El debate por el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario de tensión y fuertes cruces entre los bloques de Unión por la Patria (UP) y el PRO. El momento más álgido se dio cuando la diputada de UP, Lorena Pokoik, pidió apartarse del reglamento para proponer la creación de una comisión investigadora sobre las denuncias contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO. La legisladora basó su solicitud en una revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, que vinculó a Ritondo con sociedades offshore y propiedades no declaradas a través de su esposa, Romina Diago.

Durante su intervención, Pokoik fue contundente: “No es contra Ritondo en términos personales. Si no tiene nada que ocultar, debería ser el primero en querer que se lo investigue”, metió el dedo en la llaga la legisladora. Además, cargó contra Javier Milei al señalar que “prometió que iba a ir contra la casta y fue el primero en salir a defender a Cristian Ritondo”. La diputada también cuestionó lo que consideró una “doble vara” de los impulsores de Ficha Limpia: “Dicen ser los paladines de la transparencia, pero nunca están dispuestos a rendir cuentas de cómo se enriquecieron. Son una vergüenza”.

En el bloque PRO las palabras de Pokoik generaron una fuerte reacción. Silvana Giudici calificó el pedido de investigación como un “intento lastimoso de pudrir la sesión”. En tono desafiante, agregó: “Si quieren, voy a proponer que estén en tratamiento las 152 causas por las que están denunciados los miembros del bloque de UP y sus dirigentes”. Ritondo, desde su banca, también respondió: “152 denuncias tienen los diputados de tu bloque”.

La situación escaló a tal punto que el presidente de la Cámara, Martín Menem, intervino para intentar calmar los ánimos. “La llamo al orden, Penacca. Le está faltando el respeto a toda la Argentina y a este recinto”, dijo el dirigente libertario, dirigiéndose a otra diputada de UP.

Quien también intervino fue Alejandro Finocchiaro. El diputado defendió a Ritondo y al bloque PRO: “Quieren que la sesión se caiga. El presidente de mi bloque ha dado las explicaciones pertinentes y las va a dar. Lo más gracioso, si no fuese trágico, es que se está hablando de una denuncia mediática; [Ritondo] no ha sido requerido”. Y remató con una frase despectiva dirigida al bloque de UP: “La monada está excitada. Dejemos que salten, canten, bailen, hagan sus monerías; y luego los que queremos ficha limpia votemos”.

La investigación

El foco de la discusión se centró en la reciente investigación de elDiarioAR, publicada el 8 de diciembre, que reveló un entramado de sociedades offshore vinculadas a Romina Diago, esposa de Ritondo, y propiedades en Estados Unidos valuadas en 2,6 millones de dólares.

Estas propiedades, según la investigación, no figuran en las declaraciones juradas del diputado. Además, señala que Ritondo también aparece mencionado en los Pandora Papers, una filtración internacional que expone la utilización de estructuras financieras opacas.

Diago, abogada de profesión, trabajó en varias dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la Auditoría General y el Instituto Superior de Seguridad Pública. Las sociedades offshore a su nombre están registradas en las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos, y gestionan propiedades en Miami. La investigación fue realizada por la Unidad de Investigación de elDiarioAR junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

A mediados de enero, en una rueda de prensa realizada en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, Ritondo habló por primera vez del tema y negó todas las acusaciones. “La Justicia todavía no me pidió nada; cuando me requiera, ahí estaré y presentaré todo lo que tenga que presentar. Tengo todo en regla, tanto mi patrimonio personal como el de mi empresa”, aseguró. También destacó el respaldo del presidente Javier Milei, quien lo calificó como un aliado clave: “Hoy está siendo víctima de operaciones justamente por ayudarnos y colaborar”, había dicho Milei, en un gesto que contrastó con la postura que tomó Mauricio Macri.

El patrimonio de Ritondo también fue objeto de escrutinio. De acuerdo con un ranking elaborado por Chequeado, es el diputado más rico de Argentina. En 2023 declaró un total de 1.541 millones de pesos, lo que representó un incremento del 1.709% respecto al año anterior. Su fortuna incluye participaciones en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA, pero no menciona ninguna de las propiedades ni sociedades vinculadas a su esposa.

PL/MC

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició este lunes un expediente contra Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI). El funcionario que debe controlar la evasión impositiva compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La PIA, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, tiene la potestad de iniciar una investigación de oficio y luego presentarla ante la Justicia para iniciar un expediente penal. Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore pero la información revelada este lunes demostró un entramado distinto y desconocido.

El funcionario compró a través de sociedades en el exterior tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones. Vázquez fue recientemente promovido como jefe de la DGI pero es funcionario del organismo desde hace décadas. 

La investigación reveló que Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Quién es Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

La trama offshore

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta investigación periodística. 

Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, ahora difundida por el CLIP. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

MC

Elisa Carrió denunció al diputado del PRO Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. La presentación de quien fue socia del macrismo en Cambiemos se basó en la investigación publicada por este medio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre el entramado de sociedades offshore vinculado a la esposa del jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Romina Diago. 

En un escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, Carrió planteó el jueves 12 de diciembre pasado que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. Además, solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, su actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, así como el monto de adquisición de bienes inmuebles. 

Mónica Frade amplió la presentación

Tras la denuncia de Carrió, Mónica Frade, diputada y aliada de la líder de la Coalición Cívica (CC) realizó una segunda presentación en la que amplió la información sobre el patrimonio de Ritondo, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR. 

Frade enumeró una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo y datos obtenidos de una investigación propia de la diputada. Al finalizar su presentación solicitó que se inicie la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la espada de Mauricio Macri en Diputados.

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero, según publica el diario La Nación.

Para Frade, “claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, remarcó la legisladora.

Asimismo, asegura que Ritondo posee las firmas Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.

Este miércoles, en declaraciones a Radio con Vos, Frade sostuvo que Lilita Carrió “es una olfateadora nata respecto a temas de corrupción y nosotros seguimos sus enseñanzas. El funcionario Cristina Ritondo ha sido materia recurrente para la Coalición Cívica, sobre todo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. Tuvimos algunas objeciones y alguna información que le hacíamos llegar a la entonces gobernadora (María Eugenia Vidal) porque nos preocupaba”.

De acuerdo a Frade, “en la ampliación sobre las posibles inconsistencias de las últimas tres declaraciones patrimoniales de Ritondo, pusimos el ojo en la conversión de 133 mil dólaresde una supuesta herencia. Tomó el valor del dólar a un número muy inferior, lo que serviría para justificar dólares que no estaban registrados”, explicó, al tiempo que agregó: “La empresa madre es Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada con su padre en el 2000. Adquirió numerosos rodados de alta gama en el 2024, unos diez autos de alta gama”, detalló.

Los autos en cuestión que se compraron desde 2004, según el escrito presentado por Frade, son dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Antecedentes

El trabajo periodístico reveló que Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. Ritondo, referente central de Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. 

El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, se presentó este martes a ratificar su presentación ante la fiscalía, por lo que Taiano ya está en condiciones de decidir si abre una investigación penal.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez rechazó esa posibilidad.

Estas son cinco claves para entender el caso de las sociedades y propiedades en el extranjero.

Las preguntas sin responder

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

ED/MC

La investigación sobre el entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Estados Unidos, vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, dejó en evidencia la necesidad de dar transparencia a los patrimonios de los cónyuges de funcionarios y legisladores. Las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latioamericano de Investigación Periodística (CLIP) aún no han sido aclaradas por Ritondo y Diago, quienes fueron consultados antes de la publicación y declinaron responder.

Diago figura en documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers, a las que accedió el equipo periodístico como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La documentación se encontraba en poder de un estudio jurídico de Panamá que fue uno de los blancos de la filtración, OMC.

Además, la UDI de elDiarioAR y CLIP consultaron los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida, Estados Unidos, de donde también surgen documentos públicos que conectan a Diago con más sociedades y propiedades. Pese a esa información, son varias las preguntas que aún quedan por responder por los involucrados en la trama.

Quedan tres puntos por conocer: 

La UDI de elDiarioAR consultó a tres expertas para intentar adelantar respuestas.

Cadena de favores

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

El caso demuestra que en Argentina los obstáculos legales para conocer el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios públicos es una discusión que dejó de darse hace años pero nunca debió abandonarse. ¿Por qué no podemos conocer los bienes de los cónyuges de los y las funcionarias?

La participación en empresas, las propiedades muebles e inmuebles de los cónyuges y de los hijos no emancipados, tanto en el país como en el exterior, era información pública hasta las declaraciones juradas de 2012. 

En 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner motorizó cambios en la Ley de Ética Pública, logrando una modificación esencial, entre otras: el patrimonio de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados ya no serían de carácter público, como era hasta 2012.

Gracias a aquella modificación votada por el Congreso, el patrimonio de la esposa de Ritondo permanece resguardado en un legajo reservado al que ahora sólo se podrá acceder por una orden del juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que interviene en el expediente contra el diputado y su pareja.

“Las declaraciones juradas deben servir para identificar evoluciones patrimoniales incompatibles con los ingresos de la función pública y de conflictos de intereses”, explicó a elDiarioAR Clara Lucarella, coordinadora del programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Aquella reforma implicó un retroceso en la transparencia. Excluir esta información impide que la ciudadanía pueda llevar adelante un adecuado control de los actos de gobiernos y la prevención de la corrupción”, afirmó la abogada.

Un fallo sin efecto 

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró que este punto de la reforma de la ley es inconstitucional, luego de un planteo de la organización Poder Ciudadano. Sin embargo, no ha habido una modificación normativa que refleje esta decisión, explicó Lucarella. 

Germán Emanuele, abogado de Poder Ciudadano y coordinador del servicio jurídico gratuito de la organización, sostuvo ante la consulta de este medio que la declaración de inconstitucionalidad de 2018 quedó en la nada. “La excusa de la Oficina Anticorrupción para no cumplir el fallo era que no podían dar a conocer los anexos reservados de las declaraciones juradas si la ley seguía en vigencia”, aseguró. Entonces, gobernaba Mauricio Macri y la OA estaba al mando de Laura Alonso. 

“Con el cambio de gobierno en 2020 recibimos una nota de la Oficina Anticorrupción en la que nos invitaban a participar de una mesa de trabajo que tenía como fin cumplir con la sentencia de 2018. Debíamos pensar una nueva normativa”, explicó Emanuele. Un mes más tarde, llegó la pandemia del Covid-19 y todo volvió a truncarse. “La OA presentó un proyecto en el Congreso y quedó ahí, no se discutió más”.

Casados con hijos

Si Diago y Ritondo están casados, ¿los bienes adquiridos por Diago en el exterior son bienes conyugales? ¿Debería Ritondo haber declarado el 50% de esos bienes en sus declaraciones juradas públicas, por ejemplo, cuando era legislador porteño, entre 2013 y 2015?

“Todos los bienes que uno recibe a título oneroso, es decir que no son por donación o herencia, son bienes gananciales, no importa que la titularidad sea de ella”, explicó Marisa Herrera, investigadora del Conicet, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Diago declaró ante el estudio OMC que al menos en el caso de una inversión inmobiliaria de US$650.000, los fondos provenían de su trabajo como abogada. Es decir que para la ley argentina, son bienes conyugales.

Esto determina, explicó Herrera, que si Diago se divorcia de Ritondo, el diputado tiene derecho al 50% de los bienes que ella tenga a su nombre tanto en el país como en el exterior. “Ella es la titular pero él tiene un derecho en expectativa por ser bienes gananciales, que se actualiza o se hace valer cuando se disuelva la comunidad” del matrimonio, agregó la experta. Esto se aplica de esta manera tanto en el viejo como el nuevo Código Civil.

Beneficiaria final

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o ARCA? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

En los documentos revelados, Diago aparece como member o integrante de la sociedad de Florida: Bonita Holdings 39. Esta compañía es a su vez accionista de otra sociedad: Ilustre LLC (radicada en Delaware). Ilustre aparece hasta 2021 como la titular de un departamento en Hallandale Beach, Florida.

Además, en otro documento confidencial de Pandora Papers, Diago figura como beneficiaria final de Sunstar Point Ltd, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Así consta en documentos de OMC de 2014 y 2018. Esta compañía también figuraba como titular de un inmueble en Florida.

¿Qué es un beneficiario final? Es quien ejerce el control efectivo de una sociedad sin la necesidad de ser accionista. En inglés la figura se denomina “beneficial owner” o “dueño beneficiario”, y cumple el mismo rol: es quien controla la estructura y se beneficia de los bienes de la compañía.

Argentina sancionó en marzo de 2024 una ley que crea un Registro Público de Beneficiarios Finales en cabeza de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes AFIP. 

¿Quiénes están obligados a informar a ARCA si son beneficiarios finales de una sociedad? De acuerdo con la ley, todas aquellas personas residentes en el país aunque las sociedades estén radicadas en el extranjero. Lo mismo sucede con la participación en fideicomisos en Argentina o en el extranjero. Eso obliga a Diago a declarar su participación en Sunstar Point ante las autoridades argentinas, en caso de que siga siéndolo o lo haya sido en los últimos años.

¿Quiénes pueden acceder a este registro? “La norma señala que existirán distintos grados de acceso a este registro para los diferentes organismos públicos y particulares que requieran esa información y que no habrá secreto fiscal oponible en relación con la información del Registro y sobre los accesos otorgados”, explicó Maria Eugenia Marano, abogada integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). 

Sin embargo, aclaró Marano, el registro no es de acceso público por fuera de determinados organismos de control. La publicidad total del Registro Público de Beneficiarios Finales es uno de los debates que organizaciones de la sociedad civil como Fundación SES –miembro de la red Latindadd– vienen dando desde hace años en el país. 

“La ley dejó en cabeza de ARCA la reglamentación del acceso a dicho registro y lejos de convertirse en una herramienta ágil y eficiente para las investigaciones, lo transformó en otro burocrático registro, donde el acceso es limitado a determinados funcionarios de los diferentes poderes habilitados”, afirmó Marano.

“El caso que nos ocupa visibiliza a la perfección como a través de múltiples entramados multijurisdiccionales y artilugios jurídicos, el uso abusivo de las cáscaras empresarias logró ocultar a quienes buscan pasar desapercibidos ante el Estado, ya sea para no pagar sus impuestos, lavar dinero o bien para ocultar sus bienes a otras personas”, sostuvo Marano. 

A más de una semana de la revelación sobre las sociedades y sus patrimonios en Estados Unidos, Ritondo y Diagosin responder esos detalles.

ED/MC

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. 

Este funcionario recientemente promovido como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que tiene la obligación de controlar que todos los argentinos paguen sus impuestos, administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. 

La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

Dos inspectoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en ese momento el máximo organismo recaudador, se encontraron en 2007 con una sorpresa durante una revisión al casino de Buenos Aires, propiedad de un empresario amigo de Néstor Kirchner. Cuando las funcionarias fueron a requerir la documentación del casino se encontraron con Vázquez, su propio compañero. Él las acompañó por las oficinas, pidió los datos, esperó que las atendieran y las llevó hacia la salida, según reveló el diario La Nación de Argentina. Esa intervención le costó un sumario interno.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta alianza periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Vázquez maneja una red offshore desde una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), que controla otras dos compañías de papel montadas en Panamá

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

DTC

Tres de las offshores y sociedades ocultas a nombre de la esposa de Cristian Ritondo se llaman Sunstar Point, Ilustre y Goformore. Traducida al castellano, esta última significa “Vamos por más”, homónima del bloque del PRO en la Legislatura porteña. Los Ritondo confiaron en Islas Vírgenes para ocultar sus propiedades miamenses, al igual que Daniel Muñoz, fallecido secretario de los Kirchner, y su esposa, Carolina Pochetti. En ese minúsculo territorio de ultramar británico, los Muñoz montaron Black Gold y Old Wolf, con las que, casualmente, camuflaron departamentos en Miami.

Panamá y otros paraísos fiscales del Caribe son tan familiares como Barrio Parque para el apellido Macri. Por ejemplo, Franco, Mauricio y Mariano anotaron a Fleg Trading en Bahamas, mientras Alicia Blanco Villegas, exesposa de Franco y madre del expresidente, inscribió en Islas Vírgenes a Reata Pacific, controlada por el fideicomiso Quiñel Trust, alojado en el microestado europeo de Liechtenstein.

Gianfranco Macri, otro de los hijos de Franco y Blanco Villegas, y beneficiario final de Quiñel, tenía a su nombre la empresa fantasma BF Corporation, radicada en Panamá con cuentas en Alemania, que fue finalmente desmontada para legalizar los fondos gracias al blanqueo organizado por su hermano Mauricio, en 2016. La preferencia de Gianfranco por las plazas europeas se vio reflejada por la conformación de Lares Corporation en Luxemburgo, especialmente creada para el hiperlucrativo negocio de los parques eólicos. Mariano Macri, el hermano enemistado, tuvo su propio emprendimiento offshore, TNB Investments, anclado en Belice. Jorge Macri, el primo de Gianfranco, Mauricio y Mariano, eligió Florida para constituir una LLC con inversiones en Miami.

En suma, las firmas offshore de los Macri son decenas. Muchas de ellas estaban en desuso, como quien compra mamushkas de adorno y las deja hibernar en el armario.

Belice también atrajo a la familia de Lázaro Báez, el amigo y socio de Néstor Kirchner. Allí apostilló Teegan Inc. En Panamá, los Báez anotaron Marketing & Logistics Management y Cono Sur Properties and Real State Corp, entre varias firmas con terminales en Suiza.

Las firmas offshore de los Macri son decenas. Muchas de ellas estaban en desuso, como quien compra mamushkas de adorno y las deja hibernar en el armario

En cambio, Edgardo Cenzón, histórico recaudador de fondos del PRO, fue accionista del fondo Global Multi-Strategy, registrado en Bermudas, y administró la empresa NuVerse, anclada en el estado de Delaware, EE.UU..

Norberto, Alicia y Karina Milei utilizaron un esquema similar al de Jorge Macri para la compraventa de departamentos de lujo en Miami. Crearon una LLC en Florida, a la que denominaron Alkary Investments, que a su vez fue controlante de otros sellos.

Ralsen Properties, Menfield Holdings, Berclair y Nustal Enterprises fueron las cuatro empresas que Zulemita Menem inscribió en Islas Vírgenes, plaza considerada por la ONG británica Tax Justice Network como una de las más opacas entre los paraísos fiscales.

Las offshores conocidas de Antonio y Fernando “Aito” de la Rúa, hijos del expresidente radical, fueron Furia Investments Holdings y Bonds Cay Development, ambas en Bahamas.

La evasión al poder

El Gobierno de Mauricio Macri aportó la novedad de coronar a cierto funcionariado que entendía la evasión fiscal como un derecho humano para resistir “la voracidad estatal”. Se trata de un viejo precepto liberal argentino que los funcionarios de esa alcurnia no repetían en público por pudor. El límite de lo decible cambió.

“La decisión de muchos ahorristas argentinos, en años recientes, de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más estables termina siendo una decisión, en nuestro contexto, entendible. Una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico”, llegó a afirmar en 2016 el entonces titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, en un seminario en la Universidad de Belgrano.

Federici —él mismo, inversor en la offshore Castlerigg International, anotada en Islas Vírgenes— y su segunda, María Eugenia Talerico, desembarcaron en la función pública antilavado gracias a su currículum como asesores del mundo corporativo. Terminada la experiencia de Federici y Talerico en el Estado, en la que su legado más sonoro fue exonerar a la cúpula del HSBC pese a no haber reportado movimientos bancarios sospechosos del narco Henry de Jesús López Londoño, “Mi Sangre”, los dos expertos retornaron a sus servicios profesionales en el sector privado.

La anuencia con la evasión para resistir la pretensión recaudatoria del Estado explicitada por funcionarios del Gobierno de Macri se tradujo ocho años después en la elección de un propagandista de la economía en negro como Presidente.

Para Javier Milei, los empresarios que envían su dinero al exterior son “héroes”, no como los jubilados-casta, verdaderos succionadores del presupuesto estatal que ganan $400.000 y recibían medicamentos gratis hasta hace poco. No hay por qué pensar que Milei, quien cobraba US$25.000 cada charla de una hora ante inversores y declaró un patrimonio por un valor total de US$125.000, haya utilizado instrumentos offshore para esconder su fortuna como consultor. Y si lo hizo, fue un héroe.

La cosmovisión de Milei queda explicada por la designación días atrás de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Cercano al ministro Luis Caputo, Pazo fue encargado de comunicación institucional de la UIF durante la gestión de Federici y Talerico entre 2016 y 2017. Pazo figura como secretario de varias filiales offshore de Rapsodia, la marca de indumentaria de mujer creada por Francisco de Narváez y socias en 1999.

Según documentos publicados por el diputado kirchnerista Rodolfo Taihlade, en 2010, Pazo y su esposa, Josefina Helguera Zuberbuhler, conformaron una LLC en Florida, Harbour House 1533, para adquirir propiedades en Miami. Una de ellas fue vendida en 2013, por US$580.000, a Goformore, la firma de la esposa de Ritondo. La participación de Pazo en Harbour House no habría sido declarada en las presentaciones juradas que deben hacer los funcionarios públicos, por lo que Taihlade lo denunció penalmente por presunta “omisión maliciosa”.

Un signo político

El dato es elocuente. Desde Menem en adelante, todos los presidentes electos por voto popular tuvieron cuentas o empresas offshore a nombre de ellos mismos, allegados de máxima confianza o herederos. La lista de propietarios de offshores incluye, por supuesto, a grandes empresarios, que no suelen salir a la luz, no sólo por su capacidad de condicionar la publicación mediante su peso económico, sino porque entre los hombres de negocios con firmas en paraísos fiscales se encuentran los Saguier, accionistas principales de La Nación, y Héctor Magnetto y José Antonio Aranda, de Clarín.

Una característica habitual de las offshores de argentinos ha sido su creación a través de estudios jurídicos de Uruguay y Panamá. Un enjambre de sellos que se superponen cuenta con directivos prestanombres que distraen la atención de los verdaderos propietarios. La creación de una sociedad en Panamá o Islas Vírgenes no significa que los depósitos se asienten allí. Suiza, Luxemburgo o Estados Unidos brindan más seguridad jurídica para alojar el dinero.

Semejante galimatías requiere de estudios contables y jurídicos que actúan en connivencia con funcionarios públicos y se valen de legislaciones nacionales creadas ad hoc. El pacto de silencio se quiebra cada tanto gracias al trabajo metódico de periodistas como Emilia Delfino en elDiarioAR, grandes filtraciones canalizadas por consorcios internacionales de investigadores, algún delator y, rara vez, la acción de jueces y fiscales federales.

El vandalismo de José López y Edgardo Kueider acota la posibilidad de la doble vara

El sistema político argentino navega con comodidad entre offshores, pero se alborota cuando un exsecretario de Obras Públicas como José López trata de esconder de madrugada unos US$ 9 millones en un convento, o un senador cooptado por los hermanos Milei, Edgardo Kueider, intenta traficar US$ 211.000 hacia Paraguay.

El vandalismo de ambas acciones —López y Kueider— acota la posibilidad de la doble vara. Por norma, los cristinistas hablan de las empresas y cuentas fantasma de los Macri, pero omiten decir una palabra sobre Báez y el secretario Muñoz, y los macristas, radicales y ultras, a la inversa. Como Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, cada uno a su modo, han posado de honestistas, gracias a la inagotable colaboración del sistema mediático, su indignación selectiva ante hechos de corrupción rompe el barómetro de la hipocresía.

El peronismo se movió rápido para arrinconar al oficialismo y la oposición amigable ante el elefante en medio de la sala en que se había transformado el senador por Entre Ríos detenido en la Triple Frontera. La sospecha de la compra del pase del senador desde el peronismo a las filas libertarias se volvió palmaria, y obligó a guardar silencio a los diputados y senadores que vociferaban días antes sobre la “ficha limpia”, con un único afán proscriptivo.

La expulsión de Kueider de la cámara alta fue fulminante. No se lo escuchó ni se aguardó a que los tribunales de Paraguay o Argentina adoptaran medidas procesales indubitables sobre su culpabilidad.

Más allá de lo que parezca —un claro intento de fuga de dinero negro con indicios de que hubo unos cuantos más—, Kueider tenía derecho a la defensa. El principio es universal y corresponde tanto a tribunales como a procesos políticos. No es un dato menor en un país con un mandatario que desprecia el Estado de derecho y la democracia como Milei. El antecedente de procesos exprés que se saltean garantías podría volverse un búmeran mucho más gravoso si los hermanos Milei y sus aliados logran dar un salto parlamentario en 2025.

El paso doble de Cristina

Con un desplome generalizado de los ingresos, aumento de la desigualdad y la pobreza, y una economía que no reacciona con fuerza más allá de agro, energía y el lucro financiero, una perspectiva posible es que el escenario es adverso a los hermanos Milei. La otra cara de la moneda muestra un cierre de año con una drástica reducción del déficit fiscal, la asunción del amigo ultra Donald Trump en la Casa Blanca y una inflación mucho menor a la prevista por la mayoría de los economistas, lo que brinda oxígeno al proyecto libertario.

Con la moneda en el aire, una clave pasa por cómo se organiza y qué tiene para ofrecer la oposición.

Cristina se postuló al Partido Justicialista como una herramienta unificadora, para “ordenar lo que se desordenó”. Asumió el jueves ante un auditorio que orbita en el Instituto Patria y La Cámpora, con un notorio vacío de los gobernadores y responsables de geografías alejadas de la Capital Federal.

Sin nada nuevo para decir, la expresidenta insistió con la estafa intelectual que supone desentenderse de su responsabilidad en el Gobierno de Alberto Fernández y, con una tapa de Clarín en la mano, rememoró la supuesta panacea que fueron sus períodos de gobierno y defendió la figura de su hijo y, novedosamente, la de Amado Boudou.

El paso de Cristina fue doble esta semana, porque el lunes, asistió a una foto en Moreno orquestada por Máximo Kirchner.

Una voz del gabinete bonaerense grafica la conclusión que generó el encuentro en Moreno, que sentó a la cabeza de una mesa a Cristina, Sergio Massa, Máximo, Mariel Fernández (intendenta local), Kicillof y Verónica Magario: “Para generar malas señales para todos lados y mostrar al PJ Bonaerense como un chiquero en un solo golpe, hace la foto de Moreno. El objetivo fue ver cómo se emparrillaba a la figura de Axel para después salir a dar la versión de que le marcó la cancha”.

Sin nada nuevo para decir, Cristina insistió con la estafa intelectual que supone desentenderse de su responsabilidad en el Gobierno de Alberto Fernández y, con una tapa de Clarín en la mano, rememoró la supuesta panacea que fueron sus períodos de gobierno

Todos —camporistas y kicillofistas— hablan de la unidad como prioridad, pero acto seguido, esa aspiración es puesta en caja por los mismos que la enuncian.

Resta correr mucha agua y el año par suele servir para tensionar la cuerda, pero no hay indicios que orienten a un probable acuerdo entre los Kirchner y Kicillof, en la medida en que, para los primeros, ello pasaría por el encuadramiento absoluto del gobernador a la estrategia que emane desde el Patria, y para el mandatario bonaerense, la apertura a una lógica de conducción totalmente distinta a la que primó en la última década, y que llevó a varias derrotas electorales y al fallido Gobierno del Frente de Todos.  

“Si lo que quieren es arrinconar a Axel, eso no va a pasar. En 2017 lo hicieron con (Florencio) Randazzo y les salió, pero si creen que lo pueden hacer con el gobernador, con lo que representa Axel, es una estrategia suicida. Creo que se dan cuenta, porque entendieron que pegarle al gobernador tiene un costo, como se vio en los últimos episodios”, resume el integrante del gabinete antes citado.

Otro dirigente no cristinista del peronismo bonaerense está convencido de que los Kirchner dan por perdidas las elecciones de 2025 y 2027,

La posibilidad de anticipar la confrontación a 2025 gana terreno en el Gobierno de Kicillof, pese al escepticismo que genera la hipótesis de que el peronismo sepa conducir internas civilizadas.

Como dejó claro Cristina en sus dos discursos de la semana (“lo puse a Kicillof cuando medio gabinete me puteaba” y “no hay que creerse que la historia empieza cuando uno llega y termina cuando uno se va”), su prioridad pasa por despejar el desafío de Kicillof y reafirmar su centralidad.

Otro dirigente no cristinista del peronismo bonaerense está convencido de que los Kirchner dan por perdidas las elecciones de 2025 y 2027, y apuntan a una estrategia de reducción de daños. La misma fuente explicita lo que ya es una convicción en el kicillofismo: Cristina, Máximo y Massa están jugando para el mismo equipo, no por amor, sino por táctica, y el plan apuntaría a ubicar al exministro de Economía a la cabeza de la lista de diputados nacionales bonaerenses. Para Kicillof, esa ecuación es inconcebible, no sólo por el nombre de Massa, sino por lo que supondría que todo se decida, una vez más, en una negociación entre tres personas, dos de ellas apellidadas Kirchner.

Mientras tanto, Massa alarga la espera de su regreso a la esfera pública hasta extremos que siembran dudas sobre si es otra demostración del tiempismo inteligente que lo caracteriza, o imposibilidad de encontrar su lugar en el mapa político.

Kicillof y los suyos hablan de un frente amplio, con nuevo nombre, renovación de rostros, mayor peso a funcionarios, militantes, sindicalistas, intendentes y dirigentes sociales cuyo norte sea enfrentar a Milei. “Se puede discutir armado, diseño, roles, tareas y hasta si hay que desdoblar o no la elección, pero no puede ocurrir que se confundan de rival. Hay que ganarle a un proyecto excluyente, contra las mayorías, que destruye el trabajo y la obra pública como el de esta derecha y ultraderecha, y no al gobernador de su propio partido”, se afirma el integrante del gabinete.

En el kicillofismo, nadie habla de un pacto explícito entre Cristina y Milei, aunque sugieren una acción de mutuo beneficio. “El Gobierno busca confrontar con Cristina para diluir a Axel y encolumnar al espacio gorila, y a Cristina también le sirve, para conducir y entregarle la nominación a Massa”, analiza la segunda fuente bonaerense.

Kicilof delimitó su intención negro sobre blanco en un acto que organizó Gabriel Katopodis en San Martín sobre “el daño de Milei”, el lunes, horas después del encuentro que sacó chispas en Moreno: “El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no les va a soltar la mano a quienes más nos necesitan… El año que viene vamos a convocar a todos y a todas para construir un inmenso frente con todos los sectores: la provincia de Buenos Aires va a estar resistiendo, pero también construyendo una alternativa de futuro”.

No parece ser la intención de los Kirchner.

“Nosotros vamos por ese camino, esperemos que el resto ayude y, si no, se verá”, advierte el segundo dirigente peronista bonaerense mencionado. 

SL

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, quedó en el centro de las críticas esta semana tras una investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico reveló que Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien citó al denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, a ratificar su presentación este martes.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ritondo, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. Estas son las claves del caso.

1. De dónde surgen los documentos 

Las conexiones de Diago con una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas y un fideicomiso en Florida surgen de una serie de documentos internos del estudio Overseas Management Company (OMC), que se filtraron gracias a Pandora Papers, una investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integran la UDI de elDiarioAR y el CLIP. La participación del periodista argentino Iván Ruiz, del CLIP, fue central en la investigación. OMC es un bufete o estudio jurídico especializado en la conformación de sociedades offshore. 

Además, otros documentos públicos permitieron reconstruir las conexiones de Diago con otras sociedades a través de las consultas al registro público de sociedades de Florida. Este sitio es abierto y puede consultarse en internet. 

Otro registro público que aportó documentación es el registro de propiedades de Florida. Los documentos fueron hallados por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas con las bases de datos de Estados Unidos. Allí fue clave el investigador Angus Peacock, quien asistió al equipo periodístico en la búsqueda.

2. Cuáles son las conexiones de Diago con las sociedades

La investigación sacó a la luz tres redes distintas de sociedades y propiedades, pero que están conectadas entre sí, no sólo por Diago sino también por una persona y direcciones que se repiten en ambos circuitos. 

Red 1: el fideicomiso. La primera red, hallada en Pandora Papers, está formada por la sociedad Sunstar Point Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Diago aparece en los documentos activando esta sociedad en 2014 a través del estudio OMC de Panamá, de acuerdo con un correo electrónico.

El objetivo de la compañía es ser titular de una propiedad en Florida valuada en US$650.000, de acuerdo con los documentos.

La propiedad estaría ubicada en Hallandale, en el sur de Florida, en un condominio denominado Beachwalk Condominium, frente al mar, de acuerdo a un formulario del estudio OMC.

Sunstar Point era controlada por Diago como beneficiaria final de la sociedad y como presidenta y directora, pero su accionista es un fideicomiso creado en Florida, también en 2014. El fideicomiso, denominado Warwick Trust, fue creado por Diago para controlar esta sociedad.

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio. La sociedad también tuvo un cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida. En 2018, en un formulario de OMC, aparece un vínculo con una cuenta bancaria en el Santarder Río, en Buenos Aires.

Diago aparece en los documentos de Sunstar Point al menos hasta noviembre de 2018.

Red 2: Ilustre y Bonita. El departamento de Hallandale aparece en 2015, un año después, a nombre de otra sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, donde llegar a los verdaderos dueños de las compañías está plagado de obstáculos.

Conocer quién es el verdadero dueño de Ilustre LLC es requirió del análisis de documentos públicos de Florida, hallados en el registro de propiedades, ya que los documentos de la sociedad en Delaware no arrojaban esa información. En Florida, sin embargo, surge una declaración jurada. En agosto de 2021, Ilustre LLC decidió vender el departamento de Hallandale. Durante la venta del departamento, la agente inmobiliaria de la sociedad, María José Pérez-Millán, firmó un documento en el que declaró que la sociedad era propiedad de otra compañía radicada en Florida: Bonita Holdings 39. También sostuvo que Bonita Holdings 39 tenía un miembro: Diago. 

¿Qué significa ser “miembro” (member) de una sociedad en Florida? elDiarioAR consultó a un experto en este tipo de compañías. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, explicó a este medio que mientras el manager de la sociedad es quien gestiona los negocios de la compañía, el miembro o “member” es equivalente a un accionista.

Red 3: Vamospormás o Goformore. En los documentos públicos, Ilustre LLC es representada por Pérez Millán. La agente inmobiliaria también aparece como manager de otra sociedad: Goformore LLC, radicada en Florida, y cuya traducción podría ser “Vamospormás”.

La investigación de la UDI de elDiarioAR y el CLIP estableció que la sociedad estuvo conectada a Diago hasta junio de 2013, cuando la abogada renunció a su cargo como “manager/miembro” de la compañía. La abogada desaparece de los documentos públicos y la agente inmobiliaria Pérez-Millán asume el cargo de manager (no el de miembro). Hasta la actualidad, Goformore LLC aparece representada en Florida por Pérez-Millán.

Esta compañía aparece como propiedatria de cuatro inmuebles en Miami, uno de ellos vendido en 2015. 

La primera propiedad fue adquirida el 14 de marzo de 2013. Se trata de un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Fue comprado a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). 

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015. Los departamentos están valuados en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Hace pocos meses, Ritondo celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

3. La conexión con Juan Alberto Pazo, jefe de ARCA

Pazo es abogado y proviene del sector privado pero también es un hombre del espacio que lidera Macri. El flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue hasta principios de diciembre el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. 

Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público: fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp (la sociedad que vendió un departamento a Goformore LLC en 2013), de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Pazo fue denunciado esta semana por el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) ante la Justicia por presunta por “falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

4. Ritondo y su patrimonio 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. 

En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los legisladores locales, diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado. Ritondo debía informarlo también cuando estas estructuras se montaron y él era legislador porteño, entre 2013 y 2015.

5. Qué dijeron Ritondo y Diago sobre la investigación

El matrimonio no respondió las consultas de la UDI de elDiarioAR y el CLIP sobre si estas sociedades y propiedades fueron declaradas por Diago ante la exAFIP -hoy ARCA-. Tampoco quiso dar su versión de los hechos al cierre de esta investigación ni luego de la publicación.

En abril, cuando surgieron los primeros documentos, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa sobre Goformore LLC, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La mamushka de sociedades offshore y complejas estructuras financieras que llegan a un núcleo de departamentos en Estados Unidos -expuesta en la investigación de los periodistas Emilia Delfino e Iván Ruiz- conduce directamente al diputado nacional del PRO Cristian Ritondo. Con un paso intermedio: su esposa, Romina Aldana Diago, una desconocida abogada que cumplió funciones menores en el Estado porteño y que habría acumulado un gran patrimonio, aunque su declaración jurada de bienes todavía se desconoce.

La minuciosa investigación periodística permitió reconstruir una historia que transcurre en lugares como la Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida (sitios que indican alguna intención de, al menos, ocultar información), pero que ya tuvo sus implicancias en nuestro país. Más allá de la evidente cobertura que protege a Ritondo en los grandes medios de comunicación, lo cierto es que tanto el diputado como su partido político -el PRO- acusaron el golpe y, para dejarlo en evidencia, aún mantienen un silencio propio de aquellos que hacen ruido. Más allá de la política, ya fue presentada una denuncia ante la Justicia federal, y, se supone, que así se abrirá un capítulo en los tribunales.

Precisamente en este aspecto (la lucha contra la corrupción), el caso deja expuestas algunas cuestiones que vale la pena analizar. La primera corresponde a la necesidad de aprobar una nueva Ley de Ética Pública. A esta altura, resulta inadmisible que la actual norma, sancionada en 1999, no haya sido actualizada. Desde aquellos años, explotó la utilización de la tecnología en los negocios; la circulación de la riqueza es inmediata; los instrumentos financieros son notoriamente diferentes; y hasta las estructuras jurídicas cambiaron. Una nueva Ley, además, debería considerar los acuerdos internacionales logrados desde aquel entonces. E, incluso, el desarrollo jurisprudencial de algunos aspectos también debiera tener su correlato en una nueva norma de integridad pública. Veamos:

La declaración jurada del cónyuge de quien ejerce la función pública debiera estar disponible para el acceso de la ciudadanía. Es inadmisible que no sea así, en este aspecto la versión original de la Ley lo contemplaba, pero, posteriormente, se limitó el derecho ciudadano a conocer estos datos. El caso ganado por Poder Ciudadano hace ya cinco años marca la línea a seguir.

La declaración jurada patrimonial de los legisladores debiera ser analizada como ocurre con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Es necesario crear, por ley, una agencia similar a la Oficina Anticorrupción, pero con competencia para cuanto ocurre en el Congreso Nacional. Actualmente, los diputados y senadores presentan su declaración jurada y nadie las examina, lo mismo sucede con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, también inadmisible.

Para los funcionarios públicos debería existir la expresa prohibición de tener cualquier activo en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas o Delaware. Denota una intención de evadir leyes y esconderse de eventuales investigaciones, administrativas o judiciales, que resulta contraria a cualquier noción de ética pública.

El sistema de presentación, análisis y publicidad debiera ser completamente digital. Con opción de un entrecruzamiento sencillo de información con las bases de datos destinadas a indagar sobre tenencias y propiedades.

Si bien no está vinculada con una nueva Ley de Ética Pública, habría que avanzar en la creación de un Registro de Beneficiarios Finales. Es necesario conocer qué personas físicas se encuentran detrás de las empresas, particularmente de las que se relacionan con el Estado. En la actualidad, por ejemplo, una empresa radicada en el exterior cuya titularidad es de la cónyuge de Ritondo podría participar de privatizaciones, beneficiarse con el RIGI o vincularse con el Estado de cualquier manera sin que nadie se entere de a dónde irán finalmente los beneficios del negocio.

Ahora bien, el discurso de Silvia Lospennato en el Congreso de la Nación cuando, al borde de las lágrimas, veía cómo se incumplieron las promesas que le hicieran sobre aportar quórum para el proyecto de “Ficha limpia”, tuvo un espectador de lujo: Cristian Ritondo. Sentado dos filas adelante, escuchaba la diatriba de su compañera de banca, indignada por la “impunidad de la corrupción”. Veremos hasta dónde llega la impunidad, si el fiscal que interviene en la causa contra Ritondo, Eduardo Taiano (con vínculos con quien debe investigar), se excusa de intervenir, o no. Será un buen parámetro.

Más allá de lo que pase en los Tribunales, hay consenso entre quienes trabajan –seriamente- en cuestiones de integridad pública: las acciones que deben tomarse contra la corrupción están muy lejos de la propuesta conocida como “Ficha limpia”. Una vez más, resulta recomendable resaltar lo expuesto en las conclusiones del estudio sobre integridad que realizó OCDE sobre Argentina. Tiene especial valor porque fue realizado por uno de los equipos de especialistas más reconocidos del mundo. Según el estudio, nuestro país debe implementar acciones preventivas, con un enfoque sistémico, integral, involucrando a la sociedad civil y con una inversión tecnológica acorde. Un rumbo que apunte fuertemente a trabajar sobre el rol del sector privado (con especial atención a los conflictos de interés y a la captura del Estado) y donde la articulación de los organismos de control sea inmediata y efectiva.

Además, el equipo de OCDE señaló, especialmente, una circunstancia que viene a cuento de lo que aquí relatado: la falta de políticas de integridad en el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los recientes casos de las propiedades vinculadas a Ritondo, los dólares del expulsado Kueider, así como la exuberante fiesta organizada por el fiscal federal Ramiro González, parecen darle la razón.

Finalmente, la OCDE también recomendó, con énfasis, impulsar una nueva Ley de Ética Pública. Lamentablemente la agenda anticorrupción parece ir por otro lado.

El autor es abogado, especializado en políticas anticorrupción. Fue subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción.

Luego de que la denuncia contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, quedara a cargo del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Eduardo Taiano, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica)  advirtió en la red social X que un hijo del fiscal trabajó con el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Federico Nicolás Taiano fue nombrado por Ritondo en abril de 2016 como responsable ejecutivo del Programa Integral de Protección Ciudadana, con rango y remuneración equivalente a un director, de acuerdo con el escrito que lleva las firmas de Ritondo y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.  

Federico Taiano renunció al puesto tras la salida de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019. Fue concejal de Escobar por el mismo partido, entonces liderado por Mauricio Macri. En agosto de 2024, asumió como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, en el Ejecutivo de Javier Milei. Depende de Jefatura de Gabinete.

elDiarioAR intentó contactarse con el fiscal Taiano para conocer su posición sobre un eventual conflicto de interés pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

El caso

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo. Los datos surgen de la investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico sacó a luz documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers que revelan un entramado de sociedades offshore y otras compañías radicadas en Florida, Estados Unidos, para adquirir propiedades en Miami y Hallandale, en el sur del estado de las palmeras.

La presentación judicial, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

CC/JJD

A dos años del mayor derrame de petróleo en el mar peruano, el balance que hacen las organizaciones civiles ambientales, de derechos humanos e incluso el propio Congreso de Perú sobre las acciones de reparación y compensación es negativo.

Tras el vertimiento de más de 11.000 barriles de crudo en las costas de Lima y Callao el 15 de enero de 2022 en la terminal marítima La Pampilla operada por la multinacional Repsol, la pesca artesanal, el comercio y el turismo, entre otras actividades económicas, que eran el sustento de miles de familias, continúan paralizadas. Por lo mismo, “los impactos sociales se han recrudecido”, concluye un informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Nacional.

“Estamos tan molestos con esto que ya estamos tristes”, le dijo Alejandro Huaroto Arnáez, pescador artesanal de Bahía Blanca, a los investigadores de Oxfam y CooperAcción mientras realizaban un estudio de valorización de los daños sufridos por las familias pescadoras.

“Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad”, dice Huaroto. De hecho, son numerosos los pescadores que han debido migrar a otras zonas del país o reinventarse en otros oficios, como el transporte o la agricultura, para dar sustento a sus familias, asegura el sociólogo de CooperAcción, Alejandro Chirinos. Las compensaciones económicas que recibieron por parte de la empresa no sólo representan apenas un tercio de su real pérdida económica, concluye el estudio de valorización, sino que fueron definidas de manera “arbitraria” por la empresa, asegura Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Los montos se establecieron “en procesos de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, indica Araujo y en momentos en que muchos afectados, presionados por la desesperación, aceptaron, explica Ana Leyva, abogada de CooperAcción.

En medio de la crisis social que se extiende sin luces de que llegue una pronta solución para los afectados, los planes presentados por la empresa para rehabilitar los ecosistemas impactados continúan en evaluación y “no hay alguien que lidere y articule” las acciones para enfrentar el desastre, asegura la congresista Ruth Luque.

El ambiente es de incertidumbre y la falta de información sobre el avance de los distintos procesos judiciales que se llevan adelante agudizan la desesperación de quienes esperan por soluciones.

La situación penal y civil

Una de las preguntas que más inquieta a los peruanos es qué ha pasado con la denuncia penal. En ese sentido, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, aseguró a Mongabay Latam que “los actos de investigación ya se están culminando”, y que se espera que la acusación fiscal esté lista para mediados de junio.

Llegado ese momento se iniciará una etapa intermedia “que es muy corta”, precisó Guzmán, “donde el fiscal presenta una acusación formal contra los que él considera responsables de los hechos”. En ese momento, agregó, se postulará la reparación civil por el daño ambiental (daño ecológico puro) para lo cual “estamos utilizando una valoración económica del daño, que elaboraron los peritos del Ministerio Público” que ronda los 1.600 millones de soles, unos US$420 millones. Ese monto, sin embargo, podría aumentar o disminuir. Se trata de “una pretensión temporal”, explica Guzmán, “porque como la investigación no ha concluido puede aparecer algo que haga elevar o disminuir esa cifra”.

En todo caso, frente a las dudas de si el plazo para presentar una demanda civil había vencido al cumplirse los dos años del derrame, el Procurador aseguró que el Estado peruano ya ha promovido un pedido formal de reparación civil y este se encuentra pendiente de ser resuelto por el Poder Judicial. “Cuando la reparación del daño nace de un delito, tienes la posibilidad de plantear la pretensión mientras persista la acción penal, es decir, mientras existe una investigación en curso”, explicó. Además, agregó que “en el modelo peruano la reparación civil también se puede solicitar dentro del proceso penal y eso es lo que hemos hecho en este caso”.

Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado.

Jean Pierre Araujo — Abogado de la SPDA.

Sobre los tiempos, Guzmán sostuvo que “para finales de este año deberíamos tener ya resuelto el tema”, lo que, en su experiencia, corresponde a los tiempos manejados en las investigaciones frente a grandes desastres naturales. “Estamos dentro del tiempo habitual de investigación y procesamiento de este tipo de casos”, aclaró.

Compensaciones insuficientes

Asunto aparte es la reparación civil a los pescadores y comerciantes cuya fuente laboral ha sido destruida.

En 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó, en representación de más de 700 mil personas afectadas, una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios que asciende a 4.500 millones de dólares. Henry Carhuatocto, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente (IDLADS Perú), organización que se sumó a la demanda del Indecopi como tercero interesado, aseguró a Mongabay Latam que el proceso aún se encuentra en trámite y que no ha habido audiencias. “Están en el proceso de notificación de las partes, con traducción incluida, y las contestaciones de la demanda”, detalló el abogado, quien agregó que no les han notificado mayor avance y que “falta interés del Estado de mover el caso más rápido”.

Por otra parte, tras ocurrido el derrame, la Presidencia del Consejo de Ministros, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaboraron en 2022 el Padrón Único de Afectados, en el cual se registraron a 10.300 personas.

La empresa sostuvo que ese año el 98% de las personas inscritas en el padrón cobraron las compensaciones y que en 2023 lo hizo el 93%. Sin embargo, dicho padrón ha sido altamente criticado por subestimar la cantidad de damnificados. Con miras a ampliar el padrón único de afectados, el Consejo de Ministros ha registrado a otros miles de ciudadanos. Sin embargo, su inclusión aún es incierta y permanecen como “eventualmente afectadas por el derrame de petróleo”.

La razón es que “la norma establece que es la empresa quien determina quiénes son los afectados”, explica Miguel Lévano, coordinador de programa y alianzas de Oxfam Perú. Y en este caso, Repsol exige acreditación de la actividad económica previa al derrame, a través de un documento o medio probatorio emitido por una autoridad. El problema, advierten tanto las organizaciones civiles como el informe del Congreso, es que un gran número de personas desarrollaban sus actividades en condiciones de informalidad por lo que no cuentan con los documentos exigidos. “Es fundamental hacer una modificación a esa norma porque no es posible que el Estado le traslade a la empresa una función que debería hacer él”, opina Lévano.

Mediante un comunicado, Repsol informó que a enero del 2024 han registrado aproximadamente 62.000 solicitudes adicionales, las cuales están siendo evaluadas por la empresa.

Mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores.

Miguel Lévano — Oxfam.

Para la congresista Luque, con la elaboración de un padrón que ha subestimado la cantidad de damnificados, “el Estado perdió una oportunidad, a través del Ejecutivo, de generar un acuerdo que pudiera garantizar que el Estado estaba a cargo de un registro único de afectados. Incluso, perdió la oportunidad de formular propuestas normativas o cambios legislativos a raíz de este desastre ecológico”. Además, todavía está pendiente determinar si las compensaciones continuarán este 2024.

Los problemas en torno a las compensaciones no sólo tiene que ver con el padrón, sino también con los montos. Las compensaciones —que se encuentran entre los 50.000 y 70.000 soles (entre 13.000 y 18.300 dólares)— “fueron un proceso de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, explica Araujo, el abogado de la SPDA. “Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado”, agrega.

La Defensoría del Pueblo indicó, además, que en las mesas de negociación que se llevaron a cabo entre 19 organizaciones de pescadores y la empresa con el fin de llegar a acuerdos sobre las compensaciones “la empresa presentó una propuesta inamovible desde el primer día”, a pesar de que “por norma la compensación debe acordarse con los afectados”. Según detalla Ana Leyva, “la empresa amenazó (diciendo) ‘si no acepta me voy’ y la gente por necesidad terminó aceptando sus condiciones”.

La economista de Oxfam, Kely Alfaro, titular del estudio de valorización del daño, asegura que durante las mesas de negociación “se presionó para que la empresa muestre la información” con la que había determinado los montos. Lo que presentó, dice, fue “el censo de pescadores que no tiene datos económicos, donde los mismos pescadores dicen: ”Ese censo no sirve porque nosotros no hemos dicho cuánto ganamos“. La empresa también presentó, según la experta, un estudio sobre necesidades básicas. Sin embargo, el informe de valorización da cuenta de que cada familia ha perdido anualmente el equivalente a 149.714,86 soles (39.240 dólares), una cifra muy por encima de la canasta básica y hasta tres veces el monto entregado por Repsol.

“En el proceso de negociación no ha habido un trato justo para los afectados”, concluyó la Defensoría del Pueblo. La posición inamovible de la empresa durante el proceso de compensación junto con la falta de precisión de la metodología utilizada para calcular los montos “afecta la determinación de la compensación y, por ende, el derecho a una reparación integral”, informó.

Para la congresista Luque, “hay una negligencia de un liderazgo y seguimiento constante del Estado”, pero “lo más grave”, dice, es que “la empresa se da cuenta de ese desorden, de ese vacío, de esa falta de liderazgo, y se aprovecha porque las compensaciones siguen bajo el direccionamiento que ellos quieren”.

Como una alternativa para recibir una indemnización mayor, la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, que representan a 30.000 peruanos afectados por el derrame, interpuso una demanda en contra de Repsol a través del bufete de abogados británico Pogust Goodhead. La demanda es por 1.000 millones de libras esterlinas, unos US$1.200 millones.

Planes de rehabilitación que no llegan

La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas, de los cuales cuatro fueron declarados como no presentados por no cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad. Los 14 planes restantes se encuentran en proceso de revisión.

Para Jean Pierre Araujo “es preocupante que la empresa haya presentado planes de rehabilitación con problemas formales, habiendo tenido un año para contratar a las empresas consultoras ´para que hagan estos planes”. Además, a los pescadores y a las organizaciones civiles les inquieta el tiempo que pueda tardar la evaluación de los planes de rehabilitación que tienen por objetivo recuperar los ecosistemas afectados por la contaminación. La razón es simple, explica Leyva, y es que no pueden iniciarse las tareas de remediación si no hay planes, y “la evaluación está demorando”. “Todavía no sabemos si esos planes van a entrar en evaluación. Depende de si los han completado, entonces pasarán a ser evaluados, pero si no los han completado, tienen que volver a presentarlos”, asegura la experta.

Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad.

Alejandro Huaroto Arnáez — Pescador artesanal.

Miguel Lévano, de Oxfam, agrega que junto con ello el problema radica en que “el marco normativo no establece un plazo (para presentar un nuevo plan luego de ser rechazado el primero)”, por lo que “pueden pasar varios años sin un plan aprobado”. Además, dice, “mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores”.

La compañía afirmó, en un comunicado del 15 de enero, que los planes de rehabilitación no “son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas”. Según la empresa, “las playas de Lima Norte, especialmente las de Ancón, así como en Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas”, ya que “cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, y esto lo sustentan los informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como los diversos informes de las autoridades”.

Sin embargo, el último informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), elaborado a partir de estudios realizados entre el 12 y 26 de junio de 2023, indica que “no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo”. Actualmente, el Imarpe se encuentra elaborando un informe técnico actualizado a partir de la evaluación biológica ambiental realizada entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2023.

Para Luque, la falta de liderazgo por parte del gobierno también se refleja en el silencio tras los comentarios de Repsol. “Como puede ser que nadie le responda a la empresa cuando dice que todo está bien, que todo ya se puede hacer. Nadie del Gobierno les dice lo contrario”.

ED

Las autoridades de los Estados Unidos enviaron al juez federal Julián Ercolini documentación solicitada en el marco de la investigación contra el ex ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo, elegido para el ministerio de Economía de Javier Milei. Los documentos llegaron al país hace tiempo pero su arribo no había trascendido hasta el momento. La documentación se encuentra siendo traducida para ser luego analizada por la fiscalía de Carlos Rívolo y el juzgado de Julián Ercolini, informaron tres fuentes directas de la causa ante la consulta de elDiarioAR. 

Al encontrarse en trámite la traducción, aún no trascendió el contenido de los documentos, pero sí que se trata de documentación voluminosa, que llegó luego de una serie de exhortos enviados por el juez en 2018, y de la cual depende el progreso de la causa. En el expediente ya contaban con aquellos documentos aportados por los periodistas que revelaron el caso a finales de 2017, pero la Justicia solicitó oficialmente esos mismos documentos y otros a las autoridades estadounidenses.

¿Qué revelaron los documentos ya conocidos? Que Caputo fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. El caso fue publicado en 2017 por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los datos surgieron de la filtración Paradise Papers y de la consulta a documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos. Entonces, el economista era funcionario de Mauricio Macri.

Por este caso, Caputo está imputado por el supuesto delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de bienes de funcionario público. Se trata de un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

En el expediente, el ex funcionario y posible ministro de Economía -quien esta semana viajó a los Estados Unidos en su visita pre-oficial junto a Milei- es representado por el penalista Matías Cuneo Libarona, hermano -y también abogado- del futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

El caso

“La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a (la empresa) Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono”, dijo un vehemente Luis Caputo, señalando el aparato de telefonía sobre una mesa de reuniones en el ministerio de Finanzas. 

Caputo dialogaba entonces con el equipo argentino de ICIJ, a finales de 2017, y negaba haber sido accionista de Noctua y cualquier conflicto de interés con su función pública. Una investigación periodística estaba por revelar su nexo directo con dicha empresa, con sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, que administraba fondos de inversión con sede en las Islas Caimán.  

El entonces ministro de Finanzas, quien negoció como funcionario con los fondos de inversión denominados “fondos buitres”, no había informado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales e invertir en bonos de la deuda argentina en default a través de Noctua. Un punto central del caso tal vez nunca se sepa: quiénes fueron los clientes del exfuncionario.

La causa

El expediente contra Caputo debe determinar si el exfuncionario y posible futuro ministro de Economía cometió delitos al no informar en sus declaraciones juradas que era co-propietario de Noctua. Es decir, si lo ocultó con un fin, maliciosamente. 

La causa se inició tras las revelaciones periodísticas y una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Martin Doñate (hoy senador) y María Fernanda Raverta (hoy titular de la Anses). El fiscal federal Rívolo inició la investigación en noviembre de 2017. 

Caputo debería haber informado su relación con Noctua a la Oficina Anticorrupción y al Estado. Fue accionista indirecto de Noctua hasta al menos julio de 2015. También negó la información que revelaban los documentos oficiales ante la consulta de los periodistas y luego de que el caso fuera publicado continuó negando su vínculo con la compañía. 

Sin embargo, la documentación de la propia compañía, presentada ante las autoridades de Estados Unidos y revelada por la investigación periodística, confirmó que Noctua informó que Caputo fue su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” y describió las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa. 

La compañía

Noctua fue conformada a través de varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear porque Caimán garantiza el secreto.

Al menos hasta julio de 2015, Caputo tuvo más del 75% de las acciones de Princess International Group (Caimán). Esta empresa era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, de Caimán), que a su vez es la “dueña directa” de Noctua, de acuerdo a los documentos de la SEC, el organismo que controla a las empresas que operan en la bolsa de Nueva York. 

Caputo tuvo “control” sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario de Macri, de acuerdo a los documentos. 

En otra causa, también iniciada en 2017, el entonces fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el entonces ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que Caputo fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió en la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes de Caputo en la función pública se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Nota: este artículo fue actualizado el 29 de noviembre de 2023, tras el anunció de Milei confirmando a Caputo como futuro ministro de Economía.

ED/DTC

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata desestimó ayer los recursos extraordinarios que habían presentado organizaciones ambientalistas y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para bloquear la exploración de hidrocarburos frente a las costas de esa ciudad. 

Con esta sentencia Equinor, YPF y Shell, que son las empresas que intervienen en el proyecto, quedan habilitados para retomarlo. Podrán explorar la zona, ubicada 320 kilómetros mar adentro, donde podría haber reservas de petróleo y gas.

En diciembre pasado la empresa noruega Equinor, que está a cargo de la inspección, había dado de baja el alquiler de un buque de exploración por el que había pagado más de US$5 millones y estaba varado en Montevideo, sin poder iniciar los trabajos en el Mar Argentino. En diciembre la Justicia habilitó la exploración, decisión que ahora dejaron en firme los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel.

“Celebramos esta gran noticia para el país Argentina” publicó en sus redes, conocido el fallo judicial, la secretaría de Energía. “Se estima que este proyecto podría alcanzar un volumen de producción de 200.000 barriles diarios, el 35% de la producción actual de Argentina. Sin duda un antes y un después para el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, precisó Flavia Royón. 

La funcionaria definió a la decisión judicial como “alentadora” y aclaró que “la Argentina realiza producción offshore hace décadas”. “Y como lo hacemos desde siempre, vamos a exigir y controlar que se respeten los más altos estándares ambientales”, aclaró. 

La Justicia determinó que el proceso se tiene que realizar con observadores permanentes que velen por la fauna marina y en una zona acotada. Es decir, a no menos de 50 kilómetros del “agujero azul”, una zona que es considerada hogar de especies vulnerables como corales, esponjas y estrellas de mar, pasando por rayas, tiburones, merluza y calamares. 

Además, la exploración “deberá suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.

Datos de la Secretaría de Energía señalan que en la Argentina se realizaron en los últimos 50 años más de  180 pozos offshore, 18 frente a las costas bonaerenses. Actualmente hay 36 pozos operativos, que producen el 17% del gas. 

MT/MG

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió dejar sin efecto una medida cautelar y habilitó las operaciones a más de 300 kilómetros de las costas marplatenses para la exploración petrolera, al considerar que el Gobierno y la empresa Equinor cumplieron con los requisitos que les fueron requeridos.

Desde la Secretaría de Energía difundieron la decisión judicial en Twitter y remarcaron que “la producción offshore presenta una gran oportunidad para el desarrollo económico de nuestro país”.

Asimismo, destacaron: “Desde el Gobierno Nacional controlaremos y exigiremos que la actividad se desarrolle cumpliendo los máximos estándares de seguridad con el objetivo de cuidar nuestro ambiente”.

La Cámara marplatense, con la firma de los jueces Alejandro taza y Eduardo Jiménez, revocó la decisión del titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, emitida en octubre ultimo, “pues debe tenerse por cumplido todos los requisitos establecidos por esta Cámara oportunamente”, expresa el fallo.

Asimismo, establece que “la ejecución del proyecto deberá contemplar ”observadores permanentes, a miembros del equipo 'Pampa Azul', en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul“.

El fallo también expresa que “las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta (50) km. del sector que comprende la zona denominada

'Agujero Azul', la cual abarca una superficie de 148.000 Km2 considerada como el primer eslabón de las cadenas tróficas del mar y por ser el hogar de 'especies vulnerables' como corales, esponjas y estrellas de mar, pasando por rayas, tiburones, merluza y calamares“.

Se podrá denunciar “ante las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte y/o dañe sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”, señala el fallo

La Cámara exhortó a que las autoridades “propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control sobre las actividades del proyecto, para cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas”.

Con información de Télam.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga el blanqueo de un fideicomiso en las Islas Caimán realizado por el empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, según pudo determinar el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación. 

En esta segunda etapa de la filtración Pandora Papers, ICIJ accedió a una nueva tanda de documentos de estudios radicados en paraísos fiscales, que permitieron establecer que Caputo abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. 

Ante la consulta del equipo argentino, una fuente del entorno de Caputo explicó que el empresario tributa por esta cuenta bancaria desde 2016 pero aclaró que está siendo objeto de una fiscalización de la AFIP.

Caputo aparece en la Pandora Papers relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (Nicky Worldwide Corporation, declarada desde el inicio y hoy en manos de su hermano José Antonio); un fideicomiso (The Newman Trust) en Islas Caimán y una segunda sociedad (Newman Ltd) en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas, bautizadas en homenaje al Instituto Cardenal Newman, controla la cuenta bancaria en Suiza. Caputo y Macri se conocieron en ese colegio.

La cuenta bancaria fue abierta en 2015 en el Julius Baer de Zurich, Suiza. Macri también tuvo una cuenta en el Julius Baer con más de $18 millones en la sucursal de Islas Bahamas y los repatrió en mayo de 2016. El banco quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos por su rol en el FIFA Gate. En diciembre de 2019, tras el cierre de la entidad, Caputo mudó sus activos al Pictet & Cie SA Banque, en Ginebra.

Fiscalización

En agosto de 2021, y tras recibir información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección Microcentro de AFIP inició un proceso de fiscalización a Caputo.

La ley de sinceramiento fiscal impulsada por Macri en mayo de 2016 y luego sancionada por el Congreso, había permitido declarar este tipo de fideicomisos a un valor simbólico de $1. Por esa razón, la AFIP inició recientemente la fiscalización para conocer los activos totales de las estructuras armadas por argentinos en el exterior, entre ellos, Caputo, informó la fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“La AFIP detectó una situación potencialmente anómala”, afirmó la fuente, porque los activos de The Newman Trust habían sido declarados en $1.

Caputo, quien divide sus días entre Buenos Aires y Estados Unidos y recientemente se ubicó del lado de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, puso a disposición de los inspectores de la AFIP los balances, resúmenes bancarios y documentos que acreditarían que el único activo del fideicomiso radicado en Caimán es la cuenta bancaria que abrió en 2015 en Suiza y que declaró en 2016 durante el blanqueo y por la que el empresario ya tributa, agregó la fuente cercana a Caputo. 

Como parte de otra filtración, Paradise Papers, en 2017, el equipo argentino de ICIJ reveló que el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, primo de Nicolás, había ocultad al asumir como secretario de Finanzas en 2015 que tenía acciones en dos compañías en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

En 2018, el equipo argentino reveló durante la segunda entrega de Panamá Papers que Gianfranco Macri, empresario y hermano del entonces presidente, había declarado ante la AFIP que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation durante el blanqueo promovido por Macri y exteriorizó más $63,5 millones negros que mantenía en una cuenta en el extranjero a nombre de esa firma.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Caputo aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, según reconoció una fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino* de ICIJ.

El fideicomiso en Islas Caimán es actualmente objeto de una investigación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las revelaciones de la filtración se complementan con documentos del registro público de Panamá y otras bases abiertas, y la consulta a la fuente del entorno del empresario, que accedió a responder preguntas y mostrar sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Caputo, a quien Macri definió como “su hermano de la vida”, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente. Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015. 

En 2017, Macri nombró a su amigo cónsul honorario de Singapur en Argentina, un estatus prolífico para los negocios que el gobierno de Alberto Fernández le quitó.

En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 de los más ricos de Argentina, con una fortuna total de US$340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, la fabricantes de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri. También fue accionista del 20% de la empresa familiar, la constructora Caputo SAIC, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías. 

En las últimas semanas, Caputo fue eje de la exposición que realizó en redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para defenderse del alegato de los fiscales del juicio por Vialidad. 

La expresidenta expuso parte del contenido del teléfono celular de su ex secretario de Obras Públicas, José López, que en diversos mensajes telefónicos con Caputo hablaban de gestiones, reuniones, apoyo a una candidatura de López en Tucumán y de su amistad. 

La investigación de Pandora Papers fue publicada a finales de 2021 y provocó una filtración adicional de registros de bufetes dedicados a crear y gestionar sociedades offshore. Los nuevos archivos, creados en su mayoría entre principios de la década de 1990 y 2013, contienen información sobre contratos, acuerdos financieros y opiniones legales.

En el caso de las empresas de Caputo, los proveedores que asistieron al empresario en la gestión de las offshore fueron los estudios Cititrust, Amicorp y OMC.

Newman y Newman

Nicolás Martín Caputo aparece en la continuación de Pandora Papers como beneficiario final de una sociedad y de un fideicomiso offshore creados en las Islas Caimán, de acuerdo con los registros. El propósito de la estructura offshore, creada a principios de 2015, era controlar una cuenta bancaria en Suiza. 

Las gestiones de Caputo comenzaron en la sucursal Montevideo del banco suizo Julius Baer. La entidad acudió a un estudio intermediario, Cititrust, que se dedica a abrir y gestionar este tipo de sociedades y fideicomisos. A su vez, Cititrust acudió a Amicorp Curacao B.V. (con sede en la ciudad de Willemstad, Curazao) y lo contrató para manejar el fideicomiso desde Caimán.  

Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró.

Las dos firmas offshore fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde Caputo y Macri se conocieron. “Nicky -como lo llaman sus amigos- me cuidó durante aquellos años. Era el jefe de la banda del Newman”, contó el expresidente a la periodista Laura Di Marco en el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.

El 27 de febrero de 2015 se activó la sociedad Newman Ltd, según los documentos de la filtración. Tres días más tarde, se abrió The Newman Trust (fideicomiso, en inglés), activo desde el 2 de marzo de 2015. 

La sociedad es titular de la cuenta en Suiza y el fideicomiso administra los fondos depositados.

Para entonces, principios de 2015, gobernaba Fernández de Kirchner y Macri ya se perfilaba como el principal candidato opositor para las presidenciales de ese año. 

Ante el proveedor Cititrust, Caputo declaró que el dinero provenía de sus dividendos como accionista de distintas empresas que operan en Argentina. En los documentos internos, el empresario figura como  dueño de Caputo SAIC y accionista en las empresas Caputo SAICYF, Mirgor SA y Central Puerto. Caputo, además, informó sus datos personales y su correo electrónico corporativo.

Sin embargo, no figuran las cifras del dinero depositado en la cuenta suiza. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de Caputo declinaron dar esa información por razones de seguridad.

Blanqueo 2016

Macri impulsó una ley de sinceramiento fiscal en mayo de 2016 y Caputo aprovechó la oportunidad para declarar por primera vez ante la AFIP su cuenta en Suiza y las offshore detrás de las cuales había protegido su vínculo con la cuenta. De esta manera, pudo conservar la estructura creada en 2015, aunque a partir del blanqueo debió comenzar a tributar por sus activos en la cuenta.

“Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró”, indicó la fuente de su entorno. Ante la consulta sobre el origen de los fondos, la persona consultada dijo: “Desconozco el origen de los fondos depositados en esa cuenta, pero obviamente era dinero negro” porque entonces no estaba declarado. 

El dinero de la cuenta fue declarado en su totalidad, dijo la fuente. Estuvo radicada en Zurich, hasta diciembre de 2019, cuando Julius Baer cerró sus puertas y Caputo mudó la cuenta a otro banco en Ginebra, Pictet & Cie SA Banque.

Nicky Worldwide

La tercera sociedad vinculada a Caputo fue creada el 8 de octubre de 2009 en Panamá. Fue propiedad de Caputo hasta marzo de 2018, cuando el empresario le cedió las 10.000 acciones a su hermano José Antonio Caputo, de acuerdo con los documentos analizados.

A diferencia de las otras dos estructuras offshore, Nicky Worldwide fue declarada desde un principio ante la AFIP, afirmó una fuente del entorno del empresario.

La sociedad se creó para inscribir un departamento en la ciudad de Miami a nombre de la offshore y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos, en caso de que el empresario falleciera y sus herederos tuvieran que hacer la transferencia del bien inmueble, sostuvo la fuente del entorno de Caputo.

Poner un inmueble a nombre de una offshore también hace más “fácil y económica” la transferencia de la titularidad de la propiedad en caso de una venta, ya que permite que el vendedor haga un traspaso de las acciones de la sociedad al comprador sin tener que viajar a Estados Unidos.

En 7 de marzo de 2018, Caputo transfirió las acciones de Nicky Worldwide a su hermano Jorge Antonio, conocido como Tonio, quien es el actual dueño de la sociedad y, por tanto, del inmueble ubicado en Miami. 

La operación fue dos meses después de que los Caputo vendieran la constructora familiar Caputo SA, en la que ambos compartían directorio.

En el entorno del empresario aseguraron que el traspaso a su hermano fue una operación de venta y que Caputo no quiere hablar de valores de la propiedad ni sumas de dinero de la transacción. De acuerdo con el acta pública de la operación fue por un valor simbólico: US$10.000.

En un formulario de mayo de 2018 que aparece en la filtración, Jorge Antonio Caputo informó al estudio panameño OMC que la sociedad tenía como propósito ser propietaria de inmuebles en el estado de Florida por un valor de unos US$550.000.

En 2018, el empresario declaró al estudio panameño que le realizó los trámites que el origen de los fondos con los cuales adquirió a su hermano la offshore eran “ingresos por negocios”, provenientes de las compañías Central Puerto, Mirgor y Ecogas.

También le pidió al bufete que pusiera directores como cara visible de la compañía, pero Jorge Caputo luego asumió como presidente y director de la sociedad, según los registros de Open Corporates.

La offshore continúa activa, según el registro online, pero tiene tasas adeudadas al Estado panameño desde hace unos tres años, según la gaceta oficial de ese país.

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ED

Hasta hoy, nadie sabe a ciencia cierta si habrá gas o petróleo en el subsuelo marino en aguas profundas de la costa de Argentina. Aun así, una lista de -por ahora- 13 empresas ganaron licitaciones con el gobierno para explorar y explotar una amplia zona del norte del mar nacional, y otra en el mar del sur, cerca de las islas Malvinas. 

En medio del proceso se han desenvuelto conflictos entre la sociedad civil, el estado y las empresas interesadas, varias de las cuáles se han visto involucradas en incidentes de alto impacto ambiental en otras partes del mundo. 

Si bien hay estudios que afirman que ha habido una sustancial disminución de derrames en el océano, hay varias razones para que la sociedad civil vea con preocupación la instalación del offshore en Argentina. Aunque en el país ya hay contadas experiencias en aguas someras (costa adentro) y datos de derrames, varias organizaciones e incluso las mismas empresas prevén un incremento sustancial en la probabilidad de incidentes que afecten el mar.

Por ahora se pretende iniciar con un primer pozo exploratorio -llamado Argerich- a 300 km de la ciudad costera de Mar del Plata. El 9 de agosto se publicó en el Boletín Oficial, la aprobación de la segunda evaluación de impacto ambiental hecha por Equinor e YPF -las empresas responsables- después de haber sido revocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable -y presiones de la sociedad civil. 

Según lo que la Secretaría de Energía informó a Diálogo Chino, se calcula que la exploración comenzaría a inicios del próximo año y detrás de ese pozo, otros proyectos buscarán instalarse a lo largo del territorio hasta poco después del 2050.

¿La “era dorada” del offshore?

Desde hace tiempo, en América Latina, el offshore se ha desarrollado de manera acelerada. “Nosotros creemos que en la profundidad del mar puede haber yacimientos similares a los que se encontraron en Brasil, en el Presal”, explicó a Diálogo Chino, Aldo Duzdevich, asesor y vocero de la Secretaría de Energía de la Nación. 

El Presal se convirtió en una aspiración regional desde que, en 2007 se encontraron depósitos gigantes de hidrocarburos a la altura de las costas de Río de Janeiro. A partir de ese descubrimiento, Brasil se posicionó entre los principales productores hidrocarburíferos en el mundo del offshore, junto con México y Venezuela.

Desde hace menos de cinco años, esa la lista se comenzó a ampliar: Ecuador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Guyana, Surinam, Uruguay y Argentina han acelerado permisos y legislación que permite instalar esta industria en sus costas.

Hasta ahora, las empresas transnacionales con mayor presencia en esta parte del continente son ExxonMobil, Total Energy, Qatar Petroleum, Shell y Equinor. Esta última es la empresa más beneficiada de la explotación de hidrocarburos en el océano a nivel mundial.

En su mayoría, las licitaciones compradas por estas empresas comenzaron a partir de 2016 y se han intensificado en los últimos dos años. Casos como el de Guyana -en el cuál la compañía ExxonMobil halló uno de los yacimientos más grandes de la región- han potenciado la llegada de nuevas empresas y la apertura de nuevas licitaciones.

Aunque ya había varios estudios que apuntaban a la presencia de hidrocarburos en la costa este sudamericana, en 2021 se hallaron grandes yacimientos de petróleo y gas en las costas de Namibia, un país en el suroeste del continente africano. Este descubrimiento hizo reafirmar la probabilidad de encontrar depósitos del estilo en las costas de Uruguay y Argentina, ya que ambos continentes estaban unidos en el periodo cretácico.

Esa información fue sustento para justificar que entre 2019 y 2021, 13 empresas invirtieran más de 724 millones de dólares en la compra de permisos para explorar 18 zonas trazadas en el norte del mar argentino y en zonas cercanas a las islas Malvinas. Pero eso es solo es el inicio del desembolso, ya que habría que considerar gastos operativos, infraestructura y salarios que puede llegar a ser 11 veces el monto pagado al gobierno argentino. 

Según un reciente estudio de la consultora Ecolatina al que accedió Diálogo Chino, la inversión de las empresas durante todo el tiempo de exploración y explotación no llegaría al 10% de las ganancias totales. Los cálculos son hipotéticos, y se calcula que las ganancias para la nación no superarían el 2% del total.

Para el gobierno argentino la promesa de encontrar nuevos yacimientos más que una “ventana de oportunidad” representa una necesidad urgente para resolver dos grandes problemas: la falta de dólares en el Banco Central y el abastecimiento de gas a la población. 

Y aunque la existencia de pozos costa adentro (inshore), como costa afuera (offshore) en el país lleva varios años, muchos de estos pozos están sellados, y se conocen como “pozos históricos”. Las primeras aportan alrededor del 20% del gas generado y las segundas han sido minúsculas. Sin embargo, para el gobierno y su necesidad de resolver los problemas centrales de la economía, ese nivel de producción es menos que insuficiente.

Países como Guyana han abierto sus puertas al offshore para superar la crisis económica, especialmente después del confinamiento por la pandemia de Covid-19, y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, grupos ambientalistas como Marine Conservation Society en Guyana, Ni un pozo más, en Brasil, y las organizaciones argentinas FARN, OPsur y otras más han denunciado que los marcos regulatorios son muy flexibles lo que puede desembocar en impactos ambientales gigantescos.

Si bien la frecuencia de los derrames petroleros costa afuera ha disminuido a través de los años, la preocupación por ese u otro tipo de impactos es algo que no está descartado. Un estudio de la organización ambientalista Oceana concluyó en 2020 que la seguridad para evitar catástrofes en el mar no ha mejorado sustancialmente.

“Es probable que exista un mayor riesgo de derrame hoy en día, ya que se está perforando a más profundidad y a mayor distancia de la costa. Estamos hablando de más perforación con menos seguridad: es una receta perfecta para el desastre”, denunció en su momento, Diane Hoskins, directora de campañas de esa organización.

Un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina pone especial foco en la empresa Equinor, ya que su industria se extiende a más de 30 países en todos los continentes, y está involucrada en un abanico de irregularidades en el mundo. Entre ellos, una serie de derrames petroleros en Noruega desde 2006 a 2021. Ocho de las licitaciones que Argentina dispuso fueron obtenidas por la empresa.

Para Fernando Halperin, Coordinador del Plan de Comunicaciones del Instituto Técnico de Petróleo y Gas (IAPG), el cual representa a empresas fósiles en Argentina, las denuncias actuales en contra del offshore son infundadas, ya que la capacidad técnica actual es “mucho más avanzada que lo que tenían hace 10 años”. 

En el último tiempo, las compañías han puesto un fuerte desarrollo en generar protocolos de contención, especialmente después del caso del pozo Macondo en el Golfo de México hace 12 años. Los resultados del incidente fueron trágicos y los intentos de mitigación realizados por la compañía British Petroleum -principal responsable- fueron insuficientes, según denunció el mismo estudio de Oceana. 

América Latina ha sido protagonista de algunas catástrofes que involucran a la explotación petrolera y a la contaminación marina. De los más representativos son el derrame en la Península de Paria y el río Guarapiche, en Venezuela, el derrame y fuga que sufrió la costa brasileña en 2019, o el más reciente caso de derrame en la refinería de Repsol, en las costas del centro de Perú a inicios del año.

Víctor Quilaqueo, especialista en offshore del Observatorio Petrolero Sur (OPsur), sostuvo que si bien el derrame es uno de los impactos más visibles, hay otros menos resaltados, pero igual importantes. “Existen emisiones gigantescas por fugas de gas como el caso del golfo de México el año pasado”. Según un reporte del proyecto Copernicus, en general la industria libera dióxido de nitrógeno que puede provocar lluvia ácida, u ozono. 

Estudios indican también que el sonido emitido por los cañones de aire que se usan para la exploración offshore pueden afectar a los seres vivos en el mar. “Estos estruendos emitidos a diferentes frecuencias pueden afectar ciclos reproductivos, alimenticios y orientativos”, explicó a Diálogo Chino, Michell Havlik, doctora en bioacústica marina en la Universidad de Kaust, en Arabia Saudita.

Halperin indicó que la industria está enterada de esta situación y que ha implementado métodos para reducir el impacto. “Se llama arranque suave. Empezamos con un estruendo sutil y vamos aumentando la potencia progresivamente para que, si hay algún cetáceo o cardúmenes de peces empiecen a sentirse molestos y se alejen en el mar”, explicó el representante de IAPG. 

Entre 25 y 30 años es el tiempo calculado que la explotación offshore duraría hasta que los pozos de hidrocarburos se agoten o dejen de ser rentables. Esto siempre implica que hay un final y que todo lo que se desarrolló terminaría por quedar sin uso. “Gran parte de la infraestructura en los pozos se desarman”, apuntó Halperin. Otro porcentaje, según denuncian organizaciones, queda como activos varados o cascarones vacíos. 

Un reporte de la Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (Ccadi por sus siglas en inglés) advirtió que en poco tiempo esta maquinaria no aportará a la producción, consecuencia de la descarbonización del mercado por los compromisos climáticos.

Pero para OPsur, no solo es el gasto en la infraestructura lo que puede afectar a la economía y a la población. “Todos estos impactos afectan especialmente a las actividades en las regiones costeras. El turismo y la pesca pueden ser de las principales actividades de la zona se ven opacadas”, explicó Quilaqueo.

Halperin piensa que esto es una exageración. “Estamos a 300 kilómetros de la costa, ni siquiera se ven las plataformas”, replicó el representante de IAGP. Sin embargo, la construcción de puertos, refinerías, centros de acopio de los hidrocarburos, tendido de ductos, de caños y también de rutas de ocupación exclusiva para la industria pueden desplazar actividades económicas ya instaladas en el lugar además de despojar a esa población de una zona en uso.

El país en donde el offshore se instala

Aunque hay poca información, es un hecho que el país ha tenido derrames petroleros en el océano. En un pedido de acceso a la información pública realizado por Diálogo Chino a la Prefectura Naval en junio, se informó que hubo al menos 17 derrames registrados entre el 2016 y 2022. Estos datos coinciden con un estudio hecho durante ese periodo por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que tiene un sistema de monitoreo de derrames en costas.

En un pedido de acceso a la información pública o a la Prefectura Naval en junio, se informó que hubo al menos 17 derrames registrados entre el 2016 y 2022

Los únicos datos disponibles comprenden solo esos seis años. Sin embargo, según la Ley 22.190, la  Ley Nº 24.089, la Ley 24.292, y la Ley 25.137, el monitoreo debería funcionar desde 1981 a la fecha. El volumen derramado, materiales y empresas involucradas siguen siendo un misterio puesto que estos casos están en investigación judicial. No obstante, a partir del pedido de acceso a la información, la Prefectura Naval de la Nación informó que la suma total del pago de multas de todos esos años fue de 19.408 dólares. 

En su compromiso de cambio climático, o NDC, el gobierno argentino plantea un escenario al 2030 en donde se de un crecimiento simultáneo de los combustibles fósiles, especialmente el gas natural, y de las energías renovables no convencionales. Sin embargo, desde la asunción del presidente Alberto Fernández no se han hecho nuevas licitaciones públicas a parques solares y eólicos. 

“No basta solo con tener una meta a 2030 o 2050, es fundamental elaborar una hoja de ruta para lograrlo”, apuntaron en el último Informe Ambiental de FARN Pía Marchegiani y Andrés Napoli, los directores de la organización. Esta exigencia es la cara de una disyuntiva que orbita entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Energía, con un peso diferencial inclinado al segundo.

De un lado, está la pretensión de generar, de forma acelerada, divisas para resarcir la crisis económica de Argentina. Y del otro lado, está la generación de políticas concretas para implementar una transición energética, regular la producción de hidrocarburos, y cumplir con la reducción de emisiones. “En el marco de un Estado que promueve el avance de hidrocarburos la capacidad de fiscalización, de control, o de regulación es muy limitada”, reconoció Quilaqueo.

Una de las últimas declaraciones sobre el tema del ministro de Economía, Sergio Massa desde Neuquén fue la de una generación de medidas para acelerar la producción hidrocarburífera. Tal es el caso de la apertura a la inversión de las empresas TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea que invertirán $700 millones de dólares para avanzar con la construcción del proyecto hidrocarburífero, Fénix, en el mar Austral. Por otro lado, adelantó que firmará en breve la prórroga de las concesiones de Oldelval y Oiltanking-Ebytem para apuntalar inversiones por $1400 millones de dólares para ampliar el sistema de oleoductos desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca.

En una reciente entrevista, la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini habló de las dificultades para llegar a un consenso en la estrategia de descarbonización del país al 2050, un complemento de la NDC al 2030 y algo a lo que se había comprometido Argentina a presentar en la COP26. Si bien habla de colaboración con la Secretaría de Energía, Desarrollo Productivo y Agricultura no ha adelantado ninguna concreción ni con la anterior administración, ni con la actual. Aún con la COP27 a la vuelta de la esquina, no hay definiciones sobre esa estrategia, pero anuncian que será presentada en dicha cumbre.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/ 

MA

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

Documentos incorporados al expediente que construía entonces el juez federal del estado brasileño de Paraná Sergio Moro señalaron que un gestor de Ricardo Jaime había reclamado, en 2009, el pago de una cuota de US$ 80.000 de una presunta coima al director de operaciones de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro. Con esa información sobre un monto que luego se demostraría irrelevante para las magnitudes manejadas, la legisladora de Cambiemos acudió a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi dio impulso a la investigación y el expediente quedó abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.  

Desde entonces, el caso acumula tantas pruebas como movimientos estrambóticos, y hace dos años que no avanza. Hubo de todo. Un arrepentido clave que dejó de arrepentirse después de que Martínez de Giorgi sobreseyera a su esposa e hijos, procesamientos, desprocesamientos, hallazgos de rutas de dinero hacia cuentas offshore en Andorra y Uruguay y una singularidad extrema: aparecen en el banquillo los receptores de dádivas, según la benigna acepción del juez, pero, por ahora, quedan exceptuados de culpa y cargo los empresarios que supuestamente entregaron montos millonarios.

La versión del Lava Jato indicó que Jaime y su asesor español Manuel Vázquez crearon la firma Control y Auditorías Especiales (CAESA), con sedes en Argentina y España, para recibir sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, IECSA —la empresa cedida por los Macri a su pariente Angelo Calcaterra en 2007—, la italiana Ghella —socia de IECSA en otros emprendimientos en la Ciudad de Buenos Aires— y la española Comsa.

A medida

El llamado a licitación para el soterramiento fue firmado por Jaime el 21 de febrero de 2006, al que respondieron IECSA —todavía con los Macri a cargo de la empresa—, Roggio y el consorcio Isolux-Esuco, según consta en el expediente judicial. Tras múltiples modificaciones en el trazado de la obra, montos y plazos, Cristina Fernández de Kirchner adjudicó el trabajo al cuarteto IECSA–Odebrecht–Ghella—Comsa, con participación de 30% para los tres primeros y 10% para el último, el 23 de enero de 2008.

Todo el concurso a cargo de los secretarios de Transporte Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) estuvo signado por la falta de planificación básica, como la elaboración de un presupuesto, fuente de financiamiento o definiciones técnicas para realizar la obra, lo que dejó casi todo librado al contratista, indicó un dictamen de Sergio Rodríguez, procurador de Investigaciones Administrativas, presentado en diciembre de 2017.

Desde un principio, la extrema opacidad de la licitación estuvo orientada a que el soterramiento fuera adjudicado al consorcio ganador, pese a la supuesta competencia con Isolux —una firma española con presencia recurrente en los concursos ganados por IECSA— y Roggio.

Ad honorem

En el procesamiento decretado el 15 de abril de 2019, Martínez de Giorgi dio por probado que IECSA pagó $ 600.000 a CAESA, la consultora creada por Vázquez, el asesor “ad honorem” de Jaime, y Comsa hizo lo propio por $ 263.097,56, entre 2005 y 2009. Vázquez se desligó formalmente de CAESA en 2005, aunque siguió a cargo de la gestión. Por si quedaran dudas, el consultor español dejó a su esposa, Marta Margarita Domínguez, como apoderada de la firma, y a sus hijos Julián y Mariano como vicepresidente y director, respectivamente.

La consultora de Vázquez cumplió su ciclo. Tras el desplazamiento de Jaime, en 2009, y, sobre todo, tras el accidente de Once de febrero de 2012 que derivó en la renuncia de Schiavi, el soterramiento pasó a la órbita de Julio de Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015. Allí cobró protagonismo la firma Sabrimol, una offshore radicada en Uruguay a cargo de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunta receptora de las coimas pagadas por Odebrecht.

A su vez, fue incorporada al expediente el “acta de culpabilidad” firmada por Odebrecht en Estados Unidos, mediante la que el gigante brasileño admitió sobornos por US$ 35 millones a intermediarios con el Estado argentino, sin detalles.

Los mails del ejecutivo de Odebrecht Couri Ribeiro registrados en la causa de Moro en Brasil —también mencionados por Martínez de Giorgi؅— dieron cuenta de que Javier Sánchez Caballero, segundo de Angelo Calcaterra en IECSA, solicitó US$ 20 millones para abonar las coimas por la adjudicación del soterramiento.

Hipótesis corroborada

Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el juez señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito (desde donde ya continúa en trinchera hasta Once), dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

Con todo, el juez dispuso procesar a los funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por cohecho. La figura le cupo a Jaime, su asesor Vázquez, Schiavi, De Vido, José López y una veintena de funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación.

A Sánchez Caballero, de IECSA, y a Ramón Castro, de Comsa, Martínez de Giorgi les asignó el presunto delito de “ofrecimiento de dádivas”. El juez entendió que como los pagos a CAESA, la consultora de Vázquez, sumaron $ 1 millón, o 0,01% del monto estimado de la obra, no podían considerarse sobornos. A Vázquez y Julián Soba Rojo, presidente de la consultora, les atribuyó el delito de recibir esas “dádivas”. El monto citado era, en efecto, mucho menor en comparación con otros que copaban el expediente, pero el juez no los consideró suficientemente probados.

Al resto de los empresarios, incluidos Calcaterra, el Corcho Rodríguez y los representantes de Ghella y Odebrecht, Martínez de Giorgi los benefició con la “falta de mérito” (es decir, no quedaron procesados, pero sí sujetos a seguir siendo investigados). La esposa y los hijos del gestor Vázquez fueron directamente sobreseídos por el titular del juzgado 11 de Comodoro Py. Se verá: no fue magia.

De Vázquez al Corcho

El fiscal Picardi apeló los procesamientos y sobreseimientos en todos sus términos con 547 páginas presentadas el 26 de abril de 2019. Entendió que no se trató de meras dádivas sino de una trama de sobornos orquestada desde distintas dependencias oficiales y privadas, en Argentina y el exterior, sostenida a lo largo del tiempo. Picardi solicitó que el delito imputado fuera cohecho activo para los pagadores y cohecho pasivo para los receptores, figuras que suponen penas más graves que las estipuladas por el juez.

La “adecuación espuria” del proceso de licitación tuvo por fin directo beneficiar al cuarteto Odebrecht-Iesca-Ghella-Comsa, escribió el fiscal. En un primer tramo, el esquema de sobornos se canalizó a través de la falsa consultoría del testaferro Vázquez, y luego, tras la salida de Jaime del Poder Ejecutivo, mediante una trama más intrincada de sociedades offshore, argumentó. Ello coincidió con la decisión política de que el soterramiento fuera solventado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, organismo bajo la órbita de Julio de Vido.

El consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A, por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”

Más allá de las confesiones y supuestas pruebas acumuladas en el expediente Lava Jato de Brasil, Picardi reconstruyó la ruta de aparentes sobornos que involucran a paraísos fiscales con la actuación estelar de Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, el consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A (DSC), por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, citó Picardi en su apelación.

El flujo de esas transferencias a cuentas radicadas en la Banca Privada de Andorra (BPA) fue reportado desde un juzgado de ese paraíso fiscal en los Pirineos españoles. Una investigación judicial en Andorra halló que la BPA fue el vehículo para la canalización de coimas por parte de Odebrecht para sus negocios en América Latina. No fue una excepción. La entidad andorrana había sido intervenida en 2015 a raíz de un reporte de Financial Crimes Enforcement Network de Estados que la había sindicado como un banco dedicado, básicamente, a lavar dinero.

Conozca a su cliente

La otra punta del ovillo se encuentra en un exhorto respondido por autoridades uruguayas. Sabrimol, la empresa que tanto el juez como el fiscal atribuyen al “Corcho” Rodríguez, recibió USD 4.946.148,84 y € 224.046 euros de parte de la firma Klienfeld en su cuenta del Banco Itaú en Uruguay, hasta 2014. Klienfeld era un armado offshore de Odebrecht para canalizar coimas. La cifra que partió a DSC en Andorra y de allí se difuminó hacia otras offshore y la que llegó a Sabrimol en Uruguay exhiben una coincidencia llamativa.

En la descripción “Conozca a su ciente”, la sucursal en Uruguay del Banco Itaú detalló sobre Sabrimol:

“Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”.

Los registros de comunicaciones de José López y emails incautados en la investigación del Lava Jato de Brasil dieron cuenta que el mencionado secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta delegaban en Rodríguez la gestión ante Odebrecht, indicó Picardi. Ambos funcionarios eran, a su vez, interlocutores habituales de Calcaterra, cabeza argentina del consorcio encargado del soterramiento.

El Corcho negó ser titular de Sabrimol, pero tanto el juez como el fiscal lo consideraron probado por múltiples documentos.

El desarrepentido

El expediente brinda otro episodio singular. Hacia febrero de 2019 seguían los coletazos del festival de arrepentidos disparado en la causa Cuadernos. El 26 de ese mes, el gestor Vázquez se presentó ante la fiscalía de Picardi para declararse imputado colaborador. Su testimonio, sin la opacidad de la intervención del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, habría significado un activo para la acusación, por entonces todavía a la espera de que se validaran los arrepentimientos y las pruebas construidos en el Lava Jato de Brasil (ocurriría en junio siguiente).

Vázquez le dijo a Picardi que Calcaterra había abonado US$ 20 millones a Jaime para obtener la adjudicación del soterramiento. Tras su arrepentimiento, el intermediario español debió afrontar una operación, lo que dilató el trámite para ser aceptado como imputado colaborador.

En abril, el juez Martínez de Giorgi se precipitó a procesar a unos 25 exfuncionarios —entre ellos, Vázquez— con la figura penal más débil posible, decretó la falta de mérito para la pata empresarial y dictó tres sobreseimientos: Marta Giménez (esposa) y Mariano y Julián Vázquez (hijos). Al mes siguiente, el testaferro de Jaime reapareció en Comodoro Py con nuevo abogado. Declaró ante Martínez de Giorgi que su arrepentimiento de febrero había sido inducido por su anterior letrada, pero que había recapacitado y ya no tenía nada que confesar. En tres meses, el cargo de conciencia se evaporó.

La sala 2 de la Cámara Federal se expidió sobre la apelación de Picardi contra el débil procesamiento dictado por el juez de primera instancia en agosto de 2019. En un texto breve, con consideraciones genéricas, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fallaron que los procesamientos y las faltas de mérito dictaminadas por Martínez de Giorgi estaban infundados y eran autocontradictorios, y declararon la nulidad de lo resuelto.

Desde entonces, uno de los expedientes en el que gritan indicios claros sobre un sistema de corrupción que abarca a altos funcionarios de los Gobiernos de los Kirchner y a la empresa de los Macri ocupa un lugar en un despacho de Comodoro Py.

El paso cansino y errático del expediente en el juzgado en lo criminal federal 8 de Capital Federal sintonizó a la perfección con la decisión del Ejecutivo de Cambiemos de reactivar la obra y pagar US$ 759 millones en un lapso de tres años al mismo consorcio que eligió Ricardo Jaime en 2006. 

SL

En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los archivos incluían millones de emails corporativos que provenían de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios “offshore”.

Como consecuencia de las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panama Papers, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y su homólogo paquistaní Nawaz Sharif se vieron obligados a dimitir, al igual que otros muchos mandatarios. 

La filtración provocó protestas multitudinarias en Londres, Reikiavik y otros lugares, así como desencadenó la apertura de miles de investigaciones judiciales e inspecciones tributarias en todo el mundo. Además, desde entonces, se han promulgado leyes más estrictas para combatir el negocio de las sociedades pantalla. Los estados han recuperado más 1.300 millones de dólares que se habían perdido por impuestos no recaudados.

Hasta la fecha, ‘John Doe’ solo se había pronunciado una vez en público. Cuatro semanas después de que los Panama Papers comenzaran a ver la luz, publicó un manifiesto en el que hizo un llamamiento a los legisladores para que actuaran para combatir la desigualdad global. Desde ese momento, se han publicado libros, podcasts y documentales sobre la filtración. Incluso, Hollywood hizo una película sobre el tema que protagonizó Meryl Streep. Pero el denunciante que filtró la documentación ha guardado silencio hasta ahora.

Recientemente, ‘John Doe’ se puso nuevamente en contacto con los dos periodistas que en 2016 trabajaban para el diario SZ y que ahora lo hacen en el semanario Der Spiegel (aquí la entrevista completa en inglés). Con el fin de garantizar su anonimato, la entrevista con esta fuente fue realizada online mediante un programa cifrado. La entrevista, que tuvo lugar con la presencia de un testigo, ha sido acortada para una mejor comprensión, ligeramente editada y, como es habitual en el periodismo alemán, el texto fue enviado al entrevistado para que diera el visto bueno antes de la publicación.

¿Cómo está? ¿Se siente seguro?

Sí, me siento seguro, hasta donde yo sé. Vivimos en un mundo peligroso y eso me inquieta a veces. Pero lo más importante es que me encuentro bien y me considero una persona afortunada.

Usted ha guardado silencio en los últimos seis años. ¿No se ha sentido tentado a desvelar que fue usted quien facilitó que se hicieran públicos los negocios secretos a través de sociedades ‘offshore’ de jefes de Estado y de gobierno, cárteles de narcotráfico y diferentes tipos de criminales?

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre, como pienso que mucha gente hace. En aquella época, mi única inquietud era seguir vivo hasta que la historia pudiera ser contada por alguien. Me tomó varios días adoptar la decisión de compilar los datos del despacho Mossack Fonseca que estaban a mi alcance. Me sentía como si estuviera mirando a través del cañón de una pistola cargada, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo.

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad

Usted se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que puso en marcha una investigación en la que colaboraron más de 400 periodistas y que fue coordinada por ICIJ. Cuando llegó a nosotros, ¿qué le pasaba por la mente?

Cuando me puse en contacto con ustedes, no tenía ni idea de lo que iba a pasar o si ustedes iban siquiera a responder. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no mostraron interés, incluidos reporteros de The New York Times y The Wall Street Journal. Wikileaks ni siquiera se molestó en contestar cuando les escribí más tarde.

(NdA: NYT y WST declinaron hacer comentarios sobre este asunto. Der Spiegel se puso en contacto con Wikileaks, pero no obtuvo respuesta alguna.)

El equipo global de periodistas comenzó a publicar los Panama Papers el 3 de abril de 2016. ¿Cómo fue ese día para usted?

Lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos y me dejó pasmado que Edward Snowden se mostrara sobreexcitado comentando el proyecto en Twitter. Recuerdo cómo miles de posts iban circulando de un sitio a otro en las redes sociales. Nunca había visto nada similar. Se trataba literalmente de una explosión informativa. La gente con la que estaba aquel día se puso a hablar del asunto tan pronto como lo conocieron. Hice todo lo que estaba a mi alcance para disimular y hacer como si fuera la primera vez que oía hablar del tema.

Muchos expertos comparan los Panama Papers con el Watergate. La fuente más importante del Watergate fue el director adjunto del FBI Mark Felt, quien se hizo llamar ‘Garganta Profunda’. Al final, reveló su verdadera identidad 33 años después de que se publicara el Watergate.

De vez en cuando, he pensado en Mark Felt y los riesgos que él afrontó. El tipo de riesgos que yo asumo son diferentes a los suyos. Es posible que tenga que esperar hasta que me encuentre en el lecho de muerte.

(Al domingo que se estrenó Panama Papers) lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos

¿Por qué?

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad. Al comienzo, Felt tuvo que preocuparse por Richard Nixon y sus cómplices. Nixon dimitió dos años después de que estallara el escándalo. Su renuncia le quitó todo poder. Sin embargo, en mi caso, incluso si transcurren 50 años, las organizaciones que me inquietan seguirán existiendo.

¿Le ha contado a alguien su papel en los Panama Papers?

Tras la publicación, se lo conté solo a algunas personas, de aquellas a las que más quiero.

Usted ha permanecido en silencio los últimos seis años. ¿Por qué quiere hablar ahora?

En estos seis años, ha habido ocasiones en las que he estado tentado a hablar alto y claro. En cada uno de esos momentos, es como si el mundo se estuviera escorando más y más hasta estar cerca de hundirse. De modo que la necesidad de intervenir me ha parecido cada vez más urgente para evitar la catástrofe. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que poner en la balanza diversos factores.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers

¿A qué se refiere exactamente?

En primer lugar, por supuesto, garantizar mi propia seguridad física y la de mi familia. Además, está el hecho de que el mundo es un lugar enorme con una cacofonía de voces, todas ellas intentando que su punto de vista se entienda. Quería que mis palabras cobraran sentido y que no se perdieran tras el siguiente tuit de Donald Trump. En 2016, escribí [en un manifiesto] sobre mi miedo a algo que ya estaba observando: “Una grave situación de inestabilidad podría estar justo a la vuelta de la esquina”. Mucho me temo que esa inestabilidad finalmente ha llegado.

¿A qué tipo de inestabilidad se refiere?

Al ascenso global del fascismo y el autoritarismo, desde China a Rusia pasando por Brasil y Filipinas, pero muy especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido errores terribles a lo largo de su historia, pero también ha servido como una fuerza de equilibrio para contrarrestar la influencia de los peores regímenes absolutistas cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir.

Parece que los paraísos fiscales son de una importancia crucial para los hombres fuertes de los regímenes autocráticos.

Putin es una amenaza mayor para Estados Unidos de lo que lo fue Hitler y las sociedades pantalla (offshore) son sus mejores amigas. Las sociedades ‘offshore’ que financian al ejército ruso son las que permiten que se mate a civiles inocentes en Ucrania cuando los misiles de Putin impactan en centros comerciales. Las sociedades pantalla que ocultan las actividades de los conglomerados empresariales chinos son las que permiten que mueran menores en las minas de cobalto de Congo. Las compañías ‘offshore’ hacen posible todos estos horrores y le quitan a la sociedad el derecho de exigir rendición de cuentas a los poderosos. Sin rendición de cuentas, la sociedad no puede funcionar bien.

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre

Los Panama Papers parecen tener más relevancia ahora que nunca debido a la agresión rusa contra Ucrania. Por ejemplo, uno de los más viejos y cercanos amigos de Vladimir Putin, el violonchelista Sergei Roldugin, fue sancionado internacionalmente a finales del pasado febrero. La razón principal es que su nombre fue encontrado en los Panama Papers. Los documentos mostraban que Roldugin parece haber sido el testaferro de su poderoso amigo Vladimir Putin y que posee millones, al menos sobre el papel. ¿Está satisfecho por este giro inesperado en los acontecimientos?

Estoy contento por ver cómo Roldugin ha sido sancionado. Es genial.

¿Tiene miedo de que Rusia busque venganza?

Es un riesgo con el que vivo. El gobierno ruso ha manifestado que quiere verme muerto. Antes de que se restringiera la difusión de las informaciones de Russia Today en diversos lugares debido al ataque de Rusia contra Ucrania, emitió un docudrama sobre los Panama Papers en dos capítulos en cuyos créditos iniciales aparecía el personaje ‘John Doe’ herido en la cabeza tras haber sido torturado. Inmediatamente después se ve un barco de dibujos animados que navega por su sangre, como si fuera el Canal de Panamá. Aunque fueran unas imágenes estrambóticas y de mal gusto, el mensaje no era sutil. Ya hemos visto cómo otras personas ligadas a cuentas ‘offshore’ y sometidas a procesos judiciales por tributación irregular recurren al asesinato. Lo hemos visto en los casos de los periodistas Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak. Sus muertes me afligieron profundamente. Hago un llamamiento a la Unión Europea para que haga justicia con Daphne, Ján y sus familias, y para que establezca el estado de derecho en Malta, una de las jurisdicciones que usó Mossack Fonseca.

En 2017, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA, por sus siglas en alemán) obtuvo mucha documentación de Mossack Fonseca, también procedente de una fuente anónima.

Sí, fui yo. Desde el principio, quería trabajar con autoridades gubernamentales porque me parecía obvio que era necesario para iniciar investigaciones por los delitos descritos en los Panama Papers. Más que ningún otro gobierno, el alemán me aseguró que garantizaría la seguridad de mi familia y la mía propia. Pasado un tiempo, llegamos a alcanzar un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, poco después, el gobierno alemán violó ese pacto. A mi entender, eso puso en riesgo mi vida. Siento decir que no recomiendo a nadie que confíe en las garantías que ofrece el Estado alemán. 

(NdA: La Oficina Federal de Investigación Criminal declinó hacer comentarios sobre estas acusaciones.)

Algunos artículos periodísticos informaron de que usted fue recompensado con cinco millones de euros. ¿Por qué está descontento con la Oficina Federal de Investigación Criminal?

Hubo tres problemas fundamentales. En primer lugar, sentí que una vez que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) obtuvo los datos, me dejaron solo y no me procuraron ningún tipo de protección. Esa desprotección era imprudente porque la amenaza sobre mi seguridad, lejos de menguar, se acrecentaba con el tiempo. Poco tiempo después y a plena luz del día, hubo un asesinato en Berlín que se vinculó a una operación del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). Podría haber sido yo la víctima. Segundo, el Gobierno alemán no cumplió con el acuerdo económico, lo que me provocó más problemas que pusieron en riesgo mi seguridad. En tercer lugar, la BKA ha desaprovechado constantemente la oportunidad de analizar datos del mundo ‘offshore’ más allá de los Panama Papers, lo que es realmente escandaloso.

Entonces, ¿usted piensa que las autoridades alemanas no han hecho lo suficiente para garantizar su seguridad?

Quiero ser justo con ellos. Me ofrecieron unas pequeñas medidas de seguridad, pero éste es el tipo de situación en el que un solo error produce consecuencias desastrosas e irreversibles. Por una serie de razones, nunca me sentí cómodo con su planteamiento general, especialmente según iba pasando el tiempo. Si de verdad el Gobierno alemán hubiera apreciado la relevancia de los Panama Papers, estoy seguro de que habrían manejado la situación de modo diferente.

¿Qué solicitó exactamente a la Oficina Federal de Investigación Criminal? ¿Ser un testigo protegido? ¿Una nueva identidad? ¿Más dinero?

Solo puedo decir que no cumplieron con el acuerdo económico que habíamos pactado.

La policía alemana ha compartido los documentos de Mossack Fonseca con docenas de países, pero han limitado esa colaboración a entregar datos que afectaban a los ciudadanos del país correspondiente. Parece lógico pensar que las informaciones sobre los oligarcas fueron únicamente entregadas a las autoridades rusas, a menos que existieran investigaciones abiertas en otros países. Resulta una situación un tanto absurda, dado que esos hombres han sido recientemente sancionados internacionalmente como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers. Sus investigaciones se centran en los yates. Francamente, los yates no son importantes más allá de su valor simbólico. Las sociedades ‘offshore’ y los ‘trusts’ (fideicomisos) sí que importan de verdad. Las sanciones son una buena herramienta, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría hacer redadas policiales en las oficinas de los facilitadores de sociedades ‘offshore’ que actúan en su territorio para mandar el mensaje de que este tipo de actividades ya no es admisible. Sería fácil para ellos hacerlo, pero no ha ocurrido.

Edward Snowden está atrapado en Rusia. Aunque se muestra crítico con el gobierno de Putin por sus niveles de corrupción, Snowden no puede abandonar el país porque tendría que enfrentarse a un juicio en Estados Unidos.

Snowden es solo una pieza del puzle en la guerra de desinformación que Rusia lleva practicando contra Estados Unidos durante la mayor parte del último siglo. Si la Inteligencia estadounidense tiene pruebas acusatorias contra él, que las haga públicas y así todos podremos verlas. Si no las tiene, el presidente Biden debería perdonarlo y permitir su vuelta a casa. Así de simple.

Lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida

¿Cuán satisfecho está usted con las consecuencias de la filtración?

Me siento gratamente asombrado por el resultado de los Panama Papers. Lo que ICIJ logró no tiene precedentes. Me siento extremadamente feliz, incluso orgulloso, de que hayan sucedido grandes reformas legislativas gracias a los Panama Papers. El hecho de que después haya habido colaboraciones periodísticas en una escala similar también es un triunfo. Tristemente, no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un despacho de abogados fuera a resolver la corrupción en el mundo y mucho menos cambiar la naturaleza humana. Pero los políticos deberían actuar. Necesitamos que las informaciones de los registros mercantiles sean públicas y accesibles en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, pasando por Seychelles, Labuán o Delaware. Ahora mismo, sin esperar más. Y si oís cierta resistencia a hacerlo, estás oyendo a un político que debería dejar su cargo.

Desde 2016, miles de historias de los Panama Papers se han publicado. ¿Piensa que aún hay alguna que el mundo necesita ver publicada?

Todavía quedan muchas historias por contar. Una que me viene a la mente es la de un ‘trust’ que firma cheques en papel color amarillo y que fue creado por un despacho de abogados colombianos para el beneficio de un cártel de narcotraficantes. En las operaciones de esa estructura ‘offshore’ colabora un banco estadounidense que permitió el uso directo de su cuenta corresponsal en un banco de Panamá. Los nombres de los receptores de los cheques se escribían  con máquina de escribir. Nos quedaríamos cortos si calificáramos estas operaciones como poco habituales. Perfectamente, podrían haber emitido cheques con una señal de alarma roja y no habría pasado nada tampoco.

¿Qué le ha enseñado su filtración sobre la denuncia de irregularidades?

Aunque quizás sea excepcional, diría que lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida. Pero exige mucho esfuerzo y mucha suerte ir un paso adelante del resto.

¿Qué le recomendaría usted a los potenciales denunciantes?

Les diría que contar la verdad sobre asuntos sensibles nunca resulta fácil. Un factor infravalorado es lo difícil que es mantener la cabeza fría. Tanto si estás hablando con periodistas o con autoridades gubernamentales, hay que estar preparado para que todo se mueva lentamente. Es fundamental respirar hondo y encontrar otras cosas en las que pensar de vez en cuando.

Si usted pudiera volver al pasado, ¿volvería a filtrar los documentos?

Sí, sin pestañear.

Traducción del inglés por Marcos García Rey.

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ED

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata habilitó hoy el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino al dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía las operaciones que se realizarán a 300 kilómetros de la costa bonaerense, y que había sido oportunamente apelada por el Gobierno nacional.

Según el fallo, el tribunal, a la vez, ordenó realizar una “nueva Declaración de Impacto Ambiental” que resulte complementaria de la ya aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar continuidad a la Campaña de Adquisición Sísmica offshore, de acuerdo al fallo conocido esta tarde.

En el fallo, el tribunal ordenó dejar sin efecto la medida cautelar tras rechazar la revocatoria de marzo pasado, así como “declarar abstracto el tratamiento de los recursos opuestos contra el efecto suspensivo otorgado por el a quo a los recursos interpuestos contra la medida cautelar”.

Asimismo, ordenó que -a fin de dar continuidad a las actividades propias del proyecto de prospección sísmica offshore- el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá dictar una nueva declaración de impacto ambiental complementaria de la ya dictada.

Tras dar participación a la Administración de Parques Nacionales, ordenó que se valoren las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal y nacional, y se incluyan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.

Además, dispuso que se incluyan, analicen y sopesen “en forma conglobada, el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el presente proyecto, atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos”.

A comienzos de febrero, el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.

El Gobierno el 30 de diciembre había otorgado la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.

La tarea de exploración del lecho marino va a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.

DA

Con el argumento de la parálisis generada por la pandemia, la Secretaría de Energía extendió por dos años el plazo del primer período de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino otorgado a las empresas YPF, Equinor y Shell. Así, el período original de cuatro años dispuesto en abril de 2019, se extenderá a seis. 

De acuerdo con la resolución 372/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, la exploración de hidrocarburos en áreas “costa afuera” requiere la contratación de buques especiales, cuya disponibilidad depende del nivel de actividad, logística de la operación y ventanas climatológicas, entre otras variables. La norma resalta que la pandemia implicó “la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país”, lo que afectó la exploración, del mismo modo que el aislamiento obligatorio y la suspensión de los plazos de los procesos administrativos dentro del Estado.  

La exploración a la que se hace referencia es sobre el área identificada como CAN_100, que tiene en total 15.000 kilómetros cuadrados. Es el bloque más grande de los 14 que integran la Cuenca Norte del Mar Argentino y está ubicado a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. El acta acuerdo original fue firmada en abril de 2019 entre el la Secretaría de Energía e YPF, empresa que en 2020 le cedió participación del permiso de exploración a las subsidiarias argentinas de las multinacionales Equinor y Shell.  

Esta primera etapa –que se complementa con un segundo período de cuatro años y una prórroga posible de cinco más– está destinada a realizar “la registración de 1.500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D”. Esto es: un buque especialmente preparado para eso avanza a baja velocidad mientras arrastra unos cables gruesos (streamers) que contienen sensores que captan datos sísmicos del subsuelo, generados adrede con ráfagas de aire comprimido. Esos datos permiten identificar posibles acumulaciones de petróleo y gas.

Una vez culminada esa etapa las empresas deben informar si tienen voluntad de continuar con la exploración, que entonces incluiría la perforación de un pozo de 1.500 metros por debajo del lecho marino.

La iniciativa avanza pese algunos reveses judiciales que fueron apelados por el Estado y frente a la reticencia de sectores ambientalistas, que entre otras cosas advierten sobre posibles efectos perjudiciales sobre la fauna marina. 

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Energía, solo el área CAN_100 tiene el potencial de generar 22.000 puestos de trabajo directos e indirectos en caso de que la exploración sea exitosa y se encuentre presencia de hidrocarburos. No se trataría de la primera extracción de hidrocarburos offshore del país. Hace más de 30 años existe este tipo de explotación frente a la costa de Tierra del Fuego y alrededor del 18% del gas consumido en el país proviene de plataformas marinas.

Este martes el secretario de Energía, Darío Martínez, estuvo en Mar del Plata donde firmó “un convenio para la capacitación de futuros trabajadores y trabajadoras en la producción offshore” junto al secretario general de la CGT de Mar del Plata, Miguel Guglielmotti; el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, y Guillermo Bianchi por la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras. 

Según Martínez, “el desarrollo offshore significará un gran hito en la creación de trabajo para nuestro país”. “Hoy la actividad hidrocarburífera es el mayor multiplicador de empleo de Argentina: Por cada puesto de trabajo directo en hidrocarburos se crean 5 más en otras actividades”, dijo. 

DT