En marzo de 2016 se anunció la visita del entonces presidente Barack Obama a la Argentina. Lo recibiría Macri a pocos meses de iniciado su mandato como titular del Poder Ejecutivo. Una oportunidad para lucirse de cara al mundo como una gestión moderna, de avanzada, que trataría de profundizar poco después como país anfitrión del W20.
La Embajada de los Estados Unidos organizó un evento llamado “Town Hall Meeting”, habitual en la tradición norteamericana para generar espacios de encuentro entre los líderes políticos y distintos grupos sociales. El encuentro se concretó el 23 de marzo en la Usina del Arte y más de 700 personas, incluyendo representantes de la sociedad civil, fuimos invitadas a participar. Por supuesto, fue un evento masivo y las posibilidades de interacción fueron muy reducidas. Al abrirse la oportunidad de hacer algunas preguntas desde el público enseguida pensé una: “¿Cuáles son las razones por las que, en las dos oportunidades que usted tuvo para nominar a una persona a la Suprema Corte de Justicia, nominó a una mujer?”.
Esperaba que su respuesta pudiera inspirar el proceso de Argentina que tenía por entonces dos lugares que completar en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Macri había usado esa oportunidad para promover (inicialmente con un Decreto de Necesidad y Urgencia que no tenía nada de necesario ni de urgente) a dos candidatos varones que finalmente atravesaron exitosamente el proceso regular y constitucional para su nombramiento. Yo esperaba que el presidente Obama pudiera explicar, con su distintivo sello pedagógico y político, que el sistema de administración de justicia y la calidad de sus intervenciones se fortalece cuando hay diversidad en lo más alto del poder y que la experiencia con las juezas mujeres de la Corte estadounidense así lo había demostrado.
Por supuesto no llegué a hacer mi pregunta y los intercambios se enfocaron en otros temas. Pocos meses después en Argentina se concretó la nominación y nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que contaron con más del 80% de los votos favorables del Senado y desde entonces integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una oportunidad desaprovechada por ese presidente, como lo había hecho antes también la presidenta Fernández de Kirchner y tal como lo haría después el presidente Alberto Fernández. Y ahora estamos otra vez en el mismo lugar: hace casi 20 años que las sucesivas vacantes en el máximo tribunal del país solo son ofrecidas a varones (la última en asumir ese cargo fue la Dra. Carmen Argibay, propuesta en 2004 y que juró en 2005).
Alcanza con que se postule la importancia de contar con mujeres en espacios de decisión en cualquier ámbito para que se escuchen las objeciones habituales. La más común: lo importante es nombrar a personas idóneas, no por su pertenencia a un sexo u otro. Como si la idoneidad no fuera (o debiera ser) el requisito indispensable para todo cargo público y como si la sospecha o la acusación sobre su ausencia solo recayera sobre las mujeres.
El proceso que se abrió con la comunicación a cargo del vocero de la Presidencia y su posterior oficialización nominando a dos candidatos para el cargo actualmente vacante en la Corte y el que se abrirá en algunos meses, no fue la excepción. Muchas voces cuestionaron sobre todo la integridad e independencia de uno de los candidatos, sus vínculos poco claros con distintos espacios de poder y, como al pasar, que ninguno de ellos sea una mujer.
El reclamo por promover de manera activa que el máximo tribunal de la Argentina incluya a las mujeres que actualmente integran más del 57% del total del sistema de justicia pero que sólo conforman el 29% del total de las autoridades, puede parecer menor frente a la contundencia de otras objeciones de analistas políticos, asociaciones de abogados, de magistrados y cámaras empresariales. Como si fuera solo una expresión de “malestar femenino” tal como lo mencionó un reconocido periodista político.
“Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres en la Corte Suprema. La diversidad de género no solo enriquece el debate judicial, sino que también refleja la pluralidad de la sociedad y promueve la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del Poder Judicial”, pidieron a través de un comunicado desde AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.
¿Qué es esto de pedir paridad en la participación de mujeres en lugares de decisión, incluyendo la justicia, que llama la atención más allá de las organizaciones feministas y de mujeres?
En Estados Unidos, la primera mujer nombrada en la Corte Suprema fue Sandra Day O’Connor, (nominada por Reagan en 1981). Le siguió la icónica jueza Ruth Bader Guinsburg (nominada por Clinton en 1993). Hoy 4 de los 9 integrantes de la Corte estadounidense son mujeres. Obama nominó a mujeres en las dos ocasiones que tuvo de completar las vacantes del más alto tribunal de justicia (en 2009 y 2010) y hasta Trump nominó a una mujer en una de las 3 oportunidades que tuvo para completar vacantes en la Corte.
En América Latina muchas de las Cortes supremas de justicia están integradas por un número relevante de mujeres, aunque en la mayoría de los casos estén en minoría: en Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Colombia hay mujeres integrando las Cortes Supremas.
¿Por qué es relevante? Porque es parte de los compromisos que ha asumido el Estado argentino de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género, tanto en la Constitución como en varios de los Tratados Internacionales firmados. Porque sería consolidar el retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas para mejorar el acceso a la justicia con la Oficina de Violencia Doméstica, como en el trabajo de investigación y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer. Ambas iniciativas creadas y lideradas por las dos juezas que integraron la Corte.
Y también porque la experiencia muestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión coincidieron con el avance de los derechos de las mujeres. Las experiencias que atraviesan a muchas mujeres, aún considerando la gran diversidad de sus trayectorias de vida, hacen al menos probable que incorporen esas problemáticas a la agenda política. Este fue el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avanzó en los estándares internacionales en relación a los derechos de las mujeres en los momentos donde se incorporaron juezas en su conformación (pensemos, por ejemplo, en el paradigmático caso Campo Algodonero).
De todos modos, la representación de los intereses de las mujeres no se ven necesariamente reflejadas en candidatas mujeres, y es por eso que el objetivo de perseguir la equitativa participación de las mujeres debe ir de la mano de un claro compromiso con la igualdad de género en todas aquellas personas que sean propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia. Varones y mujeres tienen, por igual, el mismo mandato. Las mujeres tienen, además, la posibilidad de contribuir a consolidar una representación más democrática.
Son muchas las candidatas mujeres con trayectoria, formación, integridad, honestidad, compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género. Candidatas sobran. Decisión política.... al parecer falta. Le tocará a las senadoras y senadores la responsabilidad de tomar partido a favor de la igualdad.
NG/DTC
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