La “telaraña del Reino Unido”, un entramado clave en el mundo de las offshore

En las últimas semanas, el fallecimiento de la Reina Isabel suscitó intensas discusiones sobre el impacto y el legado del imperio británico en todo el mundo. Filas infinitas, hinchadas de fútbol en coro, ritos fúnebres faraónicos, programas de televisión festejando -un desfile interminable de imágenes que capturó la intensidad de las reacciones, y fue acompañado por múltiples argumentos sobre el papel que desarrolló esta estructura de poder. Dentro de los varios factores que se incluyeron en este balance, se apuntó, por ejemplo, a los flagelos del colonialismo inglés, y el papel de imperialismo en el tráfico de esclavos.  Sin embargo, una dimensión de ese legado sigue siendo muy poco visible, pese a su impacto político y económico: el papel del imperio británico en el desarrollo de las guaridas fiscales, y del mundo offshore en general.

 Según la perspectiva de Tax Justice Network, existen dos tipos principales de guaridas fiscales: las jurisdicciones opacas, y las guaridas fiscales corporativas. Las jurisdicciones opacas se especializan en permitir que las personas y sociedades oculten su riqueza, y sus asuntos financieros, de las autoridades. Eso incluye, por ejemplo, países donde uno puede registrar una empresa-fantasma o un fideicomiso, para evitar que las autoridades del país de origen de la persona consigan acceder a información sobre quién es el dueño de una cuenta bancaria, de una empresa, o de un activo. Esta opacidad posibilita no solo la evasión fiscal, sino también el lavado de dinero, y varias otras actividades ilegales.

Las guaridas fiscales corporativas, por otro lado, facilitan que las empresas estructuren sus operaciones para evitar pagar impuestos. O sea, a partir de una serie de brechas y vacíos legales, estas jurisdicciones permiten que empresas multinacionales registren sus ganancias en lugares distintos de donde las generaron. Este desplazamiento, en dirección a países con impuestos bajos o exenciones tributarias, permite que las ganancias finalmente eviten ser tributadas, y escapen de la fiscalización de las autoridades de los países donde efectivamente se desarrollaron las actividades productivas.

Por lo general, las guaridas fiscales no canalizan flujos financieros ilícitos de forma autónoma, sino que lo hacen a través de un entramado de sociedades y vehículos legales que se distribuyen entre varias jurisdicciones. Uno de los principales entramados de la actualidad es la llamada “telaraña del Reino Unido”.

La telaraña del Reino Unido es el nombre que se utiliza para describir la forma en que el Reino Unido y sus Territorios de Ultramar (lugares tales como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas o las Bermudas) y las Dependencias de la Corona (como Jersey, Guernsey y la Isla de Man) operan como una red de guaridas fiscales que posibilitan el abuso fiscal y la canalización de flujos financieros ilícitos. En el centro de esa telaraña, que ofrece entre un tercio y la mitad de los servicios financieros offshore del mundo, está la City de Londres.

 Según el Índice de Secreto Financiero, la red de opacidad del Reino Unido y su telaraña considerada en su conjunto es la mayor exportadora de secreto financiero, suministrando casi 10% de la opacidad financiera del mundo. Eso es casi el doble que los Estados Unidos, el país que hoy encabeza el ranking de secreto financiero del Índice. Además, la red británica es responsable por casi un tercio de los riesgos de abusos fiscales corporativos, considerando especialmente que tres territorios británicos de ultramar encabezan el ranking de paraísos fiscales corporativos (las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermudas).

Después del imperio

Los impactos de esta telaraña son inmensos. Según la última edición del Estado de la Justicia Fiscal - una publicación anual conjunta de Tax Justice Network, la Internacional de Servicios Públicos, la Fundación Ebert Stiftung y la Alianza Global por la Justicia Fiscal - la telaraña es responsable por la mitad de la evasión fiscal transnacional, y por casi un 30% del abuso fiscal corporativo internacional. Eso significa que del casi medio billón de dólares que se pierden todos los años debido al abuso fiscal global, aproximadamente 189 mil millones se deben a esta estructura que el imperio británico legó al mundo.

El papel del imperio británico en el desarrollo de esa red – y del mundo offshore de manera general - fue tratado por varios especialistas como Nicholas Shaxson (en su libro Las Islas del Tesoro) o el académico Ronen Palan (en una serie de publicaciones). Las semillas de esa red se remontan al crecimiento de la City de Londres como centro financiero, que a su vez está vinculada a las actividades comerciales del Imperio.

A principios del siglo 20, la City era un nudo central de una estructura financiera y económica que se extendía a lo largo del imperio, pero también en las áreas de influencia británicas, como en varios países de América Latina. A pesar de la Segunda Guerra Mundial y la decadencia del poder del imperialismo británico, la City mantuvo su relevancia como centro financiero, en gran medida vinculada al hecho de que concentraba expertos capaces de transitar por marcos legales de países de todo el mundo.

Durante los años 1950 y 1960 este hub financiero ganó una nueva configuración, con el desarrollo de lo que se llama el euromarket, un mercado no-regulado, offshore, que operaba en dólares en la City. Este mercado no solo permitió que banqueros británicos y estadounidenses esquivasen regulaciones que existían sobre la Libra desde la crisis del canal de Suez, sino que también creó una brecha en las regulaciones sobre los flujos de capital que existían en el contexto de la arquitectura financiera de Bretton Woods.

Durante el mismo período, una discusión paralela ocurría en Londres sobre qué hacer con los territorios reminiscentes del imperio, en especial los territorios ultramarinos y las dependencias de la corona. Como demuestra Shaxson, las autoridades metropolitanas recibieron varios relatos sobre cómo algunos de esos territorios, en especial algunas islas del Caribe, estaban siendo capturados por élites financieras y criminales para lavar dinero de actividades ilícitas. Estas élites utilizaban la relativa autonomía legal de esos territorios, sumada a la flexibilidad del derecho consuetudinario inglés, para crear todo tipo de vehículo opaco y brecha tributaria – sin perder los beneficios y garantías de operar en una jurisdicción vinculada al Reino Unido.

Aunque algunas autoridades del tesoro inglés alertaron para los riesgos recaudatorios que implicaría no regular estos territorios, sectores importantes del gobierno metropolitano no solo permitieron que se desarrollasen estas estructuras, sino que incluso las fomentaron como estrategias de desarrollo locales. Esto terminó eximiendo a la Corona y al Estado de toda responsabilidad de generar condiciones reales para que estas sociedades que habitaban las colonias se desarrollasen. De forma muy conveniente, además, algunas autoridades veían en la expansión de esta red una oportunidad de mantener flujos de capital en dirección a la metrópolis, como indica Shaxson.

Colonialismo

La historia del desarrollo de las guaridas fiscales también se mezcla con la historia del colonialismo en el siglo XX desde otra perspectiva. La historiadora Vanessa Ogle explica que los empleados imperiales que trabajaban en las colonias tenían acceso a una serie de estructuras que les permitían pagar impuestos muy bajos en comparación con los habitantes de las metrópolis. A partir de este contexto, los procesos de descolonización generaron una serie de movimientos de “pánico de dinero”, y fueron uno de los principales momentos en que las guaridas fiscales comenzaron a utilizarse de forma sistemática.

Esto ilustra que los flujos financieros ilícitos no poseen una naturaleza exclusivamente económica, sino que también actualizan estructuras de poder en el plano internacional. Por eso, reconocer el legado histórico del imperialismo británico en el desarrollo de su red de guaridas fiscales resalta la importancia de crear instancias realmente democráticas a nivel internacional para abordar estos temas.

Esta conclusión, sin embargo, se choca con el hecho que las principales organizaciones que hoy monopolizan el debate sobre cómo solucionar este fenómeno son marcadas por una participación extremadamente desigual. Por ejemplo, en la última década, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue el principal escenario donde se debatieron y acordaron medidas para combatir el abuso fiscal internacional.

En 2013, la Organización fue encargada por los países del G20 con el objetivo de reducir el desajuste entre la ubicación de la actividad económica real de las multinacionales y los lugares donde se declaran las ganancias resultantes. Luego de una primera iniciativa con resultados parciales en 2015, la Organización retomó la discusión en 2019, ahora introduciendo elementos potencialmente revolucionarios, como la idea de que las ganancias deben evaluarse a nivel global y distribuirse de acuerdo con el lugar donde se encuentra la economía real; y, que los países deberían introducir tasas impositivas mínimas efectivas.

Con todo, las iniciativas parecen haber llegado a un impasse, y resulta cada vez menos probable que el proceso de la OCDE sea capaz de introducir reformas efectivas.  Además de estos impasses, la legitimidad de estas iniciativas enfrenta una serie de críticas, fruto del carácter restrictivo del fórum donde se desarrollaron. Aunque la Organización haya intentado expandir el nivel de participación, con la creación de estructuras ad-hoc como el “Marco Inclusivo” (un foro que reúne a 141 jurisdicciones para implementar las medidas acordadas), los países-miembros de la OCDE, a los cuales responde y presta cuentas el secretariado, siguen siendo prácticamente solo países ricos. Como consecuencia, las propuestas actuales son tan débiles y sesgadas en favor de los principales miembros de la OCDE, que otros países que no son guaridas fiscales podrían incluso perder si se unen al marco pactado.

Por este motivo, en los últimos años, varios países y organizaciones de la sociedad civil demandaron que se inicien negociaciones sobre una convención fiscal de la ONU, que finalmente posibilitaría crear un organismo fiscal intergubernamental, de modo que todos los países pudieran estar representados en las decisiones sobre normas fiscales internacionales.  En el período inmediato, la historia del desarrollo de las relaciones tributarias internacionales diría que los países deben desconfiar de cualquier compromiso vinculante con las propuestas de la OCDE y, en cambio, buscar alternativas unilaterales o regionales que podrían ser mucho más efectivas.

 CC