La investigación sobre el incendio provocado en España por el que se acusa a José M.G en Miranda de Ebro (Burgos) continúa su marcha, pero el caso ya fue confirmado como un femicidio: Dolores, su expareja, fue una de las víctimas de las llamas, que también terminaron con la vida de su madre, Antonia, y Laura Valentina, una vecina del edificio de 24 años. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el hombre, con un largo historial de delitos contra mujeres a sus espaldas, originó el fuego al prender varios colchones y otros enseres almacenados en la entrada, lo que generó un humo denso y muy tóxico que inundó la vivienda.

El crimen ya fue registrado oficialmente como un caso de violencia de género por el Ministerio de Igualdad, que registra estas cifras desde 2003. En lo que va de año, son 11 las mujeres como Dolores asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que dibuja el inicio de este 2026 como uno de los peores de los últimos seis años. A día de hoy, el registro iguala al de 2023 -cuando fueron también 11 las asesinadas- y solo es superado por 2020. Aquel año, el del estallido de la pandemia de coronavirus, 18 hombres mataron a mujeres con las que tenían o habían tenido en el pasado una relación.

Esta estadística registra los casos que se dan en el seno de la pareja o expareja, pero los aesinatos de Antonia y Laura Valentina también pasarán a formar parte del registro oficial de femicidios activo desde hace cinco años y que los clasifica en cuatro categorías: femicidios sociales, familiares, sexuales o vicarios. Sin embargo, la estadística se actualiza cada semestre, por lo que aún no serán contempladas en el informe periódico.

Este mismo martes la Guardia Civil también detuvo a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda de su propiedad. El Instituto Armado ya confirmó que los huesos son de la mujer, cuya desaparición se produjo a solo 50 metros de su casa.

Agresores persistentes

José M.G, el presunto autor del incendio de Miranda de Ebro, era un conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus antecedentes en casos relacionados con la violencia hacia las mujeres. En 2017 fue condenado por retener y abusar sexualmente de una niña de nueve años y en 2024 por un delito de detención ilegal contra una mujer a la que encadenó el cuello. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el ahora detenido había terminado de cumplir la pena hace menos de un mes, el pasado 20 de febrero.

El Ministerio del Interior también informó de que José M.G había estado en el sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGén) en el pasado, por maltratar a otra mujer. Es lo que se llama “agresores persistentes”, que son los que ejercieron violencia contra más de una pareja y de los que el Ministerio del Interior tenía identificados hace un año a más de 70.000. Son un 11% del total.

Las cifras llevaron en 2023 a que Interior aprobara una instrucción para que la Policía o la Guardia Civil avise a las mujeres que están en VioGén si su agresor fue denunciado por otras víctimas anteriores siempre que consideren que esto “constituye un factor de riesgo especial”. No se trata por lo tanto de una advertencia generalizada ni sistemática, sino que los agentes que se encargan de hacer la valoración del riesgo de cada víctima son los que deciden en función de varios criterios. A finales del año pasado, casi 20.000 mujeres habían recibido este aviso.

A las once mujeres víctimas mortales de este año, hay que sumar los dos casos en los que dos hijos menores de edad de las víctimas fueron asesinados. Con solo tres días de diferencia, un hombre mató a su mujer y a su hija de 12 años en Castellón y otro asesinó a su hijo de diez años en Santa Cruz de Tenerife en febrero. Además, diez menores de edad se quedaron huérfanos en lo que va de año por esta causa. En cinco de los once casos registrados este 2026 había denuncia previa, un 45%.

“Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso”, respondía hace unos días en una entrevista la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre qué sigue fallando a la hora de evitar la violencia de género. Tras el crimen de Miranda de Ebro, Redondo expresó su “más rotunda condena” y llamó a un esfuerzo conjunto por parte de las instituciones y el conjunto de la sociedad. “No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres”, añadió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de la localidad declaró tres días de luto.

La violencia machista es imparable en Argentina, con dobles y triples feminicidios registrados este año, mientras se debilitan las políticas públicas para prevenirla y avanza el retroceso de los derechos, denuncian las organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este 25N, jornada proclamada por la ONU en memoria de las hermanas Mirabal -asesinadas en 1960 en República Dominicana-, se conmemora en Argentina tras un año marcado por masacres machistas que conmocionaron a gran parte de la sociedad.

El caso más grave fue el triple feminicio de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes fueron torturadas y asesinadas en septiembre de 2025 en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, durante una transmisión en vivo para un grupo de hombres vinculados al narcotráfico.

Se sumó el doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, a manos del uruguayo Pablo Laurta, expareja de Giardina y miembro de la organización 'Varones Unidos', que dice defender los derechos humanos de la población masculina y promover la visibilización de sus problemáticas.

Más violencia extrema

A fines de octubre, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, atribuyó a la gestión del Gobierno de Javier Milei una supuesta disminución de los feminicidios.

Las cifras, sin embargo, contradicen a la ministra: entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2025 se registraron 228 feminicidios mientras en el mismo período en 2024 fueron 212 crímenes machistas, según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Mumalá detectó un incremento de los asesinatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado (del 6 al 8% respecto de 2024), lo que ha hecho más vulnerables a las jóvenes en contextos de desigualdad.

Y advierte de que aumentó la crueldad: los feminicidios que se perpetraron a golpes tienen el más alto porcentaje en los últimos años, 19%.

La organización registró además 901 intentos de feminicidio y 157 niños y niñas huérfanas por violencia vicaria.

“Es urgente que se declare la Emergencia en Violencias de Género, que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral”, afirmó la vocera nacional de la organización, Victoria Aguirre.

Otra alerta es el aumento de feminicidios con armas de fuego (26%), al tiempo que desde el Gobierno se reduce la edad para portar armas en Argentina y se suspende el programa de entrega voluntaria.

En tanto, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Argentina registró un alza del 9% en las denuncias por violencia de género y doméstica en el primer trimestre de 2025, respecto del período anterior.

La violencia psicológica se identificó en el 95% de las denuncias; la simbólica y física en el 44%; la ambiental en el 30%; la económica y patrimonial en el 26%; la social en el 8%; la sexual en el 7%, y la digital en el 4%.

Retroceso institucional y discursos de odio

El Gobierno de Milei eliminó en julio de 2025 el 'Programa Acercar Derechos', que daba acceso a la Justicia a mujeres y personas LGTB sobrevivientes de violencia.

“Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”, afirmó entonces el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Desde la organización 'Ni una Menos' denunciaron un “vaciamiento sistemático del Estado” en áreas de género, con recortes, cierres de programas y despidos masivos.

Al inicio de su Gobierno, Milei ya eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cerró programas de asistencia a víctimas de violencia de género y desarticuló mecanismos de prevención.

El Ejecutivo busca, además, modificar leyes que protegen a las víctimas, incluida la retirada de la figura de feminicidio del Código Penal y la puesta en marcha de un proyecto “contra las falsas denuncias”, pese a que estos hechos son una excepción estadística y la ley ya los contempla como delito.

Y la asociación 'Ahora Que Sí Nos Ven' advierte, además, de un incremento de la violencia contra el colectivo LGTB, en concreto contra las mujeres trans, y lo vinculan con “los discursos misóginos y de odio impulsados por Milei, Bullrich y sus aliados”.

Por Laura Guarinoni, de la agencia EFE.

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, dijo Pablo Laurta al llegar a la Jefatura Policial de Córdoba, donde fue recibido por un fuerte operativo de seguridad. Imputado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, además del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, el hombre de 39 años será alojado en la cárcel de Cruz del Eje, en un pabellón de alta seguridad. “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”, agregó frente a los periodistas, antes de ingresar esposado, con casco y chaleco antibalas, al edificio donde se le practicó una revisación médica y la constatación de datos personales.

Laurta fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hasta Córdoba en un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de ambas provincias, que incluyó la participación de la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y patrulleros de la Jefatura Departamental entrerriana. Según confirmaron fuentes judiciales, el operativo comenzó el domingo por la noche, cuando una comisión policial partió desde Entre Ríos y culminó en la mañana del lunes con la llegada del detenido a Córdoba capital.

Durante las horas previas al traslado, Laurta permaneció bajo estricta custodia en una celda individual de contención, por riesgo de que atentara contra su vida. En Entre Ríos había sido imputado por el asesinato del chofer Palacio, causa que lleva adelante la fiscal Daniela Montagnie, quien aseguró que el acusado “está lúcido y consciente de sus actos”, lo que ratifica su imputabilidad. “Yo sé lo que hice”, fue la escueta respuesta que dio a los periodistas al ser consultado sobre si comprendía la gravedad de los hechos.

El arribo de Laurta a Córdoba fue seguido de cerca por las autoridades provinciales. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, estuvieron presentes en la Jefatura para supervisar el procedimiento. “Celebramos que no haya impunidad. Trabajamos conjuntamente con las autoridades de Entre Ríos. Por minutos evitamos que se fuera a Uruguay y lo más importante es que pudimos rescatar al menor, a su hijo, que estaba con él”, declaró Quinteros.

Tras el traslado, el Servicio Penitenciario de Córdoba dispuso que Laurta sea alojado en la cárcel de Cruz del Eje, ubicada a unos 140 kilómetros de la capital provincial. La decisión respondió a que el pabellón de máxima seguridad de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, aún no se encuentra habilitado. En ese establecimiento cumplen condena presos de alta peligrosidad, como Roberto Carmona -conocido como “la hiena humana”-, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios.

Laurta enfrentará en Córdoba el juicio por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. Una vez concluido ese proceso, será trasladado nuevamente a Entre Ríos para afrontar el juicio por el crimen del remisero, al que habría asesinado durante la huida hacia esa provincia tras cometer los primeros dos asesinatos. Según la reconstrucción judicial, después de matar a su expareja y a su exsuegra, el acusado raptó a su hijo, identificado como P., y escapó en un auto de alquiler conducido por Palacio, a quien luego habría asesinado.

Al llegar a Córdoba, Laurta se mostró sereno y volvió a intentar justificar sus actos con argumentos confusos. Dijo que sus dos víctimas tenían “una denuncia por explotación infantil” y que él había actuado “para rescatar” a su hijo. Evitó responder preguntas sobre el paradero del cuerpo del remisero y solo insistió en que “lo importante” era que el niño “esté a salvo”. En una declaración que generó desconcierto entre los cronistas presentes, afirmó además que lo apodaban “Jesucristo”.

Mientras tanto, el hijo de Laurta y Giardina se encuentra bajo el resguardo de un matrimonio amigo de Zamudio, que se ofreció a colaborar con las autoridades. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) decidió que el menor permanezca con esa familia hasta que se determine la custodia definitiva. Docentes y allegados de la madre también se acercaron para ofrecer acompañamiento y apoyo psicológico.

La investigación por los crímenes continúa a cargo de la Justicia cordobesa, que avanza en la recolección de pruebas y en la reconstrucción del recorrido de Laurta desde el momento de los femicidios hasta su detención. El caso conmocionó a las provincias de Córdoba y Entre Ríos por la violencia de los hechos y por la huida del acusado con su hijo menor, que motivó un amplio operativo interprovincial de búsqueda.

Laurta, que se presenta a sí mismo como “emprendedor de medios digitales” y fue fundador del portal Varones Unidos, enfrenta ahora una posible condena a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

CRM

Distintos colectivos feministas pidieron este viernes la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “justificar y promover” la violencia de género, después de que la funcionaria apuntara contra “el feminismo extremo” y dijera que el empoderamiento de las mujeres terminó volviéndose en su contra.

“Desde el Gobierno se apoya, se justifica y se promueve la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lo hace Milei. Lo hace Bullrich”, denunció un comunicado conjunto de varios colectivos feministas, entre ellos el Ni Una Menos.

El texto, publicado en las redes sociales, exigió la renuncia de Bullrich, alertó sobre un “salto cualitativo de la violencia femicida” y apuntó directamente contra el Estado: “Este plan de ajuste necesita producir vidas descartables. No son solo cómplices, son promotores”.

La demanda se produce en un contexto de creciente preocupación social por la seguidilla de crímenes contra mujeres y personas LGTBI en las últimas semanas y tras viralizarse una declaración de la ministra en el canal de streaming 'Carajo'.

“Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás empoderada, que vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea un hombre, sea tu madre, sea cualquiera, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, dijo Bullrich, en alusión al movimiento feminista.

La funcionaria, cercana a Milei y que además es candidata a senadora en los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre, añadió: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

El comunicado de los colectivos feministas consideró que las declaraciones de Bullrich son una “forma de violencia política extrema” y exigió que la violencia de género sea “un tema central de la campaña electoral”.

Según un informe del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, asociación civil que releva las violencias por razones de género, en los primeros 17 días de octubre se registraron en el país al menos 14 femicidios, un transfeminicidio y 14 intentos de femicidio.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei desmanteló buena parte de las políticas de género. Una de sus primeras medidas fue el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyas funciones fueron reducidas y absorbidas por otras áreas. Además, se dieron de baja programas clave como el 'Acompañar', que brindaba asistencia económica y acompañamiento psicosocial a mujeres en situación de violencia.

Con información de la agencia EFE

Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio de Córdoba, del asesinato del remisero que lo trasladó y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, informaron fuentes del caso.

En esta oportunidad, Laurta iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.

El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 estuvo reunido con su abogado: “Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó”.

Ahora, la incógnita es saber si su traslado a Córdoba, para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se retrasa o no, debido a que su defensor habría pedido tener conocimiento del expediente por completo.

Con información de la agencia NA

En lo que va de octubre ya hubo once femicidios en la Argentina y las diversas organizaciones advierten sobre el estado de emergencia que se está viviendo en el país frente al incremento de crímenes ligados a la violencia de género. En el último tiempo trascendieron los asesinatos de las tres chicas en Florencio Varela, las dos mujeres en Córdoba y una joven en Chaco.

La Organización MuMaLá informó que desde el 1° de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios, es decir un asesinato cada 35 horas. Sumado a esa alarmante cifra, destacaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su modalidad más extrema, uno cada 28 horas”.

El último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, detalla que hubo 182 femicidios y se registraron 758 intentos de asesinato.

El 14% de las víctimas denunciaron a su agresor, el 73% fue cometido por una ex pareja o familiar y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su vivienda.

Otro dato alarmante que destacaron es que, producto de la violencia, 120 niños y adolescentes se quedaron sin su madre.

Los casos más resonantes de los últimos meses son los crímenes de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; también el de Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio en Córdoba; el de Gabriela Arací Barrios en Chaco; y también el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos y desde MuMaLá dieron a conocer datos de lo que ocurrió en esta década en la Argentina: “Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas”.

Con información de la agencia NA

Pablo Rodríguez Laurta, uruguayo de 39 años, está detenido como principal sospechoso del doble femicidio de su expareja, Luna Micaela Giardina, de 26 años, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, de 54, ocurrido en el barrio Villa Serrana, de la ciudad de Córdoba. Además, se lo acusa de haber secuestrado a su hijo de cinco años, a quien intentó llevar a Uruguay por un paso ilegal.

Antes de ser noticia por los crímenes que conmocionaron a dos países, Laurta ya era conocido en Uruguay por su militancia antifeminista y por haber fundado el sitio “Varones Unidos”, una página web y comunidad en redes sociales dedicada a difundir contenidos misóginos y teorías contra el feminismo. Se presentaba públicamente como “empresario de medios digitales” y participó en debates sobre “libertades informativas” en el Palacio Legislativo uruguayo en 2022, donde fue presentado como especialista en comunicación digital.

En “Varones Unidos”, Laurta promovía un discurso basado en la supuesta “discriminación judicial” hacia los hombres y en la idea de que el feminismo era responsable de injusticias sociales y familiares.

En esa plataforma llegó incluso a publicar su propio caso, describiéndose como víctima de su expareja y de la “justicia feminista de Córdoba”. A través de cuatro artículos, expuso su versión sobre el conflicto con Giardina y las denuncias por violencia que ella había presentado en su contra, acusando al sistema judicial argentino de “legitimar el secuestro de su hijo”.

El sitio, que afirma “buscar incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”, sostiene postulados que niegan la violencia machista y reivindican una visión tradicional de la familia. En sus textos, Laurta definía la feminidad como “complemento natural de la esencia masculina” y llamaba a “restaurar la cooperación entre los sexos”.

Laurta mantenía vínculos y afinidades ideológicas con referentes de la derecha ultraconservadora regional, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, con quienes compartía discursos antifeministas y críticas al movimiento LGBTIQ+. En redes sociales solía difundir contenidos de ambos y replicar sus argumentos sobre la “ideología de género” y la “crisis de la masculinidad”.

De acuerdo con fuentes judiciales, la relación entre Laurta y Giardina había comenzado en 2018, cuando se conocieron por redes sociales en el marco de una operación inmobiliaria en Córdoba. Al poco tiempo iniciaron un vínculo sentimental y tuvieron un hijo.

Luego de residir algunos años en Uruguay, la joven regresó a Córdoba, adonde escapó con el niño tras denunciar a Laurta por intento de homicidio. Según el expediente, había intentado ahorcarla y la justicia uruguaya le había otorgado un botón antipánico, que no llegó a activar el día del crimen.

El sábado 11 de octubre, Laurta ingresó a la vivienda donde vivían Giardina, su madre y el pequeño. Las asesinó con un arma de fuego y huyó con el niño. Imágenes de cámaras de seguridad registraron su salida del lugar. Su detención se produjo al día siguiente en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, tras activarse el Alerta Sofía y un pedido de captura internacional de Interpol. El niño fue hallado en buen estado de salud.

Durante la investigación, las autoridades también establecieron que Laurta podría estar implicado en la desaparición de Martín Sebastián Palacios, un chofer de 49 años que lo había trasladado desde Concordia hasta Córdoba. El vehículo del remisero apareció incendiado y se presume que el acusado lo habría utilizado para llegar a la casa de su expareja.

En sus redes sociales, Laurta se presentaba como director de la empresa VContenidos y afirmaba haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay, con posgrados en el Corporate Finance Institute y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A la vez, compartía publicaciones de tinte ultraconservador, expresaba admiración por Donald Trump y difundía mensajes contra los movimientos feministas. En la red X, su perfil era seguido por la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las autoridades judiciales de Córdoba lo imputaron por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de sustracción y traslado ilegal de un menor. También continúa abierta la investigación sobre la desaparición del chofer Palacios.

El caso de Pablo Laurta reavivó el debate sobre la expansión de discursos misóginos en redes sociales y sobre cómo esos espacios pueden convertirse en entornos de legitimación de la violencia. “Varones Unidos”, la agrupación que él mismo creó, continúa activa en internet y mantiene publicaciones que niegan la existencia de la desigualdad de género, bajo el lema de una supuesta “masculinidad positiva”.

CRM

Gustavo Norberto Brondino, de 55 años, es el único detenido en el contexto de la investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado este martes en el fondo de un aljibe en Gobernador Mansilla, un pequeño pueblo rural de poco más de mil habitantes Entre Ríos.

La brutalidad del hecho vuelve a dejar al descubierto la falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia contra mujeres. Daiana había sido vista por última vez el viernes 3 de octubre. Su desaparición movilizó durante días a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, hasta que este martes 7 se confirmó el peor desenlace. El hallazgo no solo sacudió a una comunidad entera, sino que volvió a exponer la fragilidad institucional frente a los femicidios.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, confirmó que “el cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza” y que “hay otros elementos que lo relacionan con el hecho”, en referencia a Brondino. Por su parte la fiscal Emilce Reynoso informó que se obtuvo evidencia en la camioneta Toyota Hilux del sospechoso, donde se hallaron cabellos y otros rastros biológicos que serán analizados y motivará que en las próximas horas pueda quedar imputado por el femicidio de Daiana. Brondino ya había sido detenido el domingo pasado, durante un allanamiento realizado cuando todavía no se conocía el paradero de Daiana. En ese procedimiento, llevado a cabo en su domicilio rural, el hombre de 55 años se resistió con un arma de fuego, por lo que fue arrestado por resistencia a la autoridad.

La búsqueda de Daiana comenzó apenas su familia denunció su desaparición. Participaron más de 130 personas, entre ellas personal policial, perros rastreadores y drones. Su auto fue hallado abandonado, con las llaves puestas y sin signos visibles de violencia. El rastrillaje continuó hasta que una pista condujo a una propiedad rural cercana, donde un aljibe de unos diez metros de profundidad reveló la escena final. La causa es investigada por los fiscales Reynoso y Sergio Saliski, con la intervención de la jueza de Garantías Silvina Cabrera.

Según las primeras líneas de investigación, Brondino —vecino de Daiana— habría mantenido contacto telefónico con ella poco antes de su desaparición.

Una historia que se repite

La conmoción que hoy sacude a Gobernador Mansilla remite inevitablemente a otros casos en la provincia de Entre Ríos, como el de Fátima Acevedo, asesinada en Paraná en 2020 después de haber denunciado reiteradas veces a su agresor sin recibir protección efectiva. Fátima también fue hallada en un aljibe. Su femicida, Jorge Nicolás Martínez, fue condenado.

Ambos casos se parecen y muestran a un Estado que corre detrás del problema. En los dos últimos años las políticas oficiales de prevención y asistencia se desarticularon, así como se vaciaron los pocos recursos que había. Los programas provinciales que alguna vez acompañaron denuncias y fortalecieron redes territoriales se encuentran debilitados o sin funcionamiento real, especialmente para llegar a zonas rurales o periféricas.

“El femicidio de Daiana, y la ausencia de las políticas con perspectiva de género, sin presupuestos, pone de manifiesto la urgente necesidad de volver a jerarquizar el área que debería implementar acciones de prevención” señaló Lucy Grimalt desde la Asamblea de Mujeres Lesbianas Travestis y Trans de Paraná.

“Hace tres semanas atrás, un infame video de la empresa Shell 'descartaba' una mujer por 'molesta' en una bolsa de basura. Dijimos que esa apología del delito legitimaba prácticas violentas hacia las mujeres y disidencias”, agregó, pero luego completar: “Hoy Daiana se suma a la dolorosa lista de jóvenes víctimas de femicidio”.

Según Grimalt, mientras “Frigerio dio orden de 'aislar' al presidente de la Nación con todas las fuerzas de seguridad el pasado sábado para que no le lleguen las demandas del pueblo de Paraná, en la localidad de Mansilla desaparecía Daiana”. “Dolor y desolación, pero al mismo tiempo la certeza que desde el feminismo continuaremos exigiendo al gobierno de Frigerio políticas activas de promoción de los derechos humanos en todo el territorio entrerriano”, concluyó.

La ausencia estructural

En lo que va del año, 178 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina y otras 287 sobrevivieron a intentos de asesinato, según datos actualizados a septiembre de 2025. En promedio, una mujer es asesinada cada 36 horas.

Detrás de cada cifra hay un entramado institucional frágil: programas que dependen de la voluntad política local, presupuestos insuficientes, equipos técnicos saturados y dispositivos de protección que no llegan a las zonas rurales. La Ley Micaela, que obliga a capacitar en género a los tres poderes del Estado, no se aplica de manera uniforme, y los botones antipánico o refugios son excepciones más que derechos garantizados.

“La violencia machista no se combate solo con protocolos o leyes, sino con un Estado presente en los territorios, con recursos, articulación y formación”, sostienen especialistas consultadas. Nombrar a Daiana es necesario. Pero no alcanza con repetir su nombre ni con contar su historia en soledad. Su muerte no es un caso aislado, es el reflejo de una estructura institucional que sigue fallando.

MC

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela puso en primer plano la crueldad de un femicidio que excede el esquema “íntimo” –la pareja o expareja como agresor– para insertarse en otro circuito, más complejo y menos explorado: el de la criminalidad organizada.

Las tres jóvenes, de 20 y 15 años, estaban desaparecidas desde el viernes 19 por la noche. Fueron vistas por última vez al subir a una camioneta blanca con patente adulterada con la promesa de asistir a una fiesta. Cinco días después, la policía encontró sus cuerpos enterrados en una casa.

La brutalidad del hecho se agiganta por dos circunstancias: la transmisión en vivo de los asesinatos a través de redes sociales -que según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue presenciada por al menos 45 personas- y el mensaje explícito del líder de la banda: “Esto le pasa al que me roba droga”. La violencia, en este caso, no fue solo hacia las víctimas, sino hacia toda la comunidad: un mensaje ejemplificador que utilizó el cuerpo de las mujeres como vehículo de disciplinamiento.

El crimen como mensaje

Para la jurista Daniela Heim, directora de la especialización en Género y Teorías Jurídicas Feministas en la Universidad Nacional de Río Negro, el triple femicidio de Florencio Varela concentra elementos clave de esta modalidad criminal: la desaparición previa, la crueldad del asesinato, la espectacularización de la muerte y la cosificación del cuerpo femenino. “Se utiliza el cuerpo de las mujeres como herramienta para enviar un mensaje. Es la deshumanización total”, señaló al Diario de Río Negro.

Heim subraya que se trata de un femicidio no íntimo, categoría poco trabajada en la agenda pública: “Es un femicidio en contexto de narcotráfico, un delito predatorio, una herramienta de negociación y de disuasión”. En este esquema, los cuerpos femeninos se convierten en botín o moneda de cambio en disputas territoriales y venganzas narco.

La investigadora alerta sobre el regreso de patrones de violencia que parecían haber quedado en el pasado: el cuerpo de las mujeres como “campo de batalla” o “instrumento de guerra”. En este caso, se suman además la edad de las víctimas -todas muy jóvenes, una de ellas menor de edad- y su situación de vulnerabilidad social.

Lo que dice la pericia

En paralelo, el análisis forense permite ordenar lo que, en la conmoción inicial, suele quedar atrapado en el terreno de la conjetura. Los informes preliminares confirmaron que las tres chicas fueron asesinadas el mismo viernes en que desaparecieron. La escena, marcada por intentos de ocultamiento y entorpecimiento -desmembramiento, uso de lavandina, enterramiento-, evidenció una planificación logística que abre la hipótesis de participación múltiple.

Los especialistas destacan que la figura de femicidio se aplica desde el inicio de la investigación por protocolo: no es una etiqueta ideológica, sino una forma de preservar evidencias y considerar el contexto de género en muertes violentas de mujeres. El ensañamiento, la alevosía y el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal (cuando un hombre mata a una mujer mediando violencia de género) son agravantes que deberán probarse con pericias definitivas, que incluyen estudios toxicológicos, histopatológicos y de ADN.

La violencia, advierten peritos consultados, tiene características instrumentales: hubo planificación, mensaje a terceros y un patrón de crueldad que excede el ataque individual. La espectacularización del crimen en redes sociales no solo refuerza esa hipótesis, sino que revela una dinámica inédita: la conversión del femicidio en espectáculo digital, transmitido en tiempo real para garantizar su carácter ejemplificador.

Un fenómeno con estadísticas propias

Aunque todavía en etapa de investigación, el caso de Florencio Varela se inscribe en una problemática que ya cuenta con estadísticas en el país. Entre 2020 y 2025, se registraron 196 femicidios vinculados al narcotráfico, 128 de ellos en Rosario, según el observatorio Mumalá. En Santa Fe, el 65% de los femicidios ocurridos en los últimos años se dieron en contextos de criminalidad organizada.

Las cifras generales también son alarmantes: en Argentina, cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio. En 2024 hubo 247 asesinatos de mujeres, que dejaron a más de 200 niños sin madre. Hasta agosto de 2025, la Casa del Encuentro registró 164 víctimas y 143 hijos e hijas huérfanos.

En contextos de narcotráfico, la violencia adquiere un carácter diferencial: secuestros, incomunicación con familiares, suministro de estupefacientes y desapariciones prolongadas antes del hallazgo de los cuerpos. En estos escenarios, las mujeres aparecen como blanco privilegiado de venganzas y como parte de la exhibición del poder de las bandas.

Rosario, un laboratorio crítico

El Observatorio de Mumalá identifica a Rosario y su área metropolitana como epicentro de este fenómeno. Allí convergen factores económicos y sociales: un modelo agroexportador con puertos privatizados y escaso control estatal, connivencia de sectores políticos, judiciales y policiales, y un entramado de desigualdades que expone a los barrios más pobres a la violencia narco.

La combinación de relaciones de poder asimétricas, misoginia institucional, ausencia del Estado y circulación de armas agrava la vulnerabilidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans. Muchas veces, los vínculos familiares o afectivos con varones ligados a organizaciones criminales determinan que ellas se conviertan en blanco directo de represalias.

La magnitud de los casos en Santa Fe convierte a esa provincia en un laboratorio para comprender el cruce entre violencia de género y crimen organizado. “El análisis no solo permite visibilizar la especificidad de estos femicidios, sino también aportar insumos para políticas públicas urgentes”, advierten desde el Observatorio.

Retrocesos estatales y desprotección

El panorama se agrava por la falta de políticas públicas. Desde 2017, la Argentina había sostenido un Plan Nacional de Acción contra las violencias de género. Pero este año, por primera vez, no se implementó. Tampoco se renovó el Programa Acompañar, lo que redujo en un 98,7% la asistencia a mujeres en situación de violencia. La Línea 144, principal canal de contención, perdió más del 40% de su personal y carece de presupuesto específico en 2025.

A la ausencia de recursos se suma la pérdida de sistemas de medición: ya no se releva información nacional sobre violencia de género, lo que impide diseñar políticas basadas en datos. “No se puede abordar un fenómeno tan complejo sin información, recursos materiales y humanos formados”, advirtió ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

El cuerpo como botín

En este marco, el triple femicidio de Florencio Varela no es un hecho aislado, sino la muestra visible de un fenómeno devastador: el cuerpo de las mujeres reducido a botín en disputas criminales. La violencia machista se entrelaza con las lógicas del narcotráfico, donde el mensaje disciplinador se impone por encima de toda humanidad.

Heim lo sintetiza con crudeza: “La desaparición de una mujer es la antesala de un femicidio. El cuerpo despojado y cosificado es el vehículo del mensaje”. Ante ello, insiste en que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede pensarse sin atender al contexto económico y social: la pobreza, la falta de oportunidades y la precarización obligan a muchas a estrategias de supervivencia -como la prostitución- que las colocan en mayor riesgo.

La pregunta que queda abierta es cómo enfrentarlo. Sin políticas públicas, sin Estado presente, sin recursos ni información, los femicidios en contexto de narcotráfico seguirán multiplicándose en silencio, mientras las organizaciones feministas advierten que el país se convierte en terreno fértil para una violencia cada vez más cruenta, ejemplificadora y devastadora.

CRM

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de Instagram, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Se conocieron los resultados de las autopsias

El resultado preliminar de las autopsias a los cuerpos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes encontradas muertas en Florencio Varela, revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, según informó el canal TN.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Dieron a conocer datos de los cuatro detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas las identidades de los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, por los femicidios de Morena, Lara y Brenda en Florencio Varela.

Se tratan de Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos se encuentran en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria.

El abuelo de Brenda y Morena reclamó justicia por las jóvenes muertas

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, las jóvenes que fueron halladas muertas días atrás en Florencio Varela, rompió el silencio y expresó su dolor en medio del reclamo de justicia que lleva adelante la familia.

“Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”, manifestó el hombre en diálogo con la prensa, visiblemente afectado.

El abuelo cuestionó el accionar de la Policía y de la Fiscalía y manifestó: “Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior”, denunció Antonio, al remarcar que las demoras complicaron la búsqueda.

En medio de la conmoción, destacó la importancia de respetar la libertad individual de las jóvenes: “Con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras”, dijo Antonio, subrayando que lo central es hallar a los verdaderos responsables.

“Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”, se preguntó con dureza.

El hombre también contó cómo atraviesan la pérdida en la intimidad: “Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre”, relató.

Finalmente, los familiares de Brenda y Morena aseguraron que continuarán movilizados hasta esclarecer el hecho y que no descansarán hasta que los culpables sean identificados y llevados ante la Justicia.

La línea investigativa indicaría que existió el robo de droga y las jóvenes fueron engañadas, para luego asesinarlas

La principal línea investigativa de qué pasó aquella noche violenta del 19 de septiembre en el que fueron asesinadas las jóvenes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano del barrio 1-11-14.

De acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la cruel historia se inició días atrás cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de esta organización narco. Allí le robó parte de la cocaína, lo que derivó en un conflicto.

Frente a este escenario, se estima que la banda organizó como venganza la presunta “fiesta narco” en dicha vivienda. Los detenidos las llevaron engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares cada uno, pero fueron asesinaron de manera brutal.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo fueron “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: “Sabemos que hay más personas involucradas”.

“Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, destacó Alonso. El ministro señaló que “fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes”.

Respecto a la organización narco detrás de estos femicidios, Alonso destacó que tiene base en la Villa 1-11-14 y diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano: “Hay cuatro detenidos, todos ligados a un mismo líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda”.

“Sabemos que las chicas recorrían la zona y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”, indicó.

Por último, acerca de los allanamientos, los hallazgos de los cuerpos y la investigación, el funcionario contó que “hay secreto de sumario”.

“Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora”, sumó.

El testimonio del abuelo de Brenda y Morena

Luego de la palabra del ministro, el abuelo de Brenda y Morena salió a hablar nuevamente a los medios para dar su veredicto de la situación. “Se aprovecharon de las necesidades de Brenda y Morena”, detalló Antonio con mucho enojo ante los femicidios.

Además, expresó: “Escuchando al ministro tragué mucho veneno”, en referencia a dichos anteriores en los que apuntó a la ineficiencia y lentitud de la Fiscalía y la Policía.

Con información de la agencia NA

Las extracciones a varios policías para hallar al quinto responsable del brutal femicidio de Natalia Melmann, ocurrido en febrero de 2001, se realizarán el próximo jueves 28 de agosto.

Dicha fecha fue confirmada por familiares de la adolescente a la Agencia Noticias Argentinas. Los policías son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes deberán presentarse con DNI en la Sede de Asesoría pericial de la ciudad de Mar del Plata.

Este análisis se corresponde a encontrar al quinto responsable del crimen de Melmann. El mismo se basa en la extracción de sangre para el respectivo cotejo de ADN solicitado a la UFIyJ Descentralizada de General Alvarado.

Las autoridades del caso informaron que esta medida es contra efectivos que estuvieron de guardia el día en el que la víctima desapareció, fue torturada y asesinada.

La semana pasada el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los cuatro policías condenados.

Gustavo Melmann dialogó con NA y afirmó que el magistrado Ricardo Perdichizzi denegó el beneficio para los dos oficiales, que continuarán detenidos en la cárcel de Batán.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensora Patricia Perelló y ahora deberá pronunciarse la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata al respecto.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.

Con información de la agencia NA

Brasil registró 44.127 muertes violentas en 2024, un número un 5,4% inferior al de 2023 y el menor en los últimos doce años, cuando comenzó la medición en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, cuya nueva edición fue divulgada este jueves por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

La reducción acumulada entre 2012 y 2024 de las muertes violentas, que incluyen homicidios dolosos, latrocinios, lesión corporal seguida de muerte y muertes en acciones policiales, alcanzó el 25%, con bajas registradas en todas las regiones del país.

La tasa de muertes violentas en Brasil cayó desde 21,9 para cada 100.000 habitantes en 2023 hasta 20,8 para cada 100.000 habitantes el año pasado.

Según el FBSP, la región nordeste —que abarca los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe— fue la más violenta del país en el período analizado, con 33,8 muertes por cada 100.000 habitantes.

Del otro lado, la región sudeste, la más poblada del país y que incluye los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, registró en 2024 la menor tasa de muertes violentas de la serie histórica, con 13,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

A pesar de mantenerse en niveles bajos, el número de muertes violentas en São Paulo aumentó un 7,5% el año pasado.

El 91,1% de los muertos totales fueron hombres, siendo que, en lo que respecta a homicidios dolosos, los hombres fueron el 89,7% de las víctimas y, en intervenciones policiales, este porcentaje subió hasta el 99,2% del total.

El 79% de las víctimas de muertes violentas en 2024 fueron negras y el porcentaje alcanzó el 82% cuando se analizaron los óbitos en acciones policiales, mientras que las personas blancas sumaron un 17,6%.

Si se analizó la cuestión etaria, el 48,5% de las víctimas de muertes violentas fueron jóvenes de hasta 29 años.

Un 14% de las muertes por intervención policial

El 14,1% del total de las muertes violentas registradas por el país suramericano el año pasado correspondieron a fallecidos en acciones policiales, lo que representó un leve aumento con respecto a 2023, cuando fue del 13,8%.

En total, 6.243 personas fallecieron el año pasado a causa de acciones policiales, lo que representó 17 víctimas por día.

En los últimos diez años hasta 2024, la violencia policial acumuló un total de 60.394 víctimas.

En el informe se destacó el caso de São Paulo, el estado más poblado, que manifestó un crecimiento del 61% en la tasa de víctimas de intervenciones policiales entre 2023 y 2024.

En este sentido, el informe aseguró que “aunque el país está experimentando una reducción en los homicidios y los robos con violencia, la letalidad provocada por agentes del Estado sigue siendo elevada en varias regiones del país”.

Récord de femicidios y violaciones

En 2024 al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidios por día en Brasil, lo que dio un total de 1.492 muertes, 17 mujeres asesinadas más con respecto a 2023.

Este nuevo dato representó el mayor número ya registrado desde 2015, cuando Brasil promulgó la llamada 'Ley del Femicidio' para incorporar este crimen al Código Penal y lo diferenció del homicidio común.

El 70,5% de las víctimas de femenicidios registradas el año pasado tenían entre 18 y 44 años.

El informe aclaró que “probablemente” el número de mujeres asesinadas por cuestiones de género sea “mayor de lo que marcan las estadísticas”, ya que muchas veces los profesionales del sistema judicial solo catalogaron como femicidio aquellos crímenes relacionados con violencia intrafamiliar o doméstica.

Asimismo, 87.545 personas fueron víctimas de violación en 2024, una tasa del 41,2 para cada 100.000 habitantes.

De las víctimas de violaciones, el 76,8% eran consideradas vulnerables, es decir, menores de 14 años o personas que por cuestiones mentales o físicas no pudieron dar consentimiento u oponer resistencia.

De este último grupo, por cada niño víctima de abuso se registraron cinco de sexo femenino.

JJD, con información de EFE.

Un viento frío levanta tierra en las calles de Rufino. Acá nació Amadeo Carrizo, acá nació Federico Sturzzenegger, acá se comenzó a gestar la fortuna de Bulgheroni y acá rugió hace diez años el Ni una menos. El tiempo –contradictorio como esta ciudad– atenúa, pero las cicatrices siguen visibles porque son heridas mal sanadas. Todos lo saben. El femicida Manuel Mansilla que mató a Chiara Paez quedará libre en poco tiempo y hay una bronca silenciosa que se expande. Está vez no explota como en 2015, pero sigue ahí, raíz podrida de un cimiento que tarda en caer.

“El femicidio de Chiara fue una bomba que destruyó nuestra familia, a sus amigos y a todo el pueblo”, cuenta Fabio Paez, el padre de Chiara, la adolescente de 14 años que fue asesinada embarazada el 10 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado un día después enterrado en un pozo en el patio de la casa de los abuelos del asesino.

El femicidio fue la gota que colmó el vaso. Millones de mujeres marcharon en ochenta localidades de Argentina para decir “ni una menos”. Las movilizaciones trajeron cambios rápidos como las modificaciones en los protocolos de búsqueda, la creación de comisarías especializadas en tomar denuncias por violencia de género y un rotundo cambio en el debate social. Sin embargo, a diez años del asesinato, nadie en Rufino está conforme: la condena a Manuel Mansilla a 21 años y seis meses de prisión fue rebajada a 15 años por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. La reducción fue confirmada por la Corte de Santa Fe al considerar que Mansilla era menor cuando cometió el crimen y la pena máxima posible es de 15 años. La sentencia fue apelada por la familia y duerme en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años.

El femicidio de Chiara Paez

La noche del sábado 9 de mayo, Chiara Paez se encontró con algunas amigas con las que jugaba al hockey en el Club Los Pampas. Sus padres no la dejaban salir de noche, pero como iban a quedarse en la casa de una de las chicas se lo permitieron. A la medianoche, Chiara se encontró con su novio en la calle. Como no volvía, las amigas decidieron llamar a su madre –Verónica Camargo- para advertirle la situación.

“Una de las primeras cosas que hice fue hablar con Mansilla. Después de haber matado a Chiara, me dijo que su padre era policía y que podía ayudar en agilizar la búsqueda. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que pasó. El padre me dijo que tenía que hacer la denuncia para que sea un búsqueda oficial y cuando fui a la comisaría me encontré al asesino, que estaba frío como siempre”, recuerda Verónica.

La policía comenzó un rastrillaje por Rufino y los campos cercanos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Al grupo de 300 rescatistas y vecinos se sumó el propio asesino que después de enterrar el cuerpo y cubrir el pozo con chapas montó una escena para intentar despistar a la policía: habló con las amigas de Chiara y activó su teléfono para que los rastrillajes se alejaran de su casa.

En la casa durante la madrugada del crimen estaban sus dos abuelos, su madre y su padrastro. El homicidio fue perpetrado en la cocina. Una causa investiga la participación de los adultos en la vivienda quienes declararon no haber escuchado los golpes, los gritos de la víctima, ni tampoco visto como Mansilla hizo un pozo para enterrarla.

“Cuando fuimos a la casa de Mansilla el mediodía del domingo nos encontramos con que un familiar había hecho un asado a escasos metros del lugar donde todavía permanecía enterrado el cuerpo”, rememora a este medio el entonces fiscal Mauricio Clavero, el primero en ordenar la búsqueda de Chiara.

En la tarde del domingo llegó a Rufino una brigada de Rosario –ubicada a 250 kilómetros– con tres perros de búsqueda que se acercaban cada vez más a la casa de Mansilla. En ese momento, el joven se quebró y fue entregado a la policía. De acuerdo a la reconstrucción y al relato del femicida, el abuelo lo confrontó y en ese momento confesó. El cuerpo de Chiara fue identificado por los bomberos, Defensa Civil y el fiscal Clavero.

“Nunca me voy a olvidar cuando entre la tierra apareció su bracito con un saco color salmón. Cuando levanté la vista miré que el personal de bomberos y los policías lloraban. Para una comunidad chica como Rufino este es un golpe tremendo y personal”, cuenta Clavero.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de 80 centímetros de profundidad con la tierra apisonada tapada con chapas y hierros. El cadáver en posición fetal tenía múltiples golpes en la cabeza que lo ocasionaron la muerte. Los familiares del femicida en un principio fueron detenidos, sin embargo luego los liberados. La causa por el posible encubrimiento y participación en el crimen continúa sin resolución.

Por la presión social, los familiares de Mansilla que estaban en la casa la noche del crimen se tuvieron que mudar a Venado Tuerto, a cien kilómetros de Rufino. “Acá todos los veían como culpables, imagínate que nadie quería atenderlos en los negocios”, cuenta una vecina.

Fabio Paez –el padre de Chiara– también se fue de la ciudad y ahora vive en Alvear, Mendoza, donde brinda charlas en colegios acerca de violencia de género. “Después de 45 años en Rufino, tuve que irme. Nunca fui violento, pero si me cruzaba a esa gente en la calle no sé qué hubiera hecho. Es imposible que no hayan sabido lo que pasó si estaban en la misma casa”, explica.

Manuel Mansilla cumple condena y si se confirma el fallo que redujo su pena estaría próximo a salir en libertad. Hasta el momento no cuenta con la aprobación psicológica para salidas transitorias. Luego de la repercusión nacional por el asesinato a Rufino llegaron materiales como el luminol para investigar crímenes, se montó una oficina para atender casos de violencia de género y hasta se construyó una cámara gesell, sin embargo los femicidas siguieron matando.

En febrero de 2018, Oscar Cejas de 29 años mató de tres puñaladas a Katherine Quinteros de 18 años frente a sus hijas mellizas. Esta vez, había indicios previos que podrían evitar el crimen: Cejas había sido denunciado por golpes, lo habían internado en un psiquiátrico y hasta había dicho que si lo soltaban iría a matar a su ex pareja.

“Yo creo que hasta que no haya una reeducación como sociedad esto no va a terminar nunca. Las mujeres tenemos que encabezar la lucha, pero tenemos que hacerlo integrando a los hombres. Cuestionando, pero escuchando también. Los feminismos entraron en grietas que dejaron de lado el fin con el que inició el 'Ni una menos'. Tenemos que volver a unirnos contra la violencia”, explica Verónica Camargo, la madre de Chiara Paez.

Verónica nunca imagino estar encabezando una mesa de debate feminista en Rufino. Habla con claridad y resolución. Su voz mezcla fuerza y templanza, ternura y combate. Al igual que Fabio, viaja donde le pidan para hablar de violencia de género. El dolor la transformó en una luchadora, algo de lo que que Chiara estaría orgullosa.

GV/DTC

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

Prófuga desde hace ocho meses, la brasileña Amanda Alves Ferreira, de 30 años, afirma que el juicio en la Argentina que la condenó a prisión perpetua por homicidio fue manipulado y critica a la Justicia del país: “Si pagás, no vas preso”.

En una entrevista con Folha, asegura que no mató a la también brasileña Eduarda Santos de Almeida, de 27 años, amiga con quien vivía en Bariloche y que había gestado a sus dos hijos mediante inseminación, además de entregarle otra niña para que Amanda la criara.

Sostiene que el homicidio, ocurrido en febrero de 2022, fue cometido por una organización criminal dedicada a la trata de personas. “Tengo mucho que contar. Pero temo por mi vida”, dijo por teléfono “desde algún lugar de América Latina”, el pasado 6 de marzo. “Yo sé muchas cosas, y Eduarda también sabía.”

En agosto del año pasado, Amanda escapó de la cárcel en Bariloche. Ahora dice que “presentará pruebas” para solicitar un nuevo juicio debido a supuestas irregularidades en el proceso.

Miembros del Poder Judicial de Bariloche aseguran que “el cerco se cerró” sobre Amanda y que su paradero ya habría sido descubierto. Hasta el momento, no hay una alerta de Interpol para su captura.

El crimen

En Bariloche, Eduarda gestó dos hijos mediante fertilización in vitro con el semen de Amanda, una mujer trans, y de su esposo, Marcelo Ramírez, quien falleció durante la pandemia de Covid-19. Los gemelos nacieron en 2019.

Luego de una breve estadía en Brasil, Eduarda regresó embarazada a Bariloche y en diciembre de 2021 dio a luz a una niña, que también entregó a Amanda para su crianza. Actualmente, los tres niños están al cuidado de familiares.

Para el fiscal Martín Lozada, “Eduarda se volvió una molestia” para Amanda cuando empezó a poner límites y obstáculos al contacto de la hoy condenada con los menores.

La noche del 16 de febrero de 2022, Amanda condujo hasta el inicio del sendero del lago Escondido, en el Circuito Chico, al oeste de Bariloche. En el auto también estaban Eduarda y los tres niños.

Allí, según reconstruyó la Fiscalía, empuñó y disparó un revólver marca Smith & Wesson, modelo 686, calibre .357 Magnum. Unas horas después, Eduarda fue hallada muerta. Amanda confesó el crimen.

Mensajes de texto previos al asesinato indicaron que todo fue planeado y organizado en detalle. “Tomó todas las precauciones para que la víctima no pudiera defenderse y, actuando con seguridad, realizó al menos nueve disparos que impactaron en su cuerpo”, señaló la Fiscalía.

La condenada, por su parte, declaró que “no planeó nada” y que fue Eduarda quien llevó el arma esa noche, por temor a supuestas amenazas de una banda criminal.

“Disparé una vez, pero no contra Eduarda. No voy a mentir: agarré el arma e hice un disparo al aire. Pero la Fiscalía en un momento dijo que Eduarda tenía seis disparos, en otro nueve, y en el juicio dijeron cuatro. Yo disparé una vez, pero no la maté”, reiteró a Folha.

De hecho, durante la investigación no pudo esclarecerse si el cuerpo de la víctima tenía impactos correspondientes a cuatro, seis o nueve disparos.

¿Y por qué confesó el crimen entonces? “No había comido nada desde el día anterior. Y un policía vino y me dijo: ‘Lo que podés hacer es decir que fuiste vos, asumir la culpa, y te mandan a casa con tus hijos y después respondés en el juicio’. Yo estaba cansada y dije eso”, relató.

Ella dice estar preparando una demanda en la que detallará supuestas irregularidades del proceso, entre ellas: la Fiscalía afirma haber perdido la grabación realizada el día del primer allanamiento en la casa que ambas compartían, pocas horas después del asesinato de Eduarda; el arma fue encontrada cinco días después y no tenía huellas digitales; las cámaras de seguridad de la zona muestran, en el horario del crimen, un vehículo con ambos faros intactos, mientras que el auto en el que se desplazaron tenía uno roto.

El fiscal Lozada rechaza estas acusaciones. Declaró a Folha que “el trabajo de investigación criminal fue muy preciso, rápido y eficaz. Estuvo bien hecho. Se recolectaron muchas pruebas científicas: audios, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, cámaras”.

Transición de género

El anuncio de su identidad como mujer trans, el 14 de abril de 2023, incrementó la repercusión del caso. La transición de género fue debatida en los tribunales, ya que para la Fiscalía se trataba de una estrategia para evitar una pena por femicidio —la ley argentina establece que, para configurarse ese delito, el asesinato debe ser cometido por un hombre. En el juicio, Lozada se refirió a la acusada en masculino.

El 30 de junio de 2023, un jurado compuesto por 12 personas condenó a Amanda por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con arma de fuego, con premeditación, y por tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil”. Se descartó el femicidio.

“La gente no acepta la paternidad o maternidad de personas trans, bisexuales o gays. Tenían un prejuicio que no sé si las influenció”, dijo. “Todo el mundo me pregunta sobre la transexualidad. Yo viví eso para mí, fue algo personal. Antes de terminar la transición, quería estabilizarme económicamente. Quería tener mi familia, una vida estable, y después empezar con la transición física más visible.”

Amanda cumplía condena en el Establecimiento de Ejecución Penal N.º 3 de Bariloche, una cárcel masculina, donde compartía celda con cinco internos. En prisión, era llamada genéricamente “Brasil”. Llegó a presentar una denuncia por abuso sexual contra uno de los reclusos.

El gobierno de Javier Milei

El 6 de agosto de 2024, alrededor de las 21.30, saltó el cerco perimetral del penal, entró en un auto que la esperaba y logró escapar. Los guardias notaron su ausencia al día siguiente.

“No pensaba en fugarme. Después fui viendo lo que pasaba. La Justicia argentina pide mucho dinero. Entonces, el que tiene plata compra, y el que no tiene, se complica”, afirma.

El caso ha sido utilizado por el gobierno de Javier Milei para impulsar su campaña contra la diversidad sexual o lo que denomina “ideología de género”. En redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en noviembre una recompensa de $5 millones por su captura.

“Para reducir su condena, intentó engañar a la Justicia con un relato woke de género diciendo que se identificaba como mujer”, declaró. “La buscaremos vestida de hombre o de mujer.”

Al margen de ese debate, Amanda reconstruye su vida y prepara una solicitud diplomática para la realización de un nuevo juicio y su ingreso a Brasil.

Consultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Brasil en Buenos Aires, afirma tener conocimiento del caso, pero que por ley no proporciona información sobre asistencias individuales a ciudadanos brasileños.

SR/DTC

“En el otoño el colibrí se fue a viajar / en la primavera regresó / 

lo reconocí porque le faltaba un dedo / 

me puse muy contenta cuando lo vi regresar“. 

Poema escrito por Otoño Uriarte, 1999 

Lunes 23 de octubre de 2006. 

De noche.

A esa hora en la que se cierran las cortinas, se encienden las luces y flota en la cocina el olor de la cena, en la casa de Otoño Uriarte ya estaban todos sentados alrededor de la mesa. Roberto Uriarte, su papá, y Ana Becerra, su madrastra, una, dos, tres niñas y un niño, miraban la novela en la tele. Sólo faltaba ella: Otoño. Había salido temprano por la mañana para ir a la escuela y no había regresado.

Vivían en la zona de chacras de Fernández Oro, un pueblo pequeño del Alto Valle de la provincia de Río Negro que en ese entonces no tenía más de seis mil habitantes y sus vecinos todavía podían decir que “todos se conocían”. Una única calle unía la casa con el centro de la localidad. La calle Kennedy. Oscura, larga y de tierra.

La familia Uriarte había llegado a ese lugar con la esperanza de montar un proyecto productivo. Antes, había vivido en El Bolsón, donde Otoño pasó su infancia. Pero la falta de trabajo estable los obligó a emigrar al valle. Compraron sus animales. Una vaca, un chancho, conejos, un caballo, abejas y más de trescientas gallinas que corrían detrás de los niños y los niños detrás de ellas, en una convivencia natural. 

Por ese tiempo, los días transcurrían difíciles, austeros, pero tranquilos. Roberto trabajaba en un programa de control de plagas y hacía changas. Ana salía a vender huevos. Y Otoño, con 16 años, cursaba su tercer año de la escuela secundaria.

–¿Dónde estás? –le preguntó Roberto por mensaje de texto. 

No obtuvo respuesta. Probó llamarla. Nada. La noche empezó a caer. 

–Ella siempre nos avisa, es raro –dijo Ana. 

Roberto intentó tranquilizarla. Se habrá quedado con alguna compañera de voley, respondió. Pero Ana sentía algo en el pecho. Miró por la ventana y vió que pasaba el auto de la policía. Y otra vez la cosa en el pecho. 

Cerca de las 23 Roberto se calzó los zapatos, un abrigo y salió en su moto, una Zanella de color gris, a buscarla. Dio una vuelta por el pueblo. Pasó por el Polideportivo donde Otoño tenía clases de voley, pero las chicas ya habían terminado de entrenar. Fue a la casa del profesor y a la de una amiga. Dio otra vuelta. Nada. A eso de las 23:45 estaba de regreso en su casa, sin novedades, sin imaginar lo que había pasado, intentando pensar que su hija iba a volver. 

****

Otoño lleva algo de viento en su nombre. Lleva algo de viento que huele a tierra y agua. A barro. Una hoja que pende de un árbol y se mece en una lucha invisible por no caer, por no perderse en el olvido como tantas otras hojas. Como tantas otras muertas.

*****

Lunes 23 de octubre de 2006

Por la mañana. 

Otoño se levantó temprano, se calzó el pantalón azul, la remera a rayas naranjas, amarillas y verdes y el buzo negro con una franja amarillo flúo a lo largo de la manga. Ató los cordones de sus zapatillas negras, colgó sobre su hombro la mochila de La Renga y a las siete y veinte de la mañana salió. No alcanzó a ver a su papá, que ya se había ido a trabajar. 

Se despidió de su hermano en la parada del colectivo que lo llevaría a la escuela primaria y siguió pedaleando en su bicicleta todo-terreno rojo despintado. Pedalear. Moverse. Flamear como el viento. Su papá dice que ella era fiel reflejo de su signo chino, el caballo: era así, de ir para adelante.

Casi a la misma hora, Leire Segovia se apresuraba a vestirse. Otra vez se le hacía tarde y estaba segura de que Ercilia Zarrabeitia, su compañera que vivía a la vuelta, ya se habría ido porque le encantaba llegar bien temprano a la escuela, ser de las primeras. En cambio pensó que podría encontrarse a mitad de camino con Otoño, su nueva amiga que venía desde la zona de chacras en bicicleta, la dejaba en casa de Ercilia o de Teresa Cau y seguían caminando junto a ella al colegio. 

Ya no tenía tiempo de desayunar, agarró al vuelo dos panes con manteca y dulce de leche, se calzó la mochila y salió. 

–¿Por qué te llevas dos? –alcanzó a preguntar su mamá que la venía casi empujando de atrás para que saliera de una vez. 

–Para la Oto, ma. Seguro me la encuentro en el camino.

A las 7:50, Leire salió de su casa y al pisar la vereda escuchó a sus espaldas el silbido que esperaba. Era Otoño en su bicicleta, pedaleando a todo dar. 

Otoño y Leire se habían hecho amigas ese año. Por varios días, Otoño había tenido que faltar a la escuela a causa de una varicela y empezó a ir a casa de Leire a buscar la tarea. Ella era la mayor de siete hermanos y como tal, se asombraba de la capacidad que tenía Otoño para empatizar con los niños como si fuera una más de ellos. Una vez, la pescó con el más grandote de sus hermanos saltando arriba de la cama de su mamá, a los puñetazos limpios.   

–¿Dejás la bici en lo de Erci? Yo te espero en la esquina –le dijo a Otoño, según lo declaró a la policía dos días más tarde, cuando su amiga ya no estaba.   

Ercilia ya se había ido, así que Otoño apoyó la bicicleta en la entrada de su casa y volvió junto a Leire. Buscaron a una compañera más y siguieron caminando las cuadras que faltaban para estar a las ocho en la puerta de la escuela. Sería un día largo: al medio día tenía informática y educación física, luego, pasaría por la casa de su amiga Adriana Salamanca y después iría a voley.

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Otoño nació el 24 de febrero de 1990 y el nombre se lo eligió su mamá. Dirán de ella que no pasaba desapercibida, que era impetuosa, teatrera como su madre, amiguera. Una chispa. Que le gustaba caminar y empaparse bajo la lluvia, jugar al voley y cantar canciones de Maná, La Renga o Los Piojos por los pasillos de la escuela a todo lo que da con su vozarrón de tanguera. 

También dirán que se fue con el novio. ¿Qué hacía caminando sola a esa hora, tan tarde? Otoño volvé, dejá de hacer gastar plata, dirán. Y… con la familia que tiene, dirán. Hasta el subjefe de la Policía de Río Negro, Víctor Cufré, declarará a una semana de su búsqueda: “Estoy convencido de que Otoño se fue de su casa por su propia voluntad”.

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Julio de 2006

Tres meses antes de que Otoño desapareciera

Otoño lo abraza al Roly, todos lo quieren: es el perro más popular de la escuela. Mediana estatura, pelo corto, ondulado, cabeza marrón clarito y una franja blanca que le cruza desde el cuello hasta casi tocar el hocico. Entra a las ocho de la mañana y se va a la una del medio día, junto a su dueño Matías Bustamante, compañero y amigo de Otoño. Si el dueño falta, Roly asiste igual.

Pero este día están ambos. El perro posando para la foto debajo del brazo de Otoño, que lo abraza con la cabeza ladeada mientras mira a la cámara digital gris. Y Matías, el encargado de sostener la cámara. Otoño sonríe. Su pelo cae lacio hacia un costado. Click. 

Morena Sánchez, docente de plástica del CEM 14 de Fernández Oro que aún trabaja en la escuela, está saliendo de la sala de profesores cuando la sorprenden Otoño y Matías. 

–¡Profe, profe! ¿Nos sacamos una foto?

Posan abrazadas. Morena levanta el brazo derecho y saca la lengua, Otoño la imita. Morena está embarazada de su segundo hijo. Otoño tiene puesta la misma campera con la que fue vista por última vez antes de desaparecer. Click.

Agosto de 2006 

Dos meses antes de la desaparición

–¿Quién es esa piba? –cuchichearon por lo bajo las chicas de voley la primera vez que vieron entrar a Otoño al polideportivo. Cola de caballo, pelo castaño, un vozarrón. 

Otoño amaba jugar al voley y se convirtió en poco tiempo en una de las mejores. Tenía la altura ideal para hacer los remates y la actitud suficiente para tirarse al piso a rescatar la pelota en un embate mano a mano contra la gravedad.

–Vos te tirás al suelo y caes tipo gusano –le explicaba Otoño a su amiga Marina Anduelo.

La técnica se llama “secante” y Marina no se animaba a hacerla porque no tenía rodilleras, le daba miedo eso de tirarse al piso sin protección. Iba a voley desde niña, comenzó a los 9 años, mucho antes que Otoño, y aunque no jugaba tan bien como ella, nunca dejó de ir. “Mientras esté a su lado voy a aprender”, se repetía pensando algún día llegar al nivel de “las grosas”. 

Este agosto está cerca de cumplirlo. Va con Otoño a una concentración de dos días de entrenamientos físicos extremos junto a otros equipos. Tienen 16 años las dos. 

Aunque son parte de la práctica, los partidos se juegan a todo o nada. Suena el silbato, una de las contrarias cachetea la pelota con un remate que está a punto de perforar el suelo, pero Marina vuela por el aire, estira los brazos, ondea su cuerpo tal y como le había enseñado su amiga, la rescata. ¡Pum, puntazo! 

–¡Bien, wacha!

Desde el piso siente la palmada enérgica de Otoño, que va corriendo desde atrás para felicitarla. Será la última vez que jueguen juntas.

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24 de octubre de 2006.

Primer día sin Otoño.

¿Se enojó? ¿Se fue? Pero estaba su ropa, su documento, todo, pensó Ana. No podía ser.  

A eso de las ocho de la mañana, Roberto entró desesperado a la escuela, buscando a las amigas de su hija para preguntarles si la habían visto. Ella nunca se iba sin avisar. Era muy común que se quedara en casa de amigas a dormir, pero siempre, siempre avisaba. 

–El padre entró muy nervioso, buscaba a una de las chicas amigas de Otoño para preguntar por ella, yo le dije que espere, que antes tenían que ingresar al aula y pasar asistencia. Yo con el chip metido de lo que hay que hacer… nunca me imaginé –recuerda Nora García diecisiete años después de ese día. En ese entonces era vicedirectora del CEM 14. 

A las 10:40 Roberto radicó la exposición policial en la Comisaría 26° de Fernández Oro. Ese mismo día, la Comisaría emitió un mensaje hacia las dependencias policiales de toda la provincia de Río Negro:

LUGAR: Cria 26° General Fernández Oro 

FECHA: 24 de octubre de 2006 

DESTINATARIO: Circular general 

DESTINO: Red Policial 

TXT N° 132 “D4-C” Raíz exposición policial radicada por ROBERTO ENRIQUE URIARTE solicito demora su hija OTOÑO URIARTE, de 16 años de edad, misma es de 1,70 estatura, cabello castaño claro, lacio, largo, ojos celestes, contextura física normal, vestía al momento de ausentarse pantalón buzo color celeste, campera negra y fucsia, remera con rayas varios colores, y una mochila color negra. Misma salió del domicilio el día de ayer, no regresando hasta la fecha. Habida que fuera proceder demora, fines restituida al hogar. Fdo. Crio VALLEJOS, JEFE DE UNIDAD 26°. GRAL FERNÁNDEZ ORO

Roberto luego dirá que ese día no informó a la Policía cómo estaba vestida su hija. 

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Ese primer día sin Otoño, Morena Sánchez no había ido a la escuela. Estaba de licencia porque le faltaba poco para dar a luz a su bebé. Dos compañeras profesoras fueron a visitarla. Tomando mates, una de ellas le dijo: 

–¿Viste que desapareció una estudiante nuestra? 

–¿Cómo que desapareció? 

No aparece, se fue a jugar al voley, no volvió a su casa, el papá hizo la denuncia, no se sabe si se fue con un novio. Todas esas cosas que se dicen cuando desaparece una mujer. 

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Otoño está en un mural en la pared de su escuela, el CEM 14 de Fernández Oro, y es lo primero que se ve al entrar. Las uñas largas y grises de una mano encierran a una joven de vestido largo que parece un ángel. Detrás de ella, la muerte sostiene su hoz. 

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Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo.

Sin novedad.

Desde que Otoño desapareció, la escuela se paralizó por completo. Se hicieron marchas todos los días para exigir la aparición de la estudiante. Sus compañeras, compañeros y docentes salieron a rastrillar por cada chacra, pastizal, canal y descampado, a la espera de encontrar algún indicio de ella. Sobre ese tiempo, Matías Bustamante recuerda que salían “guiados por un comisario” a rastrillar. 

Cada día al finalizar la jornada de búsqueda, toda la escuela, la familia, amigos, amigas, vecinos y vecinas y hasta el cura del pueblo que participaban de los rastrillajes, se reunían en el Polideportivo a recibir el parte del Comité de Crisis. 

–Todos los días era “sin novedad, sin novedad” –recuerda Roberto Pinilla, un docente que acompañó desde un principio la causa.

–Ya para el día siguiente de la desaparición nos empezamos a organizar con el curso para salir a buscarla. Me acuerdo patente que por en frente de mi casa pasa el colectivo y con una amiga nos subimos con un cartel con la foto de ella a preguntar si la habían visto. Todos los días lo hacíamos. Todos –cuenta Leire Segovia. 

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Otoño está en una carta escrita por sus compañeras mientras la buscaban. Una carta guardada en una carpeta, en un armario de la escuela. Una carpeta desempolvada. Una carta que dice:

A pesar de que no te conocí, no quiero que ocurra lo mismo que mi prima Daniela Calfupán. No quiero que se olviden de vos como de ella. 

Daniela Calfupán tenía 14 años cuando fue asesinada en 1995 en Fernández Oro y su crimen quedó impune. En toda su historia, en el pueblo hubo cinco femicidios. Hasta ahora, sólo uno había tenido condena.

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En General Fernández Oro la mayoría de las calles son de tierra y tienen el mismo color ladrillo que sus casas de techos bajos. En verano es común pasar las tardes al río que le da nombre a la provincia, el río Negro. Hay quienes dicen que es un pueblo tranquilo y quienes sostienen que antes lo era, pero que ya no. 

–Siempre fue un pueblo tranquilo hasta que pasó lo de Otoño –dicen algunos. 

–¿Desaparece una chica y vivís en un pueblo pacífico? – preguntan otros.

–En Fernández Oro nos conocemos todos, creo. Y está faltando una persona. Esto no es normal.

La ciudad más cercana es Cipolletti, está a unos seis kilómetros y es conocida como la “Capital de los femicidios” por los dos triple crímenes. El primero fue en 1997. María Emilia González, de 24 años, su hermana Paula Micaela, de 17, y una de sus mejores amigas, Verónica Villar, de 22, salieron a caminar y nunca regresaron. Sus cuerpos asesinados fueron encontrados dos días más tarde y recién en 2021 fue condenado un único responsable: Claudio Kielmasz. El segundo triple crimen fue en mayo de 2002 y se conoció como “la masacre del laboratorio”, donde fueron asesinadas la bioquímica Mónica García, de 28 años, la psicóloga Carmen Marcoveccio, de 30, y la paciente Alejandra Carbajales, de 40 años, en los consultorios de la esquina de Roca y 25 de Mayo. 

El término femicidio se incorporó al Código Penal argentino en el año 2012. Hasta ese momento, no había manera de nombrar (y mucho menos de juzgar) a esa crueldad hacia el cuerpo de las mujeres. “Concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas, entre ellas un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres”, explicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el primer informe elaborado por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

En 2015 la rabia por el femicidio de Chiara Paez, ocurrido en Santa Fe, se volcó a las calles de todo el país bajo el grito que se convirtió en movimiento: “Ni una menos, ¡vivas nos queremos!”. 

Según el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, en Argentina se produce un femicidio cada 26 horas. Un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que al 31 de diciembre de 2023 el 15% de las 246 causas judiciales por femicidios habían sido archivadas, el 82% aún continuaban en proceso judicial y de ese total, el 74% está investigación, el 7% en etapa de juicio y 1% con sentencia no firme. Sólo el 3% terminaron con sentencia condenatoria.

En 2025, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei manifestó su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal. De concretarse, esta política implicaría un feroz retroceso ya que todos los países de América Latina (excepto Cuba y Haití) cuentan con leyes que penalizan el femicidio. 

El femicidio es una muerte evitable, dolorosa, injusta. A Otoño Uriarte la buscaron durante seis meses incansablemente. En ese tiempo empezaron a llegar llamados anónimos que decían haber visto a Otoño en prostíbulos de distintos puntos del país. Así su padre viajó a San Martín de los Andes, a Córdoba y a Santa Cruz en búsqueda de su hija. La sospecha de que la desaparición de Otoño podía estar vinculada a la trata de personas se agudizó cuando en 2007, meses antes del hallazgo del cuerpo, se conocieron unas escuchas que revelaban la connivencia entre proxenetas y efectivos de la policía de Río Negro. La complicidad policial y las dilaciones por parte del Poder Judicial fueron el centro de los persistentes reclamos de sus familiares ante una pregunta que esperaba respuestas: ¿Qué pasó con Otoño?  

La causa por Otoño no está caratulada como femicidio. Por ser anterior a la existencia de esta figura, fue juzgado como “privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de tres o más personas, por ser la víctima menor de edad y por haberle ocasionado intencionalmente la muerte”.

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9 de abril de 2007  

Se revelan las escuchas 

–¿Sabés qué? Tengo que llevar a una chica para fichar, loco –dijo el proxeneta.

–¿Cómo está (la chica)? –contestó el oficial.

–Está re buena.

–Uy, qué los parió. Esperá... Le preguntamos al subco.

Así comienza la conversación entre un regenteador del prostíbulo Las Vegas de Choele Choel, en el Valle Medio de Río Negro, a unos 200 kilómetros de Fernández Oro, con policías de la comisaría octava de esa localidad, reveladas por el Diario Río Negro en medio de la investigación por la desaparición de Otoño. Este prostíbulo se dedicaba a la trata de mujeres para la explotación sexual.

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Otoño está en un poema que escribió a sus nueve años, mirando la ventana. “En otoño el colibrí se fue a viajar / en la primavera regresó / lo reconocí porque le faltaba un dedo / me puse muy contenta cuando lo vi regresar”. 

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22 de febrero de 2007

Decime dónde estás  

Desde que había desaparecido su amiga, Leire Segovia estuvo meses durmiendo mal, despertándose a cada rato, tenía miedo de soñarla. Recién en enero recuperó el descanso profundo. Y en febrero la soñó. “Era lo que yo más miedo tenía”, confiesa casi veinte años después. 

En el sueño, Leire estaba en su habitación y veía a alguien entrar por la puerta. Era Otoño. Se sentó a los pies de la cama donde ella estaba acostada. 

–Oto, ¿dónde estás? Decime donde estás, está todo el mundo buscándote. 

Ella solo la miró, como sonriendo. 

–Yo ya no estoy. 

Otoño tenía su cara blanca, más blanca que nunca, con marcas como de golpes que se borraban, como un moretón deshaciéndose.

–Pero contame qué te pasó. 

–Mirá.

Y le muestra. Como si fuera una película. Un auto, como de la mitad hacia abajo, un auto y piernas de varones. Leire no reconoció ninguna voz. Era como un sonido confuso. Uh uh uh uh. Eran voces de hombres. La sacan de la parte de atrás del auto y la dejan en un lugar muy sucio, desprolijo, con yuyos y juncos. 

Al despertar, Leire, desesperada, le dijo a su papá: “¡Llevame al río porque Otoño está en el agua! Llevame al río, llevame al río…” 

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24 de abril de 2007 

El cuerpo. 

Leire se preparaba para ir a la marcha, como cada lunes a las ocho de la noche, cuando el teléfono de su mamá sonó.

–Poné el canal 10. Encontraron a la piba -dijo la voz al otro lado de la línea. 

El cuerpo de Otoño fue encontrado en el desarenador del canal de riego de El Treinta, un paraje rural ubicado a las afueras del pueblo, en el límite con Cipolletti. 

Roberto se encontraba en la provincia de Santa Cruz siguiendo una pista falsa que lo había llevado hacia Las Casitas, un barrio de prostíbulos que era sospechado como destino para la prostitución forzada. Primero, lo llamó su hermana. Después, la jueza.  

Mientras tanto, en la televisión mostraban la imagen de hombres con maletines y escaleras sacando de una rejilla los restos de un cuerpo que ya no era. El canal vacío, apenas un hilo de agua. Un bulto tapado con nylon y se ve. Es como si el nylon se levantara y se ve: la campera negra con el fluo amarrillo. Era ella. 

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Otoño está en una canción escrita por su amiga Nadia Escobar, cantante de la banda de punk del pueblo, Neurona, y ahora de Dulce Ironía. “La luna cuelga callada y sin hablar porque alguien la puede apagar / la puede acabar”. Otoño los seguía donde tocaran, en la plaza, en el anfiteatro, en las vías del tren, el polideportivo. “Quizás el sol haga brillar hoy más el azul cielo / sus ojos cielo / quizás la luz pueda llenar el vacío de la estación”. 

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12 años después

Fernández Oro

Para el aniversario de los 12 años, Marina Anduelo, la compañera de voley de Otoño, ya tenía a su hijo más chico y lo llevaba a upa. No miró a nadie, solo habló: 

–Hace 12 años que lloro a escondidas, que no encuentro el espacio, ni el lugar, ni las personas para hablarlo, que me marcó para siempre, que todavía no me puedo reponer. Es una herida tan grande que me ha llevado muchos años de tristeza. Si bien una hace cosas para ser feliz, es como un chicle pegado a la zapatilla. Lo llevas a todos lados. 

Dice que hubiera sido peor para ella quedarse en su casa sin hacer nada. “Empecé a militar, a ir a marchas por otras chicas. Me parecía muy movilizante ver la cara de Otoño, ver que otra gente lleva la remera, el cartel”. 

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2008/2016/2017/2020/2024

Dieciocho años pidiendo justicia

En agosto del 2008 fueron imputados por primera vez los cuatro acusados que llegaron a juicio: Ricardo Néstor Cau, su hermano José Iram Jhaffri, Maximiliano Lagos y Ángel “El Gato” Antilaf. Menos el Gato, el resto eran hombres conocidos en Fernández Oro. 

Más tarde, se sumaron dos más. Juan Calfiqueo, sobreseído en 2023 por la prescripción del delito que se le imputaba: encubrimiento. Y Federico Saavedra, la última persona que estuvo con Otoño ese día, un amigovio con el que había empezado a salir, también sobreseído por falta de pruebas en su contra. 

A este grupo de imputados, la jueza Sonia Martín los sobreseyó en 2016 con el argumento de que no existían pruebas para procesarlos. En 2017, el Superior Tribunal de Justicia revocó el sobreseimiento. La causa llegó hasta la Corte Suprema donde durmió tres años, hasta que en 2020 emitió una breve resolución que habilitaba a seguir investigando. 

Ese mismo año, el caso pasó a manos de la fiscal Teresa Giuffrida quien, junto a la abogada querellante Gabriela Procopiw, reunieron nuevos testimonios, volvieron a acusar a los hombres señalados inicialmente como responsables, y solicitaron la elevación a juicio a contrarreloj, apenas unas horas antes de que la causa cayera. 

En 2024, tras 18 años de espera, llegó el juicio. Durante las once jornadas de largas audiencias, la esquina entre las calles Urquiza y España donde se erige la Oficina Judicial de Cipolletti, se convirtió en un altar. Cada mañana, religiosamente antes de comenzar, las amigas de Otoño colgaron las banderas, sus docentes se abrazaron en ronda, su familia se tomó de las manos y las paredes se llenaron de carteles con la foto grande, bien grande, de Otoño.   

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Una tarde de 2023

El Bolsón

Hay un hombre que mira por la ventana de una casita de barro. Afuera está el bosque, las ramas meciéndose tranquilas con una brisa que más tarde traerá lluvia. Ese hombre es Roberto Uriarte. Vive solo en su refugio, como lo llama. 

La casa está metida en un bosque de radales, notros y maitenes a varios kilómetros de la zona céntrica de El Bolsón, un lugar que le trae recuerdos de otro tiempo. Un tiempo en que Otoño era niña y todavía vivía y donde él podía ser lo que siempre quiso: un artesano de la feria, vendedor de aritos confeccionados de prolijos firuletes de metal y piedras que acaso atraigan a la buena suerte.

Pone la pava al fuego y se sienta a esperar que el agua se caliente. La espalda del hombre que ahora espera se arquea, como las ramas de los árboles que se mecen tranquilos del otro lado de la ventana. Tiene 62 años y se gana la vida con trabajos de electricidad. Tiene la piel marrón tierra, las manos curtidas, el pelo largo y algunas canas. Unos ojos profundos como el tiempo y claros como los de su hija Otoño.

Ya casi no da entrevistas. Dice que está cansado del Sistema, así, con mayúscula.

–La complicidad judicial y política estuvo siempre, pero es muy difícil de sacar a la luz. Mirá, no lo ha podido hacer Susana con todo el acompañamiento que tiene.

Se refiere a Susana Trimarco, la mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón que se convirtió en referente de la lucha contra la trata de personas después de que su hija de 22 años fuera secuestrada el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Roberto se reunió con Susana cuando comenzaron las sospechas de que la desaparición de Otoño podía estar relacionada con la trata de personas para explotación sexual.  

–Po-lí-ti-co,  ju-di-cial–, remarca. 

Aún así, Roberto seguirá hasta el final. Hoy espera pacientemente la llegada del juicio. Los huesos de su hija aún están en la morgue del poder judicial para realizar las últimas pericias, las que no pudieron hacerse a tiempo por “falta de presupuesto”. En todo este tiempo pasaron fugaces frente a sus ojos las infancias de sus otros cuatro hijos, su propia juventud. 

El hombre que arquea su espalda, que mira la ventana y recuerda, aguantará. No sabe todavía que el Tribunal conformado por la jueza María Florencia Caruso Martín, junto a los magistrados Amorina Sánchez Merino y Juan Pedro Puntel, declarará culpables a Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri y Maximiliano Nahuel Lagos por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, con resultado de muerte de Otoño Uriarte.

–No existe duda de que los cuatro traídos a juicio han sido responsables de la muerte de Otoño Uriarte. Todos en grado de coautoría. Todos tenían conocimiento y aceptaron la comisión de los hechos, respondiendo penalmente de la misma manera–, sentenciará la jueza Caruso Martín, para quien hubo un “plan previo” para secuestrar a Otoño. 

Para muchas amigas de Otoño será él, Roberto, un refugio. Alguien capaz de escuchar y mantener la calma, un ejemplo de templanza en momentos donde la rabia amenaza con desbordar los límites del cuerpo para salir a romper todo. 

El hombre que mira la ventana intentará no pensar en quienes fueron “los autores” porque su propósito es otro: exponer a las “organizaciones” y “personajes oscuros” que “manejan los hilos que para la sociedad son imperceptibles”. “Me encantaría, que queden evidenciados, que no es un capricho nuestro: existen, están ahí, y son parte de los poderosos”, dirá. 

–Puede presumirse que lo de Otoño fue un encargo y que luego sería llevada a un prostíbulo–, sostuvo el Tribunal acerca de la hipótesis de que a Otoño la pudieron haber secuestrado para la trata de personas. Sin embargo, aclararon que, si bien se “mencionó un fin sexual, una deuda” como motivación del femicidio, “no hay ningún otro dato que lo respalde”. Esto no hace que varíe la pena para los cuatro acusados. La prisión perpetua. 

Así como los árboles que se mecen tranquilos, Roberto inspira y llena sus pulmones de aire. Lo retiene y lo suelta casi sin mover un músculo. No quiere pensar en los autores porque si piensa en ellos le vienen ganas de matar:

–Digo, por ahí me puedo convertir en un asesino, en momentos de maquinar y maquinar.

Respira. 

–Mis hijas me sostienen, mi nieto también. Es ahí donde se continúa, en los que vienen.

Se para y saca de un estante una caja de madera. Ahí guarda las artesanías que pudo volver a hacer en sus ratos libres, como unos porta sahumerios de cerámica con forma de duendes. Los muestra orgulloso. Piensa en viajar en moto, hacer feria, música y escribir. 

Roberto ya no cree en la justicia, dice que si no la hay para los vivos, menos la habrá para los muertos, que justicia sería que su hija estuviera viva. Otoño Uriarte tendría ahora 35 años. ¿Sería veterinaria como soñaba de chica? ¿Iría a pasear a la feria de El Bolsón, donde pasó días enteros durante los veranos de su infancia? ¿Seguiría jugando al voley, tal vez, enseñando a las más chicas las técnicas que ella, como buena jugadora que era, sabía muy bien hacer?

Al final, Roberto se funde en un silencio largo. El hombre que ya no cree en la justicia, pierde la mirada en la ventana y espera, admite que hay una esperanza que todavía conserva: tal vez y sólo tal vez, si mira fijo a la ventana, vea a su colibrí regresar a casa. 

El Concurso de Crónica Patagónica es uno de los programas más ambiciosos de la Fundación de Periodismo Patagónico. Durante sus primeras seis ediciones han enviado sus textos más de 500 cronistas y fueron jurado periodistas y escritores como María Moreno, Cristian Alarcón, Roberto Herrscher, Sonia Budassi, entre otros y otras.

Desde su puesta en marcha ha sido clave en la construcción de la red de #CronistasDelSur, que narra la Patagonia desde los territorios.

Durante el mes de enero de 2025 se produjeron 28 femicidios en el país, uno cada 26 horas, de acuerdo a los datos recopilados en un informe por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

El promedio histórico en Argentina es de un femicidio cada 35 horas. Y en 2023, último registro oficial ya que aún no están las cifras de 2024, se 250 víctimas directas de femicidios, segúndo las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. El número representa un aumento de 10,6% respecto del año anterior.

En el detalle, el informe de La Casa del Encuentro consigna que este enero fueron 27 femicidios vinculados de mujeres y niñas y un femicidio vinculado de un varón adulto. “Los datos más relevantes son que 27 hijas/hijos quedaron sin madre, el 49% son menores de edad; el 60% de los agresores eran parejas o exparejas; el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (70% fueron asesinadas en su hogar)”. Y si bien los femicidios abarcan a todo el territorio nacional, “en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Mendoza, y CABA”.

La Casa del Encuentro –fundada en octubre del 2003– releva los casos de femicidios desde el año 2008, con estadísticas sobre los asesinatos de mujeres, niñas y diversidades en todo el país “que fueron utilizadas para elaborar políticas públicas y leyes de prevención y protección a mujeres y diversidades”.

Desde la organización, repudiaron (“con la autoridad que nos otorga el camino recorrido”) “enérgicamente los conceptos vertidos tanto por el Presidente de la Nación como del Ministro de Justicia, para quienes el género es una 'joda que se usó como negocio y arma extorsiva' y por lo tanto planean, entre otras cosas, eliminar la figura de femicidio (homicidio en contexto de violencia de género) del Código Penal.

Y agregaron: “Durante enero hubo un femicidio cada 26 horas, esto es lo que desde el ejecutivo llaman 'joda'. Familias destruidas, hijos e hijas sin madre, pero fundamentalmente, vidas de mujeres y diversidades que han quedado truncas por el poder que les da a los hombres violentos el sistema patriarcal hoy avalado por este gobierno. Eliminar este agravante, no brinda igualdad ante la ley, sino que desconoce la problemática social del femicidio y vulnera aún más el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades a una vida libre de violencias por razones de género. O sea, eso es desigualdad: negar la realidad, tergiversar conceptos, propiciar discursos de odio y ensuciar el trabajo de quienes visibilizamos la problemática a diario, entre tantas otras agresiones verbales vertidas desde que asumieron la conducción del país”.

Tras exponer los datos, la Casa del Encuentro apuntó al Gobierno de Javier Milei por estar “a contramano del mundo” y considerar al género “como un negocio”, al tiempo que rwafirmaron que la violencia de género “existe y se profundiza cada vez más con la feminización de la pobreza llegando, en muchos casos, a su expresión más extrema: el femicidio. Es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad. Un Estado que ignora, avala. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio.”, sentenciaron.

Sobre los 28 casos de femicidio durante enero de 2025, detallaron: cinco víctimas habían realizado denuncia; dos femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención; cuatro femicidas pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad; una víctima tenía indicio de abuso sexual; dos víctimas eran migrantes; cuatro femicidas se suicidaron; dos víctimas vivían en un contexto de narcocriminalidad; y hubo un femicidio vinculado de varón adulto.

De acuerdo a la Casa del Encuentro, “el concepto Femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas”.

Además, desde la asociación civil desarrollaron el término femicidio “Vinculado”, “partiendo del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación”, y lo dividieron en dos categorías: “Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas 'en la línea de fuego'. Y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad”. Adermás, consideran “Víctimas Colaterales” a las “hijas e hijos que quedaron sin madre, asesinada por violencia sexista”.

Los datos de 2024 y 2023

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se contabilizaron 283 femicidios, tres lesbicidios, ocho trans/travesticidios y 24 femicidios vinculados de varones. Estas tragedias dejaron a 343 hijos sin madre, de los cuales el 52,5% son menores de edad, según datos de la Casa del Encuentro.

En tanto, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 femicidios -un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023, y 604 intentos de femicidio, frente a 572 en 2023; mientras que el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista.

Los datos aportados por las organizaciones feministas contradicen a los que ofrece el Gobierno, que hablan de un descenso anual del 10 % de las muertes por esta causa en 2024.

“La tasa de femicidios de Argentina es de uno cada 100.000 mujeres y no varió en los últimos tres años, no bajaron. Además, hay 604 víctimas de intentos de feminicidios”, aclaró Victoria Aguirre, portavoz de Mumalá, cuyo informe anual da cuenta de otras 37 muertes violentas en proceso de investigación y 22 niños que se quedaron sin madre.

En 2023, 272 personas murieron víctimas de violencia de género: 250 fueron víctimas directas, y 22 fueron víctimas de femicidio vinculado, esto es: niños, niñas o adolescentes que también fueron asesinados en contexto de femicidio. 

En total, si se consideran sólo las víctimas directas de femicidio (250), en 2023 hubo 1 femicidio cada 35 horas (en enero de 2025 el promedio fue de un femicidio cada 26 horas). La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2023 fue de 1,05, de acuerdo a los datos publicados por Chequeado en su momento.

El número de víctimas directas representó un 11% de aumento respecto de 2022, según indicaba el informe publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 

De acuerdo con el indicador reportado por la Oficina de la Mujer de la CSJN, en 2022 se identificaron 226 víctimas directas de femicidio; en 2021 fueron 231; en 2020, 255; en 2019, 260; en 2018, 258 y en 2017, 252. 

Retroceso en derechos y negacionismo

Las organizaciones advirtieron, previo a la intervención homofóbica del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y a la multitidinaria marcha federal antifascista del 1 de febrero, sobre los efectos del retroceso en las políticas públicas de atención y protección de las mujeres desde que el mandatario libertario se hizo cargo del Ejecutivo el 10 de diciembre de 2023 y puso en marcha un severo plan de ajuste.

Milei manifestó en reiteradas ocasiones su oposición a lo que él denomina de forma despectiva “ideología de género” y a la Agenda 2030 -entre cuyos objetivos figura el de la igualdad entre hombres y mujeres-. Y una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado sería de unos 300 millones de dólares anuales. Sin ese ministerio y sin ese gasto, se lograron bajar en más de un 10 % los crímenes de mujeres. Hoy a los delincuentes se los enfrenta siendo implacables en las penas”, afirmó recientemente el portavoz presidencial, Manuel Adorni, para justificar las decisiones del Gobierno.

Milei también disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que daba asistencia a las víctimas, y rebajó la jerarquía de la dirección a cargo de la Línea 144 para denuncias de casos de violencia machista y de otras áreas de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Con el Gobierno de Milei hay un retroceso marcado en las políticas públicas para mujeres y diversidades, y para niñas, niños y adolescentes. Milei tiene una mirada sumamente conservadora, despectiva y violenta hacia las mujeres”, afirmó Norma López, del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, que eleva a 294 femicidios en 2024.

Menos denuncias y subregistro

El informe de Mumalá apunta a que sólo el 12 % de las víctimas de femicidios en 2024 había denunciado a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Este descenso no se explica por una bajada real de los casos sino por el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado.

“Este Gobierno, con la eliminación de políticas públicas, menos presupuesto, el desmantelamiento de estructuras y, sobre todo, el discurso de odio hacia las mujeres, puso en la cabeza de las víctimas el miedo a no tener contención del Estado en caso de denunciar”, aseguró Aguirre. López, legisladora de la ciudad de Rosario, advierte que el recorte en la Línea 144 y otras instancias de atención a las víctimas incidió negativamente en la presentación de denuncias y, por lo tanto, hay un subregistro de los casos.

Además, advierte, hay muertes violentas de mujeres -suicidios, asesinatos en contextos de violencia social y de crimen organizado, muertes por supuestos accidentes que no son tales- que no son investigadas como femicidios por la Justicia y ello también amplía el subregistro de casos. “Si ha habido un número que hable de disminución de femicidios, eso no implica que haya menores situaciones de violencia. No podemos dar cuenta de eso. Claramente hay un subregistro por estas acciones de ajuste tan graves del Gobierno nacional”, sostuvo López.

La periodista Natalia Jersonsky, más conocida como Nati Jota, compartió un mensaje amenazante que recibió en redes sociales tras haber difundido las cifras de los femicidios correspondientes al año pasado.

“La próxima podés ser vos y, además, violarte”: apuntó el usuario “Emanuel.87._” en un texto dirigido a la casilla de mensajes privada de la comunicadora. La advertencia llegó ligada a la publicación de la comunicadora que informó: “Durante 2024, se registraron 255 femicidios, una mujer fue asesinada por razones de género cada 29 horas”.

Más tarde, la conductora citó una respuesta que señalaba al hostigador de “pelot*do” y añadió: “Si la palabra que se te ocurre es ‘pelot*do’, me asustás vos también. La palabra es presunto violador o asesino. Como mínimo: machista inmundo al que le parece divertido amenazar con matarme o violarme”.

“Hay muchos mensajes de apoyo, la mayoría por suerte. Me resulta medio imposible que haya otra postura, pero la hay. Me piden que denuncie o escrache a este muchacho. Ya obviamente cambió su nombre de usuario. Me asusta que ande suelto y no especialmente por mí”, explicó la periodista.

En este sentido, continuó: “Esto es mucho mayor que Emanuel o Nati Jota, porque me llegan muchos más mensajes así, más seguido de lo que se imaginan y sé que estas personas andan por las calles y todas podemos ser sus víctimas”.

“La violencia machista existe, está todo el tiempo, no significa que todos la ejerzan, pero sí que es claramente del hombre a la mujer por su condición de mujer. La figura del femicidio tiene que continuar existiendo”, concluyó al respecto.

La productora Lucía “Lula” Salomone también compartió una imagen de este mediodía cuando recibió un texto más extenso que el de la conductora: una amenaza detallada y frotan que inició: “Che, hija de Salomone, te vi varias veces paseando por Palermo, sé que vivís por ahí”.

“Tengo un grupito de amigos que les copa la idea de juntarse a tomar unos matecitos con vos. Lo que sí, tenemos unos horarios de juntada y lugares un poco fuera de lo común. Por lo general, organizamos en un descampado a la madrugada. Te va a copar la idea y te la vamos a hacer pasar re bien”, continúa el texto.

“Es un viaje de ida. Ya te vamos a hacer llegar la invitación. Atenti. Besis”, concluye el mensaje enviado a través de instagram. Al compartirlo, la productora añadió encima de la captura: “Sin palabras, cuando lo leí se me heló la sangre”.

Javier Milei prepara un proyecto de ley con el que promete patear el tablero. En un contexto social profundamente polarizado, la Casa Rosada buscará reconfigurar el marco normativo en materia de derechos y perspectiva de género en Argentina, un debate que pone en juego cuestiones de fondo sobre los derechos adquiridos. Desde el entorno presidencial confirmaron a elDiarioAR que la iniciativa, que llevaría el nombre de “De igualdad ante la ley”, será enviado al Congreso durante las sesiones ordinarias que comienzan en marzo. 

El proyecto tiene como eje central la derogación de normativas que, según el oficialismo, “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas”. Como ítems clave, propone eliminar la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos; y barrer con los cupos laborales y legislativos del Estado, como el Travesti Trans, sancionado en 2021, o la Ley de Paridad de Género, que garantiza representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos electivos. En ese paquete también estarían incluidos los cupos para discapacitados.

Pero hay más: el texto además buscaría terminar con el otorgamiento del DNI no binario —iniciativa que, según había trascendido en noviembre, Milei pretendía concretar vía decreto— y reformar el Código Penal para eliminar la figura del femicidio como agravante en casos de homicidio por razones de género. El argumento libertario es que “la Justicia debe juzgar a todos por igual, sin distinciones basadas en características personales o identitarias”. Los únicos derechos que por el momento se salvan de la avanzada “anti-woke” de Milei son la Ley de Matrimonio Igualitario, vigente desde 2010, y la ley de Aborto Legal, aprobada por el Congreso en 2020.

El debate se anticipa tenso. En Casa Rosada subestiman el ruido que podría generar una iniciativa tan radical, tanto en la opinión pública como en las negociaciones que por estas horas mantiene el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los bloques opositores en el Congreso de cara a las sesiones extraordinarias.

En el marco de un debate legislativo donde La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para eliminar las PASO ni para aprobar los pliegos de sus dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, la estrategia del oficialismo es clara y lleva el sello inconfundible del asesor presidencial Santiago Caputo: lanzar un globo de ensayo para tantear la reacción social en pleno verano.

Agenda “anti-woke”

El trascendido oficial llega justo luego de que, durante su intervención de este jueves en el Foro de Davos, Milei calificó al “wokismo” como “la gran epidemia de nuestra época” cargando duramente contra conceptos como feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo e ideología de género que representarían, según el Presidente, “cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado”.

En agosto, en tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, dijo durante una exposición en la Cámara de Diputados que “se acabó el género” para el Estado, que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos” y que el objetivo de su gestión es preservar la familia, como “núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos”. Sus declaraciones causaron un fuerte revuelo político y social.

“No toleramos un Estado opresor y dirigista. Creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada”, sostuvo Cúneo en su momento. Y cuestionó, en alusión al kirchnerismo, la “hipocresía” de “muchos parlanchines” que “decían que se iba a acabar el patriarcado”. Ese día, quedó claro que el ministro de Justicia había ajustado su mensaje. No sólo por lo que dijo, sino porque en un momento, cuando se refirió a las diversidades sexuales como “inventos” y estallaron los comentarios en la sala, se le acercó un abogado que había ido con él, Marcelo Ruiz, le dijo algo al oído y Cúneo, por lo bajo pero con el micrófono prendido, le respondió: “Boludo, esto está textual del discurso de Milei”.

Milei fue siempre muy explícito contra el feminismo y las políticas de género. En el inicio de su gobierno, en su visita primera visita a Davos en 2024, también cuestionó la agenda feminista y la presentó como “la pelea ridícula y anti natural entre el hombre y la mujer”. En ese alocusión, al igual que el de este jueves, dijo: “El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad”.

Y se manifestó en contra de la intervención del Estado en la materia: “En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”.

Retroceso en derechos y negacionismo

En la Argentina que alumbró el mundo con el grito de “Ni una menos” hubo entre 255 y 294 femicidios en 2024, según diferentes organizaciones, datos que contradicen las cifras oficiales y alertan de un retroceso en las políticas de género durante el primer año de gobierno de Milei.

Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 femicidios -un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023, y 604 intentos de femicidio, frente a 572 en 2023; mientras que el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista. Los datos aportados por las organizaciones feministas contradicen a los que ofrece el Gobierno, que hablan de un descenso anual del 10 % de las muertes por esta causa en 2024.

“La tasa de femicidios de Argentina es de uno cada 100.000 mujeres y no varió en los últimos tres años, no bajaron. Además, hay 604 víctimas de intentos de feminicidios”, aclaró este mes Victoria Aguirre, portavoz de Mumalá, cuyo informe anual da cuenta de otras 37 muertes violentas en proceso de investigación y 22 niños que se quedaron sin madre.

Las organizaciones advierten sobre los efectos del retroceso en las políticas públicas de atención y protección de las mujeres desde que Milei llegó a la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, y puso en marcha un severo plan de ajuste.

El informe de Mumalá apunta a que sólo el 12 % de las víctimas de femicidios en 2024 había denunciado a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Este descenso no se explica por una bajada real de los casos sino por el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado.

Milei manifestó en reiteradas ocasiones su oposición a lo que él denomina de forma despectiva “ideología de género” y a la Agenda 2030 -entre cuyos objetivos figura el de la igualdad entre hombres y mujeres-. Y una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado sería de unos 300 millones de dólares anuales. Sin ese ministerio y sin ese gasto, se lograron bajar en más de un 10 % los crímenes de mujeres. Hoy a los delincuentes se los enfrenta siendo implacables en las penas”, afirmó recientemente el portavoz presidencial, Manuel Adorni, para justificar las decisiones del Gobierno.

La Libertad Avanza también disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que daba asistencia a las víctimas, y rebajó la jerarquía de la dirección a cargo de la Línea 144 para denuncias de casos de violencia machista y de otras áreas de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Con el Gobierno de Milei hay un retroceso marcado en las políticas públicas para mujeres y diversidades, y para niñas, niños y adolescentes. Milei tiene una mirada sumamente conservadora, despectiva y violenta hacia las mujeres”, afirmó Norma López, del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, que eleva a 294 femicidios en 2024.

PL/MC