El camino hacia la “normalización macroeconómica” que celebraron cámaras y asociaciones empresarias en una catarata de comunicados durante el fin de semana se impuso por encima de las alertas por la suba de costos de los insumos importados por parte de la industria, el recaudo del campo por la quita del dólar blend, y el nulo impacto que va a tener a corto plazo para el sector oil and gas. En diálogo con elDiarioAR, integrantes del empresariado argentino celebraron el primer día del nuevo régimen cambiario.

La Cámara de la Construcción (Camarco), la de Comercio (CAC), Medianas Empresas (CAME), el sector agropecuario con Coninagro, las principales congregaciones del círculo rojo como el G6, IDEA, Asociación de Empresaria Argentina (AEA) y Amcham— Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina—. No sucede tan seguido. Este fin de semana hubo gran cantidad de apoyos institucionales del empresariado argentino al anuncio del nuevo régimen cambiario, la salida parcial del cepo y el acuerdo número 23 en la historia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que hizo el Gobierno a última hora el viernes.

A diferencia de otros hechos importantes de política económica, no hay fisuras institucionales sobre el apoyo. La palabra previsibilidad fue la gran estrella: está en casi todos los comunicados como un valor buscado a través del acuerdo con el FMI y la eliminación del cepo.

Un mundo ideal

Un rasgo común a los comunicados fue la ausencia de mención a los riesgos o costos sociales que puede tener el acuerdo, como el mayor ajuste del gasto público para alcanzar la meta de superávit primario que compromete el staff report del FMI. En este sentido, CAME es la única que menciona una preocupación por un “corrimiento a precios” de la suba del tipo de cambio.

“Seguramente debería haber un impacto en la inflación, porque una devaluación provoca eso. Pero ojalá sea acotado”, menciona el presidente de CAMARCO Gustavo Weiss a elDiarioAR. “El sistema anterior era insostenible. El Gobierno no podía seguir vendiendo reservas todos los días para alimentar a un mercado ávido de dólares, que estaban baratos. Con esta corrección, y si el dólar se mantiene más o menos estable, después debería tender a bajar nuevamente”, agrega.

Natalio Grinman, presidente de la CAC, confía en que el impacto no será tan grande: “No creemos que vaya a ir más allá de los parámetros normales de movimientos de precios, porque lo cierto es que los precios estaban un poco adelantados cuando, en diciembre del 2023, proyectaban un dólar de 2500”.

El agro: entre la ilusión y la amenaza

A pesar de que el Gobierno fue aplaudido institucionalmente, muchos empresarios se permiten dudar en estricto off the record. El primer sector en alerta es el campo, al que no solamente se anunció el fin de la política del “dólar blend”, que les permitía un tipo de cambio más favorable para incentivar la liquidación de divisas; sino que fueron amenazados este lunes por el Presidente Javier Milei.

“Avísenle al campo que si tienen que liquidar que lo hagan ahora, porque en julio le vuelven las retenciones”, dijo el Presidente en declaraciones radiales.

Una fuente del sector calificó los dichos del presidente como “una señal de extorsión”, que opaca el “gran paso que se dio con los anuncios de la salida del cepo en materia de agroexportación”.

Con respecto a cómo reaccionará la venta de los productores de sus granos a la exportación, va a depender de tres razones: “La primera es que el tipo de cambio esté por encima de $1.130 porque fue el cierre del dólar blend y era el tipo de cambio que recibía el productor. En segundo lugar hay que tener en cuenta que la cosecha gruesa viene retrasada por las lluvias así que recién estamos en un 8% de levantamiento de cosecha, y no habrá un movimiento tan fuerte en los primeros días. Y el tercero es que el tipo de cambio que surja luego de la oscilación en los primeros días sea un tipo de cambio creíble y estable sobre todo estable para que eso se pueda transformar en un precio de granos para exportación o posterior procesamiento y exportación. Todas esas condiciones las vamos a ir viendo con el correr de estos días”, aseguraron fuentes del sector.

La industria espera definiciones

Desde el sector industrial la UIA solo difundió el comunicado del G6 apoyando el anuncio, pero no se encargó de realizar uno propio como sí lo hicieron otros miembros del G6 como CAMARCO o la CAC. En diálogo con este diario, varias empresas de alimentos se mostraron alerta: “Todavía estamos esperando a ver cómo impacta. Siempre que hay movimiento del dólar impacta en los costos dolarizados”, respondieron desde una importante firma del sector alimentos.

En este mismo sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato pidió al gobierno la pesificación de uno de los principales costos dolarizados de las empresas, la energía. Y sostuvo que “la industria está trabajando en el límite más bajo del punto de equilibrio, con una rentabilidad exigua, que no permite afrontar saltos significativos en los costos de producción, sin tener que trasladar a precios estos aumentos”. Y aclaró que “el mercado interno está muy poco demandado para compensar con inflación la suba de las boletas de luz y gas que llegan a las industrias”.

Oil & gas: buenas señales, poco efecto

Finalmente, el sector de oil and gas también aplaudió la medida como un paso en la dirección correcta hacia la normalización de la economía, pero reconocieron que el impacto no es significativo: “No cambia mucho la ecuación. Con la ley bases y el RIGI ya habíamos tenido muchas señales, y esto no nos impacta en el corto o mediano plazo. Lo que más nos importa ahora es el precio del petróleo a nivel internacional”, explicaron a elDiarioAR.

El apoyo empresarial marca un consenso poco habitual, y su profundidad dependerá de cómo impacten las medidas en el día a día de cada sector. Es que, al final del día, la ilusión necesita resultados.

NR/JJD

El Gobierno Nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). 

Las medidas, que habían sido anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina.

A través del decreto 697/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial se dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. 

Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina.

Además, el Decreto establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial.

Asimismo, dispone la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones.

Finalmente, el Decreto implementa una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%. Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país.

Solo en 2023 el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones y, a partir de estas nuevas medidas, este monto vuelve a la cadena productiva y dota de competitividad a la transformación en origen.

Estas disposiciones que se enmarcan en un proceso más amplio de desregulación, baja de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial, apuntan a seguir quitando el peso del Estado de los hombros de la producción agropecuaria, responsable de 1.2 millones de empleos y del 63% del total exportado por la Argentina.

Con información de agencias.

IG

El secretario de Bioeconomía (el área del nuevo gobierno equivalente a Agricultura, Ganadería y Pesca), Fernando Vilella, anunció este lunes que no se dispondrá la suba de retenciones para 18 complejos de las economías regionales, incluida la lechería, que se había comunicado originalmente. Afirmó que se buscará incrementar en 2 puntos porcentuales, hasta el 33%, la alícuota de los subproductos de la soja a modo de compensación por esta resignación de ingresos.

De esta manera, en el proyecto que el Ministerio de Economía enviará al Congreso para incrementar al 15% los derechos de exportación del conjunto de los complejos exportadores del país no estarán incluidas producciones como la olivícola, arrocera, de cueros bovinos, láctea, frutícola -con excepción del limón-, hortícola, del poroto, papa, ajo, arvejas, garbanzos, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.

Además, se llevará las retenciones del sector vitivinícola al 8%, mientras que la de subproductos de soja, como la harina y el aceite, igualará a la alícuota del poroto sin procesar. Asimismo, queda firme la decisión de aumentar la alícuota para maíz, trigo, girasol y carnes, entre otros complejos.

“Luego de un intenso trabajo en el Ministerio de Economía, en conjunto con la Secretaría de Bioeconomía, hemos estado buscando un camino alternativo a la decisión que se había comunicado la semana pasada, en torno a los derechos de exportación, básicamente centrados en las producciones regionales y los lácteos”, dijo Vilella en un mensaje grabado tras la reunión que mantuvo hoy con representantes de la Mesa de Enlace y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y sus respectivos equipos técnicos en el Palacio de Hacienda.

De esta manera, el funcionario informó a través de las redes sociales de la cartera de Bioeconomía sobre las “diferencias en el proyecto que se va a elevar el Congreso” a dichas entidades, “en el cual se aumenta la alícuota de los subproductos de la soja, como la harina y el aceite, para compensar en parte el costo que tendría reducir a cero los sectores mencionados”.

“Así estamos dando respuesta a una problemática que podía tener impacto en el trabajo en distintos lugares de nuestro país y poder sostener la competitividad de los mismos. Creemos que es un paso adelante respecto a la semana anterior”, concluyó Vilella.

Con información de Télam

JJD

En octubre, las exportaciones del complejo agroindustrial volvieron a caer: se contrajeron un 43,8% respecto del mismo período del 2022. Según el Consejo Agroindustrial Argentino, con un monto de 2.600,9 millones de dólares, los ingresos tuvieron una reducción interanual de 2.026 millones de dólares.

La caída de octubre acompaña una tendencia a la baja de todo el 2023. De hecho, en los primeros diez meses del año, en términos monetarios, las exportaciones retrocedieron un 34,6% en comparación con el mismo período del 2022. La sequía que afectó al campo a comienzos de año permite explicar en buena medida esa disminución.

Al observar las exportaciones de manera desagregada, la soja destaca como uno de los complejos más rezagados por las condiciones ambientales. Tuvo una merma interanual del 58,1% y una caída acumulada en los primeros diez meses del 2023 de 38,3%. Le sigue el maíz, cuyas exportaciones en términos monetarios retrocedieron un 40,6% interanual y un 31,9% acumulado.

Por su lado, los ingresos por cebada se contrajeron un 15,4% en octubre, mientras que, en el caso del trigo, se derrumbaron un 62,8%. A nivel interanual, las pérdidas son del 16,2% y 78,2%, respectivamente.

Además de los cultivos, las exportaciones derivadas de la producción ganadera tampoco tuvieron un buen desempeño. En particular, las exportaciones de carne y cuero vacuno retrocedieron un 32,2% en octubre y lleva una reducción acumulada ya del 21,4% ─equivalente a 2.602 millones de dólares.

El complejo pesquero fue uno de los pocos que creció en el décimo mes del año: subió un 17,1%. Sin embargo, cuenta con un saldo negativo acumulado del 4,4% en lo que va del 2023.

También aumentaron el mes pasado las exportaciones de maní (2,9%), de peras y manzanas (9,8%), de papa (2,8%), maíz pisingallo (2,5%) y alfalfa (17,2%).

ACM con información de agencias.

El presidente Alberto Fernández mostró preocupación sobre las alertas climáticas que vaticinan nuevas inundaciones en algunas zonas del país y destacó la asistencia de su administración al sector agropecuario. “Siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó, para todos”, dijo desde el Museo del Bicentenario en Casa Rosada.

En el marco de el cierre del 45° Consejo Federal Agropecuario, el mandatario se dedicó a repasar las acciones llevadas adelante durante su administración y a exponer sobre la necesidad de explorar alternativas para hacerle frente a la problemática del cambio climático.

“Hay un primer alerta que es la atención al cambio climático, a hacer lo que debemos hacer para recuperar racionalidad en el clima del mundo que es una forma de encontrarle perspectivas claras. Es un llamado de atención a todos”, alertó Fernández.

Además, el jefe de Estado lamentó el impacto negativo de la sequía para las economías regionales, al considerar que “muchas veces la política no ayuda” a resolver los problemas ambientales.

En sintonía con las tendencias climáticas expuestas por Pablo Mercuri, titular del INTA, el Presidente reveló que habló con sus ministros de Economía y Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Massa  y Juan Cabandié, respecto al temor que le genera la posibilidad de “una ola de inundaciones en Santa Fe y Corrientes, porque es lo que se pronostica”, por lo que les pidió anticiparse a las posibilidades. 

“No podemos repetir la experiencia, debemos trabajar para ver de qué modo mitigamos los efectos de las inundaciones”, afirmó el mandatario y aseveró: “Lo que puede ser una buena noticia para el agro, puede ser una noticia pésima para ciudades y habitantes”. 

Alejado de la campaña electoral de Unión por la Patria y con el foco puesto en la gestión, sentenció: “Reconozco que en mi Gobierno me ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos. Esperaba que la sequía fuera la última, pero parece ser que no, que ahora corremos el riesgo de que nos sobre agua”. 

“Que nos preocupa el tema agropecuario y lo ponemos en valor no debe caberle duda a nadie, Sergio (Massa) me mandó tres páginas de las cosas que hicimos para preservar al sector agropecuario”, manifestó Fernández. “Pero estamos en un tiempo difícil, y no lo quiero leer porque si lo leo, van a pensar que estoy pasando cuentas, pero quiero solo recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó, para todos”, agregó.

Junto a Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y autoridades provinciales del sector, el jefe de Estado planteó que “el agro y la industria van de la mano”, a lo que consideró que la Argentina “debe agregarle valor” a la producción para dejar atrás el extractivismo.

Por último lugar, recordó que durante la Cumbre de la CELAC y la Unión Europea, el bloque europeo reconoció que la Argentina tiene “el derecho de ser un país primerio e industrializar la producción”. “Ahora lo que podemos hacer es tratar esa ley que tanto luchamos en Congreso, la Ley Agroindustrial que allí quedó. Ojalá algún día alguien se de cuenta la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país”, cerró.

LC con información de agencia NA

La empresa agroindustrial Syngenta quedó imputada por contrabando calificado, a raíz de una denuncia penal realizada por la Aduana contra la multinacional, donde se la acusó de presuntas maniobras de triangulación de importaciones. La causa es tramitada por el Juzgado Federal de Campana.

En un comunicado, la Aduana indicó que “está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario -Syngenta Agro Uruguay S.A.- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza”.

De esta manera, la Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería a la Argentina. “La investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia”, sostuvieron desde el organismo.

En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, los cuales la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

“La Aduana está investigando operaciones por más de US$ 30 millones”, afirmó la DGA. Según explicaron en el escrito, la triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior.

La Dirección precisó que en lo que va de 2023, ya se analizaron 1.790 destinaciones de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay, valuadas en US$ 205.907.898, a pesar de haber sido fabricadas en otros países.

Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de US$ 100,3 millones, las cuales tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía uruguaya que realiza las refacturaciones. Las dos principales firmas con irregularidades son del sector de agroquímicos, concentrando el 27% del total de las operaciones.

Por otra parte, en la Aduana indicaron que “ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado 'adicional' en Uruguay. Por ello, queda claro que todas las transacciones investigadas fueron operaciones de refacturación”.

LC con información de agencia Télam

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó este domingo que convocará a la Mesa de Enlace “en los próximos días” para plantear un seguimiento del sector a lo largo del trimestre, región por región, para ver “el daño a los productores argentinos” por la sequía.

A partir de ese encuentro, indicó el titular de Hacienda en una entrevista con Infobae, realizarán un seguimiento “mirando los mapas satelitales de lluvias, mirando los mapas satelitales del INTA de humedad de suelo, y comparando caída de rentabilidad 2022 contra 2023”. Además aseguró que tomarán medidas para mejorar la competitividad de las economías regionales.

“Lo primero que hay que mirar es el daño a los productores argentinos”, remarcó Massa para señalar que en el caso del trigo las previsiones hablaban de una cosecha de entre 9 y 11 millones de toneladas “y el SISA, el informe final da 14,7 millones; si bien lo no es lo que la Argentina puede producir, no es tan dramático, ni en términos económicos, ni en términos de abastecimiento de mercado interno”.

Agregó que “en las harinas, en los farináceos, en los alimentos vinculados a cadena de valor del trigo tiene impacto”. “Respecto de la soja de segunda está claro que tenemos un problema de humedad de suelo en algunas regiones. Me gustaría seguir día a día el mapa de lluvias”, sumó.

Reiteró también la importancia del compromiso de empresarios, trabajadores y Estado en la meta de reducir la inflación y valoró la importancia de lograr acceso al crédito tanto para empresas como para consumidores.

El acuerdo con el FMI

Consultado sobre los dichos del expresidente Mauricio Macri para quien el Gobierno actual está dejando “bombas” que estallarán en la próxima gestión, Massa respondió que “la única bomba que tiene la economía argentina es la que representó el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una bomba que hay que administrar y que de alguna manera limitó la capacidad de crecimiento”.

“El gobierno anterior usó (el acuerdo con el FMI) para financiar la fuga de capitales y no para construir hospitales, puentes, para desarrollar la construcción, para desarrollo tecnológico. O sea, financiaron la salida de plata a cuentas en Estados Unidos o en otros países. Y la verdad es que eso es muy malo para nuestra economía”, recordó.

En ese sentido señaló que lo importante en cuanto a las “deudas que pasan de un gobierno a otro” es que “tengamos es la capacidad de ser serios, porque es el ahorro de la gente el que forma parte de la deuda pública, ya sea en bonos del Tesoro o en Leliqs, que no son ni más ni menos que lo que usted pone en el banco a plazo fijo transformado en un instrumento de ahorro del Banco Central”.

“Nosotros no metimos la cabeza en un pozo, sino que enfrentamos el problema de la deuda con el Fondo y tuvimos la capacidad de encauzarlo y de buscarle una solución para la economía argentina, porque el Estado es uno, no importa quién gobierna en ese momento, es la Argentina. Me parece que hay que tener en eso una visión de hombre de Estado y no una visión chiquitita de ver cómo se le traba a un gobierno el acceso al mercado de capitales sólo porque se quiere ganar una elección”, aseveró.

MB con información de agencia de noticias Télam

Sergio Massa está haciendo valer los lazos que tejió como presidente de la Cámara de Diputados, antes de ser ministro de Economía, para lograr que la oposición se siente a debatir los proyectos de leyes económicas que él busca aprobar, más allá de la tensión por el juicio político que Alberto Fernández impulsa contra los miembros de la Corte Suprema. Aún no está definido el paquete de iniciativas que enviará el Palacio de Hacienda para discutir en sesiones extraordinarias, junto con el proceso contra los magistrados, pero en el Frente de Todos (FdT) esperan que sean las referidas a la actualización de la legislación contra el lavado de activos -bajo presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)-, la de promoción de la agroindustria -que está haciendo su lobby a ambos lados de la grieta política- y tres que aún carecen de estado parlamentario, la de un nuevo blanqueo de capitales -para tentar a los evasores que ahora están en la mira por el acuerdo de intercambio automático de información tributaria con Estados Unidos- y las de incentivos y estabilidad fiscal para el arranque de dos sectores con potencial, el gas natural licuado (GNL, el que se exporta en barcos y que demanda la instalación de plantas en los puertos) y el de hidrógeno, uno de los dos combustibles del futuro junto con las baterías eléctricas.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirá este martes para debatir qué posición adoptará. Existen curiosas diferencias, quizás influidas por las leyes económicas que se tratarán, que interesan más al PRO, y por el mayor interés de la UCR por la defensa de la Corte. Es así que en el bloque de diputados del PRO, que conduce Cristian Ritondo, de buena relación con Massa, sostienen que “la idea es que no se mezclen los temas a tratar en el Congreso, lo del juicio político y lo de las medidas económicas, que cada cosa tenga su discusión”. Este grupo está integrado por 50 diputados. En cambio, en el bloque de la UCR, que encabeza Mario Negri, advierten que “por ahora no va a dar quórum la oposición mientras siga la embestida judicial contra la Corte y el Consejo de la Magistratura”, el órgano de selección y remoción de jueces. Son 33 legisladores. Habrá que ver si los demás opositores les siguen la corriente. En Evolución Radical, con 12 diputados y Rodrigo de Loredo al frente, guardan silencio. Lo mismo en la Coalición Cívica, con 11 diputados liderados por Juan Manuel López. En Encuentro Federal, que reúne a cuatro diputados, comparten la postura de la UCR. Su jefa, Margarita Stolbizer, comenta a elDiarioAR: “No discutiremos nada mientras se insista con el juicio político a la Corte”. Cuando se le pregunta si el FdT igual puede conseguir los 128 diputados necesarios para el quorum, ella contesta: “Solo si todos los otros bloques le dan el número. Aunque sería bastante pobre de legitimidad”. En la mesa nacional de JxC participan Mauricio Macri y presidentes, diputados y senadores de los partidos que integran la alianza.

En el FdT suman 118 diputados y necesitan 11 más para sesionar. En el oficialismo intentarán avanzar con su agenda y convencer a JxC de que las leyes económicas vayan por un camino paralelo al juicio político. Alegan que el Congreso no puede cerrar porque a la oposición no le gusta el proceso a los cortesanos. A ellos tampoco les agrada que desde agosto pasado se hayan presentaron ocho pedidos de destitución contra el Presidente. La principal alianza opositora ya bloqueó en diciembre el tratamiento de normas en el periodo extraordinario porque ya había estallado el conflicto por las comunicaciones privadas entre la oposición y la Justicia, pero todavía no con la Corte, por lo que Fernández todavía no había solicitado el juicio.

A los 116 diputados de JxC se sumaron el mes pasado los ocho del Interbloque Federal, donde están los tres peronistas que responden al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, el socialista Enrique Estévez y uno que va detrás de Roberto Lavagna, que navega entre dos aguas porque tiene ubicado a parte del equipo económico con Massa, incluido Marco Lavagna, Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein. Ahora se desconoce qué harán estos ocho. Aún deben debatirlo. Por lo pronto, los diputados cordobeses, liderados por Carlos Gutiérrez, alegan que “nada avanzará si persisten con el juicio a la Corte”. De todo modos, abren la incógnita de si realmente el Presidente insistirá contra las cortesanos o reculará, como con otras medidas polémicas: “¿Por qué Alberto no habrá enviado todavía el pedido? Uhmmm”.

El presidente del Interbloque Federal, el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, se muestra tajante ante elDiarioAR: “Primero, el Ejecutivo debería llamar a extraordinarias, incluyendo los proyectos económicos. Sean algunos ya existentes o, de ser el caso, algunos nuevos. Eso todavía no sucedió. Veremos qué decide el Ejecutivo; no doy nada por hecho antes de que suceda. De incluirse esos proyectos, al oficialismo le queda conseguir el quórum y los votos. El año pasado, el Gobierno envió 18 temas a extraordinarias. No logro que se trate ninguno. Hay un dato de contexto que no quiero pasar por alto: el ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que es posible reformar el Consejo de la Magistratura por decreto de necesidad y urgencia (DNU), a contramano de lo que establece el artículo 114 de la Constitución nacional. La portavoz del Gobierno nacional (Gabriela Cerruti) hizo como que rechazaba la afirmación de Soria, pero aseguró que, ”efectivamente, el mecanismo existe en la Constitución“. Nadie en el Gobierno desmintió ni hizo rectificar a Soria. Mientras el estilo y el método sean esos, será muy difícil que Massa apruebe sus leyes económicas. No habrá ningún motivo para diferenciar lo que algunos llaman las leyes de Massa de todo el resto”.

“Estamos a la espera del listado para extraordinarias, pero en algunos casos, por los trascendidos, son temas que se vienen trabajando en la cámara pero sin consenso hasta el momento”, observa Estévez. “Al margen de lo económico, el Congreso es un ámbito político y es muy difícil pensar en su funcionamiento separando temas económicos e institucionales, como lo es el juicio político a la Corte. En concreto, la suerte de esos proyectos dependerá del clima político, que no es bueno y viene trabando el funcionamiento de la cámara”, agregó el diputado santafesino.

Si a los 116 diputados del oficialismo, sólo se suman los de los partidos provinciales gobernantes (dos de Misiones, dos de Río Negro, uno de Neuquén) y un aliado de Santa Cruz, Felipe Álvarez, apenas llegarían a 121, un número insuficiente. En el bloque de Somos Río Negro, de Luis Di Giacomo, prometen apoyo: “Vamos a acompañar todo lo que envíe Massa que no afecte a Río Negro porque en 97 días hay elecciones a gobernador. Lo mismo le pasa a Rolando Figueroa, que es candidato a gobernador del Movimiento Popular Neuquino. Pero tenemos un vínculo muy estrecho con Sergio. El proyecto de hidrógeno es nuestro: se lo dimos a Massa, que lo hizo circular en Nación, presentó algunas modificaciones, pero básicamente es nuestro”. En Río Negro se proyecta el mayor emprendimiento de hidrógeno verde del país: allí la empresa australiana Fortescue, que tiene como representante al ex rugbier Agustín Pichot, planea instalar molinos eólicos para generar la energía que produzca la hidrólisis que separa el hidrógeno del oxígeno de las moléculas de agua de la costa atlántica. En diálogo con elDiarioAR, Di Giacomo lo explica: “En un principio apoyamos y estamos especialmente interesados en las que tienen que ver con energía, petróleo, gas e hidrogeno verde. Y de acuerdo con blanqueo”. Su provincia produce gas, más allá de la roca de Vaca Muerta, sobre todo presente en Neuquén, y no sin polémicas ambientales.

AR

Las empresas agroexportadoras liquidaron en agosto más de US$3.387 millones, un 5% por encima del nivel de julio y 11% más que en el mismo mes del año pasado.

Así lo informaron este jueves la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Según el reporte mensual de CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron durante el mes pasado un total de US$3.387.888.431 millones, el registro más alto para agosto de los últimos 20 años.

Así, el monto liquidado desde el 2 de enero último ascendió a US$25.696.907.401 millones y es el récord histórico desde que existen registros (un 10% por encima del último año).

Las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del Banco Central que entrega pesos a tipo de cambio oficial a los exportadores, para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional.

Las entidades señalaron además que la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los efectos “de una macroeconomía y mercado cambiario volátil”.

“Esto profundizó la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos aun en plena campaña gruesa y que está llevando a aplicar ceses de líneas de producción”, añadieron.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), seguido por el maíz (11%) y aceite de soja (6,9%).

Con información de NA.

IG

Energía, proteínas, minería y capital humano fueron los sectores productivos protagonistas del discurso de Sergio Massa en la primera conferencia de prensa como Ministro de Economía. Se trata de sectores con potencial para experimentar un fuerte despegue exportador en los próximos años, a los cuales se busca apuntalar en un contexto en el que Argentina precisa revertir la dirección del flujo de divisas en las arcas del BCRA y pasar de perder dólares todos los días a acumular reservas. Y hacerlo lo más rápido posible. De hecho al menos dos de los cuatro puntos presentados –“ordenamiento externo” y “fortalecimiento de las reservas” y, en gran medida, también el cuarto punto “desarrollo con inclusión social”– están relacionados con el gran desafío que enfrenta el país en materia de acumulación de divisas.

A modo de breve repaso, mencionamos al menos dos motivos que subyacen a la necesidad de hacerse de dólares genuinos que permitan engrosar las reservas internacionales en el corto plazo. En primer lugar el saldo positivo de la balanza de pagos es la condición sine qua non para que el crecimiento económico sea sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que por cada punto en el que crece el PBI, las importaciones de bienes y servicios lo hacen en un 2% ó 3%. En segundo término, un volumen más abultado de reservas contribuiría a disipar expectativas devaluatorias que inciden en el comportamiento preventivo de los agentes económicos, expresado en sobre stocks, no formalización de contratos, remarcación de precios y que contribuyen a alimentar la inercia inflacionaria. 

En este sentido, en el marco de la conferencia de prensa se anunció un esquema de adelanto de exportaciones para el campo y un régimen de promoción para agroindustria, minería, hidrocarburos y economía del conocimiento con beneficios para el crecimiento de exportaciones. Resta ahondar en mayores detalles sobre las medidas.

Ahora bien, ¿qué pueden aportar cada uno de estos sectores productivos? Por empezar, es necesario diferenciar aquellos con chances de mover el amperímetro en lo inmediato, de aquellos con posibilidades de protagonizar un cambio estructural y dar un salto exportador en los próximos años.

Dentro de los primeros ubicamos al sector agrícola. Que en las próximas semanas haya una afluencia de divisas provenientes de este sector tendrá que ver con un incentivo económico a la liquidación de granos ya cosechados en la campaña y no con un cambio positivo en la performance exportadora. Se debe tener en cuenta que el oleaginoso es el primer complejo exportador argentino y junto con el sector cerealero son responsables de más del 50% de las exportaciones nacionales. La fuerte dependencia que tiene la economía argentina sobre los dólares que ingresa este sector explica los esfuerzos que en las últimas semanas se dedicaron a generar un instrumento financiero que actué de incentivo económico para adelantar liquidaciones.

Entre los segundos, es decir, aquellos con potencial para experimentar una subida drástica de sus exportaciones en los próximos años ubicamos a la energía. Los hidrocarburos constituyen el sector con mayores posibilidades de convertirse en una nueva y gran plataforma exportadora argentina. En Vaca Muerta se encuentra el segundo yacimiento no convencional de gas del mundo y el cuarto de petróleo, a lo que podrían sumarse nuevos yacimientos off shore a descubrir en el Mar Argentino. En los próximos 10 años, este sector estará en condiciones de pasar de ser deficitario a ubicarse en segundo puesto en materia exportadora. Lograr el autoabastecimiento energético es clave para proyectar un modelo de desarrollo productivo, sobre todo en un contexto marcado por conflictos geopolíticos. Países europeos desarrollados como Alemania altamente dependientes de la provisión rusa están comenzando a sentir los efectos de la escalada de precio en su competitividad industrial y en la calidad de vida de su población a partir de las drásticas reducciones de consumo conocidas recientemente. 

Similares posibilidades plantea el desarrollo minero. Las exportaciones del sector tienen la potencialidad de triplicarse en los próximos diez años y llegaría a aportar US$10.000 millones anuales a través de sus ventas al exterior, sobre todo impulsado por el cobre y el litio. El cobre, tiene diversas aplicaciones industriales y tecnológicas y se utiliza tanto en el rubro de la construcción como en las más complejas fabricaciones de insumos electrónicos, como microprocesadores. El litio, mineral presente en grandes cantidades en los salares de Catamarca, Salta y Jujuy, es el mineral del futuro, clave para la transición energética ya que se utiliza para la fabricación de baterías. De cada 100 dólares vendidos por la minería 68 constituyen una generación neta de divisas para la economía argentina, según el trabajo del CEP XXI que estudia cuánto deja la minería en el país.

Además de generar divisas, el campo demanda bienes y servicios y provee insumos para múltiples actividades productivas con alto agregado de valor, impulsarlas podría contribuir a alcanzar una canasta exportadora más balanceada y a alcanzar otros objetivos como la generación de empleos de calidad. Aguas arriba, ejemplos de este último punto son el desarrollo de actividades industriales como la fabricación de maquinaria agrícola, insumos químicos como fertilizantes, insumos biotecnológicos, y servicios tecnológicos y satelitales a partir de la difusión del agro 4.0, entre otros. Continuar agregando valor a nuestras exportaciones aguas abajo, por ejemplo con el impulso de la actividad bovina y porcina es un desafío en un contexto global de mayor demanda de proteínas rojas, sobre todo ante el crecimiento demográfico mundial y el surgimiento de nuevas clases medias asiáticas. 

Por último, la economía del conocimiento, constituye un complejo exportador afianzado. Este sector, intensivo en capital humano, exporta más de US$6.000 millones anuales en servicios profesionales. En él se incluyen la mayor parte de las empresas argentinas consideradas unicornios –empresas que superan una valuación de mercado de US$1.000 millones– dedicadas a vender servicios de software aplicado al comercio electrónico, fintech y diseño digital principalmente.

En síntesis, Argentina tiene oportunidades en estos y otros sectores para superar en el corto plazo la situación de restricción externa que históricamente ha constituido el principal límite al crecimiento económico. Sostener en el tiempo la políticas para los sectores productivos competitivos y con potencial exportador, generando marcos regulatorios adecuados, creando mercados para los sectores emergentes y promover el agregado de valor y la actualización de los sectores tradicionales parece ser el camino.

CC

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció este sábado en defensa del sector agroindustrial para el que pidió que pueda producir “en libertad”.

Tras asistir a la inauguración de 134° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el Predio Ferial de Palermo, el dirigente de Juntos por el Cambio comentó en un hilo de Twitter: “La Argentina tiene la vaca atada, pero no en el sentido que todos conocemos. La vaca argentina está atada con sogas que tienen forma de cepo, de impuestos, de burocracia y, sobre todo, de agresiones permanentes de quienes gobiernan”.

“Y genera impotencia, porque tenemos recursos humanos y naturales de sobra para producir más, exportar más y generar trabajo. Pero no vamos a poder hacerlo mientras el gobierno siga maltratando al sector más competitivo del país”, añadió. “La agroindustria produce 2 de cada 3 dólares que entran al país y, en vez de potenciarla, se la combate. Soltemos la vaca. Dejemos que el sector más dinámico de nuestra economía produzca en libertad”.

Previamente, en su discurso inaugural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó este mediodía las retenciones a las exportaciones agropecuarias que aplicaron los gobiernos en los últimos 20 años y exigió “la total liberación de los mercados”, a la vez que reclamó mantener el rango ministerial al área de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CRM

Estamos en presencia de un nuevo ciclo ascendente de los precios de los commodities agrícolas, motivado por el calentamiento global y potenciado recientemente por la guerra en Ucrania. Sin duda, es una oportunidad para los países exportadores de alimentos como Argentina. Los impactos a mediano plazo del nuevo boom son todavía inciertos. Si nos guiamos por la experiencia reciente —el último auge de mediados de los 2000—, podemos esperar un crecimiento de los ingresos del sector y del Estado. Como contracara, por las características del modelo productivo actual, también se va a profundizar el deterioro del ambiente y de los ecosistemas. Las propuestas desde el progresismo ante esta situación priorizan la redistribución y la agenda socioambiental, y tienden a descuidar agendas como la generación de exportaciones y la transformación productiva del agro. Es necesario combinar o repensar estas agendas en un nuevo modelo de desarrollo que utilice parte de la rentabilidad de las exportaciones para financiar actividades de innovación y transformación productiva en el agro. 

Los altos precios de los alimentos encuentran a la agricultura argentina en una crisis en tres niveles: ambiental, productivo y comercial. La manera en la cual el país responda a las oportunidades del nuevo escenario global va a depender de cómo se resuelva dicha crisis. ¿Por qué decimos “crisis”? Sin dudas, el sector está mostrando buenos resultados en términos de rindes: la introducción del paquete tecnológico de semillas transgénicas resistentes a herbicidas generó un salto exponencial en la productividad. No obstante, también ha producido un severo daño ambiental: la intensificación en el uso de herbicidas de amplio espectro asociados al paquete tecnológico —la aplicación de plaguicidas por hectárea en Argentina es más del doble del promedio mundial, según la FAO— redujo drásticamente la diversidad biológica y multiplicó casos graves de afectación a la salud en poblaciones rurales. A su vez, el desplazamiento de la frontera agrícola aumentó la deforestación y la presión sobre los ecosistemas, traducido en una mayor frecuencia de inundaciones. 

Una segunda dimensión de la crisis es productiva. Incluso los promotores de la difusión del paquete tecnológico, como Aapresid, señalan hace unos años los síntomas de agotamiento del modelo productivo: las malezas resistentes a plaguicidas se han multiplicado. Los estudios muestran también un balance negativo de nutrientes y una degradación de los suelos, en parte por los bajos niveles de fertilización, con lo cual se ve amenazado el principal recurso: la tierra. Si incluimos la pérdida de valor que esto implica, el balance económico positivo del último boom se reduce sensiblemente.

La tercera dimensión de la crisis es comercial: las respuestas al cambio climático y los cambios en las dietas a nivel global aumentaron los requisitos necesarios para acceder a mercados. Las reglas de juego están cambiando: los exportadores de alimentos van a tener que ajustar sus formas de producción para no perder mercados con condiciones cada vez más exigentes sobre la huella de carbono. 

Ante este diagnóstico algunos sectores del progresismo plantean un rechazo sin matices del paquete tecnológico y una transición radical hacia la agricultura orgánica o agroecológica. Un problema de esta propuesta es que en la actualidad más del 50% de las exportaciones argentinas vienen de la producción de commodities agrícolas, de la cual depende además la actividad económica y el trabajo de millones de personas. Para no generar trastornos macroeconómicos ni poner en riesgo la fuente de ingresos de amplios sectores de la población, las transformaciones del modelo necesitan ser graduales. Además, la promoción de la exportación de commodities no es necesariamente contraria a la promoción de la agroecología. 

Desde versiones más liberales del progresismo se cae en la versión opuesta del mismo problema: se asocia a cualquier desarrollo tecnológico con el progreso y se sobreestima la capacidad que tiene el mercado para incentivar vía competencia el surgimiento de tecnologías más amigables con el ambiente. Sin duda los avances tecnológicos recientes tienen mucho potencial: insumos biológicos para reemplazar a los químicos, edición génica para la adaptación a la recurrencia de sequías y alimentos más saludables, agricultura de precisión para reducir el uso de herbicidas, entre otros. Pero el rumbo de la innovación de las empresas responde sobre todo a la necesidad de aumentar sus ingresos y eso muy pocas veces coincide con los desafíos sociales y ambientales. La desconfianza del progresismo liberal respecto a las regulaciones, el control y las sanciones estatales para proteger a los ecosistemas (por ejemplo a través de una mejor aplicación de una Ley de Bosques y la aprobación de una Ley de Humedales) es otra limitación para abordar esta agenda. 

Pero tal vez el mayor desafío del progresismo liberal es explicar cómo van a surgir los desarrollos tecnológicos necesarios, dada la concentración y extranjerización del mercado de insumos agrícolas en Argentina. Hoy cuatro firmas (Bayer, Corteva, BASF y ChemChina) poseen el 60% del mercado mundial de semillas y la mayoría de las patentes de eventos transgénicos y de las técnicas biotecnológicas asociadas al desarrollo de insumos, las cuales les permiten excluir a otros actores del proceso de innovación. Además, estas firmas mantienen sus actividades de I+D en sus casas matrices y desarrollan productos en función de sus negocios globales, y no de los problemas locales. 

Si Argentina quiere aprovechar este contexto para impulsar el desarrollo necesita una estrategia que vaya más allá de las opciones clásicas de liberalizar el sector o tomarlo solo como una fuente de recursos fiscales y divisas. Los desafíos del momento (ambientales, productivos, tecnológicos, comerciales, financieros) demandan un rol más activo y un liderazgo del Estado en el proceso de transformación, en articulación con empresas, científicos y actores de la  sociedad civil. Requieren que se usen de manera coordinada y en el marco de un plan estratégico instrumentos de  desarrollo productivo, de ciencia y técnica y de política comercial y regulatorios. Una propuesta: redirigir parte de la rentabilidad de las exportaciones de los commodities para financiar actividades de I+D e intentar aumentar la incidencia de empresas locales de biotecnología, agtech, maquinaria agrícola y de las instituciones públicas (INTA, CONICET, universidades) en las formas de producción. Para un gobierno de base popular, que históricamente excluyó al principal sector exportador de su base de apoyo, esta estrategia tiene dos ventajas adicionales: ampliar su base política incorporando actores vinculados al sector agrícola, y diversificar la estructura productiva promoviendo la formación de empresas locales en sectores dinámicos. 

Coordinador del Área de Recursos naturales de Fundar

“Algunos se enamoran de las retenciones, pero en este momento hay que discutir si esa es la mejor herramienta para seguir capturando dólares para poder sostener el crecimiento que imaginamos para este año y el que viene”, dijo esta semana la diputada –contadora de profesión– Victoria Tolosa Paz, e inauguró una vertiente más dentro del heterogéneo discurso del Frente de Todos sobre tema. Incluso ponderó a las “cuotas exportables” como una estrategia más apropiada en este escenario. 

El contexto internacional, que atiza la ya alta inflación que arrastra la Argentina, impone la obligación de buscar mecanismos para evitar que la escalada global de los alimentos impacte de lleno en la mesa de las familias. Algo que, de todos modos, ya está sucediendo. Solo en abril la harina de trigo aumentó 16,1% y el aceite de girasol, 13,5%, según datos del Indec.  

Dentro de la coalición oficialista conviven dos líneas argumentales sobre los motivos por los que no se avanzó hasta ahora con un aumento de las retenciones a la exportación de productos primarios. El presidente Alberto Fernández destacó públicamente esa medida como una “posible solución” al problema de la disparada de los alimentos –e incluso su portavoz agregó que se trata de una herramienta efectiva y rápida de instrumentar–, pero dijo que lo disuade de impulsarla el hecho de que la oposición la rechace. Se niega a ir hacia una derrota segura en el Congreso. 

Tanto su ministro de Economía, Martín Guzmán; como su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, opinan otra cosa. Creen que, en este contexto, las retenciones serían contraproducentes desde el punto de vista económico porque podrían generar una reducción del flujo de ingresos de dólares. 

En el Ministerio de Agricultura consideran que, incluso, las retenciones no generarían el efecto de baja de precio esperado y muestran proyecciones en las que el resultado final de una suba de este tributo –con el esfuerzo político que implicaría concretarla– apenas “bajaría $10 el precio del pan”. La llave para afectar el precio de las góndolas no está, para Domínguez, en el origen (el productor), sino en la cadena de comercialización, donde se puede intervenir con otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, los fideicomisos que articula la oficina de Comercio Interior, que tiene como flamante titular a Guillermo Hang. 

Retenciones, cupo, fideicomisos. ¿Qué de todo prefiere “el campo”? Para David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la opción de una suba de retenciones es “menos mala” que el establecimiento de cupos, porque es más “transparente”. “Sabés que lo que te retienen es el x por ciento, lo que baja en x por ciento el precio interno. El impacto del cupo es mucho menos claro y entra en juego el poder de negociación que cada jugador tiene para acceder a ese cupo”, explica. 

De todos modos, Miazzo señala que el efecto final en las cuentas solo se puede evaluar en un escenario concreto. Por ejemplo, contra la retención actual del 33% para la soja –que considera muy alta–, un cupo de exportación tendría un efecto “menos dañino”. Como ejemplo inverso, menciona que entre 2008 y 2015 los cupos de trigo y maíz generaron un impacto en los precios equivalentes a un derecho de exportación del 10%, por lo que eran preferibles a un porcentaje mayor de retenciones.

Si bien es diferente al mecanismo implementado por Cristina Fernández de Kirchner, desde diciembre de 2021 rige una medida similar a los cupos de exportación. El Gobierno define “volúmenes de equilibrio'' que rigen para el trigo y el maíz, destinados a garantizar el abastecimiento interno. También están vigentes restricciones a la exportación de los cortes de carne más consumidos por los argentinos y argentinas.

Alejandro Ciancaglini, que dirige un estudio de asesores tributarios para el negocio agropecuario ubicado en la ciudad bonaerense de Adolfo Gonzáles Chaves, opina que las retenciones tienen un impacto “regresivo” al interior del sector agropecuario. Frente a un aumento del impuesto, las grandes empresas exportadoras le trasladan el costo al productor ofreciéndole menos dinero por su cosecha. “El exportador siempre va a mantener su margen de ganancia y quien soporta la retención es el productor, sin distinción de si es grande o chico”, explica.

Sobre la disposición de cupos a la exportación, el tributarista considera que es una medida menos lucrativa para el Gobierno desde el punto de vista fiscal y que puede generar una afectación del mercado internacional. “Se cae en la posibilidad de incumplimiento y pérdida de mercado por conducta errática. Por ejemplo, si le estoy exportando a Brasil 10 millones de toneladas y le rebajo a 5 millones, Brasil no me va a comprar la próxima. El comercio internacional requiere previsibilidad y el mantenimiento de los mercados”, apunta. 

De avanzar con medidas de este tipo, la Argentina no sería una excepción en el mundo. En el último tiempo más de 20 países pusieron algún tipo de restricciones a la exportación de alimentos, según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés). De todos modos, Ciancaglini dice que la mayoría de los países están tomando esas decisiones por un tema de “volumen”: para garantizar que falte el alimento al interior de sus fronteras (por ejemplo en India, que cerró la exportación de trigo, hubo una ola de calor que afectó la cosecha). No es un esquema para regular el “precio”, aunque se espera que –por la ley más básica de la economía– la mayor oferta lo modere. 

Si el foco se pone en la cadena de comercialización, como proponen en Agricultura, aparece la herramienta de los fideicomisos cruzados. Con este mecanismo se captura parte de la ganancia de los exportadores y se vuelca a subsidiar a quien procesa y distribuye el producto en el mercado interno. Por ejemplo, a los molinos harineros que venden, entonces, la bolsa a un precio más barato a las panaderías y las fábricas. 

Ya rige un fideicomiso para el aceite de maíz y otro para la harina de trigo 000, que pese a que lleva meses de armado avanzó unos pocos casilleros en la instrumentación efectiva.  Para Ciancaglini, que asesora a productores de todos los tamaños, es la opción “menos mala de todas” y además tiene un “direccionamiento más preciso”, va directo a quien lo tiene que recibir. 

El gran punto es de dónde se obtienen los recursos para financiar ese fideicomiso. En el caso que existe para el trigo, esos fondos derivan de un aumento de dos puntos porcentuales de las retenciones a los subproductos de las soja. Es decir, que es un mecanismo no excluyente sino complementario respecto de las retenciones. Redistribuye lo que se capta con alguna otra herramienta o, llegado el caso, sale de las arcas del Gobierno. 

Pese a los pros y contras, hay sectores más duros del campo que no admiten ninguna intervención. “Ninguna herramienta de esas es buena”, dicen en la Sociedad Rural Argentina (SRA), “le ponen techo a la producción o la desincentivan mucho”. 

DT

El jueves pasado el Ministerio de Agricultura autorizó la comercialización en el país de la semilla y los productos derivados del trigo HB4, modificado genéticamente para ser más tolerante a la sequía. La autorización estaba pendiente –en calidad de “condicionada”– desde 2020, a la espera de que fuera avalado también por Brasil, el principal comprador del trigo argentino, lo que sucedió a fines del año pasado.  

El trigo HB4 fue desarrollado por la científica del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral Raquel Chan en asociación con la empresa Bioceres, que tiene entre sus accionistas a Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel. Incorpora un gen del girasol que le permite mejorar su rendimiento en condiciones de estrés hídrico y también fue autorizado en las últimas semanas por Australia, Nueva Zelanda y Colombia. 

En el caso de la soja HB4, que incorpora el mismo “evento de transformación genética”, fue aprobada hace dos semanas por China, el principal consumidor de soja en el mundo. Un trámite crucial para la Argentina que –del mismo modo que ocurrió con Brasil para el caso del trigo– esperaba que se destrabara esa gestión para hacer efectiva su autorización interna.

La aprobación de los transgénicos toma velocidad en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que, en suma, producen un tercio de la oferta mundial de trigo. Con los puertos bombardeados y las cosechas alteradas, los gobiernos buscan diversificar las fuentes de aprovisionamiento de alimentos. A esa circunstancia se suma la reciente prohibición impuesta para exportar este cereal en India, el segundo mayor productor de trigo, con el objetivo de garantizar el consumo de sus propios habitantes.

El presidente Alberto Fernández estuvo de gira en Europa la semana pasada y buscó ofrecer a la Argentina como proveedor de alimentos y energía. Según pudo saber este medio de fuentes del sector, los papeles para que el Viejo Continente habilite también los cultivos HB4 están presentados, pero hasta ahora no fueron aprobados. Esta demora no se explica por que sea una región más rigurosa que otras (de hecho Australia, de los países con protocolos más estrictos, habilitó el trigo HB4) ni porque tenga una reticencia especial a los transgénicos, sino porque suelen utilizarlo como una barrera para arancelaria que protege la producción nacional.  

“De hecho en este contexto España empezó a importar maíz que necesita para alimentar a sus animales sin mirar demasiado qué maíz, con autorizaciones de emergencia que flexibilizan los requisitos fitosanitarios vigentes”, graficó una fuente. 

Críticas de ambientalistas y productores 

Dentro del país, el trigo y la soja HB4 encuentran su principal resistencia en dos grupos muy distintos, incluso enfrentados entre ellos en algunos aspectos: sectores ambientalistas y los actores más tradicionales del campo. 

“Los productores agropecuarios recibimos con mucha preocupación la decisión del gobierno nacional que permite sembrar trigo HB4. Si bien estamos a favor de la tecnología, no tenemos certezas del impacto que puede tener en la comercialización del producto en los mercados externos”, escribió en sus redes Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Esta norma provoca un enorme riesgo comercial dado que todos los países que nos compran no aceptan”, completó en un comunicado el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En el evento A Todo Trigo 2022, que se realizó el jueves y el viernes pasado en Mar del Plata, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, respondió las críticas. “No soy un trastornado que toma gestos para comprometer el trigo argentino. Ayer mandamos todos los protocolos a China del evento genético [que ya está aprobado para el caso de la soja]. Estamos tomando todos los recaudos para tener toda la previsibilidad en los mercados asiáticos”, sostuvo. 

En los hechos, la aprobación no cambiará, al menos en el corto plazo, el escenario productivo. Actualmente solo produce trigo transgénico la empresa Bioceres, que en 2021 cultivó 55.000 hectáreas y planea mantener ese volumen este año. Esos granos HB4 son procesados por 13 empresas que elaboran productos para alimentación animal y de personas, que son comercializados en la Argentina y Brasil. 

Pese al alerta de algunos sectores ambientalistas, que en mayo del año pasado iniciaron una campaña contra Havanna por anunciar que comenzaría a producir alfajores con trigo modificado y forzaron a la empresa a volver sobre sus pasos, los argentinos y argentinas (y los brasileños y brasileñas) ya comemos, sin saberlo, trigo HB4. En el país no existe ninguna obligación de rotulado.

“Queremos llevarle tranquilidad a la cadena. No vamos a vender semillas HB4 por más que estemos autorizados porque queremos seguir produciendo bajo identidad preservada, controlando con rigurosidad. Seguimos esperando otras aprobaciones para liberarlo comercialmente”, explicaron en Bioceres a elDiarioAR. 

Entre los sectores ambientalistas que se oponen, el punto más sensible apunta contra los efectos nocivos que podría generar en la salud el mayor uso de productos fitosanitarios. Un informe del ingeniero agrónomo Fernando Frank para Acción por la Biodiversidad señala que se suele evitar mencionar “el otro transgén que contiene el trigo de Bioceres, que le otorga tolerancia al herbicida agrotóxico glufosinato de amonio”. El uso de este producto generaría efectos adversos no solo en las comunidades cercanas a los cultivos por su mayor presencia en “aire, aguas, suelos”, sino que, de acuerdo con este trabajo, podría dejar rastros en los alimentos. 

Es un argumento que la científica Chan buscó refutar en distintas entrevistas. Según su explicación, el gen resistente al glufosinato de amonio se introduce como “marcador de selección”, para poder identificar cuáles fueron las plantas que se transformaron; una vez terminado el proceso, se sabe que las plantas que son rociadas con este producto y sobreviven son las que incorporaron exitosamente el gen HB4. Si bien se usa el glufosinato, podría utilizarse cualquier otro herbicida de los que se usan en la agricultura.

También se cuestiona que, frente a la posibilidad de cultivar soja o trigo con menor necesidad de agua, esta tecnología impulse una expansión de la frontera agrícola, lo que podría traer aparejado desmontes y desplazamiento de comunidades. En la otra vereda, los defensores de la tecnología HB4 opinan que estas semillas permiten “mejorar el rinde donde ya se produce” o “plantar trigo donde solo se podía plantar soja”, pero no “cultivar en el desierto”. 

Argentina, tercero en el ranking de países con más cultivos transgénicos 

En la Argentina, esta tecnología no es una novedad. Los cultivos genéticamente modificados que se siembran a gran escala son soja, maíz y algodón y las características que se han incorporado son tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, o ambas características en la misma planta. Hace poco se comenzó a cultivar también alfalfa tolerante a herbicida y con menor contenido de lignina. A muy pequeña escala, se cultiva cártamo transgénico para producir quimosina (un insumo para la fabricación de quesos) y, dentro de poco, se cultivará papa resistente al virus PVY, según información oficial. 

En total hay 65 “eventos de transformación genética” aprobados en el país y solo el HB4 es un desarrollo íntegramente argentino. El primero en obtener luz verde fue la soja tolerante al glifosato, en 1996, desarrollado por la multinacional Nidera. 

En cada aprobación intervienen tres estructuras bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. La Coordinación de Innovación y Biotecnología (Conabia), que evalúa los posibles riesgos sobre los agroecosistemas; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que analiza los riesgos potenciales para la salud humana y animal derivados del consumo y la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que chequea la conveniencia de la comercialización del producto genéticamente modificado en el mercado mundial. 

Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, pos sus siglas en inglés) unos 17 millones de agricultores siembran cultivos genéticamente modificados en más de 190 millones de hectáreas, distribuidas en 29 países. Argentina es el tercer país del mundo con mayor superficie con cultivos transgénicos; se siembran todos los años unos 25 millones de hectáreas y, además, los productos elaborados a partir de estos cultivos se exportan a decenas de países, incluyendo a la Unión Europea, China, países del sudeste asiático, India, gran parte de los países de Latinoamérica y de Medio Oriente.

DT/MG

La bajante extraordinaria del río Paraná se extenderá durante los próximos meses al no avizorarse una normalización de las lluvias sobre su cuenca, por lo que las complicaciones logísticas para la exportación de granos y la afectación de las actividades agropecuarias ligadas al río continuarán hasta avanzado el invierno.

Según un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) respecto a la bajante del Paraná, “la perspectiva al 31 de mayo de 2022 no permite esperar un rápido retorno a la normalidad, con probabilidad de extenderse durante todo el otoño”.

“Los niveles en el río Paraná en territorio argentino, incluyendo el Delta, se mantendrán en aguas bajas durante el trimestre de interés (marzo, abril y mayo), con eventuales recuperaciones de corto plazo, pero en continuidad con el escenario iniciado en marzo de 2020”, acotó el INA.

Para mensurar la magnitud de la bajante, solo basta con observar la altura medida por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en los puertos de Rosario: los registros al 1° de abril mostraban una altura de 0,89 metros, mientras el promedio histórico para dicho mes es de 3,61 metros.

Incluso se verificó un agravamiento en la situación respecto al año pasado, ya que el 1° de abril de 2021, con la bajante extraordinaria en pleno desarrollo, la altura era de 1,86 metros en la ciudad santafesina.

En diálogo con Télam, el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pablo Mercuri, consideró imposible disociar la sequía persistente que atraviesa el litoral y noreste argentino, el sur de Brasil y Paraguay con la bajante extraordinaria del Paraná.

“Todo lo que ocurrió con la sequia histórica en Chaco, Corrientes y Formosa, por ejemplo, está en relación directa con lo que le sucede al Paraná”, ya que estas regiones integran parte de la cuenca del río.

Mercuri detalló que “la sequía está ocurriendo en los diferentes territorios de la cuenca. Hay cinco estados de Brasil que llevan más de dos años de emergencia por sequía, mientras que Paraguay también tuvo una sequía extrema. Todas esas lluvias en territorio escurren por arroyos y riachos hacia el Paraná y como la situación de falta de precipitaciones todavía no se revirtió en esos territorios, tampoco sucedió con la situación del río”.

A pesar del tiempo transcurrido no se prevé una mejora de la situación en el corto plazo, ya que “por el momento el efecto del evento La Niña continúa vigente, generando en toda la cuenca menores precipitaciones a las normales”, por lo que “esto hace que no se prevea una recuperación en el caudal”, indicó el especialista.

Los bajos niveles del río tienen dos impactos en lo económico. En lo que se refiere al agro: en primer lugar, en las actividades agropecuarias que están directamente ligadas y dependen del caudal del río, y por el otro, los inconvenientes logísticos que generan a la exportación de productos a través de la hidrovía, en especial de granos y derivados.

En el primer punto, Mercuri señaló que “la sequía afecto a todas las actividades de la región”, pero que la bajante del Paraná en particular “profundizo en muchas zonas el nivel de las napas asociadas”, afectando, por ejemplo, a la producción de arroz, que parte de su irrigación se hace a través de la toma de agua a profundidad, mientras que el 10% o 15% de las arroceras lo hacen del propio Paraná.

Otras de las actividades que se vio condicionada fue la ganadería de islas por la falta de pasturas, la pesca tanto artesanal como comercial, producciones regionales en la zona del Delta y, hasta inclusive, la producción de frutillas, entre tantas otras.

Por el lado de la logística, la baja en el caudal fluvial lleva a que se generen severas complicaciones y mayores costos en las exportaciones del sector agropecuario, en especial del granario, ya que por la hidrovía se despacha el 80% de la producción nacional.

“Nos preocupa mucho la bajante, que ahora esta dando señales de profundizarse en los próximos meses”, indicó a Télam el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

Idígoras subrayó que “esa profundización tiene impactos importantes en el ritmo de la logística y en los costos incrementales, que van desde el tipo de barcos que pueden ingresar al Paraná al aumento de costos para contratar esos buques, porque al ser los únicos son más caros”.

Hace ya varios meses que los navíos de carga que ingresan a los puertos rosarinos, por citar un ejemplo, o son más pequeños a los habituales o, se cargan con un menor volumen por cuestiones de calado.

“Estamos en un promedio de carga 30% menor a lo normal y eso genera necesidad de envíos a los puertos de Bahía Blanca y Quequén, con más de 800 kilómetros de logística terrestre cuyo costo tiene que soportar el exportador. O también está la posibilidad de la pérdida directa de exportaciones, ya que se terminan haciendo en Brasil”, explicó.

A esto hay que sumarle una mayor estadía de los barcos en los puertos, ya que su egreso e ingreso de las terminales lleva más tiempo.

Por último, Idígoras marcó que al sector le “preocupa mucho la precariedad que tiene hoy el dragado y balizado de la hidrovía, porque si bien la Administración General de Puertos (AGP) está haciendo los mayores esfuerzo técnicos, no le están dando las autorizaciones políticas para seguir avanzando en las licitaciones, por lo menos en las cortas”.

Juan Manuel Colombo de la agencia Télam

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que se está dando “un paso para ponerle fin a una disputa de años, entre el agro y la industria y la industria y la tecnología”, al anunciar el proyecto de ley del Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial.

Esta iniciativa significa “campo con más tecnología, más producción y la industria asociada al campo, para producir alimentos industrializados”, aseguró el Presidente al encabezar el acto de presentación del proyecto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Asimismo abogó por “terminar con el desencuentro” y advirtió que “algunos han usado la pandemia para dividir lo muy divididos que estábamos cuando llegamos en 2019”.

“Quiero que dejemos de lado a los cultores del 'no se puede' y que podamos construir entre todos, porque es hora, y porque la pandemia alguna enseñanza nos tiene que haber dejado de que podemos construir el país que nos merecemos”, enfatizó el mandatario desde la Casa Rosada.

Alberto Fernández destacó también que el proyecto de ley de “Fomento al Desarrollo Agroindustrial” es el “resultado de un trabajo que duró más de un año, donde participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos”.

“Es el resultado de escucharnos y buscar puntos de encuentro y ver cómo conciliamos intereses”, planteó el Presidente.

El Presidente convocó a los argentinos y argentinas a construir “la Argentina que queremos” y no a fomentar “la división para seguir parados en el mismo lugar”.

“Los convoco a decir sí, hagamos la Argentina que queremos”, dijo al encabezar el acto en el que fue precedido por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y estuvo acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

DA

Después de la derrota electoral, el Gobierno ha comenzado a dar un giro para reconciliarse con el campo y todo lo que ello representa en términos simbólicos. Primero, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció este martes la liberalización de casi todas las exportaciones de carne vacuna. Esta tarde, él invitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada para el acto en el que el presidente Alberto Fernández anunciará, después de una semana de silencio, un proyecto de ley que viene trabajando el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde hace más de un año y que consiste en el fomento impositivo de toda la cadena agroindustrial.

En un borrador que circula entre los despachos oficiales y del sector privado, se indica que la ley favorecerá nuevas inversiones de 24 subsectores agropecuarios y agroindustriales de todo el país, tanto a pymes como a grandes empresas. Se supone que lo hará cuidando el medio ambiente, aunque beneficiará a actividades cuestionadas por su contaminación y no sólo a la agroecología. Apunta a mejorar las exportaciones, pero con el declamado objetivo de “proteger el mercado interno” con “precios justos”.

En concreto, la iniciativa otorgará los siguientes beneficios impositivos a largo plazo, entre enero próximo y diciembre de 2030:

* Amortización acelerada del impuesto a las ganancias en tres años, en lugar de diez años o más, de acuerdo con el tipo de inversión de cada sector del agro. Por ejemplo, para la olivicultura es 40 años.

* Devolución del IVA inversiones en un año, cuando hasta ahora ocurre en cuatro años promedio. Esto favorece a frigoríficos, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado y de tratamiento de frutas, entre otros establecimientos.

* Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, podrán computarse los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esto beneficia a la producción de carne porcina, entre otras.

* Beneficios para la ganadería al mejorar la valuación de hacienda vacuna en Ganancias: los ganaderos podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde, siempre y cuando el peso promedio sea igual o superior a los 400 kilos del animal vivo o con ejemplares con un rendimiento en playa de faena de 225 kilos de res con hueso en gancho. Dejarán de pagar Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos. El Gobierno prevé que así se incrementaría la cantidad de carne para consumo en más de 60.000 toneladas anuales. Los beneficios promocionales alcanzarán a los ganaderos que obtengan respecto del promedio de los tres últimos ejercicios fiscales aumentos en los porcentajes de destetes de terneros o alzas del peso promedio de los animales enviados a faena. La Argentina está detenida desde hace 20 años en sus porcentajes de destetes, lo que afecta la cantidad de carne en el mercado.

* Se incentivará el uso de semilla fiscalizada de especies “autógamas” (modo de reproducción a partir de la misma planta) de producción nacional y se estimulará la producción “sustentable” con fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. Se otorgará un certificado de crédito fiscal intransferible de hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles de Ganancias por adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas.

Para acogerse al plan, se habilitará una Ventanilla Única Digital. El Estado controlará que se cumplan algunas de las siguientes obligaciones para acceder a las ventajas impositivas: aumentos de ventas, de producción física, de exportaciones en términos físicos, de personal ocupado y de inversiones realizadas.

El Gobierno aspira a que en los próximos cinco años la amortización acelerada incentive proyectos inversores por US$ 4.300 millones, que la promoción de insumos eleve las exportaciones en US$ 6.140 millones y el empleo en 167.000 puestos de trabajo (en especial, en cadenas como las de la soja, el trigo, el maíz y el girasol), que las economías regionales incrementen sus ventas externas en US$ 1.145 millones (sobre todo en limones, arroz, legumbres, actividad forestal, algodón, arándanos, cítricos dulces, huevos, peras y manzanas) y contraten a 89.000 personas más (con hincapié en arándanos, limón, yerba, dulces críticos, nutrición animal, algodón, huevos y olivos) y que los alicientes a la invernada (engorde del ganado) alcancen los US$ 1.000 millones. Habrá que ver qué de todo esto se concreta.

Por lo pronto, el proyecto comenzó por iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una entidad que nació en 2020 con el objetivo de tender puentes con el Gobierno y que agrupa a decenas de cámaras del sector, incluida las cuatro de la Mesa de Enlace. Detrás de la CAA hay referentes de peso como el dueño de Aceitera General Deheza y ex senador cordobés, Roberto Urquía, y negociadores como Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), y José Martins, de la Bolsa de Cereales. La CAA tuvo el buen tino de arrancar su estrategia el año pasado visitando nada menos que a Cristina Kirchner, que les dio su beneplácito. A partir de entonces negociaron con diferentes actores del Gobierno y consiguieron el apoyo de Guzmán, pero no fue hasta que el peronismo perdió en casi todo el interior que Juan Manzur llegó a la Jefatura de Gabinete y Domínguez a Agricultura para que en tándem terminaran de consolidar la iniciativa. Ahora será el Congreso el que deba aprobarla.

AR