Jamie Inman es un creativo británico que trabajó para una agencia que creaba campañas para empresas de combustibles fósiles, y cuyo nombre prefiere no mencionar. Allí, siempre dejó claro que no quería trabajar en ninguna de esas cuentas y la empresa respetó sus deseos. “No siempre es fácil transitar por esa línea”, admite. En 2024, fundó Serious People, un estudio que utiliza la creatividad y el humor para acelerar la acción climática, y que impulsó Ogilvyland y Oilwell, una aplicación falsa de meditación para la ansiedad climática, campañas que sirven para subrayar las contradicciones del sector publicitario.

“Siento empatía por las personas que se ven atrapadas en grandes agencias de publicidad y relaciones públicas. Todo el mundo tiene que pagar las facturas, pero poseen más capacidad de decisión de lo que creen”, asevera.

Lo que lo frustra, dice, es el enfoque “gradualista” y el “doble lenguaje” que se observa en las grandes agencias. “Se encuentran en medio de un enorme conflicto de intereses: en el mismo edificio puede haber una reunión en la que se discute cómo crear una cobertura política para el desarrollo de un nuevo yacimiento petrolífero y, en la sala de al lado, un cliente del sector sanitario presentando una nueva campaña de apoyo a los pacientes con asma”.

Como Inman, muchos otros profesionales de la publicidad optaron por “cambiar de bando”, negarse a trabajar con la industria fósil y poner su talento al servicio de la acción climática.

Uno de ellos es el argentino Pepe Leyton, que “por suerte” nunca trabajó directamente en campañas de combustibles fósiles. Primero, porque no le tocó ninguna cuenta de ese sector; después, por decisión propia. “Cuando trabajaba en agencia, en publicidad tradicional como empleado, no me cuestionaba esto que me estoy cuestionando ahora”, señala, e intuye que, de haberle tocado hacerlo, probablemente lo habría disfrutado, ya que al final cuando se trabaja con grandes marcas suele haber mayor presupuesto que permite hacer campañas más elaboradas.

Aun así, reconoce que no fue fácil dar el paso de salir del circuito de la publicidad tradicional: “La incertidumbre crece. Pero lo cierto es que siempre estamos caminando frente a la incertidumbre. Es parte del juego de la vida y eso yo siempre lo tuve claro”.

Afincado en Portugal, lidera la sección para España y Portugal de Clean Creatives, un movimiento que surgió en Estados Unidos y que acaba de llegar a España. Desde esta red —que aglutina a más de 4.000 publicitarios y relaciones públicas— se dedican a sensibilizar a otros creativos y agencias de publicidad para que abandonen las cuentas vinculadas a la industria de combustibles fósiles.

En una campaña reciente, hacen el paralelismo con el amor romántico “tóxico”. Toxic accounts: from greenwashing to gaslighting (Cuentas tóxicas: del greenwashing al gaslighting) es una investigación que analiza la evolución en la narrativa de las campañas publicitarias de empresas petroleras y gasísticas entre 2020 y 2024.

También se dedican a visibilizar a aquellas agencias que siguen trabajando para el sector de los combustibles fósiles, empresas que incluyen en la “F-list”. En este listado figuran grandes actores de la publicidad como WPP, con clientes como ExxonMobil, BP, Petrobras y TotalEnergies; o McCann, con campañas para Chevron, YPF o Saudi Aramco, entre otras.

Leyton salió de esa rueda sabiendo que probablemente se perdería oportunidades profesionales. “Pero era más grande ya la incomodidad de trabajar en esas oportunidades profesionales si no me daban felicidad o si no estaban alineadas con el rumbo que yo había decidido tomar, que era una decisión visceral”, aclara. 

Se especializó en marcas que buscan “impacto positivo”, la sostenibilidad o simplemente trabajar de manera más consciente. “Te das cuenta que estás cerrándote puertas y lo bueno es que eso te obliga a buscar nuevas. Y están. Las encontrás, porque encontrás gente, grupos, personas, empresas que están desde antes que vos caminando por esta vereda, que te inspiran y te motivan y te ayudan y educan con la acción; porque aprendés de sus casos y de sus vidas y te das cuenta de que se puede”.

La experiencia inspiradora del tabaco

Al inicio de su carrera, hace ya varias décadas, Leyton vio con admiración cómo algunos de sus compañeros más veteranos se permitían rechazar cuentas tan importantes como las de la industria del tabaco. Menciona, por ejemplo, el caso de una dupla de publicitarios que dio luz roja a una campaña de Camel: Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, que entonces formaban parte de la agencia Agulla & Baccetti.

Igual que en aquella época surgió todo un movimiento de publicitarios que, por motivos éticos, se adelantaron a la regulación anti-tabaco, considera que podría darse ese mismo fenómeno con los combustibles fósiles. Pero aún estamos lejos de ese punto de rechazo masivo, lamenta el creativo argentino.

Coincide con él Nico Ordozgoiti, otro publicitario que, después de haber trabajado en agencias pensando campañas para clientes como British Petroleum o, en sus inicios, Philip Morris, marcó un límite claro y decidió dejar fuera de esa frontera a clientes del sector fósil, el juego, el tabaco o las armas. 

Ordozgoiti forma parte de Creatives for the Future, una iniciativa que nació en España de la mano de un puñado de publicistas y agencias que compartían sus inquietudes, y la idea de que podían dejar de contribuir a acelerar la crisis climática. “Existía entre nosotros la conciencia de que nuestro sector había contribuido al problema, a fomentar hábitos de consumismo”, dice Ordozgoiti, que firmó el manifiesto de Creatives for the Future en 2021.

Este creativo también recuerda de su primera etapa profesional que había gente que se negaba a trabajar en campañas de tabaqueras o que, por lo menos, manifestaba su rechazo. En algunos casos, cuenta, se trataba de personas con familiares que habían fallecido de cáncer de pulmón tras haber fumado toda su vida. “En el tabaco obviamente hay muchas historias personales, y mucha gente que lo ha padecido en su familia. Entonces se empezó a normalizar decir ‘yo no quiero trabajar en esto’. Y ahora mismo es un sector bastante apestado”, comenta.

Pero, en el caso de las empresas de combustibles fósiles, la relación a veces no es tan directa. “Con la industria fósil me parece que no termina de calar precisamente porque es una cosa que nos afecta a todos en general, pero no tienes casos de una madre que se murió por la crisis climática”, arguye Ordozgoiti.

Por otro lado, Leyton señala que la reacción de buena parte de las grandes agencias ante la ‘F-list’ “no fue precisamente dar un paso atrás”: alejarse de las empresas de la industria fósil. “Al contrario, muchas están ayudando a estas compañías a reformular su discurso y adaptar su narrativa”, señala.

“Nuestra investigación más reciente, Toxic Accounts, documenta con bastante claridad ese giro. También estamos viendo una concentración cada vez mayor de poder en los grandes holdings, algo que puede leerse como una reacción defensiva ante el aumento del riesgo reputacional, regulatorio y legal asociado a trabajar con combustibles fósiles. La nueva entidad combinada Omnicom-IPG, por ejemplo, acumula ahora 120 contratos con empresas del sector fósil”.

Ese redoblar la apuesta, según Leyton, recuerda a lo que también ocurrió con la industria del tabaco en los años previos a los grandes litigios “que terminaron cambiando las reglas de juego para las agencias”.

“Y el coste reputacional ya se está haciendo visible de forma muy concreta”, agrega. “Después de que Havas ganara la cuenta global de medios de Shell y perdiera su certificación B Corp en 2024, su propio informe anual reconoció que la compañía había sufrido una publicidad negativa significativa y un daño reputacional asociado. Es decir: las agencias ya están reconociendo el riesgo ante sus accionistas, aunque todavía no estén actuando en consecuencia. Por eso sigue siendo tan importante mantener la presión”.

Después de 14 años del primer Foro Llao Llao de los empresarios más ricos de la Argentina, el encuentro ha vuelto en la era libertaria al secretismo de sus orígenes y ha desandado el camino de apertura que había iniciado a principios de esta década. “Nos une el deseo compartido de mejorar la Argentina, la convicción de que el cambio se construye mirando al futuro”, reza un comunicado de lo poco que se sabe de lo que ocurre puertas adentro del emblemático hotel de Bariloche, el Llao Llao, propiedad del empresario agrícola e inmobiliario Eduardo Elsztain, dueño de Cresud e IRSA. Eso sí, de puertas cerradas a la prensa, a diferencia de la mayoría de encuentros deliberativos del establishment.

“Nos une la voluntad de elevar la vara del empresariado argentino: competir, emprender, arriesgar capital, y generar impacto real desde la integridad”, alega este grupo de 150 empresarios, de los cuales menos de diez son mujeres.

Algunos son integrantes del Grupo Argentina Mejor, que formaron los hijos de los grandes millonarios del país cuando se creó el foro. Otros son de la Fundación Endeavor, por la que grandes empresarios fomentan a emprendedores que pretenden emularlos. En la foto de familia que no se difundió aparece Elsztain en primera fila, arrodillado junto a Martín Migoya, uno de los accionistas de la tecnológica Globant. Encima de ellos, en segunda línea, Guibert Englebienne, otro socio de Globant. Sentado en el pasto, Federico Braun, de los supermercados La Anónima y el Grupo Financiero Galicia, que fue el moderador de la charla de la reina Máxima de Países Bajos sobre salud financiera de los empleados. En el centro, Marcos Galperin, el millonario más rico de la Argentina por su invención, Mercado Libre.

Nos une la voluntad de elevar la vara del empresariado argentino: competir, emprender, arriesgar capital, y generar impacto real desde la integridad", alega este grupo de 150 empresarios, de los cuales menos de diez son mujeres

También posaron Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística y uno de los impulsores de la dolarización que finalmente no adoptó Javier Milei; Luciano Nicora, de la agrotecnológica Pampa Start; Roberto Souviron, fundador de Despegar que después de venderla se fue a navegar por el mundo con su familia y ahora estudia para docente y encabeza la Fundación Estudiar Es Mejor, que pregona las evaluaciones a alumnos y maestros y sobre la que viajó a hablar en el foro; Alejandro Vázquez, fundador de Tiendanube, otro unicornio (empresa tecnológica valuada en más de US$1.000 millones) gracias al desarrollo de comercio electrónico que impulsó entre sus clientes pymes; Franco Mignacco, que no es dueño sino CEO de Minera Exar, una de las dos empresas que está explotando el litio jujeño y que pertenece a la china Ganfeng y a la suiza Lithium Argentina; Gustavo D'Alessandro, del fondo Finvest; Carlos Miguens Bemberg, accionista del grupo eléctrico Central Puerto, la critícola San Miguel e inversiones mineras; su socio Agustín Otero Monsegur; Karina Román, del fondo Puerto Asís Investments y con empresas logísticas; y las hermanas Verónica y Larisa Andreani, cuyo padre, Oscar, presentó esta semana a la prensa la inversión de US$30 millones que hizo en un hub en Pacheco para procesar 26.000 paquetes por día. Además, este año abrirá un depósito a medio camino en Miami y en 2027 otro en la propia China por el boom de importaciones. Cada vez trabaja más con ellas, menos con la industria bonaerense y más con Vaca Muerta y las provincias mineras. Datos de la nueva Argentina.

Algunos de ellos venían de la agitada jornada de Experiencia Endeavor Sub 20 este martes en el Movistar Arena, al que fueron obligados a asistir 12.000 alumnos del final de la secundaria porteña. Allí estuvieron Migoya, presidente de Endeavor, y Vázquez, de Tiendanube. Entre los estudiantes de escuelas públicas había varios que habían averiguado bien quiénes eran los expositores. Pasada la euforia juvenil por Milei, no les cayó bien descubrir las fotos del dueño de Globant con el Presidente, pero lo trataron con respeto al anfitrión del evento. Quizás no sabían que su empresa fue denunciada el año pasado ante el Ministerio de Economía por la Asociación Gremial de Computación (AGC) por presunto incumplimiento de los requisitos para recibir desgravaciones impositivas de la ley de economía del conocimiento por el supuesto despido de personal. Justo un día después el programador y periodista Maximiliano Firtman difundió que inversores de Globant demandaron a la empresa y sus directivos en Nueva York porque habrían ocultado cancelaciones de contratos y congelamientos salariales en la Argentina y México. “Rechazamos estas acusaciones y responderemos con firmeza en el momento apropiado”, respondió la compañía.

A quienes sí abuchearon los estudiantes fue primero a Juan Cereigido, fundador y CEO de Ato, no porque su empresa ayude con inteligencia artificial a adultos mayores, sino porque mostró en pantalla su admiración por EE.UU. y Elon Musk. Después llegó el turno de Ariel Sbdar, dueño de la financiera Cocos Capital: a él le corearon “vendepatria” apenas entró por su seguidilla de tweets celebrando el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. ¿Será que los jóvenes que hace una década eran camporistas y después se hicieron libertarios ahora dejaron de serlo? Sólo se sabrá en las urnas en 2027. Las encuestas, que ahora muestra un supuesto derrumbe de Milei, muchas veces han fallado.

El avance de la petroleras

Las que por ahora aprovechan al Presidente que considera robo los impuestos y que promete destruir el Estado son las petroleras. Cuando el Congreso votó en 2024 la ley Bases y su Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el propio Gobierno argumentó en contra de incluir entre sus beneficiarios los proyectos de extracción de petróleo y gas porque no necesitaban estímulos adicionales, ya tenían ecuaciones económicas viables de corto plazo y, por tanto, su incorporación implicaría un costo fiscal innecesario. Pero a principios de 2026, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los terminó de sumar entre el lobby de las petroleras, de Neuquén y la desesperación del ministro de Economía, Luis Caputo, de recibir divisas para pagar la deuda. Es así que iniciativas que ya estaban en carpeta de las empresas de repente ahora se encuentran con que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, dispondrán de los dólares de exportación sin restricciones y podrán recurrir a tribunales internacionales en caso de que les cambien las reglas.

Se trata de un sector que viene subvencionado desde tiempos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. De hecho, Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, acaba de conseguir esta semana un fallo del juez Lavié Pico a favor por una demanda contra el Estado por al menos US$30 millones porque la gestión Macri había recortado las subvenciones en plena crisis. Los abogados del sector público, que habían defendido aquella decisión durante las administraciones de Cambiemos y Frente de Todos, bajaron los brazos en la era libertaria. Pueden apelar. Pero llama la atención en tiempos en que Milei se burla del dueño de Techint, Paolo Rocca, “Don Chatarrín”, por proteccionista, mientras pierde las licitaciones para proveer caños y construir el nuevo gasoducto de Vaca Muerta para exportar su combustible por barco al mundo.

Habrá influido o no que semanas antes Rocca le pidiera en una reunión privada a Macri que arme una alternativa política a Milei. No es el único empresario interesado. El dueño del Banco Macro y expresidente de River, Jorge Brito, también impulsa un espacio de centroderecha para evitar la polarización en las elecciones presidenciales de 2027 entre el libertario y Axel Kicillof, de quien su fallecido padre decía que no entendía qué es el mercado.

El gobernador bonaerense, mientras tanto, navega entre quienes le recomiendan un giro al centro, como hizo Luiz Inácio Lula da Silva a su misma edad para llegar al poder en 2002, y algunos de sus más cercanos que consideran que en el mundo la salida a la ultraderecha pasa por seguir contrastando fuerte con un discurso de izquierda, como hizo el demócrata Zohran Mamdani para llegar a alcalde de Nueva York en 2025. Son los que se ven avalados por la nueva encuesta de Atlas Intel sobre líderes con imagen positiva que encabezan la trotskysta Myriam Bregman y Kicillof.

Los que siguen cosechando ventajas

Pero Rocca tiene revancha con Tecpetrol, que además se presentó al nuevo RIGI para extracción de hidrocarburos. Lo mismo hicieron Pluspetrol, de la familia Rey; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; y Phoenix, de José Luis Manzano. También lo hará Vista, de Miguel Galuccio; Pan American Energy (PAE), de la británica BP y los Bulgheroni; YPF y Central Puerto, recién ingresada en el negocio.

Habrá que ver si se suman multinacionales, menos atraídas por invertir en la Argentina de Milei. Suenan los nombres de la angloholandesa Shell y la francesa Total. “Ya no pagan muchos impuestos y con el RIGI menos que menos”, advierte el economista Gustavo García Zanotti, que ha investigado los beneficios que a lo largo de los gobiernos han conseguido las petroleras en Vaca Muerta.

Las que también han logrado ventajas a través de las diversas administraciones son las grandes tecnológicas, como Mercado Libre, Globant o Despegar. Los montos de las desgravaciones tributarias de estas empresas no son difundidos por el Estado, pero la empresa de Galperin, por cotizar en el mercado Nasdaq de Nueva York, las debe transparentar: US$81 millones en 2025, un 42% más que en 2024. En 2029 finaliza el régimen de economía del conocimiento y la sociedad deberá discutir si seguir apoyando a gigantes o sólo a las pymes para que crezcan.

En la Argentina se beneficia a Mercado Libre, e incluso los gobiernos de Macri y Fernández desecharon denuncias de la agencia tributaria sobre supuesta evasión, pero en Brasil se le acumulan reclamos judiciales y administrativos del gobierno federal y varios estaduales por el impago de impuestos por US$897 millones, es decir, 11 veces más de lo que desgravó en su tierra natal. Así consta en su balance ante las autoridades de EE.UU. En la empresa destacan los US$1.600 millones que tributan por año en el socio mayor del Mercosur. Claro que los pleitos no son menores sino por la mitad de ese monto. Pero Brasil es el principal mercado de la empresa de Galperin y las demandas impositivas no la han espantado de sus negocios. Por ahora ya ha provisionado, es decir, mandado a pérdida US$129 millones por causas donde avizora una derrota.

Entre los reclamos que están judicializados está la disputa más importante, por US$528 millones, porque Brasil sostiene que los pagos que la filial de allí Mercado Livre hace a la de Argentina por servicios tecnológicos y de gestión deben pagar el impuesto a las ganancias allá, el grupo argumenta que el convenio para evitar la doble imposición la ampara, pero la Justicia viene fallando por ahora en su contra.

También falta definición de los tribunales por quejas de los estados (provincias) por diferencias de US$9 millones en el impuesto estadual sobre ventas. El gobierno federal pide también en la Justicia que Mercado Libre tribute US$144 millones por ingresos por subsidios que le da el estado de Minas Gerais y otros 73 millones porque incluye un gravamen municipal en la base imponible de contribuciones federales a la Seguridad Social. Además, hay dos procesos administrativos pendientes: el fisco no le acepta como deducibles pagos a otras empresas del grupo en la Argentina, Uruguay y EE.UU. por servicios tecnológicos y reclama US$38 millones, mientras que la acusa de subdeclarar ingresos por US$105 millones. Pero pese a todas disputas originadas entre 2014 y 2022, en los gobiernos de diversa ideología, de Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro, Galperin, cada vez más radicalizado en su X (ver abajo) nunca dejó de invertir en Brasil y lo sigue haciendo ahora con Lula.

AR/MG

Las compañías petroleras consiguieron colar más de 1.600 lobistas como delegados en la COP30 de Brasil, según el recuento de los listados oficiales que hizo la coalición KBPO (Kick Big Polluters Out). La industria inundó así de representantes las conversaciones de la Cumbre del Clima que discute cómo abandonar los productos que ellos venden, es decir, los combustibles fósiles.

Aunque este número total es algo menor que los absolutos detectados en las cumbres de Azerbaiyán el año pasado y Dubai en 2023, la coalición recuerda que, en proporción al número final de asistentes a la cumbre, “estamos ante un récord absoluto”: uno de cada 25 delegados proviene de la industria de los combustibles fósiles.

Así que, mientras los países se sientan a hablar de cómo enterrar el petróleo, el gas y el carbón y la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, dice en Belém que “necesitamos una brújula que nos guíe lejos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, el lobby petrolero aprovecha varias vías de entrada para defender sus intereses en los pasillos y salas de la cumbre.

Provoca furia ver cómo la industria fósil profundiza su influencia año tras año y se burla del proceso de negociación

Jax Bobon — Miembro de KBPO

“Parece de sentido común que no podés resolver un problema dando poder a los que lo causaron”, reflexiona uno de los miembros de esta coalición, Jax Bobon. Bobon, que llega a Belém do Pará desde Filipinas –donde acaban de padecer el golpe del supertifón Fung– afirma que esta situación le provoca “furia al ver cómo la industria fósil profundiza su influencia año tras año y se burla del proceso de negociación”.

El rastreo de KBPO sugiere que la grandes organizaciones de comercio son la vía principal de entrada de los lobistas. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones –relatan– llevó 60 delegados entre los que están representados BP, ExxonMobil o TotalEnergies.

Más hallazgos al escrutar las delegaciones presentes en Brasil. Las compañías fósiles consiguieron dos tercios más de pases oficiales que las delegaciones de 10 de los países más vulnerables al cambio climático producido por sus productos, lo que da una idea de cómo pueden cooptar las conversaciones climáticas en la cumbre.

Y no termina ahí la manera de infiltrarse. KBPO detectó que “varios estados del Norte Global” incrustaron representantes de la industria petrolera en sus propias delegaciones nacionales. Y detalla que Francia tiene 22 lobistas petroleros en su equipo entre los que subraya “cinco de TotalEnergies”, incluido el CEO Patrick Pouyanné.

Japón, por su parte, según recoge este trabajo, incorporó miembros de Mitsubishi Heavy Industries –que produjo maquinaria para el sector fósil– y Osaka Gas o Noruega que cuenta a seis ejecutivos de su compañía estatal fósil Equinor.

Además, una buena parte de estos lobistas de los combustibles fósiles (599 según KBPO) portan una acreditación con acceso a las salas donde se llevan a cabo los trabajos y negociaciones de la COP.

¿Dejar el petróleo mientas se perfora más?

El choque de intereses de los que hablan estos activistas es obvio. Por un lado, la materialización del Acuerdo de París pide “transitar lejos de los combustibles fósiles”. En el otro, las petroleras renunciaron en muchos casos a sus compromisos climáticos una vez que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha augurado una nueva oportunidad de relanzar su negocio tradicional.

Los lobistas de los combustibles fósiles están convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para contaminadores. Mientras se les permita estar dentro de las conversaciones para defender sus intereses, las soluciones reales van a ser imposibles

Nathan Stewart — Coordinador de la campaña Política libre de fósiles

De hecho, en vísperas de la COP30, es decir, poco antes de que sus delegados llegaran a Belém do Pará, ExxonMobil informó de un récord de producción de gas y petróleo en el tercer trimestre de este año. En ese mismo periodo ingresó 7.500 millones de dólares.

En esta misma línea, los líderes del crudo, la misma Exxon, pero también Chevron y Shell siguen incrementando su producción de petróleo a pesar del riesgo de saturación y que los países de la OPEP siguen exportando más barriles cada mes.

Por su parte la británica BP ya comenzó el sexto proyecto –de diez nuevos previstos hasta 2027– de petróleo y gas en el Mar del Norte. “Reflejan la fuerza de BP para incrementar la producción”, dijo el vicepresidente de proyectos, Ewan Drummond.

Respecto a la francesa TotalEnergies, que también cuenta con representantes en la COP30, la compañía proyecta una producción para este trimestre de 2,5 millones de barriles diarios, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El análisis de KBPO dice que el número de lobistas de los combustibles fósiles se mantiene constantemente alto desde que comenzaron las conversaciones climáticas. “Estos hallazgos refuerzan la urgente necesidad de proteger las negociaciones de la ONU estableciendo un sistema claro de conflicto de intereses”.

El coordinador de la campaña Política libre de fósiles, Nathan Stewart, cuenta que “los lobistas de los combustibles fósiles que inundan la COP30 este año están convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para contaminadores”. Y vaticina que “mientras se les permita estar dentro de las conversaciones para defender sus intereses, las soluciones reales van a ser imposibles”.

El virtual desembarco de buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías, promocionado como el pasaporte al desarrollo por el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck, desató un conflicto que atraviesa a comunidades costeras, organizaciones ambientales y sectores políticos. En esa bahía del noreste patagónico, entre la Península Valdés y la costa que une Las Grutas con la localidad de San Antonio, se juega una pulseada que ya no se limita a cifras millonarias: el choque es entre un modelo de desarrollo extractivo y la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur.

La polémica está cruzada por un antecedente central: la Legislatura de Río Negro reformó en 2022, casi a escondidas, la histórica ley 3308 de 1999, en cuyo articulado se prohibía la instalación de terminales hidrocarburíferas en el Golfo de San Matías. Esa norma había nacido de la alerta de la comunidad por un oleoducto que pretendía convertir a San Antonio Oeste en “la nueva Comodoro Rivadavia” y cuya caída consolidó el perfil turístico de la región. Las organizaciones sociales denunciaron que se trató de un trámite exprés, con legisladores votando entre gallos y medianoche y vecinos impedidos de ingresar al recinto.

El valor ecológico del Golfo refuerza esa disputa. Allí conviven ballenas francas, orcas, toninas y hasta lobos marinos de uno y dos pelos. Además, llegan aves migratorias desde el Ártico canadiense e Inglaterra y se desarrollan pesquerías de merluza y langostino, así como del denominado pulpo tehuelche. “Un derrame aquí sería letal para las aves playeras migratorias. Podría arrasar con un ecosistema que sostiene al turismo y la pesca artesanal”, advierte Mirta Carbajal, bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen.

“El Golfo San Matías es el único de la zona que no tiene actividad petrolera. No queremos que eso se pierda, por eso la esperanza está en la gente que pueda apreciar este lugar en el que estamos”, añadió Carbajal en diálogo con elDiarioAR, quien también integra la Multisectorial Golfo San Matías, una organización que reúne a personas de distintas ciudades costeras autoconvocadas para proteger al golfo de la explotación petrolera y de los derrames de crudo al mar. 

De audiencia en audiencia

Un momento clave de toda esta historia tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024. Ese día, en San Antonio Este, se desarrollaron las primeras audiencias públicas para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Hilli Episeyo, el primer buque que llegaría a la costa argentina, propiedad de la noruega Golar LNG. En aquel momento, vecinos y asambleas advirtieron que el documento minimizaba riesgos y que el procedimiento no se hacía en el lugar directamente afectado, Las Grutas. “Se trató de una audiencia con respuestas evasivas y tiempos acotados, un trámite más que un debate”, recuerda Raquel Perier, activista socioambiental y doctora en Biología por la Universidad Nacional de La Plata, que desde 1979 vive en el Golfo.

Southern Energy —el consorcio integrado por Pan American Energy y Golar LNG, además de por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy— , sin embargo, destaca otra versión. Según indicaron a elDiarioAR, los EIA de ambos buques fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La compañía asegura que los estudios incluyeron un equipo multidisciplinario de expertos —entre ellos investigadores locales del CIMAS y del IIMYC— y que las audiencias cumplieron con todos los requisitos normativos. La primera, dicen, se extendió por 12 horas con 23 expositores, 152 oradores y “plena participación ciudadana”.

Nueve meses después, el 16 de septiembre pasado, se repitió la escena con el FLNG MKII. Las asambleas denunciaron nuevamente cupos cerrados y tiempos recortados. “Estamos viviendo sin respeto alguno de las leyes que hemos construido durante años”, se lamenta Perier. El consorcio, en cambio, afirma que la segunda audiencia se prolongó por 11 horas, con 33 expositores (entre ellos autoridades provinciales, universidades, sindicatos y legisladores) y 146 oradores, de los cuales más del 90% se manifestó a favor del proyecto. El informe presentado sostiene además que se evaluaron impactos acumulativos —ruido, descargas térmicas, emisiones gaseosas, paisaje— y que todos resultaron “bajos” según las guías internacionales.

La empresa agrega que el proyecto generará 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales, y que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial. Para las organizaciones socioambientales, en cambio, el debate sigue siendo el mismo: el impacto acumulativo sobre un ecosistema frágil y la pérdida de soberanía en nombre de un desarrollo que consideran extractivista.

Tres días antes de esa última audiencia oficial, el sábado 13 de septiembre, vecinos y organizaciones habían organizado su propia instancia de deliberación en Las Grutas: la llamada “asamblea del pueblo”. Desde el mural “No al buque” partió una caravana hacia San Antonio Oeste y terminó en la Plaza Centenario, donde un centenar de personas —entre ellas ambientalistas, referentes religiosos y artistas— plantearon un espacio paralelo de discusión.

Una actividad en riesgo

Está claro que los cuestionamientos no se limitan a la forma. Es el fondo lo que está en disputa. Según indican desde las organizaciones, el GNL requiere enfriar el fluido hasta los –161 ºC para transportarlo y luego regasificarlo, un proceso de altísimo consumo energético. Diversos informes internacionales señalan que, en un horizonte de 20 años, sus emisiones pueden llegar a superar en un 30% a las del carbón.

En Río Negro, además, el proyecto de la instalación de los buques depende del fracking en Vaca Muerta y del tendido de un oleoducto de cientos de kilómetros hasta la costa cuya construcción está a cargo de YPF. Es decir, no se trataría solo de un barco: es un modelo de hidrocarburización intensiva, con consumo de agua, sismicidad inducida y generación de residuos tóxicos.

Héctor tiene 53 años y desde los 8 que es “pulpero”, aunque él prefiere que lo llamen recolector costero. “Tenemos miedo de que no nos dejen llegar más al mar”, se lamenta, sentado en el comedor de su casa junto a su hermana Mabel. Ambos viven a las afueras de San Antonio Oeste y reivindican el trabajo que les fue inculcado por sus padres y abuelos y que hoy está en riesgo debido al avance del proyecto petrolero.

“No sé cómo lo tomarán los otros compañeros, pero mi trabajo es este y lo traigo de nacimiento”, afirma Héctor cuando se le consulta si recibió propuestas laborales de parte de las petroleras, algo que niega de plano. “Hace poco tuve problemas de salud y lo único que le pedía a Dios era que no me sacara eso”, grafica, mientras señala los “sunchos” que colocó sobre la mesa. Son varillas metálicas con la punta doblada, instrumentos caseros que desde tiempos inmemoriales se usan para capturar a los pulpos. Es una técnica transmitida de generación en generación, basada en la destreza manual y en el conocimiento del terreno marino.

La clave, dice Héctor, está en saber cuándo “entrar a la marea” y cuándo retirarse: una sabiduría que combina tradición, intuición y resistencia frente a un ecosistema en transformación.

Es que el pulpeo se realiza en un tiempo muy limitado: las pocas horas en que el mar retrocede y deja al descubierto la franja intermareal. Los recolectores observan además la dirección y la intensidad de los vientos, y dependen de la luz natural para detectar las señales que delatan la presencia de los moluscos.

Denuncia abierta

Mientras tanto, la oposición política rionegrina también toma nota. La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, denunció a Weretilneck ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por habilitar la participación de Harbour Energy, heredera de la británica Premier Oil, sancionada en 2012 por operar ilegalmente en las Islas Malvinas.

“Es un caso de encubrimiento empresarial que vulnera la ley nacional y hasta la causa Malvinas, de jerarquía constitucional”, afirmó Odarda, poniendo en el foco al gobernador de la provincia, hoy amo y señor de la política de Río Negro. Para ella, al igual que para las organizaciones ambientalistas, las audiencias públicas “son apenas un simulacro, un trámite administrativo para legitimar lo que ya está decidido”.

Ese señalamiento no solo apunta a una empresa, sino también al estilo del propio Weretilneck. Fiel a su mote de “el Brujo”, el gobernador volvió a desplegar el pragmatismo que lo caracteriza: con mayoría en la Legislatura, allanó en tiempo récord la derogación de la ley 3308 que blindaba al Golfo, alineó a su tropa detrás del RIGI y tejió alianzas con Nación y con las petroleras. Su apuesta es clara: provincializar un proyecto con capitales multinacionales y convertirlo en la bandera de un legado productivo, aunque para ello deba relativizar las críticas por la participación de Harbour o los reparos de las comunidades costeras.

En el último tiempo, Weretilneck consolidó su sintonía con el gobierno nacional. A fines de septiembre, la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, fue designada como directora titular de YPF, con mandato hasta 2026, consolidando así la participación provincial en las decisiones estratégicas de la principal empresa energética del país. La designación fue leída en Viedma como una señal política de la Casa Rosada hacia el gobernador y como una de las puntas del acuerdo que lo une a Javier Milei. En el Congreso, Weretilneck ya venía ordenando a la senadora Mónica Silva y al diputado Agustín Domingo para votar en sintonía con el oficialismo libertario, mientras su gobierno provincial acompaña las principales reformas económicas impulsadas desde Nación.

El gobierno local sostienen que el proyecto de GNL traerá empleo, logística, obras de infraestructura y regalías. En esa línea, en la última audiencia oficial, el gerente de Ambiente de Southern Energy, Marcelo Bombicini, apeló a una metáfora llamativa. “Ya somos vecinos y vamos a ser vecinos durante 20 años con un buque, ahora lo estamos ampliando a un segundo ambiente de nuestro PH, que es el MKII”, señaló, según indicaron las crónicas periodísticas. El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, se sumó a los festejos y aclaró que “estas inversiones no vienen a perjudicar absolutamente nada”.

Pero la desconfianza de un sector de la sociedad persiste. Las organizaciones señalan que, en los últimos años, la Legislatura entregó el control ambiental a la Secretaría de Energía provincial, sin idoneidad técnica, y que la provincia avanza sin cumplir con la consulta previa a las comunidades originarias establecida por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú. “No nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a que lo hagan a costa de nuestra biodiversidad, de la pesca artesanal y del turismo, que es la base de la economía local”, apunta Perier.

El conflicto recién empieza. A medida que se acercan los plazos de inversión, estimados para el 2027, la brecha entre la épica oficial del polo energético y la alerta socioambiental se profundiza. El Golfo San Matías, hasta ahora una postal de aguas transparentes y actividad pesquera artesanal, quedó en el centro de un dilema que excede a la provincia de Río Negro: ¿exportar gas como vía rápida al desarrollo o preservar un ecosistema único en nombre de las generaciones futuras y el bienestar presente?

PL/MG

Los precios de los combustibles de YPF subirán desde este domingo entre 10 y 14 pesos por litro. Es que las naftas y el gasoil aumentarán 1% promedio para compensar la suba de un impuesto que definió el Gobierno.

Según el portal Surtidores, los precios de YPF en la Ciudad de Buenos Aires serán los siguientes:

Súper: $1.184 (antes $1.173).

Premium: $1.403 (antes $1.389).

Gasoil: $1.190 (antes $1.178).

Euro: $1.374 (antes $1.360).

YPF había anunciado a inicios de mayo una baja promedio del 4% en los precios de la nafta y el gasoil, por el descenso en los valores internacionales del petróleo. A mediados de mes, la petrolera estatal definió una leve suba, de entre 0,2% y 0,46%, para compensar un incremento en los biocombustibles que aplicó el Gobierno.

MU con información de la agencia NA

Los especuladores financieros invierten cada vez más en demandas contra los Estados por el efecto negativo de la normativa medioambiental sobre los beneficios empresariales, según reveló The Guardian. Esto está generando, en muchas ocasiones, jugosas indemnizaciones.

Durante mucho tiempo, las compañías que se dedican a financiar litigios prosperaron en el campo de los accidentes de tráfico y las demandas laborales. “¿Tuvo un accidente que no fue culpa suya?”, es un conocido eslogan del sector, cuyo modelo de negocio consiste en hacerse cargo de los gastos del pleito a cambio de un porcentaje de la indemnización.

Ahora, la industria encontró un terreno de juego mucho más fértil: financiar gigantescas demandas de arbitraje presentadas por empresas contra gobiernos, donde las indemnizaciones pueden llegar a decenas de miles de millones de dólares. Estos casos se regulan por el arbitraje de diferencias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), una parte poco conocida del derecho internacional que permite a las empresas demandar a países por acciones que perjudiquen a sus beneficios.

El financiador de litigios no corre el riesgo de la contrademanda y las posibles indemnizaciones superan los 200 millones de dólares en promedio. De ahí que haya expertos que llamen al sistema “el nirvana” para los fondos especializados y de alto riesgo.

Dentro del sector hay un debate creciente. La gente que defiende este tipo de financiación de litigios por parte de terceros argumenta que mejora el acceso a la justicia. Los detractores, sin embargo, argumentan que están alimentando casos muy caros y frívolos a un gran costo para el público.

Una investigación de The Guardian analizó más de 1.400 demandas contra gobiernos y detectó que el ISDS se volvió mucho más común y lucrativo en los últimos años: por este sistema de arbitraje fueron a parar a las empresas más de 120.000 millones de dólares de dinero público. De ellos, al menos 84.000 millones de dólares fueron a empresas de combustibles fósiles y 7.800 millones, a mineras.

Lo más probable es que las cifras reales sean muy superiores, ya que las empresas no suelen publicar la cuantía de los pagos recibidos. Según un análisis de The Guardian, en el 31% de los casos que terminaron con un acuerdo o pago no se difundió el valor de la indemnización.

Los fondos de riesgo y otros inversores especializados en financiar litigios a cambio de parte de la indemnización se están interesando cada vez más por este tipo de casos. The Guardian identificó al menos 75 demandas presentadas ante el sistema ISDS en las que había una tercera parte respaldando al reclamante. Una vez más, lo más probable es que el número real sea mayor: muchos tratados no exigen que se declare si hay o no un financiador de litigios y el principal organismo de resolución de disputas no comenzó a exigirlo hasta el año 2022.

EEUU, Reino Unido y Canadá, a la cabeza

La mitad de los casos financiados por terceros fueron iniciados por inversores de Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá. En una proporción superior al 50% tenían que ver con empresas de combustibles fósiles o de minería. Más del 75% de las demandas fueron presentadas contra países en desarrollo, según el análisis queThe Guardian hizo de los datos, obtenidos gracias a la plataforma de información jurídica Jus Mundi, con acceso a la más extensa base de datos de arbitraje y derecho internacional.

Una de estas demandas financiadas por terceros es la presentada por la empresa de las Islas Bermudas South American Silver, que había adquirido concesiones mineras en una zona de Bolivia habitada casi exclusivamente por comunidades indígenas. En 2010 el gobierno boliviano le revocó las concesiones a la filial de South American Silver después de que la acusaran de contaminar espacios sagrados y amenazar a miembros de la comunidad. Por el fallo del ISDS, el Gobierno tuvo que pagarle 18,7 millones de dólares en concepto de indemnización.

En otro caso con una minera involucrada, la canadiense Silver Bull demandó al Gobierno de México por 408 millones de dólares en daños y perjuicios por no disolver la protesta de un grupo de mineros locales que interrumpían el paso. El juicio está programado para octubre.

Burford Capital, la mayor empresa de financiación de litigios del mundo, está respaldando este año una demanda contra Groenlandia por las consecuencias de una prohibición de extracción de uranio. Una empresa minera argumenta que, en la práctica, esto supuso el fin de la explotación de uno de los principales yacimientos de tierras raras del mundo. Si Groenlandia pierde, podría verse obligada a permitir la explotación minera o a pagar una indemnización de hasta 11.500 millones de dólares.

Quienes trabajan en el sistema ISDS están cada vez más preocupados. También los árbitros que deciden los casos. Según Muthucumaraswamy Sornarajah, abogado experto en derecho internacional y árbitro de ISDS, la financiación por terceros convirtió al ISDS en un “gran negocio”.

En su opinión, cuando “desaparece” el riesgo de perder la demanda, el número de casos probablemente crece. “Significará que los países demandados, en su mayoría naciones en desarrollo, van a tener que enfrentar el costo de defenderse ante demandas que tal vez tengan poco fundamento, presentadas con financiación de terceros”.

En opinión de Sornarajah, “el tamaño del negocio, o de los beneficios, que pueden obtenerse con la ISDS es gigantesco”, teniendo en cuenta cómo se están disparando los costos jurídicos y la financiación de litigios por terceros. La financiación de litigios es un sector en auge a nivel internacional, con un volumen de negocio estimado para 2024 de 17.500 millones de dólares.

Justicia o negocio

El argumento clásico de los que defienden al sector es que hace más accesible el sistema judicial. Es lo que dice Christopher Bogart, director ejecutivo y cofundador de Burford Capital: la financiación de litigios por parte de terceros desempeña un papel relevante en el acceso a la justicia porque asiste a litigantes que, de otro modo, no podrían permitirse iniciar acciones legales.

Burford Capital fue la única empresa de financiación de litigios que accedió a hablar con The Guardian. Según sus declaraciones, el 93% de los casos concluidos hasta septiembre de 2024 generaron beneficios para sus clientes. “La financiación de litigios sirve de filtro y elimina los casos sin base: solo cobramos cuando nuestros clientes ganan; si los casos que financiamos pierden, perdemos el 100% de nuestro dinero”, afirma la compañía en un comunicado. “No creo que la ISDS tenga más potencial, o sea más lucrativa, que muchos otros campos para la litigación”, añade Bogart.

Pero los críticos advierten de que este sistema está detrás de un aumento en las demandas poco fundamentadas. Según Lisa Sachs, directora del centro de la Universidad de Columbia para el desarrollo de las inversiones sostenibles, “la financiación de litigios permite, o incluso anima, a los inversores a interponer demandas que no van a aparecer en sus balances, quitando así un elemento disuasorio clave que les impedía interponer demandas débiles o arriesgadas”.

“Los financiadores de litigios buscan casos como forma de generar rendimientos, a veces asociándose con bufetes de abogados que comparten un interés financiero en aumentar el número de demandas; esta dinámica incentiva que haya más arbitrajes, independientemente del interés público general o de su legitimidad”, dice.

“Quebraríamos si eligiéramos casos débiles o poco fundamentados; la necesidad empresarial nos obliga a ser muy selectivos en nuestras inversiones y a respaldar casos ganadores”, responde Burford. “Damos acceso a empresas que de otro modo no podrían recurrir a la justicia”.

Demandar sin miedo a pagar los gastos

En la actualidad, los árbitros no pueden penalizar económicamente a los financiadores de litigios obligándolos a cubrir los gastos judiciales de los gobiernos. Pero hay quien piensa que eso debería cambiar.

“Un nirvana para el jugador”, escribió el árbitro Kamal Hossain en su voto particular del fallo por el caso Teinver contra Argentina. “Permitir que los financiadores de litigios utilicen el arbitraje de diferencias inversor-estado como medio de especulación financiera, sin ninguna posibilidad de condenar en costas a los financiadores de litigios, es algo profundamente problemático”.

“La actual incapacidad de los tribunales para condenar en costas a los financiadores de litigios es un problema real y grave, y ha suscitado la preocupación de los árbitros en casos anteriores”, escribió. “Su participación puede aumentar los costos del procedimiento; por ese motivo, y como cuestión de principio, un tribunal debería poder condenar en costas a un financiador de litigios”.

En el caso Odyssey Marine Exploration contra México, el profesor y árbitro Philippe Sands también escribió una opinión disidente destacando los costos “asombrosos” que el demandante había generado: más de 21 millones de dólares, la mitad de ellos cubiertos por un financiador de litigios (los costos jurídicos de los inversores multiplicaron por 10 los del gobierno en su defensa contra la demanda).

En una conferencia posterior, Sands se refirió a la financiación de litigios en el mundo del ISDS, haciéndose eco de las preocupaciones sobre lo costoso que se ha vuelto el sistema. “Contribuyen a una especie de festín: más honorarios para los abogados, más casos para los árbitros y una torta más grande, más sustanciosa y más lucrativa de la que todos podemos sacar tajada”, aseguró.

Traducido por Francisco de Zárate

Un jurado de Dakota del Norte considera que Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares a la compañía Energy Transfer por las protestas que tuvieron lugar hace casi una década contra la construcción de un oleoducto.

Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas con un valor de casi 70.000 millones de dólares y presidida por uno de los principales donantes de Donald Trump, había demandado a Greenpeace por difamación y por orquestar lo que consideraba un “comportamiento criminal” de los manifestantes contra el oleoducto Dakota Access, alegando que la organización había “incitado” a protestar mediante una “campaña de desinformación”. A cambio, reclamaba 300 millones de euros.

El grupo ecologista, que antes del juicio había expresado su preocupación ante el riesgo de que el juicio no fuera justo en un estado donde la industria del gas y el petróleo tiene un enorme peso, había adelantado que una enorme indemnización financiera podrían llevar a la quiebra sus actividades en Estados Unidos. Aunque la cantidad de la indemnización está por determinarse, el jurado dio la razón a Energy Transfer en la mayoría de los cargos presentados contra Greenpeace.

El caso fue seguido de cerca por diversas ONG y expertos en libertad de expresión ante el temor a su impacto en las protestas sociales y el activismo. Greenpeace afirmó en un comunicado después del veredicto que demandas como la de Energy Transfer tienen como objetivo “destruir el derecho a la protesta pacífica”.

“Lo que vimos durante estas tres semanas de juicio fue el descarado desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock [afectada por el oleoducto]. Y aunque también intentaron distorsionar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en cada acción que tomamos”, dijo Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace.

“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda que regula la libertad de expresión y por demandas como esta, destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad. Greenpeace seguirá luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todos”, afirmó.

Un jurado bajo sospecha

La preocupación sobre la posibilidad de encontrar un jurado imparcial centró el caso incluso antes de que comenzara, dadas las inclinaciones políticas conservadoras de la localidad de Mandan, en Dakota del Norte, y la posición contraria hacia las protestas de los residentes locales. En los meses anteriores al juicio también se enviaron a los habitantes de la localidad misteriosos sobres que simulaban ser un periódico llamado “Central ND News”, con artículos sesgados sobre las protestas contra el oleoducto o a favor de Energy Transfer.

De hecho, al final más de la mitad de los seleccionados para formar parte del jurado que falló en contra de Greenpeace tenían vínculos con el negocio de los combustibles y opiniones negativas hacia las protestas contra los oleoductos o los grupos de presión que participan en ellas.

Greenpeace intentó trasladar el juicio a otro condado de Dakota del Norte en varias ocasiones, pero sus peticiones fueron rechazadas por el tribunal del condado de Morton y la corte suprema de Dakota del Norte. El juez James Gion, que fue contratado para dirigir el juicio después de que todos los jueces del condado de Morton se recusaran, denegó las solicitudes para emitirlo en directo.

“El veredicto de hoy no es un reflejo de una mala conducta por parte de Greenpeace, sino más bien el resultado de una larga lista de tácticas judiciales y trucos propagandísticos que Energy Transfer utilizó para negar a Greenpeace su derecho a un juicio justo”, dijo Kirk Herbertson, abogado de Nueva York y director estadounidense de campañas de EarthRights International. “Esperamos que la Corte Suprema de Dakota del Norte cuestione por qué este caso llegó a juicio en primer lugar”.

Fuentes judiciales consideraron este caso como un ejemplo paradigmático de una demanda estratégica contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), una forma de litigio civil cada vez más utilizada por grandes empresas, políticos e individuos ricos para desgastar y silenciar deliberadamente a los críticos, incluidos periodistas, activistas y grupos de vigilancia. Estos casos, incluso cuando las entidades demandantes pierden, causan costos legales significativos para los acusados y pueden tener un efecto paralizador.

Por su parte, Kristin Casper, Consejera General de Greenpeace Internacional, declaró: “La lucha contra las grandes petroleras no terminó hoy, y sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace Internacional seguirá haciendo campaña por un futuro verde y pacífico. No retrocederemos, no nos silenciarán”.  “Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en los tribunales este mes de julio en Ámsterdam”, añadió.

La tribu exculpa a Greenpeace

Durante el juicio de cinco semanas, Energy Transfer intentó vincular a Greenpeace a una serie de sabotajes causados por las protestas. Greenpeace sostuvo que su participación fue pequeña y a petición de la tribu sioux de Standing Rock.

La propia tribu emitió un comunicado tras el inicio del juicio afirmando que había sido ella la que había encabezado las protestas. Según los nativos, Energy Transfer estaba “acusando frívolamente de difamación y buscando una indemnización para silenciar toda voz que apoye a Standing Rock. El caso es un intento de silenciar a nuestra tribu sobre la verdad de lo que sucedió y la amenaza que representa el oleoducto para nuestra tierra, nuestra agua y nuestra gente. La tribu sioux de Standing Rock no será silenciada”, dijo su presidenta, Janet Alkire.

En los últimos días del juicio, Kelcy Warren, el multimillonario fundador de Energy Transfer y uno de los principales donantes de Donald Trump, afirmó en una declaración en video que su compañía había ofrecido incentivos financieros –incluido dinero, un rancho de lujo y una nueva escuela– a la tribu para detener las protestas, que la tribu rechazó, según un grupo de observadores que asistieron al juicio debido a preocupaciones sobre su imparcialidad. Warren dijo que creía que la tribu rechazó la oferta porque Earthjustice, la organización ecologista que ejerce como representante legal de la tribu, le había ofrecido más.

El juicio se produjo después de que Energy Transfer fracasara en una primera demanda presentada ante un tribunal federal estadounidense en 2017. Después de que el caso fuera desestimado el 14 de febrero de 2019, Energy Transfer volvió a presentar una denuncia prácticamente idéntica en el tribunal estatal de Dakota del Norte siete días después. En ese estado, mucho más favorable a sus intereses, terminó teniendo éxito.

Edith Rodríguez, la mujer más rica de Argentina, reforzó el peso de España en el entramado de sociedades que su opaca petrolera, Pluspetrol, lleva años tejiendo en diversos territorios para eludir impuestos. Una maraña reorganizada recientemente, en paralelo a reclamaciones millonarias por graves daños ambientales en la Amazonia peruana. 

Rodríguez, viuda desde hace casi tres lustros del fundador de Pluspetrol, Luis Alberto Rey, controla junto a sus tres hijos el 70% de la petrolera. La multimillonaria es una de esas grandes fortunas de las que no circulan fotografías en prensa. De edad ya avanzada aunque indeterminada, en 2019 era definida como “septuagenaria” por Forbes, que en 2020 la situó como octava fortuna argentina, con un patrimonio de más de 1.700 millones de dólares. Es la mujer más rica del país, recordaba Clarín en marzo.

Su petrolera, con experiencia en la explotación de yacimientos en varias de las zonas selváticas más remotas del planeta, se fundó en Argentina hace casi 50 años, pero a principios de siglo movió su matriz a Países Bajos. Se define en su web como “la empresa privada líder en producción de hidrocarburos de Latinoamérica”, con presencia en tres continentes, 2.000 empleados y “operaciones en siete países”. Entre ellos no está España, donde tiene dos filiales sin actividad que dispararon recientemente el valor de sus activos.

Son dos empresas gemelas y con nombres muy parecidos, Petro Andina Resources Spain SL y Petro Andina Spain SL, con sede en el corazón del distrito financiero de Madrid, en las oficinas del despacho internacional Intertrust en Serrano, 41.

Comparten domicilio con el entramado armado en los últimos años por otros multimillonarios latinoamericanos sin rostro, los Guillermo Prieto. Estos amos mexicanos del mezcal y la Coca-Cola se convirtieron en caseros de lujo de CaixaBank o Inditex en Madrid, tras invertir cientos de millones en inmuebles en España mediante sociedades vinculadas a varios paraísos fiscales.

El esquema recuerda al que lleva décadas utilizando Pluspetrol, en el que sus filiales en España son una pieza más. Constituidas en 2008, no declararon activos relevantes hasta 2022, último año en el que depositaron cuentas en el Registro Mercantil.

En ese ejercicio, esos activos se multiplicaron por más de seis, hasta 41,3 millones de euros. Sin empleados ni facturación, estas dos empresas españolas tienen el 100% de Pluspetrol Uruguay SA, filial de la multinacional en ese país. Pertenecen a la matriz holandesa del grupo, Pluspetrol Resources Corporation BV, cuyos mayores accionistas, según documentación oficial, son dos sociedades en Luxemburgo constituidas a finales de 2020 y controladas desde el paraíso fiscal de Islas Cook.

Así, a cierre de 2022 la mayoría del capital de la matriz holandesa de Pluspetrol, el 69,75% del capital, se lo repartían dos sociedades luxemburguesas, Lautaro SARL y Prixeon SARL. Ambas valoraban en libros esas acciones en 2.619 millones. Fueron creadas en octubre de 2020 en Luxemburgo por The Berna II Settlement, un vehículo radicado en Rarotonga, Islas Cook. Este territorio de la Polinesia asociado a Nueva Zelanda no aplica impuesto sobre la renta, ni sobre las plusvalías ni sobre el patrimonio ni a los fideicomisos internacionales ni a las sociedades de responsabilidad limitada. 

Los dueños de Pluspetrol llevan muchos años recurriendo a este tipo de estructuras. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de abril de 2022 describía un entramado con “varios niveles de sociedades en destinos de baja tributación o con secretos bancarios que se constituyen como cáscaras vacías cuya finalidad es ser propietarios de otras sociedades”. “Se observa en el Grupo de la familia Rodriguez-Rey la intención de ocultar a los verdaderos accionistas y de generar capas de intermediación para alejar la responsabilidad de estos”, añadía este centro de investigación argentino.

Reclamaciones en Perú

Un entramado que se renovó recientemente. La creación de esas dos sociedades del Gran Ducado controladas desde Islas Cook se produjo en paralelo al inicio de la liquidación, en diciembre de 2020, de la peruana Pluspetrol Norte, que mantuvo un contencioso millonario con el Gobierno de Perú por graves daños medioambientales en la Amazonia tras abandonar pozos allí.

Desde 2011 hasta 2021, Pluspetrol Norte acumulaba 73 sanciones impuestas por el gobierno de ese país por importe de 71 millones de dólares. Multas que Pluspetrol se negó a abonar, lo que propició que el Gobierno peruano llevase al caso ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Miami (Estados Unidos), que emitió un laudo favorable a la empresa en 2023.

En febrero de 2022, Oxfam señaló a Pluspetrol como la petrolera que más derrames provocó en Perú entre 1997 y 2021: 316 vertidos, el 31,5% del total, por parte de una compañía que a comienzos de siglo, y en un proceso que pilotó el polémico Alberto Fujimori, se adjudicó la operación del mayor yacimiento de gas del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, Camisea, también ubicado en el corazón de la Amazonia peruana y que, con un 25%, Pluspetrol todavía hoy explota junto a otras compañías como Repsol.

Al estallar el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, Pluspetrol fue vinculada con suculentas donaciones realizadas en 2011 a la campaña de Keiko Fujimori, la hija del corrupto expresidente peruano y aspirante frustrada a la presidencia del país en hasta tres ocasiones.

“La contaminación en la zona es tan grande que gobiernos sucesivos tuvieron que declararla en emergencia ambiental porque los ríos y lagunas están fuertemente contaminados, con terribles efectos sobre la salud y la vida de los pueblos indígenas”, escribía en 2018 el economista Pedro Francke, a la postre ministro de economía de Perú con el izquierdista Pedro Castillo. Francke acusaba a Fujimori de “intercambio de favores” con Pluspetrol por impulsar un proyecto de ley para alargar las concesiones a las grandes trasnacionales petroleras y gasistas y rebajar las regalías al sector.

En marzo de 2020, Oxfam y líderes indígenas peruanos denunciaron a la empresa ante el Gobierno de Países Bajos por graves violaciones de los derechos de las poblaciones de la Amazonia, daños medioambientales y actos contrarios a las directrices de fiscalidad y transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por las actividades desarrolladas por Pluspetrol en Perú entre 2000 y 2015.

La denuncia acusaba a la compañía, entre otras cosas, de utilizar “estructuras y estrategias artificiales de evasión fiscal, incluidos fideicomisos extraterritoriales y sociedades buzón vacías, con el probable propósito de minimizar el pago de impuestos en los países en los que opera” mediante un esquema de sociedades en Bahamas, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Holanda o Luxemburgo.

En el caso del Gran Ducado, los denunciantes apuntaban a dos instrumentales que ya no existen. Fueron liquidadas en diciembre de 2020. Las sustituyeron las ya mencionadas Lautaro y Prixeon y una tercera sociedad, Sumsum Investments SARL, creada también en Luxemburgo a finales de 2020 por una entidad de Bahamas, Maria Reina Irrevocable Trust. Sumsum controlaba a cierre de 2022 casi un 7% de la matriz de Pluspetrol. Fue trasladada en 2023 a Holanda.

Además de en Perú y Argentina, Pluspetrol tiene presencia en Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Con oficinas en Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay, según su último informe de sostenibilidad (de 2022), la revista argentina Mercado la ubicaba entre las 131 mayores empresas del país.

La compañía fue fundada en 1976 por el difunto esposo de Edith Rodríguez, el ingeniero Luis Alberto Rey, fallecido en 2005 a los 75 años. Rey fue un firme defensor de la privatización del sector petrolero en Argentina. “Ni el Estado ni las provincias necesitan tener una empresa testigo en un mercado nacional e internacional altamente diversificado y competitivo”, decía en 1992. Creó Pluspetrol junto al también argentino Héctor Pedro Poli, cuya familia, dueña según medios locales del 30% restante de Pluspetrol, es hoy también otra de las grandes fortunas del país.

La compañía nació al calor de la política de apertura al sector privado de las concesiones de la estatal YPF. El boletín oficial de la República Argentina recoge el anuncio de constitución de la empresa Pluspetrol Sociedad Anónima de 1977, en plena dictadura militar. En él figura Luis Alberto Rey como presidente y, como primer vicepresidente y accionista, a través de su empresa Impresit Sideco, Francisco Macri, padre del a la postre presidente argentino Mauricio Macri, otra de las grandes fortunas del país. Del gobierno de Macri proceden varios funcionarios del actual Ejecutivo de Javier Milei, que tras llegar al poder se enfundó enseguida su promesa de combatir a la 'casta' argentina.

En Argentina, Pluspetrol es el quinto productor de petróleo, con una cuota del 4,7% en 2022, y el sexto de gas, con el 4,2%, según cifras de la Secretaría de Energía. A finales del año pasado operaba 163 de los 1.331 pozos de fracking operativos en Vaca Muerta, el enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales dominado por YPF, la petrolera que hasta la nacionalización de 2012 controló la española Repsol y cuya reprivatización (luego pospuesta) anunció Milei tras llegar al poder a finales de 2023.

Pluspetrol también tiene fuertes intereses en el emergente negocio del litio, tras comprar en enero de 2019 por 83 millones de dólares la canadiense LSC Lithium Corporation, con proyectos en el denominado “Triángulo de litio” entre Argentina, Bolivia y Chile, que alberga los mayores depósitos de salmuera de litio del mundo.

La compañía fue una de las primeras energéticas argentinas que hace unas semanas aceptó la quita forzosa del 50% de la deuda de 1.200 millones de dólares que el Estado acumula con varias generadoras de energía eléctrica y proveedoras de gas en el país.

Este jueves vencía el plazo para aceptar la oferta planteada por el ministro de Economía, Luis Caputo (quien ya dirigió la cartera de Finanzas con Macri) y el nuevo secretario de Estado de Energía, Javier Rodríguez Chirillo. Ex directivo de Iberdrola y experto en privatizaciones que fue asesor de Carlos Menem, Rodríguez Chirillo volvió a lo público junto a Milei, protagonista estos días por su trifulca diplomática con España, y cuya famosa motosierra no dio hasta ahora los resultados económicos esperados.

AMV/CRM

Si bien parece haber pasado inadvertido en el debate público y en comisiones, el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” coloca al sector de los hidrocarburos como uno de sus principales beneficiarios. 

El Proyecto dedica 53 artículos a modificar sustancialmente la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos. Entre las principales modificaciones, atenúa las protecciones al mercado interno al prohibir al Estado Nacional fijar precios, incorpora el objetivo de “maximizar la renta” y privilegiar las exportaciones por sobre el autoabastecimiento. Modifica el régimen de regalías -que actualmente establece el pago de una alícuota del 12% sobre los hidrocarburos extraídos, reducible hasta un 5% por la autoridad concedente- habilitando que en cada licitación las empresas puedan ofertar un porcentaje “a exclusiva elección del oferente”. Este sistema habilitaría la posibilidad de que las empresas oferten montos muy por debajo de la recaudación actual, más aún si se tiene en cuenta el riesgo de cartelización de un sector altamente concentrado. Además, el proyecto crea un amplio “Régimen de incentivo a grandes inversiones” donde los proyectos de gas y petróleo figuran como potenciales destinatarios de distintos beneficios tributarios y aduaneros. 

Los esfuerzos gubernamentales para atraer inversiones en proyectos de hidrocarburos, disparan ciertas preguntas: ¿tenemos un conocimiento real del sector? ¿sabemos cuánto contribuye en términos reales a la economía? ¿conocemos de qué forma se distribuyen los beneficios entre empresas, gobierno nacional y gobiernos provinciales? ¿quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas? Y lo más importante: ¿cuánta de esta información está al alcance del debate público?

Este sector, clave de la economía de nuestro país, es una industria que se destaca por su concentración, sus opacidades, la poca rendición de cuentas y la falta de debates participativos en las políticas públicas que la regulan. El mapa de ganadores y perdedores no puede entenderse sin considerar aspectos como el reparto de la renta, el pago de impuestos y regalías, los beneficios tributarios y transferencias directas que subsidian a las empresas, cruciales para entender quiénes se benefician de esta actividad o se ven perjudicados por ella, y en qué medida. No obstante, esta información no es fácilmente accesible y muchas veces ni siquiera se produce. Y, como si fuese poco, esta carencia se acentúa en discusiones de proyectos de ley que favorecen a sectores concentrados y conceden beneficios significativos sin condicionarlos a objetivos medibles.

En 2023, desde ACIJ iniciamos un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Energía de la Nación del Ministerio de Economía para obtener detalles sobre el porcentaje de regalía en concesiones y los beneficios económicos de empresas con regímenes especiales de acceso a divisas. Luego de un largo proceso administrativo que involucró varios pedidos de prórroga y reclamos, en enero de este año la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió una resolución en la que intimó al Ministerio de Economía de la Nación a entregar la información solicitada o bien, fundamentar su denegatoria a entregarla en el plazo de 10 días hábiles. Vencido ese plazo, el pedido sigue sin respuesta, abonando a un extenso historial de falta de transparencia.

Otros rasgos del sector resaltan la urgente necesidad de transparencia: su alta concentración, con cuatro empresas (YPF, Total Austral, Tecpetrol y Pan American) acaparando el 75% de la producción de gas y tres empresas (YPF, Pan American y Shell Argentina) el 73% de la producción de petróleo (Fuente: Dataset). Ha sido señalado por sus elevados riesgos de corrupción: la OCDE, en su informe “Foreign Bribery Report,” detalla que entre los cuatro sectores donde más se registran sobornos, se encuentra el sector extractivo. Además, se han identificado diversas maniobras utilizadas por grandes capitales para externalizar ganancias, dolarizarlas y evitar o reducir el pago de impuestos internos que gravan la actividad y su rentabilidad.

En Argentina, las reformas económicas se dan principalmente en contextos de emergencia, marcados  por la falta de participación en el debate, la opacidad y la influencia de los sectores concentrados de la economía que logran beneficios sin condicionarlos a objetivos mensurables. En medio de discusiones que priorizan la reducción del déficit fiscal y  desestiman el rol del Estado en la protección de  derechos, es esencial exigir la democratización de la información y el impulso de debates participativos para que la explotación de los recursos naturales contribuya al desarrollo sustentable y apunte al beneficio del conjunto de la ciudadanía y no únicamente de un sector privilegiado. 

Las autoras son abogadas del Programa Justicia Fiscal de ACIJ.

SP/NSD/DTC

La actividad productiva en la formación de Vaca Muerta alcanzó en 2023 unas 14.722 fracturas, una marca récord que significó un incremento de 17,6% respecto al año anterior.

Para 2024, la cantidad de fracturas podría crecer de manera exponencial a 18.000 etapas.

Así se desprende del informe realizado por Luciano Fucello, country manager en NCS Multistage, en el cual se precisó que en diciembre se realizaron 1.125 fracturas, con una caída de 13%, respecto al desempeño alcanzado en diciembre de 2022 y una mejora de 9% respecto a noviembre pasado.

De esta manera, la marca récord del año se registró en septiembre cuando las operadoras realizaron 1.398 etapas de fractura, el mejor desempeño desde agosto de 2022 cuando se realizaron 1.379 etapas.

De a cuerdo al informe, en diciembre se concretaron 1.125 etapas de fractura que fueron desarrolladas por YPF con 371 etapas de fractura YPF en Vaca Muerta, con la particularidad de que la empresa también desarrolló tareas en otras provincias.

Se trata de las áreas no convencionales de Vaca Muerta en el límite sur de la provincia de Mendoza donde concretó 25 fracturas, y otro tanto se espera que en los próximos meses realice en la formación Palermo Aike en Santa Cruz, junto a su socia CGC.

El resto de las operadoras activas en diciembre fueron TotalEnergies (171 etapas), Tecpetrol (165), Pan American Energy (162), Shell (92), Pampa Energía (92) y Capex (72).

Con el nivel de actividad previsto para el presente año, NCS Multistage proyectó que se podrán alcanzar las 18.000 etapas.

En Argentina el termómetro de la actividad de los yacimientos no convencionales y la métrica comercial se da en términos de etapas de fractura, y no en cantidad de pozos o equipos de perforación activos, como suele suceder en el caso de yacimientos convencionales.

Asimismo, con el paso del tiempo las etapas de fractura se han transformado en una forma de medir de manera precisa la actividad económica del sector, tanto de manera directa como indirecta, utilizada tanto por sector privado como también por el sector público.

CRM con información de la agencia Télam

Mientras se realizaba la segmentación para reducir subsidios a las tarifas de los consumidores, durante 2022 el Estado Nacional destinó al menos $54.183 de manera directa a las empresas extractivas y provincias como subsidios a la oferta de hidrocarburos. Así surge de un informe realizado por especialistas de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que se publica esta semana.

Estos subsidios otorgados a las empresas por el gobierno de Alberto Fernández están destinados a reducir los costos de la oferta de gas natural. Como resultado de dicha política, YPF, Tecpetrol (grupo Techint) y Compañía General de Combustibles (CGC) encabezan el ranking de empresas beneficiadas con el 27,9%, 24,4% y 9,6% de los subsidios otorgados, respectivamente, de acuerdo al estudio “Los subsidios a los combustibles fósiles 2022-2023. El embudo”.

“Los subsidios les garantizan a las empresas hidrocarburíferas ganancias extraordinarias”, asegura el informe, que plantea la necesidad de redireccionar estos fondos hacia energías renovables, como una simple medida que contribuya a una transición energética justa. Entre el paquete de medidas económicas anunciadas por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, estos beneficios no fueron afectados aunque sí se confirmó la quita de subsidios al transporte que recibe la población, entre otras políticas que afectan directamente a las personas. Además, la población sufrió un fuerte aumento del combustible.

En el gobierno de Fernández defendieron sostener estos subsidios a las empresas ya que aseguran que quitarlos harían que el aumento de los costos se traslade a las tarifas de los usuarios.

YPF, Tecpetrol (Techint) y CGC recibieron en 2022 más de $33.548 millones, lo que representa el 61,9% de los subsidios a la oferta de gas natural. “Se observa como YPF SA y Tecpetrol SA percibieron más del doble de los subsidios a la oferta que reciben todas las provincias”, a las que por ley les corresponde el 12 %, detallaron los autores, Matías Cena Trebucq y Guillermina French.

“Para el caso de YPF, que es la empresa que recibe más subsidios a la oferta, vale preguntarse si teniendo un beneficio neto de $290.264 millones o más de US$2200 millones es necesario seguir subsidiando la extracción de combustibles fósiles en vez de destinar esos fondos a la producción de energías renovables e infraestructura asociada”, plantearon los autores. La oferta de combustibles fósiles va a contramano de la meta internacional de carbono neutralidad a 2050 y de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Los subsidios a la oferta del gas natural fueron repartidos entre 16 empresas hidrocarburíferas durante 2022. El ranking se completa con la alemana Wintershall DEA, Pan American Energy, Pampa Energía, Total Energy y Pluspetrol.

El monto destinado en forma de subsidios a estas empresas equivale al 134% del monto ejecutado para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante 2022, mientras que representan un 145% de lo que faltó ejecutar del Ministerio de Salud, de acuerdo con el informe revisado por Ariel Slipak.

La información obtenida también reveló que entre enero y el 8 de mayo de 2023 se destinaron otros $23.300 millones a subsidios a la oferta de gas natural. YPF SA, Total Austral SA y Tecpetrol SA recibieron el 22,4%, 15,66% y 14,9% respectivamente, representando en conjunto más del 50% de los subsidios entregados en ese periodo. “Una vez más, tres empresas reciben más subsidios a la oferta de lo que perciben todas las provincias por ley”, sostiene el informe sobre los datos disponibles para 2023.

Los subsidios a la oferta entregados en los primeros meses de este año representan aproximadamente el 40% del presupuesto vigente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 56% de lo ejecutado, al 4 de octubre del 2023. También representaron casi tres veces el monto ejecutado para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles por el Ministerio de Salud al 4 de octubre de 2023.

Otro dato llamó la atención de los investigadores: la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), un organismo internacional perteneciente al Grupo Banco Mundial, recibió $24.713.579 y $15.720.595 en 2022 y 2023, respectivamente, en subsidios de parte del Estado argentino, en el marco del Plan Gas IV20, un programa para estimular la producción de gas natural. 

“Si bien se estima que puede estar relacionado con la tenencia del 15% de la participación de la concesión de explotación hidrocarburífera Loma Negra y el 15% de La Yesera, aún se desconoce la causa por la cual un organismo internacional recibe subsidios a la producción de hidrocarburos”, observaron los autores.

Fuentes

Los datos fueron obtenidos en base a dos fuentes: un pedido de acceso a la información pública y el análisis de datos oficiales. Las distintas fuentes, ambas provenientes del Estado nacional, se contradicen en las cifras, explicaron en FARN. Según los datos del Presupuesto Abierto los subsidios a la oferta fueron por un total de $56.173 millones en 2022, mientras que en el pedido de acceso a la información, el Estado respondió que fueron por $54.183 millones los que se repartieron entre empresas y provincias.

“A pesar de que durante 2022 por primera vez en varios años los subsidios a la oferta de fósiles fueron menores a los destinados a la demanda —que tienen un propósito de reducción de la tarifa—, los datos analizados para 2023 y los expresados en el proyecto de ley de presupuesto para 2024 exponen la continuidad de una tendencia a privilegiar los subsidios directos a las compañías”, afirmaron.

A diez años del inicio de la explotación de Vaca Muerta, FARN publicó por sexto año consecutivo el informe que expone la evolución anual de los subsidios al sector energético, con particular foco en los combustibles fósiles. “El objetivo es comprender quiénes se ven beneficiados con los subsidios y cuestionar el modelo de desarrollo que actualmente fomenta el imaginario de que el gas es una energía puente”, bajo la premisa de que “el acceso a la energía debe ser entendido como un derecho”, escribieron Cena Trebucq y French.

Estos subsidios a la oferta son el principal beneficio estatal a las empresas de gas y petróleo, sostiene el informe. “Es importante recordar que esto sucedió en un contexto de crisis climática y ambiental, sufriendo aún las consecuencias del impacto de la pandemia de COVID-19”, agregaron los autores.

Analizando los datos al 8 de mayo de 2023 se observa que YPF SA perdió más del 5% en la participación de los subsidios en comparación con 2022 -cuando había recibido muchos más subsidios a la oferta-, mientras que se ven aumentos de participación en CGC SA, Pan American Energy SL, Pampa Energía SA, Total Austral SA y Pluspetrol SA. Salvo Pluspetrol SA, las demás compañías son exportadoras de gas natural y obtuvieron ingresos por más de US$300 millones en 2022. “Se observa un aumento en la participación de las empresas con un claro sesgo que fomenta la extracción de fósiles para la exportación”, dice el informe.

Nota: este artículo fue actualizado el 27 de diciembre de 2023 a las 09:31.

ED/JJD

Mediante la búsqueda de gas y petróleo en las cuencas Norte y Austral del mar argentino, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el golfo San Matías y la exploración de gas en el Proyecto Fénix en las costas de Tierra del Fuego, el gobierno de Alberto Fernández y la industria de hidrocarburos avanzaron con tres grandes aspiraciones sobre el océano para expandir negocios, fuentes de abastecimiento interno y de exportación. Los proyectos fueron impulsados con el aval del Poder Judicial, a pesar de las críticas, amparos, protestas y alarmas de ambientalistas, conservacionistas, abogados y ciudadanos organizados en asambleas a lo largo de la costa Atlántica.

El futuro de estos proyectos dependerá ahora de la política energética del nuevo presidente, Javier Milei, un negacionista del cambio climático, y de Eduardo Rodríguez Chirillo, a cargo del área de Energía. Todas las iniciativas dependen ahora del mandatario libertario y de la inversión de las petroleras, en especial de YPF.

Los detractores de estas tres iniciativas advierten sobre los riesgos ambientales y las escasas fuentes de trabajo y de energía que han obtenido los locales ante la expansión de la frontera de los combustibles fósiles sobre el mar. También afirman que van en detrimento de los compromisos ambientales de Argentina en los acuerdos climáticos a nivel internacional y de la transición energética justa. Los mayores beneficiados: las grandes petroleras. Detrás del negocio: el modelo energético que abastece de gas, luz eléctrica y combustible al país.

Con aval judicial

El Poder Judicial ha tenido un rol en propiciar el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, a principios de noviembre último, los planteos de distintas organizaciones ambientalistas para frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Norte, de acuerdo con un comunicado del tribunal.

La Corte Suprema deberá tratar otros dos casos. El primero es una medida cautelar climática más amplia, presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que solicita la suspensión de las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera en todo el mar argentino. La organización ambientalista pide que la suspensión rija hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El planteo ya fue rechazado en primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, explicó Cristian Fernández, abogado de FARN.

El segundo caso pendiente fue presentado por la organización Abogados Ambientalistas, que solicitó al máximo tribunal que revise una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro. Este determinó que los ciudadanos rionegrinos de  la Multisectorial Golfo San Matías no tendrían “legitimidad” para reclamar por la inconstitucionalidad de la modificación de una ley hecha a medida del oleoducto Vaca Muerta Sur.

Ultraprofundo

Entre 2022 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con los trámites para hacer posible la prospección sísmica y la exploración de pozos de gas y petróleo a altas profundidades en tres cuencas del mar argentino: la Norte, la Austral y la Malvinas Oeste. El Gobierno cree que podría tratarse de una “segunda Vaca Muerta”, por el potencial y rendimiento económico.

Las concesiones del “Plan Exploración Offshore” comenzaron a licitarse en 2018, dividiendo al mar en 38 bloques, durante el gobierno de Mauricio Macri. De esos 38 bloques, actualmente unos 18 han sido adjudicados a distintas petroleras para la exploración: Equinor, YPF, Shell, ExxonMobil, British Petroleum (BP), Qatar Petroleum, Tullow, Total, Eni, Pluspetrol y Wintershall DEA. Sólo la primera etapa licitada alcanzó 95.000 kilómetros cuadrados del mar Argentino.

La prospección sísmica —definida como “bombardeos acústicos” por la organización Greenpeace— es realizada por la empresa noruega Equinor, que también participará en la exploración de pozos. Ésta consiste en realizar detonaciones con aire comprimido que generan ruidos intensos y provoca pequeños sismos en el fondo marino. Estos potentes sonidos generan un eco que es captado por una serie de micrófonos en el buque sísmico. La información que producen es analizada para identificar reservorios de petróleo y gas.

Ambientalistas y conservacionistas advierten sobre los altos riesgos para la biodiversidad marina tanto por los bombardeos acústicos como por la exploración y explotación a profundidades inéditas en las tres cuencas argentinas. 

Los pozos se encuentran a más de 1.500 metros de profundidad y pueden llegar a los 4.000 metros. Además, las perforaciones se realizarán a distancias muy extensas de las costas, entre 100 y hasta 300 kilómetros mar adentro. Estas son las dos principales diferencias con la exploración offshore que ya se realiza en la cuenca Austral, explicaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace en documentos judiciales y publicaciones analizadas para este reportaje.

elDiarioAR y Climate Tracker consultaron a la petrolera Equinor para conocer su posición sobre las críticas pero la empresa noruega no respondió hasta el cierre de esta edición. 

Cuenca Norte

“Actualmente, Equinor se encuentra realizando los bombardeos acústicos con el buque BGP Prospector en los bloques 100 y 108 del mar argentino, a la altura de las costas de la provincia de Buenos Aires y Viedma, Chubut”, explicó en noviembre último Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace. 

La empresa tiene plazo hasta junio de 2024 para finalizar con la prospección sísmica. Luego comenzaría la etapa de exploración, que implicará la primera perforación en esta zona del mar Argentino. El primero en ser perforado será el bloque 100. El pozo es conocido como Argerich, es el más grande de la cuenca Norte, tiene más de 4.000 metros de profundidad y se ubica a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. 

“Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país”, agregó Pérez Orsi. 

Para esta exploración y explotación, Equinor trabajará en sociedad con YPF y Shell. YPF estima que en bloque completo —que incluye el pozo Argerich— podría llegar a dar 1.000 millones de barriles de petróleo. “La búsqueda de recursos costa afuera, con los más altos estándares de seguridad, representa una oportunidad para contribuir al desarrollo económico de la Argentina”, aseguró YPF en su sitio web.

La petrolera afirmó que es “la primera vez que el país se plantea como política de Estado desarrollar proyectos en una zona de aguas profundas a ultra-profundas” y “por su ubicación y tecnología a utilizar, hay mínimas posibilidades en que afecte negativamente al medio ambiente y a otras actividades de la zona como el turismo y la pesca”.

Shell, en tanto, aseguró que tiene un largo historial de éxitos en el desarrollo de proyectos energéticos en aguas profundas en todo el mundo. “Aplicamos nuestros conocimientos, experiencia y tecnologías de eficacia probada en aguas profundas para poder acceder a nuevos recursos de manera segura y eficiente” y “procuramos limitar el impacto ambiental de nuestras operaciones y compartir los beneficios con las comunidades del entorno”, resaltó.

Cuencas Austral y Malvinas Oeste

En Argentina, los yacimientos explotados históricamente costa afuera están ubicados en la Cuenca Austral, ubicado en el Atlántico sur, y que alberga alrededor del 30% de las reservas de gas del país. Se trata de concesiones de la década de 1990 que siguen siendo exploradas actualmente. Los nuevos proyectos buscan expandir aún más la explotación en la cuenca Austral y tomar también la Cuenca Malvinas Oeste.  

En este sector, el mar Argentino fue dividido en bloques ubicados a la altura de las costas de Tierra del Fuego, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Los bloques comenzaron a licitarse en 2018 para la prospección sísmica y futura exploración en busca de gas y petróleo a altas profundidades. De los adjudicados hasta el momento, seis corresponden a la Cuenca Austral y otros seis a Malvinas Oeste.

El gobierno de Fernández argumentaba que América Latina tiene “derecho” a una  transición energética “diferente” a la que tienen que llevar adelante los países desarrollados, “responsables del daño ambiental”, como aseguró Sergio Massa, entonces ministro de Economía y excandidato presidencial frente los empresarios reunidos en IDEA Energía 2023.

“Vamos a defender el rol del gas como energía de transición (...) (Es) ”por una cuestión económica, pero también por una cuestión de resultados en términos ambientales“, dijo la exautoridad. 

Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país.

Hernán Pérez Orsi — Investigador de la Campaña Océanos de Greenpeace.

El exministro aseguraba que el gas implica la mitad de las emisiones del carbón —un combustible que no es utilizado en Argentina— y un tercio de las emisiones del petróleo.

Pese a la posición del Gobierno, los riesgos de las prospecciones sísmicas y la exploración a altas profundidades ponen en riesgo al ambiente. “Lo que han hecho es la fragmentación de un mismo mar, que implica daños al ecosistema marino; degradación de las condiciones de vida de las comunidades locales; efectos negativos directos sobre el turismo, la pesca artesanal y las economías regionales”, afirmó Carla Wichmann, integrante de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS y de la Red de Comunidades Costeras.

El 22 de noviembre, el Ejecutivo avanzó con la audiencia pública para la presentación del proyecto de exploración sísmica en tres de los bloques de la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste por parte de la empresa Equinor, que comenzará con los “bombardeos sísmicos en enero de 2024. 

Los opositores a la exploración offshore  destacan que los Estudios de Impacto Ambiental son presentados por las mismas empresas. “Son estudios incompletos, ilegibles, desactualizados y en estos casos refieren únicamente a un bloque y no evalúan impactos acumulativos”, criticó Wichmann.

Proyecto Fénix

Se trata de un yacimiento de gas fósil ubicado en la Cuenca Austral, a 60 kilómetros de la costa de la provincia de Tierra del Fuego y a 74 kilómetros de las instalaciones ya existentes  del Río Cullen, concesionadas a la empresa francesa Total, en alianza con Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea Argentina. 

En este caso, se trata de perforaciones en aguas poco profundas, de unos 70 metros. La exploración sísmica ya fue realizada y en junio último comenzaron las obras para la instalación de una plataforma de extracción de gas y el tendido de un gasoducto de 36,5 kilómetros que conecte con gasoductos existentes y operados por Total. La perforación de los tres pozos de explotación está prevista para 2025, de acuerdo a información de Total ante la consulta de elDiarioAR. 

“Con Fénix buscamos seguir satisfaciendo las necesidades de energía del país, produciendo el gas costa afuera más austral del mundo”, consignó Total en su sitio web. 

Total estima que Fénix aportará hasta 10 millones de metros cúbicos de gas por día, que serán suministrados al mercado nacional. “Esto representa cerca del 8% de la producción actual de gas del país”, afirma la compañía. Ese 8% se sumará al 25% de la producción local que ya explota Total en Argentina. Con este proyecto, la petrolera francesa se convierte en la primera compañía en términos de producción de gas, después de YPF. El 18% de ese 25% corresponde a gas extraído en el mar. La empresa también garantiza el 100% de la energía eléctrica de Tierra del Fuego a través del gas.

En la audiencia pública realizada en abril de este año, expusieron funcionarios del gobierno nacional y provincial y representantes de Total. “La audiencia pública no vinculante fue un simulacro, un simulacro de democracia. De hecho, gobierno y empresa reconocieron en sus exposiciones del día que la plataforma ya está en construcción”, destacó un informe de las Asambleas  de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego (AeIAS).

“Los funcionarios y gobernantes no actúan como representantes del pueblo y del ambiente, sino de los intereses de la empresa”, afirmaron los asambleístas. Estos también cuestionaron que pese a que Argentina se adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible —que entre uno de sus objetivos exige medidas urgentes para combatir el cambio climático, a partir de la transición energética— promueve  explotación de combustibles fósiles “hasta vaciar el último yacimiento, esté en tierra o en el mar”.

“El Estudio de Impacto Ambiental, irónicamente, contempla el impacto de emisiones por quema de gas fósil en caso de una fuga, pero no considera las emisiones de la quema de los 10 millones de metros cúbicos de gas por día que promete extraer”, explicó Greenpeace en una publicación. 

Total resalta en su sitio web que opera en Tierra de Fuego costas afuera desde 1978. En todos estos años, Wichmann destacó que las decisiones se tomaron siempre entre las empresas y los gobiernos. “La comunidad no sabe lo que está pasando frente a las costas”, aseguró. 

Tanto el Proyecto Fénix como la exploración sísmica en la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste son lindantes a cinco áreas protegidas: la Reserva Costa Atlántica (una reserva de aves, sitio Ramsar —un humedal de importancia internacional—; el Área Natural Península Mitre (más de 800.000 hectáreas marinas); la Isla de los Estados; el Banco Burdwood; y Yaganes.

Oleoducto Vaca Muerta Sur

El proyecto de la petrolera YPF —motorizado por el Gobierno Nacional y las gobernaciones de las provincias de Neuquén y Río Negro— busca transportar el crudo de Vaca Muerta, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo, en la cuenca neuquina, hacia el Atlántico para su exportación a partir de 2026. 

Su plataforma portuaria será construida en un área protegida, el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de Río Negro modificó la legislación y sancionó una ley a medida del proyecto de YPF, como informó elDiarioAR junto a Climate Tracker.

“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró Francisco Pinilla durante la audiencia pública en la que se expusieron los Estadios de Impacto Ambiental (EsIA). Pinilla lidera ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. El consultor dijo que esos impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar. 

Los defensores del proyecto aseguran que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especial en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos.

Sin embargo, los detractores del proyecto afirman que este oleoducto es para exportación, es decir, para las ganancias de las empresas, y que el riesgo ante un eventual derrame es altísimo para la biodiversidad: el área donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo está rodeada de áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

Los científicos, ambientalistas y conservacionistas aseguraron: “La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales”.

Mediante un despliegue de lobby, la petrolera logró el apoyo de los legisladores de Río negro para cambiar la legislación y de una parte de la población de la provincia, clave para el proyecto: Sierra Grande. Esta localidad es la más cercana a Punta Colorada, donde se pretende levantar la terminal portuaria del oleoducto, en el golfo San Matías. 

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), presentados por las consultoras contratadas por YPF, y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para decidir si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra, prevista para enero. La funcionaria a cargo, Dina Migani, es fundadora de una empresa de provisión de químicos para la industria petrolera, Quinpe SRL, actualmente en manos de sus hijos en sociedad con el grupo Macri y proveedora de servicios de YPF.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

ED

Las compañías petroleras y gasísticas tienen varios centenares de representantes registrados como delegados en la Cumbre del Clima de Emiratos Árabes. En un crecimiento continuado, la cifra total de los últimos 20 años supera los 2.400 delegados fósiles.

Esta infiltración a gran escala llega en una COP28 cuyo gran punto de fricción es cómo “poner fin a la era de los combustibles fósiles” y cuyo presidente, Sultan Al Jaber, es al mismo tiempo consejero delegado de la petrolera estatal de Emiratos, Adnoc.

Associated Press ha calculado que al menos 1.300 representantes de la industria fósil están acreditados en la COP28. Entre ellos se encuentran los jefes de Exxon, Darren Woods; de BP, Murray Auchinloss; de Oxy, Vicki Hollub; o de ENI, Claudio Descalzi. También ha llamado la atención que Brasil haya anunciado justo durante la celebración de la cumbre que se incorpora a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).

Desde que comenzaron a finales del siglo XX, las negociaciones para intentar atajar la crisis climática se ven infiltradas por las empresas petroleras –y gasísticas– cuyo negocio básico es comerciar con la principal causa del problema: los combustibles fósiles en forma de gas y petróleo.

Hasta la COP27 de Sharm el Sheik, más de 7.000 delegados relacionados con la industria de los combustibles fósiles habían acudido a las conversaciones de las cumbres climáticas de la ONU, según el rastreo de listas oficiales de la ONU que ha hecho la organización Kick Big Polluters Out (KBPO). Solo entre la COP26 de Glasgow y la 27 de Egipto, los representantes pasaron de 503 a 636, un 24% más. El salto para 2023 es mucho más grande, pero es cierto que, en esta edición, la ONU ha publicado por primera vez la lista de acreditados, lo que ha hecho más fácil el rastreo.

El lobby de las petroleras empezó a trazar una estrategia para influir desde el principio: escepticismo sobre la ciencia, el desprecio a políticas que dañaran sus beneficios y la oposición a regulaciones para limitar los combustibles fósiles

Nathaniel Rich — Investigador

“Viendo lo que estamos viendo aquí en Dubái, el contexto de esta COP y la importancia de estas negociaciones, y sabiendo que los combustibles fósiles deben acabarse, aquí hay un récord de lobistas del petróleo”, explica desde Emiratos Árabes Unidos Rachel Rose Jackson, portavoz de KBPO. Y “los lobistas fósiles trabajan abiertamente mediante delegaciones de los países en contra de los llamamientos para restringir esa industria”, remata.

“Siempre han tenido una silla a la mesa en las reuniones del IPCC desde que comenzaron” –explica el investigador Nathaniel Rich–. Rich ha rastreado cómo la industria fósil minó la lucha contra el cambio climático casi desde sus inicios. “Se han infiltrado desde 1990, eso no es nada nuevo, lo que se hace difícil de calibrar con precisión es cuál es su nivel de influencia, aunque, viendo que las promesas del IPCC se han vuelto más débiles, se podría decir que, al menos, han sido receptivos”, cuenta el periodista a elDiario.es.

“En mis investigaciones descubrí cómo la Asociación Internacional de la Industria del Petróleo para la Conservación Ambiental (IPIECA), el grupo de lobby internacional de las petroleras y gasísticas, empezó a trazar una estrategia sobre cómo influir en las conversaciones diplomáticas del clima desde el principio. Pude desenterrar un folleto publicado en febrero de 1990 –y firmado por los principales directivos de Exxon, Shell, Aramco o BP– que luego distribuían entre los propios miembros del Panel Científico Internacional en el que se incluían los papers elaborados por Exxon o El Instituto Americano del Petróleo sobre el cambio climático”.

Las petroleras apenas invierten en renovables: 20.000 millones de dólares en 2022, lo que supone “menos de un 3% de su presupuesto de capital” y “un 1% de toda la inversión mundial”, según los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

¿De qué hablaban esos escritos? “Los temas principales eran el escepticismo sobre la certeza científica acerca del cambio climático”, prosigue Nathaniel Rich, junto al “desprecio a cualquier política que dañara sus beneficios y la oposición ante regulaciones que pudieran llevar a 'una limitación prematura de los combustibles fósiles”'.

Una música parecida, 30 años después

Esta música suena parecida a la que envuelve, 33 años después, esta COP28: el presidente de la cumbre, Sultan Al Jaber, dijo nueve días antes del inicio de las conversaciones que “no hay evidencia científica que justifique el abandono de los combustibles fósiles para conseguir limitar el calentamiento global en 1,5ºC” (como pide el Acuerdo de París). También añadió que ese abandono “llevaría al mundo de vuelta a las cavernas”. 24 horas después de revelarse ese encuentro, que no era público, Al Jaber ha salido a desmentirse. “Creemos mucho en la ciencia”, ha asegurado este lunes. Nathaniel Rich afirma sin duda que “décadas después, la industria del petróleo y el gas continúan presionando con sus posiciones”.

Entre esas posiciones, revisadas para la realidad de 2023, pueden contarse la idea de que la industria petrolera debe ser “solución” al cambio climático –tras décadas de alimentar y ocultar el problema a sabiendas, como demostró esta investigación sobre los estudios internos de Exxon–. Que el problema no está en los combustibles fósiles sino en las emisiones de gases y que, por lo tanto, hay que apostar por capturar los gases de la atmósfera y que las energías renovables no dan para satisfacer todas las demandas.

“Hay que dejar que la historia refleje el hecho de que esta presidencia ha hecho una apuesta decidida para implicar a las compañías de petróleo y gas”, ha defendido el mismo presidente Sultan Al Jaber. También que “las energías renovables no pueden ser la única solución” y que “necesitamos ponernos serios respecto a las tecnologías de captura de carbono”.

De momento, la industria del petróleo y el gas sigue siendo una fuerza marginal en la construcción de un sistema de energía limpio

Agencia Internacional de la Energía — Informe 'La industria del petróleo y el gas en la transición a emisiones netas cero'

Este mismo 15 de noviembre, el CEO de ExxonMobile, Darren Woods, declaraba en su discurso durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: “Mientras las renovables son esenciales para ayudar al mundo a conseguir emisiones netas cero, no son suficientes. Necesitamos compañías de escala mundial que ayuden a solucionar problemas de escala mundial como el cambio climático y ExxonMobil es una de ellas”. El discurso se titulaba: Replantearse el desafío del cambio climático.

En la misma línea, el jefe de la francesa Total Energies, Patrick Pouyanée, participó como ponente este domingo en un foro desplegado en la COP28 sobre La hoja de ruta para triplicar la capacidad de energías renovables.

Y, sin embargo, la realidad es otra. Las petroleras invierten de manera muy exigua en energías renovables. De manera global, el sector invirtió en esas energías limpias unos 20.000 millones de dólares en 2022, lo que supone “menos de un 3% de su presupuesto de capital” y “un 1% de toda la inversión mundial en renovables”, según los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Eso en un año, 2022, en el que las grandes petroleras batieron su récord de beneficios. Exxon, por ejemplo, rompió su marca histórica al ganar 55.000 millones de euros; Chevron declaró ganancias de 35.000 millones, Shell de 39.000 millones, BP de 27.000 millones y TotalEnergies llegó a los 36.000 millones de beneficios.

Así que la AIE concluye que, “de momento, la industria del petróleo y el gas sigue siendo una fuerza marginal en la construcción de un sistema de energía limpio”. Y las inversiones en ese sistema verde son precisamente “el principal vector para recortar el uso de combustibles fósiles, al tiempo que se asegura que no hay recortes a la hora de satisfacer la demanda de energía”, aclara la Agencia.

'Greenwashing' de los productores en la COP

Fuentes de la Oficina Española de Cambio Climático contaban justo antes de empezar la COP28 que había que mirar de cerca “qué significan las medidas de mitigación de combustibles fósiles” para no permitir el “lavado de cara verde de las compañías petroleras”.

Mientras, este 3 de diciembre y dentro de la Cumbre del Clima, 50 grandes petroleras firmaron una iniciativa “lanzada por Sultan Al Jaber” llamada Oil & Gas Decarbonization Charter en la que prometen “cero emisiones de metano” en su proceso de producción. El grupo dice concentrar el 40% de la producción mundial de petróleo y gas y entre los firmantes están la mayor compañía privada, Exxon, la mayor compañía pública, la saudí Aramco, o la española Repsol.

La preocupación sobre greenwashing viene sustentada por los mensajes de la industria que insisten en que “hay que poner el foco en la captura de carbono, no en cancelar la producción”, como pedía el mismo Sultan Al Jaber en noviembre de 2022. La idea es que si se multiplican las tecnologías de captura del CO2 cuando el gas sale a la atmósfera y su posterior almacenaje, puede mantenerse inalterado el uso de petróleo y gas, puesto que no provocarán efecto invernadero. “Recortemos las emisiones, no el progreso”, remataba el directivo emiratí. Esa cita “sale directamente del libro de jugadas de IPIECA”, asegura el investigador Nathaniel Rich.

El mismo directivo de Exxon, Darren Woods, presumía en su discurso de mediados de mes pasado que su corporación había comprado por 5.000 millones de dólares “la compañía con la mayor línea de EEUU para el transporte y almacenaje de CO2”.

El Panel Científico Internacional (IPCC) siempre incluye en sus proyecciones una proporción de captura de gases de efecto invernadero, pero “merece la pena ser suspicaz con las petroleras sobre estas tecnologías porque les permite continuar quemando combustibles fósiles a ritmos incluso mayores”, analiza Rich.

Si la COP28 es un escenario donde puede trazarse un horizonte para el “abandono progresivo” del gas, el petróleo y el carbón, el terreno de juego se ha preñado de delegados cuyo interés es ralentizar esa medida y alejar ese horizonte. Porque, según ha expuesto el secretario general de la ONU, António Guterres, a esas corporaciones: “Su producto principal es nuestro principal problema. Lo que necesitamos es una revolución de las energías renovables, no un resurgimiento autodestructivo de los combustibles fósiles”. 

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, prevé que el faltante de combustibles se normalice “rápidamente”. Según indicó, el elevado consumo del fin de semana pasado como consecuencia del flujo turístico─15% más elevado que el del mismo período del 2022─ generó un “quiebre de stocks para las empresas”.

El nivel de actividad agrícola y las expectativas de devaluación por los comicios del pasado domingo también contribuyeron al reciente aumento del consumo.

El ministro recordó que, para abordar la escasez actual, desde el Palacio de Hacienda, el jueves, se dispuso la compra de diez barcos de combustible. “El día de ayer hicimos una compra de diez barcos; hoy se pagaron 40 millones de dólares y el lunes se pagan otros 40 millones para garantizar el abastecimiento”, explicó.

La decisión de importar combustible se tomó en el marco de un encuentro de la secretaria de Energía, Flavia Royón con las principales compañías petroleras. Participaron de la reunión Pablo González (YPF), Martín Urdapilleta (Trafigura), Marcos Bulgheroni (PAE) y Andrés Cavallari (Raízen).

ACM con información de agencias.

En una decisión histórica, los ecuatorianos votaron ayer mayoritariamente contra de la extracción de petróleo en un área protegida de la Amazonia que alberga a dos pueblos indígenas aislados y sirve como foco de biodiversidad, informaron hoy autoridades.

En un referéndum paralelo a las elecciones presidenciales y legislativas, un 59% de los votantes se pronunció en contra la exploración petrolera en el Bloque 43, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) agregó que ya se había escrutado la casi totalidad de los votos, más de un 98%, emitidas en la consulta popular, informó la agencia de noticias AFP.

El resultado representa un golpe para el presidente saliente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, quien abogó por la extracción de petróleo, afirmando que sus ingresos son cruciales para la economía del país.

Como resultado de la votación, la petrolera estatal Petroecuador deberá desmantelar sus operaciones en los próximos meses, en momentos en que el mundo busca reducir los combustibles fósiles y mitigar el calentamiento global.

La consulta coronó una campaña de 10 años del colectivo ambientalista Yasunidos, cuya solicitud de celebrar un referéndum para que la ciudadanía decidiera al respecto fue finalmente admitida por la Corte Constitucional, la máxima instancia judicial, el 9 de mayo pasado.

“¡Hoy hicimos historia!”, escribió Yasunidos en la red social X, la ex Twitter.

“Esta consulta, nacida desde la ciudadanía, demuestra el mayor consenso nacional en Ecuador. Es la primera vez que un país decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra. ¡Es una victoria histórica para Ecuador y para el planeta!”, agregó.

En 1989, Yasuní fue designado reserva mundial de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Con una superficie de más de 1 millón de hectáreas, cuenta con 610 especies de aves, 139 especies de anfibios y 121 especies de reptiles. Al menos tres especies son endémicas.

La zona está habitada por las tribus Tagaeri y Taromenane, que viven en autoaislamiento.

El referéndum se llevó a cabo junto con la elección presidencial, que se decidirá en una segunda vuelta entre la candidata de izquierda Luisa González y el contendiente de derecha Daniel Noboa, los dos más votados, el 15 de octubre.

Las elecciones se celebraron en medio de una ola de violencia criminal sin precedentes y de luto nacional tras el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, muerto a tiros este mes luego de un acto de campaña en Quito.

CRM con información de la agencia Télam

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció, esta noche, que, tras la suba del 12,5% implementada por las petroleras, el precio del combustible quedará congelado hasta el 31 de octubre. “A partir de un trabajo entre productores, refinadores, la secretaría de Energía, Aduana y la secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo que implica que el aumento del 12,5% será el último aumento hasta el 31 de octubre”, informó en una conferencia de prensa.

Según explicó, de esta manera, el costo de la devaluación impuesta el pasado lunes quedará repartido entre el consumidor, las empresas y el Estado, el cual “va a resignar parte de los recursos que cobra en impuestos a las empresas de combustibles”. Estos beneficios fiscales serán quitados si las empresas violan el acuerdo establecido.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda destacó la centralidad de la industria de petróleo y gas en la economía nacional. “Parte de la caída que representa la pérdida de exportaciones y de actividad que tuvimos por el impacto de una sequía brutal que nos quitó 21 millones de dólares se ve compensada por el enorme crecimiento que tiene respecto del año pasado el sector de gas y petróleo”, indicó.

Las supermajors, ya sean empresas privadas como ExxonMobil, Shell o BP, o estatales como la saudí Aramco o la emiratí Adinoc, siguen apostando al negro, a sus tradicionales negocios de combustibles fósiles. Aunque sus registros contables consignan millonarios flujos de capital vinculados a criterios Environmental, Social & Governance (ESG). En teoría, los ESG proliferaron entre las preferencias de los inversores y en las configuraciones de sus carteras de capitales.

La premisa que revistió al combate contra la catástrofe climática de un manto de optimismo durante el bienio post-Covid, en el que se acumularon inversiones ESG por valor de 35 billones de dólares anuales en 2020 y 2021 e infundió esperanza para alcanzar las emisiones netas cero de CO₂ en el ecuador del siglo, está dejando en 2023 un rastro de falsedad. Hasta el punto de poner en tela de juicio los esfuerzos de supresión de las huellas de carbono empresariales.

En ocasiones, con el beneplácito y la aquiescencia de gobiernos proclives a la prolongación de la Vieja Economía fósil y poderosos fondos de inversión a los que les atemorizó el primer gran periodo de ralentización de rentabilidades y beneficios en los mercados. Este parón y marcha atrás en el boom de activos ESG tiene orígenes diversos.

Solo en EEUU volaron en septiembre pasado 139.000 millones de dólares con sello medioambiental, social o de buen gobierno corporativo. En su mayoría, fugas de fondos de pensiones ligados a estados con gobernadores republicanos que, como Ron DeSantis, decidieron revertir la estrategia inversora de estos instrumentos de ahorro enfocados entre 2020 y 2021 hacia valores ESG. DeSantis argumenta que es una herramienta progresista al servicio de la causa demócrata de Joe Biden y bendecida por el “perverso woke capitalism”. Término que, en la jerga neoliberal al uso, responde a la corrección política y al igualitarismo extremo que ciertas empresas -critican su acólitos- ponen en liza para promover la justicia socio-laboral o preservar el medio ambiente.

El gran oponente de Donald Trump para las primarias del los Republicanos decidió que los criterios ESG no podían determinar el dinero con el que sus conciudadanos de Florida deben de afrontar su retiro de la población activa.

Pero no solo existe un estigma ideológico detrás de estos avances. También son determinantes en esta cruzada antiESG los petro-estados, países que superan los 1.000 dólares de renta per cápita por ingresos vinculados petróleo o el gas, y que dominan ampliamente el accionariado de sus petroleras de bandera. De igual manera que las supermajors privadas que llevan casi dos años de unos beneficios caídos del cielo -desde el otoño de 2021- por obra y gracia del cierre del grifo de la energía a Europa decretada meses antes de la invasión de Ucrania por Vladimir Putin.

Este cóctel generó incertidumbre sobre las finanzas verdes y los activos ESG, que se habían erigido en los auténticos Caballeros Blancos que dominarían, primero, y reconvertirían, después, a las firmas fósiles en corporaciones sostenibles. Estas estrategias de capital y de negocios con vitolas verdes pretendían impulsar prototipos de economías circulares en sus zonas de influencia que adquirirían el suficiente liderazgo en sus sectores de actividad como para espolear las transiciones energéticas en los mercados en los que operan.

Sin embargo, esta hoja de ruta sostenible se topó, de repente, con un peligroso desfiladero. Hasta el punto de que las sospechas de lavado -greenwashing- se suceden por doquier, en todas las áreas de información empresariales. Al igual que las evidencias de que, paradójicamente, gran parte de las supuestamente rigurosas inversiones ESG fueron a parar a activos de gigantes como Aramco, la mayor petrolera mundial y propiedad de la Casa Real de Saúd; de Adnoc, su hermana de Emiratos Árabes Unidos (EAU); o de Equinor, la petrolera nacional noruega.

En un momento en el que las rusas Rosneft, Gazprom, la mexicana Pemex, la brasileña Petrobras las chinas Sinopec, CNOOC o CNPC, Qatar Energy o la gasista argelina Sonatrach elevaron sus inversiones y sus costos productivos en hidrocarburos desde el estallido del conflicto armado en Europa e incrementaron la recaudación de las arcas de sus estados.

Obstáculos a las reglas de descarbonización

Esta atmósfera no es precisamente favorable ni para desplegar recursos financieros a tecnología verde ni a proyectos renovables. Las estatales y las supermajors se unieron en un doble juego que reniega de la ciencia y abandona el combate contra el calentamiento global. Es como si se hubieran conjurado para duplicar su capacidad extractiva y comercial con unos precios del gas y del petróleo al alza y, al mismo tiempo, acaparar toda la atención de las carteras ESG de los fondos de inversión más poderosos. De forma que estos capitales verdes ayudan a sus ejecutivos a situarlas estratégicamente en el olimpo del conservacionismo ecológico.

Aramco empleó 50.000 millones de dólares el pasado año en gastos de capital para expandir su producción, Adnoc tiene asignados 150.000 millones hasta 2027 para lograr bombear hasta 5 millones de barriles diarios y Qatar Energy está desplegando otros 80.000 millones contabilizados dentro de su plan estratégico 2021-2025 para elevar en dos terceras partes sus ventas de gas licuado a lo largo del lustro en curso.

Eso sí, promoviendo faraónicos proyectos de descarbonización. Riad dentro de su Visión 2030 que abandera su príncipe heredero, Mohammad bin Salmán (MbS) para disponer de 54 GW de capacidad renovable en 2032. Desde Aramco insisten en que capturará con su tecnología punta 11 millones de toneladas de CO2 y pondrá en marcha 12GW de energía eólica y solar para 2035. Minucias en comparación con los 100 GW de producción de fuentes limpias que EAU asegura que conseguirá en 2030.

Para instaurar esta doble moral, los gigantes del petróleo se benefician de las lagunas regulatorias y las deficiencias en la contabilización y la auditoría de los criterios ESG, así como de las embestidas de un mercado que ha dado alas a los valores de la Vieja Economía fósil, donde los porfolios han encontrado un refugio en tiempos convulsos.

La saudí Amraco, por ejemplo, es la indiscutible beneficiaria de fondos sostenibles gracias a una compleja red de estructuras financieras. Su CEO, Amin Nasser, criticó reiterada y rotundamente en el pasado reciente las inversiones ESG al incidir en que “operar en contra de los proyectos energéticos convencionales” resultaría nefasto para la economía global, la seguridad energética y la accesibilidad de los consumidores.

Para poner en marcha este doble rasero, Nasser dividió Amraco en dos subsidiarias, la del crudo y sus oleoductos y la del gas y sus gaseoductos y vendió el 49% de sus respectivos accionariados a inversores privados a través de EIG Global Energy Partners y BlackRock que crearon dos Special Purpose Vehicles (SPV’s) con sede en Luxemburgo, desde los que vendieron bonos que -dijeron- no tenían vínculos con la industria fósil y que obtuvieron puntuaciones por encima de la media de los marcadores ESG de JP Morgan Chase. El pasado 18 de julio BlackRock anunció que incorpora a su junta directiva al presidente y consejero delegado de Aramco, Amin Hassan Ali Nasser, como nuevo miembro independiente.

Una cortina de humo … negro

Ulf Erlandsson, fundador y CEO del Anthropocene Fixed Income Institute, desvela de forma más que elocuente uno de los modus operandi del mercado. En declaraciones a Bloomberg, explica que “la motivación de Aramco no es otra que acceder a capital barato disponible en mercados privados opacos”, pese a la teóricamente rigurosa regulación de estos movimientos de capital.

No pocos inversores ESG -admite- “perfilaron sus carteras con acuerdos empaquetados”, en numerosas ocasiones “sin saber que su adquisición era de bonos de compañías de petróleo o gas”. Sin saber a ciencia cierta dónde depositaron sus patrimonios. Una maniobra que EIG, BlackRock, JP Morgan o UBS declinan corroborar o desmentir.

Aramco, Adnoc y otras petroleras del Golfo Pérsico obtienen ratings altos por sus ingresos y su acceso permanente a financiación del mercado por su valoraciones positivas ESG y anuncios oficiales de recortes de emisiones, mientras admiten en diferido que sus tasas de contaminación se elevarán a medio plazo.

Los organismos de supervisión se conjuraron para estrechar el cerco y solventar las lagunas legales y las inconsistencias de los ratings ESG que operan en el mercado. En junio, la Comisión Europea exige al sector de auditores y firmas de calificación de sostenibilidad que vigilen con un especial énfasis la ingeniería financiera de los grandes conglomerados que mezclan criterios ESG con una multiplicidad de servicios y premien con mejores notas a aquéllas que fuercen a sus proveedores a incorporar estos principios y publiquen su metodología con los requerimientos y exigencias legales adecuadas.

“Es un gran problema el modo como los fondos de inversión están utilizando las lagunas legales e indexan los bonos ESG”, aclara Lara Cuvelier, activista en Reclaim Finance. Pero, sobre todo, “resulta inquietante la correlación de sus productos financieros con emporios como Aramco”.

Entre otras razones, porque desde la cúpula de Aramco, su CEO, Nasser, insiste en que “no existe alternativa para reemplazar al gas y al petróleo” y que los “defensores de la popular transición energética dibujan una narrativa utópica”, mientras la OPEP + pregona a los cuatro vientos que el sector fósil “necesita medio billón de inversiones anuales” por la “descapitalización crónica” a la que se ha sometido a la industria en los recientes años de retórica sostenible.

Quizás por ello, avisan en The Economist, la regulación ESG, bien concebida y profundamente elaborada, debería homologarse y enfocarse más a una única medida, las emisiones reales, con objeto de que las inversiones, que este año volverán a estancarse en los 35 billones, ganen en intensidad y puedan distinguir a las compañías que practican greenwashing de las que combaten el cambio climático.

Por primera vez, información oficial confirmó que empresas petroleras están regulando las perforaciones del francking en Vaca Muerta para disminuir los sismos en esta zona de la provincia de Neuquén, de acuerdo a una serie de pedidos de acceso a la información pública realizado por el geógrafo Javier Grosso y el ingeniero Guillermo Tamburini, del Observatorio de Sismicidad Inducida.

Las compañías nunca han reconocido públicamente que el fracking sea el causante de los sismos en esta zona de Neuquén -se han sentido incluso en Cipolletti-, donde no hay registros de movimientos de la tierra anteriores a la llegada del fracking. Por esa razón, los científicos consideraron que la información obtenida es altamente relevante, en especial, para los habitantes de los pueblos más afectados por la actividad sísmica de Vaca Muerta.

“Hemos podido comprobar que ya son varias las operadoras que actúan con un sistema de semáforo sísmico. Este semáforo sísmico se activa con los cálculos que realiza el Instituto Volponi ( Universidad Nacional de San Juan) luego de procesar y analizar los datos procedentes de una red privada de mas de 20 sismógrafos ya instalados por las empresas aglomeradas en el IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas) que mantienen un acuerdo de prestación de servicios con el Volponi”, explicaron los expertos del Observatorio a elDiarioAR.

Los especialistas, que estudian la aparición de sismos en los pueblos aledaños a Vaca Muerta desde la instalación de las petroleras en la zona, tuvieron acceso a información en poder de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén. “Ante las alertas de los sismógrafos de que la fractura de la roca provocando o provocó movimientos sísmicos, las empresas toman medidas para inyectar menos presión en la perforación o realizan pausas más largas entre fractura y fractura”, afirmó Grosso a este medio.

El protocolo sísmico, que ya era conocido y es monitoreado por el gobierno de Neuquén, consiste en alertas registradas por una veintena de sismógrafos que las petroleras instalaron en los yacimientos que operan. Se han registrado en el área al menos 422 sismos de distinta intensidad y profundidad desde 2015, de acuerdo a diversas fuentes (principalmente el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y la Red Geocientífica de Chile).

El fracking o fractura hidráulica es la forma de extracción de gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta. Consiste en la inyección de millones de litros de agua, arena y aditivos químicos a alta presión en la roca del sedimento. Al inyectar estos materiales se generan nuevas fracturas en la roca y se amplían las ya existentes. 

La inyección de agua, arena y químicos a alta presión en la roca del sedimento está provocando que la tierra tiemble, aseguran Grosso y Tamburini, también investigador del Conicet. 

“El uso de éste protocolo sísmico implica el reconocimiento implícito de la generación de los sismos por parte de las petroleras. Las petroleras reconocen puertas adentro que son las responsables de los sismos en Vaca Muerta”, aseguró Grosso, geólogo de la Universidad del Comahue.

Consecuencias

Sauzal Bonito es uno de los pueblos más afectados. Es la población más cercana a la zona fracturada. “Prácticamente fracturan debajo de sus casas porque realizan fracturación horizontal”, explicó Grosso a elDiarioAR en mayo último. 

Las construcciones están hechas de adobe o material, ninguna estaba preparada para afrontar sismos porque la zona nunca había temblado antes de la llegada del fracking. Lo mismo sucede en pueblos aledaños como Añelo y El Chañar. La provincia de Neuquén ha comenzado a entregar a cuenta gotas casas antisísmicas a los vecinos. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace más de un año y medio con un amparo para frenar la perforación.

“El hecho de tener protocolos sísmicos mediante acuerdos confidenciales entre las empresas privadas y un instituto dependiente de una universidad pública confirma lo que venimos sosteniendo desde el Observatorio de Sismicidad Inducida hace ya cuatro años: la sismicidad de Vaca Muerta es inducida por el fracking”, afirmó Grosso. 

El Observatorio de Sismicidad Inducida sostiene que las empresas privadas, el Estado neuquino y la Universidad Nacional de San Juan conocían esta relación entre los sismos y el fracking al menos desde junio de 2020. “Sin embargo, no lo informaron ni a los vecinos de Sauzal Bonito, ni a los de Añelo, ni a la opinión pública en general. Todo esto se está midiendo a puertas cerradas”, agregó Grosso.

“Esta nueva información es un reconocimiento implícito de las petroleras sobre su responsabilidad en la producción de sismos en la zona de Vaca Muerta y toda consecuencia que tengan esos sismos en el ambiente, ya sea por la afectación directa a la población, por  las eventuales roturas de caños que pusieran en riesgo los acuíferos superficiales o los efectos que produzcan sobre la infraestructura pública o privada será responsabilidad de las operadoras tal como lo indica la legislación vigente”, aseguró Grosso.

Acuerdos

El monitoreo de sismos se realiza a través de sismógrafos instalados por las petroleras en los pozos que operan. Los dispositivos se instalaron en el marco de un acuerdo privado celebrado en 2015 entre la Universidad Nacional de San Juan y la empresa francesa Total, que opera en Vaca Muerta. Luego, se sumaron otras compañías, pero no todas, de acuerdo a la información obtenida por el Observatorio.

A partir de los datos sobre intensidad y profundidad de los sismos, el Volponi procesa y analiza la información. Pero estos datos son confidenciales, añadió el geólogo. Nunca los hicieron públicos, incluso cuando organizaciones de la sociedad civil, científicas y vecinos protestaban por las consecuencias de la sismicidad en la zona. Ni siquiera la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén pudo acceder a los resultados, como confirma una nota entregada por la Dirección Provincial de Exploración y Explotación y Transporte de Hidrocarburos a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia en 2018.

Existe otro intercambio de información sobre sismicidad en la zona, entre la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén y el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). “Desde el gobierno de la Provincia reconocemos, como fuente oficial de información sobre sismicidad, únicamente al Inpres, organismo de amplia trayectoria a nivel nacional. Con ellos firmamos oportunamente un convenio para llevar adelante la implementación de red de monitoreo sísmico que contempla la instalación de equipos sismográficos en 16 puntos de la cuenca neuquina –no sólo Vaca Muerta-, 14 en Neuquén y dos en Río Negro.  El propósito es recabar información más precisa respecto al desarrollo de sismos en las distintas zonas”, explicaron a elDiarioAR voceros del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén.

“Por ende, somos cautelosos y aguardamos la información y evaluación que oportunamente haga el Inpres sobre los eventos registrados –insistimos, cuya base es la red de monitoreo en la que se está trabajando- para brindar conclusiones sobre el tema”, agregaron desde la cartera provincial, y aseguraron que el Ministerio no intercambia información sobre sismos con el Instituto Volponi de San Juan.

Nota: este artículo se corrigió el 18 de julio a las 8:10 AM para aclarar que los sismos que se producen en Vaca Muerta, Neuquén, se han sentido incluso en Cipoletti, Río Negro.

ED/MG

Una explosión en una plataforma de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó dos muertos muerto y un desaparecido, según confirmó el presidente de la compañía, Octavio Romero Oropeza, este viernes.

Los hechos sucedieron en la plataforma Nohoch-A del complejo Cantarell, en el litoral del estado de Campeche, en el Golfo de México.

“En Pemex la prioridad es la seguridad. Del incendio de esta madrugada en la plataforma Nohoch-A, los resultados preliminares son que en Pemex no hay personal faltante. Lamentablemente, fallecieron dos personas y hay un desaparecido de la empresa que realizaba trabajos en la instalación”, apuntó Romero Oropeza en un video publicado en redes sociales.

Ademas, destacó que la llegada de cuatro embarcaciones de bomberos y equipos de rescate evitó que la conflagración se extendiera a otros módulos de la plataforma.

Por la mañana de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en un primer reporte de que “tres o cuatro” personas estaban desaparecidas después de una explosión en la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo de México.

“Hubo una explosión en la madrugada de una plataforma de producción de gas, ya se está atendiendo. Están bomberos de Pemex y la Marina. Es en las costas de Tabasco y Campeche. Se registran algunos desparecidos, tres o cuatro”, dijo el mandatario.

En un comunicado posterior, la empresa estatal reportó que en el centro se encontraban 328 trabajadores, de los que 321 fueron evacuados en siete embarcaciones y seis presentaron lesiones.

Sin embargo, el boletín no comentó sobre las personas presuntamente desaparecidas.

“Aproximadamente a las 5.25 horas (11.25 GMT) se presentó un conato de fuego en la plataforma de enlace de Nohoch–A y posteriormente en la plataforma de compresión, por lo que se activó el sistema de paro por emergencia y se enviaron cuatro embarcaciones para el control del incendio”, relató Pemex.

Un grupo de atención y manejo de emergencias de la localidad de Ciudad del Carmen, Campeche, “se encuentra en sesión permanente atendiendo la emergencia”.

Según medios locales, el suceso ocurrió en una plataforma que pertenece al campo Cantarell en la Sonda de Campeche, mientras operarios realizaban tareas de mantenimiento en las líneas de gas amargo.

El fuego, posteriormente, derivó en una explosión que, como se observa en imágenes en redes sociales, causó una potente llamarada y una gran nube de humo gris.

El yacimiento de Cantarell lleva siendo explotado por Pemex desde hace más de 40 años y, en 2021, según informó la empresa estatal, producía 2.192 millones de barriles diarios.

Las explosiones en plataformas petroleras de Pemex son usuales y en otras ocasiones ya han causado daños humanos.

El pasado 24 de febrero, cinco trabajadores desaparecieron y tres fueron hospitalizados después de un incendio en una planta de almacenamiento en la ciudad de Ixhuatlán, en el estado oriental de Veracruz.

En 2021, en la plataforma Kú-A, muy cercana a la Nohoch-A, fallecieron cinco personas por otra explosión.

Con información de la agencia EFE

La marcha verde hacia la neutralidad energética no será un camino de rosas. Ya lo advirtió desde el inicio de los problemas de suministro que provocó Vladimir Putin desde otoño de 2021, el experimentado estratega jefe de materias primas de Goldamn Sachs, Jeff Currie: a las tensiones geopolíticas del Kremlin se sumó “la revancha de la Vieja Economía”. Se trata del poder de influencia del “sistema de producción fósil”, que ha dominado todos y cada uno de los ciclos de negocios desde comienzos del Siglo XX y que es capaz de poner en liza “episodios de shocks exógenos” para alterar el valor de mercado del gas y del petróleo y cambiar el paso de los bancos centrales.

Los negros augurios de Currie se confirmaron. El espectro de la inflación resurgió como nunca en los últimos cuatro decenios, desde la crisis petrolífera de los setenta que encumbró a la OPEP como cártel con suficiente capacidad para dictaminar el curso de la economía global.

Su presagio constata que la hoja de ruta hacia modelos productivos sostenibles y de emisiones netas cero no solo debe superar barreras inversoras, tecnológicas, empresariales o políticas de primer orden, sino también la férrea dictadura que ejerce la industria fósil que denuncia Currie.

Shell y Chevron, dos de las históricas seis supermajors -junto a ExxonMobil, TotalEnergies, BP y ConocoPhillips- de capitales privados, no tienen reparos en alardear de sus negocios de gas. Para sus directivos, este combustible no solo llegó al ciclo post-Covid para quedarse, sino que su prevalencia está pensada para dominar la transición energética. Y, de paso, para engordar sus cuentas de resultados.

Al igual que sus rivales, las firmas estatales de los petroestados o economías que superan los 1.000 dólares per cápita de ingresos vinculados al oro negro o el gas, tanto del Golfo Pérsico (Aramco es la mayor del mundo) como de Noruega (Equinor, que acaba de reanudar sus prospecciones en el Ártico) también revelan beneficios récords.

Las dos multinacionales americanas aceleraron sus inversiones en gas. En un instante clave en el devenir de la transición energética, en la que el más limpio de los combustibles fósiles se había convertido en el comodín que debía garantizar el salto hacia las energías renovables, pese a las advertencias ecologistas sobre su alto efecto contaminante.

De repente, los cálculos sobre su inminente techo de demanda se extinguieron. Ben Cahill, del Center for Strategic and International Studies (CSIS) un think-tank de Washington, afirma que las empresas vendedoras de gas LNG “ven un mercado candente en el que confiar, porque la demanda de este carburante podría perdurar décadas”.

Es decir, que las gasistas, entre las que se encuentran las supermajors, “aprecian un futuro verde con surtidores de gas estancos que dominarán el tránsito a las emisiones netas cero y que este recorrido será más prolongado de lo que recomiendan los científicos”.

Apuesta americana, europea y china por el gas

A Cahill y a Currie no les falta razón. Las tres superpotencias económicas apuestan por la variante licuada del gas. China está forjando planes energéticos con contratos de futuros que alcanzan el ecuador del siglo, como el que le une, durante 27 años, con Qatar y que contiene salvaguardas de abastecimiento. Mientras, Alemania suscriben pactos en EEUU hasta 2046 y otros miembros del club europeo negocian garantías similares con los emiratos del Golfo de hasta 20 años.

Entretanto, EEUU acelera la construcción de nuevas plantas de gas para preservar su liderazgo futuro como exportador neto. A razón de “60.000 millones de metros cúbicos de gas de nueva producción” desde la invasión de Ucrania, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con clientes sumamente fieles en Europa, Japón, Australia o Corea del Sur.

Dentro de un contexto en el que la UE trata de reemplazar el flujo energético de Rusia a largo plazo y los mercados emergentes buscan fórmulas que eviten interrupciones de abastecimiento. De igual modo, el gas “encuentra sentido entre los inversores”, afirma Saul Kavonic, de Credit Suisse AG en Sídney, por su “beneficiosa cotización” de los últimos ejercicios; antes y después del boom de las carteras bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno o ESG.

Shell encontró en el gas su negocio más fructífero. De ahí que haya decidido elevar sus líneas de capital en un 25%, hasta los 5.000 millones de dólares, y mantener este nivel inversor hasta 2025. Incluso rebajando los márgenes sobre sus fuentes renovables, admitió en enero su CEO, Wael Sawan. “El gas licuado jugará un papel esencial en el sistema energético futuro de la firma; mucho más que en la actualidad”, señaló antes de justificar esta medida en que su transporte “es sencillo, incluso a lugares recónditos” y en que, “de media, emite casi un 50% menos de CO₂ que el carbón [otro combustible fósil] que se emplea para producir electricidad”.

Esta petrolera se unió el año pasado a ExxonMobil y ConocoPhillips en una joint-venture a través de la cual comprometieron 30.000 millones de dólares a la expansión industrial del gas catarí, el mayor desembolso de capital del sector en plantas productivas. Mientras, TotalEnergy acelera la construcción de terminales de gas en puertos estadounidenses y negocia tareas de exploración en Arabia Saudí y BP sigue la estela inversora en gas. Exxon y Chevron refuerzan sus plantillas de trading en Londres y Singapur, los dos hubs financieros del negocio gasístico global.

Tampoco se debe olvidar que la séptima supermajor, Eni, la italiana Ente Nazionale Indrocarburi, acaba de adquirir por 4.400 millones de dólares la firma francesa de exploración de gas Neptune Energy Group. Demasiadas fichas al negro en una ruleta, la de la descarbonización que, según la AIE, no alcanzará las emisiones netas cero en 2050 sin un “dramático retroceso de los actuales niveles de demanda de gas”. En 2021 -recuerda Bloomberg-, esta institución precisó que el reto climático “no se cumplirá si se ponen en marcha nuevas instalaciones de petróleo, de gas y de carbón”.

“Nos encaminamos hacia el desastre con los ojos abiertos”, alertó hace unas fechas el secretario general de la ONU, António Gutèrres, en alusión a la falta de compromiso de petroleras y bancos para “poner fin a la financiación y a las inversiones” en labores de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles; en especial, del gas, uno de cuyos componentes, el metano, emite 80 veces más calor que el CO₂ en sus primeras dos décadas en la atmósfera, avisa el estudio de la National Academy of Sciences.

Los pingües beneficios de las petroleras

Estas alertas científicas y multilaterales no parecen hacer mella en las supermajors. ExxonMobil declaró 59.100 millones de dólares de beneficios en 2022, un ejercicio en el que Shell registró 39.900 millones; Chevron, 36.500 millones, TotalEnergies, 36.200 millones, BP, otros 27.700 millones, ConocoPhillips, más de 18.700 millones y ENI 16.600 millones de ganancias. Mención aparte merece la saudí Aramco, la mayor del mundo, que pulverizó su récord de beneficios netos, hasta elevarlos a los 161.000 millones de dólares -cifra similar al PIB de Kuwait-, mientras que la noruega Equinor los duplicó: 26.772 millones.

Con el gas a pleno rendimiento, el calentamiento achacable a la industria energética sigue en fase ascendente. Así lo atestigua otro informe, del Energy Institute, que establece en el 82% el consumo de energía mundial emplea combustibles fósiles.

“A pesar del fuerte crecimiento de las fuentes solares y eólicas, las emisiones del sector crecen sin remedio”, explica Juliet Davenport, presidenta de este centro de investigación de ingenieros y otros profesionales de la energía con sede en Londres. A su juicio, “vamos en dirección opuesta a los requerimientos de París”. La radiografía, compartida con KPMG y la consultora Kearney, se hace eco de que las renovables, excluidas las fuentes hídricas, acapararon el 7,5% de la demanda global el pasado año, apenas un 1,1% de incremento respecto a 2021 y lejos del 5,5% del registro anual precedente, pese al repunte del 25% de producción solar y del 13,5% de la eólica.

Ante esta compleja tesitura, la esperanza surge de la reactivación de las inversiones ESG y de la evolución que tomen las empresas de supresión del carbono, las llamadas CDR o Carbon Dioxide Removal, desde cuyas cúpulas ejecutivas se reclama a las autoridades regulaciones exigentes y precisas y que, en los últimos tiempos, empiezan a recibir esfuerzos inversores significativos. Un buen botón de muestra son los 200 millones de dólares destinados a tecnologías de eliminación de CO2 de JP Morgan Chase. O el anuncio de Richard Manley, responsable de Sostenibilidad del fondo de pensiones canadiense CPP Investments, de invertir parte de esta cifra destinada a los retiros privados de sus conciudadanos a firmas CDR. En el orden político, destacan los 3.500 millones de dólares del Regional Direct Air Capture Hubs de la Casa Blanca destinados a la investigación en innovaciones tecnológicas para esta incipiente industria.  

IJD