El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, presentó una oferta final de unos US$1.000 millones para comprar la operación de supermercados Carrefour en el país.

La propuesta fue enviada cerca del límite fijado por el Deutsche Bank para la recepción de las ofertas vinculantes, aunque no se trató técnicamente de una oferta vinculante sino de una oferta final sujeta a las correcciones que surjan de la auditoría y del cierre del balance de la compañía.

Con este movimiento, la definición queda ahora en manos de la casa matriz en París, que deberá decidir si acepta la propuesta o continúa negociando con los otros dos interesados que llegaron a la etapa final: Coto y el fondo Klaff Realty.

GDN lidera el consorcio con el 60% de las acciones, mientras que el 40% restante pertenece al fondo L Catterton, especializado en consumo masivo e indumentaria, que cuenta entre sus accionistas al grupo LVMH y a Bernard Arnault, quien también participa como inversor individual, y cuya alianza ya tiene antecedentes en el país, como en las marcas Caro Cuore y Rapsodia, según informa Forbes. 

El grupo ya había adquirido en 2020 la operación de Walmart Argentina, rebautizada como Changomás. En caso de imponerse, la intención es mantener la marca Carrefour bajo un esquema de licencia o franquicia.

El acuerdo podría firmarse antes de fin de año, aunque el cierre legal recién se completaría en 2026.

Entre los factores que favorecen a GDN figura que ya cuenta con el management operativo —encabezado por Guillermo Calcagno, ex Coto, que asumió hace seis meses— y que la operación no enfrentaría mayores objeciones de Defensa de la Competencia, dada la baja presencia de Changomás en el AMBA y la falta de superposición con Carrefour en muchas plazas del interior.

Con infromación de agencias.

IG

Arte: Jael Díaz Vila /Fotografía: Ernesto Ryan

Francisco de Narváez siempre recordó una frase que su abuelo repetía: “no hay que poner todos los huevos en la misma canasta”. Se inició en la vida empresarial heredando una cadena de supermercados internacional y, siguiendo su consejo, compró tiendas de electrodomésticos, farmacias, marcas de ropa, distribuidoras de alimentos y de comercio en línea. A los 68 años preside un grupo del que dependen más de 22.000 familias latinoamericanas. 

Al terminar el día calcula las decisiones que tomó, y sólo las valora si más de la mitad han sido buenas, según ha contado él mismo alguna tarde distendida, entrevistado en Punta del Este. Entiende que esa es la meta que debe alcanzar un buen líder: un promedio de buenas decisiones. Algunas debe tomarlas en fracciones de tiempo muy breves. Por eso, para De Narváez cada segundo cuenta: un minuto es el margen que tiene una persona que se asome a su escritorio para convencerlo de que vale la pena su atención. ¿Será por eso que los trabajadores de Ta-Ta, su principal negocio en Uruguay, no han podido lograr que les conceda una reunión?

Diversificar el negocio es una estrategia que aplica en varios países. El grupo tiene presencia en Ecuador a través de Almacenes Tía, Tía Express, Tienda TATA y Supermercados Magda, con más de 8.000 empleados en 210 locales. En Argentina, compró Walmart en 2020, y ahora cuenta con más de 90 locales y unos 9.000 trabajadores. Además, el Grupo De Narváez es socio del grupo textil L Catterton, que tiene marcas como Rapsodia, Baby Cottons y Caro Cuore.

La historia empieza en la antigua Checoslovaquia, en 1933, cuando su abuelo Karel Steuer abrió una pequeña tienda. De él heredaría el negocio, Casa Tía. Su tío abuelo fue ministro de gobierno de ese país antes de que el nazismo obligara a la familia a migrar a Colombia, donde Francisco nació en 1953. De él heredaría el apodo, Franta. Francisco tenía sólo tres años cuando el negocio colombiano se expandió a Uruguay, abrieron el primer local, que se llamó supermercados Ta-Ta, y que ahora tiene 90 locales en los 19 departamentos del país y más de 100.000 clientes diarios.

Antes de levantar el archipiélago de supermercados que brotaron en todo Uruguay, o en medio de ese proceso, De Narvaez volvió a pensar en lo que le habría aconsejado su abuelo. O al menos actuó en consecuencia. El grupo tuvo en la última década una expansión acelerada en dos caminos: el crecimiento horizontal -comprando negocios más pequeños del mismo rubro -como Multiahorro y Superestar- y la diversificación a otras actividades. 

La segunda vía ha sido más pronunciada: el modelo de negocios de De Narvaez ha crecido mucho en los últimos años explorando nuevos mercados y ofreciendo otros productos. En 2013, además de comprar el supermercado, adquirió sus sucursales de electrodomésticos Multiahorro Hogar. En 2016 empezó a expandirse a la marca de ropa BAS, con la inauguración de las primeras tiendas. En 2017, se quedó con todas las acciones de farmacias San Roque. Al año siguiente, adquirió Woow, una plataforma de comercio electrónico. Un año más tarde intentó comprar la cadena de supermercados Disco, pero en defensa de la competencia encontró un límite. Llegó al 2020 con la compra del mayorista Frontoy, que también fue observada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia pero finalmente fue archivada; y en 2021 sumó el portal 321+ de venta de artículos de supermercado en línea. 

Ahora, además de Ta-Ta, tiene 36 locales de Multiahorro Hogar, 25 tiendas de Bas, 37 farmacias San Roque, 3 iDigital -la unidad que aglomera todo el negocio digital de las empresas- y el mayorista Frontoy. Según explicó en otra entrevista, el grupo se expande para lograr “ofrecer una compra inteligente con ofertas de Multiahorro, la posibilidad de sumar puntos comprando en Ta-Ta e ir a San Roque y canjearlos por un perfume. Esa combinación uno la ve en la alacena de una casa o mirando una televisión, una heladera, una cocina, ahí estamos presentes. Esa es nuestra estrategia”. 

Con un nombre tan británico, pocos imaginan que Christopher Jones, la mano derecha de De Narváez en Uruguay, nació en la provincia argentina de Córdoba. En 2017 recibió una llamada de su amigo Francisco. Era la segunda vez que le ofrecía trabajar para él, pero la primera había sido en un puesto menor, cuando era un joven inexperto y recién llegado de estudiar en Estados Unidos; ahora lo invitaba a volver al Grupo por la puerta grande: una silla en el directorio y un país entero a su cargo.

Como De Narváez había hecho años antes en Argentina, Jones quiso hacer patria en el nuevo destino: un primer paso fue obtener la residencia y tal vez el segundo enmarcar y colgar la camiseta firmada de Edison Cavani en su despacho.

—Siento un importantísimo sentimiento de libertad en Uruguay, de que puedo ser quien yo desee ser, comportarme como quiero y hacer lo que quiero, y eso es extremadamente importante. 

Jones recibe a los visitantes rodeado de su equipo de asesores, que le recuerdan las reuniones que tuvo antes y las que tendrá inmediatamente después. “¿En qué puedo ayudarte?”, dice la tarjeta que cuelga por encima del bolsillo de la camisa con su nombre y su foto, a pesar de que en las oficinas centrales de Ta-Ta no hay nadie que no sepa quien es. Su escritorio se conecta a una gran sala de reuniones, con una mesa de madera en el centro, que lo tiene en la cabecera, mirando su laptop, y en la otra punta una televisión que proyecta su fondo de pantalla, en el que se lee una de las publicidades distintivas de la empresa: “Ahorrá en serio”. 

Jones dice que Uruguay le gusta por su gente, por su estabilidad política, por la sensación de libertad y porque le recuerda a su ciudad natal en Córdoba, Alta Gracia, donde el campo también está pegado a la ciudad. Aterrizó en Montevideo después de haber vivido en siete países y trabajado en varias cadenas de supermercados, incluyendo dos pasos por la cadena internacional Walmart. 

Llegó con una misión concreta, que describe con una palabra siempre luminosa en los manuales del buen ejecutivo: hacer una empresa “infinita”. Nadie sabe muy bien qué es eso, y sin embargo todo el mundo puede darse una idea. Él la completa: “Somos fieles creyentes de que tenemos que construir una empresa infinita que perdure en el tiempo, que me sobreviva a mí. Por lo tanto, creemos que para ser una empresa sustentable tenemos que ser el mejor lugar para comprar, trabajar e invertir”.

Una vez al mes, el directorio del Grupo De Narváez se reúne y analiza si ese plan está en marcha. Además del presidente y de Jones, que es vocal, en la mesa se sienta el vicepresidente, Fernando Martín Minaudo, que está vinculado a la empresa desde 2003 y ahora es el director general de Walmart Argentina. El otro vocal es Jorge Federico Erhart, CEO de Walmart Argentina y es exempleado del grupo Disco de ese país, al igual que Minaudo. También participa un representante del Banco Interamericano de Desarrollo, que compró acciones del grupo a través de Bid Invest y aprobó en 2020 un aporte de capital por hasta 15 millones de dólares, sumado a un préstamo financiero en pesos por 35 millones de dólares para el desarrollo del plan de inversiones de la empresa.

Esas reuniones se dividen “en el gerenciamiento del hoy y la construcción del mañana”, según Jones. En la primera parte del encuentro se informan los resultados económicos. Al cierre de 2021, Jones reportó un balance positivo en Ta-Ta, con un margen neto de 0,16%, es decir unos 909.000 dólares. La ganancia llega tras dos años de resultados negativos, provocados por grandes gastos administrativos, a pesar de que los ingresos por ventas crecen año a año: 7,8% en 2019, 8,4% en 2020 y 6,5% en 2021, cuando alcanzaron los 7.166,8 millones de pesos uruguayos, unos 170 millones de dólares. 

Además de ser un hombre de negocios, De Narváez también es político, porque a pesar de que colgó los guantes en 2015 entiende que nunca se sale de ese ring. En Argentina todo el mundo lo conoce porque fue el que le ganó a una alianza política que venía invicta, conformada por Néstor Kirchner, Sergio Massa y Daniel Scioli. Antes y después de ese hito, tuvo una carrera que se resume más o menos así. 

El político asomó en los años 90, cuando ya era una figura dentro de una clase social internacional, rica y exhibicionista, lugar que obtuvo después de vender la empresa familiar -aunque permaneció en el directorio-. En esos años atravesó una fuerte depresión que lo llevó al límite: intentó suicidarse en la suite de un hotel cinco estrellas. “Fue un momento donde teniendo todo, sentía que me faltaba todo”, diría sobre aquél episodio varios años después.

Tras el tumulto, en 2001, empezó su camino oficial en la política, cuando con otros empresarios levantó la fundación Creer y Crecer, y terminó creando su propio partido, Unión Celeste y Blanca. En 2007 aspiró a ser gobernador: salió tercero; en 2011 volvió a intentarlo y esa vez quedó en el segundo lugar.

Mientras competía por cargos ejecutivos fue electo legislador, banca que ocupó desde 2005 hasta 2015. En 2009 obtuvo el primer lugar en la provincia de Buenos Aires, en aquella victoria sobre el expresidente Kirchner, durante el mandato de su esposa Cristina Fernández. 

Sin embargo, a De Narváez no sólo se lo recuerda por ese 2009 de la hazaña política, sino por los juicios que enfrentó. En mayo de ese año fue denunciado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por incrementos patrimoniales de 900% no justificados a partir de 2005, además de evasión de impuestos, defraudación y lavado de dinero. El entonces diputado aseguró que se trataba de una persecución del gobierno y los medios de comunicación. El caso se cerró con De Narváez pagando una póliza de seguro como sustitución de medidas cautelares. 

También estuvo envuelto en la resonante causa de la efedrina, una investigación que rastreaba el camino de esa droga por América Latina. Quedó involucrado porque desde uno de los celulares a su nombre se hicieron llamadas relacionadas al caso, pero la investigación terminó archivada y el juez federal que la instruía, destituido. 

Su última batalla política, en 2015, cuando apuntó a la presidencia, quedó trunca. Se bajó porque entendía que eran mejores otras alianzas. La salida de la pantalla argentina ese mismo año fue menos discreta, la hizo a golpes de puño. La agencia de noticias Nova publicó una nota en la que se sintió difamado, y además de llevar el caso a la Justicia, decidió presentarse junto a un guardaespaldas en la redacción y golpear al director hasta desmayarlo. 

Parece un día normal en el supermercado, pero hay algo distinto. Jorge, uno de los guardias de seguridad de Ta-Ta, se da cuenta, a pesar de que ya terminó su turno y se está yendo. Sus compañeros tienen el uniforme impecable, incluso aquellos que hasta hace un rato no lo tenían; la góndola por la que había pasado antes ahora está totalmente repuesta, no tiene un sólo hueco que pueda evidenciar que falta un producto; el orden reina en el espacio. Ahora Jorge también repara en que durante el día vio personal de limpieza extra. No tiene certezas, pero tampoco dudas de que si en ese momento pasara por el depósito no habría mercadería por ordenar. Mientras se dirige a la salida se da cuenta de lo obvio: De Narváez está por llegar. 

La visita del líder del grupo argentino es algo raro, coinciden los empleados que tienen más de 15 años trabajando en diferentes sucursales. De hecho, nunca nadie lo vio en persona, salvo Jorge aquella tarde de febrero. Según recuerda, la recorrida dura el tiempo que le lleva caminar por los pasillos, 10 o 15 minutos, luego hay un par de fotos con los empleados en las que todos sonríen y pasa por el despacho a hablar otro rato más con los gerentes y encargados antes de irse. 

“Cuando viene a Uruguay, lo que le interesa está en la Torre Ejecutiva”, dice Leonel Bianqui, uno de los trabajadores sindicalizados que absorbió Ta-Ta cuando compró Multiahorro. Se refiere al vínculo que el empresario tiene con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que se expresa con gestos que van desde asegurar que triplicará la inversión en el país hasta prestarle su avión para una visita al Congo la navidad pasada. 

Bianqui nunca habló con De Narváez, aunque lo intentó en más de una oportunidad. Especialmente este año, para advertirle y preguntarle sobre los casos de trabajadores que, según su sindicato, han sido despedidos sin causa. “Complicidad” es la palabra que elige Bianqui para definir la relación del argentino con el gobierno uruguayo, y aclara que esta situación no viene de la mano de este gobierno, sino de antes, aunque ahora se advierta más claramente. 

—Es un combo de mucha complicidad con el gobierno, lamentablemente, porque de sus acuerdos no sabemos la letra chica. Él tiene incidencia en el gobierno por la cantidad de fuentes de trabajo que genera—, dice el sindicalista.

1.500 puestos nuevos de trabajo en tres años. Esa fue la promesa que le hizo De Narváez a Lacalle Pou tras una reunión en la Torre Ejecutiva el 6 de octubre de 2021. Jones también se había comprometido con el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, a que en los nuevos puestos de trabajo que se abrieran, los usuarios de apoyos del Mides, que son las personas con menos ingresos en el país, iban a ser prioridad, algo que recordó De Narváez a la prensa aquella tarde de octubre. 

—Y eso se mantiene —afirma Jones—. Lo que escribimos con la mano no lo borramos con el codo, independientemente de la expansión que hagamos, esos puestos están para el Mides. 

—Es una verdad a medias—dice Bianqui sobre esa promesa, como si le contestara, pero en otro momento y lugar—. Lo que no dicen es que para llegar a eso despiden a un trabajador con antigüedad y toman a dos nuevos, por menos horas y menos plata. Siguen abriendo locales y van cubriéndolos con poco personal, grandes superficies con 10 trabajadores donde antes había 50.

—Es probable que eso sea así —concede Jones—, que haya superficies más grandes con menos trabajadores, pero por distintas soluciones. 

A diferencia de Jones, que se licenció en la Universidad de Pennsylvania, De Narváez descartó la academia y se quedó con su bachillerato, a pesar de que sus padres lo mandaron a estudiar a los 13 años a Canadá. Tal vez por eso en sus 10 años como legislador en Buenos Aires De Narváez repitió muchas veces que se dejaba llevar por el instinto.

—El hombre nunca va a poder ser reemplazado, la máquina va a generar una cantidad de opciones, pero al final del día hay una cuestión de instinto —repite De Narváez frente a otros empresarios. 

En la misma línea opina Jones, quien destaca el crecimiento del comercio electrónico y dice:

—Hasta ahora nadie ha puesto robots a armar pedidos, eso va a seguir, las características de las sucursales son lo que va a ir cambiando.

Sin embargo, los trabajadores de Ta-Ta evalúan que hubo “un antes y un después” de la llegada del cordobés a la dirección del supermercado, y que sus políticas de modernización han disminuido los puestos de trabajo. Tal vez teman un deja vú de lo que pasó en los años 90 en Argentina, cuando el instinto le dijo a De Narváez que debía despedir 3.500 trabajadores para lograr una verdadera modernización en sus supermercados. 

Donde antes había una persona pesando la fruta y la verdura, ahora hay una balanza con una cámara vigilando desde arriba y cada quien le pone el precio a su compra. Antes la carne se pedía en la carnicería, ahora está envasada al vacío, al igual que la mayoría de los productos de fiambrería y rotisería. En el espacio en el que trabajaban dos cajeras, ahora hay cuatro cajas inteligentes.

—Un cambio radical—, define Bianqui sin matices.

—La demanda de velocidad por parte de nuestros clientes—, prefiere interpretar Jones.  

El sindicato sostiene que hay una reestructura encubierta que queda expuesta al mirar quiénes son los trabajadores despedidos. En particular, señalan un último caso que catalogaron en Parlamento como “una barbaridad”, cuando fueron a pedirles a los legisladores que intervinieran. El 14 de enero de este año, echaron a una trabajadora con 16 años de experiencia como cajera con el argumento de que era lenta. El Sindicato Único de Multiahorro, al que pertenece la trabajadora, pidió una reunión con la empresa para reincorporarla, y luego la intervención del gobierno. Pero la respuesta siempre fue negativa. Bianqui asegura que, además de esa cajera, otros cinco empleados fueron despedidos, todos sindicalizados y con varios años de antigüedad, aunque en este último caso, aceptaron el despido y la indeminización. 

El CEO de Ta-Ta reconoce que hay espacios en los que se necesitan menos colaboradores, pero asegura que no se pierden los puestos de trabajo sino que se redistribuyen, por ejemplo en la parte de comercio electrónico. “La cantidad de gente no varía, lo que varía es la necesidad de distintos trabajos que hay que realizar”, insiste. 

—El problema que tienen es que nos resistimos a esas políticas de la empresa porque nuestra lucha siempre ha sido que el reponedor tiene que hacer las tareas de reposición, no tres o cuatro tareas—, resume Bianqui. 

Jones entiende que esa flexibilidad es parte de las posibilidades que da la empresa: 

—Creo que el ser humano, primero y principal, tiene que ser libre. Si quiere quedarse en esa posición para siempre, yo no lo voy a cambiar, pero si alguien quiere crecer hay que pensar cómo hacemos para darle las oportunidades.

—En eso se resume la política de grandes superficies con poco personal. La empresa en estos cuatro años ha tenido una gran rentabilidad con esa estrategia —plantea Bianqui, y no le falta la razón, porque según el reporte de sustentabilidad del Grupo Ta-Ta, hubo un crecimiento de 6,8% en facturación en 2019 y de 6,2% en 2020.

Para los empleados sindicalizados, no se trata solo de la reducción de personal, sino de la categoría de trabajo por la cual se definen y negocian los salarios—. Pedimos que el que sea reponedor haga tareas de reponedor, pero ahora entrás a Ta-Ta y te dicen “vas a ser cajero, reponedor, si viene un camión lo tenés que descargar”. Dejas de lado la categoría y te pagan un sueldo mínimo haciendo de todo un poco. 

El contrapunto entre los directivos y los sindicalistas parece lejos de saldarse. Pero está claro: los hilos de la joya del imperio no se mueven oyendo a sus empleados.

Este artículo es parte de Los insaciables, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado de Cronos Lab. 

LC

La asunción de Mauricio Macri en la presidencia significó un cimbronazo para el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Directivos, técnicos, políticos en stand-by e interesados en la administración pública sin adhesión partidaria formal que ocupaban sillas en la “sociedad civil” se vieron tentados por habitar un despacho en una OG (organizaciones gubernamentales). En diciembre de 2015, parte de las ONG debieron reordenar sus organigramas y los auditores del tercer sector pasaron a ser auditados. Pasados dos años del fin de esa experiencia, que todavía resuena, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) maniobran entre las incógnitas políticas del momento y repiensan estrategias de recaudación de fondos.

Si existe un establishment oenegístico medido por presupuesto, estructura e influencia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le toca ser la oveja negra en ese club. En las antípodas del mundo Macri, vive su propio período de renovación y cambio. En estos días, la comisión directiva debate el alejamiento definitivo del directorio de Horacio Verbitsky. Tras dos décadas en la presidencia, el fundador de El Cohete a la Luna debió pedir licencia en febrero de 2021 por haberse vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. El episodio detonó una crisis en la organización de derechos humanos y resignificó disidencias latentes por el posicionamiento político de Verbitsky. Meses después, el periodista fue repuesto en la comisión directiva con el cargo de vocal, pero diversas fuentes prevén que su relación con el CELS está llegando a su fin en cuestión de días o semanas. “Lo estamos discutiendo”, dijo a elDiarioAR una persona al tanto de los debates.

Nada fue un error

El pase de figuras de la sociedad civil hacia la gestión presidencial de Cambiemos no fue casual. En el comienzo de siglo, cuando el entonces presidente de Boca se metió de lleno en la actividad política, las ONG fueron un pilar de su armado partidario. Junto a Francisco de Narváez, Macri organizó la Fundación Creer y Crecer. A mediados de 2002, apenas un año más tarde de la creación del think tank, con el colapso de la convertibilidad consumado, ambos empresarios habían dividido sus caminos.

El hoy dueño de Walmart procuraba mantener el perfil de una fundación que proveyera cuadros y políticas para entornar —pero no reemplazar— a dirigentes con recorrido partidario, mientras que el socio de Socma entendió que su proyecto debía basarse sobre rostros y formas nuevos, y para ello, un think tank era una buena plataforma, como describió Gabriel Vommaro en La larga marcha de Cambiemos (Siglo XXI, 2017). Macri leyó con acierto que el neoliberalismo cincelado por Carlos Menem a su imagen y semejanza, montado sobre el ideario predemocrático de la Ucedé, no era el más apto para el ciclo surgido con el grito “que se vayan todos”.

En simultáneo, el incipiente político abrió las puertas al Grupo Sophia, creado en la década de 1990, cercano a Domingo Cavallo y con nombres no tan “apolíticos”, como el de Horacio Rodríguez Larreta. La impronta de los think tanks acompañó a Macri en su primera cita electoral por la Jefatura de Gobierno porteño, en 2003. Durante sus experiencias en Ciudad y Nación, lo acompañarían nombres presentes en la fusión de Creer y Crecer y Sophia, como María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti.

Con un primer escalón consolidado y embarcado en un proyecto presidencial, Macri y su amigo Mauricio Devoto apostaron por otro sello, Compromiso para el Cambio, en 2007. Había que alambrar el campo. Se sumaron figuras de otra densidad, abogados de estudios de la city y amigos de Macri de larga data, con una mirada sui generis sobre el manejo de la Justicia: Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clusellas y Pablo Torello.  

Nuevas vertientes

Con una década de 1990 difícil para el partido centenario entre la salida precipitada de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos, exfuncionarios, politólogos y abogados con sintonía UCR habían abrevado en organizaciones como Poder Ciudadano (fundada en 1989) y la Asociación por los Derechos Civiles (1995).

La divisoria de aguas en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner y la consecuente cercanía del PRO con la UCR terminó de vincular al macrismo con un sector de las ONG menos dado hacia un empresario de las características del entonces jefe de Gobierno. El operador radical Daniel Angelici coronó uno de los pases más sonoros desde la “sociedad civil” apartidaria al PRO. Laura Alonso dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados del macrismo en 2009. En esos tiempos, la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, asesora de legisadores de la UCR en los noventa, estaba a cargo de la presidencia de la organización. La pretensión de imparcialidad, un valor por entonces en el tercer sector, resultó mancillada con el pase de Alonso, pero el canal quedó abierto.

María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti, algunos de los nombres que acompañaron a Mauricio Macri y pasaron por Creer y Crecer.

En paralelo, ADC, inspirada en 1995 por el abogado Alejandro Carrió, con un perfil algo más independiente que Poder Ciudadano, no quedó exenta de la deriva de la época. La disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín alcanzaba su mayor voltaje y Carrió actuó como abogado de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera en el litigio por la dilucidación de su identidad como probables hijos de desaparecidos. El caso ocupó la agenda pública durante meses, lo que llevó a Carrió a elevar su perfil. Años después, no bien asumió Macri en la Casa Rosada, otro de los artífices de la organización, Carlos Rosenkrantz, lograría ser designado juez de la Corte Suprema por decreto.

Tras la reelección de Cristina Fernández con 54% de los votos, en 2011, Macri se metió en la carrera presidencial sin más dilaciones. El vehículo volvió a ser una ONG perfeccionada, la Fundación Pensar, usina que combinó figuras con origen oenegístico y empresarial, políticos de la derecha clásica e investigadores académicos con primacía de las universidades de San Andrés y Di Tella.

La afinidad con el macrismo o la aversión al kirchnerismo de Clarín y La Nación marcó el camino para ingreso de una vertiente oenegística-periodística. En diciembre de 2015, parte del entramado de conducción de los medios públicos fue trazado en consulta de Jorge Sigal, secretario del área, con el Foro de Periodismo Argentino. El presidente de esa entidad entonces, Néstor Sclauzero, asumió la dirección periodística de Canal 7 y con él llegaron otros representantes del Fopea a la emisora pública.

Versiones sobre la pluralidad

En la “sociedad civil”, la voz predominante entiende que las identidades partidarias de creadores, financiadores y directivos no determinan necesariamente la orientación de las ONG, y que las trayectorias en las conducciones no son monolíticas. En efecto, incluso en las organizaciones más allegadas a los partidos de Juntos por el Cambio trabajan analistas y responsables que no adhieren en absoluto a ese signo. Quien busque, encontrará críticas a los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta por parte de Poder Ciudadano, ADC y Fopea. Sus distanciamientos, aunque hayan sido a cuentagotas y con tono ciudado, les merecieron la etiqueta de Corea del Centro disparada por los halcones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), creada en 2002 por los abogados Ezequiel Nino (hijo de Carlos), Gustavo Maurino y Martín Sigal, está orientada a los derechos sociales y económicos. No sólo mantiene una agenda pública de tensión con ejecutivos de Juntos por el Cambio sino que ha litigado contra ellos.

El cofundador Maurino dejó la dirección en 2013. Dos años después, fue designado a cargo de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia durante la administración Macri. “Es un error hablar de tal cosa como ‘el mundo de las ONG’. Las organizaciones de la sociedad civil somos muchas y diversas”, advierte Sebastián Pilo, director de la entidad que fomenta la democracia participativa. El dirigente concede que el macrismo se nutrió más que el kirchnerismo de la “sociedad civil” para formar sus equipos, “pero otra cosa es el vínculo con los Gobiernos y cuánto afecta la independencia. En nuestro caso, en nada”.

Por caso, ACIJ se encuentra con que el ejecutivo de Rodríguez Larreta suele incumplir sentencias en litigios ganados por la organización, lo que agrega fricción. En una causa en la que se ordenó subsanar el riesgo de electrificación que provocó muertes en la villa 21-24 de Barracas, ACIJ pidió una multa personal contra Larreta, que fue concedida y apelada por el gobernante ante el Tribunal Superior de Justicia. Si ese cuerpo dominado por el macrismo falla a favor de ACIJ, Larreta deberá pagar $ 1,9 millones.

Capítulo CIPPEC

El caso CIPPEC merece un capítulo aparte. Fundada en 2000, produce informes de alto nivel técnico en un amplio rango de áreas. En varias de ellas, como educación, sus abordajes se ubicaron en veredas distantes de las políticas sostenidas por los gobiernos del PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio. Sin embargo, ninguna otra ONG se desprendió de tantos directivos y cuadros técnicos que partieron rumbo al macrismo.

Los tres últimos directores ejecutivos que precedieron a la actual, Gala Díaz Langou, saltaron de la sede de la organización ubicada en Congreso a despachos oficiales bajo el signo del PRO. Nicolás Ducoté dejó CIPPEC en 2010 para pelear por la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. Lo sucedió Fernando Straface, hoy secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de campaña de María Eugenia Vidal y blanco de las críticas de Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Cuando se fue, Straface pasó la posta en CIPPEC a Julia Pomares, quien es desde hace siete meses jefa de asesores del alcalde porteño y candidato presidencial.

No sólo ello. CIPPEC fue uno de los artífices del sello Argentina Debate que organizó la discusión de candidatos presidenciales de 2015. El último de ellos, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, fue en noviembre. En diciembre, José Octavio Bordón, presidente del Comité Estratégico de Argentina Debate, se mudó a la embajada argentina en Santiago de Chile, y Hernán Charosky, coordinador, comenzó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, donde hoy encabeza el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas. La lista no acaba. Miguel Braun, cofundador de la organización, se había integrado al PRO y la Fundación Pensar años antes, y fue asignado a la Secretaría de Comercio. Martín Bohmer, docente en universidades nacionales y extranjeras, fundador del área Justica en CIPPEC y ex vicepresidente de ADC, se hizo cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil bajo la órbita de Garavano, hoy asesor legal de Macri.

¿Hace ruido que analistas, expertos y directivos de la ONG más prestigiosa y con mayor presupuesto, que aboga por políticas sustentables y se presenta apartidaria, hayan optado por integrarse a las estructuras gubernamentales de Macri y Rodríguez Larreta?

Responde Díaz Langou: “Si CIPPEC fuese una organización partidaria, no podríamos cumplir nuestra misión. Es una organización independiente apartidaria, condición imprescindible para propiciar políticas públicas en la Argentina”. La responsable de la organización enumera que, desde la fundación, pasaron 900 personas por Callao 25, “muchas fueron y otras venían de la gestión pública; entre ellas, unas treinta que hoy están en el Gobierno nacional”.

La directora ejecutiva afirma que la diversidad del consejo de administración y los jefes de área de CIPPEC no tiene correlato con la adhesión partidaria que terminaron eligiendo Ducoté, Straface y Pomares. “Las recomendaciones de CIPPEC están basadas en evidencias que siguen protocolos internos y el trabajo de una gama muy amplia de diferentes actores. Tenemos comités de ética y de calidad muy estrictos, y eso se complementa con una enorme variedad de fuentes de financiamiento para un presupuesto de US$ 3 millones anuales. Son 235 fuentes distintas, e incluyen cooperación internacional, individuos y gobiernos con equilibrio partidario y geográfico”, indica Díaz Langou.

Dilemas del CELS

En la misma casona donde funciona Poder Ciudadano, en San Telmo, se asienta el CELS. Como un matrimonio que cohabita el mismo espacio porque deshacerlo sería muy complicado, la que muchos consideran la organización de derechos humanos más influyente de América Latina y la marca fundacional de la “sociedad civil” en Argentina —hoy con fuerte impronta del Grupo Clarín— se ven la cara todos los días desde que la Fundación Ford compró una sede en común en Piedras 547, a fines de la década de 1990.

La entidad que preside la antropóloga Sofía Tiscornia y presidía Verbitsky presentó batalla contra el Gobierno de Cambiemos en Argentina y ante estrados internacionales, fuera por Milagro Sala, la ley de medios, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los desmanes de la mesa judicial y los endémicos abusos policiales y carcelarios. Antes de Macri, el establishment de la “sociedad civil” apuntó contra el CELS por su cercanía con el primer kirchnerismo, señalamiento que es rechazado en la oficina que da al frente de la casa de San Telmo, con el argumento de que la ONG alternó elogios y críticas cuando hizo falta. En 2015, la consumación de la seducción de Macri al tercer sector le sirvió al CELS el plato frío de la venganza.

“El tema es la honestidad de asumir la historia de cada uno y de consistencia en la acción. Es legítimo tener posicionamientos; lo que está mal es la pretensión de imparcialidad”, dice la fuente del CELS citada más arriba.

De la organización fundada por Emilio Mignone surgieron funcionarios de los gobiernos de los Kirchner y de Fernández, aunque predominaron las terceras y cuartas líneas. Entre los de mayor rango, con importante recorrido profesional y académica, se encuentran Gustavo Palmieri, exsecretario de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, y Andrea Pochak, actual subsecretaria de Enlace Internacional de Derechos Humanos. El exdirector ejecutivo e histórico de la ONG Víctor Abramovich accedió como procurador fiscal ante la Corte Suprema mediante concurso público y antes había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos. Todos ellos cuentan con un antecedente de peso, el propio Mignone, representante del Ministerio de Educación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem.

La adhesión de Verbitsky y otros referentes del CELS al cristinismo es explícita, mientras que la mayor parte de los estamentos directivos y analíticos “coincidieron con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, libertad de expresión, reforma de la Corte Suprema y migraciones de la gestión de Néstor Kirchner”, evalúa Gastón Chillier, exdirector ejecutivo. Ello no impidió —indica el abogado— que el CELS denunciara y litigara en casos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, la mano dura, derechos de poblaciones indígenas y las acusaciones contra el exjefe del Ejército César Milani, de las que fue absuelto.

En coincidencia con la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Chillier dejó la dirección ejecutiva y asumió Paula Litvachky, antes encargada del área de Justicia y Seguridad. “El CELS decidió realizar una rotación en el equipo de gestión”, comunicó la organización en febrero de 2020. La relación de Verbitsky con Chillier estaba desgastada.

Desde el momento en que fue nombrado presidente, en 2000, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, estaba claro que las posiciones políticas y las vinculaciones personales de un periodista de la trayectoria e influencia de Verbitsky iban a jugar un papel inocultable, con lo bueno y lo malo que implicara. Los debates al respecto en el seno de la organización fueron permanentes, y no cesan. “Digamos que nos obliga a mantener los canales de discusión muy abiertos”, concede la persona citada.

La vacunación del histórico columnista de Página 12 marcó un problema de otra naturaleza y disparó críticas más severas dentro de la estructura del CELS. El tiempo parece no haber sanado heridas. Una de las versiones indica que el alejamiento de Verbitsky sería comunicado bajo la forma de una jubilación, y que el anuncio sería en febrero.

Virtud y resquemor

“El paso de la sociedad civil a la función pública debería ser mirado como virtuoso antes que un defecto. No todas las ONG son iguales, pero algunas elaboran trabajos de calidad que le aportan el Estado, y sus analistas tienen una vocación por lo público que hay que valorar. Hay un evidente antiintelectualismo en algunos sectores”, dijo una persona con experiencia en una entidad importante de la “sociedad civil” que hoy ocupa un cargo alto en un gobierno. La coincidencia con el eje central de ese argumento es prácticamente unánime entre las ONG.

El resquemor entre los militantes clásicos y el oenegismo tiene razones de ser. El camino de la asesoría mal rentada en un Concejo Deliberante del Gran Buenos Aires hasta un puesto ejecutivo con despacho propio, sueldo digno y presupuesto a cargo puede durar décadas. En el medio, el militante tiene que soportar al arribista de la tele al que le agarra el berretín de la política, al “hijo de” y al vicario del aportante de campaña, más los bandazos tácticos e impúdicos de las cúpulas. De buenas a primeras, cuando llega la hora del cargo, un oenegista asoma por la puerta con pergaminos de estudioso y prestigio social. Y como los ciclos políticos a veces son efímeros, cuando el cargo se esfuma, el oenegista vuelve a la sociedad civil, la consultoría o parte como scholar a una universidad extranjera. Es injusto.

La otra campana también suena. La carrera en las ONG no es un lecho de rosas. Supone años de empleo precario y zozobra por conseguir fondos. Si la entidad es bien llevada, implica una especialización que, como señala la voz anfibia que hoy ocupa un puesto en un gobierno, no debería ser desdeñable. El saber y la buena praxis de un oenegista ejemplar choca con las trapisondas de la política tradicional y el insano concepto que confunde lealtad partidaria con complicidad. Así, el oenegista con maestría y PhD, cansado de verla pasar, se anima a dar el paso, pero corre el riesgo de la frustración ante la máquina de impedir de la politiquería. Es injusto.

Quién paga

Díaz Langou, de CIPPEC, apuntó a un tema crucial: el financiamiento. Casi todas las ONG mencionadas golpean puertas similares. A saber: Open Society, de George Soros; National Endowment for Democracy (NED), creada en tiempos de Ronald Reagan bajo la órbita del Capitolio, a la que muchos atribuyen vínculos originales con la CIA; la Fundación Ford; USAID; Fundación Avina, de un empresario suizo; las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, paises escandinavos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, y las fundaciones partidarias alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana, centroderecha), Friedrich Naumann (liberal, centroderecha) y Friedrich Ebert (socialdemócrata).

Desde la década de 1990 y por muchos años, cuando se desarrolló el tercer sector con el perfil que conocemos bajo la proclama de perfeccionar la democracia, la “cooperación internacional” de las victoriosas potencias occidentales fue el eje del financiamiento. El modelo sigue vigente, pero en los últimos años, la competencia por los recursos se hizo mayor. Al fin y al cabo, la Argentina tendrá sus problemas pero no es ni tan subdesarrollado, ni tan conflictivo para la agenda de Washington y Bruselas, ni su democracia está tan en peligro, ni es tan dócil como para atraer la bondadosa magnanimidad de Soros, Ford, la embajada de Noruega, la USAID y otros por el estilo.

Históricamente, las empresas que operan en la Argentina no han sido muy propensas a financiar proyectos que no controlan por entero y que no reditúan ganancias en lo inmediato. No obstante, en los últimos años, los fondos privados crecieron de la mano de del Grupo Clarín-Telecom, Telefónica, Pan American Energy, IRSA, YPF, La Nación, universidades, Google, Facebook, Techint, Insud, Aluar, Arcor, Farmacity, Naturgy y Quilmes, entre muchos otros.  

Junto a la denominada “cooperación internacional” y el mundo de los privados, la tercera pata de la financiación son los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

El peso de cada fuente de fondeo varía según la ONG. CIPPEC, entre las más activas a la hora de transparentar sus cuentas, obtuvo en 2020 el 42% de sus fondos de la cooperación internacional, el 11% de gobiernos, y el 47% de empresas e individuos, informa en su página web. En 2021, los números (todavía no cerrados) fueron similares.

En los presupuestos de CIPPEC y Poder Ciudadano, el pago de los gobiernos se da en retribución por sus aportes en el diseño de políticas y auditorías. Para Fopea, los fondos de Clarín, Google y Facebook son decisivos, y también recibe apoyo del Gobierno de la Ciudad. Chequeado, el sitio de corroboración de información que actúa en cierta manera como una ONG, financia una parte significativa de su presupuesto vía empresas privadas que donan en su evento anual, mientras que la cooperación internacional representa 95% de los fondos de ACIJ.

En cuanto al CELS, años atrás atinó a reducir su dependencia de la “cooperación internacional”. Cuando se retiró su financiador histórico, la Fundación Ford, la ONG de derechos humanos instrumentó un sistema de aportes individuales que llegaron a representar más de 40% del presupuesto, marca Chillier. La experiencia resultó ambigua, porque en la Argentina no está tan acendrada la propensión a la membresía individual y las sucesivas devaluaciones hicieron que los dólares de la cooperación extranjera volvieron a ganar terreno. En agosto de 2021, la fundación de George Soros comenzó a financiar un proyecto hasta 2025 por un monto de US$ 2.060.500, con lo que se transformó en uno de los principales aportantes.

Bisagra

Voces del tercer sector coinciden en expresar frustración por la experiencia vivida con Macri. Se pudo hacer poco y nada, y los malos resultados económicos dominaron la agenda. De los caballitos de batalla, se registraron avances en el acceso a la información pública, en cuya agencia de implementación desembarcó de lleno la “sociedad civil”. El combo de Gestapo, Falso Abogado D'Alessio, prisiones preventivas abusivas y visitas a Olivos de los jueces no terminó siendo muy edificante para quienes postulan el mantra de “una mejor democracia”, salvo para los oenegistas que se metieron en el barro de la política y comenzaron a arrojarlo a la cara de los adversarios, como Alonso. Otros apuestan a volver mejores, como los exdirectores de CIPPEC que integran la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Aunque las voces de esa entidad suenan convencidas en cuanto a que su independencia no se vio afectada, la mudanza de tantas y tan relevantes figuras al Gobierno de Macri y ahora al larretismo causó innegable impacto en las oficinas ubicadas a metros del Palacio Legislativo. En cierto sentido, el impasse forzado por la pandemia no fue del todo negativo para mitigar la visibilidad de la cena anual de CIPPEC.

En cuanto a ACIJ, la impronta urbana de su agenda, con foco en villas y derechos sociales, deriva en choques frecuentes con el Gobierno de Rodríguez Larreta. Aunque el alcalde cuida al máximo el vínculo con la sociedad civil, la relación con ACIJ es, por momentos, tensa.

Poder Ciudadano aparenta ser la organización que tiene más resuelta la cuestión de su imagen pública. Wortman Jofre, su presidente, es un notorio abogado de Clarín, incluidas las causas menos decorosas. La tesorería de la ONG está a cargo del gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la empresarial ADEPA, Martín Etchevers. La clasificación de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de la cual la entidad es filial argentina, se mantiene como su instancia de mayor visibilidad anual. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización, no pudo responder la consulta de elDiarioAR.

En línea similar, Fopea tampoco parece inhibida a la hora de exponer su rostro tradicional. La ONG que agrupa a unos trescientos periodistas acaba de protagonizar sus primeras elecciones internas por la conducción. Participaron dos listas sin mayores diferencias de fondo. El peso de Clarín y La Nación, y la sintonía con ADEPA siguen delimitando el camino.

Más allá de las disputas internas, en el CELS prevalece la coincidencia entre sus referentes actuales y pasados que las acciones públicas en torno a la agenda de derechos humanos fue mantenida a salvo de la cercanía con el kirchnerismo y, ahora, el Frente de Todos. La verba de Sergio Berni, la omnipresente brutalidad policial y carcelaria y la distancia del dicho al hecho que signa al gobierno de los Fernández le dan la oportunidad de seguir marcando distancia.

De la generación fundadora de 1979, conformada por abogados y familiares de desaparecidos, quedan pocos en actividad. Integran el directorio del CELS, además de Tiscornia, la histórica Laura Conte, Verbitsky y referentes de áreas que van del derecho al feminismo, de la academia al sindicalismo, como Damián Loreti, Paula Abal Medina, Dora Barrancos, Diana Wassner, Gustavo Palmieri, María José Guembe, Marcelo Ciaramella, Luis Fara y Victorio Paulón.

¿El alejamiento de Verbitsky será inmediato? “No confirmo ni desmiento”, responde la persona al tanto de las discusiones de estos días. Tampoco confirmó ni desmintió Verbitsky, porque no contestó el mensaje de elDiarioAR.

SL

“Es un tema que tendremos que revisar”, dijo la semana pasada el secretario de Comercio Interior, cuando repasó en conferencia de prensa el nivel de acatamiento de las cadenas de supermercado al programa de congelamiento de precios y se detuvo en los porcentajes de Changomas. Mientras que el resto de las grandes compañías registran un cumplimiento cercano al 100%, la firma de Francisco de Narváez se desmarcó con un 62%, motivo por el que Feletti convocó a sus ejecutivos a una reunión. 

La cita será este lunes a las 18.30 y el secretario quiere saber “cuál es el inconveniente y solucionarlo”, según anticiparon fuentes oficiales a elDiarioAR. Detallaron que Changomas es el supermercado que tiene “menos nivel de acatamiento tanto en precio como en disponibilidad de productos”. 

Los registros de la Secretaría de Comercio derivados de las inspecciones muestran que tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal las cadenas Carrefour, Coto y los supermercados de Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) tuvieron un cumplimiento del programa del 100%. Día se ubicó en el orden del 90%, pero con un justificativo: el menor tamaño de sus superficies hace que no cuente con la totalidad de la oferta de la canasta regulada, compuesta de 1.432 productos. En Changomas, en cambio el acatamiento fue de “apenas” el 62% en la provincia de Buenos Aires y del 77,5% en la Ciudad. 

Consultados por este tema, en Changomas no hicieron comentarios. Se trata de la excadena estadounidense de supermercados Walmart, que fue comprada a fines de 2020 por el empresario Francisco De Narváez y debió, en esa maniobra, cambiar su nombre. Tiene una amplia presencia en el país, con más de 90 sucursales en 22 provincias. 

Si bien en este caso el argumento se diluye, en el sector supermercadista suelen aclarar que los incumplimientos pueden explicarse por maniobras de fabricantes que no entregan los productos o no cumplen con la retracción de los precios, lo que altera la cadena e imposibilita que se refleje en la góndola el precio ordenado por el Gobierno. 

Según datos de la Secretaría de Comercio, en la primera quincena de octubre se detectaron remarcaciones de hasta el 25% en productos de alimentación, higiene personal y limpieza, lo que llevó a avanzar con el congelamiento. El monitoreo oficial mostraba una aceleración de la canasta en supermercados de 2,2% para la primera quincena de octubre que, proyectado a todo el mes, se encaminaba a cerrar en torno al 4%. A partir del congelamiento comenzó a revertirse la tendencia, con una caída promedio de 7,6% en los productos de la canasta seleccionada.  

Como la Secretaría no tiene delegaciones, Feletti mantuvo conversaciones con gobernadores para solicitar su colaboración en la aplicación y monitoreo en las provincias, de quienes recibió una respuesta que lo dejó “muy satisfecho”. “La desaceleración de la inflación en la tercera semana de octubre, este nivel de cumplimiento del programa y la adhesión plena de los gobernadores nos da un marco de optimismo”, dijo Feletti en su comunicación desde la Casa Rosada. 

El funcionario, que reemplazó a Paula Español a principios de octubre, dijo que el congelamiento es una medida “transitoria” que busca frenar la aceleración inflacionaria para evitar que la expansión de consumo no sea lesionada por la aceleración de precios. De todos modos, el secretario piensa en alguna medida de orden más permanente. “A futuro hay que construir una canasta alimentaria amplia, regulada, de acceso masivo. Es un país productor de alimentos y el consumo no puede estar sujeto a estas tensiones”, anticipó.

Para el secretario, no es algo tan difícil de instrumentar. Los 1.400 ítems de la canasta básica representan el 10% de la oferta de productos comerciales en góndolas. Además, el 46% es producido por 18 empresas, lo que reduce la cantidad de interlocutores y simplifica la organización del esquema.

De acuerdo con la consultora C&T el rubro alimentos, que por momentos creció más de 4% en relación a igual período de septiembre, quedó finalmente en octubre algo por debajo del promedio, en 3,3%. En Focus Market calcularon que los alimentos registraron una suba de 3,4%.

“La variación de precios en el mes de octubre tuvo diferentes temperaturas, con mayor nivel de implementación del congelamiento de precios en grandes cadenas y falta de posibilidad de cumplimiento en autoservicios nacionales, chinos, kioscos entre otros por donde pasa e 70% de la comercialización de consumo masivo en Argentina. Estas bocas reciben un listado de precios de costo más altos de lo que la resolución del congelamiento de precios exige para la venta”, apuntó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market. Según precisó, esto está generando un desplazamiento de la demanda desde las bocas de venta más pequeñas a las grandes cadenas, perjudicando al eslabón más débil. 

DT

Miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020. Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.

Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de US$5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.

Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.

“Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde PAE ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. De hecho, según el formulario que surge de Pandora Papers, la firma operó con JP Morgan Trust Company de Bahamas.

La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas, que, según explicaron en PAE ante la consulta, son “compañías del JP Morgan”. “Posteriormente al fallecimiento de Carlos Bulgheroni, en septiembre de 2016, JP Morgan disolvió Starcross Assets Limited”, agregaron en la petrolera. La firma fue dada de baja en 2017.

Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.  

A pesar de que ambos hermanos figuran en el documento como los dueños de la compañía, en PAE afirmaron que “Starcross Assets Limited actuó como fideicomiso en beneficio de Carlos Bulgheroni”, quien, según PAE, buscaba obtener un crédito de US$10 millones para invertir en negocios en Europa.

“El mencionado crédito sólo se efectivizaría en la medida que fuera necesario, conforme al devenir de los nuevos desarrollos de negocio vinculados al trading de gas natural y la construcción de infraestructura en Europa. JP Morgan Chase participó en el financiamiento de los citados emprendimientos”.

De acuerdo con el formulario de Pandora Papers, los fondos de la compañía offshore provenían de “combustibles y gas natural”. Los activos fueron valuados en U$12,6 millones, pero PAE dice que la firma no tuvo cuentas bancarias.

“El crédito nunca se efectivizó y consecuentemente Carlos Bulgheroni nunca recibió nada del fideicomiso”, agregó la compañía. “Alejandro Bulgheroni y Pan American Energy no tienen vinculación alguna con la consulta realizada”, concluyeron.

En el formulario, Alejandro y Carlos Bulgheroni figuran con domicilios en Buenos Aires. Ante la consulta sobre si Alejandro y Carlos Bulgheroni declararon ser los beneficiarios finales de Starcross, PAE respondió: “Carlos Bulgheroni se había radicado en Italia a principios de los 2000 y fue allí donde realizó los emprendimientos de negocio mencionados. Argentina no tiene vinculación alguna con Starcross Assets Limited ni tampoco con el desarrollo de los mencionados proyectos en Europa”.

Galperin

En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: US$4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes. Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.

Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.

En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. “Tuvo interés en conocer más sobre una empresa de tecnología líder en Rusia, un mercado emergente importante donde Mercado Libre no tiene ninguna participación ni presencia. También conocía a los fundadores a través de un accionista común, Tiger Global”, respondieron en Mercado Libre.

Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.

El empresario se radicó en Uruguay entre 2002 y 2016, volvió a fijar domicilio fiscal en Argentina tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia y regresó a Uruguay a principios de 2020.

Rocca

La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, cuyo fuerte es el mercado global de caños de acero para la industria petrolera y gasífera, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones. Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.

En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).

El origen de los fondos que se utilizaron para adquirir el departamento en Londres es la participación de Elena en el imperio de su familia: Techint. La mujer es hija de Roberto Bonatti, también director de Tenaris, principal compañía de la multinacional.

El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.

En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.

La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.

El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.

Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios. En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, “después de una larga lucha contra el cáncer”.

Techint sostuvo que “motivada por esta lucha contra la enfermedad, a fines de 2019 Elena Bonatti donó a la provincia de Corrientes el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, con una inversión de US$15 millones”. El centro médico se radicó en Curuzú Cuatiá “con profesionales médicos capacitados en Europa y tecnología de última generación para pacientes con y sin cobertura médica”.

La obra, afirmaron en Techint, tiene 2.150 metros cuadrados y “emplea 30 colaboradores entre profesionales médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, psicólogos, asistentes sociales, además de enfermeros y personal administrativa”, “con equipamiento médico de última generación, también donación de la señora Elena Bonatti”.

Pérez Companc

La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de US$2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por U$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

Un segundo formulario de Trident aportó información más completa, incluso con anotaciones a mano. Allí se señaló que la compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios. Actualmente, tanto Leariver Finance Limited como SM La Plata Holding #1 y #2 continúan activas.

Gregorio Pérez Companc anunció en 2009 en la Bolsa de Buenos Aires que había cedido gran parte de su patrimonio en vida y de manera directa a sus siete hijos. Para completar la transferencia, la familia creó la sociedad Santa Margarita LLC, con sede en Delaware, un territorio considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Esa estructura estuvo bajo la lupa de la AFIP durante siete años porque les habría permitido a los Pérez Companc no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero, como reveló elDiarioAR en diciembre de 2020.

Roemmers

Con un patrimonio de US$2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.

Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin. 

Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.

Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos de la nueva filtración. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.

Voceros de la familia respondieron que la firma de Belice fue creada a los efectos de optimizar las inversiones financieras y que fue declarada por el empresario ante la AFIP. “Sus activos y ganancias tributaron los impuestos correspondientes (ganancias, bienes personales y aporte solidario), oportunamente”, aclararon. ¿Por qué eligió un compañía de Belice? “Esta estructura es aconsejada por los bancos para administrar más eficientemente las inversiones en distintas plazas financieras”, explicaron.

Sigman y Gold

El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con US$2.000 millones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.

A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.

Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.

Werthein

En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con US$1.900 millones. Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.

En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía las facturas del estudio panameño que gestionaba los trámites de la sociedad, Alcogal.

La compañía tuvo distintos cambios de directorio entre 1998 y 2005 y allí asumieron, alternadamente, Dario Werthein; su esposa, Jacqueline Parisier de Werthein; y Marcelo Wegbrait (ejecutivo del Grupo W).

Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Asumieron como directores en distintos momentos, entre 1998 y 2013, Leo Werthein, Darío Werthein, Cynthia Werthein, Alberto Martín Iribarne y Norma Gold de Werthein. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. 

Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en archipiélago de bandera británica. De acuerdo con un borrador elaborado por los asesores de la sociedad, Norma Gold Werthein, madre de los empresarios, es la beneficiaria final y el origen de los fondos de la compañía es una “herencia”. La firma tuvo como objetivo hacer “inversiones financieras”. Como apoderados de hecho figuran los hijos de Norma, Darío, Judith y Cynthia Werthein.

La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas. Isaías Werthein (padre de los empresarios) es su beneficiario final. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island, “el barrio más rico de Estados Unidos”, según un artículo de El País.

Fuentes allegadas al Grupo Werthein se limitaron a señalan que las firmas Ducal Investments Limited y Carnold Overseas Limited “fueron creadas para oportunidades de negocios en el exterior que finalmente no se concretaron” y que “ninguna tuvo ningún movimiento”. Sobre la sociedad Hinslet Overseas Ltd. afirmaron que “fue creada para una cuestión sucesoria de Norma Gold Werthein con sus hijos, que ella es la beneficiaria y sus hijos, únicamente apoderados”. Respecto a Chai 18 Limited, fue creada por Isaías Werthein (padre de los empresarios), quien ha fallecido y que la familia “desconoce qué destino tuvo”.

Eurnekian

En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de US$1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.

En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”.

Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.

“Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Esta compañía fue creada el 12 de julio de 2012. El apoderado de esa firma es Carlos Lecueder, empresario y contador público uruguayo, quien dirige un estudio que presta servicios a argentinos, según surge de Pandora Papers.

Lecueder impulsó la construcción de las torres del World Trade Center (WTC) en Montevideo, emplazada en el Complejo del Buceo. Corporación América había presentado proyectos para ampliar y modernizar el Puerto del Buceo. La compañía opera el aeropuerto de Carrasco.

“Fue una sociedad holding, accionista de un centro comercial en Uruguay. La participación de Martin Eurnekian en dicha sociedad fue minoritaria y a título personal. La misma fue adecuadamente informada a las autoridades impositivas correspondientes. Se desconoce cualquier vínculo con el complejo del Buceo en Montevideo”, respondieron voceros de Corporación América ante la consulta.

Sobre si el director ejecutivo de Corporación América había declarado ante la AFIP ambas sociedades, voceros de la compañía respondieron que “Martin Eurnekian reside en Uruguay desde 2004”, por lo que “no es residente fiscal argentino” desde ese año. El empresario regresó temporalmente al país sólo en 2018 y 2019 “por cuestiones personales”, período en el que “declaró sus activos e ingresos ante la AFIP de conformidad con la normativa impositiva”.

Viskert Enterprises tuvo a Eurnekian entre otros 16 accionistas, todos con domicilio en Uruguay. La sociedad se disolvió el 28 de marzo de 2018, pero Corporación América sostuvo que para ese año, el empresario ya no era accionista de la sociedad.

De Narváez

El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en US$920 millones, ocupando el puesto número diez del ranking de los más ricos. Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez.

La familia es heredera de la cadena de tiendas Casa Tía, que a fines de los 90 se vendió por US$630 millones, según informó su abogado. En 2020, Francisco De Narváez adquirió los supermercados Waltmart. El empresario había incursionado en política durante el kirchnerismo, espacio al que se opuso. Llegó a ganarle una elección legislativa a Néstor Kirchner y fue electo diputado. Recientemente, se acercó al presidente Alberto Fernández con quien tuvo una reunión en Casa Rosada. 

Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.

A través de estas estructuras movilizaron fondos millonarios a favor de sus beneficiarios. Los documentos surgen de los proveedores Treuco Trust Company (de Nueva Zelanda) y CitiTrust o Asiaciti como agentes registrados. Eran gestionados desde Suiza, donde también se registraron cuentas bancarias. En los Pandora Papers, además, figura una sociedad llamada Flint Investments Pte. Ltd., radicada en Singapur.

“Todos esos trust están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Los fideicomisos, agregó el empresario, “obedecen a la administración de la fortuna familiar”.

Todos los fideicomisos fueron constituidos en 2004 y con bienes de Doris Steuer, madre de Francisco, Carlos, María y Juanita De Narváez, informó el abogado de Francisco De Narváez. Ese año, la hija del fundador de Casa Tía había fallecido. 

Los beneficiarios de cuatro de estos fideicomisos, los hijos y descendientes de Doris, fueron recibiendo dinero de los fideicomisos a partir de esa fecha, agregó el abogado. “Las percepciones de dinero fueron declaradas ante la autoridad fiscal argentina por parte de los beneficiarios”, aseguró. “Al recibir estos fondos, sus beneficiarios fueron cuestionados por la AFIP”, ya que la familia De Narváez entendía que no estaban alcanzados por impuestos, lo que originó reclamos y procesos tanto administrativos como penales.

El abogado aclaró que los procesos judiciales y fiscales fueron concluidos, sin sanciones de ningún tipo para la familia y adjuntó copia de las resoluciones judiciales a favor de los De Narváez.

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ED

Francisco De Narváez y Máximo Kirchner no se conocían. Político retirado, el dueño de Walmart llegó a la casa de San Isidro de Jorge Brito dispuesto a actuar un nuevo rol en la coyuntura más difícil para el gobierno del Frente de Todos. En contacto habitual con Sergio Massa y Eduardo De Pedro, el vencedor de Néstor Kirchner en la primera de las cinco elecciones que el kirchnerismo perdió en provincia de Buenos Aires fue la gran sorpresa de los encuentros que el gobierno organizó con un grupo distinguido de dueños en apenas cinco días. Igual que otros que soñaron a lo grande con gobernar la Argentina, De Narváez rifó irremediablemente su capital electoral pero volvió al negocio del supermercadismo y aprovechó la crisis para adquirir las sucursales de la cadena estadounidense en todo el país.

El empresario nacionalizado argentino quedó sorprendido por el conocimiento que el hijo de la vicepresidenta tenía de los números del presupuesto, ajustado, con que se maneja el peronismo de gobierno. En la casa de Brito, donde también estuvo Marcos Bulgheroni, surgió la idea de convocar a una reunión en la Casa Rosada en la que Alberto Fernández y Juan Manzur se sumarían a la sociedad Massa-De Pedro. La lista de los comensales se armó en San Isidro y nació con dos requisitos: que no participaran entidades sino dueños de empresas y que estuvieran dispuestos a colaborar con un gobierno hacia 2023. Debilitado por la crisis que no pudo resolver y golpeado por la catástrofe electoral que pocos en el oficialismo previeron, a la salida de la pandemia el ensayo del FDT quedó enredado en sus propias diferencias para afrontar la herencia más pesada de Mauricio Macri, los 44.000 millones de dólares que el ex socio electoral de De Narváez tomó de un saque, como si supiera que jamás iba a tener que responder por esa deuda. 

La convocatoria a los dueños reunió al oficialista irreductible Marcelo Mindlin con el monopolio Javier Madanes, la mano derecha de Marcos Galperin, Juan De la Serna, y otros dos empresarios destacados: Alejandro Simón, que desde Sancor Seguros está asociado hace años a la Fundación Ineco de Facundo Manes, y Hugo Eurnekian, el sobrino de Eduardo, que se dedica a los negocios energéticos de Corporación América y declaró ante la justicia haber aportado para la recaudación de Roberto Baratta. Enfrente, cuatro hombres en busca de representar la heterogeneidad del FDT y cubrir la ausencia de una mujer. 

Algunos representantes del sector financiero, otros muy interesados en avanzar con proyectos en litio, petróleo y gas, entre los hombres de negocios hay herederos que dicen compartir una mirada generacional con las nuevas camadas del funcionariato peronista.  ¿Por qué acudir ahora al llamado de un gobierno débil? “Nuestras empresas valen un 10% de lo que valían hace 10 años. Hay que revertir esta tendencia”, dice uno de los defensores del consenso a manera de explicación. De Narváez, según cuentan a su lado, tiene un argumento extra: mientras muchos de sus amigos buscan refugio impositivo en la ciudadanía uruguaya, él eligió ser argentino. 

No estaba Luis Pagani, el dueño de Arcor que esta vez se excusó por estar de viaje en Estados Unidos. Y no estaban tampoco dos pesos pesados que expresan la línea dura patronal desde la trinchera de la Asociación Empresaria Argentina, Paolo Rocca y Héctor Magnetto. Arrepentido de la causa Cuadernos, el dueño de Techint viene de ser sobreseído por el juez federal Julián Ercolini en el mismo fallo insólito que condenó a Baratta por haber cobrado las coimas que Paolo admitió haber pagado. Si la UIF del gobierno decidió en un primer momento mirar para otro lado y no apelar el fallo, Rocca aprovechó para seguir como si nada y volver a pontificar sobre los males del país desde la tribuna de la UIA. Quizás en el oficialismo en el esperaban algún tipo de correspondencia. 

Con el jefe de Clarín, la situación es distinta. La enorme decepción que sienten en la calle Tacuarí con Alberto Fernández es comparable a la que se respira en la residencia de Olivos. Alberto vivió un idilio con Clarín durante sus días de panelista televisivo pero en el gobierno se topó con un tratamiento que no esperaba. Suele decirlo un colaborador que no se despega del Presidente ni por un instante: “Alberto fue con la bandera blanca y se la agujerearon a tiros”. Lejos quedó aquel “Héctor no me deja mentir” del ganador de las PASO 2019 en la alfombra del Malba; ahora Fernández se dedica a cuestionar los títulos del gran diario desde Twitter. Un ataque de kirchnerismo tardío.

Hasta el momento sin invitación, Rocca y Magnetto son dos ausencias gigantescas en la mesa de los dueños que se diagramó en San Isidro. El sello empresarial que armaron a la salida del estallido de 2001 contrasta con la UIA precisamente por ser nuclear a los “titulares de las empresas más importantes del país”. Si quedaron afuera, es porque no cumple con el segundo de los requisitos borroneados en la casa de Brito hijo: estar dispuestos a colaborar con un gobierno débil, que busca -desde hace un año, cada día de manera más desesperada- un pacto de supervivencia. El problema no es con pertenecer a AEA. Bulgheroni y Galperin son parte de la entidad, a Alfredo Coto ya le cursaron una invitación para la próxima reunión y Daniel Herrero, el presidente de Toyota que ahora además preside ADEFA, es uno de los empresarios favoritos del gobierno. 

Entre los que estuvieron en la Rosada dicen que el primer encuentro se pensó con la idea de trascender la coyuntura electoral y trabajar en busca de presentar un “plan de estabilización y desarrollo”. Fue De Narváez el que desmintió, en el aire endogámico de Radio Mitre, la tapa de Clarín que aseguraba que el Presidente había “pateado” el acuerdo con el Fondo para el año próximo. El dueño de Walmart pidió en Balcarce 50 una respuesta que ya tenía: la vicepresidenta acompaña el entendimiento con el acreedor privilegiado de la Argentina, como quedó claro la noche del cierre de listas en que ella misma anunció que el gobierno no iba a poder usar los Derechos Especiales de Giro para recuperar la economía. Lo mismo dejó en claro Máximo Kirchner en San Isidro. El problema no es ese sino los 20 años de gracia que pretende el cristinismo y no están disponibles en el vademécum del Fondo para países adictos a la deuda y el gobierno puja en soledad por encontrar una salida que no aparece. Lo dijo Fernández, el que más habló durante las tres horas del almuerzo, en un mensaje más de los que el oficialismo pretende hacer llegar a la oposición:

-A mí me dan cuatro años para pagar, ¿pero el próximo gobierno qué hace?

En la Rosada, se festejó el encuentro de Guzmán con Georgieva y, tal vez más, el contacto del ministro de Economía con David Lipton, el gran responsable de que el Fondo violara su propio estatuto para financiar la aventura de Macri. Ahora número 2 de Janet Yellen en el Tesoro norteamericano, Lipton no lo sensibilizan los pedidos de clemencia del gobierno argentino ni las oraciones del Papa Francisco. 

Guzmán esta vez no estuvo solo en Estados Unidos. Con abstinencia por no haber podido visitar la madre patria durante la pandemia, Manzur voló a Nueva York antes de cumplir un mes como jefe de Gabinete. Dijo que lo hacía por indicación del Presidente, lo que no deja de sorprender si se tiene en cuenta que, en 21 meses en el cargo, Santiago Cafiero solo viajó a Chile para avalar un tratado que requería su firma. Más que un pedido de Alberto, parece ser la vocación de un peronista que se delata nostálgico de las relaciones carnales. 

El Casa Rosada, Fernández, Manzur, Massa y De Pedro oyeron el clamor empresario por transformar la precariedad de hecho en legislación laboral. El Presidente respondió rápido: “No es el momento de plantearlo”, dijo. Con salarios pulverizados en los últimos cuatro años, caída del empleo registrado y la mitad del mosaico laboral en la informalidad, los comensales acordaron en convocar al sindicalismo para discutir el pasaje entre dos mundos. Otra vez, el criterio pasa por dirigentes de peso específico y no representantes de organizaciones. De ser así, a Héctor Daer tendrán que acompañarlo no solo el ultraflexible Gerardo Martinez sino también Hugo Moyano -interlocutor quincenal de De Narváez en Walmart-, las dos corrientes de la CTA y Luis Barrionuevo, que el viernes recibió al Presidente en la sede de su sindicato con cara de poker. Si se concreta, esa mesa dirigencial no hará más que desplazar en los hechos al Consejo Económico Social que nunca terminó de arrancar y al padre de la criatura, el albertista de la liberación que no fue, Gustavo Beliz. 

En una semana en la que el Presidente y medio gabinete desfilaron por el Coloquio de IDEA -ese foro que Kirchner despreciaba-, el gobierno intenta cambiar de interlocutores para lograr los acuerdos que hasta hoy no llegaron. Así como el Consejo Agroindustrial desplazó en los hechos a la Mesa de Enlace y el dialoguista Herrero asumió en ADEFA en lugar del más distante presidente de Ford, la convocatoria individual a los dueños apunta a disociarlos del sello de AEA. Es un nuevo esfuerzo del peronismo por encontrar un “lenguaje común” con los que toman decisiones, de cara a los próximos dos años y más allá del resultado electoral. 

Entre los funcionarios que comieron con Mindlin, De Narváez, Brito y Bulgheroni sorprendió la frase que uno de ellos pronunció en privado: “El problema de la Argentina no son los 46 millones de habitantes. Son 100 dirigentes que explican el fracaso de los últimos 30 años”. El sincericidio no apelaba al chiste fácil de culpar sólo a la casta política: extendía la responsabilidad a empresarios, sindicalistas y miembros distinguidos del Círculo Rojo que no saben qué significa la autocrítica. 

Tal vez alguien en el gobierno esté pensando que estos dueños puedan ser el nexo para llegar finalmente al acuerdo con la oposición que el propio cristinismo reclama de a ratos para hacer frente a la montaña de deuda que dejó Macri. Cerca de Horacio Rodríguez Larreta admiten que Juntos no tiene incentivos en campaña para arrimarse a un peronismo que viene de sufrir un fuerte rechazo electoral. Después, sin embargo, el entendimiento parece inevitable, de cara al acuerdo con el Fondo y los dos años que asoman a pura tormenta. Si el gobierno, la oposición, el sindicalismo y los empresarios logran finalmente el milagro de sellar acuerdos mínimos, la pregunta es quién va a velar por los intereses de los casi 19 millones de pobres que registra el INDEC. 

El índice del 3,5% de inflación acaba de desmentir el vamos bien que pretende contagiar Guzmán. El IPC del 52% interanual atenta contra el dispositivo de reducción de daños de la campaña. Lo explica el último informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación German Abdala, que pone de relieve la reducción magra de la pobreza -de 42% a 40,6%- en el primer semestre del año, un período en el que 862 mil personas más se incorporaron al mercado laboral. La recuperación parcial del empleo no alcanzó para lograr una caída significativa del indicador que mide las necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué? El informe apunta a la razón principal: “La aceleración inflacionaria que puso en jaque la recuperación de los ingresos reales”. 

Son los desafíos que no solo el gobierno actual sino también el próximo tendrán que afrontar sin dilaciones. Si el acuerdo con el Fondo se anuncia como parte de una nueva etapa de ajuste, a los Fernández tampoco le sirve la demora en un marco de inestabilidad, falta de dólares y alta brecha cambiaria.  

Mientras el mercado sigue apostando a la devaluación post noviembre que Guzmán negó en el coloquio de IDEA, el último informe de Emmanuel Álvarez Agis sostiene que el peronismo unido transita este año un sendero similar al del año en que Massa rompió con Cristina. En 2013, dice, se observó una dinámica similar a la actual: el Banco Central pasó de una devaluación promedio de +1,5% mensual entre enero y junio a +2,1 en julio y +5,1% en diciembre. “Esta estrategia no tuvo éxito y el BCRA vendió casi USD 6.637 millones en ese período y con brecha cambiaria en casi 60%”, dice. Para el entonces viceministro de Axel Kicillof, la salida del laberinto debería ser la de apreciar el dólar paralelo en lugar de devaluar el oficial. Para eso, afirma el director de PxQ, Guzmán debería lograr un mayor ingreso de dólares y relajar el control de cambios en el corto plazo, justo lo contrario de lo que el gobierno acaba de hacer.

DG

El almuerzo del martes pasado no fue el primer cara a cara de Francisco de Narváez y Alberto Fernández en La Rosada. El actual presidente y el empresario ya se habían reunido en la Casa de Gobierno. La cita previa ocurrió hace más de 16 años. En febrero de 2005, De Narváez pidió una audiencia con el presidente Néstor Kirchner. ¿Motivos? “Tengo unos estudios sobre el sistema previsional que quisiera poner a disposición del gobierno”, fue el argumento formal que el empresario le dio por teléfono al entonces jefe de Gabinete de Kirchner, Alberto Fernández.

El exdueño de Casa Tía coqueteaba con la posibilidad de saltar a la política desde hacía cuatro años. Su interés por la presentación pública se le despertó junto a su examigo Mauricio Macri, con quien para ese momento ya estaba distanciado. A principios de 2005, De Narváez ya tenía definido en qué partido e identidad política desembarcar. Pero aún no decidía en qué rama del peronismo iba a militar. En las presidenciales de 2003 había apoyado a Carlos Menem en el balotaje que no se concretó. Había respaldado al riojano como mecenas y potencial ministro de Desarrollo Social, en un hipotético gabinete menemista. Pero el dos veces presidente se bajó de la competencia contra Kirchner, ante una derrota segura. 

En diciembre de 2003, De Narváez ofrendó un mea culpa público al kirchnerismo través de la prensa. Desde la tapa de la revista Poder, al ex financista de la campaña de Menem se lo presentaba como “El primer arrepentido”. En la nota se explicaba que “en los noventa abrazó al neoliberalismo y vendió sus empresas. Financió la última campaña de Menem y hoy adhiere al kirchnerismo”. Y De Narváez completaba la explicación: “Conocí al presidente Kirchner a través de su gestión, como la mayoría de los argentinos. Convengamos que cuando lanzó su candidatura era básicamente un desconocido en la política nacional. En esta primera etapa me ha sorprendido mucho y positivamente. Coincido mayoritariamente con lo que está haciendo el gobierno, que tiene una propuesta casi revolucionaria al encarar cambios estructurales que van a hacer una Argentina diferente”.

De Narváez buscaba congraciarse con el gobierno en nombre de su doble condición: hombre de la política en ciernes y empresario aún activo. En 2004, estaba listo para poner 440 millones de dólares para comprar la cadena de supermercados Disco. Pero necesitaba que el oficialismo le aprobara la transacción. Para conseguirlo, había difundido una solicitada en los diarios que rebosaba de fe nac & pop. “Estoy dispuesto a invertir en una empresa como Disco, porque creo en nuestro país y creo que es posible reconstruir el empresariado nacional pensando en el bienestar de la población”, planteaba. Pero no hubo caso porque el grupo chileno Cencosud, dueños de la cadena de hipermercados Jumbo, se terminó quedando con Disco.

Si bien se cayó esa compra, su rama de intereses ya excedía largamente el supermercadismo y el retail. De Narváez sabía que para jugar a la política en serio necesitaba de un complemento: medios de comunicación. En 2002, cuando los canales estaban vulnerables en sus balances y listos para ser fagocitados por cualquier actor mayor, había hecho una oferta por Canal 9 (le ofreció a Marcelo Tinelli ser socios en la compra y mudar ahí sus programas), otra por Telefé y una última para entrar en Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli. Pero ninguna prosperó y, para 2005, su nuevo plan era apropiarse del canal América. Algo que lograría unos meses más tarde.

Así, en febrero de 2005, la reunión con Kirchner se concretó en el despacho presidencial. Lo recibió Alberto Fernández, y a la media hora apareció Néstor Kirchner. Esa era la dinámica habitual de las citas con el ex presidente. En el encuentro, el estilo atolondrado e informal de Kirchner contrastó con la solemnidad de De Narváez. “Señor presidente, le agradezco mucho su tiempo”, fue su línea de apertura, mientras le tendía la mano firme y miraba los ojos estrábicos de Kirchner.

En el almuerzo del martes pasado con Alberto Fernández, más un grupo de empresarios y los dirigentes Juan Manzur, Eduardo “Wado” De Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner, De Narváez se volvió a mostrar bastante formal. Al presidente lo trataba sin falta de usted. Hasta que en un momento Alberto Fernández lo interrumpió: “Tuteame, Francisco, nos conocemos hace mucho”, pidió el Presidente. 

En el cara a cara de 2005 con Kirchner y Fernández, el empresario pelirrojo planteó algunas dudas sobre la estabilidad a futuro del sistema previsional argentino. Un sistema, el de las AFJP, que el gobierno estatizaría tres años después. El objetivo real de De Narváez era acercarse al oficialismo. Y así fue interpretada la escena por Fernández.

Dos meses después, De Narváez fue incluido en el seleccionado de empresarios que iba a acompañar a Kirchner y Cristina Fernández en una gira por Alemania. El objetivo del viaje era conseguir inversiones y renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Más de 15 años más tarde, Martín Guzmán acumula citas en Nueva York y Washington, el tironeo con el FMI volvió a ser tema de conversación durante las tres horas de lunch en La Rosada. Y existió otro déjà vu: el martes, De Narváez se ofreció para acompañar al Presidente y a sus ministros en alguna gira oficial próxima, a la pesca de inversores.  

“Destaco la convicción del Presidente de que va a haber un acuerdo con el FMI, el mejor acuerdo posible para los argentinos. Y cumplible. Porque no tenemos la mejor trayectoria en ese sentido”, comentó De Narváez en Radio Mitre el miércoles pasado. El actual dueño de WalMart ofició de vocero del encuentro. Se atrevió a contradecir la tapa del diario Clarín, en un gesto destacado por Alberto Fernández vía twitter. 

“'¿La señora vicepresidenta está de acuerdo’?. La respuesta fue ‘Sí'”, reveló además De Narváez sobre la charla reciente en La Rosada. La consulta, dirigida al presidente, buscaba constatar si Cristina Kirchner avalaba un posible acuerdo con el FMI.

En 2005, la comitiva se completaba con Julio De Vido, los ministros de Educación, Daniel Filmus, y de Economía, Roberto Lavagna; el canciller Rafael Bielsa; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; el vocero presidencial, Miguel Núñez; el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner; los senadores Miguel Ángel Pichetto y Carlos Reutemann. Por los empresarios, iban el presidente de Siemens, Matthias Kleinhempel, antes de que se confirmara el pago de coimas en la confección de DNI durante el menemismo; Víktor Klima, de Volkswagen; Carlos Wagner, de la Cámara Argentina de la Construcción, y Alfredo Roman, de Exolgan. 

Cuando Oscar Parrilli lo llamó para invitarlo, De Narváez le encargó a su asesor en economía que le preparara un discurso. ¿Quién era su voz autorizada en esa materia? El actual senador Martín Lousteau, quien todavía colaboraba en la fundación narvaecista Unidos del Sud. El empresario le pidió que le preparara un discurso de tipo keynnesiano para lucirse frente a los industriales alemanes y el presidente argentino. 

El 11 de abril de 2005, políticos y empresarios partieron en un Boeing enorme cedido por Aerolíneas. Fueron cuatro días de gira por Alemania. Una mezcla de lobby de alto vuelo y turismo social por el portal de Brandeburgo y el campo de concentración de Dachau. Ante la cámara de industriales de Munich, De Narváez dio su discurso en inglés, con letra de Lousteau. De Narváez ahora asegura que ya entonces Cristina Kirchner le había resultado soberbia.

“Durante el viaje lo mirábamos como lo que progresivamente fue dejando de ser: un parvenu, alguien que merodeaba la política por ocio, por esplín, una melancolía sin causa definida, una angustia vital. No se lo tomaba en serio como empresario, ni mucho menos como político. Era ‘apenas’ millonario”, recuerda poéticamente el entonces canciller, Rafael Bielsa.

Pese al gesto de acercamiento mutuo, De Narváez terminó jugando para el duhaldismo en las legislativas de octubre de 2005. Fue la elección que determinó el quiebre en la sociedad entre Kirchner y el expresidente Duhalde. El empresario nacido en Colombia integró, como candidato a diputado nacional, la boleta del lomense en La Provincia. Ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados. Si bien su espacio perdió contra el que encabezaba Cristina Kirchner, De Narváez accedió a una banca. Fue su puerta de entrada a una carrera que tendría su pico de gloria cuatro años después, en las legislativas de 2009. 

Ahora, El “Colorado” ya no cuenta con ambiciones electorales. Aunque sí pretende ser un actor con juego propio en la mesa del poder. “No tengo ninguna aspiración de ocupar cargo político”, aclaró a la salida del encuentro con el presidente. “Pero sí quiero influir sobre las políticas públicas. Eso tiene que ver con mi rol de empresario. Salí muy entusiasmado de la reunión”, aseguró el dueño de Walmart.

AF