Tres mujeres en 24 horas. Es el último pico de casos investigados como violencia machista concentrados en un escaso periodo de tiempo, entre el lunes y el martes de esta semana. El primero ocurrió en Antequera (Málaga), donde la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre que se había suicidado y, horas después, el de su pareja, de 29 años, a la que había matado en casa a cuchilladas. Poco después era detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) un hombre de 48 años por el asesinato de su pareja y, a las pocas horas, la Guardia Civil hallaba en Benahavís (Málaga) el cuerpo sin vida de otra mujer con signos de violencia.

Los dos primeros ya fueron confirmados como violencia de género y el último se encuentra aún bajo investigación. De ratificarse los tres, serían 32 el número de casos mortales registrados en lo que va de año. Seis de ellos desde que dio comienzo el verano, la época en la que más asesinatos suelen acumularse. El número de menores huérfanos por esta causa alcanza ya los 20.

Las tres mujeres pasarán también a formar parte del registro de homicidios ocurridos en España este 2026. La extensión de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es tal que, en más de la mitad de los asesinatos en los que la víctima era una mujer, el agresor fue un hombre con el que mantenía en el momento de los hechos o en el pasado una relación sentimental. Los datos del Instituto Nacional de Estadística cruzados con el registro de víctimas de violencia machista arrojan luz sobre este fenómeno: entre 2003 —primer año con datos oficiales— y 2025, fueron asesinadas en nuestro país 7.767 personas, de las que 2.577 fueron mujeres. De ellas, el 52% lo fueron por violencia de género.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que el dato debería hacer entender este tipo de violencia “en toda su amplitud, dimensión y significado”. “Sabemos que el grupo de población que, con diferencia, más representado está en esta violencia es el de las mujeres que, sin tener ningún tipo de vínculo con la criminalidad, son asesinadas en sus casas por sus novios o maridos actuales o pasados, mientras que el de grupo de agresores más activo es el de hombres que matan a sus parejas o exparejas”, sostiene el experto.

A las cifras habría que añadirles, además, los otros feminicidios cometidos por hombres que, desde 2022, también contabiliza el Ministerio de Igualdad. Son casos en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de serlo en contextos derivados de la violencia sexual, familiar o laboral. Un fenómeno que eleva los datos todavía más: si a las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado les sumamos los 26 feminicidios registrados, el 82% de todos los asesinatos en los que la víctima fue una mujer ese año, fueron feminicidios.

“La construcción de género es la causa fundamental y esencial de la mayoría de homicidios sufridos por las mujeres en el planeta”, afirma Lorente. Es algo que corroboró Naciones Unidas a nivel global: los hombres son en mayor medida víctimas de asesinatos en todo el mundo —fundamentalmente a manos de otros hombres—, pero ellas, cuando mueren por esta causa, lo hacen por parte de sus familiares y parejas. Esta realidad llevó a la ONU a concluir que “el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres”.

“El problema de la violencia en pareja es estructural y ocurre incluso en aquellos países como España en los que la violencia con resultado de muerte no está tan generalizada”, apunta la Catedrática de la Universidad de Alicante en Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Vives Cases, que recalca la urgencia de “intervenir antes de que ocurra” el asesinato, la expresión más brutal del maltrato. “Se trata de aprovechar los contextos de oportunidad y eso pasa por mejorar y reforzar el sistema y sus recursos, que están sobrepasados, les falta presupuesto y personal formado”.

El verano como disparador de casos

La acumulación de asesinatos como la de los últimos días suele darse de vez en cuando, pero es más común en verano, en el que se concentran más casos. Julio es, de hecho, el mes con más registros de toda la serie histórica, seguido de junio y agosto. Diciembre y enero son otros de los periodos en los que más asesinatos se producen.

Las expertas llevan años intentando analizar qué hay detrás de la estadística y apuntan a algunos factores que pueden funcionar como “disparadores” de la violencia, especialmente en época vacacional. “Actualmente no es posible relacionarlo tanto con el tema del calor aunque sí genera estrés y agresividad, pero hacen falta explicaciones más completas y no unicausales: lo que sabemos es que en estos periodos se da más contacto y se convive más, se planifican vacaciones o surgen motivos de conflicto relacionadas con las cuestiones familiares o de los hijos e hijas”, explica Vives Cases, que califica la violencia de género de “pandemia”.

Lorente explica que, partiendo de que el objetivo último de los agresores es controlar a las mujeres, el verano y las Navidades se erigen como escenarios en los que la sensación de pérdida de control puede aumentar. Esto puede hacer que con mayor probabilidad utilicen la violencia con este fin. “Son momentos de salir más, de forma más improvisada y quizá con gente diferente y a lugares distintos. Hay más descontrol y eso es percibido por el agresor como una intromisión. Si están separados, esto puede hacer que sientan que no van a recuperar a la mujer, lo que constituye un factor acelerador de la violencia”, esgrime el experto.

Otro de los elementos que suelen ponerse sobre la mesa son el llamado “efecto imitación” o una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol que acaba de ganar el equipo español. Se trata de una variable que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Con todo, las especialistas recuerdan que este tipo de factores no son “causa-efecto” porque la realidad de la violencia machista es compleja y multicausal. Y apuntan al machismo como base: “La violencia de género se produce porque hay una construcción cultural, el patriarcado, que da razones a los hombres para que entiendan que se puede corregir, castigar o controlar a las mujeres de esta forma y que da a la sociedad razones para justificarla”, opina Lorente.

Ante la concentración de casos de lo que llevamos de julio, el Ministerio de Igualdad convocó un comité de crisis el martes que viene, en el que ministerios, comunidades autónomas y otros organismos implicados, como la Fiscalía, analizarán cada caso. En dos de los últimos tres, había rastro de las víctimas y sus agresores en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia machista, pero no había medidas de protección vigentes. Tanto la mujer asesinada en Antequera como la de Benahavís, ambas en Málaga, habían denunciado en algún momento, pero el sistema no las protegió.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez.

“Es sumamente importante venir porque los femicidios que pasaron pudieron haberse evitado y la Justicia no está actuando. Me preocupa que el día de mañana esa mujer sea mi hermana, mi prima o mis amigas. Creo que todas las mujeres argentinas conocemos a alguien que sufrió violencia”. La que habla frente al Cine Gaumont es Celeste, una adolescente de 15 años. Casi la misma edad que tenía Agostina Vega, la nena encontrada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida varios días, en un caso que escaló la indignación e hizo que hoy muchas mujeres sintieran la necesidad de salir a las calles de todo el país en el undécimo aniversario de Ni Una Menos.

Once años después de aquella primera movilización, que se repite anualmente, la Plaza del Congreso en Buenos Aires se colmó de mujeres, disidencias, pero también de muchos hombres, niños, familias enteras para pedir que de una vez por todas paren los femicidios. Los asesinatos de Agostina pero también de Dulce María Candia y Noelia Romero, ocurridos en los últimos días, encendieron aún más un fuego que ya ardía. La jornada estuvo atravesada por la emoción, la bronca y la convicción de que, frente al avance de los discursos negacionistas y el desmantelamiento de las políticas públicas contra la violencia de género, la presencia en las calles sigue siendo una herramienta irremplazable.

Desde temprano comenzaron a llegar las columnas de organizaciones feministas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos. Los bombos marcaron el ritmo de una tarde fría que rápidamente ganó temperatura entre abrazos, pañuelos, carteles y cánticos que ya forman parte de la memoria colectiva del movimiento. “¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina!”, coreaban miles de voces frente al Congreso. Unos metros más allá llegaba la respuesta: “¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista!”. Más tarde, otra consigna recorría la plaza de punta a punta: “¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!”.

La convocatoria de este miércoles se realizó bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. El caso de Agostina se convirtió en uno de los motores de la movilización y estuvo presente en pancartas, intervenciones artísticas y discursos. También fueron recordadas Dulce María Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada en Temperley. Imágenes similares se replicaron en las marchas que tuvieron lugar en ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Entre quienes participaron de la marcha porteña, la necesidad de acompañar colectivamente esa demanda apareció de manera constante. “Venimos por compromiso. Por compromiso social hacia todas las mujeres. Porque tengo dos hijas. Por eso vengo a la marcha”, contó Mariana, una manifestante, mientras caminaba junto a su familia entre las columnas.

Luciana, otra joven, explicó que decidió acercarse porque considera imprescindible enfrentar los discursos que niegan la violencia de género. “Estamos acá porque me parece súper importante luchar por todas las que matan y también porque hay mucha gente que niega que estas cosas pasan y que niega el concepto de femicidio. Me parece importante venir para que haya conciencia de que hay gente que realmente lucha por las chicas que ya no están, por las que fueron abusadas, acosadas o asesinadas. Aunque sea un rato, hay que estar presentes para demostrar que nos apoyamos entre todas”, señaló.

Al cierre de la jornada se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Allí, Ni Una Menos sostuvo que la movilización estuvo atravesada por el reclamo de justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero. “Las vidas de las pibas valen”, afirmaron, al tiempo que exigieron la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales que intervinieron en la investigación del caso Agostina. El texto definió lo ocurrido como una muestra de la “desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”.

El documento, leído entre otras por la cantante Cazzu y la actriz Thelma Fardin, ambas víctimas de abusos, también incluyó fuertes críticas al Gobierno nacional. “Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables”, expresaron. Las organizaciones denunciaron además un “antifeminismo de Estado”, cuestionaron el desmantelamiento de programas vinculados a las políticas de género y reclamaron la recuperación de herramientas de prevención y asistencia para mujeres y diversidades.

La proclama vinculó además la agenda feminista con otros reclamos sociales y económicos. “Nos movilizamos para gritar basta a este modelo de hambre y saqueo que precariza y criminaliza la vida”, señalaron, al tiempo que rechazaron las políticas de ajuste y endeudamiento impulsadas por el Gobierno. Hacia el final, el texto recuperó el espíritu que dio origen al movimiento hace más de una década: “Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla”.

Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina. La organización también indicó que desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, se contabilizaron más de 3.400 femicidios en todo el país.

La movilización contó además con la presencia de la CGT, las dos CTA, sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, agrupaciones de derechos humanos y colectivos transfeministas. La marcha coincidió con la habitual protesta de jubilados de los miércoles, generando una importante concentración de manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante gran parte de la tarde.

Cuando la tarde comenzaba a caer, las columnas iniciaron la desconcentración. Quedaban todavía los bombos, las banderas y los últimos cánticos resonando entre los edificios del centro porteño.

CRM

Once años después de aquella histórica movilización que el 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el movimiento Ni Una Menos volverá a ganar las calles este miércoles con una convocatoria que tendrá como eje el reclamo de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Carolina Romero.

La concentración principal se realizará a las 17 frente al Congreso Nacional, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. La jornada reunirá a organizaciones feministas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, en una movilización que buscará denunciar la violencia machista y reclamar la continuidad de las políticas públicas destinadas a prevenirla.

La convocatoria fue definida en una asamblea realizada días atrás, pero tomó una dimensión particular luego del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida varios días. Desde Ni Una Menos sostienen que el caso volvió a exponer las falencias de las instituciones encargadas de prevenir y actuar frente a las violencias de género.

“Nos pareció importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina la vida de las pibas importa muy poco”, señalaron las voceras del colectivo durante una conferencia de prensa realizada este lunes.

La marcha de este año también estará atravesada por las críticas al desmantelamiento de programas estatales vinculados a las políticas de género y por el rechazo a los discursos que, según denuncian las organizaciones convocantes, buscan minimizar o negar la problemática de los femicidios.

Justicia por Agostina, Dulce y Noelia

El asesinato de Agostina Vega se convirtió en uno de los principales motores de la convocatoria. La adolescente desapareció en Córdoba y fue encontrada asesinada días después. Por el crimen permanece detenido un hombre identificado como Claudio Barrelier.

Desde Ni Una Menos calificaron el caso como una muestra de la “desidia organizada desde el Estado” y cuestionaron especialmente la actuación de la Justicia cordobesa. Según señalaron, existieron demoras en la activación de los mecanismos de búsqueda y en la implementación de medidas que podrían haber resultado determinantes.

A ese caso se suman los femicidios de Dulce María Candia, de 17 años, hallada muerta en una obra en construcción de Eldorado, Misiones, y de Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada en Temperley presuntamente por su pareja.

Las organizaciones sostienen que estos crímenes reflejan una problemática estructural que continúa cobrándose víctimas en todo el país. Según distintos observatorios especializados, en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas.

En ese marco, la movilización buscará volver a instalar en la agenda pública la necesidad de políticas integrales de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades en situación de violencia.

Una marcha que suma apoyos

La convocatoria contará con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que concentrará en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís antes de sumarse a la movilización principal.

También confirmaron su presencia las dos CTA, sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, agrupaciones de derechos humanos y colectivos transfeministas.

La jornada coincidirá además con la habitual movilización de jubilados de los miércoles, que se desarrolla en las inmediaciones del Congreso, por lo que se espera una importante concentración de manifestantes y cortes de tránsito en el centro porteño durante toda la tarde.

Desde la organización llamaron a participar masivamente para visibilizar la situación de las mujeres y diversidades en el actual contexto político y social. “Contra la precariedad, el racismo y la misoginia que siguen produciendo muerte, nos organizamos en todos lados”, señalaron en el documento difundido para convocar a la marcha.

Dónde y a qué hora será la movilización en Buenos Aires

La convocatoria principal de Ni Una Menos será:

Allí se realizará el acto central y se leerá un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

Convocatorias en el resto del país

Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, habrá marchas y concentraciones en distintas provincias y ciudades:

CRM

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas convocaron a marchar este 3 de junio frente al Congreso bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. Aunque la convocatoria había sido definida en asamblea la semana pasada, el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras varios días de búsqueda, le imprimió un nuevo sentido de urgencia a la protesta.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, las referentes del colectivo señalaron que el caso expone las fallas de las instituciones encargadas de prevenir y actuar ante las violencias de género. Según diferentes observatorios, en la Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. Además, denunciaron que la respuesta estatal estuvo marcada por demoras y omisiones que, según sostuvieron, vuelven a poner en evidencia la falta de protección para niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Nos enteramos de esta triste noticia del femicidio de Agostina y nos pareció importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en la Argentina la vida de las pibas importa muy poco”, señalaron las voceras.

Las organizaciones definieron el caso como una “desidia organizada desde el Estado” y apuntaron especialmente contra la actuación judicial. Según expresaron, existieron demoras en la búsqueda de la adolescente y una respuesta insuficiente por parte de los organismos que debían intervenir.

“Hemos catalogado este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían”, afirmaron durante la conferencia.

En el documento consensuado por las organizaciones que integran Ni Una Menos también se cuestiona que las condiciones sociales de la víctima hayan influido en la respuesta institucional. “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta y facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, sostuvieron.

Las denuncias planteadas por Ni Una Menos coinciden con las conclusiones difundidas por el Observatorio Lucía Pérez, que en un informe sostuvo que “todo femicidio es evitable” y atribuyó una responsabilidad directa al Estado en la reproducción de estas violencias. Según el relevamiento, en lo que va de 2026 se registraron 95 femicidios y travesticidios, 95 tentativas de femicidio, 59 mujeres y niñas desaparecidas y 66 niñas y niños que quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

El informe dedica un apartado al caso de Agostina Vega y cuestiona la actuación de la Justicia cordobesa. Entre otros puntos, señala que la activación de los protocolos de búsqueda y las medidas de investigación se realizaron con demora, pese a que existían datos sobre el principal sospechoso desde los primeros momentos de la desaparición. Para el Observatorio, el caso constituye un ejemplo de lo que denomina “femicidios territoriales”, crímenes atravesados por tramas de violencia e impunidad en las que intervienen distintos actores estatales y que terminan favoreciendo la falta de respuestas efectivas.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno nacional. Las referentes de Ni Una Menos rechazaron recientes declaraciones oficiales sobre una reducción de los femicidios y consideraron que ese enfoque desconoce la gravedad de las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y diversidades.

“Se busca desconocer la realidad de las violencias y evaluarla con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas”, señalaron. En la misma línea, cuestionaron lo que definieron como una política de ataque a los movimientos feministas y de diversidad sexual, y advirtieron sobre el crecimiento de los discursos de odio y crueldad.

La movilización de este año se realizará bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y coincidirá con el undécimo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, que en 2015 marcó un punto de inflexión en la visibilización de las violencias machistas en Argentina.

Desde la organización remarcaron que, frente al contexto actual, la respuesta seguirá siendo colectiva. “Contra eso armamos una comunidad en cada barrio, en cada escuela, en cada salita. Contra eso hicimos redes y desde allí nos vamos a movilizar y construir protección y cuidado para las vidas que queremos vivir”, concluyeron.

La concentración está prevista para el miércoles 3 de junio a las 17 frente al Congreso Nacional, desde donde volverán a reclamar justicia por Agostina Vega y por todas las víctimas de la violencia machista.

CRM

La investigación sobre el incendio provocado en España por el que se acusa a José M.G en Miranda de Ebro (Burgos) continúa su marcha, pero el caso ya fue confirmado como un femicidio: Dolores, su expareja, fue una de las víctimas de las llamas, que también terminaron con la vida de su madre, Antonia, y Laura Valentina, una vecina del edificio de 24 años. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el hombre, con un largo historial de delitos contra mujeres a sus espaldas, originó el fuego al prender varios colchones y otros enseres almacenados en la entrada, lo que generó un humo denso y muy tóxico que inundó la vivienda.

El crimen ya fue registrado oficialmente como un caso de violencia de género por el Ministerio de Igualdad, que registra estas cifras desde 2003. En lo que va de año, son 11 las mujeres como Dolores asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que dibuja el inicio de este 2026 como uno de los peores de los últimos seis años. A día de hoy, el registro iguala al de 2023 -cuando fueron también 11 las asesinadas- y solo es superado por 2020. Aquel año, el del estallido de la pandemia de coronavirus, 18 hombres mataron a mujeres con las que tenían o habían tenido en el pasado una relación.

Esta estadística registra los casos que se dan en el seno de la pareja o expareja, pero los aesinatos de Antonia y Laura Valentina también pasarán a formar parte del registro oficial de femicidios activo desde hace cinco años y que los clasifica en cuatro categorías: femicidios sociales, familiares, sexuales o vicarios. Sin embargo, la estadística se actualiza cada semestre, por lo que aún no serán contempladas en el informe periódico.

Este mismo martes la Guardia Civil también detuvo a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda de su propiedad. El Instituto Armado ya confirmó que los huesos son de la mujer, cuya desaparición se produjo a solo 50 metros de su casa.

Agresores persistentes

José M.G, el presunto autor del incendio de Miranda de Ebro, era un conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus antecedentes en casos relacionados con la violencia hacia las mujeres. En 2017 fue condenado por retener y abusar sexualmente de una niña de nueve años y en 2024 por un delito de detención ilegal contra una mujer a la que encadenó el cuello. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el ahora detenido había terminado de cumplir la pena hace menos de un mes, el pasado 20 de febrero.

El Ministerio del Interior también informó de que José M.G había estado en el sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGén) en el pasado, por maltratar a otra mujer. Es lo que se llama “agresores persistentes”, que son los que ejercieron violencia contra más de una pareja y de los que el Ministerio del Interior tenía identificados hace un año a más de 70.000. Son un 11% del total.

Las cifras llevaron en 2023 a que Interior aprobara una instrucción para que la Policía o la Guardia Civil avise a las mujeres que están en VioGén si su agresor fue denunciado por otras víctimas anteriores siempre que consideren que esto “constituye un factor de riesgo especial”. No se trata por lo tanto de una advertencia generalizada ni sistemática, sino que los agentes que se encargan de hacer la valoración del riesgo de cada víctima son los que deciden en función de varios criterios. A finales del año pasado, casi 20.000 mujeres habían recibido este aviso.

A las once mujeres víctimas mortales de este año, hay que sumar los dos casos en los que dos hijos menores de edad de las víctimas fueron asesinados. Con solo tres días de diferencia, un hombre mató a su mujer y a su hija de 12 años en Castellón y otro asesinó a su hijo de diez años en Santa Cruz de Tenerife en febrero. Además, diez menores de edad se quedaron huérfanos en lo que va de año por esta causa. En cinco de los once casos registrados este 2026 había denuncia previa, un 45%.

“Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso”, respondía hace unos días en una entrevista la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre qué sigue fallando a la hora de evitar la violencia de género. Tras el crimen de Miranda de Ebro, Redondo expresó su “más rotunda condena” y llamó a un esfuerzo conjunto por parte de las instituciones y el conjunto de la sociedad. “No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres”, añadió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de la localidad declaró tres días de luto.

La violencia machista es imparable en Argentina, con dobles y triples feminicidios registrados este año, mientras se debilitan las políticas públicas para prevenirla y avanza el retroceso de los derechos, denuncian las organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este 25N, jornada proclamada por la ONU en memoria de las hermanas Mirabal -asesinadas en 1960 en República Dominicana-, se conmemora en Argentina tras un año marcado por masacres machistas que conmocionaron a gran parte de la sociedad.

El caso más grave fue el triple feminicio de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes fueron torturadas y asesinadas en septiembre de 2025 en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, durante una transmisión en vivo para un grupo de hombres vinculados al narcotráfico.

Se sumó el doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, a manos del uruguayo Pablo Laurta, expareja de Giardina y miembro de la organización 'Varones Unidos', que dice defender los derechos humanos de la población masculina y promover la visibilización de sus problemáticas.

Más violencia extrema

A fines de octubre, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, atribuyó a la gestión del Gobierno de Javier Milei una supuesta disminución de los feminicidios.

Las cifras, sin embargo, contradicen a la ministra: entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2025 se registraron 228 feminicidios mientras en el mismo período en 2024 fueron 212 crímenes machistas, según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Mumalá detectó un incremento de los asesinatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado (del 6 al 8% respecto de 2024), lo que ha hecho más vulnerables a las jóvenes en contextos de desigualdad.

Y advierte de que aumentó la crueldad: los feminicidios que se perpetraron a golpes tienen el más alto porcentaje en los últimos años, 19%.

La organización registró además 901 intentos de feminicidio y 157 niños y niñas huérfanas por violencia vicaria.

“Es urgente que se declare la Emergencia en Violencias de Género, que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral”, afirmó la vocera nacional de la organización, Victoria Aguirre.

Otra alerta es el aumento de feminicidios con armas de fuego (26%), al tiempo que desde el Gobierno se reduce la edad para portar armas en Argentina y se suspende el programa de entrega voluntaria.

En tanto, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Argentina registró un alza del 9% en las denuncias por violencia de género y doméstica en el primer trimestre de 2025, respecto del período anterior.

La violencia psicológica se identificó en el 95% de las denuncias; la simbólica y física en el 44%; la ambiental en el 30%; la económica y patrimonial en el 26%; la social en el 8%; la sexual en el 7%, y la digital en el 4%.

Retroceso institucional y discursos de odio

El Gobierno de Milei eliminó en julio de 2025 el 'Programa Acercar Derechos', que daba acceso a la Justicia a mujeres y personas LGTB sobrevivientes de violencia.

“Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”, afirmó entonces el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Desde la organización 'Ni una Menos' denunciaron un “vaciamiento sistemático del Estado” en áreas de género, con recortes, cierres de programas y despidos masivos.

Al inicio de su Gobierno, Milei ya eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cerró programas de asistencia a víctimas de violencia de género y desarticuló mecanismos de prevención.

El Ejecutivo busca, además, modificar leyes que protegen a las víctimas, incluida la retirada de la figura de feminicidio del Código Penal y la puesta en marcha de un proyecto “contra las falsas denuncias”, pese a que estos hechos son una excepción estadística y la ley ya los contempla como delito.

Y la asociación 'Ahora Que Sí Nos Ven' advierte, además, de un incremento de la violencia contra el colectivo LGTB, en concreto contra las mujeres trans, y lo vinculan con “los discursos misóginos y de odio impulsados por Milei, Bullrich y sus aliados”.

Por Laura Guarinoni, de la agencia EFE.

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, dijo Pablo Laurta al llegar a la Jefatura Policial de Córdoba, donde fue recibido por un fuerte operativo de seguridad. Imputado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, además del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, el hombre de 39 años será alojado en la cárcel de Cruz del Eje, en un pabellón de alta seguridad. “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”, agregó frente a los periodistas, antes de ingresar esposado, con casco y chaleco antibalas, al edificio donde se le practicó una revisación médica y la constatación de datos personales.

Laurta fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hasta Córdoba en un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de ambas provincias, que incluyó la participación de la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y patrulleros de la Jefatura Departamental entrerriana. Según confirmaron fuentes judiciales, el operativo comenzó el domingo por la noche, cuando una comisión policial partió desde Entre Ríos y culminó en la mañana del lunes con la llegada del detenido a Córdoba capital.

Durante las horas previas al traslado, Laurta permaneció bajo estricta custodia en una celda individual de contención, por riesgo de que atentara contra su vida. En Entre Ríos había sido imputado por el asesinato del chofer Palacio, causa que lleva adelante la fiscal Daniela Montagnie, quien aseguró que el acusado “está lúcido y consciente de sus actos”, lo que ratifica su imputabilidad. “Yo sé lo que hice”, fue la escueta respuesta que dio a los periodistas al ser consultado sobre si comprendía la gravedad de los hechos.

El arribo de Laurta a Córdoba fue seguido de cerca por las autoridades provinciales. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, estuvieron presentes en la Jefatura para supervisar el procedimiento. “Celebramos que no haya impunidad. Trabajamos conjuntamente con las autoridades de Entre Ríos. Por minutos evitamos que se fuera a Uruguay y lo más importante es que pudimos rescatar al menor, a su hijo, que estaba con él”, declaró Quinteros.

Tras el traslado, el Servicio Penitenciario de Córdoba dispuso que Laurta sea alojado en la cárcel de Cruz del Eje, ubicada a unos 140 kilómetros de la capital provincial. La decisión respondió a que el pabellón de máxima seguridad de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, aún no se encuentra habilitado. En ese establecimiento cumplen condena presos de alta peligrosidad, como Roberto Carmona -conocido como “la hiena humana”-, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios.

Laurta enfrentará en Córdoba el juicio por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. Una vez concluido ese proceso, será trasladado nuevamente a Entre Ríos para afrontar el juicio por el crimen del remisero, al que habría asesinado durante la huida hacia esa provincia tras cometer los primeros dos asesinatos. Según la reconstrucción judicial, después de matar a su expareja y a su exsuegra, el acusado raptó a su hijo, identificado como P., y escapó en un auto de alquiler conducido por Palacio, a quien luego habría asesinado.

Al llegar a Córdoba, Laurta se mostró sereno y volvió a intentar justificar sus actos con argumentos confusos. Dijo que sus dos víctimas tenían “una denuncia por explotación infantil” y que él había actuado “para rescatar” a su hijo. Evitó responder preguntas sobre el paradero del cuerpo del remisero y solo insistió en que “lo importante” era que el niño “esté a salvo”. En una declaración que generó desconcierto entre los cronistas presentes, afirmó además que lo apodaban “Jesucristo”.

Mientras tanto, el hijo de Laurta y Giardina se encuentra bajo el resguardo de un matrimonio amigo de Zamudio, que se ofreció a colaborar con las autoridades. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) decidió que el menor permanezca con esa familia hasta que se determine la custodia definitiva. Docentes y allegados de la madre también se acercaron para ofrecer acompañamiento y apoyo psicológico.

La investigación por los crímenes continúa a cargo de la Justicia cordobesa, que avanza en la recolección de pruebas y en la reconstrucción del recorrido de Laurta desde el momento de los femicidios hasta su detención. El caso conmocionó a las provincias de Córdoba y Entre Ríos por la violencia de los hechos y por la huida del acusado con su hijo menor, que motivó un amplio operativo interprovincial de búsqueda.

Laurta, que se presenta a sí mismo como “emprendedor de medios digitales” y fue fundador del portal Varones Unidos, enfrenta ahora una posible condena a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

CRM

Distintos colectivos feministas pidieron este viernes la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “justificar y promover” la violencia de género, después de que la funcionaria apuntara contra “el feminismo extremo” y dijera que el empoderamiento de las mujeres terminó volviéndose en su contra.

“Desde el Gobierno se apoya, se justifica y se promueve la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lo hace Milei. Lo hace Bullrich”, denunció un comunicado conjunto de varios colectivos feministas, entre ellos el Ni Una Menos.

El texto, publicado en las redes sociales, exigió la renuncia de Bullrich, alertó sobre un “salto cualitativo de la violencia femicida” y apuntó directamente contra el Estado: “Este plan de ajuste necesita producir vidas descartables. No son solo cómplices, son promotores”.

La demanda se produce en un contexto de creciente preocupación social por la seguidilla de crímenes contra mujeres y personas LGTBI en las últimas semanas y tras viralizarse una declaración de la ministra en el canal de streaming 'Carajo'.

“Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás empoderada, que vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea un hombre, sea tu madre, sea cualquiera, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, dijo Bullrich, en alusión al movimiento feminista.

La funcionaria, cercana a Milei y que además es candidata a senadora en los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre, añadió: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

El comunicado de los colectivos feministas consideró que las declaraciones de Bullrich son una “forma de violencia política extrema” y exigió que la violencia de género sea “un tema central de la campaña electoral”.

Según un informe del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, asociación civil que releva las violencias por razones de género, en los primeros 17 días de octubre se registraron en el país al menos 14 femicidios, un transfeminicidio y 14 intentos de femicidio.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei desmanteló buena parte de las políticas de género. Una de sus primeras medidas fue el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyas funciones fueron reducidas y absorbidas por otras áreas. Además, se dieron de baja programas clave como el 'Acompañar', que brindaba asistencia económica y acompañamiento psicosocial a mujeres en situación de violencia.

Con información de la agencia EFE

Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio de Córdoba, del asesinato del remisero que lo trasladó y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, informaron fuentes del caso.

En esta oportunidad, Laurta iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.

El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 estuvo reunido con su abogado: “Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó”.

Ahora, la incógnita es saber si su traslado a Córdoba, para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se retrasa o no, debido a que su defensor habría pedido tener conocimiento del expediente por completo.

Con información de la agencia NA

En lo que va de octubre ya hubo once femicidios en la Argentina y las diversas organizaciones advierten sobre el estado de emergencia que se está viviendo en el país frente al incremento de crímenes ligados a la violencia de género. En el último tiempo trascendieron los asesinatos de las tres chicas en Florencio Varela, las dos mujeres en Córdoba y una joven en Chaco.

La Organización MuMaLá informó que desde el 1° de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios, es decir un asesinato cada 35 horas. Sumado a esa alarmante cifra, destacaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su modalidad más extrema, uno cada 28 horas”.

El último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, detalla que hubo 182 femicidios y se registraron 758 intentos de asesinato.

El 14% de las víctimas denunciaron a su agresor, el 73% fue cometido por una ex pareja o familiar y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su vivienda.

Otro dato alarmante que destacaron es que, producto de la violencia, 120 niños y adolescentes se quedaron sin su madre.

Los casos más resonantes de los últimos meses son los crímenes de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; también el de Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio en Córdoba; el de Gabriela Arací Barrios en Chaco; y también el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos y desde MuMaLá dieron a conocer datos de lo que ocurrió en esta década en la Argentina: “Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas”.

Con información de la agencia NA

Pablo Rodríguez Laurta, uruguayo de 39 años, está detenido como principal sospechoso del doble femicidio de su expareja, Luna Micaela Giardina, de 26 años, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, de 54, ocurrido en el barrio Villa Serrana, de la ciudad de Córdoba. Además, se lo acusa de haber secuestrado a su hijo de cinco años, a quien intentó llevar a Uruguay por un paso ilegal.

Antes de ser noticia por los crímenes que conmocionaron a dos países, Laurta ya era conocido en Uruguay por su militancia antifeminista y por haber fundado el sitio “Varones Unidos”, una página web y comunidad en redes sociales dedicada a difundir contenidos misóginos y teorías contra el feminismo. Se presentaba públicamente como “empresario de medios digitales” y participó en debates sobre “libertades informativas” en el Palacio Legislativo uruguayo en 2022, donde fue presentado como especialista en comunicación digital.

En “Varones Unidos”, Laurta promovía un discurso basado en la supuesta “discriminación judicial” hacia los hombres y en la idea de que el feminismo era responsable de injusticias sociales y familiares.

En esa plataforma llegó incluso a publicar su propio caso, describiéndose como víctima de su expareja y de la “justicia feminista de Córdoba”. A través de cuatro artículos, expuso su versión sobre el conflicto con Giardina y las denuncias por violencia que ella había presentado en su contra, acusando al sistema judicial argentino de “legitimar el secuestro de su hijo”.

El sitio, que afirma “buscar incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”, sostiene postulados que niegan la violencia machista y reivindican una visión tradicional de la familia. En sus textos, Laurta definía la feminidad como “complemento natural de la esencia masculina” y llamaba a “restaurar la cooperación entre los sexos”.

Laurta mantenía vínculos y afinidades ideológicas con referentes de la derecha ultraconservadora regional, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, con quienes compartía discursos antifeministas y críticas al movimiento LGBTIQ+. En redes sociales solía difundir contenidos de ambos y replicar sus argumentos sobre la “ideología de género” y la “crisis de la masculinidad”.

De acuerdo con fuentes judiciales, la relación entre Laurta y Giardina había comenzado en 2018, cuando se conocieron por redes sociales en el marco de una operación inmobiliaria en Córdoba. Al poco tiempo iniciaron un vínculo sentimental y tuvieron un hijo.

Luego de residir algunos años en Uruguay, la joven regresó a Córdoba, adonde escapó con el niño tras denunciar a Laurta por intento de homicidio. Según el expediente, había intentado ahorcarla y la justicia uruguaya le había otorgado un botón antipánico, que no llegó a activar el día del crimen.

El sábado 11 de octubre, Laurta ingresó a la vivienda donde vivían Giardina, su madre y el pequeño. Las asesinó con un arma de fuego y huyó con el niño. Imágenes de cámaras de seguridad registraron su salida del lugar. Su detención se produjo al día siguiente en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, tras activarse el Alerta Sofía y un pedido de captura internacional de Interpol. El niño fue hallado en buen estado de salud.

Durante la investigación, las autoridades también establecieron que Laurta podría estar implicado en la desaparición de Martín Sebastián Palacios, un chofer de 49 años que lo había trasladado desde Concordia hasta Córdoba. El vehículo del remisero apareció incendiado y se presume que el acusado lo habría utilizado para llegar a la casa de su expareja.

En sus redes sociales, Laurta se presentaba como director de la empresa VContenidos y afirmaba haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay, con posgrados en el Corporate Finance Institute y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A la vez, compartía publicaciones de tinte ultraconservador, expresaba admiración por Donald Trump y difundía mensajes contra los movimientos feministas. En la red X, su perfil era seguido por la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las autoridades judiciales de Córdoba lo imputaron por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de sustracción y traslado ilegal de un menor. También continúa abierta la investigación sobre la desaparición del chofer Palacios.

El caso de Pablo Laurta reavivó el debate sobre la expansión de discursos misóginos en redes sociales y sobre cómo esos espacios pueden convertirse en entornos de legitimación de la violencia. “Varones Unidos”, la agrupación que él mismo creó, continúa activa en internet y mantiene publicaciones que niegan la existencia de la desigualdad de género, bajo el lema de una supuesta “masculinidad positiva”.

CRM

Gustavo Norberto Brondino, de 55 años, es el único detenido en el contexto de la investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado este martes en el fondo de un aljibe en Gobernador Mansilla, un pequeño pueblo rural de poco más de mil habitantes Entre Ríos.

La brutalidad del hecho vuelve a dejar al descubierto la falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia contra mujeres. Daiana había sido vista por última vez el viernes 3 de octubre. Su desaparición movilizó durante días a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, hasta que este martes 7 se confirmó el peor desenlace. El hallazgo no solo sacudió a una comunidad entera, sino que volvió a exponer la fragilidad institucional frente a los femicidios.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, confirmó que “el cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza” y que “hay otros elementos que lo relacionan con el hecho”, en referencia a Brondino. Por su parte la fiscal Emilce Reynoso informó que se obtuvo evidencia en la camioneta Toyota Hilux del sospechoso, donde se hallaron cabellos y otros rastros biológicos que serán analizados y motivará que en las próximas horas pueda quedar imputado por el femicidio de Daiana. Brondino ya había sido detenido el domingo pasado, durante un allanamiento realizado cuando todavía no se conocía el paradero de Daiana. En ese procedimiento, llevado a cabo en su domicilio rural, el hombre de 55 años se resistió con un arma de fuego, por lo que fue arrestado por resistencia a la autoridad.

La búsqueda de Daiana comenzó apenas su familia denunció su desaparición. Participaron más de 130 personas, entre ellas personal policial, perros rastreadores y drones. Su auto fue hallado abandonado, con las llaves puestas y sin signos visibles de violencia. El rastrillaje continuó hasta que una pista condujo a una propiedad rural cercana, donde un aljibe de unos diez metros de profundidad reveló la escena final. La causa es investigada por los fiscales Reynoso y Sergio Saliski, con la intervención de la jueza de Garantías Silvina Cabrera.

Según las primeras líneas de investigación, Brondino —vecino de Daiana— habría mantenido contacto telefónico con ella poco antes de su desaparición.

Una historia que se repite

La conmoción que hoy sacude a Gobernador Mansilla remite inevitablemente a otros casos en la provincia de Entre Ríos, como el de Fátima Acevedo, asesinada en Paraná en 2020 después de haber denunciado reiteradas veces a su agresor sin recibir protección efectiva. Fátima también fue hallada en un aljibe. Su femicida, Jorge Nicolás Martínez, fue condenado.

Ambos casos se parecen y muestran a un Estado que corre detrás del problema. En los dos últimos años las políticas oficiales de prevención y asistencia se desarticularon, así como se vaciaron los pocos recursos que había. Los programas provinciales que alguna vez acompañaron denuncias y fortalecieron redes territoriales se encuentran debilitados o sin funcionamiento real, especialmente para llegar a zonas rurales o periféricas.

“El femicidio de Daiana, y la ausencia de las políticas con perspectiva de género, sin presupuestos, pone de manifiesto la urgente necesidad de volver a jerarquizar el área que debería implementar acciones de prevención” señaló Lucy Grimalt desde la Asamblea de Mujeres Lesbianas Travestis y Trans de Paraná.

“Hace tres semanas atrás, un infame video de la empresa Shell 'descartaba' una mujer por 'molesta' en una bolsa de basura. Dijimos que esa apología del delito legitimaba prácticas violentas hacia las mujeres y disidencias”, agregó, pero luego completar: “Hoy Daiana se suma a la dolorosa lista de jóvenes víctimas de femicidio”.

Según Grimalt, mientras “Frigerio dio orden de 'aislar' al presidente de la Nación con todas las fuerzas de seguridad el pasado sábado para que no le lleguen las demandas del pueblo de Paraná, en la localidad de Mansilla desaparecía Daiana”. “Dolor y desolación, pero al mismo tiempo la certeza que desde el feminismo continuaremos exigiendo al gobierno de Frigerio políticas activas de promoción de los derechos humanos en todo el territorio entrerriano”, concluyó.

La ausencia estructural

En lo que va del año, 178 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina y otras 287 sobrevivieron a intentos de asesinato, según datos actualizados a septiembre de 2025. En promedio, una mujer es asesinada cada 36 horas.

Detrás de cada cifra hay un entramado institucional frágil: programas que dependen de la voluntad política local, presupuestos insuficientes, equipos técnicos saturados y dispositivos de protección que no llegan a las zonas rurales. La Ley Micaela, que obliga a capacitar en género a los tres poderes del Estado, no se aplica de manera uniforme, y los botones antipánico o refugios son excepciones más que derechos garantizados.

“La violencia machista no se combate solo con protocolos o leyes, sino con un Estado presente en los territorios, con recursos, articulación y formación”, sostienen especialistas consultadas. Nombrar a Daiana es necesario. Pero no alcanza con repetir su nombre ni con contar su historia en soledad. Su muerte no es un caso aislado, es el reflejo de una estructura institucional que sigue fallando.

MC

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela puso en primer plano la crueldad de un femicidio que excede el esquema “íntimo” –la pareja o expareja como agresor– para insertarse en otro circuito, más complejo y menos explorado: el de la criminalidad organizada.

Las tres jóvenes, de 20 y 15 años, estaban desaparecidas desde el viernes 19 por la noche. Fueron vistas por última vez al subir a una camioneta blanca con patente adulterada con la promesa de asistir a una fiesta. Cinco días después, la policía encontró sus cuerpos enterrados en una casa.

La brutalidad del hecho se agiganta por dos circunstancias: la transmisión en vivo de los asesinatos a través de redes sociales -que según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue presenciada por al menos 45 personas- y el mensaje explícito del líder de la banda: “Esto le pasa al que me roba droga”. La violencia, en este caso, no fue solo hacia las víctimas, sino hacia toda la comunidad: un mensaje ejemplificador que utilizó el cuerpo de las mujeres como vehículo de disciplinamiento.

El crimen como mensaje

Para la jurista Daniela Heim, directora de la especialización en Género y Teorías Jurídicas Feministas en la Universidad Nacional de Río Negro, el triple femicidio de Florencio Varela concentra elementos clave de esta modalidad criminal: la desaparición previa, la crueldad del asesinato, la espectacularización de la muerte y la cosificación del cuerpo femenino. “Se utiliza el cuerpo de las mujeres como herramienta para enviar un mensaje. Es la deshumanización total”, señaló al Diario de Río Negro.

Heim subraya que se trata de un femicidio no íntimo, categoría poco trabajada en la agenda pública: “Es un femicidio en contexto de narcotráfico, un delito predatorio, una herramienta de negociación y de disuasión”. En este esquema, los cuerpos femeninos se convierten en botín o moneda de cambio en disputas territoriales y venganzas narco.

La investigadora alerta sobre el regreso de patrones de violencia que parecían haber quedado en el pasado: el cuerpo de las mujeres como “campo de batalla” o “instrumento de guerra”. En este caso, se suman además la edad de las víctimas -todas muy jóvenes, una de ellas menor de edad- y su situación de vulnerabilidad social.

Lo que dice la pericia

En paralelo, el análisis forense permite ordenar lo que, en la conmoción inicial, suele quedar atrapado en el terreno de la conjetura. Los informes preliminares confirmaron que las tres chicas fueron asesinadas el mismo viernes en que desaparecieron. La escena, marcada por intentos de ocultamiento y entorpecimiento -desmembramiento, uso de lavandina, enterramiento-, evidenció una planificación logística que abre la hipótesis de participación múltiple.

Los especialistas destacan que la figura de femicidio se aplica desde el inicio de la investigación por protocolo: no es una etiqueta ideológica, sino una forma de preservar evidencias y considerar el contexto de género en muertes violentas de mujeres. El ensañamiento, la alevosía y el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal (cuando un hombre mata a una mujer mediando violencia de género) son agravantes que deberán probarse con pericias definitivas, que incluyen estudios toxicológicos, histopatológicos y de ADN.

La violencia, advierten peritos consultados, tiene características instrumentales: hubo planificación, mensaje a terceros y un patrón de crueldad que excede el ataque individual. La espectacularización del crimen en redes sociales no solo refuerza esa hipótesis, sino que revela una dinámica inédita: la conversión del femicidio en espectáculo digital, transmitido en tiempo real para garantizar su carácter ejemplificador.

Un fenómeno con estadísticas propias

Aunque todavía en etapa de investigación, el caso de Florencio Varela se inscribe en una problemática que ya cuenta con estadísticas en el país. Entre 2020 y 2025, se registraron 196 femicidios vinculados al narcotráfico, 128 de ellos en Rosario, según el observatorio Mumalá. En Santa Fe, el 65% de los femicidios ocurridos en los últimos años se dieron en contextos de criminalidad organizada.

Las cifras generales también son alarmantes: en Argentina, cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio. En 2024 hubo 247 asesinatos de mujeres, que dejaron a más de 200 niños sin madre. Hasta agosto de 2025, la Casa del Encuentro registró 164 víctimas y 143 hijos e hijas huérfanos.

En contextos de narcotráfico, la violencia adquiere un carácter diferencial: secuestros, incomunicación con familiares, suministro de estupefacientes y desapariciones prolongadas antes del hallazgo de los cuerpos. En estos escenarios, las mujeres aparecen como blanco privilegiado de venganzas y como parte de la exhibición del poder de las bandas.

Rosario, un laboratorio crítico

El Observatorio de Mumalá identifica a Rosario y su área metropolitana como epicentro de este fenómeno. Allí convergen factores económicos y sociales: un modelo agroexportador con puertos privatizados y escaso control estatal, connivencia de sectores políticos, judiciales y policiales, y un entramado de desigualdades que expone a los barrios más pobres a la violencia narco.

La combinación de relaciones de poder asimétricas, misoginia institucional, ausencia del Estado y circulación de armas agrava la vulnerabilidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans. Muchas veces, los vínculos familiares o afectivos con varones ligados a organizaciones criminales determinan que ellas se conviertan en blanco directo de represalias.

La magnitud de los casos en Santa Fe convierte a esa provincia en un laboratorio para comprender el cruce entre violencia de género y crimen organizado. “El análisis no solo permite visibilizar la especificidad de estos femicidios, sino también aportar insumos para políticas públicas urgentes”, advierten desde el Observatorio.

Retrocesos estatales y desprotección

El panorama se agrava por la falta de políticas públicas. Desde 2017, la Argentina había sostenido un Plan Nacional de Acción contra las violencias de género. Pero este año, por primera vez, no se implementó. Tampoco se renovó el Programa Acompañar, lo que redujo en un 98,7% la asistencia a mujeres en situación de violencia. La Línea 144, principal canal de contención, perdió más del 40% de su personal y carece de presupuesto específico en 2025.

A la ausencia de recursos se suma la pérdida de sistemas de medición: ya no se releva información nacional sobre violencia de género, lo que impide diseñar políticas basadas en datos. “No se puede abordar un fenómeno tan complejo sin información, recursos materiales y humanos formados”, advirtió ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

El cuerpo como botín

En este marco, el triple femicidio de Florencio Varela no es un hecho aislado, sino la muestra visible de un fenómeno devastador: el cuerpo de las mujeres reducido a botín en disputas criminales. La violencia machista se entrelaza con las lógicas del narcotráfico, donde el mensaje disciplinador se impone por encima de toda humanidad.

Heim lo sintetiza con crudeza: “La desaparición de una mujer es la antesala de un femicidio. El cuerpo despojado y cosificado es el vehículo del mensaje”. Ante ello, insiste en que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede pensarse sin atender al contexto económico y social: la pobreza, la falta de oportunidades y la precarización obligan a muchas a estrategias de supervivencia -como la prostitución- que las colocan en mayor riesgo.

La pregunta que queda abierta es cómo enfrentarlo. Sin políticas públicas, sin Estado presente, sin recursos ni información, los femicidios en contexto de narcotráfico seguirán multiplicándose en silencio, mientras las organizaciones feministas advierten que el país se convierte en terreno fértil para una violencia cada vez más cruenta, ejemplificadora y devastadora.

CRM

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de Instagram, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Se conocieron los resultados de las autopsias

El resultado preliminar de las autopsias a los cuerpos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes encontradas muertas en Florencio Varela, revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, según informó el canal TN.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Dieron a conocer datos de los cuatro detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas las identidades de los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, por los femicidios de Morena, Lara y Brenda en Florencio Varela.

Se tratan de Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos se encuentran en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria.

El abuelo de Brenda y Morena reclamó justicia por las jóvenes muertas

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, las jóvenes que fueron halladas muertas días atrás en Florencio Varela, rompió el silencio y expresó su dolor en medio del reclamo de justicia que lleva adelante la familia.

“Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”, manifestó el hombre en diálogo con la prensa, visiblemente afectado.

El abuelo cuestionó el accionar de la Policía y de la Fiscalía y manifestó: “Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior”, denunció Antonio, al remarcar que las demoras complicaron la búsqueda.

En medio de la conmoción, destacó la importancia de respetar la libertad individual de las jóvenes: “Con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras”, dijo Antonio, subrayando que lo central es hallar a los verdaderos responsables.

“Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”, se preguntó con dureza.

El hombre también contó cómo atraviesan la pérdida en la intimidad: “Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre”, relató.

Finalmente, los familiares de Brenda y Morena aseguraron que continuarán movilizados hasta esclarecer el hecho y que no descansarán hasta que los culpables sean identificados y llevados ante la Justicia.

La línea investigativa indicaría que existió el robo de droga y las jóvenes fueron engañadas, para luego asesinarlas

La principal línea investigativa de qué pasó aquella noche violenta del 19 de septiembre en el que fueron asesinadas las jóvenes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano del barrio 1-11-14.

De acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la cruel historia se inició días atrás cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de esta organización narco. Allí le robó parte de la cocaína, lo que derivó en un conflicto.

Frente a este escenario, se estima que la banda organizó como venganza la presunta “fiesta narco” en dicha vivienda. Los detenidos las llevaron engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares cada uno, pero fueron asesinaron de manera brutal.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo fueron “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: “Sabemos que hay más personas involucradas”.

“Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, destacó Alonso. El ministro señaló que “fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes”.

Respecto a la organización narco detrás de estos femicidios, Alonso destacó que tiene base en la Villa 1-11-14 y diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano: “Hay cuatro detenidos, todos ligados a un mismo líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda”.

“Sabemos que las chicas recorrían la zona y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”, indicó.

Por último, acerca de los allanamientos, los hallazgos de los cuerpos y la investigación, el funcionario contó que “hay secreto de sumario”.

“Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora”, sumó.

El testimonio del abuelo de Brenda y Morena

Luego de la palabra del ministro, el abuelo de Brenda y Morena salió a hablar nuevamente a los medios para dar su veredicto de la situación. “Se aprovecharon de las necesidades de Brenda y Morena”, detalló Antonio con mucho enojo ante los femicidios.

Además, expresó: “Escuchando al ministro tragué mucho veneno”, en referencia a dichos anteriores en los que apuntó a la ineficiencia y lentitud de la Fiscalía y la Policía.

Con información de la agencia NA

Las extracciones a varios policías para hallar al quinto responsable del brutal femicidio de Natalia Melmann, ocurrido en febrero de 2001, se realizarán el próximo jueves 28 de agosto.

Dicha fecha fue confirmada por familiares de la adolescente a la Agencia Noticias Argentinas. Los policías son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes deberán presentarse con DNI en la Sede de Asesoría pericial de la ciudad de Mar del Plata.

Este análisis se corresponde a encontrar al quinto responsable del crimen de Melmann. El mismo se basa en la extracción de sangre para el respectivo cotejo de ADN solicitado a la UFIyJ Descentralizada de General Alvarado.

Las autoridades del caso informaron que esta medida es contra efectivos que estuvieron de guardia el día en el que la víctima desapareció, fue torturada y asesinada.

La semana pasada el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los cuatro policías condenados.

Gustavo Melmann dialogó con NA y afirmó que el magistrado Ricardo Perdichizzi denegó el beneficio para los dos oficiales, que continuarán detenidos en la cárcel de Batán.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensora Patricia Perelló y ahora deberá pronunciarse la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata al respecto.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.

Con información de la agencia NA

Brasil registró 44.127 muertes violentas en 2024, un número un 5,4% inferior al de 2023 y el menor en los últimos doce años, cuando comenzó la medición en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, cuya nueva edición fue divulgada este jueves por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

La reducción acumulada entre 2012 y 2024 de las muertes violentas, que incluyen homicidios dolosos, latrocinios, lesión corporal seguida de muerte y muertes en acciones policiales, alcanzó el 25%, con bajas registradas en todas las regiones del país.

La tasa de muertes violentas en Brasil cayó desde 21,9 para cada 100.000 habitantes en 2023 hasta 20,8 para cada 100.000 habitantes el año pasado.

Según el FBSP, la región nordeste —que abarca los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe— fue la más violenta del país en el período analizado, con 33,8 muertes por cada 100.000 habitantes.

Del otro lado, la región sudeste, la más poblada del país y que incluye los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, registró en 2024 la menor tasa de muertes violentas de la serie histórica, con 13,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

A pesar de mantenerse en niveles bajos, el número de muertes violentas en São Paulo aumentó un 7,5% el año pasado.

El 91,1% de los muertos totales fueron hombres, siendo que, en lo que respecta a homicidios dolosos, los hombres fueron el 89,7% de las víctimas y, en intervenciones policiales, este porcentaje subió hasta el 99,2% del total.

El 79% de las víctimas de muertes violentas en 2024 fueron negras y el porcentaje alcanzó el 82% cuando se analizaron los óbitos en acciones policiales, mientras que las personas blancas sumaron un 17,6%.

Si se analizó la cuestión etaria, el 48,5% de las víctimas de muertes violentas fueron jóvenes de hasta 29 años.

Un 14% de las muertes por intervención policial

El 14,1% del total de las muertes violentas registradas por el país suramericano el año pasado correspondieron a fallecidos en acciones policiales, lo que representó un leve aumento con respecto a 2023, cuando fue del 13,8%.

En total, 6.243 personas fallecieron el año pasado a causa de acciones policiales, lo que representó 17 víctimas por día.

En los últimos diez años hasta 2024, la violencia policial acumuló un total de 60.394 víctimas.

En el informe se destacó el caso de São Paulo, el estado más poblado, que manifestó un crecimiento del 61% en la tasa de víctimas de intervenciones policiales entre 2023 y 2024.

En este sentido, el informe aseguró que “aunque el país está experimentando una reducción en los homicidios y los robos con violencia, la letalidad provocada por agentes del Estado sigue siendo elevada en varias regiones del país”.

Récord de femicidios y violaciones

En 2024 al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidios por día en Brasil, lo que dio un total de 1.492 muertes, 17 mujeres asesinadas más con respecto a 2023.

Este nuevo dato representó el mayor número ya registrado desde 2015, cuando Brasil promulgó la llamada 'Ley del Femicidio' para incorporar este crimen al Código Penal y lo diferenció del homicidio común.

El 70,5% de las víctimas de femenicidios registradas el año pasado tenían entre 18 y 44 años.

El informe aclaró que “probablemente” el número de mujeres asesinadas por cuestiones de género sea “mayor de lo que marcan las estadísticas”, ya que muchas veces los profesionales del sistema judicial solo catalogaron como femicidio aquellos crímenes relacionados con violencia intrafamiliar o doméstica.

Asimismo, 87.545 personas fueron víctimas de violación en 2024, una tasa del 41,2 para cada 100.000 habitantes.

De las víctimas de violaciones, el 76,8% eran consideradas vulnerables, es decir, menores de 14 años o personas que por cuestiones mentales o físicas no pudieron dar consentimiento u oponer resistencia.

De este último grupo, por cada niño víctima de abuso se registraron cinco de sexo femenino.

JJD, con información de EFE.

Un viento frío levanta tierra en las calles de Rufino. Acá nació Amadeo Carrizo, acá nació Federico Sturzzenegger, acá se comenzó a gestar la fortuna de Bulgheroni y acá rugió hace diez años el Ni una menos. El tiempo –contradictorio como esta ciudad– atenúa, pero las cicatrices siguen visibles porque son heridas mal sanadas. Todos lo saben. El femicida Manuel Mansilla que mató a Chiara Paez quedará libre en poco tiempo y hay una bronca silenciosa que se expande. Está vez no explota como en 2015, pero sigue ahí, raíz podrida de un cimiento que tarda en caer.

“El femicidio de Chiara fue una bomba que destruyó nuestra familia, a sus amigos y a todo el pueblo”, cuenta Fabio Paez, el padre de Chiara, la adolescente de 14 años que fue asesinada embarazada el 10 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado un día después enterrado en un pozo en el patio de la casa de los abuelos del asesino.

El femicidio fue la gota que colmó el vaso. Millones de mujeres marcharon en ochenta localidades de Argentina para decir “ni una menos”. Las movilizaciones trajeron cambios rápidos como las modificaciones en los protocolos de búsqueda, la creación de comisarías especializadas en tomar denuncias por violencia de género y un rotundo cambio en el debate social. Sin embargo, a diez años del asesinato, nadie en Rufino está conforme: la condena a Manuel Mansilla a 21 años y seis meses de prisión fue rebajada a 15 años por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. La reducción fue confirmada por la Corte de Santa Fe al considerar que Mansilla era menor cuando cometió el crimen y la pena máxima posible es de 15 años. La sentencia fue apelada por la familia y duerme en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años.

El femicidio de Chiara Paez

La noche del sábado 9 de mayo, Chiara Paez se encontró con algunas amigas con las que jugaba al hockey en el Club Los Pampas. Sus padres no la dejaban salir de noche, pero como iban a quedarse en la casa de una de las chicas se lo permitieron. A la medianoche, Chiara se encontró con su novio en la calle. Como no volvía, las amigas decidieron llamar a su madre –Verónica Camargo- para advertirle la situación.

“Una de las primeras cosas que hice fue hablar con Mansilla. Después de haber matado a Chiara, me dijo que su padre era policía y que podía ayudar en agilizar la búsqueda. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que pasó. El padre me dijo que tenía que hacer la denuncia para que sea un búsqueda oficial y cuando fui a la comisaría me encontré al asesino, que estaba frío como siempre”, recuerda Verónica.

La policía comenzó un rastrillaje por Rufino y los campos cercanos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Al grupo de 300 rescatistas y vecinos se sumó el propio asesino que después de enterrar el cuerpo y cubrir el pozo con chapas montó una escena para intentar despistar a la policía: habló con las amigas de Chiara y activó su teléfono para que los rastrillajes se alejaran de su casa.

En la casa durante la madrugada del crimen estaban sus dos abuelos, su madre y su padrastro. El homicidio fue perpetrado en la cocina. Una causa investiga la participación de los adultos en la vivienda quienes declararon no haber escuchado los golpes, los gritos de la víctima, ni tampoco visto como Mansilla hizo un pozo para enterrarla.

“Cuando fuimos a la casa de Mansilla el mediodía del domingo nos encontramos con que un familiar había hecho un asado a escasos metros del lugar donde todavía permanecía enterrado el cuerpo”, rememora a este medio el entonces fiscal Mauricio Clavero, el primero en ordenar la búsqueda de Chiara.

En la tarde del domingo llegó a Rufino una brigada de Rosario –ubicada a 250 kilómetros– con tres perros de búsqueda que se acercaban cada vez más a la casa de Mansilla. En ese momento, el joven se quebró y fue entregado a la policía. De acuerdo a la reconstrucción y al relato del femicida, el abuelo lo confrontó y en ese momento confesó. El cuerpo de Chiara fue identificado por los bomberos, Defensa Civil y el fiscal Clavero.

“Nunca me voy a olvidar cuando entre la tierra apareció su bracito con un saco color salmón. Cuando levanté la vista miré que el personal de bomberos y los policías lloraban. Para una comunidad chica como Rufino este es un golpe tremendo y personal”, cuenta Clavero.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de 80 centímetros de profundidad con la tierra apisonada tapada con chapas y hierros. El cadáver en posición fetal tenía múltiples golpes en la cabeza que lo ocasionaron la muerte. Los familiares del femicida en un principio fueron detenidos, sin embargo luego los liberados. La causa por el posible encubrimiento y participación en el crimen continúa sin resolución.

Por la presión social, los familiares de Mansilla que estaban en la casa la noche del crimen se tuvieron que mudar a Venado Tuerto, a cien kilómetros de Rufino. “Acá todos los veían como culpables, imagínate que nadie quería atenderlos en los negocios”, cuenta una vecina.

Fabio Paez –el padre de Chiara– también se fue de la ciudad y ahora vive en Alvear, Mendoza, donde brinda charlas en colegios acerca de violencia de género. “Después de 45 años en Rufino, tuve que irme. Nunca fui violento, pero si me cruzaba a esa gente en la calle no sé qué hubiera hecho. Es imposible que no hayan sabido lo que pasó si estaban en la misma casa”, explica.

Manuel Mansilla cumple condena y si se confirma el fallo que redujo su pena estaría próximo a salir en libertad. Hasta el momento no cuenta con la aprobación psicológica para salidas transitorias. Luego de la repercusión nacional por el asesinato a Rufino llegaron materiales como el luminol para investigar crímenes, se montó una oficina para atender casos de violencia de género y hasta se construyó una cámara gesell, sin embargo los femicidas siguieron matando.

En febrero de 2018, Oscar Cejas de 29 años mató de tres puñaladas a Katherine Quinteros de 18 años frente a sus hijas mellizas. Esta vez, había indicios previos que podrían evitar el crimen: Cejas había sido denunciado por golpes, lo habían internado en un psiquiátrico y hasta había dicho que si lo soltaban iría a matar a su ex pareja.

“Yo creo que hasta que no haya una reeducación como sociedad esto no va a terminar nunca. Las mujeres tenemos que encabezar la lucha, pero tenemos que hacerlo integrando a los hombres. Cuestionando, pero escuchando también. Los feminismos entraron en grietas que dejaron de lado el fin con el que inició el 'Ni una menos'. Tenemos que volver a unirnos contra la violencia”, explica Verónica Camargo, la madre de Chiara Paez.

Verónica nunca imagino estar encabezando una mesa de debate feminista en Rufino. Habla con claridad y resolución. Su voz mezcla fuerza y templanza, ternura y combate. Al igual que Fabio, viaja donde le pidan para hablar de violencia de género. El dolor la transformó en una luchadora, algo de lo que que Chiara estaría orgullosa.

GV/DTC

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

Prófuga desde hace ocho meses, la brasileña Amanda Alves Ferreira, de 30 años, afirma que el juicio en la Argentina que la condenó a prisión perpetua por homicidio fue manipulado y critica a la Justicia del país: “Si pagás, no vas preso”.

En una entrevista con Folha, asegura que no mató a la también brasileña Eduarda Santos de Almeida, de 27 años, amiga con quien vivía en Bariloche y que había gestado a sus dos hijos mediante inseminación, además de entregarle otra niña para que Amanda la criara.

Sostiene que el homicidio, ocurrido en febrero de 2022, fue cometido por una organización criminal dedicada a la trata de personas. “Tengo mucho que contar. Pero temo por mi vida”, dijo por teléfono “desde algún lugar de América Latina”, el pasado 6 de marzo. “Yo sé muchas cosas, y Eduarda también sabía.”

En agosto del año pasado, Amanda escapó de la cárcel en Bariloche. Ahora dice que “presentará pruebas” para solicitar un nuevo juicio debido a supuestas irregularidades en el proceso.

Miembros del Poder Judicial de Bariloche aseguran que “el cerco se cerró” sobre Amanda y que su paradero ya habría sido descubierto. Hasta el momento, no hay una alerta de Interpol para su captura.

El crimen

En Bariloche, Eduarda gestó dos hijos mediante fertilización in vitro con el semen de Amanda, una mujer trans, y de su esposo, Marcelo Ramírez, quien falleció durante la pandemia de Covid-19. Los gemelos nacieron en 2019.

Luego de una breve estadía en Brasil, Eduarda regresó embarazada a Bariloche y en diciembre de 2021 dio a luz a una niña, que también entregó a Amanda para su crianza. Actualmente, los tres niños están al cuidado de familiares.

Para el fiscal Martín Lozada, “Eduarda se volvió una molestia” para Amanda cuando empezó a poner límites y obstáculos al contacto de la hoy condenada con los menores.

La noche del 16 de febrero de 2022, Amanda condujo hasta el inicio del sendero del lago Escondido, en el Circuito Chico, al oeste de Bariloche. En el auto también estaban Eduarda y los tres niños.

Allí, según reconstruyó la Fiscalía, empuñó y disparó un revólver marca Smith & Wesson, modelo 686, calibre .357 Magnum. Unas horas después, Eduarda fue hallada muerta. Amanda confesó el crimen.

Mensajes de texto previos al asesinato indicaron que todo fue planeado y organizado en detalle. “Tomó todas las precauciones para que la víctima no pudiera defenderse y, actuando con seguridad, realizó al menos nueve disparos que impactaron en su cuerpo”, señaló la Fiscalía.

La condenada, por su parte, declaró que “no planeó nada” y que fue Eduarda quien llevó el arma esa noche, por temor a supuestas amenazas de una banda criminal.

“Disparé una vez, pero no contra Eduarda. No voy a mentir: agarré el arma e hice un disparo al aire. Pero la Fiscalía en un momento dijo que Eduarda tenía seis disparos, en otro nueve, y en el juicio dijeron cuatro. Yo disparé una vez, pero no la maté”, reiteró a Folha.

De hecho, durante la investigación no pudo esclarecerse si el cuerpo de la víctima tenía impactos correspondientes a cuatro, seis o nueve disparos.

¿Y por qué confesó el crimen entonces? “No había comido nada desde el día anterior. Y un policía vino y me dijo: ‘Lo que podés hacer es decir que fuiste vos, asumir la culpa, y te mandan a casa con tus hijos y después respondés en el juicio’. Yo estaba cansada y dije eso”, relató.

Ella dice estar preparando una demanda en la que detallará supuestas irregularidades del proceso, entre ellas: la Fiscalía afirma haber perdido la grabación realizada el día del primer allanamiento en la casa que ambas compartían, pocas horas después del asesinato de Eduarda; el arma fue encontrada cinco días después y no tenía huellas digitales; las cámaras de seguridad de la zona muestran, en el horario del crimen, un vehículo con ambos faros intactos, mientras que el auto en el que se desplazaron tenía uno roto.

El fiscal Lozada rechaza estas acusaciones. Declaró a Folha que “el trabajo de investigación criminal fue muy preciso, rápido y eficaz. Estuvo bien hecho. Se recolectaron muchas pruebas científicas: audios, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, cámaras”.

Transición de género

El anuncio de su identidad como mujer trans, el 14 de abril de 2023, incrementó la repercusión del caso. La transición de género fue debatida en los tribunales, ya que para la Fiscalía se trataba de una estrategia para evitar una pena por femicidio —la ley argentina establece que, para configurarse ese delito, el asesinato debe ser cometido por un hombre. En el juicio, Lozada se refirió a la acusada en masculino.

El 30 de junio de 2023, un jurado compuesto por 12 personas condenó a Amanda por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con arma de fuego, con premeditación, y por tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil”. Se descartó el femicidio.

“La gente no acepta la paternidad o maternidad de personas trans, bisexuales o gays. Tenían un prejuicio que no sé si las influenció”, dijo. “Todo el mundo me pregunta sobre la transexualidad. Yo viví eso para mí, fue algo personal. Antes de terminar la transición, quería estabilizarme económicamente. Quería tener mi familia, una vida estable, y después empezar con la transición física más visible.”

Amanda cumplía condena en el Establecimiento de Ejecución Penal N.º 3 de Bariloche, una cárcel masculina, donde compartía celda con cinco internos. En prisión, era llamada genéricamente “Brasil”. Llegó a presentar una denuncia por abuso sexual contra uno de los reclusos.

El gobierno de Javier Milei

El 6 de agosto de 2024, alrededor de las 21.30, saltó el cerco perimetral del penal, entró en un auto que la esperaba y logró escapar. Los guardias notaron su ausencia al día siguiente.

“No pensaba en fugarme. Después fui viendo lo que pasaba. La Justicia argentina pide mucho dinero. Entonces, el que tiene plata compra, y el que no tiene, se complica”, afirma.

El caso ha sido utilizado por el gobierno de Javier Milei para impulsar su campaña contra la diversidad sexual o lo que denomina “ideología de género”. En redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en noviembre una recompensa de $5 millones por su captura.

“Para reducir su condena, intentó engañar a la Justicia con un relato woke de género diciendo que se identificaba como mujer”, declaró. “La buscaremos vestida de hombre o de mujer.”

Al margen de ese debate, Amanda reconstruye su vida y prepara una solicitud diplomática para la realización de un nuevo juicio y su ingreso a Brasil.

Consultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Brasil en Buenos Aires, afirma tener conocimiento del caso, pero que por ley no proporciona información sobre asistencias individuales a ciudadanos brasileños.

SR/DTC