El Gobierno avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo encargado de ejecutar la política de urbanización de barrios populares creada por la Ley 27.453. La decisión generó un fuerte rechazo de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales, que advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país.

El reclamo tiene este martes un protesta hacia el Ministerio de Economía convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. La movilización se formalizó en una conferencia este lunes en la que participaron, entre otros, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y ex funcionarias del área. Todos coincidieron en que la medida implica el desmantelamiento de una política de Estado que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018.

Carrara fue contundente: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”. Y agregó: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. El arzobispo subrayó además el rol de los propios vecinos en el relevamiento y la ejecución de obras: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo”. En tono crítico, planteó: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”.

Desde TECHO, Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración “se desarrollaron de abajo hacia arriba” y se transformaron en “una política de Estado votada por unanimidad”. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo: hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”, afirmó. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir once años menos?”.

Según los datos presentados, desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes. La ex subsecretaria Fernanda García Monticelli señaló que “no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, y remarcó que sin estructura ni financiamiento “la ley queda vaciada de contenido”.

El conflicto ya tiene derivaciones judiciales. Vecinos de barrios populares, con el patrocinio del CELS, presentaron un amparo colectivo y la Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan garantizar la continuidad de la política y suspenden cualquier intento de disolver el FISU. Para la Mesa Nacional, la paralización no es un mero ajuste administrativo sino “el incumplimiento de una ley vigente y una regresión en derechos reconocidos”.

El documento difundido tras la conferencia reúne cerca de 200 adhesiones, entre ellas Cáritas, TECHO, la UTEP, sindicatos y universidades nacionales. “La integración socio urbana no es un gasto: es una inversión en desarrollo y futuro. No hay libertad posible si el punto de partida es profundamente desigual”, señalaron. Y reclamaron al Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad y el financiamiento de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos.

MC

Amontonar, acumular, juntar sin orden. Así define el Diccionario de la Real Academia Española al verbo hacinar, en su segunda acepción. Y así, hacinada, es como vive alrededor de la mitad de las personas que residen en villas, con entre dos y tres convivientes por pieza.

Los datos se desprenden del informe Condiciones de vida en barrios populares, elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el colectivo villero La Poderosa, a partir de un relevamiento realizado en nueve barrios de seis provincias, que alcanzó a 1.485 hogares y más de 5.000 personas.

En promedio, el 50,2% de las viviendas de estos barrios presenta hacinamiento —entre dos y tres personas por cuarto—, y un 10,7% directamente supera ese umbral, según los parámetros del Indec para lo que denomina hacinamiento crítico. Los barrios con mayor hacinamiento crítico son Isla Maciel, Los Álamos y Complejo Yapeyú, con tasas de entre el 17% y el 23%. En todos los casos, los valores duplican —y a veces triplican— al promedio nacional, que ronda el 5%. Pero ademas, el 90 % de los hogares “enfrenta un alto riesgo ambiental” ya que viven ante la presencia de plagas, acumulación de basuras y cercanos a fuentes contaminantes.

Vivir amontonados y sin plan de vivienda porque el Gobierno que no lo cree necesario

Esta convivencia forzada en espacios reducidos tiene consecuencias directas en el bienestar físico y emocional de las familias. Limita la intimidad, impide la concentración para estudiar o trabajar, y eleva los niveles de estrés, sobre todo cuando el entorno de la vivienda también presenta fallas estructurales.

Durante la última campaña presidencial, un video filmado con un celular recorrió las redes: Javier Milei, de pie frente a una pizarra blanca, arrancaba uno por uno los nombres de los ministerios que pensaba eliminar. “¡Afuera!”, gritaba al arrojar los stickers por el aire. Entre ellos, estaba el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Pero la motosierra no se quedó en la línea ministerial. En febrero de este año, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Vivienda, a través del Decreto 70/2025. En los fundamentos de la medida se explicita que la política habitacional debe quedar en manos de las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional.

Junto con esa decisión, se cerraron o pusieron en proceso de disolución tres fondos fiduciarios clave: el del programa Procrear, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En el caso de este último, fue el instrumento principal para canalizar obras de urbanización en barrios populares, financiadas con parte de lo recaudado por el impuesto PAIS. Con la eliminación de estos organismos, el Gobierno ratificó su decisión de retirar al Estado nacional de la ejecución de obras de vivienda e integración urbana, incluso en los sectores con mayor déficit estructural.

Sin embargo, a pesar de la decisión del Ejecutivo, en mayo la justicia resolvió frenar la eliminación del FISU y le ordenó al Gobierno que solo podrá disponer de los fondos para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Hogares sin agua caliente, humedad en contacto con instalaciones eléctricas y sin acceso a servicios básicos

El artículo 14 bis de la Constitución nacional dice en su tercer párrafo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Sin embargo, según el informe de ACIJ y La Poderosa, apenas el 15% de las viviendas de las villas alcanza una calidad constructiva suficiente, mientras que el 81% es considerada parcialmente insuficiente. La mayoría tiene filtraciones, grietas, humedad y techos precarios. Entre el 20% y el 45% carece de agua caliente o lavamanos en el baño. En barrios como Villa 21-24-Zavaleta, más del 50% de los hogares tiene humedad en contacto con instalaciones eléctricas, lo que representa un riesgo latente.

El acceso a servicios básicos también muestra cifras alarmantes. Solo el 15,9% de los hogares accede a ellos de forma adecuada. Un 10,9% directamente no cuenta con ninguno. La mayoría (73,2%) vive con conexiones informales o deficitarias, tanto a la red eléctrica como al agua.

El 63% de las viviendas tiene una conexión precaria a la red eléctrica. Como consecuencia, el 20% sufre cortes de luz al menos una vez por mes, y en barrios como Isla Maciel, Mirador o Villa 21-24-Zavaleta, más del 70% de los hogares perdió electrodomésticos por fallas. En ese mismo barrio porteño, el 10% de las viviendas sufrió incendios vinculados a la electricidad en el último año.

En cuanto al agua, el 50% de las familias accede mediante conexiones informales, y el 75% detectó olor, color o sabor extraño en el suministro. Como resultado, el 60% compra agua embotellada, un gasto significativo para hogares con ingresos inestables.

La brecha digital es otro de los ejes del informe. El 76% de los hogares no tiene computadora, y el 18% solo accede a internet a través del celular. En algunos barrios, como Mendoza Sur e Isla Maciel, más de una cuarta parte de las casas no tiene ninguna conexión a internet.

Las infancias atraviesan todos estos déficits. Según el relevamiento, entre el 20% y el 30% de la población de los barrios populares tiene 14 años o menos, por encima del 22% de promedio nacional, de acuerdo al Censo 2022. Este dato refuerza la idea de una sobrerrepresentación infantil en contextos de precariedad, donde se vulneran derechos básicos desde los primeros años.

En el mismo sentido, señalan que “la mayoría de las jefas de hogar son mujeres, con más del 60 por ciento, y entre el 50 y el 60 por ciento de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo”. Esto, da cuenta de una “marcada feminización” que representa “una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos”.

Finalmente, el informe da cuenta de un entorno urbano degradado. El 60% de las viviendas no tiene árboles en la calle, y el 80% de los vecinos considera insuficientes los espacios verdes. En muchos barrios, la cercanía a basurales o cursos de agua contaminados es la norma. Con un índice propio, ACIJ y La Poderosa determinaron que el 90% de los hogares enfrenta un riesgo ambiental alto.

El problema, sin embargo, excede a los nueve barrios analizados. Según datos de ACIJ, en la Argentina existen más de 4.000 asentamientos, donde viven más de 3.000.000 de personas, lo que equivale a 800.000 familias. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 15% de su población reside en villas. En los últimos años se impulsaron procesos de integración sociourbana en algunos barrios porteños y en la provincia de Buenos Aires, e incluso se sancionó la Ley de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana. Pero los avances fueron escasos en relación a la magnitud de la problemática, los estándares de intervención no siempre se ajustaron a una perspectiva de derechos, y los mecanismos de participación no habilitaron un rol activo de las comunidades en la toma de decisiones más relevantes.

Frente a este panorama, el informe de ACIJ y La Poderosa advierte sobre el impacto de la regresión de políticas de integración durante 2024 y reclama una respuesta estatal integral que garantice el acceso a servicios, infraestructura básica, conectividad y un entorno saludable para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.

JJD/MG

El Gobierno se vanaglorió de haber cerrado el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras de infraestructura en barrios populares, y una mesa integrada por la Iglesia, ONGs y movimientos sociales exigieron su reapertura. La decisión de la Casa Rosada afecta a unas 5 millones que viven en situación de pobreza.

“El cierre del FISU es una sentencia contra los más pobres”, denunció la Mesa Nacional de Barrios Populares, que integran Cáritas, la organización Techo y el gremio de la economía popular UTEP. El anuncio oficial fue hecho por el vocero presidencial-candidato, Manuel Adorni, a través de un posteo en Twitter en el que apuntó que la motosierra libertaria ya cerró dos docenas de programas: “Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión”, posteó ayer. Junto con el FISU, el Gobierno cerró el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC), que pone en jaque la continuidad de las investigaciones del Conicet.

El FISU fue creado en el gobierno de Alberto Fernández y tuvo en su gestión a Fernanda Miño, dirigente social ligada a Juan Grabois. En sus objetivos buscó brindar acceso a derechos básicos como vivienda adecuada, agua potable, cloacas, electricidad segura o calles pavimentadas a más de 5 millones de personas que viven en barrios populares. En todo el país hay 6.467 barrios registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Desde 2020, el fondo se financió principalmente con el 9% de lo recaudado por el Impuesto País. Sin embargo, en diciembre de 2023, el gobierno de Milei redujo esa asignación al 0,3%. “Esta decisión provocó la paralización de más de 700 obras en todo el país, el deterioro de infraestructura ya construida —con pérdidas millonarias de recursos públicos— y la interrupción de trabajo para más de 25.000 personas, en su mayoría trabajadores de cooperativas de la economía popular”, denunció la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Milei transfirió la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) al Ministerio de Economía, bajo la órbita de Luis Caputo. “Aunque funcionarios del actual gobierno reconocieron que la Secretaría tuvo un funcionamiento eficaz, en lo que va de 2025 se sub-ejecutó más del 90% del presupuesto disponible”, denunciaron Cáritas, Techo y la UTEP.

El manejo político de la SISU mileísta es de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que estas semanas discute con el PRO una alianza electoral bonaerense y está en disputa interna con Santiago Caputo, en medio de un fuerte cruce de acusaciones por supuestos casos de corrupción.

Al comienza de la gestión el propio Pareja llegó a defender la transparencia en la que se manejó el FISU. La política de integración socio urbana fue auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), universidades nacionales y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. “No hubo choreo”, dijo en su momento Miño.

“En el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo establece el cierre de todos los fondos fiduciarios, incluido el FISU. En esta línea el Gobierno Nacional ha decidido desfinanciar un programa fundamental para los barrios populares. Esto no solo vulnera el acceso a derechos básicos, sino que se están apropiando de los fondos que deberían garantizar condiciones de vida dignas para millones de argentinos”, planteó la Mesa de Barrios Populares en un comunicado donde reclamó la inmediata reactivación del programa.

MC

Un informe de las organizaciones Techo y Jóvenes x el Clima alerta que 4 de cada 10 barrios populares en Argentina se encuentran expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como la proximidad a cursos y cuerpos de agua, la presencia de residuos y la alta vulnerabilidad a inundaciones por precipitaciones.

Estos factores, sumados a la falta de recursos e infraestructura adecuada, hacen que cada tormenta o lluvia intensa genere problemas gravísimos para las familias afectadas, incluyendo riesgos de muerte.

El estudio destaca que el 50% de los barrios populares están situados en zonas inundables, mientras que el 30% presenta microbasurales, una combinación que potencia el impacto de los fenómenos climáticos adversos.

La concentración de estos factores de riesgo es particularmente alta en el Gran Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de barrios populares. Sin embargo, el mayor porcentaje de barrios en situación de riesgo se registra en el NOA, la región pampeana y el Gran Buenos Aires, según el análisis territorial realizado.

Este informe subraya la urgente necesidad de políticas públicas que atiendan la exposición a riesgos ambientales en los barrios populares, protegiendo a las familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.

Techo es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro presente en varios países de América Latina. Su misión es trabajar para superar la situación de pobreza en la que viven millones de personas en asentamientos precarios y barrios populares a través de la acción conjunta de voluntarios y los habitantes de esas comunidades.

A su vez, Jóvenes por el Clima (Jóvenes x el Clima) es un movimiento juvenil argentino que forma parte de la iniciativa global por la justicia climática. Fundado en 2019 por un grupo de jóvenes activistas, este movimiento busca sensibilizar, movilizar y presionar a los gobiernos y a la sociedad en general para que tomen acciones urgentes frente a la crisis climática.

JJD

Pese a que Javier Milei reniega de la obra pública –la paralizó con la excusa de que ampara corrupción–, le ha admitido al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, que los proyectos de urbanización de villas, asentamientos y otros barrios populares no los va a ejecutar el sector privado, por lo que le dio su apoyo político para reactivar algunas iniciativas puntuales.

Al comienzo del gobierno libertario se paralizaron todas las obras e incluso el discurso oficialista demonizó las del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), que en el gobierno anterior gestionaba la antecesora de Pareja entre 2019 y 2023, Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el de Juan Grabois. Pero Pareja, de estrecha relación con el expresidente Carlos Menem, defendió al FISU, desechó acusaciones contra Miño y en los últimos dos meses, y sobre en todo en las últimas dos semanas, puso en marcha unas 70 obras por $6.000 millones.

Tampoco es mucho. El gobierno anterior había iniciado 1.200 obras, de las cuales terminó 500 y finalizó dejando 700 en plena ejecución. De esas 700, el 10% se reactivó. Pareja eligió algunas de las que estaban más avanzadas para que se acaben, pero no sólo las que se habían hecho en un 80%, como es el criterio que se acordó en el Senado con las provincias para reanudar, sino también otras al 60%. Incluso algunas que estaban al 10%, apenas empezadas, pero que con poco dinero podían terminarse. Las obras del FISU incluyen desde cuestiones complejas como instalación de cloacas hasta otras más sencillas como el plan Mi Pieza, que consiste en mejorar casas, por ejemplo, haciéndoles el baño y la cocina.

Por ley, el FISU debe ejecutar el 25% de sus obras a través de cooperativas de trabajadores de los mismos barrios. En este caso, el 38% de los proyectos recomenzados está en manos de ellas, a pesar del discurso oficialista en contra de estas agrupaciones sociales. El 62% fue a los municipios. De hecho, el Ministerio de Capital Humano hizo bandera de la cuestión con reproches a los “intermediarios” o “gestores de la pobreza”, que controlaban la asistencia en las cooperativas del desaparecido programa Potenciar Trabajo y que recibían alimentos en los comedores populares. En la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que depende del Ministerio de Economía, argumentan que la cartera de Sandra Pettovello les cortó los fondos a los movimientos sociales después de hallar presuntos delitos, desde extorsión a beneficiarios hasta apropiación de dinero y comida, pero aclaran que en las obras de urbanización de villas no encontraron cuestiones judicializables, sólo supuesta “discrecionalidad” en el direccionamiento de proyectos a ciertas cooperativas o municipios y presunta “falta de controles”.

Cooperativas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde se nuclea en el MTE de Grabois, recibieron fondos con este gobierno. Incluso en los despachos mencionan como beneficiada la cooperativa Diego Armando Maradona, del MTE, que fue acusada falsamente de haber dejado tareas incompletas. En el MTE niega cualquier reactivación. Sobre el exprecandidato presidencial pesa la ira de Pettovello y del ministro de Economía, Luis Caputo. En el Gobierno lo ven como figura opositora en ascenso. La ministra lo detesta después de que él la denunciara por guardar comida sin repartir.

Caputo y su secretario legal, José García Hamilton, están abocados a deshacer fondos fiduciarios con ánimo de reducir el gasto público y redestinar los ingresos que los financian. Es parte de la motosierra amparada en el supuesto hallazgo de irregularidades. Pero aunque Pareja está bajo la órbita del ministro, el subsecretario sigue adelante. ¿Quién lo ampara?

Pareja, exasesor de Carlos Menem, mantiene una estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que le encargó el armado bonaerense del nuevo partido La Libertad Avanza, y con el asesor de “El Jefe” –como la llama su hermano–, Eduardo “Lule” Menem. Por eso integra la mesa política del Gobierno junto a Karina Milei, Lule Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Interior, Luis Catalán, y el asesor de imagen presidencial Santiago Caputo. Esa mesa al principio se reunía cada 15 días, pero ahora puede juntarse cada varios meses o tres vces por semana. En ese ámbito se adoptó la decisión política de reactivar las obras en barrios populares. Dinero tiene porque el FISU recibe directo parte de la recaudación del impuesto PAÍS. Mientras este tributo siga, el fondo tendrá algo de plata. Y eso que Luis Caputo ya le recortó buena parte de lo que percibía.

Las iniciativas reactivadas incluyen municipios de diversos colores políticos, incluidos los peronistas. Por ejemplo, los bonaerenses de San Vicente, Almirante Brown y Merlo, justicialistas, o Tres de Febrero, que gobierna Diego Valenzuela, estrecho aliado PRO de Milei. Algunas obras fueron a parar a cooperativas de Caritas y de los curas villeros, más allá de la tensión de la Iglesia con el presidente por la falta de asistencia a comedores y el desprecio por el concepto de justicia social.

AR/MG

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (MSN), sólo el martes cayeron más de 130 milímetros de agua, el equivalente a la cantidad de precipitaciones que suele haber para todo el mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires.

Los barrios populares, donde no hay obras que ayuden a paliar semejante temporal, fueron los que más los sufrieron, además de las personas en situación de calle.

La cifra récord de lluvia, explica el SMN, no se registraba desde 1994. Y afectó especialmente a barrios como Mataderos, Villa Soldati y Barracas, que tienen una misma problemática dentro de la ciudad: un reclamo constante por la urbanización.

elDiarioAR recorrió las villa 21-24, en el barrio de Barracas para ver cómo viven allí sus vecinos y cómo enfrentan los destrozos de la tormenta.

La lluvia de los últimos días afectó drásticamente al barrio ante la postergación histórica que sufren los más de 100.000 vecinos de la 21-24 por el freno de las obras fluviales por parte del Gobierno de la Ciudad.

A la distancia, parecen várices en el cielo. Así describe Ángel Espíndola, de 36 años, a los relámpagos que ve desde la entrada de un edificio en desuso sobre Avenida de Mayo y Piedras, en el centro porteño, donde duerme y se refugia de la lluvia. “Me despierto con los truenos a la madrugada”, dice Ángel. Está en situación de calle desde hace diez años. Su familia, cuenta, vive en San Fernando, en la zona norte de Buenos Aires. Tiene una hija, Lucía, en Pilar que ve poco. Es miércoles y apenas llovizna. Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (MSN), sólo el martes cayeron más de 130 milímetros de agua, el equivalente a la cantidad de precipitaciones que suele haber para todo el mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Pero a Ángel esto parece no importarle. Está sentado, ahora, sobre México y 9 de julio, fumando un cigarrillo. A su derecha, una bolsa blanca con un termo y un mate. A su izquierda, otra con cartón y aluminio, materiales que junta y vende. “Con el mate caliente y la bolsa llena para vender, estoy tranquilo”, dice. 

La lluvia, cuenta, no le molesta. Los truenos, por otro lado, lo estremecen. “Me perturban”, señala Ángel. Prefiere estar solo que compartir “una ranchada”. “Muchos no están bien de la cabeza y es para problemas”, cuenta el joven. Tampoco le gusta dormir en los paradores del Gobierno porteño. “Hay muchos robos y maltrato”, dice. Esta parte de la ciudad, explica Ángel, tiene edificios antiguos con toldos amplios. “Apenas me mojo”, dice. Aún no lo sabe, pero por la noche “las varices en el cielo” tronarán de nuevo. La lluvia no da tregua. La calle tampoco.

Los ladridos de Tiburón, el perro de Diego Príncipe, de 49 años, son constantes. Diego levantó un pequeño refugio con bolsas de consorcios y otros materiales en Chile y 9 de Julio, una carpa rudimentaria sobre la vereda que le da cierta privacidad a la hora de acostarse. Duerme en esta parte del centro porteño con Andrea, su pareja, que ahora descansa adentro. “Debe haber pararrayos en los edificios porque es verdad que se escuchan mucho los truenos”, aclara Diego. Pasa sus noches a la intemperie desde hace tres años.

El Gobierno de la Ciudad, cuenta, le había gestionado un subsidio habitacional en un hotel familiar, pero la convivencia con el resto de los inquilinos lo “expulsó” de nuevo a la calle. “Son lugares de muchos quilombos”, explica. “No podes juntar a personas con tantos problemas en un mismo lugar”. La lluvia lo incomoda, pero solo en invierno. Con esta temperatura, dice, hasta le resulta “agradable”. Los vecinos, además, suelen asistirlo cuando le falta algo. Sobre todo con Tiburón, su mascota. “Lo cuidan como si fueran suyo”, cuenta. Desde el año pasado, Diego ve cada vez más personas durmiendo en la calle. “Soy respetuoso con lo que hace el Gobierno para ayudar, pero a veces uno está mejor solo”, señala, en referencia a los paradores estatales. Ahora Diego se sienta sobre una silla azul. Tiburón se acerca hasta su regazo. Mirar la lluvia y esperar. Junto a su perro y su compañera. A veces, no se puede hacer otra cosa.

La cifra récord de lluvia, explica el SMN, no se registraba desde 1994. Y afectó especialmente a barrios de como Mataderos, Villa Soldati y Barracas. Los mismos tienen una misma problemática dentro de la ciudad: un reclamo constante por la urbanización.

El museo de las “obras inconclusas”

Son cuatro. Ya no están. Fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. Pero hay un recuerdo. Un legado que siguieron otros. Un libro de actas escrito y firmado por vecinos a mano. Una página amarillenta, fechada el 3 de julio 1985, que dice: “Siendo las 23.30 ha empezado la reunión en el galpón. Contando con presencia de los vecinos del barrio se trató de la colocación de los barrios de la obra sanitaria que falta terminar. También el problema de luz y la visita del consejero vecinal don Roberto Sposto”. 

Treinta y nueve años después de ese escrito, en el Museo de la Memoria que funciona en la casa de Lola Cohoner, en la villa 21-24 de Barracas, los problemas urbanos del barrio son los mismos. O peores. “Mis padres integraron uno de las primeras juntas vecinales que se dedicaban a tratar de urbanizar la villa”, cuenta Lola, de 38 años. Lola, junto a otros compañeros, juntaron todos los libros de actas y documentos referidos a tratar el acceso de los servicios públicos. La primera junta estaba integrada por cuatro vecinos desaparecidos por el terrorismo de Estado. La segunda, la de sus padres, continuó ese camino. “Hoy nos toca a nosotros seguir el reclamo”, dice Lola. 

La lluvia de los últimos días afectó drásticamente al barrio ante la postergación histórica que sufren los más de 100.000 vecinos de la 21-24, ante el freno de las obras fluviales por parte del Gobierno de la ciudad. “Las obras que empezaron taparon las bocacalles”, señala Alejandro Rivero, comunicador popular del medio digital Mi ciudad: la 21-24. “Y cuando se cortó el presupuesto del gobierno nacional, los obreros se fueron, pero no destaparon las bocacalles, haciendo que las calles y las casas de los vecinos se inunden”, remarca Rivero. 

Otro de los conflictos urbanos es el precario tendido eléctrico en las viviendas de una de las villas más grandes de la ciudad. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4 le ordenó recientemente al gobierno porteño que presente “el proyecto eléctrico adecuado para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad existente en el Barrio 21-24 de Barracas”. La orden dispuesta incorpora, además, la participación ciudadana.

Desde 2007, los vecinos denuncian la grave situación de riesgo eléctrico que ya tuvo consecuencias fatales, como la de Gilda Olmedo Cañetes, quien murió electrocutada en 2018. Se reclama al Estado que tome “medidas integrales” para garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio. En el Museo de la Memoria de las “obras inconclusas” de la casa de Lola, el tiempo parece que no transcurrió. 

Sandra Torres no recuerda haber vivido una inundación como la del martes pasado. El agua en su casa ─una precaria vivienda a la cual se llega a través de un pasillo tan angosto que entuba la visión─, le llegaba hasta los tobillos. “Con mis tres hijos salvamos lo que pudimos y nos pusimos a sacar el agua con baldes”, recuerda Torres, que trabaja como ayudante de cocina en algunos comedores del barrio. “Con otros vecinos, destapamos las cloacas, pero es lamentable vivir así”, cuenta ella. “Es el sufrimiento de los pobres”, remarca. El olor a humedad impregnado en las paredes de la casa aún persiste. “Nos cuesta hasta respirar”, confiesa Torres. Una comunidad entera que lucha por el acceso al agua en los hogares y una vecina que pone el cuerpo para sacarla de su casa en baldes. Una postal actual de la crisis de urbanización.

Dagna Ahiba, de 52 años, no cerraba por un día completo su comedor comunitario desde hacía 12 años, ni siquiera en la pandemia. El martes, cuenta acongojada, lo hizo. “En mi casa, donde funciona el comedor, la lluvia se filtró tanto que goteaba por la llave de luz”, detalla Dagna. “No quería poner en peligro a mis compañeras, así que decidí cerrar”, agrega. Además, cuenta la referente del comedor popular, si abría las puertas, la gente iba a acercarse igual. “El hambre no sabe de peligros. Muchos vecinos iban a venir con sus hijos y por esta misma manzana hay pozos ciegos por cloacas que no se terminaron”, explica Dagna.

“Nací y me crié en este lugar. Me da mucha impotencia que, como ciudadana porteña, el gobierno discriminé a la 21-24. Pagamos los mismos impuestos que otros barrios. ¿Por qué siempre los que salimos perjudicados somos nosotros, los de la villa?”, se pregunta la cocinera, mientras hunde sus dedos en una bola de masa. 

Maximiliano Malfalti tiene 47 años y es maestro del profesorado ‘Pueblos de América’, uno de los centros educativos del barrio. Tras el temporal, decidieron suspender las clases para el resguardo de sus alumnos. “Consideramos que la educación debe ser situada y entendemos el riesgo que significa para los alumnos salir bajo la lluvia con los precarios tendidos eléctricos en las calles”, explica Malfalti. La diferencia de su enseñanza con otras instituciones, explica, es la posibilidad de continuar las clases de forma virtual. Sobre esto, el maestro detalla: “La pésima conectividad del barrio y la de los chicos, no permite ese tipo de interacción. Por eso tenemos mucho en cuenta las variables, como la tormenta, en nuestros programas. Nos adaptamos”, señala el maestro. Bajo la lluvia fina, al lado, un cartel del ahora recortado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) de la gestión anterior celebra la inauguración del edificio educativo.  “Vemos a la lluvia como una metáfora de lo que se viene con el nuevo gobierno”, finaliza Maltalti.

Los ojos del Padre Lorenzo “Toto” De Vedia son muy, muy azules. El párroco, integrante de la agrupación “curas villeros”, dice que la lluvia pone de manifiesto dos cosas. La primera, es la desidia estatal histórica en la 21-24. La segunda ─abre los ojos grandes el padre Toto─ es la unión y solidaridad vecinal. “En estos contextos, se demuestra la grandeza de los barrios populares. Vecinos colaborando con otros aun sufriendo pésimas condiciones”, explica De Vedia.

El referente religioso del barrio apuntó a la gestión de Juntos Por el Cambio por las obras no finalizadas. “Nunca se realizó la integración socio-urbana como corresponde. Las villas están desconectadas del resto de la ciudad”, puntualiza. Por eso, para la próxima marcha de la memoria del 24 de marzo, junto a otros curas villeros, quiere rendirle homenaje a todos los clérigos que “lucharon” por el barrio y su urbanización en “los contextos más hostiles”.

Atardece en la 21-24 y la lluvia no amaina. Lola Cohoner regresa a su casa empapada. Si hoy tuviera que llenar el libro de actas de la junta vecinal del barrio, como lo hicieron su padre y otros vecinos hace 39 años, podría escribir que “hoy, miércoles 13 de abril del 2024, todo sigue, más o menos, igual”.

FLD/DTC

Una de las deudas más graves de la Argentina es la deuda habitacional. Cuando nos toque gobernar será el primer asunto que abordemos. Urbanizar los barrios, producir suelo urbano para las familias, construir nuevas viviendas, repoblar los pequeños pueblos, redistribuir la población en el territorio, entregar en propiedad las quintas productivas a sus arrendatarios y crear nuevas chacras mixtas. Gobernar es poblar, decía ese Alberdi tan manoseado en estos tiempos.  

Un techo para cada familia es una consigna posible que, además de resolver esta deuda social intolerable y darle bases al proyecto de vida de millones de argentinos, moviliza toda la economía real como ninguna otra actividad. La construcción de viviendas beneficia al ladrillero, al ferretero, al carpintero, al vidriero, al constructor, al maquinista, a la señora que prepara los sanguches para los obreros, al almacén que vende el fiambre. Una política de vivienda es una política económica. Una política de vivienda es un proyecto de país. 

La deuda, sin embargo, sigue creciendo No hay estudios definitivos sobre la cuestión; el más reciente, establece que el 32% de los hogares padecen alguna forma de precariedad. Mi propia cuenta arroja un porcentaje similar: once millones de argentinos son inquilinos, cinco millones viven en barrios populares sin servicios esenciales, dos millones en viviendas rurales precarias, una cantidad difícil de determinar en viviendas precarias o hacinadas dentro de la traza formal de la ciudad. 

Alquilar es difícil, comprar casi imposible, no hay perspectiva de mejora.

Una política integral requiere una planificación pública en el tiempo e implica una multiplicidad de acciones que aborden las necesidades y posibilidades de todas las clases sociales que sufren una carencia tan terrible como la falta de un techo propio dónde refugiarse, cocinar, compartir, amar, jugar, estudiar, descansar, conversar, ducharse, dormir. 

La integración urbana de los barrios populares es sólo una de esas acciones, pero una de particular relevancia porque aborda una deuda histórica con los más postergados. 

A contracorriente de lo que sucede en la Argentina donde todo cambia con cada cambio de gobierno, existe una política pública que se sostuvo a lo largo de dos gobiernos de signos opuestos. Es tal vez la política más novedosa de los últimos años, fue premiada internacionalmente, recibió el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y durante todos estos años nunca fue objeto de crítica, denuncias, etc. 

La política nacional de integración sociourbana se desarrolló a partir de los siguientes hitos institucionales: la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (2017), la sanción de la ley de Barrios Populares (2018), la creación de la Secretaría de Integración Urbana de la Nación (2018), creación del instrumento que la ley preveía para financiarlas Fondo de Integración Sociourbana (FISU), la afectación parcial del impuesto PAIS (2019) y Grandes Fortunas (2020) para su financiamiento. 

En términos de acciones concretas, el proceso consistió en detectar, relevar y georeferenciar 6.467 barrios populares (villas y asentamiento) que eran un no-lugar en nuestros mapas, registrar a la totalidad de 1.237.795 familias que los habitan, desarrollar un instrumento jurídico para darles seguridad en la tenencia (Certificado de Vivienda Familiar), crear distintas líneas programáticas para abordar los déficits de los barrios -servicios básicos, equipamiento urbano, mejoramiento habitacional, lotes con servicios, etc-, colaborar con los entes ejecutores  en el desarrollo de los proyectos ejecutivos de obra y supervisar su cumplimiento.

Se realizaron miles de obras en barrios populares incluyendo conexiones legales y seguras de agua, cloacas, electricidad, internet; veredas, cordón cuneta, luminarias, plazas, polideportivos, puentes en arroyos, mejoras en viviendas, construcción de viviendas nuevas, etc, etc, etc, además de otorgar 250.000 soluciones “mi pieza” y crear unos 24.000 nuevos lotes para abordar el hacinamiento crítico. Fue un trabajo titánico, realizado con suma eficacia y transparencia en poco tiempo. Los cambios concretos en la vida de la gente son tangibles. Las obras están, las nuevas piezas están, los lotes están. De los 6.467 barrios populares relevados, 5.060 recibieron algún tipo de inversión. 

Durante la semana pasada, la política nacional de integración sociourbana sufrió una campaña de desprestigio que tuvo como objeto principal -ahora lo sabemos- justificar la eliminación del financiamiento para las obras que se realizan en los barrios populares: ayer el ministro Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei redujeron mediante el Decreto 193 en más un 97% el presupuesto destinado a los barrios populares. 

No voy a detallar la cantidad de titulares, tapas, programas y comentarios que se utilizaron para denostar todo lo hecho en materia de urbanización y crear el clima para semejante manoteo de fondos afectados para mejorar la vida de los sectores empobrecidos. Todos los han visto: mentiras infames sin ningún fundamento sólido y números tirados sin sentido, como si fueran prueba de algún delito. Calumnias dirigidas contra funcionarias eficientes y honestas que son dolorosas por lo injustas, maliciosas y mendaces.  

Afortunadamente muchos periodistas desmintieron las calumnias y distintas instituciones se pronunciaron en defensa de lo realizado. Para despejar cualquier duda, hasta el propio funcionario designado por Javier Milei para llevar adelante esta política rechazó que existieran irregularidades y afirmó que se trataba de la mejor política social realizada por el gobierno. No tengo demasiado que agregar más que algunas palabras sobre mi participación personal porque fue mi nombre el que encabezó los libelos difamatorios. 

Nunca administré ni directa ni indirectamente un centavo del FISU, no tengo cajas y cooperativas, no manejo funcionarios ni coloco militantes en el Estado para hacer política partidaria. No me enriquecí, no malversé fondos, no utilicé recursos públicos para la campaña electoral fuera de los que establece la ley para cualquier candidato. La idea de “el fondo de Grabois” es una invención maliciosa destinada a desprestigiar al mismo tiempo una política pública y un dirigente opositor. 

Aunque el daño está hecho, a todos los que me atribuyeron acciones indecentes o delictivas ya los estamos demandando, deberán responder por cada calumnia y cada injuria como venimos haciendo -con bastante éxito- desde hace algún tiempo. El que las hace las paga. 

Lo que sí es cierto es que participé en el diseño de la política de integración urbana. Todo lo que hice es público, está descripto en muchísimos artículos periodísticos, yo mismo lo conté en múltiples entrevistas y en dos de mis libros La clase peligrosa y Los Peores. Estoy muy orgulloso de haber puesto un granito de arena en este proceso y desde luego muy triste de que lo estén destruyendo. 

¿Que fue puntualmente lo que hice? junto a muchísimas otras personas pertenecientes a distintos movimientos sociales, organizaciones barriales, legisladores de distintos partidos políticos, ONGs como TECHO e instituciones eclesiales como Cáritas, impulsamos los hitos y acciones que detallé anteriormente. Asimismo, promovimos a Fernanda Miño, Fernanda Monticceli y un equipo técnico de primer nivel para dirigir la Secretaría de Integración Sociourbana durante el período 2019-2023.

¿Algo de eso está mal? Creo que es el rol de un dirigente: defender sus convicciones, transformarlas en propuestas concretas, formar equipos para que puedan ejecutarlas y empoderar personas que por sus capacidades, conocimientos o experiencias de vida pueden liderar exitosamente esos procesos. Eso es lo que hice y eso es lo que voy a seguir haciendo. 

Después de tantos años de sufrir el hostigamiento de ciertos medios de comunicación y voceros de la derecha política, aprendí que no soy yo el centro de sus ataques sino las políticas que defendemos. Si así no fuera ¿cuál es la necesidad de recortar brutalmente los recursos del FISU ahora que sus administradores fueron designados por el presidente Javier Milei? Si todo lo que dijeron fuera cierto, si los fondos para la urbanización de los barrios se malversaron y no se hizo una sola obra ¿por qué no la hacen bien quienes ahora gobiernan? 

La respuesta es sencilla. No quieren. Consideran la Justicia Social una aberración. Decidieron utilizar los fondos para otra cosa. El problema es que no se animan a decirlo y para tapar el sol de su iniquidad usan el dedo acusador de los difamadores. 

Aunque acusen a todos de ladrones, traidores, narcotraficantes, intermediarios, casta, vagos, planeros y la mar en coche, lo cierto es que cuando quitan los fondos de transporte, salud o educación a los gobiernos provinciales, cuando eliminan las partidas para los comedores comunitarios, cuando desfinancian la política de integración urbana, cuando destruyen la legislación laboral, cuando niegan un aumento razonable en el salario mínimo, no están perjudicando ni a los gobernadores, ni a los dirigentes sociales ni a los sindicalistas ni a la casta ni a mi… están jodiendole la vida a la gente común, llevando a la Argentina a una crisis social sin precedentes y jugando con la disolución nacional. 

Que Dios y la Patria se lo demanden. 

JG/DTC

En La Cava, villa de San Isidro donde vive desde que nació, hace 49 años, Fernanda Miño recibe a elDiarioAR. Después de andar por varios pasillos –asfaltados por una de las obras que coordinó al frente de la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU)– se llega a una reja y se entra a una casa que está casi en penumbras. “En la villa estamos todos colgados de la luz porque no llega Edenor, pero yo trato de ahorrar igual”, cuenta Miño. Ella y su referente político, Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quedaron en el centro de la polémica la última semana por informes que el Gobierno filtró a algunos medios de comunicación sobre gastos presuntamente escandalosos y obras inconclusas de la SISU con los millonarios recursos del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), uno de los que podría integrar la lista de los que el Gobierno eliminará.

El FISU se nutre parcialmente del impuesto PAÍS, cuya recaudación se catapultó con el nuevo gobierno a partir de la devaluación y el aumento de la alícuota. El sucesor de Miño con rango de subsecretario, el libertario Sebastián Pareja, sostiene que por ahora no ha encontrado ninguna irregularidad y que si Javier Milei quiere, continuará con la política de urbanización de villas que inició el gobierno anterior.

—¿Quién del Gobierno está impulsando las acusaciones en su contra, que apuntan más bien a Grabois, mientras Pareja niega desfalcos?

—En los mismos medios, a la mañana dicen que somos todos ladrones y que hay corrupción y a la tarde salen a decir que está todo bien. A nosotros no nos llama la atención. Se están disputando el impuesto PAIS, que aumentó respecto a los años anteriores por la devaluación (es un porcentaje sobre los gastos en dólares). Por eso quieren demonizar el FISU para sacarlo rápidamente y que no tenga todas las auditorías que durante estos cuatro años de gestión tuvimos. Quieren usarlo para otros fines que no es la de integrar los barrios populares. Y quieren tapar la situación actual que está pasando el pueblo pobre, el pueblo trabajador: el aumento indiscriminado de los servicios, de los alimentos, esto de no tener paritarias, de un caos social porque no hay una atención directa. Entonces hay que taparlo con operetas, con peleas con artistas y parece que todos los días es un enemigo distinto. Nosotros sabemos la gestión que hicimos. Fue transparente, siempre estuvieron los datos abiertos para quien quisiera verlos. Vengan a ver qué van a encontrar acá: un montón de personas comprometidas, militantes, que hemos trabajado con todos los colores políticos en todo el país para mejorar la calidad de vida de las familias más pobres de la Argentina.

Para Miño, el Gobierno busca “instalar que Juan Grabois es el que manejaba los fondos, cuando él nunca fue funcionario”. “Sí acompañó los nombramientos y la política de los barrios, sí somos cercanos y acompañé su postulación a presidente”, aclara. Además, cree que las hostilidades pudieron haber escalado porque “es el único de la oposición que hoy tomó la voz de lo que viene pasando”.

—La SISU nació con el gobierno de Macri, que comienza en diciembre de 2019. La acusan de haber contratado a 600 personas ¿es así?

—Fuimos aumentando el personal porque una cosa es hacer pequeñas obras en Buenos Aires o esporádicamente en algunos lugares y otra, terminar con 1.400 obras en todas las provincias. O sea que esos 600 estaban repartidos en un país tan grande como en el nuestro.

—Pareja dijo que él los había reducido a 450, pero como parte del ajuste del Gobierno y que incluso algunos los había recontratado porque se dio cuenta que era los necesitaba.

—Sí, hay trabajadores súpervaliosos. Administrativos, arquitectos, ingenieros, gente que se necesita para hacer las obras que hicimos nosotros, que fueron muchas, aunque falta un montón. Sabemos que hay 6.400 barrios y nosotros llegamos a 1.400. 

—¿Los empleados eran todos militantes del MTE?

—No, aunque sí había algunos militantes. Yo era la secretaria y soy militante del MTE. Lo que hicimos nosotros tiene que ver con el lugar donde caminamos, donde militamos. Yo no iba a poner un puñado de ingenieros agrónomos a hacer trabajo en el barrio porque tienen otra tarea. Los que mejor conocen los barrios son los militantes de esos barrios. Y muchos simpatizaban con Juan o con otras organizaciones sociales, pero de ahí a que sean todos...

—Y los contratos, ¿eran mayoría para las cooperativas del MTE?

—No. Primero, porque no tenemos tanta capacidad de trabajo. Es un puñado grande el MTE, pero había de todas las cooperativas, como las del Movimiento Evita. Por la ley de barrios populares, el 25% de las obras tenía que hacerse a manos de cooperativas.

—¿Y el otro 75%?

—Nosotros celebramos convenios directamente con cooperativas, con la Iglesia, sindicatos, alguna universidad y también con municipios y provincias. Y cuando llegaban los convenios con municipios y provincias había un 25% que tenía que ser absorbido por mano de obra local de las cooperativas. En el caso de Mi Pieza (un programa para que mujeres de barrios populares pudieran mejorar sus hogares), eran mujeres directamente quienes hacían el trabajo dentro de sus casas con su familia.

—¿Es cierto que sólo el 6% de las obras se finalizaron?

—No es verdad. Considerando todas las líneas de trabajo, el porcentaje de obras finalizadas es del 82,4%. Eso incluye las obras de Mi Pieza, las de integración y las de lotes. En total fueron 251.395 obras y finalizadas, 207.244. Lo del 6% es una mentira que surge de sumar los barrios con beneficiarias de Mi Pieza, que fueron más de 5.000, y las obras de integración, que fueron más de 1.200, y sobre eso calcular más de 400 obras de integración terminadas. Otras obras están en ejecución, no se terminaron porque cambió la gestión.

—Acá en su barrio hay obras de cloacas de las que, según el municipio de San Isidro, se hizo el 42%.

—Se hizo hasta que cambió el gobierno municipal y el nacional. En este caso, nosotros financiamos gran parte de las obras, las auditamos, pero no las realizamos. Las realizan los entes ejecutores. En este caso, el municipio.

—Hay vecinos que dicen que desbordan las cloacas a medio hacer, se inundan.

—Es que si la obra no terminó, todavía no se ha solucionado el problema. Desde que yo tengo uso de razón se inunda porque este lugar es un pozo. Siempre se hicieron obras con fondos nacionales. Nunca el municipio destinó fondos para mejorar estructuralmente los barrios populares de San Isidro. Esperemos que alguna vez se revierta. Pero cuando hay una una obra, hay dificultades y más si no están terminadas. La Cava tiene casi 80 años y en una gestión no se soluciona nada si las obras no se continúan.

—En el informe que filtró el Gobierno apuntan que la mayoría de las 400 obras terminadas, unas 133, son de cordón cuneta y vereda.

—Es desconocer la realidad de los barrios cuando se piensa que no son obras importantes. Pero también hay polideportivos, salones de usos múltiples, salitas no solamente de salud, sino también lugares de esparcimiento, plazas. Pero si vas a un barrio, no necesitan un sauna con jacuzzi, necesitan un cordón cuneta, una vereda, porque es el acceso que tienen muchas veces, además del asfalto. En algunos lugares pudimos hacerlo en conjunto con los gobiernos locales. En la mayoría de los barrios había calles de tierra y no había accesos. Si llovía, se quedaban ahí hasta que se secara un poco. Necesitas veredas para poder salir con carritos para salir a comprar o al colegio, al trabajo. Los barrios no necesitan una cancha de tenis, necesitan acceso para ir a trabajar, al médico, a estudiar. Te lo digo por experiencia.

—Se llegó a decir que no vivía más acá.

—Estás acá, en el living de mi casa, en el sector 20 de Junio de La Cava de San Isidro. Vivo acá hace casi 50 años. Mi familia vive acá, mis viejos ya no los tengo, pero vivíamos en El Pozo, que es un humedal. Había una laguna y un basural enfrente de mi casa. Ahí viví hasta los 20 años que nos casamos con mi esposo y me vine a vivir acá.

—El año pasado, en otra entrevista, me dijo que podría haberse mudado de acá pero quiso quedarse.

—De hecho, sigo teniendo la posibilidad de mudarme. Pero yo acá tengo grandes amores de mi vida, no solamente mi familia. Me conocí acá con mi esposo, tengo mis hijas acá y tengo los espacios sociales que uno acompaña. Podría optar irme de acá por una cuestión hasta de seguridad, porque en el barrio hay momentos en que está muy difícil, pero yo quiero transformar esta realidad; es la que me toca, es la que por raíz tengo, es en la que me eduqué y soy la persona que soy por vivir en este espacio. Yo milité siempre acá y es algo que sigo haciendo ya sin la responsabilidad del Estado, porque la política no el único instrumento para transformar. Por ejemplo, el patio de mi casa se transformó en un espacio cultural. Que yo me vaya de mi barrio sería un fracaso para mí, personalmente.

—Se dijo también que gastaron $130 millones en viáticos.

—Si se refiere a lo que es la ley del Fondo de Integración Socio Urbana, no podemos gastar viáticos de ahí. Ese fondo es específico para obras. Por eso quieren manotear para que no vaya la plata a los pobres. Los viáticos son de los ministerios y los funcionarios viajábamos con los viáticos. Si tenías que ir a un lugar, el Ministerio de Desarrollo Social te financiaba y te sacaba los pasajes. Los auditores, nuestros propios compañeros arquitectos, tenían que ver las obras, asegurarse que estén adelantadas para continuar con los desembolsos.

—También se dijo que las casas nuevas que se hicieron acá en La Cava fueron para sus amigos, los promotores del barrio.

—Podemos llamar a ver quiénes son. En un lugar tan multitudinario como La Cava, donde hay más de 2.400 familias, con tanto hacinamiento, la idea era empezar a hacer distintas casas para deshacinar un poco y entrar los servicios. Las casas eran para las apertura de calles, no podíamos dárselas a un vecino porque era conocido o pariente.

—¿O sea que recibieron casas aquellos que vivían en viviendas derribadas para hacer calles?

—Claro, aunque muchas veces no se pudo hacer. A veces hacés diez casas para abrir una calle y el que está viviendo en la calle te dice: “Yo la necesito más que esto”. Falta espacio, es muy difícil. No hay día en que no pase acá después de las 17 el que necesita casa, aunque saben que ya no estoy en la gestión del Estado. Siguen viniendo por el paquete de arroz, el cartón de leche, la posibilidad de trabajo en la cooperativa. Es un pedido totalmente sincero ante esta situación social que estamos viviendo, pero hoy no podemos dar respuesta de ningún tipo, más allá del trabajo, de que seguimos reclamando y viendo cómo nos organizamos para hacer una olla, porque también los alimentos han dejado de estar en los comedores.

—Usted que vive acá, ¿cómo ve la situación social? Más allá del aumento de precios de alimentos y productos de higiene, la falta de ayuda a los comedores, la niña que robó útiles escolares en La Pampa, el joven que murió electrocutado en Rosario cuando intentaba robar cables, los asaltos seguidos de homicidio en el conurbano.

—Como en todos los barrios populares, tenemos muy a flor de piel todo el tema de de los chicos que eligen otros caminos porque nos faltan oportunidades de estudio, laborales. Siempre está la tentación muy a la mano. Nosotros pudimos hacer ese traspaso de los chicos de la esquina al trabajo cooperativo, con todas sus deficiencias. Porque a veces una persona entra a trabajar, lo que pide es compromiso, pero por ahí esa persona la está pasando muy mal o es de familias muy rotas. Los que hoy agarran una pala y están haciendo un pasillo, cuando esa obra desaparezca, cuando se terminen los recursos, van a tener la tentación de buscar trabajo en otro lado, en el mejor de los casos. Pero con toda esa historia y todo ese dolor, pueden volver también a la esquina. Y eso vuelve a ser un círculo totalmente vicioso de no tener y buscar lo que el Estado o la sociedad no le da.

Yo escuchaba hace poco liberados que a través de la SISU conseguían trabajo para insertarse nuevamente en la sociedad. Se cortó. Entonces hoy esos muchachos, esas chicas están buscando recursos para hacer una olla popular en el borde de una calle. Esa es la realidad que no se ve, que a veces la falta de este trabajo del Estado hace que estas cosas vuelvan a ser terribles dentro de un barrio. En un barrio es más fácil que entre la droga que cien ladrillos para construir una casa. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos. No solamente la falta de alimentos y que las familias tengan que elegir qué chico va a empezar el colegio y cuál no todavía porque no pueden comprarles zapatillas a los cuatro, hojas de carpeta, el cuaderno.

Las familias tienen que elegir qué chico va a empezar el colegio y cuál no todavía porque no pueden comprarles zapatillas u hojas de carpeta a los cuatro.

—¿Por qué no hay explosión social, no hay saqueos, no hay protestas masivas?

—Juan (Grabois) viene hablando de implosiones, que el pueblo pobre es manso, no organizado. Yo me voy a mis diez años, cuando trabajaba como empleada doméstica, como trabajé hasta los 20, y le preguntaba a mi mamá por qué éramos pobres. “Bueno, porque es así, porque somos pobres.” No había explicación para la pobreza. Cuando sos pobre querés laburar para salir adelante, conseguir el plato de comida, mandar a tus hijos al colegio, no hay tiempo para organizarse e ir en contra de nadie porque no tenemos los culpables, no nos han educado para eso.

Yo hice mi secundario a los 21 años y después empezó todo. La educación me abrió la cabeza. Yo viví en ese sistema de pensar solo en traer dinero a mi casa porque trabajaba en otra casa limpiando. Por eso les da temor cuando los pobres se organizan, quieren salir adelante. Apuntan, demonizan lo que hizo en el Estado un puñado de militantes que se dieron cuenta, elaboraron, lucharon y se juntaron con otros. Y el Estado estuvo ahí para darnos un lugar, entrar y transformar realidades.

—¿Recibió llamados de solidaridad por las acusaciones públicas de los últimos días?

—Primero de la familia, que es la que me hace sentir totalmente fortalecida. Después, mis hermanos. Tengo siete hermanas, y cinco viven en el barrio. Después, compañeros de la catequesis, que por ahí ni siquiera son militantes ni tienen un color político determinado y me llaman y me dicen “conocemos lo que hacés”. Gente que trabajó al lado mío y que sigue estando hoy más allá de la gestión, distintos funcionarios de las provincias donde hemos tenido trabajo en estos últimos años.

—¿El Papa la llamó?

—No conozco al Papa, conocí una vez al sacerdote (Jorge) Bergoglio en un locro.

—¿Y políticos no peronistas?

—Pablo Javkin (intendente de Rosario) me mandó mensaje. El expresidente Alberto Fernández me llamó para solidarizarse, me dijo que conocía de mi integridad y el trabajo de estos años y se ponía a disposición para lo que lo necesite. Y están todos los compañeros propios que salen a bancar públicamente y otros que no pueden hacer publicaciones porque también están marcados, pero los puedo convocar.

—¿Qué autocrítica hace de su gestión y de la general de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa?

—Mirá, yo te puedo hablar de mi gestión. Me encantaría ser economista y entender otras cosas. A mí me toca ver la realidad, sabiendo que quedaron muchas asignaturas pendientes. Desde nuestro espacio, nos hubiese encantado llegar a más barrios. No nos dio el tiempo ni la vida para hacerlo. Había tres días por semana que no estaba en mi casa porque estaba recorriendo las provincias y viendo que haya voluntad política, que se siguieran haciendo obras en los barrios y que hubiese aportes de los propios municipios y provincias. Nosotros dejamos en una situación incómoda a la gestión siguiente: dejamos una vara muy alta con programas como Mi Pieza, con los 25.000 lotes que hicimos, el trabajo en lo cultural en muchos de los barrios, el de organización que dejamos hoy muchos de los promotores que estaban en todo el país. Ojalá que que el nuevo subsecretario esté con esa misma voluntad, con ese mismo amor por transformar lo que todavía está esperando por obras. Nos va a tener acá para darle la mano.

AR/JJD/DTC

El último enemigo del gobierno de Javier Milei son los fideicomisos públicos, a los que acusa de ser “una caja negra de la política”. Con el mismo trazo grueso con el que encaró los primeros meses de su mandato, el líder libertario encara una batalla política en la que todos los fondos fiduciarios caen en la misma bolsa.

Sin embargo, y al menos para el caso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los especialistas desmienten a Milei.

“Si hay un fondo que no fue una caja negra de la política fue el FISU. Se lo puede criticar por la falta de financiación, por los escasos recursos que le fueron dedicados, pero no por su falta de transparencia”, explicó a elDiarioAR Marcelo Corti, urbanista y editor de Café de las ciudades.

¿Qué es exactamente el FISU?

Nacida en 2019, tras el impulso de movimientos sociales y líderes barriales, se trata de una herramienta que busca financiar proyectos de urbanización de aquellos asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La creación de este registro, que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y contó con el apoyo de fuerzas políticas de izquierda y derecha, sirvió para detectar las áreas más críticas en términos de acceso a servicios básicos. Según el último informe del Renabap, entre 4 y 5 millones de personas viven en 6.467 asentamientos en los que al menos la mitad de los vecinos no tienen acceso formal a dos de los tres servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad, ni título de propiedad.

En respuesta a esta desesperante realidad, las autoridades establecieron un mecanismo para financiar progresivamente la urbanización de estos barrios informales: un fideicomiso público que recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas del gobierno de Alberto Fernández, sumado a aportes del Tesoro. Esto es básicamente el FISU.

“El FISU es, ante todo, una necesidad legal, ya que su creación fue el fruto de un acuerdo unánime de casi todos los sectores políticos, pero también una obligación moral para los compatriotas que atraviesan una peor situación habitacional”, dijo Corti. “Incluso desde el punto de vista práctico, que la gente viva en barrios mejor organizados con todos los atributos urbanos tiene efectos económicos, fiscales y de seguridad que lo convierten en algo que le conviene a toda la sociedad”.

En 2021, uno de los primeros años donde el programa funcionó a pleno (por mayores fondos provenientes del impuesto a las grandes fortunas), el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda para mujeres de barrios populares.

Según informó oportunamente este medio, el resto se destinó a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Por aquel entonces, la mitad de los proyectos se ubicaron en provincia de Buenos Aires, seguidos en número por Santa Fe, Chaco, Río Negro y Misiones. En diciembre pasado, Fernández cerró su gestión con 1.277 obras de integración y 23.909 lotes con servicios.

Números claros

A pesar de la proliferación de artículos en medios afines al nuevo gobierno que buscan echar un manto de sospecha sobre el destino de los fondos, lo cierto es que las políticas derivadas del Renabap han sido objeto de variadas auditorías externas: desde un informe de resultados hecho por CIPPEC y el Conicet hasta una evaluación de impacto a cargo del área de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el impacto real de los montos invertidos se pudo seguir mediante el Monitor de obras de Integración Socio Urbana y la transparencia en el área se extendió a los datos compartidos con la prensa. “Pocas veces me pasaron desde una oficina pública información tan detallada sobre obras, gastos e ingresos como cuando pedía datos sobre obras de integración de barrios populares que llevaba adelante el FISU”, dijo esta semana el periodista Fernando Bercovich.

Acaso por eso, y contra lo que declara su propio gobierno, cerca del flamante subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja reconocen que los fondos “tuvieron mucho vuelo en obras en los barrios y está todo en orden”, como reveló esta semana en elDiarioAR Mauricio Caminos.

Más plata, no menos

Si uno revisa los primeros años de funcionamiento del FISU va a advertir que lo que hace falta es más plata, no menos.

Un solo dato alcanza para dimensionar la magnitud del desafío. En 2019, antes de la pandemia, el ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación Sebastián Welisiejko estimó el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renapab en US$26.000 millones.

Al ritmo actual de erogaciones (en un buen año se invierten US$50 o 70 millones), se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Hay dos motivos por los cuales es importante el FISU”, explicó Welisiejko en diálogo con elDiarioAR. “El primero es para ganar escala, algo que si esto fuera un programa ministerial clásico no se podría lograr. El segundo es para alinear incentivos entre Nación y las provincias y lograr esquemas en los que todos pongan y todos repaguen”.

Welisiejko explicó que la ley que dio origen al fideicomiso le permite recibir diversas fuentes de fondeo, desde donaciones hasta aportes del Tesoro, pasando por asignaciones por tributos específicos (como el impuesto PAIS) y operaciones de crédito público en los mercados. “Todo ese espectro de capital lo concebimos para que fuera un fondo de financiamiento híbrido, bajo la idea de que solo con los aportes del Tesoro no iba a alcanzar”. En ese sentido, el economista cree que el FISU podría –incluso debería– emitir títulos de deuda o valores representativos de deuda (VRD) en el mercado doméstico, “algo que un ministerio jamás podría hacer”.

Para Welisiejko, los fondos fiduciarios forman parte de un debate más amplio sobre la informalidad urbana en Argentina. “Desde hace mucho años, este problema gira en torno a si el Estado nacional le gira o no dinero en forma de subsidios o fondos no reembolsables para urbanizar uno o dos barrios. Eso crea una cultura en la que la provincia o el municipio se desentiende por completo si los fondos de Nación no bajan. Pero ese dinero siempre va a alcanzar para muy poquito”, ilustra.

Si se sigue haciendo lo que se venía haciendo, tal vez se urbanizan 30, 50 barrios populares (sobre un total de 6.400). De allí la importancia de apalancar fondos mediante el FISU. “Más que regalarle soluciones a poquitos hay que financiarle soluciones a muchos”, concluye.

El desafío consiste en lograr un fondo revolvente, no solamente una caja donde el dinero va de un lado a otro, que no dependa mayormente de impuestos nacionales específicos (como el impuesto PAIS, que por definición es limitado en el tiempo) o de las urgencias del Tesoro. Y dado que estas intervenciones terminan generando mejoras educativas, de salud, productivas y de seguridad ciudadana en el terreno, las provincias posiblemente también deban jugar un rol.

FP/DTC

En tiempos de todos contra todos, aún subsiste una política pública que logró trascender la grieta y mejorar la vida a cientos de miles de personas que viven en los barrios más pobres de nuestro país. En tiempos donde nadie escucha a nadie, vale la pena tomarse unos minutos para descubrir esta experiencia, insuficiente pero necesaria, que en pocas horas puede ser objeto de la pulsión destructiva que se dispersa en la sociedad y la política. Lo que pido es que cuidemos una obra bien hecha de la que todos fuimos parte y que funciona desde la Córdoba de Llaryora a la Formosa de Insfrán: la política política nacional de integración sociourbana.

Contraintuitivamente, la mayor política pública de regularización y mejoramiento de barrios populares comenzó durante el macrismo. Fue jalonada por los reclamos históricos de los vecinos y vecinas más postergados y negociada de buena fe entre personas de pensamiento político diametralmente opuesto. Los interlocutores por parte del gobierno eran Rodriguez Simón, Quintana, Stanley y Torello, con la supervisión del propio Marcos Peña y supongo que también de Mauricio Macri. 

Esta negociación —de la que estamos orgullosos— nos valió agrias acusaciones de los que no entienden que la democracia constitucional implica, precisamente, salir de la mentalidad bélica amigo-enemigo y construir acuerdos por el bien común, tan distintos a los pactos de poder que muchos críticos realizan a la sombra del secretismo palaciego. 

El primer paso fue en el 2017, con la creación del ReNaBaP por un decreto presidencial. Un registro que, incorporando tecnología de punta, realizaron técnicos y relevadores en todo el territorio nacional. Fueron más de trece mil personas que detectaron, georeferenciaron y relevaron manzana por manzana, casa por casa, más de 4000 barrios populares. Este ejército de voluntarios de movimientos sociales, la ONG TECHO de mucho prestigio en el sector empresario y Cáritas Argentina construyó la cartografía de un espacio invisibilizado por el rojo-peligro. 

Se consolidó en el 2018 con la Ley de Integración Socio Urbana, presentada por Carrió, Massot y Negri, que cuando parecía naufragar por dudas del Gobierno Nacional en torno a la expropiación de los lotes donde se asientan los barrios —expropiación que finalmente se realizó en los marcos constitucionales sin una sóla reclamación sobre la sacrosanta propiedad—, obtuvimos el apoyo indispensable de Cristina Fernandez de Kirchner que la defendió frente a los propios que no comprendían la trascendencia de la norma. Luego, fue votada por unanimidad en ambas cámaras y tuvo a Silvia Lospennato y Fabio Quetglas en Diputados y en el Senado a Miguel Ángel Pichetto como impulsores del acuerdo pluripartidario. 

En esos años se pudo establecer un piso de acuerdos políticos, que se acompañó con un trabajo técnico ejemplar. Lograron algo tan básico y necesario para el Estado como es delimitar un problema complejo y planificar su resolución a corto, mediano y largo plazo. Por primera vez el Estado Nacional pudo identificar todas las villas y asentamientos del país, la cantidad de familias, suspender allí los desalojos, garantizar seguridad jurídica para habitantes y dueños de las tierras, saber qué servicios faltaban y cuánto costaba realizar las obras básicas necesarias para garantizar lo mínimo. 

En tiempos egoístas y mezquinos, un objetivo común logró unir a todas las fuerzas políticas en el Congreso y a todas las organizaciones de la sociedad civil en los territorios. 

Pero también es cierto que durante el gobierno macrista no se pudo poner ni un foquito de luz, porque faltaba el presupuesto. Se había avanzado en objetivos nobles, trazados por las propias Naciones Unidas, como la seguridad en la tenencia y el reconocimiento de la vivienda familiar, pero las obras de integración verdadera faltaban porque no se destinaba el presupuesto suficiente. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández —por impulso del propio Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán— se destinó el 9% del impuesto PAIS, y luego —por impulso de Máximo Kirchner— el 15% del Aporte de las Grandes Fortunas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

Toda la normativa creada alrededor del FISU impide que ese dinero se pueda usar para otra cosa que no sea el mejoramiento de los barrios populares y la creación de lotes con servicios para familias socialmente vulnerables. Cualquier gobierno provincial o municipal, del color político que sea, puede hacer uso de esos fondos, siempre y cuando se trate de proyectos de integración socio urbana o nuevos loteos para familias sin vivienda propia, priorizando a las que están en situación de hacinamiento extremo. Esta fue la práctica de la SISU —con la villera y catequista Fernanda Miño a la cabeza— durante el período 2019-2023. Hubo obras en distritos azules, amarillos, provincialistas, del color que fueran, en las 23 provincias + CABA , y en 241 municipios. 

Hubo una cantidad impresionante de obras, por ejemplo, en la Córdoba de Martín Llaryora. Porque en Córdoba hay 37.000 familias viviendo en barrios populares, el 59% de los barrios cuenta con conexión irregular a las redes de servicios. A partir de la inversión con el impuesto PAIS, se logró alcanzar al 10% de estos hogares, con la creación de miles de lotes con servicios, mejoramiento de viviendas y la ejecución de obras integrales 

La experiencia de Córdoba se replicó, en mayor o menor medida y con mayor o menor eficiencia, por parte de los gobiernos provinciales y locales, en todos los distritos y provincias: desde la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodriguez Larreta, hasta la Salta de Gustavo Sáenz, desde la Quilmes de Mayra Mendoza hasta el San Isidro de Gustavo Posse, hoy gobernado por Ramón Lanús, también impulsor de la ley en 2018. 

Tanto los gobiernos provinciales como locales, tanto los movimientos sociales como las organizaciones eclesiales podían presentar sus proyectos que eran perfeccionados técnicamente en la SISU y elevados al Directorio del Fondo de Integración Socio Urbana para su aprobación. No hubo una sola denuncia de corrupción o discrecionalidad. 

Del mismo modo, el programa Mi Pieza —que resolvió la situación de hacinamiento crítico de viviendas muy precarias de los barrios populares para trescientos mil hogares— abordó el problema de la discrecionalidad que genera escasez de recursos en relación a la demanda de personas en idéntica situación mediante el único mecanismo justo que inventó la humanidad ya en la antigua Atenas: el sorteo público y transparente.

Con el programa ARCAS y Lotear —que debería masificarse hasta cubrir la demanda del millón de lotes de familias inscriptas en el Registro Único de Solicitantes— se logró la creación de suelo urbano legal y con servicios para decenas de miles de familias que, de otro modo, posiblemente hubieran terminado en asentamientos precarios o estafados por loteadores como los de González Catán, arriesgando su vida y la de sus hijos, poniéndose sin desearlo en situación de ilegalidad por la imposibilidad de encontrar una vía legal de resolución de ésta necesidad básica. 

Un ejemplo de la integralidad de este trabajo lo podemos encontrar en Mar del Plata dónde se realizaron 48 obras, algunas de gran envergadura, en un municipio gobernado por Montenegro, un alto dirigente del PRO que no tiene particular simpatía con los movimientos. Es lindo el ejemplo porque a pesar de los conflictos entre las organizaciones y la intendencia —algunos incluso escalaron nacionalmente— se pudo trabajar normalmente en relación a las obras concretas. Cerca del 90% de los barrios de Mar del Plata cuenta con una obra financiada por el FISU, ya sea a través de un proyecto de integración socio urbana ejecutado por la Provincia, el Municipio o alguna de las 18 entidades de la sociedad civil presentes en el territorio o a través del programa Mi Pieza. La Ciudad también es conocida por el alto déficit habitacional que impacta de lleno en las dinámicas de la Ciudad, para revertirlo desde el FISU se financiaron seis proyectos de lotes con servicios que generaron 600 lotes con servicios, brindando acceso a la tierra a más de 2.400 personas.

En los 3 años que el Fondo tuvo presupuesto disponible se hicieron 180.000 conexiones domiciliarias a los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad y gas), 2.000 kilómetros de redes, 300.000 mejoramientos de viviendas, polideportivos, luminarias, mobiliario urbano y más de 24.000 nuevos lotes con servicios. Se generaron 188.829 puestos de trabajo adecuadamente remunerados, gran parte en manos de los mismos vecinos y vecinas de los barrios. Todo ello fue merecedor de premios internacionales y está descrito con claridad en los informes de gestión y catálogo de obras. 

Entre hoy y mañana se va a discutir si se le quita o no el financiamiento a esta política, la continuidad de las obras en ejecución, la realización de obras nuevas. Hay personas de todos los partidos y bloques que quieren defenderla. Lo hablamos con Negri, Lousteau y Massot, lo hablamos con Martín Llaryora que lidera el scrum de gobernadores que piden la coparticipación de parte del impuesto PAIS y, desde luego, también con el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Todos acuerdan la importancia de dejar el 9% al Fondo de Integración Socio Urbana. 

Lamentablemente, en el proyecto original, su autor (Sturzenegger tal vez) proyecta su desprecio a los pobres eliminando el porcentaje del impuesto PAIS que tiene asignación específica para la urbanización de los barrios. El financiamiento del FISU, dice la Ley Ómnibus en su redacción original, será exclusivamente a partir de las multas a las protestas sociales. ¿No es una cínica burla clasista? Afortunadamente, otros interlocutores dicen que van a defender el presupuesto para las obras de integración urbana, algunos en off y otros lo plantearon en sus disidencias al dictamen de mayoría (UCR y Coalición Cívica). 

Lo cierto es que si no hay acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, el artículo del impuesto PAIS debe modificarse para que al menos el 9% siga vigente. Si hay acuerdo con los gobernadores, que no se haga a costa de dejar a los barrios populares sin financiamiento. Dejarlo como en su redacción original o eliminarlo para incrementar la coparticipación son dos formas de traicionar a los humildes. 

Hay un dato curioso que señaló Sebastián Welisiejko, economista y empresario, secretario de integración urbana bajo el gobierno de Macri. Welisiejko decidió construir en la Quinta de Olivos una vivienda social sustentable prototipo con la técnica de mi querido hermano el padre Mariano Oberlin. La idea —más que buena— era que todos los funcionarios vean lo que se podía hacer para mejorar la situación habitacional de millones de argentinos. Una técnica local desarrollada en conjunto por cooperativas, empresas e iglesias. ¿Qué función cumple ahora? Es la casa de los perros de Milei. No acuso a nadie, es una triste metáfora. 

Este acto simbólico nos muestra lo que va a pasar en la Argentina si no defendemos las cosas que hicimos bien, sean de la gestión que sean: los perros de Milei —o de Alberto— van a vivir y comer mejor que el 65% de los niños de este país. Y no es una metáfora, ya está pasando.

JG/DTC

Nueve de cada diez inquilinos que habitan en viviendas situadas en villas y asentamientos ubicados en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran debajo de la línea de pobreza y casi la mitad, en la indigencia, pese a que la gran mayoría de quienes son el sostén económico del hogar tiene empleo, son auxiliados con planes sociales o reciben ayuda alimentaria.

En ese contexto social, el 30% de los hogares inquilinos localizados en un territorio que agrupa a la Ciudad de Buenos Aires y a 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 35% de la población argentina, destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler y el 43% tuvo que endeudarse con amigos, familiares, entidades financieras o prestamistas particulares, a una muy alta tasa de interés, para abonar el valor mensual de la vivienda.

En los barrios populares del AMBA, en tanto, el 75% de los hogares inquilinos no tiene un plazo establecido de duración del alquiler y solo el 11% posee un acuerdo por un periodo igual o superior al año. Las condiciones para alquilar, en resumen, se rigen sin un contrato escrito, más arbitrarias e inestables.

Los datos surgieron del informe “Alquilar en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires: Condiciones sociales, económicas y habitacionales” llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (IGEO-UBA) a partir de un relevamiento de hogares inquilinos ubicados en más de 30 villas y asentamientos porteños y bonaerenses.

El informe caracterizó la situación de los hogares inquilinos de los barrios populares en el AMBA atendiendo sus condiciones socio-económicas y habitacionales; sus formas de acceso a la vivienda y las relaciones de alquiler que se establecen; y sus trayectorias residenciales.

Siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas y los barrios bonaerenses incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.

El documento indicó, además, que siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas 31-31 bis, 15, 20 y 21-24, y los barrios bonaerenses Amancay (Escobar), Las Tunas (Tigre), Los Cedros y Los Hornos (Moreno), La Victoria, Santa Mónica y El Triunfo (Esteban Echeverría); 14 de Febrero (Almirante Brown), Santa Catalina (Lomas de Zamora); Papa Francisco (Quilmes), entre un total de 32 relevados en el AMBA, incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales -mayoritariamente beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el Potenciar Trabajo- mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.

También indicó que el 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia. En cuanto a la calidad del hábitat, más de la mitad de las personas encuestadas vive en condiciones deficitarias, con problemas de plagas, higiene, accesibilidad y alumbrado, entre otros.

Para Catalina Marino, politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, una política de urbanización de los barrios populares “beneficiaría la situación de los inquilinos en términos generales”. 

“Todo proyecto de integración social mejora las condiciones de vida de la población. En la medida que uno pueda tener inversiones públicas que garanticen el acceso a la infraestructura, hogares con mejor iluminación y ventilación, la calidad de vida de esos inquilinos mejora”, evaluó Marino en declaraciones a elDiarioAR.

El informe elaborado por ACIJ, CELS, la EIDAES y el IGEO-UBA señaló que los hogares en donde las mujeres son el principal sostén económico “presentan una situación significativamente desfavorable tanto en relación a calidad de la vivienda como al hábitat: el 63,3% de quienes alquilan una vivienda inadecuada y el 66,7% de quienes viven en un hábitat deficitario son hogares encabezados por mujeres”, destacó el documento. En el caso de las viviendas con una jefatura femenina, el 38% de ellas destina la mitad de los ingresos al alquiler frente al 21% de los de jefatura masculina.

El 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia.

Acerca del acceso al mercado de alquileres, el relevamiento agrega: “La incertidumbre habitacional afecta particularmente a los hogares en donde el principal sostén económico es la mujer: en los alquileres pactados por un período menor a tres meses, el 66,7% de los casos son mujeres, mientras que en los alquileres de más de un año representan solo el 36%”.

Entre las dificultades encontradas para el acceso a un alquiler en barrios populares se encuentran tener menores de edad a cargo (42%) y restricciones económicas (25%). Solo el 16% de los encuestados mencionó la falta de garantías o avales como una dificultad. Por su parte, casi siete de cada diez inquilinos encuestados se mudaron al menos una vez en los últimos cinco años debido a que no llegaron a renovar el acuerdo con el propietario (24%), la imposibilidad para pagar el alquiler (16%) o porque fueron desalojados (9%).

“En los barrios populares el acuerdo o la renovación de un vínculo no se rige por la vigencia o las modificaciones a la Ley de Alquileres. El impacto de su derogación, por ejemplo, no sería tan alto porque igualmente los contratos son informales, por plazos a veces no estipulados y los aumentos del valor son discrecionales”, indicó Marino. Sin embargo, la norma que el presidente Javier Milei, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) busca derogar dispuso la creación de un programa nacional de alquiler social para los inquilinos de menor poder adquisitivo, que, sin embargo, nunca fue implementado por el gobierno de Alberto Fernández.

La iniciativa, hasta que sea derogada, prevé la “adopción de medidas que tiendan a facilitar el camino a una vivienda digna en locación mediante una contratación formal” para un universo que contempla a víctimas de violencia de género, adultos mayores y a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. La ley estipula que puedan ser beneficiarios de garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas, como también la creación de líneas de subsidios o créditos blandos y el diseño de mecanismos que amplíen la oferta de inmuebles destinados a la vivienda. En el caso de los adultos mayores, la normativa contempla el trabajo conjunto de la Secretaría de Vivienda y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para facilitar el acceso al alquiler a personas jubiladas, pensionadas y titulares de la prestación por desempleo. En tanto, la ley en riesgo de ser eliminada también promueve la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres. “La derogación de la ley eliminaría la posibilidad de pensar un programa de alquiler social justamente que esté diseñado para sectores vulnerables” de la sociedad, sostuvo Marino.

Las dificultades para conseguir el acceso formal -caracterizado por la exigencia de garantías privadas o financieras, depósito, existencia de contrato de alquiler visado o no y acuerdos legales- a una vivienda en condiciones dignas motivó en las últimas dos décadas un incremento del mercado “informal” de alquileres en villas, asentamientos, hoteles pensión, inquilinatos y conventillos situados en los barrios populares del AMBA. 

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los barrios populares son aquellos “comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”.

De acuerdo al RENABAPl, en la actualidad existen 6.467 barrios populares, en los que se estima que habitan 1.2 millones de familias a lo largo de un territorio de 684 kilómetros cuadrados, equivalente a tres veces la Ciudad de Buenos Aires. El 87% de esos barrios tiene más de 20 años de antigüedad. En el AMBA, el Registro muestra 2.065 barrios populares donde se estima que habitan más de 500.000 familias. Las provincias donde se localiza la mayor cantidad de barrios populares son Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones. 

Según el RENABAP, más del 60% de los barrios populares no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, el 90% no tiene servicio de agua corriente, el 97% no cuenta con conexión a la red cloacal y el 99% no accede a servicio de red de gas natural. Con respecto al mercado de alquileres en barrios populares, se estima que de las 711.777 viviendas relevadas a nivel nacional, unas 19.196 (2,7%) son alquiladas. A partir de esos mismos datos, de las más de 23.000 viviendas relevadas en los barrios populares, el 14,5% son alquiladas. En los partidos bonaerenses que forman parte del AMBA, se estima que el 3,45% de las viviendas se encuentran alquiladas.

GT/MG

En Argentina, alrededor de cuatro millones de personas viven en las denominadas villas: barrios construidos de forma irregular, sin autorización y apoyo de la administración.

La conexión a los servicios básicos suele ser precaria o inexistente y estos barrios y sus vecinos conocen bien la discriminación.

En Buenos Aires, y en otros puntos del país, se intenta ahora terminar con esta situación.

El Plan Mi Pieza del Ministerio de Desarrollo Social continúa vigente. Se trata de una ayuda económica equivalente a $360.000 que se entrega, por única vez, a las mujeres mayores de edad que residan en una zona perteneciente al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y presenten el Certificado de Vivienda Familiar.

El dinero otorgado por el Gobierno Nacional debe estar destinado a la ampliación o refaccionamiento de las viviendas de las beneficiarias. Se cobra en dos etapas: el primer 50% se cobra al inicio de la obra y el monto restante se recibe tras validar el avance la obra a través de la aplicación del celular.

Qué gastos se pueden realizar con el dinero del plan

El 40% del consumo total del subsidio debe realizarse con la tarjeta o billetera electrónica, mediante compras online o pagos electrónicos, en los comercios de los siguientes rubros habilitados:

1. Materiales de construcción

2. Albañilería y Mampostería

3. Madereras y Carpinterías

4. Ferreterías, aberturas y herrajes

5. Equipamiento y suministro de plomería

6. Pinturería

7. Plomería y Calefacción

8. Iluminación, artefactos y accesorios

9. Reparación de techos

10. Trabajos de hormigón y concreto

11. Partes y equipos eléctricos

12. Gran tienda de materiales

13. Pinturerías papeles pintados

14. Bazares ferreterías

15. Toldos, lonas y mallas

16. Materiales eléctricos

El 60% restante de la ayuda económica puede ser retirado en efectivo de la cuenta bancaria para cubrir otros gastos de refacción, mejoramiento o ampliación de la vivienda.

Paso a paso, cómo tramitar el Certificado de Vivienda Familiar

1. Ingresar a mi ANSES con el CUIL o la Clave Única de la Seguridad Social

2. Desplegar el menú “Programas y beneficios”, seleccionar la opción “Certificado de Vivienda (RENABAP) y solicitar el certificado de ”Acceso al Certificado de Vivienda“.

3. Con el certificado generado, se pueden cargar solicitudes para su modificación: agregar o quitar un miembro familiar, modificar la titularidad, informar un mudanza o un cambio de domicilio.

4. Imprimir el certificado.

Cómo obtener el segundo desembolso y el certificado de finalización de obra

Para recibir el segundo desembolso de dinero, las beneficiarias deberán acreditar el avance de obra dentro de un plazo de 3 meses desde la entrega del primer 50% del dinero. Para realizar el trámite, se debe completar una declaración jurada y enviar un registro fotográfico a través de la Aplicación “Mi Pieza Argentina”. Junto a estos dos documentos, se enviará la ubicación de la vivienda a fin de comprobar que la obra se esté realizando en el domicilio correspondiente al Certificado de Vivienda Familiar con el que se realizó la inscripción al programa.

El certificado de finalización de obra se puede obtener por medio de la App “Mi Pieza Argentina” luego de adjuntar las fotos que acrediten la obra terminada y se complete una breve encuesta. La verificación de la información enviada puede demorar algunas semanas y durante ese plazo, el beneficiario no tendrá vigente el certificado. Una vez descargado, es posible desinstalar la aplicación.

ACM

La presidenta de Propuesta Republicana (PRO) Patricia Bullrich, cuestionó este jueves la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de ley de integración socio-urbana de barrios populares, la cual fue sancionada originalmente en 2018. “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años” dice la imagen de su publicación en Twitter.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo.” sentenció Bullrich en el tuit. La ley fue aprobada con 227 votos, 39 de los cuales provenieron del espacio el cual preside. Entre los positivos, destacan Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

La reforma obtuvo apenas dos votos en contra, uno de Carolina Píparo de Avanza Libertad y otro de Francisco Sánchez, diputado del PRO de Neuquén, cercano a Bullrich. Marilú Quiroz y Gustavo Hein, ambos del PRO, fueron dos de los tres votos que se abstuvieron. Entre los ausentes, estuvieron Fernando Iglesias y Gerardo Milman, otros dos diputados afines.

La ex ministra de Seguridad fue cruzada por una funcionaria del Gobierno de la Ciudad. María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, le recordó que la norma había sido sancionada durante el gobierno de Cambiemos.

También a través de Twitter, Migliore dijo: “La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”. Aclaró que “de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas”.

Además, Laura Rodríguez Machado, otra diputada del PRO, dijo en sesión ayer: “Estamos aprobando la prórroga de una ley macrista, sancionada durante el gobierno de Cambiemos, que está destinada a urbanizar y darle dignidad a los barrios populares”. 

La diputada Silvia Lospennato hizo hincapié en Diputados que se trata de una ley que se va “convirtiendo en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. En Twitter, retuiteó las declaraciones de la ministra porteña.

El proyecto que ahora se dirige al Senado, amplía los alcances del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sumando 1271 barrios populares al registro de los 5687 ya contabilizados, así como establecer mecanismos para agilizar procesos administrativos, lograr urbanizaciones más completas y mejoras en el acceso a servicios públicos. Ante la inminencia del vencimiento del plazo de la ley del 2018, se prorrogó por 10 años la suspensión de los desalojos.

LC

En un país donde la fragilidad macroeconómica parece guiar el destino de las políticas públicas, uno de los programas más importantes del gobierno de Alberto Fernández está perdiendo impulso. El proyecto de Presupuesto 2023 que comenzará a tratarse la próxima semana en la Cámara de Diputados prevé una fuerte caída de los fondos destinados a la urbanización de barrios populares.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social a las que accedió elDiarioAR, el presupuesto para el año próximo destina poco menos de $60 mil millones para el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), contra $47 mil millones ejecutados entre enero y septiembre de 2022. Los valores no solo están expresados en pesos, sino que además comparan 12 meses con nueve, lo que –de no mediar reasignaciones de partidas– va a camino a convertirse en un fuerte descenso de los fondos disponibles en términos reales.

En marzo del año pasado, en su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias como presidente, Alberto Fernández había prometido avanzar con la urbanización de barrios populares, que son más de 5.600 en todo el país. “Necesitamos que esa acción se mantenga a lo largo de por los menos una década. Estamos frente a la posibilidad real de tener una política de Estado”, había dicho Fernández.

Este freno a la inversión pública se produce tras dos avances muy positivos en la lucha contra uno de los grandes problemas de Argentina: el déficit de vivienda.

En octubre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso sancionó la Ley de Barrios Populares que, entre otras cosas, reconocía el Registro de Barrios Populares (Renabap), creaba el Programa de Integración Socio Urbana y ordenaba establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas allí ubicadas.

En la reglamentación de la ley se sumaron diversas fuentes de fondeo a los aportes del tesoro nacional, que en general son los únicos que se destinan al mejoramiento del hábitat. De esta manera, se permitió nutrir al fideicomiso con fondos de organismos internacionales, aportes de las provincias y operaciones de crédito público. A esto se le agregó, ya durante la gestión de Fernández, el 15% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas y el 9% de lo que ingresa en concepto de impuesto PAIS, que grava la compra de dólares o los gastos con tarjeta en el exterior.

Es decir que tras años de darle la espalda al problema, y por presión de los movimientos sociales, la política le reconoció derechos fundamentales a las personas que enfrentan las peores condiciones de hábitat y comenzó a delinear mecanismos de financiamiento consistentes.

Fondos insuficientes

¿Qué obras se hicieron hasta el momento? Al fines del año pasado, la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, indicó que durante 2021 el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda que otorga hasta $240 mil a mujeres de barrios populares.

El resto se destinó, sí, a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Se trata de 756 proyectos, la mitad de los cuales corresponden a la provincia de Buenos Aires. Le siguen Santa Fe (45 convenios firmados por $39 mil millones), Chaco (31 convenios por $5 mil millones), Río Negro (39 convenios por $5 mil millones), Misiones (28 convenios por $5 mil millones) y Córdoba (28 convenios por $4 mil millones).

Para poner el problema en contexto, Sebastián Welisiejko, ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación, recordó que el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renabap ronda los 26.000 millones de dólares y dijo que, al ritmo actual de erogaciones, se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Aún si el esfuerzo fiscal se multiplicara por cinco, pensar esta política pública solamente empujada por fondos federales entregados como subsidios a jurisdicciones subnacionales u otras entidades siempre será insuficiente. No saldremos nunca de la trampa de la anécdota. No invertimos a un ritmo siquiera capaz de responder al crecimiento vegetativo de la demanda,” dijo Welisiejko a elDiarioAR.

La última actualización del Renabap identificó 5.687 barrios populares en todo el país. Allí viven 1,2 millón de familias, equivalentes a 5.280.000 personas. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.933 barrios populares. Junto con Santa Fe y Chaco, componen los tres distritos con mayor número de villas y asentamientos.

En el 68% de los barrios populares identificados, la mayoría de los habitantes no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, mientras que la falta de agua corriente (89% de los barrios) y de acceso a la red cloacal (98%) y de gas natural (99%) se detecta en casi todos ellos.

Tres ejemplos recientes ayudan a dimensionar la escala de la respuesta. En Avellaneda, el mes pasado se aprobó un proyecto para dotar de una nueva red vial, peatonal y desagüe pluvial en el barrio Villa Tranquila y diferentes intervenciones urbanas en pasillos del barrio Isla Maciel. Más al sur, en Ushuaia, 140 familias de barrios postergados accedieron este mes a la conexión de gas natural intradomiciliaria. En el otro extremo del país, en Jujuy, esta semana avanzaron las obras para el escurrimiento de aguas superficiales y de media y baja tensión en el sector La Isla, del barrio San Martín, de la capital provincial.

Nadie podrá discutir que este tipo de obras le cambian la vida a las familias beneficiadas, pero una mirada de conjunto parece sugerir que el problema aún crece a un ritmo mayor que las soluciones.

Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social entre 2019 y 2021, reconoció la caída en términos reales pero se mostró optimista de cara a los próximos meses.

“En la ejecución de los fondos hoy se ven dos grandes líneas, el programa Mi Pieza y la urbanización de barrios propiamente dicha. Mi mirada es que la actual composición 50 y 50 (por ciento de ejecución de cada programa) va a ir cambiando hacia proyectos más pesados”, dijo Arroyo a elDiarioAR. “Dado que la urbanización de barrios se ejecuta a largo plazo, a 24 o 36 meses, creo que vamos camino a un proceso de planes integrales.”

El actual diputado por el Frente de Todos cree que es posible desarrollar 400 proyectos integrales por año y que los fondos obtenidos por el impuesto a las grandes fortunas (que se cobró por única vez) y el flujo del impuesto PAIS son capaces de financiar los proyectos hasta 2024. A partir de ese momento, dijo, los procesos de urbanización de barrios populares van a necesitar una fuente más estable de ingresos “que quede establecida por ley como un porcentaje general del tesoro”.

Welisiejko cree que es hora de expandir el fideicomiso a otras fuentes. “En un contexto de alta restricción fiscal, la inversión necesaria solo es posible si las provincias y municipios (y en menor medida las comunidades) participan activamente del repago de las inversiones, algo que hasta ahora no ocurre”, sostiene. El especialista pidió poner el foco en los privados que se benefician de esos mismos desarrollos, los “free riders” que no pagan por la plusvalía urbana que generan las obras y rezonificaciones encaradas por el Estado. “De existir esos flujos de repago, el fideicomiso creado por ley podría buscar otras fuentes de fondeo, incluyendo el mercado de capitales”, concluyó.

Este miércoles, la Cámara de Diputados comenzó a discutir en comisión un proyecto del gobierno para modificar la Ley de Barrios Populares de 2018. La propuesta busca agilizar los procedimientos administrativos para la urbanización de asentamientos y prorrogar la suspensión de desalojos, inicialmente estipulada por cuatro años.

Recortes en otras áreas

El ajuste también alcanza a otros programas vinculados. El proyecto de presupuesto para el año próximo destina $435 mil millones para todos los programas de la función “Vivienda y Urbanismo”, contra $558 mil millones vigentes para 2022. Las cifras, a precios corrientes de 2023, se desprenden de un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y fueron confirmadas a este medio por Julieta Izcurdia, coordinadora del Programa de Justicia Fiscal de ACIJ.

En este apartado se incluyen, entre otros, la construcción de viviendas de Procrear y del programa “Producción Integral y Acceso al Hábitat”, dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi. “La realidad es que hoy el acceso a la vivienda en Argentina es prácticamente imposible. Crece el déficit habitacional año a año y esto se agrava porque las viviendas que se construyen no crecen al ritmo de la demanda,” dijo a elDiarioAR el diputado Julio Cobos, integrante de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano por Juntos por el Cambio. “La solución de fondo sería recuperar un sistema de crédito sólido, sustentable y accesible”, agregó.

FP

Entre muchas otras cuestiones, la crisis que atravesamos puso en tela de juicio la política social llevada adelante por el estado argentino en los últimos 20 años, desde la salida de la crisis del 2001. Es tiempo de una revisión para, también en esta materia, generar un nuevo ciclo que permita a la Argentina reencontrarse con una senda sostenible de desarrollo y crecimiento. En este desafío la política social, así como la económica, la educativa, la laboral, tiene un rol que cumplir.

¿Qué esperamos de la política social? ¿Qué objetivos le marcamos y por cuáles la juzgamos? ¿Que contenga a los que están más abajo? ¿Que genere un piso mínimo de consumo? ¿Que integre personas al sistema (laboral, educativo)? ¿Que transforme dinámicas estructurales de pobreza?

Preguntas como estas son cruciales para hacer un juicio de valor sobre la política social de estos años, y también para empezar a construir una nueva que esté sustentada en otras bases y se proponga otros desafíos. Porque la política social, como todas las políticas de un gobierno, necesita ser planificada, construida en base a diagnósticos sólidos y horizontes concretos de transformación de la realidad. ¿Qué objetivos debería trazarse la política social para ser transformadora en la Argentina de hoy?

Para entender el éxito o no de una política social debemos pensar de antemano qué objetivos le trazamos

Estoy convencida de que esta política debería plantearse tres objetivos centrales:

1) Generar condiciones mínimas que permitan el desarrollo a través de la integración de Barrios Populares.

Hoy en la Argentina todavía el lugar donde se nace condiciona las posibilidades de futuro. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), tenemos más de 5000 barrios populares en donde viven más de 5 millones de personas sin acceso a los servicios elementales para poder llevar adelante una vida. Se trata de una problemática federal, pero focalizada: el 80% de las personas que viven en barrios populares se encuentran en 5 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La integración es la herramienta política que tenemos para nivelar el punto de partida, instalando servicios básicos, mejorando las viviendas existentes, abriendo y asfaltando calles, construyendo escuelas, centros de salud, oficinas policiales, plazas y canchas. Atacar la pobreza estructural a partir de una inversión innovadora que genere infraestructura para el desarrollo.

De hecho, creo que la experiencia en estos años muestran que se puede construir una política social seria y transformadora: durante el gobierno de Mauricio Macri se construyó el ya mencionado RENABAP, una herramienta de diagnóstico y anclada en el territorio que permitió generar por primera vez un registro sobre los barrios populares a nivel nacional. Con ese diagnóstico nacional, desde la Ciudad de Buenos Aires implementamos una política de integración socio urbana de los barrios populares que representa la inversión en infraestructura social más importante desde la vuelta de la democracia, y que se constituyó como una política transformadora y legítima para empezar a resolver este problema estructural que la Argentina acarrea desde hace décadas.

2. Ampliar, formalizar y regularizar la base productiva.

Más de 7 millones de argentinas y argentinos trabajan en la denominada economía social y popular, ocupados o sub-ocupados en tareas de baja escala, baja renta y baja productividad, típicamente en la informalidad.

Integrar este universo de trabajadores a la economía formal es uno de los desafíos cruciales que tenemos por delante, sobre todo mirando la tensión que esto genera en el sistema previsional argentino: según datos de la organización Fundar, en 2019, la cantidad de trabajadores que aportan al sistema previsional argentino fue de tan solo el 49.7%. La tasa de formalidad argentina está muy por debajo de otros países de la región: Brasil 63%; Chile 68%; Uruguay 75%. Esta informalidad -que creció en la última década-, resquebraja cada vez más la capacidad de autofinanciamiento de nuestro sistema previsional.

Para lograr esta integración hay que transitar dos vías. La primera es la vía del empleo. Lograr que una porción de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan ingresar al mercado formal de trabajo. Esta política tiene que estar focalizada en la población de hasta 30 años, ya que está probado que acceder a un primer empleo en esta etapa de la vida mejora notoriamente la trayectoria laboral futura de una persona. Trabajar con instrumentos correctos -la formación laboral en rubros estratégicos, la intermediación laboral con el sector privado y la generación de incentivos a los empleadores para impulsar su contratación-, para que muchos jóvenes que hoy están en la economía popular consigan un empleo que les permita vivir mejor.

Sin embargo, siguiendo datos del CEDLAS, se necesitarían 26 años ininterrumpidos de crecimiento a tasas del 7% - 8% para poder integrar a todo este universo al mercado tradicional de trabajo. Algo imposible.

Por eso, hay que transitar una segunda vía que es la del desarrollo económico de la economía popular. Esta economía es un punto de largada, no de llegada. Para que desarrolle su productividad y pueda integrarse al sistema, hace falta construir nuevos marcos normativos (laborales, tributarios, jurídicos) y herramientas concretas para que el sector sea más productivo, se formalice y se integre al sistema económico formal. Facilitar el acceso de los emprendimientos de la economía informal a las herramientas que accede el emprendedor/empresario formal: financiamiento, registración, formación técnica, comercialización. Instrumentos para ampliar el acceso al mercado.

En la Ciudad, a nivel local venimos transitando ambas vías: trabajando en capacitación y la intermediación laboral para que vecinos de la Ciudad -sobre todo jóvenes de la zona sur-, puedan acceder a un empleo formal. Y, a su vez, generamos herramientas para desarrollar económicamente a la economía popular: sancionamos la ley de economía popular, que es el marco general que crea las políticas para el sector. Construimos un registro (Rupeys) que en poco más de un año cuenta con más de 5700 unidades productivas, y que apunta a recabar datos para conocer a fondo la realidad del sector. Y generamos herramientas concretas para desarrollarla: incentivos para la registración, capacitación en la producción, acceso al crédito y ampliación de los canales de comercialización.

3. Afianzar la red de protección social existente

Por último, tenemos que asumir que, en la Argentina de hoy, hay gente que continúa necesitando la asistencia del estado. Por eso, necesitamos afianzar la red de protección social existente. Generar mecanismos para que sea cada vez más universal, transparente y esté focalizada en la niñez y la adolescencia, ya que la inversión en la cobertura alimentaria de los más chicos es crucial para su desarrollo futuro (actualmente, el 54,3% de los niños menores de 15 años se encuentra bajo la línea de pobreza).

Para entender el éxito o no de una política social debemos pensar de antemano qué objetivos le trazamos. Si realmente queremos que sea un puente al trabajo, que integre trabajadores que hoy están al margen, que levante el piso cada vez más bajo en el que se encuentra la Argentina, tenemos que hacer algo distinto. Construirla de otra manera, a partir de un enfoque económico-productivo. Por poner solo un ejemplo: en el Barrio 31 hay más de 1000 comercios, emprendimientos y talleres. Podemos mirarlo como un lugar en que la gran mayoría de los vecinos y vecinas está por debajo de la línea de pobreza (que es real) y requieren asistencia. O podemos también mirar ese entramado económico y generar mecanismos para que su productividad aumente y se haga parte de la economía formal.

Hacia ahí tiene que ir la política social, para que pueda convertirse en componente central de un nuevo ciclo, en el que el crecimiento y la integración de personas y trabajadores al sistema vayan de la mano. 

MM

Más de 19.000 preinscripciones se registraron en las primeras 48 horas del lanzamiento del programa Mi Pieza, que tiene por objeto brindar asistencia económica para mejoramiento y ampliación de viviendas de mujeres en barrios populares, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Social.

El plan fue presentado públicamente el jueves en un acto en la localidad bonaerense de Moreno, encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

A través de un comunicado, la cartera que encabeza Zabaleta informó que solo en el primer día “se registraron más de 5.000 preinscripciones y en el segundo día se alcanzó la cifra de 19.000 anotaciones”.

El nuevo programa está orientado a mujeres mayores de 18 años, argentinas o con residencia permanente, y que vivan en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar.

“Este programa representa una rueda virtuosa entre el derecho a la vivienda y el hábitat y el derecho al trabajo, porque enciende el consumo en los corralones de materiales y es más albañilas y albañiles trabajando en los barrios”, remarcó Zabaleta.

El programa Mi Pieza se financia por medio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se compone con el 15% del Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas y el 9% del impuesto PAIS.

Por su parte, la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, sostuvo que “es un fortalecimiento económico para mujeres de los barrios populares que necesitan refaccionar o ampliar su vivienda, y está enmarcado en el Registro Nacional de Barrios Populares”.

También explicó que forma parte del plan de urbanización de barrios populares que se viene trabajando desde el Gobierno nacional.

“Este programa viene a complementar los proyectos de integración socio urbana. Es para la casa, para las familias, para dividir una habitación, para cambiar un techo, para poder solucionar temas de humedad, poner pisos, cambiar la ventana, poner la puerta, las conexiones eléctricas”, especificó.

La funcionaria nacional expresó que el programa “consiste en un fortalecimiento económico para mejorar viviendas, para proyectos que han quedado truncados muchas veces por la situación económica, y más en este tiempo de pandemia, y con la imposibilidad de muchas de las mujeres de los barrios populares de acceder a créditos. Por eso este programa va dirigido a ellas”.

Con “Mi Pieza” se podrán realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de viviendas.

Desde el Ministerio aseguraron que “Mi Pieza” es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Para obtener el financiamiento se debe ingresar a argentina.gob.ar/mipieza y completar el formulario de inscripción. Si hay más de 25.000 inscriptas, la selección se realizará mediante sorteo.

Los montos son de 100.000 o 240.000 pesos y el cobro por parte del beneficiario será a través de ANSES en dos cuotas del 50%. La segunda la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación en el celular.

CB con información de Télam