial, Maqueda aseguró que “está en un tratamiento normal de la Corte”.

Detalló que el caso “entró por lo que se denomina la mesa de entrada en tribunales, fue a la Secretaría, la Secretaría lo informó al Tribunal. El Tribunal decidió, como en todos los casos, enviarlo al procurador”.

Agregó que el procurador “mandó una propuesta que es sostener el doble de la condena que había expresado el Tribunal Oral y que también falló de la misma manera la Cámara de Casación y ahora la Corte está ante tres supuestos”.

Por último, el exjuez se refirió a las posibles objeciones políticas que podrían surgir tras el fallo de la Corte Suprema, señalando que “en la política se objeta todo”. Concluyó que, a pesar de las especulaciones sobre “proscripción y cosas por el estilo, esto no tiene nada que ver con una proscripción política”.

MU con información de la agencia NA

El exmiembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda criticó la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal. “Está al borde de la inconstitucionalidad”, sostuvo el magistrado en declaraciones televisivas, y cuestionó el accionar del Ejecutivo, que avanzó con la medida a días de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

“Me pareció horrible el decreto y la actitud del Poder Ejecutivo y del Presidente, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión”, expresó Maqueda.

El exjuez supremo explicó que el mecanismo utilizado por el Gobierno está contemplado en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, incorporado tras la reforma de 1860. Sin embargo, remarcó que su aplicación respondía a un contexto histórico muy distinto al actual. “En aquel momento, el Congreso funcionaba entre mayo y septiembre, no había carreteras ni ferrocarriles. Era necesario contar con una herramienta como esta. Hoy hay un desacople entre la realidad y el decreto”, argumentó.

Para Maqueda, el mecanismo empleado por Milei no puede invalidar lo estipulado en el artículo 99, inciso 4, que establece el procedimiento formal para la designación de jueces de la Corte, con la intervención del Senado. “No sé en qué lugar de la Constitución está esto de que el Congreso no actúa y entonces el Ejecutivo toma la decisión por decreto. No es así como funciona”, sostuvo en respuesta a los argumentos del vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida en la falta de acción parlamentaria sobre los pliegos.

Además, el exministro recordó que hay antecedentes jurisprudenciales que establecen que, si el Senado rechaza un pliego, el juez debe cesar de inmediato en sus funciones, ya que la Cámara alta actúa como instancia revisora del Ejecutivo. “El Senado no pierde su condición de órgano que debe revisar la disposición del Presidente”, enfatizó.

En ese sentido, diferenció la maniobra de Milei de la utilizada por Mauricio Macri en 2015, cuando designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “El decreto de Macri incluía una cláusula que indicaba que los pliegos serían elevados al Senado, y además se firmó apenas diez días después de asumir, garantizando un margen de debate”, comparó. “Rosatti y Rosenkrantz estuvieron el tiempo necesario en el Congreso y cumplieron con la manda constitucional. Así se integraron a la Corte”, destacó.

Por último, Maqueda alertó sobre un fenómeno global en el que gobiernos democráticamente electos terminan convirtiéndose en autocracias y advirtió sobre el alineamiento de la administración libertaria con la de Donald Trump. “En Argentina hay democracia, pero la calidad institucional es baja. Se ve en el abuso de los decretos de necesidad y urgencia y en el veto sistemático de leyes”, indicó. “Hay un uso desmedido de un lenguaje descalificador hacia propios y ajenos que no es propio de una democracia sana. Cuando la violencia empieza por la vía del maltrato a las personas, termina en el peor de los autoritarismos”.

MM con información de agencias.

La Corte Suprema de Justicia no tiene paz. Ante la salida del juez Juan Carlos Maqueda, los enfrentamientos internos se profundizan y todo indica que 2025 será otro año de internas palaciegas, de acuerdo con los documentos y testimonios recogidos por elDiarioAR.

La jubilación de Maqueda, quien cumplió 75 y no intentó renovar su pliego en el Senado ante la decisión de Javier Milei de designar un candidato para sustituirlo, deja al máximo tribunal del país con apenas tres integrantes: su presidente, Horacio Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz; y Ricardo Lorenzetti, enemistado con los dos primeros por el manejo interno de la Corte. 

El tribunal requiere de al menos tres votos alineados en un mismo sentido para fallar en los expedientes. Si los tres integrantes no se ponen de acuerdo deben convocar a conjueces para que integren provisoriamente el tribunal y alcanzar así un mínimo de tres votos en sintonía. Por mayoría, la Corte decidió que los conjueces se sortearán por expediente entre  los presidentes de la Cámara Federales. Lorenzetti se opuso.

La dinámica de poder se modifica con la salida de Maqueda, cuya despedida no contó con la presencia de Lorenzetti. Ahora, la mayoría conformada por el trío Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz ya no existe. Las fichas se desacomodaron, podrían decir algunos. 

Sin embargo, no es a la hora de fallar sobre los expedientes donde subyace la pelea entre los jueces. De acuerdo a estadísticas de la Corte, durante 2024 el Tribunal emitió más 12.200 sentencias y sólo se requirió la convocatoria de conjueces en 69 casos, cuando, por ejemplo, algunos de los cuatro ministros habían sido recusados o debían apartarse del caso.   

Las diferencias entre Lorenzetti y Rosatti, especialmente, no son ideológicas sino de poder por el manejo del tribunal. Son las decisiones sobre el funcionamiento de la Corte lo que hace estallar el clima por los aires. 

Durante las últimas semanas, y ante la salida de Maqueda, el trío tomó varias decisiones sobre nombramientos de personal clave en el tribunal que agudizaron las disidencias con Lorenzetti, quien no escatima en críticas y acusaciones en sendos escritos que presenta ante sus pares.

El juez de Rafaela viene reclamando desde mayo a sus pares que aguarden la llegada de los dos nuevos posibles candidatos de Milei a la Corte para tomar decisiones sobre el manejo interno del tribunal. El resto de los ministros supremos sostenían que eso implicaría paralizar el funcionamiento de la Corte: frenaría nombramientos, designaciones, concursos, entre otras decisiones clave.  

Nueva Corte

El tribunal es un hervidero de versiones sobre qué sucederá con los candidatos de Milei a la Corte: el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. La última que circuló por los pasillos del Palacio de Justicia es que el Presidente convocaría a sesiones extraordinarias este lunes 30 para que el Senado trate, entre otros proyectos, el pliego de Lijo a la Corte. “Dicen que tiene los votos”, especulan en el edificio de Tribunales. “El que no tiene los votos sería García Mansilla”, agregan.

Lijo no es sólo el candidato de Milei a la Corte. Es, también, el candidato de Lorenzetti para inclinar la balanza de poder interno hacia su lado. Son aliados desde hace décadas. Vendría, para Lorenzetti, a equilibrar los tantos en la llamada “guerra santafesina” con Rosatti, su comprovinciano en el tribunal.

Entre la polvareda de rumores, la discordia y las disputas de poder, el Máximo Tribunal se adentra en el segundo año de mandato de Miliei, sin juezas mujeres entre sus integrantes, renga en número de jueces y diezmada en imagen ante las rencillas entre sus ministros.

ED/DTC

El juez Juan Carlos Maqueda tuvo este viernes su despedida formal de la Corte Suprema de Justicia, organismo del cual se retiró tras 22 años de servicio, y se abre una etapa de enorme incertidumbre política porque el máximo tribunal quedará a partir del lunes con tres miembros, enfrentados entre sí.

Acompañado por sus familiares más cercanos, el magistrado bajó las escalinatas del Palacio de Justicia entre aplausos y apretones de manos de decenas de funcionarios, asesores y curiosos que se acercaron para compartir el adiós del juez oriundo de Río Tercero, Córdoba.

Una orquesta oficial musicalizó la salida del juez, que cumplió de esta forma con el deber de retirarse antes de los 75 años (alcanzará ese edad el próximo domingo), tal como establece el artículo 99 inciso cuarto de la Constitución Nacional.

Días atrás Maqueda dio un discurso de despedida con fuertes críticas veladas al Gobierno: advirtió sobre los que “se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones”, en clara alusión a Javier Milei. También pidió defender la república y el Estado de derecho “aunque parezca fuera de moda”.

Antes de retirarse, Maqueda firmó su último acuerdo en la Corte Suprema a través del que se resolvió el futuro de un centenar de causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria. Por tres votos a uno estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano a cargo de revisar los expedientes en apelación antes de llegar al máximo tribunal.

La decisión, que se tomó en el expediente “Levinas” —una demanda contra el periodista Gabriel Levinas iniciada por herederos del artista León Ferrari por la rendición de cuentas por gestionar, exhibir y vender obras de arte— impacta también en causas como la del Correo Argentino o la condena al policía que mató a un ladrón Luis Chocobar.

Maqueda, exdiputado y senador nacional durante muchos años antes de ser juez, se despide de la función pública en medio de fuertes denuncias de quien fuera su colega Ricardo Lorenzetti por haber presuntamente realizado designaciones irregulares en su última semana de trabajo.

Quien fuera presidente del alto tribunal por más de una década le reprochó al cordobés no tener “ejemplaridad” y señaló que esa actitud “muestra una despedida con claudicaciones que sorprende”. “Un triste final”, sentenció Lorenzetti, quien también libra una guerra interna con el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Desde el lunes el Supremo estará integrado, a partir de ahora, por Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y Lorenzetti, enfrentados políticamente con los otros dos. Deberá utilizar conjueces para poder alcanzar las mayorías necesarias para resolver las causas judiciales.

Desde 2006, la Corte Suprema de Justicia está integrada por cinco ministros. La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Las negociaciones en ese sentido están trabadas porque no hay acuerdo en la Cámara alta para designar a los propuestos por Javier Milei: Ariel Lijo en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, quien renunció en 2021, y Manuel García-Mansilla, por Maqueda.

Lijo, apadrinado por Lorenzetti, se trata de una postulación polémica por la cantidad de impugnaciones de la sociedad civil. Su pliego tendría sin embargo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, pero no reúne los apoyos de los dos tercios del recinto, donde es clave el peso del peronismo que conduce Cristina Kirchner.

A su vez García-Mansilla no cuenta con los avales suficientes por su perfil de extremo conservador. Por caso, ya avisó que está en contra de la ley del aborto..

Ante las dificultades para nombrar a los jueces del Supremo con acuerdo del Senado, Milei declaró que podría nombrarlos por decreto, pero el portavoz presidencial, Manuel Adorni, alejó esa posibilidad en la rueda de prensa que dio ayer. “El Presidente ya dijo que lo iba a hacer solo en condiciones, lo de nombrarlo por decreto, solo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros y el Senado no haya resuelto. Nosotros tenemos en claro que es una atribución que tiene el Senado y se debe resolver en ese ámbito”, dijo Adorni.

MM/MC

El juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda se despidió este jueves del máximo tribunal y reiteró sus cuestionamientos al gobierno del presidente Javier Milei, al asegurar que el país no puede quedar a “la deriva de hombres que se creen proféticos” y “ponen en riesgo la convivencia democrática”.

“No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática”, sostuvo Maqueda al brindar un discurso en el Patio de Honor del Palacio de Justicia.

En su despedida, el ministro de la Corte, que se retira a fin de año del máximo tribunal, afirmó que “aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho” en momentos en que “corren serios riesgos”.

Según se informó en un comunicado, Maqueda se pronunció de esta manera ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte.

En tanto, luego de agradecer a Rosatti y a Rosenkrantz; a quienes lo acompañaron a lo largo de sus más de dos décadas como miembro del tribunal; y al personal del Palacio, Maqueda instó a “sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

Asimismo, advirtió que actualmente la “moderación” fue “dejada de lado” y “hoy se transitan los extremos”, al tiempo que sostuvo que desde el Poder Judicial se debe “volver a la prudencia” para “con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones”, dijo ante más de 500 personas.

Previamente, Rosatti había definido a Maqueda como “un gran juez y hombre republicano”, y resaltó que “se va por la puerta grande” y lo consideró “una referencia y guía” para sus pares y una “voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia”.

MM con información de la agencia NA.

Juan Carlos Maqueda se despidió de la Corte Suprema con una advertencia al poder de turno. Sin mencionar a Javier Milei, pero con guiños a la personalidad del libertario, planteó: “No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática”, sostuvo.

Con un multitudinario acto celebrado este mediodía en el Patio de Honor del Palacio de Justicia, Maqueda dijo adiós a la Corte porque se jubila el próximo 29 de diciembre, día en que cumple 75 años.

Ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte, Maqueda afirmó que “aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho” en momentos en que estas “corren serios riesgos”. No se presentó al evento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enemistado con la cúpula del máximo tribunal.

El evento fue luego de que el máximo tribunal fallara contra la reelección indefinida en Formosa, un golpe a la longeva gestión de Gildo Insfrán, que gobierna desde 1995. Maqueda, en sus palabrasde cierre, instó a “sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

A pesar, advirtió, de que “la moderación haya sido dejada de lado y hoy se transiten los extremos”, desde el Poder Judicial se debe “volver a la prudencia” para “con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones”, dijo ante más de 500 personas, entre quienes se encontraban su esposa y su hija.

Hace dos semanas, Maqueda ya había manifestado su preocupación por “las instituciones de la democracia”. “Veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente porque nos comprende a todos nosotros”, dijo durante el homenaje que le organizaron en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAPF).

El juez resaltó el trabajo de Héctor Acemoglu y Simon Johnson que les valió el Premio Nobel de Economía, donde reivindicaron el peso de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. “Había una cierta creencia de que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas y estos dos grandes autores nos han dejado un libro fantástico sobre por qué fracasan los países que fracasan”, expuso Maqueda, y agregó: “uno de los pilares fundamentales es la calidad de las instituciones”.

Previamente, Rosatti definió a Maqueda como “un gran juez y hombre republicano; raro ejemplo de un funcionario que ha transitado, con idoneidad y ejemplaridad en su conducta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los ámbitos nacional, provincial y municipal”, además de haber desempeñado “un rol preponderante” como convencional constituyente en la reforma de 1994. 

Rosatti señaló que Maqueda, en los últimos tiempos, “fue objeto de injustos agravios y cobardes ataques, que sobrellevó con hidalguía y tolerancia”; resaltó que “se va por la puerta grande” y esbozó un repaso por sus principales aportes a la jurisprudencia de la Corte. “Tuvo una actuación protagónica”, dijo, con intervenciones en fallos relacionados con el federalismo, la protección de los vulnerables y la defensa de los derechos humanos, “tres ejes de sus preocupaciones”. 

Asimismo, lo consideró “una referencia y guía” para sus pares y una “voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia”. Su figura, concluyó, “hace cierta la afirmación de que haber participado en política antes de acceder a la Justicia no es un demérito, sino todo lo contrario”.  

Con Maqueda de salida, la Corte pasaría a estar en enero con solo tres votos, una situación inédita que haría inviable cualquier sentencia, debido a que el Gobierno no logró aún que avance en el Senado la nominación del juez Ariel Lijo en su reemplazo. También se empantanó el pliego del catedrático ultraconservador Manuel García-Mansilla.

MC

La Corte Suprema ya era un hervidero, pero la pelea interna superó los cien grados centígrados este viernes, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR, que revelan un intercambio de acusaciones cruzadas entre los jueces más poderosos del país. El factor detrás del recalentamiento de la relación entre los ministros del máximo tribunal es la candidatura del juez Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Javier Milei para que asuma en el máximo tribunal. 

Lijo no es sólo candidato de Milei. Es el candidato del juez supremo Ricardo Lorenzetti. Es también magistrado especializado en derecho penal y juez federal de los tribunales de Comodoro Py 2002. Mientras en el Senado esperan la llegada del pliego de Lijo y de un segundo candidato a la Corte, tres de los jueces del máximo tribunal –su presidente, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– acordaron desdoblar la secretaría penal de la Corte y crear un doble comando. 

Los ministros dispusieron la creación de la Secretaría Penal Especial para juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de Justicia y habeas  corpus. También tramitarán en este nueva área las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta ahora tramitan ante la Secretaría de Relaciones de Consumo.

El Ejecutivo también propuso al académico Manuel García-Mansilla, pero con otras especialidades: Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Es candidato a suceder al juez Maqueda, quien el Gobierno entiende que debe jubilarse este año al cumplir los 75.

Pero es Lijo el juez penal que podría ingresar a la Corte y tener incidencia en las decisiones de esta materia. Además, el actual secretario penal del tribunal proviene de la vocalía de Lorenzetti, por lo que algunos en la Corte entienden también la decisión como otro recorte a su ya no extendido poder en el tribunal.

Ante la decisión de sus colegas, Lorenzetti puso el grito en el cielo y si bien los jueces de la mayoría explicaron en un documento que la decisión fue tomada para acelerar los juicio penales, Lorenzetti sostuvo en un voto en disidencia de 12 fojas que se trató de una decisión “apresurada”, cuyo “único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”. Léase: de Lijo, el juez penal que Lorenzetti y el Gobierno buscan que llegue a la Corte en los próximos meses. 

La medida no se basa “en necesidades concretas ni en urgencias”, dijo el juez de Rafaela. “Siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”, dijo.

Lorenzetti también aseguró en su voto que “las demoras en los fallos y su acumulación se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros” y no a que los expedientes tramiten en una única secretaría penal, que es el área por donde pasan todos los juicios penales de la Corte.

El juez de Rafaela sostuvo que “la invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”. “Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”, escribió en su voto.

“Lamentablemente considero necesario ponerlo de manifiesto porque la obligación de un magistrado es con la sociedad y, además, con los próximos colegas que integren este

tribunal“, aseguró.

“No es grato, y siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, afirmó Lorenzetti, quien definió la medida de sus colegas como “un vaciamiento de la actividad del secretario (penal) actual, sin fundamento alguno”. “La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, agregó.

La respuesta

El resto del tribunal decidió responderle, algo que los jueces de la mayoría intentan evitar, cuando lo consideran conveniente. No fue el caso. Ante las acusaciones poco veladas de Lorenzetti, un escrito circuló en las últimas horas por el tribunal. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz sostuvieron que no hay antecedentes de que la Corte haya esperado a la llegada de potenciales nuevos integrantes para tomar decisiones de reorganización y le recordaron a Lorenzetti que en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri ya había nominado a Rosenkrantz y Rosatti para integrar el tribunal, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton realizaron una importante reorganización de la estructura interna de la Corte.

Lorenzetti también sostuvo en su voto que los “atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios se producen estas crisis. Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios”, subrayó el juez de Rafaela.

El trío mayoría le respondió: “Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por Secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte”. “Por otro lado, Lorenzetti no se encuentra exento de demoras en la votación de causas. Por ejemplo, hace 23 meses tiene para votar la causa ‘Garay’, en la que se discute la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad”, expusieron los ministros.

Además, afirmaron que la Secretaría Penal tiene 7.000 causas pendientes de decisión. “El incremento exponencial de expedientes penales también ha provocado una importante demora en la tramitación de las causas de la Secretaría”. Por esa razón, explicaron, “era razonable y necesario hacer una distribución de las causas por temas entre dos Secretarios diferentes”.

Lorenzetti se quejó de que no se designe al nuevo secretario especial penal por concurso. Sus colegas le respondieron que el actual secretario penal tampoco fue designado por concurso.

El juez de Rafaela también mencionó casos de “nepotismo” y desde la trinchera de los jueces de la mayoría respondieron: “El mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela en 2018”.

ED/MG

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió, este martes, la citación inmediata del juez Juan Carlos Maqueda por presunto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Los 16 legisladores del Frente de Todos, que componen la mayoría del cuerpo, fueron quienes realizaron la solicitud. Según el documento por ellos presentado, Maqueda debería ser citado por las “imputaciones de Mal Desempeño y Posible Comisión de Delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas, durante el período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto de 2021, en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Para los representantes del oficialismo, los cargos contra Maqueda ya han sido debida y ampliamente fundados mediante evidencia testimonial y documental recopilada en las sucesivas audiencias. “Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió el doctor Maqueda y nunca hubo concurso; por eso ─y dados los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró─ es que el doctor Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”, expuso el contador Marchi ante la comisión, en una de las mencionadas audiencias, según el documento presentado por el Frente de Todos.

Por estos motivos, este martes, la diputada Vanesa Siley leyó ─en la Sala 1 en la que deliberaba la comisión presidida por Carolina Gaillard─ un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, en el que solicitaban la citación sin fecha definida de Maqueda.

De qué se lo acusa al juez Juan Carlos Maqueda

El documento presentado por los 16 legisladores del Frente de Todos señala las siguientes conductas atribuibles al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda:

1. Consentir, por omisión en el cumplimiento de funciones, pérdidas y daños a la integridad física y el derecho a la salud de sus afiliados y sus familias, además de prejuicios económicos irreparables para OSPJN.

2. Sostener una conformación antijurídica del Directorio de la Obra Social y mantener vacante la Sub Dirección Médica, Subdirección Administrativa y Auditoría Interna.

3. Gestionar la administración de la OSPJN de manera irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la entidad.

4. No evitar y contribuir al deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la OSPJN.

5. Desvirtuar el rol institucional y provocar desprestigio y mala reputación para la OSPJN.

6. Violar deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

ACM con información de agencias

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, aseguró este lunes que hay un Poder Judicial “independiente, firme y unido” y advirtió que se reconoce a un juez cumpliendo su función “cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”. Fue en un acto por el 95º aniversario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Los festejos en la sede de la entidad contaron con la presencia del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, el ministro Ricardo Lorenzetti; el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle; así como integrantes del Consejo de la Magistratura y más de 200 funcionarios. El gremio Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) adhirió a través de su secretario general Julio Piumato, y estuvieron también los sindicalistas Maia Volcovinsky, Mara Fernández y Hugo Leguizamón.

“Desde la Corte estamos muy contentos de participar de esta celebración. Una celebración que nos encuentra con un Poder Judicial unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, lo que demanda nuestra comunidad en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”, inició Rosatti su intervención.

El magistrado aseveró que “la independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”. También aseguró que desde el máximo tribunal “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios y funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó Rosatti y se respondió: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado. En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”.

Antes de dar paso a la entrega de medallas, el cortesano remarcó: “Sepan ustedes que tienen en la Corte Suprema no sólo un tribunal al que poder acudir en caso de necesidades funcionales, sino también un tribunal amigo que va a entender las necesidades, como trata de hacerlo, de todos ustedes.”

A su turno, el juez Rosenkrantz pronunció las palabras de cierre en el brindis por los 95 años de la entidad.

LC con información de agencias

Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, declaró este miércoles como testigo en la causa por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) y apuntó contra los jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como responsables de las supuestas irregularidades en la administración de esa entidad.

Bajo juramento, el contador Marchi también afirmó que distintos empleados de la Corte fueron amenazados con ser desplazados de sus cargos, en caso que colaboraran con la Comisión de Juicio Político que investiga a los miembros de ese tribunal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

El funcionario del máximo tribunal, trasladado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, vinculó su desplazamiento a los “informes (que produjo) sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”, según fuentes judiciales. “Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, manifestó Marchi.

“El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, enfatizó Marchi. Declaró como testigo ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo, quien investiga supuestas irregularidades desde el 2021 en adelante bajo la gestión de Mariano Althabe, aunque el contador también refirió a supuestos desmanejos ocurridos en la anterior gestión, los cuales tramitan en otro expediente.

El exadministrador sostuvo que el juez Maqueda estuvo a cargo de la OSPJN hasta el 2021, cuando envió un correo a sus colegas informado su salida, y que luego lo sucedió el presidente Rosatti en esa función.

En ese sentido, Marchi señaló que Althabe fue nombrado por propuesta de Rosatti y que hasta el 2021, la OSPJN estaba encabezada por Aldo Tonón, propuesto por Maqueda. Afirmó que en 2013 Maqueda propuso a su secretaria para integrar el directorio, a quien identificó como Marta Herrera, y que luego habría sido nombrada vicepresidenta de esa entidad.

En su declaración testimonial, Marchi señaló también que “la acordada 19/2021 dispuso que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal” sobre la obra social, pero luego acotó que su primer informe “no gustó”, por lo que “Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral”, algo que referenció en la acordada 1/2022.

“Luego se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra Social, no me habría criticado a mi mismo”, aseveró Marchi.

Marchi se refirió al contenido de los informes que realizó sobre la Obra Social, y resumió cuáles fueron las supuestas irregularidades detectadas. Su principal conclusión fue que la OSPJN no tiene contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes ni dictámenes. Además, dijo que existen diferencias de inventarios en los medicamentos de farmacia y que los medicamentos y prótesis se adquieren en forma directa, entre otras presuntas irregularidades.

El funcionario fue convocado por el juez Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo y “ofrecer prueba” en el expediente “respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, luego de su intervención ante la Comisión de Juicio Político. “Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad”, había señalado.

LC con información de agencia Télam

El jueves 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia reorganizó su poder por mayoría (tres jueces contra uno). El hecho que resumió el reordenamiento del tablero en la cabeza del poder Judicial se materializó en el desplazamiento de un funcionario que hasta entonces parecía “un intocable”, como lo definieron varios consultados por elDiarioAR en el Palacio de Justicia. Detrás de la salida de Héctor Daniel Marchi, el poderoso administrador general de la Corte, los jueces supremos barajaron algunas de sus mejores cartas para dar de nuevo: manejo de la información; control de todo lo que sucede en la Corte; decisión y acceso a “la caja” o los fondos millonarios del tribunal. 

La Corte Suprema se está reconfigurando para repartir el poder concentrado por el contador Marchi, quien había acumulado funciones centrales para la vida del tribunal desde su llegada, durante la primera presidencia de Ricardo Lorenzetti, en 2007.

La decisión fue tomada por sólo tres de los cuatro ministros de la Corte: su presidente, Horacio Rosatti; su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda. El trío que hace posible que cualquier fallo del tribunal vea la luz, ya que vota en bloque desde hace unos dos años.

Los jueces de la mayoría afirmaron en una acordada que ordenaron la reestructuración en el marco de “un importante proceso de modernización y reorganización” para dotar a la Corte “de adecuados mecanismos de control que garanticen la transparencia”.

 El juez Lorenzetti votó en contra de la nueva estructura de poder, ya que esta implica el desplazamiento de uno de sus hombres de mayor confianza y de la estructura que había pensado para el tribunal durante sus consecutivas presidencias (2007-2018). 

El súper administrador general es una figura que ya no existe en la Corte. Con el traslado de Marchi a un tribunal inferior, los jueces de la mayoría dividieron sus funciones y crearon una Secretaría Jurídica General con la misma categoría que una Secretaría de Administración General. 

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda decidieron dispersar las funciones que concentraba la Secretaría de Administración General y crearon un Secretaría Jurídica para que ésta absorba parte de las funciones. Señalaron en la acordada que “el control interno de la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico en el ámbito del Tribunal

se encuentran a cargo de órganos que dependen de la Secretaría General de Administración“ y que esto no podía seguir sucediendo, dijeron. Es decir, afirmaron que Marchi se controlaba a sí mismo.

¿Quién perdió?

Hay quienes identificaban a la última versión de Marchi como la de un “jugador independiente”, que había ganado su propio poder dentro del tribunal y había tejido sus propias alianzas con otros jueces, además de su estrecho vínculo con Lorenzetti. La dureza de las palabras y el tono del voto de disidencia de Lorenzetti, sin embargo, reflejan su apoyo total a Marchi.

La salida de Marchi no sólo significa la reasignación o reparto del poder interno que concentraba el saliente administrador. También es un intento para reordenar el poder supremo hacia afuera del tribunal. 

La concentración de poder de Marchi, para muchos, significaba que el juez Lorenzetti, aún desplazado por sus colegas de la presidencia y el manejo general de la vida interna de la Corte desde 2018, conservaba un poder fáctico, real: el manejo de la información y del control a los demás jueces. ¿Por qué? Porque Marchi no sólo manejaba las finanzas y administraba los fondos del tribunal -que no es poco-. También tenía incidencia directa sobre áreas clave puertas adentro: desde la mesa de entradas hasta el control de auditoría.

Lorenzetti perdió en 2018 su poder como armador de la Corte y sus fallos pero no perdió su influencia en el poder político y económico: desde presidentes y gobernadores hasta empresarios mantuvieron y mantienen a Lorenzetti muy cerca suyo.

Manejar la súper secretaría de Administración General significa conocer antes que nadie cualquier presentación, demanda, amparo, solicitud que ingresara a la Corte. Significa conocer su trayecto dentro del tribunal, dónde se traba, dónde fluye. Desde un pedido para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces hasta una solicitud de la comisión de Juicio Político, que se encuentra investigando a los jueces por presunto mal desempeño.

¿Quién ganó?

Las cartas aún no están asignadas, explica a elDiarioAR una fuente que conoce al dedillo el funcionamiento de la Corte, pero. La ahora nueva Secretaría Jurídica General quedó a cargo de un secretario letrado, Luis Sebastián Clérici, de manera transitoria.

La Secretaría General de Administración también quedó de manera transitoria a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font, de formación y expertise en Derecho Civil. Ni Font ni Cleri responden a Rosatti o Rosenkrantz, los jueces aliados pero en pugna por el poder que alguna vez le perteneció a Lorenzetti.

“Cuando Rosatti y Rosenkrantz definan a quiénes nombran en estas dos secretarías es cuando sabremos quién ganó, o quién ganó más”, explica una fuente del tribunal.

¿Qué se juega?

Información y poder de control y ejecución.  La nueva Secretaría Jurídica General deberá “intervenir o dictaminar con carácter previo a la participación de los ministros en los asuntos de superintendencia en aquellos casos en que la resolución pueda llegar a afectar derechos subjetivos o intereses legítimos”. De esta forma, quien asuma como secretario de Asuntos Jurídicos podrá intervenir en la organización interna del tribunal: sería como un poder ejecutivo dentro y para la Corte.

También deberá “dirigir y supervisar” todos los temas jurídicos propios de la Corte -no de las causas que llegan a la Corte- y la actuación de la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho. Todo lo que entra y sale de la Corte, pasará por esta secretaría. Es parte del control y manejo de la información interna que antes concentraba Marchi.

Recortando al Ministerio

Además, la nueva Secretaría Jurídica General deberá “supervisar la tramitación de las causas judiciales en las cuales la Corte Suprema es parte”. Es decir, defenderá los intereses del tribunal ante los tribunales.

En este sentido, la Corte también le quitó al Ministerio de Justicia de la Nación la función de defender y representar a la propia Corte en las causas en las que es parte actora o demandada, una decisión central en medio de la disputa política con el Ejecutivo. Los jueces sostuvieron que busca “robustecer el accionar independiente de la Corte” y “asumir -progresivamente- la defensa de sus intereses en sede judicial, creando un órgano específico y con independencia técnica encargado de ejercer su representación”.

La plata, los libros

“Esta Corte estima necesario dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”, sostuvieron los jueces de la mayoría. Crearon una Dirección de Control Interno y Auditoría, funciones que también concentraba Marchi; y un Cuerpo de Auditores de Gestión, que reportará directamente a los jueces del tribunal “a fin de asegurar la necesaria autonomía funcional respecto de las áreas controladas”. Es decir: a partir de ahora los jueces controlan a los que administran la Corte.

El patrimonio de los jueces

En la nueva estructura, la mayoría en la Corte asignó a la Secretaría Jurídica General como encargada del control de la presentación de declaraciones juradas de los jueces y funcionarios obligados por ley a informar su situación patrimonial. “General tendrá a su cargo la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales y coordinará el procedimiento con la Dirección de Recursos Humanos”. 

“En el mes de noviembre de cada año, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral y procederá a su publicación en la página web del Tribunal”, ordenó la mayoría suprema.

Quién audita

Con la asunción de Lorenzetti como presidente del tribunal, el administrador general también incorporó poder sobre la auditoría interna: control contable, económico financiero y patrimonial de la Corte. Eso también cambiará. 

“Suprimir el Cuerpo de Auditores Judiciales, la Asesoría Jurídica, el Cuerpo de Auditores de Gestión y la Unidad de Auditoría Interna. El personal de esas dependencias pasará a reportar ante la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Control Interno y Auditoría, según corresponda”. Todas estas áreas pasarán a la órbita de la Secretaría Jurídica.

En su voto en disidencia por el desplazamiento de Marchi y la reorganización de la Corte, Lorenzetti afirmó que la decisión de trasladar a su contador de confianza era “una sanción porque ha presentado un informe (de auditoría) sobre la Obra Social (del Poder Judicial de la Nación), de fecha 19 de abril, que no parece gustar”. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe sobre la obra social se presentó el miércoles 19 de abril.

ED

El kirchnerismo obtuvo este martes el primer avance fáctico contra un ministro de la Corte Suprema en la comisión de Juicio Político contra los jueces del máximo tribunal. Por primera vez en tres meses de reuniones, un testigo aportó información concreta para alimentar una de las acusaciones contra el juez Juan Carlos Maqueda. 

No sé trató además de cualquier testigo sino de un hombre de la Corte: el otrora poderoso Héctor Daniel Marchi, administrador general del tribunal durante los últimos 15 años y desplazado el jueves último de su cargo por decisión de tres de los cuatro jueces supremos, incluido Maqueda.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo”, dijo Marchi este martes ante la comisión parlamentaria. Afirmó que considera su traslado “una sanción totalmente encubierta” por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda, que alcanzaría, además, “a todas las personas que trabajaron en la auditoría de la obra social”, debido a la división y descentralización de funciones ordenadas en el área que manejaba Marchi hasta el jueves último.

Ante la pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre si había sido Silvio Robles (vocero y mano derecha del presidente del tribunal, Rosatti) quien lo amenazó, Marchi respondió: “Por supuesto”. 

El testimonio de Marchi se cerró sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), a pesar de las amplias funciones y responsabilidades que tuvo durante los últimos 15 años en la Corte. La obra social es uno de los capítulos de la investigación contra los jueces por presunto mal desempeño, ya que depende del tribunal y acumula denuncias desde hace años por falta de prestaciones y supuestas irregularidades. 

“Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por Juan Carlos Maqueda”, dijo Marchi ante los diputados. También afirmó que Aldo Tonon, ex director de la obra social e investigado en la Justicia federal por presuntos desmanejos, fue designado por los jueces de la Corte tras la propuesta de Maqueda. 

El testimonio de Marchi se enmarca en su traslado a un tribunal inferior, el desarmado de su estructura de poder y la propia disputa entre los jueces por el manejo de dos áreas clave de la Corte: el manejo de la información y del dinero. Marchi no es ajeno a esa pelea de poder y él mismo forma parte de ella. 

El funcionario judicial es contador, ex jugador de fútbol, oriundo de Rafaela (Santa Fe, donde llegó a estar a cargo de la municipalidad en 2002 y ocupó varios cargos) y hombre de extrema confianza del juez Ricardo Lorenzetti, quien lo llevó a la Corte Suprema en 2007 y el jueves último se opuso a que su funcionario clave fuera trasladado. 

En medio de su propia disputa de poder con los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Marchi presentó un informe de auditoría de unas 20.000 páginas sobre la obra social que los propios ministros habían encargado en 2021. “No había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”, aseguró el contador. Los diputados deben analizar ahora el extenso informe para determinar si existieron irregularidades para poder acusar por presunto mal desempeño a Maqueda y otros jueces de la Corte.

Marchi dijo que a partir de 2008, el juez Maqueda “dirigía” “el área” de la obra social y “mandaba los proyectos de decisiones que el presidente -entonces Lorenzetti- firmaba sobre una base de confianza, pero cada área era independiente”, intentando responsabilizar así a Maqueda sobre las decisiones sobre la obra social. 

“Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada (que él quedaba a cargo de la institución médica) porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social”, aseguró Marchi. 

La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados se reunió este martes como estaba previsto y en medio de la tensión económica y político por una nueva disparada del dólar que puso al gobierno de Alberto Fernández frente a la profundización de una crisis que parece imparable. 

En la sala donde tuvo lugar la reunión de los parlamentarios, Marchi leyó un documento y respondió preguntas. Había sido citado a último momento, el lunes último, ya que no estaba en la lista original de testigos de esta semana. Regresará para seguir exponiendo el jueves próximo a partir de las 11.

“Todos los directores los eligió él (por Maqueda) y nunca hubo concurso (para acceder al cargo). Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró (de la supervisión de la obra social), es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”, dijo Marchi. 

Sin embargo, aseguró, “nuevamente se lo designó sin concurso” y “a propuesta de Rosatti”. “Considero que es un error, lo expresé en el informe uno”, afirmó. En la Corte, una alta fuente del tribunal respondió a elDiarioAR que actualmente en el tribunal sólo hay dos funcionarios que llegaron a su cargo por concurso (los titulares de las secretarías Penal y Tributaria), por lo que no es una excepción que los directores de la obra social sean designados a dedo. El propio Marchi llegó a su cargo en el tribunal de la misma manera.

Marchi buscó desligarse del manejo de la obra social y afirmó que “recién en la acordada del 2021 se le pidió a la administración de la Corte y se decidió hacer una auditoría desde ese momento”. “Si yo hubiera estado a cargo no me hubiera criticado a mí mismo y hubiera hecho las cosas bien y no hubiera hecho mi traslado”, agregó. 

El ex administrador de la Corte dijo que la obra social perdió al menos “3.000 millones de pesos, que son dos meses de prestaciones a 100.000 afiliados” por negligencia en el manejo de los fondos remanentes que no se depositaron a tiempo en plazos fijos e “intereses regalados a los bancos”. Afirmó que la “gestión financiera de la obra social es un desastre”.

Interna de la interna

Marchi es objeto de denuncias de la exdiputada Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica (CC) desde hace años, en el marco de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos desmanejos de fondos y poder por parte de Lorenzetti y Marchi, quien concentraba las decisiones administrativas e institucionales del tribunal desde 2008. Marchi niega las acusaciones en su contra.

La resolución con el voto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para modificar la organización de poder en la Corte y desplazar al contador de su cargo ingresó a la vocalía de Lorenzetti el 29 de marzo, afirmó a elDiarioAR una fuente directa del tribunal.

Lorenzetti no emitió disidente su voto para concretar el traslado por mayoría hasta después del 19 de abril, cuando Marchi presentó el informe de auditoría sobre la obra social de 20.000 páginas que expondría supuestas irregularidades en el manejo de la institución.

Este martes se esperaba también la declaración testimonial de Aldo Tonon, ex titular de la obra social, pero el ex funcionario se ausentó por segunda vez. Tonon envió una nota de su abogado en la que se excusó de concurrir por tener una causa judicial pendiente sobre su paso por la obra social y podría entonces autoincriminarse. 

La comisión decidió volver a citarlo bajo condición de dar intervención a un juzgado federal para que lo traslade por la fuerza a declarar.

Nota: este artículo se actualizó el 27 de abril.

ED

La Corte Suprema desplazó este jueves al poderoso secretario de Administración del tribunal, el contador Héctor Marchi, con el objetivo de reorganizar el poder del manejo económico en el tribunal, informaron fuentes del Palacio de Justicia a elDiarioAR.

La decisión fue tomada por tres de los cuatro jueces del tribunal -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz-, mientras que Ricardo Lorenzetti se opuso duramente al desplazamiento de Marchi, ya que se trata de un hombre de su extrema confianza, quien estuvo a cargo del manejo de los fondos económicos y financieros de la Corte durante los últimos 15 años.

La resolución por mayoría traslada a Marchi a un tribunal inferior, la Cámara de Apelaciones del fuero de la Seguridad Social. El traslado del exadministrador general se da en el contexto del avance de la investigación contra los magistrados de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por presunto mal desempeño. También, sucede en el marco de una escalada de la interna de poder entre los jueces del tribunal, que había ingresado en una tibia tregua a principios de año en la búsqueda de la supuesta unidad de los integrantes frente a la embestida del oficialismo.

Marchi responde al juez Lorenzetti, quien supo ser presidente y articulador del tribunal entre 2007 y 2018, hasta que fue desplazado por sus pares

Marchi responde al juez Lorenzetti, quien supo ser presidente y articulador del tribunal entre 2007 y 2018, hasta que fue desplazado por sus pares. Del otro lado, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz integran el trío que conforma la mayoría.

Marchi está en la lista de testigos que todavía deben presentarse a declarar ante la comisión de juicio político en Diputados, aún sin fecha. Es, además, uno de los denunciados por los diputados de la Coalición Cívica (CC) por el manejo de fondos y finanzas de la Corte durante las presidencias de Lorenzetti. Además, tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados por la exdiputada por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de desplazar a Marchi estaba entre las intenciones de los supremos desde finales de 2022, confió una fuente directa del tribunal. Sin embargo, su traslado se dilató en medio de la turbulencia política que atraviesa al tribunal desde el fallo de diciembre a favor de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Gobierno Nacional por la coparticipación. Tras la resolución, Marchi solicitó este jueves una licencia de 180 días, que los ministros supremos deberán analizar y eventualmente, aprobar, informó una fuente autorizada del Palacio de Justicia.

En los últimos días de marzo, Marchi fue un actor clave en la interna de poder del tribunal. La resolución con el voto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para modificar la organización de poder en la Corte y desplazar al contador de su cargo ingresó a la vocalía de Lorenzetti el 29 de marzo, de acuerdo a una fuente directa del tribunal.

Al día siguiente, y por segunda vez, Marchi solicitó el apartamiento de los supremos Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz en un juicio por daños y perjuicios que él mismo inició contra la líder de la CC, Elisa Carrió, por sus denuncias, informó el diario Página 12 esta semana. Lorenzetti ya se había excusado de intervenir, pero los otros tres jueces plantearon que la presentación fue extemporánea y la rechazaron.

Tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados por la exdiputada Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito

Marchi sostiene que los jueces no deben intervenir en el juicio cuando éste llegue al máximo tribunal. El contador entiende que si fallan a su favor “se interpretará como un acto de defensa propia y corporativa ante el juicio político” y, de lo contrario, “se interpretará como un gesto desesperado por lograr que las esquirlas de la denuncia de la Comisión de Juicio Político no los alcancen”. Además, resaltó: “Mientras yo mantengo una disputa legal con Elisa Carrió ante estos estrados, vuestras excelencias se encuentran sometidos a un proceso de juicio político en que mi contraparte interviene como acusador de uno y defensor acérrimo de otro”, informó Página 12.

Marchi aseguró que si los magistrados no se excusan, recurriría a organismos internacionales de derechos humanos, afirmó el medio.

Disidencia

En su voto de disidencia, Lorenzetti sostuvo que “es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado” de Marchi. “Prueba de ello es que se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración para desplazar a un funcionario que está hace quince años que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”, afirmó el supremo.

Es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión.

Ricardo Lorenzetti — Juez de la Corte Suprema.

“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, continuó Lorenzetti. “La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de abril, que no parece gustar”, sostuvo. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe es de este miércoles.

La obra social también es eje de la investigación de los diputados en la cómoda de Juicio Político.

“Desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley”; “esta resolución es inaplicable y no tendrá ningún efecto jurídico” y “es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión”, concluyó Lorenzetti sobre la decisión de sus colegas.

Nuevo esquema

“El Tribunal considera necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas. A tal fin se requiere, entre otras medidas que serán adoptadas en el futuro, disponer el traslado del Secretario General de Administración, quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”, dispuso la Corte este jueves.

Tras el tralsado de Marchi, la Secretaría General de Administración de la Corte quedará “de manera transitoria” a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1 del máximo tribunal, Damián Ignacio Font, mientras que en la Secretaría Jurídica General fue nombrado, también transitoriamente, Luis Sebastián Clérici.

Este artículo fue actualizado a las 20:17.

EF

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados escuchará este martes a los primeros testigos que declararán en torno a irregularidades, sospechas y denuncias contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), una de las “cajas” de la Justicia que depende de la Corte Suprema.

Para la reunión de este martes a partir de las 13, la comisión parlamentaria citó a Aldo Tonon, ex director de la obra social, quien renunció a su cargo en marzo último, mientras es investigado por supuestos desmanejos que investiga la Justicia federal, expedientes que se abrieron en medio de la feroz interna entre los propios jueces de la Corte que escaló a finales de 2021, tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del tribunal. 

Tonon es un testimonio clave pero complejo, ya que al ser uno de los investigados podría no responder muchas de las cuestiones que abordarán los diputados, ya que no puede declarar contra sí mismo en una testimonial. 

Además, aunque no fue señalado con nombre y apellido, el juez Juan Carlos Maqueda, quien ejerció entre 2008 y 2021 como supervisor de la obra social, criticó duramente la gestión de Tonon en la institución en un correo electrónico que el juez envió a sus colegas del tribunal en agosto de 2021, presentando su renuncia a la tarea de supervisión de la institución médica. 

Maqueda dejó claro en su misiva electrónica que los jueces de la Corte y las autoridades de la obra social de los judiciales se han enfrentado en reiteradas oportunidades por el manejo de la institución de la que depende la asistencia médica de jueces, funcionarios y empleados judiciales y sus familias. Sin embargo, esas internas y enfrentamientos están poco claros hasta el momento.

La Corte sostiene que la obra social es “es un organismo con amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera” a cargo de un directorio que toma las decisiones y tiene responsabilidad por las mismas y sus consecuencias, de acuerdo al estatuto aprobado por los ministros del tribunal en 2008.

¿Quién eligió a los integrantes del directorio durante al menos los últimos 15 años? Los jueces de la Corte, quienes además, debían recibir mensualmente un informe de gestión por parte de los directivos de la institución. ¿Cómo podría el directorio haber cometido desmanejos e irregularidades sin que los jueces pudieran intervenir?

El estatuto fue derogado en febrero de 2021, tras la asunción de Rosatti como presidente del tribunal. Los cuatro jueces de la Corte aprobaron entonces una nueva versión del documento que rige el funcionamiento de la obra social y dejaron al organismo bajo la órbita de la Secretaría de Administración de la Corte, recortando esa supuesta autonomía y cambiando la integración del directorio.

El oficialismo indagará sobre esa supuesta autonomía y la responsabilidad de los jueces de la Corte en el manejo de la obra social, que acumula desde hace décadas denuncias por desmanejos y falta de prestaciones de algunos de los magistrados, empleados y funcionarios mejores pagos del país. Es decir, de una institución que tiene fuentes de ingreso notables. 

“Se debe integrar el Directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos.”

Juan Carlos Maqueda — Juez de la Corte y supervisor de la obra social de los judiciales (2008-2021).

Un correo a la romana

Un documento clave para la comisión es el informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la obra social, ordenado por la Corte tras la asunción de Rosatti en la presidencia. 

El kirchnerismo cuenta con un segundo documento, un correo electrónico, en el que el juez Maqueda admite los desmanejos e irregularidades y el conocimiento que los jueces del máximo tribunal tenían del problema, pero en el que el supervisor de la obra social deslinda responsabilidades de los cortesanos y responsabiliza al directorio. Lo que los diputados deberán dilucidar es si este documento esconde una estrategia para exculparse de los desmanejos sucedidos durante las últimas décadas. 

No sería el único en esa línea. En enero último, el juez Lorenzetti también se quejó en un documento público por presuntos desmanejos de la obra social. Lorenzetti planteó que la auditoría reveló “irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte”.

Además de Tonon, están citados para este martes la contadora de la obra social Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, quien participó de una auditoría de la institución ordenada por la Corte en 2021; y Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.

El correo fue enviado el 30 de agosto de 2021 desde la cuenta oficial del juez Maqueda a las cuentas oficiales de sus colegas en la Corte: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, quien todavía integraba el tribunal.

El asunto del correo dice: “Retiro de Maqueda de la supervisión de la obra social”. “Mi experiencia de ejercer la supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa. Una pelea contra molinos de viento”, afirmó Maqueda en el e-mail.

“Quisiera que ustedes supieran -escribió Maqueda a sus colegas- la ímproba tarea de intermediación que durante estos años tuvo el personal de mi vocalía, a quienes acudían Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial para obtener respuesta positivas a sus pedidos. dedicaron igual tiempo a sus tareas específicas que a los reclamos a la Obra Social.”

Maqueda sostuvo en la misiva electrónica que durante la primera presidencia de Lorenzetti (2007-2009) le fue “asignada esa tarea”, que continuó hasta el día de su renuncia, hace menos de dos años. “Es un ciclo cumplido y para mí terminado con luces y sombras”, afirmó el juez.

“Estábamos con una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas. Hoy contamos con la solvencia que nos dan (sic) 34.000 millones de pesos y casi 4 millones de dólares. Las finanzas están saneadas y se han incorporado una gran cantidad de prestadores (sic)”, agregó.

“La cobertura de los medicamentos era del 50% de su valor y hoy es del 70% del valor total por la Obra Social. Se eliminó la venta de los bonos de consulta y prácticas médicas y muchas de ellas pasaron a ser gratuitas”, aseguró Maqueda. Además, escribió: “Se eliminaron prácticas corruptas que dieron lugar a sumarios administrativos y denuncias que terminaron con condenas penales a empleados y prestadores”.

“Lamentablemente, esta tarea no fue acompañada de una modernización de la Obra Social. Se sucedieron -aseguró el supremo- frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativas, no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios que se ofrece a quienes concurren a la Obra Social por una solución de sus problemas. El sistema administrativo interno es engorroso y malo, no existen manuales de procedimientos y todas las autorizaciones dependen de una sola persona: el Director de la Obra Social.”

“Toda esta situación hizo eclosión durante la pandemia que nos azota”, escribió Maqueda en 2021. “Me retiro de las funciones de supervisión de la Obra Social -continuó- con un sabor amargo. Las tareas pendientes tapan los logros y las realizaciones. La Obra Social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. Todos elevan críticas pero no propuestas de soluciones reales para sus problemas que, básicamente, es una mejor atención a los afiliados (sic)”.

“Me gustaría reiterar a mis colegas tres cosas que vengo repitiendo durante el último año”, afirmó Maqueda, antes de enumerar tres cuestiones.

En primer lugar, reiteró “la necesidad de modernizar la obra social”, en referencia a la falta de un sistema informático y manuales de procedimiento administrativo, y sostuvo que durante su gestión se creó una comisión con la colaboración de Daniel Marchi (administrador de la Corte y mano derecha de Lorenzetti) y Andrés Sacchi, director de Sistemas del tribunales. “Ahora la dirección de la Obra Social deberá ponerla en marcha”, afirmó sobre la “modernización”.

En segundo lugar apuntó directamente a quienes gestionaban la Obra Social: solicitó a sus colegas “integrar el Directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos”.

En cuanto al tercer punto, Maqueda escribió: “Se debe enmarcar a la Obra Social bajo la dependencia de la Secretaría General de la Administración de la Corte Suprema”, es decir, bajo la tutela de Marchi, uno de los apuntados por los diputados de la Coalición Cívica en sus acusaciones y pedidos de juicio político contra el ex presidente del tribunal, Lorenzetti, ya que Marchi es el contador a cargo del manejo financiero de la Corte. Poner la obra social bajo la órbita de Marchi “será la única forma de hacer cumplir las órdenes ejecutivas que imparta la Corte Suprema en sus Acuerdos”. Su pedido se cumplió en febrero de 2022 por acordada del tribunal.

Se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla (a la obra social) de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativas, no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios.

Juan Carlos Maqueda — Juez de la Corte Suprema y supervisor de la obra social de los judiciales (2008-2021)

Por último, Maqueda agradeció la “confianza” y “apoyo” recibido de parte de sus colegas y, en especial, de Lorenzetti y Rosenkrantz, hasta entonces quienes habían ejercido la presidencia del tribunal.

Quince días después de la renuncia de Maqueda, un empleado del área informática de la obra social presentó una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py por presuntas irregularidades en el sector, de acuerdo a una publicación de Infobae. Un mes y medio más tarde, la sede central de la obra social y el domicilio de Tonon, el entonces director, fueron allanadas en el marco de la causa.

Tonon es investigado en otro expediente penal a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social. Stornelli pidió el cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación.

ED

El discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del miércoles dejó varios ecos rebotando, pero son resonancias viejas, avivadas por la disputa política contra la Corte Suprema. Además de viejas, son circulares: seguirán resonando, cada vez que el poder político lo estime necesario. 

El mandatario criticó con dureza el fallo de diciembre último de la Corte mediante el cual el tribunal ordenó al Gobierno a entregar el 2,95% de la recaudación de los impuestos nacionales, la denominada coparticipación federal de impuestos. Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño) además de 180.000 millones de pesos anuales que el Estado Nacional le deriva para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 .

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

El fallo duplicó el porcentaje de fondos públicos que recibe la Ciudad para financiar la fuerza de seguridad porteña y motorizó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte.

Ante Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del tribunal, Fernández aseguró ante el Congreso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene derechos sobre los recursos coparticipables y “debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”.

“Esa decisión -de asignar recursos a la Ciudad- es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”, dijo Fernández.

De acuerdo a lo planteado por el máximo tribunal en su fallo de diciembre, la completa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una deuda pendiente de la política, no del poder Judicial, pero que exigió ante la demanda del gobierno porteño la intervención de la Corte para mediar ante la falta de leyes y reglas que el poder Ejecutivo y el Congreso debían cumplir desde la reforma de la Constitución de 1994.

El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar y no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje corresponde a la Ciudad.

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

De hecho, el Congreso tiene pendiente sancionar una nueva ley de coparticipación que reajuste esa situación por mandato constitucional y permitiera a la Ciudad participar en cómo se decide la distribución de los fondos coparticipables. Fue una decisión de los convencionales constituyentes de 1994, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió; y los actuales jueces de la Corte, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, sólo por nombrar a los que ocupan cargos relevantes. No optaron por zanjar ellos mismos el conflicto sino que lo dejaron abierto, explicó a elDiarioAR el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país.

Alberto Fernández — Furcio del Presidente sobre el fallo de la Corte Suprema.

El fallo de la Corte, la autonomía de la Ciudad y el financiamiento de la policía porteña son cuestiones de dinero pero también de poder y más específicamente, del poder de la discrecionalidad.

“Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 porque establecieron que el Congreso debía sancionar una nueva ley convenio de coparticipación que contemplara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y que debía ser sancionada por el Congreso Nacional y luego ratificada por la totalidad de las legislaturas de las 23 provincias. Basta con que una sola jurisdicción se oponga para que la nueva ley convenio se caiga. Requiere un consenso imposible de alcanzar debido a la situación política en Argentina”, afirmó el jurista.

“La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires porque se aplica una ley convenio anterior a la reforma de 1994”, agregó Gil Domínguez. 

Por esta razón, afirmó el constitucionalista, la Ciudad “está incluida dentro del porcentaje de fondos coparticipables que le corresponden al Estado federal pero no forma parte del reparto de fondos de la coparticipación con un porcentaje fijo razonable. Esta situación les permitió Duhalde, a Macri y a Fernández establecer distintos porcentajes y esto es lo que se debate en la Corte Suprema de Justicia: cuál es el porcentaje adecuado”.

¿La Corte podría haber solucionado esta deuda pendiente? Una nueva ley parece políticamente imposible: requiere un consenso político en el Congreso y entre el Ejecutivo, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Durante 2021, el máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los representantes de la Ciudad que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo, pero la instancia de negociación política fracasó. 

“El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar que estableció que el Ejecutivo Nacional debe otorgarle a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables pero no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje debe realmente recibir la Ciudad. Un peritaje en el cual apoyarse hubiese corrido a la Corte de los cuestionamientos. Por este motivo es que la decisión que adoptó el tribunal es vista por el peronismo como un desafío”, explicó Gil Domínguez.

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, de acuerdo con el Gobierno porteño. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. 

La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires.

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente”, dijo el Presidente el miércoles mientras integrantes del oficialismo silbaban a los ministros de la Corte. “Le quita dinero a los que más tienen (sic) y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, afirmó Fernández en un furcio, ya que en la versión escrita de su discurso, que se adelantó a los periodistas, la frase que debía pronunciar tenía un sentido muy diferente: “Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

El fallo de la Corte redujo la porción de impuestos nacionales que recibe el Estado Nacional y no las provincias. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas. De ahí, el poder de la discrecionalidad.

Nota: esta nota se actualizó el 5 de marzo a las 17.21 para incluir el video del fragmento del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa y su contenido en el texto del artículo. También se corrigió el textual del Presidente en un destacado para incluir el furcio.

ED

Sin realizar declaraciones, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente del tribunal) dejaron el Congreso de la Nación este miércoles por la tarde, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, principal acto institucional del año. Se dirigieron directamente hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en el barrio porteño de Tribunales. Acababan de escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico, con el dedo índice y miradas de desaprobación en cadena nacional, frente al pleno del Congreso, el Gabinete y gobernadores invitados. 

Rosatti y Rosenkrantz llegaron a sus despachos, lejos de los silbidos y gritos de diputados y senadores oficialistas, que se entremezclaban con los abucheos e insultos de los opositores al Presidente. Mientras Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto, Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte. A unos dos metros de distancia, ninguno de los dos dirigió la mirada al Presidente durante casi dos horas.

Tras el acto, “la orden fue no responder a las críticas, no subirse a la discusión política y comunicar hacia adentro del tribunal que el martes próximo se llevará adelante la reunión de acuerdo, que mantienen semanalmente, y que los expediente continúan tramitando”, afirmó una fuente de la Corte a elDiarioAR. Es decir, oídos sordos.

Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.

Alberto Fernández, sobre la investigación por el atentado a CFK.

El martes 7 de marzo también tendrá lugar una nueva reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que continuará escuchando a los testigos citados en el marco de la investigación que el oficialismo lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño. 

El proceso no tiene posibilidad de avanzar en el contexto actual más allá de la comisión: el Frente de Todos (FdT) no tiene los dos tercios de los votos que requiere en Diputados para formalizar la acusación contra los ministros cortesanos ni en el Senado para destituirlos. Pero apuesta a un efecto desgaste sobre los jueces.

El martes próximo, a partir de las 13, están citados los fiscales federales Carlos Stornelli y Laura Roteta (ambos podrían declarar por escrito); el exsenador, exfuncionario y ex consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR); y Sergio Miguel Napoli (secretario letrado de la Corte). En la comisión parlamentaria tenían en la lista de posibles testigos del martes a Maria Burdin, vocera y principal asesora en comunicaciones de Lorenzetti, enfrentada desde hace años con el vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles. Sin embargo, no está en la lista de testigos finalmente notificados por la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo.

Las causas de CFK

“Ellos fueron al Congreso sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a este medio una segunda fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto. 

No acudir este miércoles al Congreso no fue una opción para los jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), aseguran en el Palacio de Justicia, pero lo cierto es que pocos conocen los pormenores de la reunión del martes último en la que los cuatro ministros del tribunal acordaron que sólo asistirían Rosatti y Rosenkrantz en representación de todo el Poder Judicial, ya que son las dos autoridades formales de la Corte (presidente y vice). 

Como cada una de las decisiones que se toman en el tribunal en los últimos meses, se decidió con un máximo hermetismo. En los despachos linderos, el personal de la Corte especulaba con si darían el faltazo a la Asamblea Legislativa, o si los jueces irían y se levantarían ante las más que esperadas críticas de Fernández al tribunal. 

“Asistir a la Asamblea Legislativa es mandato constitucional de la Corte y los jueces decidieron priorizar el Estado de Derecho”, agregó uno de los hombres de la Corte consultados tras el acto, y recalcó: “Son el tribunal que vela por las garantías constitucionales y la Constitución dice que la cabeza del poder judicial debe asistir a la Asamblea Legislativa”.

Las críticas a la Corte fueron los pasajes más duros del discurso de Fernández. Acusó al máximo tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces federales de todo el país y a los jueces nacionales, y que funciona en el marco de la permanente disputa de poder entre el oficialismo, la oposición y los jueces por el nombramiento de sus respectivos candidatos a los juzgados más poderosos.  

El Presidente también acusó a los jueces de la Corte de “quitar dinero a los que más necesitan y destinar esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, en referencia al fallo de diciembre a favor de que la Ciudad de Buenos Aires reciba más fondos de la Nación para financiar la policía porteña.

Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia.

Alberto Fernández, sobre la condena a Cristina en Vialidad.

Fernández también habló de vínculos de jueces con empresarios y medios de comunicación. Hizo hincapié, además, en la supuesta intromisión de la Corte en atribuciones de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, al ordenar en sus fallos cómo el Gobierno debe distribuir fondos públicos. Y reclamó a la Justicia por dos causas penales en trámite: la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la condena contra la expresidenta por el caso Vialidad, que le valió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que aún no están firmes.

En el pase de facturas entre el Gobierno y la Corte por quién incumple la Constitución, una fuente del máximo tribunal dijo a elDiarioAR: “El artículo 109 de la Constitución Nacional establece que ‘en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’, y sin embargo, lo hizo en tres oportunidades”.

Una de las referencias fue por el expediente abierto aún en la Corte por el reparto de fondos nacionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una demanda de la Ciudad contra Nación por la coparticipación. La Corte dictó una medida cautelar pero el fallo de fondo está pendiente.

En cuanto a la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Fernández dijo: “Vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”. Luego agregó: “Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”. 

Sobre las condenas en el juicio de Vialidad, el Presidente se dirigió, sin nombrar al tribunal, a la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país que revisa las sentencias de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones.

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo Fernández sobre la condena de primera instancia, que aún debe ser revisada por tres jueces de la Sala I de la Casación.

ED

Nota: esta nota fue actualizada el 2 de marzo a las 08:49 AM con la lista de testigos finalmente notificados por la comisión parlamentaria para declarar el 7 de marzo próximo, en la que no está notificada María Burdin, funcionaria de la Corte y vocera del juez Lorenzetti.

La Corte Suprema de Justicia fue este miércoles objeto de los pasajes más duros del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que dio inicio a la actividad del Congreso. “Fueron sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto.

En el acto institucional más importante del año, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del máximo tribunal, se apersonaron en representación de la Corte, como es tradición cada año, para escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico y con el dedo, incluso con la mirada, entre silbidos, festejos y aplausos de los diputados y senadores oficialistas y gritos e insultos de los opositores. 

Fue el momento más tenso, agresivo y locuaz del discurso, o más bien el único. Sin menciones directas, Fernández terminó por señalar a su propio espacio político como co-responsable por no avanzar con las reformas del sistema judicial que envió como presidente al Congreso y que, según el mandatario, habrían evitado que el avance del narcotráfico en Rosario, Santa Fe, pasaje que le valió una mueca de fastidio del juez Rosatti, oriundo de esa provincia.

Mientras el oficialismo avanza a pedido del Presidente con una investigación por presunto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Rosatti y Rosenkrantz acudieron a la Asamblea en representación de todo el tribunal, ya que son sus principales autoridades. Los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no asistieron. Fue una decisión tomada este martes entre los cuatro jueces, afirmaron dos fuentes directas de la Corte.

Los jueces de la Corte debieron oír también las críticas de Fernández al tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -sentada a su izquierda- por defraudación a la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No pronunció la palabra “proscripción”, que utilizó la expresidenta públicamente para referirse a la sentencia.

“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Fernández. 

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo en referencia a las apelaciones pendientes a la condena del caso Vialidad.

Fernández también acusó a los jueces del tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo en el oficialismo, oposición y poder Judicial se disputan el nombramiento de jueces para diseñar la Justicia a su imagen y semejanza.

A las ausencias de Lorenzetti y Maqueda, se sumó la de Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, el jefe de los fiscales del país. A diferencia de los jueces de la Corte, Casal no fue invitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa por primera vez desde la asunción de Fernández, confirmó una fuente directa del organismo a elDiarioAR. “Es la primera vez desde 1994, cuando se creó el Ministerio Público Fiscal, que el titular de la Procuración no es invitado al acto institucional más importante del año”, agregó la fuente.

Casal fue blanco de un intento de juicio político, también iniciado por el oficialismo pero que no prosperó en la comisión parlamentaria. El Gobierno no ha podido nombrar -al igual que la gestión de Cambiemos- a su propio procurador debido a que no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado. Por estar en la línea de sucesión del organismo, Casal es procurador interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó, enfrentada por el macrismo para forzar su renuncia y nombrar, también sin éxito, a su propia jefa de fiscales.

Dinero

Tras ingresar al recinto pocos minutos antes de Fernández, Rosatti y Rosenkrantz se sentaron en el espacio reservado siempre para los jueces supremos, junto al estrado de la presidencia de la cámara de Diputados, donde Fernández daría su discurso. 

Fernández acusó a la Corte de pretender manejar los recursos públicos del Estado, de intromisión en las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias pobres. Todos argumentos rechazados por el tribunal. 

Con estilos y personalidades muy disímiles, Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto durante el discurso presidencial, mientras que Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte.

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, comenzó Fernández sus pasajes más críticos. 

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Les quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, dijo el Presidente, sin censurar los silbidos provenientes del recinto ante la mención al máximo tribunal que le valieron un gesto de desaprobación de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentado en el espacio reservado para los gobernadores.

El fallo de la Corte que en diciembre último otorgó de manera momentánea a la Ciudad una suba en la porción de impuestos nacionales que reparte el Estado Nacional entre todas las provincias y la Capital fue para financiar la policía porteña y no redujo el porcentaje que reciben los Estados provinciales sino la porción que le corresponde al Estado Nacional, de acuerdo con el fallo. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas.

Este fallo fue la motivación del oficialismo para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte, un proceso que no tiene posibilidades de avanzar más allá de una investigación y un dictamen de acusación de la comisión parlamentaria, ya que el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos en Diputados para formalizar la acusación ante el Senado, ni en entre los senadores para destituir a los jueces.

Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables

Alberto Fernández

“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo sobre el pedido de juicio político.

Con tono enérgico y ante los aplausos de pie y gritos de aprobación de los legisladores oficialistas, Fernández dijo: “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”.

Espionaje

Luego, el Presidente recordó sus pedidos para que avance su intento de reforma del sistema judicial, que ni siquiera fue apoyado por el oficialismo en Diputados. Resaltó un cambio central en los manejos del Ejecutivo con respecto a administraciones pasadas: 

“No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, pasaje que despertó reacciones de la oposición en el recinto, en medio de denuncias de hackeos y filtraciones de chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyos responsables no han sido identificados.

Y se refirió a esas conversaciones filtradas: “Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”.

La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible.

Alberto Fernández

Narcos

“Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, dijo Fernández.

Rosario necesita cinco jueces federales de distintas instancias. El Presidente acusó a la Corte, y en especial a Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, porque desde hace un año el organismo no envía candidatos a jueces de Santa Fe, pero Fernández obvió decir que la provincia es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales desde hace años, incluso cuando su espacio político tenía mayor control del Consejo, y que el nombramiento de los jueces federales depende del acuerdo con el oficialismo y la oposición. 

ED

Mientras avanza la investigación del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político, los cuatro ministros del máximo tribunal mantienen en reserva si asistirán a la tradicional apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este miércoles 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dará su discurso, sentado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco habían recibido invitación al cierre de esta nota.

Las invitaciones para el 1° de marzo son enviadas por el Senado, presidido por la vicepresidenta, pero los invitados son elegidos por el Poder Ejecutivo. Usualmente, se cursan a último momento. Este año no es la excepción. El Senado comenzó a enviar las invitaciones este viernes, tras la publicación de la convocatoria oficial en el Boletín Oficial, y la nómina incluye a los jueces de la Corte, de acuerdo a una fuente de la Cámara alta consultada por elDiarioAR. 

El acto oficial, con el pleno de Diputados, el Senado y el Gabinete en el recinto, además de expresidentes, es la oportunidad de Fernández para anunciar el envío de proyectos de ley al Congreso o solicitar la sanción de leyes pendientes, pero es también el momento en el que el Presidente tendría a los jueces de la Corte de cuerpo presente frente a sus críticas al máximo tribunal y el Poder Judicial. 

Este año, la habitual tensión entre ambos poderes alcanzó su pico máximo con el pedido de juicio político del Gobierno a los cuatro magistrados y la apertura de una investigación en la comisión parlamentaria por presunto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Habrá que esperar para ver si asisten a la convocatoria o dan un faltazo histórico, respondieron dos fuentes con acceso a los ministros de la Corte ante las consultas de este medio. Desde que el oficialismo aumentó la presión sobre el tribunal, el habitual hermetismo de los magistrados supremos se potenció y son escasas las decisiones institucionales que trascienden en el Palacio de Justicia.

En los últimos tres años, no todos los magistrados estuvieron presentes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En 2020, sólo acudieron Rosenkrantz y la entonces cortesana Elena Highton de Nolasco, quien renunció a su cargo a finales de 2021. Entonces, Lorenzetti se reportó enfermo y no trascendieron las razones de ausencia de Rosatti.

En 2022, cuando el clima de tensión escalaba entre el Gobierno y los supremos por el fallo del tribunal que modificó la composición del Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona y controla a los jueces nacionales-, los cuatro jueces asistieron. 

Ocho horas

El jueves, mientras se celebraba la sesión de la comisión parlamentaria, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda mantuvieron una reunión de acuerdo y firmaron sentencias. Rosenkrantz se encontraba de licencia pero regresará esta semana a sus funciones.

El jueves último por la mañana, el clima en la Corte se tensó más de lo habitual de los últimos meses. Un ex funcionario del tribunal y cinco letrados que trabajan codo a codo con los jueces debieron presentarse ante la comisión de Juicio Político para declarar como testigos frente a los diputados, en una sesión que se transmitió en vivo y se extendió por casi ocho horas.

Sin embargo, el resultado de la sesión hacia dentro de la Corte terminó amortiguando, al menos temporalmente, la inquietud. Desde la perspectiva del tribunal, en la mayoría de los interrogatorios, los diputados demostraron “desconocimiento sobre a quiénes estaban interrogando y sobre el funcionamiento de la Corte” y una “evidente falta de preparación” para las entrevistas a los testigos.

En muchos casos no sabían exactamente qué funciones cumplían los funcionarios del tribunal citados, en qué causas habían intervenido ni para qué jueces habían trabajado en los últimos años. 

A casi seis horas de iniciada la sesión del jueves, el diputado José Luis Gioja (San Juan) comenzó a interrogar a Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, para consultarle cuál había sido el criterio adoptado por la Corte para determinar que el Estado Nacional debe entregarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. “Desconozco porque yo no participé del proyecto de esa sentencia”, respondió Rodríguez.

“Ah, estamos muertos, entonces.. estamos cagados”, se lamentó en voz alta y con espontaneidad el sanjuanino, ante las risas de sus colegas y la mirada sorprendida de la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), y el rostro inmutable del testigo. Es que el cuestionario de Gioja se basaba en la presunta participación o conocimiento de Rodríguez en el expediente que motivó el pedido de juicio político a la Corte.

Rodríguez terminó explicando cuál es el procedimiento ante los juicios que se originan en la Corte. La situación se repitió con otros testigos, como el último de la lista del jueves, Roberto Miguel Ángel Saggese, interrogado por el diputado Ricardo Herrera (La Rioja), quien comenzó leyendo las preguntas. “Bueno, se nos ha encomendado una serie de preguntas respecto del caso Muiño (en referencia al fallo Muiña, que aplicó la Ley del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad)”. “No puedo contestarle porque no participé en ese caso”, respondió el funcionario de la Corte. El resto de sus respuestas al interrogatorio fueron variantes de esa frase.  

La “obsesión Robles”

Como balance, en la Corte se inquietaron más porque los funcionarios del tribunal debieron informar públicamente sus domicilios y permanecer a disposición de la comisión durante casi ocho horas que por las preguntas que debieron responder. 

Hay otro hecho que inquieta a muchos en el tribunal: la citación a María Burdín, vocera del juez Lorenzetti, para declarar como testigo el martes 7 de marzo ante la comisión parlamentaria. La funcionaria mantiene un enfrentamiento con otros funcionarios de la Corte que responden a los colegas de su jefe.

En el tribunal también se preguntan por qué el oficialismo dedicó la mayor parte de los interrogatorios a la “obsesión con Silvio Robles”, como definió una de las fuentes consultadas por elDiarioAR a los reiterados intentos por obtener información sobre Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, presidente de la Corte, e involucrado en la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En el oficialismo, apuestan a que, como mínimo, la exposición a Robles en la comisión alimente sospechas sobre Rosatti a través de los medios de comunicación.

Además, el oficialismo debió dar marcha atrás con una de las medidas más duras que votó su mayoría en la comisión hace diez días: admitió que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamadas entre el asesor de Rosatti y el ministro D’Alessandro.

La Corte cree que a través de Robles no habría posibilidad de avanzar en la investigación contra presunto mal desempeño de Rosatti. Las preguntas de los diputados oficialistas giraron en torno a si Robles accede a los secretarios letrados de los jueces; si recibe informes de los fallos del tribunal; si integra grupos de chats con funcionarios de la Corte; si una inundación ocurrida a finales de enero en el Palacio de Justicia afectó la oficina del vocero -suspicacias sugeridas por el diputado Leopoldo Moreau porque el episodio sólo afectó el despacho y antedespacho de Robles, incluyendo su computadora-; entre otras cuestiones sobre el protagonismo y nivel de toma de decisiones de Robles en la Corte.

El día anterior al acto del 1° de marzo en el Congreso, la Corte tomará juramento a los senadores que deben asumir como consejeros de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales, en medio de la polémica por la decisión de tribunal de no tomar juramento a Martín Doñate, uno de los senadores elegidos por Fernández de Kirchner para asumir en el Consejo en representación del oficialismo en el Senado. 

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó este jueves un planteo de nulidad de la acordada de la Corte que excluyó a Doñate de asumir en el Consejo, donde se debate quién será juez y quién no. A su vez, la asunción de Doñate quedó cuestionada judicialmente por la oposición y el tribunal declaró invalido que el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta se haya partido en dos para que el oficialismo nombre representantes por la mayoría y la minoría en el organismo.

ED

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED