El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al solicitar un “historial completo de dominio” de propiedades vinculadas al funcionario y requerir información detallada sobre sus viajes al exterior.

El pedido fue dirigido al juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo el expediente, con el objetivo de avanzar en una investigación que busca determinar si el nivel de vida de Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. En ese marco, también se libraron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir con precisión sus salidas del país.

La pesquisa no solo abarca los movimientos del funcionario, sino también los de su entorno cercano. El fiscal solicitó datos sobre los viajes realizados por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y por el periodista Marcelo Grandío, además de otras personas mencionadas en la causa. Entre los puntos bajo análisis figura un presunto viaje al Caribe -con foco en una posible visita a Aruba-, así como los detalles de vuelos, escalas, rutas y quién habría financiado esos traslados.

En paralelo, la investigación pone la lupa sobre distintas propiedades. Se requirió documentación vinculada a una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que estaría a nombre de la esposa del funcionario, y a un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el matrimonio.

Como parte de las medidas de prueba, este miércoles deberá declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración de ambos inmuebles. Uno de los ejes de la investigación es el valor declarado del departamento, que según consta en la escritura sería significativamente inferior al de mercado.

Asimismo, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble porteño el historial completo de los bienes bajo análisis, incluyendo titulares, transferencias, hipotecas y demás antecedentes registrales.

Las sospechas se intensificaron tras conocerse que dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, habrían otorgado una hipoteca no bancaria a favor de Adorni por más de 200 mil dólares. Según trascendió, ambas aceptaron condiciones que cubrían el 87% del valor de la propiedad, aunque luego aseguraron no conocer al funcionario.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

Entre los requerimientos, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con sus ingresos declarados.

En particular, el fiscal solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de determinar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También pidió conocer quién afronta el pago de las expensas y si se tramitaron los permisos de construcción correspondientes ante el municipio.

A su vez, requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

La batería de medidas se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, además de información sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.

Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los últimos años, junto con sus anexos reservados, para analizar la consistencia de la información presentada.

Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.

Además, esta semana trascendió otro eje de conflicto con los planes asistenciales: el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó una auditoría a pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que determinó que de un total de 2.646 comedores 1.247 no pudieron ser validados. 

Estas son las cinco claves de la causa judicial que se centra en presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales, es decir el primero de los dos asuntos.

¿Cómo surge el caso?

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de diciembre de 2023, en medio de las movilizaciones por el aniversario del estallido de 2021, que también se convocaron contra el gobierno de Milei. El ejecutivo habilitó entonces una línea telefónica de denuncias, la 134, invitando a beneficiarios de planes sociales a denunciar a las organizaciones sociales en casos de extorsiones o exigencias de movilizarse a cambio de recibir el plan social.

El ministerio de Bullrich informó a la Justicia que la línea 134 recibió 13.310, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. Tras corroborar la verosimilitud, se derivaron 924 casos. La denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. 

De las 924 denuncias, el fiscal tomó 45 correspondientes a su jurisdicción: Capital Federal. Del análisis de los 45 casos denunciados pudo localizar sólo a 7 denunciantes y apenas 5 aceptaron declarar. Esos cinco casos son el centro de este expediente. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

¿Quiénes están acusados?

Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles. 

¿De qué se los acusa?

Están acusados principalmente de administración fraudulenta. La fiscalía sostuvo en un dictamen que tendría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fue desviada del destino presupuestario que le correspondía.

Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales. 

Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que actualmente representa $78.000 por mes—, debía seguir asistiendo a las “marchas” y “movilizaciones” que indicaban los referentes del comedor. En caso de ausentarse, se les daba de baja el plan.

Si se asistía a determinada cantidad de “marchas”, se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior —entre $150.000 y $200.000 por mes, según cada caso—. A estos se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”. En un segundo nivel por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban más dinero —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades.

Para recibir las cajas de alimentos del Gobierno nacional, los beneficiarios debían entregar “cápitas”, “cuotas” y “alquiler de comedor”. También denunciaron haber sido obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia. Además, se les exigía también asistir a las movilizaciones e incluso repartir volantes de candidatos a comicios electorales. 

El sistema, según los denunciantes y otras pruebas, incluía sanciones y medidas de control: toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tarea, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etcétera—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados.

¿Cuáles son las pruebas?

Además de los cinco testimonios, los denunciantes aportaron capturas de WhatsApp y el juzgado ordenó intervenciones telefónicas a pedido de la fiscalía. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones en los chats telefónicos, los imputados publicaban la lista de personas que no recibirían mercadería por no haber ido a las movilizaciones o aquellas que serían degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con la asistencia a las movilizaciones.

Durante los allanamientos de los últimos días, la Justicia secuestró documentación y teléfonos celulares de los imputados, que deben ser peritados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los resultados de esas pericias serán clave para que el juez decida si cita a indagatoria a los acusados. Las defensas pedirían la nulidad de todo lo actuado.

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con el expediente, el Gobierno nacional ha sustituido el “Plan Potenciar Trabajo” por nuevos programas sociales, como “Programa Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. También ordenó el cese de las actividades de las Unidades de Gestión y Unidades de Certificación del Potenciar Trabajo, impidiendo así que las organizaciones sociales canalicen la prestación social. 

ED/JJD

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este jueves el pedido de detención contra Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dirigente de La Cámpora, informó una fuente de la investigación a elDiarioAR. El subdirector del fisco se presentó este jueves con su abogado defensor en el expediente y el juez le prohibió salir del país. El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la detención y su declaración indagatoria de Rodríguez por presunto espionaje ilegal.

Rodríguez fue allanado el lunes último a pedido del fiscal, quien detectó que el funcionario había encargado supuesta tareas de inteligencia ilegal al expolicía Ariel Zanchetta, acusado de los delitos de violación del secreto y de la privacidad y supuesta tentativa de defraudación.

La fiscalía había argumentado que Rodríguez no se encontraba en los sitios allanados, por lo que su teléfono personal no pudo ser secuestrado. Desde entonces, Rodríguez debió presentarse ante la Justicia y nombrar abogado defensor, algo que no sucedió hasta este jueves y desactivó así el pedido de la fiscalía.

El juez del caso basó su rechazó al pedido de detención en la presentación de Rodríguez ante la Justicia, pero le prohibió salir del país, informó la fuente de la causa. 

El magistrado también rechazó el pedido del fiscal para volver a allanar el domicilio particular y laboral de Rodríguez, quien es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP, “a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”.

Durante los procedimientos del lunes en su casa, la Gendarmería secuestró 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil.

“En concreto, según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”, sostuvo Pollicita al solicitar la indagatoria del funcionario.

“Las evidencias digitales halladas demostraban que las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial”, afirmó el fiscal en el pedido de detención. “Se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”, agregó Pollicita.

El juez Martínez de Giorgi solicitó al fiscal analizar toda la información secuestrada y extraída de los dispositivos secuestrados antes de indagar a Rodríguez.

Este miércoles, Pollicita envió información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Rodríguez quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Los “partes”

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictámen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

El encargo que más compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales,

monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel“, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/MG

Tras la pista de la pauta oficial, el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga hasta dónde llegan la red de contactos y el financiamiento estatal al expolicía Ariel Zanchetta, procesado y detenido por realizar espionaje presuntamente ilegal y operaciones políticas a través del sitio web EnClave.ar, informaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

Hasta el momento, el fiscal tiene identificado al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y número dos de la estructura comunicacional de La Cámpora, quien le garantizó a Zanchetta una pauta de casi $2.000.000 de la provincia de Buenos Aires a cambio de “partes” de inteligencia y operaciones de prensa. 

El expolicía y supuesto espía, quien aseguró a la Justicia que es periodista, es uno de los imputados en una causa centrada en tareas de presunto espionaje y hackeo a jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también procesó y detuvo al misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, acusado del hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles, Pollicita obtuvo información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar y envió el material a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

Este lunes, el juez Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en el domicilio y la oficina de Rodríguez en la AFIP. En su casa, se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien hasta este miércoles por la tarde no había presentado abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El encargo que compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

En el camino hacia el juicio oral y público, los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en los que registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. Así lo solicitaron algunas de las defensas de los imputados durante la etapa de ofrecimiento de prueba que finalizó en las últimas semanas.

Las expectativas, explicaron tres abogados defensores consultados por elDiarioAR, están puestas en que el tribunal ordene una pericia sobre los seis originales en papel para determinar dos puntos centrales: en qué fechas se escribieron los cuadernos; y quién sería el segundo escribiente que realizó modificaciones, una novedad que reveló una pericia realizada en otro expediente por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Hay otra pista que queda pendiente: qué leyendas, nombres o direcciones se corrigieron con liquid paper y por qué.

Algunas de las defensas, como la de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, vienen solicitando la realización de pericias sobre los seis cuadernos en papel que se incorporaron a la causa en 2019, pero hasta el momento el único estudio oficial sobre la prueba documental es el realizado por la Federal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye un expediente originado por una denuncia del empresario Armando Losón, del Grupo Albanesi, uno de los arrepentidos de los cuadernos, quien sostiene que la mitad de las menciones a su persona en los cuadernos serían falsas. Se basa en alteraciones al texto que detectó un equipo de peritos caligráficos privados contratados por el imputado. Losón presentó una denuncia y Martínez de Giorgi ordenó una pericia oficial a la Federal.

Pero se trata de un estudio parcial: no fue realizada sobre los originales papel sino sobre las fotografías digitales de los mismos; no se hizo sobre todos los cuadernos sino sólo sobre tres; y tampoco forma parte del expediente de los cuadernos que debe ir a juicio, sino de una causa paralela que se encuentra en primera instancia. 

Aún así, los resultados de la pericia caligráfica oficial aportaron elementos a las defensas para poder insistir al tribunal oral con la realización de un estudio más profundo sobre los cuadernos. 

Un diario o de corrido

Los peritos de la Federal analizaron 189 archivos de imágenes JPG enviados en un pendrive a través de instrumental óptico e informático. Determinaron que al menos los cuadernos 4, 7 y 8 fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas correcciones atribuidas por los expertos a “otro escribiente”, no identificado hasta el momento.

Alejandro Rúa, abogado de Baratta, es uno de los abogados que solicitó al tribunal que ordene una pericia caligráfica de los cuadernos originales en papel. “Lo más interesante de los resultados de la pericia caligráfica oficial es que determinó que no fueron escritos como un diario”, dijo a elDiarioAR ante la consulta.

Los peritos que analizaron los cuadernos 4, 7 y 8 determinaron que el primero sí fue escrito como un diario, con registros realizados durante distintos días y momentos. Sin embargo, los cuadernos 7 y 8, según los expertos de la federal, habrían sido escritos de corrido, en un mismo momento. 

“La hipótesis de la defensa es que antes de 2017 podrían haber existido algunos de los primeros cuadernos -como el 4- pero el resto, los más recientes, fueron escritos en 2017”, afirmó Rúa. “Esto lo basamos en el hecho de que entre 2016 y 2017, Baratta recibía constantes mensajes de la ex esposa de Centeno reclamando que interviniera a favor de la mujer durante la separación, por ejemplo, sobre la tenencia de los perros de la pareja. En abril de 2017, Horovitz hace referencia a los cuadernos por primera vez en esos mensajes. Creemos que los cuadernos tenían como fin extorsionar a Baratta”, aseguró el abogado del exfuncionario.

¿Pueden los peritos determinar cuándo se escribieron los cuadernos?

Data de escritura

Los peritos caligráficos pueden determinar una fecha aproximada del año en que se escribió cada uno de los cuadernos siempre y cuando cuenten con los originales en papel. 

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia caligráfica a la Federal, los peritos intentaron realizarla sobre los originales de papel, pero el Tribunal Oral Federal número 7 negó el acceso a la prueba documentos, que permanece bajo su custodia. Los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales que se les entregaron en un pendrive. 

En el informe, los expertos aclararon que “en todos los casos”, la norma general es que “el peritaje documentológico caligráfico se efectúa exclusivamente sobre el original” en papel. La exigencia -agregaron los peritos- se basa en tres circunstancias especiales: una de ellas es que la fotografía convencional es la fiel expresión de la verdad; siempre que el fotógrafo actúe de buena fe (es decir, que las capturas de imágenes se hayan realizado con un eficiente equipo y no hayan sido modificadas o alteradas digitalmente). El juez Martínez de Giorgi les comunicó que consideraba “indubitables” las fotos digitales.

Además, los peritos explicaron que “en las fotocopias, duplicados, reproducciones fotográficas, reproducciones fotomecánicas, etc., no se puede efectuar el estudio del papel”, “tipo de elemento escritor y tintas usadas en la confección del documento”; y que “solo es posible efectuar el análisis extrínseco o general de la escritura y los parciales intrínsecos.

Aún así, fue posible desarrollar el estudio, pero el dictamen es “parcial”, aseguraron. Pero no pueden determinar la fecha de escritura sin acceso a los originales en papel. Y resta establecer otra cuestión, más allá de lo técnico: cuál sería el impacto de la data de escritura en un caso en el que decenas de empresarios declararon como arrepentidos y admitieron en sede judicial hechos que fueron mucho más allá de los registros de Centeno. 

Sólo por mencionar algunos casos centrales, Aldo Roggio admitió que su empresa pagó sobornos por valores equivalentes al 5% de los subsidios al transporte que recibió durante parte del kirchnerismo; Carlos Wagner describió los pormenores de la cartelización de las obras públicas viales; Angelo Calcaterra sostuvo -al igual que Losón- que pagó aportes de campaña ilegales para poder seguir contratando con el Estado.

Liquid paper

Los peritos privados que contrató el empresario Losón realizaron una pericia caligráfica y otra lingüística de los ochos cuadernos, en base a las fotografías digitales de los originales. Los resultados no son públicos ni fueron presentados hasta el momento ante la Justicia, y los expertos habrían detectado 116 enmiendas sobre la escritura original de los ocho cuadernos (algunas de las cuales fueron realizadas por el propio Centeno y otras, por “otro escribiente”), según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas del caso. 

El abogado de Losón, Carlos Vela, sólo presentó los resultados de la pericia privada sobre los cuadernos 4 , 7 y 8, que contienen las menciones a su cliente. 

Tras analizar esos resultados del estudio privado, el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia oficial en mayo último. Entre los puntos de pericia, el magistrado solicitó que se estudien las anotaciones borradas con líquido corrector blanco (o liquid paper) a través una prueba química cromatográfica para determinar con extracciones y análisis químicos si fueron agregados en la misma época o a lo largo de distintos momentos, es decir, si Centeno u otra persona realizó los tachados con el corrector blanco a medida que escribía el cuaderno o si fueron realizadas posteriormente con el fin de enmendar datos registrados durante la escritura original.

Este tipo de estudio se utilizó en el caso Hotesur. El fiscal de la causa iniciada por Losón, Gerardo Pollicita realizó esa misma prueba para remover el corrector líquido en actas de asamblea de la empresa hotelera de los Kirchner, lo que le permitió descubrir que se intentó borrar con líquido corrector la participación societaria de la expresidente en la empresa: debajo de donde se leía “Máximo Kirchner”, estaba el nombre de Fernández de Kirchner, de acuerdo con el dictamen de elevación a juicio del caso.

Cuando se tienen los originales, las tachaduras y ocultamiento de partes del texto con corrector líquido blanco se pueden tratar con un infrarrojo, luz transmitida y filtros IR para descubrir el texto original censurado por el escribiente, explicaron los peritos de la Federal.

En el cuaderno 7, por ejemplo, los peritos oficiales identificaron 115 “acciones aditivas” y tres “acciones supresivas” con tachados o ocultamiento con corrector líquido blanco. Los expertos analizaron una de ellas realizada una de las direcciones en las que Centeno anotó que Baratta mantenía reuniones con Losón (“Alem 855”).

La anotación es del 25 de julio de 2013, a las 12:20 horas. La dirección de la avenida Alem está escrita sobre el corrector líquido. Los peritos lograron establecer que se tachó con el liquid paper la leyenda “Grierson”, que se referiría a la calle Cecilia Grierson del barrio Puerto Madero, que no estaría vinculada a Losón. La defensa del empresario sostiene que se tachó para agregar la dirección de Alem para perjudicar a su cliente y que el registro no sería fiel.

La eventual pericia caligráfica de los ocho cuadernos puede ser una caja de Pandora, explicó un segundo abogado defensor del caso. Los empresarios no saben a quién perjudicará o beneficiará descubrir qué hay debajo de las correcciones con liquid paper. De hecho, ningún otro empresario acusado en la causa de los cuadernos se sumó a la causa iniciada por Losón. 

ED/MG

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública ingresó en una etapa clave para el futuro del caso que involucra a decenas de los empresarios otrora más poderosos del país y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras una pericia oficial abrió la puerta a un escenario todavía incierto.

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes que vienen más atrasados-. Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. 

Mientras tanto, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un expediente paralelo a la causa de los cuadernos tiene a varios de los involucrados a la expectativa. En el caso, el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Esta no es la “contracausa” de los cuadernos, afirmaron dos fuentes directas del expediente a cargo de Martínez de Giorgi ante la consulta de elDiarioAR. La pericia oficial fue realizada por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una denuncia del empresario Armando Losón, quien fuera el presidente del Grupo Albanesi, uno de los principales proveedores energéticos y constructores de gasoductos, hasta que fue detenido y procesado por el caso cuadernos, en agosto de 2018. Desde entonces, su defensa, a cargo del abogado Carlos Vela, sostiene que la mitad de los diez hechos que se le imputan en la causa que instruyó el juez Claudio Bonadio son “falsos”. Por eso, la pericia oficial sólo se centra en las menciones a Losón. 

Losón aún no ha sido enviado a juicio por los cuadernos, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó revisar su caso y actualmente su expediente continúa en primera instancia, a diferencia del resto de la megacausa de los cuadernos. En paralelo, además, Losón inició esta segunda causa penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Martínez De Giorgi y en la fiscalía de Gerardo Pollicita. 

El empresario sostiene que parte de los cuadernos tendrían datos adulterados sobre su persona a través de alteraciones a los escritos originales de Centeno. En este segundo expediente, Losón es querellante, también representado por el abogado Vela. 

La defensa del empresario contrató un equipo de peritos caligráficos privados para que analicen los ocho cuadernos de Centeno. Luego, presentó al juez Martínez de Giorgi los resultados de los tres cuadernos que implican a su cliente: el número 4, un espiralado de marca “America Nos”; el número 7, un Rivadavia tapa dura y cosido de color azul; y el número 8, un Gloria espiralado de colores naranja y azul. Son aquellos en los que hay menciones a encuentros y pagos del empresario al entonces funcionario Roberto Baratta.

La causa iniciada por Losón moviliza desde hace meses el tablero de Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal.

Los resultados de la pericia privada, que demandó un año, sobre los otros cinco cuadernos no han sido presentados ante la Justicia, confirmó una fuente del caso a elDiarioAR. Los resultados generaron expectativas en otros empresarios y exfuncionarios que deben afrontar el juicio por los cuadernos, y cuyas defensas, en algunos casos, ya solicitaron que se incorpore la pericia caligráfica de la Policía Federal al juicio oral y público.

Los jueces del Tribunal Oral Federal número 7, a cargo del caso cuadernos, ya están en condiciones de comenzar a evaluar los pedidos, informó una fuente judicial. El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos, pero ni siquiera la fiscal Fabiana León habría podido acceder a ellos, explicó una fuente de la causa. Esos nunca fueron peritados. Los jueces deberán decidir si ordenan una pericia caligráfica.

La pericia

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal que realizara una pericia caligráfica oficial, envió una serie de puntos de pericia, que marcan las pautas para el análisis que deben realizar los expertos y que sólo se circunscriben a las menciones a Losón y su empresa. 

Al no poder contar con los originales en papel, tras la negativa del tribunal número 7, los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales.

El magistrado solicitó a los peritos que analicen si los textos de los cuadernos corresponden al mismo puño escritural -es decir si fueron escritos o no por Centeno-; si se distinguen adulteraciones o modificaciones sobre el original (y cómo serían); que expliquen los estilos de tinta e instrumentos escritores (lapiceras); si se detectan borrados, agregados y cómo se plasmaron esas correcciones, borrados, agregados; y con qué frecuencia se repiten a lo largo de los textos.

La querella está especialmente interesada en el estudio de las anotaciones de su representado, Losón. En los puntos de pericia solicitó que se determinara el contenido de las anotaciones originales en las que se enmendó la palabra “Armando” -en referencia al empresario- en dos fechas de 2013. También, que se analizaran las anotaciones de “Alem 855”, dirección de los encuentros entre el empresario y Baratta. Y si los agregados sobre el original pertenecen al mismo puño que el de quien escribió los originales y si corresponden a Oscar Centeno.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Los peritos recibieron una copia digital de los cuadernos 4, 7 y 8, que para el juzgado debía tomarse como “prueba indubitable”, es decir, que son imágenes digitalizadas del cuaderno original sin alteraciones. 

Aún así, en la causa resta establecer si hay forma de probar quién habría adulterado los cuadernos. 

Qué dicen los trazos

Los peritos explicaron en el informe final que alterar los originales de un escrito implica “agregarle o quitarle palabras, cifras, etcétera, de modo que el documento exprese o atestigüe cosas distintas de las que expresaba o atestiguaba en su estado primitivo”. “Técnicamente -explicaron en el informe- consiste en modificar intencionalmente la apariencia o sentido de un documento auténtico mediante la adición, supresión o sustitución de signos o elementos”.

Los expertos de la Federal realizaron estudios cromatográficos, ópticos y lumínicos. Alejandro Matías Centofanti, comisario jefe a cargo de la División Scopometría de la Policía, declaró ante el juez Martínez de Giorgi que a través de la escritura puede determinarse la posición del escribiente, es decir el lugar de apoyo; y también el elemento escritor (la lapicera).

“Cuando uno escribe día a día, la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales”, ya sea por la posición del espacio gráfico, del elemento que se utiliza para escribir, de la temperatura, el temperamento, el estado de ánimo, declaró Centofanti. En el cuaderno 4, sí se registra esa “diferencia de constancias diarias”, pero no así en los cuadernos 7 y 8, aseguró el experto. Por ejemplo, dijo, “el cuaderno 7, en su análisis, no revela estos cambios”; “surge como un relato estable y continuo”. 

Para establecer cuándo se habrían escrito los cuadernos 7 y 8, el perito declaró que necesita los originales en papel. En el cuaderno 7 -sostuvo el perito- “se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales”. Esto, agregó, “permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporal, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se lleva para un llenado de constancias diarias”. Es decir, que podría haberse escrito de corrido a pesar de que registra hechos ocurridos en diferentes fechas.

Aún así, ratificaron que fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas modificaciones sobre los originales: tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco.

El origen

La defensa de Losón, a cargo del abogado Carlos Vela, había solicitado la pericia caligráfica desde el primer momento en que su cliente quedó preso, en agosto de 2018, por orden del juez Claudio Bonadio. Un gerente de la empresa de Losón le dijo al abogado que en uno de los encuentros registrados por Centeno en sus cuadernos, el chofer de Baratta había apuntado un encuentro entre el funcionario y el empresario en una fecha en la que Losón se habría encontrado en Santiago del Estero. Entonces, Vela solicitó al juez de los cuadernos una pericia caligráfica y presentó el plan de vuelo de esa fecha para defender al empresario.

Losón terminó declarando como arrepentido pero admitió sólo pagos ilegales de aportes de campaña para el kirchnerismo por entre 2 y 3 millones de pesos, registrados en los cuadernos en fechas cercanas a distintas elecciones. La defensa del empresario sostiene que las cifras de los pagos no podrían ser sobornos para obtener contratos con el Estado porque serían sustancialmente menores con respecto al monto de los contratos que obtuvo la empresa de Losón durante esos años (alrededor de $5.000 millones).

Reconocer los pagos ilegales registrados en los cuadernos como aportes de campaña tiene consecuencias directamente beneficiosas para los imputados: buscan encuadrar los hechos en una irregular electoral (con escasas consecuencias judiciales) y lejos del delito penal de cohecho activo con penas de prisión (pago de sobornos a funcionarios públicos) con fines de defraudación a la administración pública (si los sobornos son para obtener contratos con el Estado). Este planteo también está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones y los camaristas de la Sala I deberán definirlo. 

Nota: este artículo se corrigió el sábado 19 de noviembre de 2022 por un error. Se corrigió “vicepresidente” por “vicepresidenta”.

ED 

La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.

Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. 

Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.

La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.

En otro de los audios, Morel dialoga con un soldado voluntario del Ejércio, Franco Ezequiel Castelli, con domiclio en Santa Cruz, publicó la agencia oficial Télam:

Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?

Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel  a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.  

En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.

Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.

Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.

“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.

Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.

-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.

-Yo tampoco lo entiendo.

Financiamiento o contratación

Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.

Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.

Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.

Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.

La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.

La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.

PYME

La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.

En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.

ED

La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un “esquema delictivo” para “imponer” ideas y “combatir las ajenas por la fuerza y el temor” y que eso sembró en la sociedad la escalada de “violencia y odio” cuyo “acto más trascendente” resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación” cometido el 1 de septiembre último, sostuvo en su dictamen sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal del caso Gerardo Pollicita.

En el dictamen en el que pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que “la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales”.

“Llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, sostiene la imputación fiscal.

La fiscalía advirtió que “concretamente se pudo corroborar que a través de la agrupación Revolución Federal en el período reseñado (al menos desde mayo de 2022) los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas”

Esto estuvo dirigido “principalmente a funcionarios públicos de la actual gestión del PEN, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda entre otros, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”, agregó.

“Sosa y Morel (imputados como presuntos organizadores) decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes”, remarcó el fiscal.

Los acusados tenían como objetivo “planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios” que la fiscalía enumeró en el dictamen de 49 carillas entregado al juez.

Desde la agrupación “utilizaron las redes sociales como herramientas de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población -siendo que por aquella vía y por las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo. 

El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz. 

A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).

La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.

“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.   

Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.

En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.

Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.

La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz. 

El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas. 

Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.

En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia. 

La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.

Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento. 

En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad: 

Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.

“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento” 

Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.

El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.

La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.

Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños? 

“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.

“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. 

Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires. 

ED

Los intermediarios entre las empresas argentinas y el gobierno de Venezuela para la compraventa de maquinaria agrícola, caso conocido como la “embajada paralela”, montaron una serie de sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas (BVI) diez días después de que los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el convenio “fideicomiso binacional” entre ambas naciones que permitió el intercambio comercial.

Desde hace una década, la Justicia federal tiene abierta una causa en la que investiga si los empresarios Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero, titulares de la compañía Palmat International, actuaron como presuntos intermediarios para el pago de sobornos que las empresas argentinas debían entregar para acceder a exportar sus maquinarias a Caracas. Entonces, el exembajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous había denunciado esta presunta trama de la “embajada paralela” en ese país, señalando al ministerio de Julio De Vido. 

Sin embargo, la causa quedó en pausa luego de que los empresarios citados a declarar no reconocieran el pago de coimas y de que Estados Unidos y Venezuela no respondieran los exhortos para dar con los movimientos de dinero de Palmat International, señalada como la intermediaria para canalizar supuestos sobornos. Unas 30 empresas exportadoras contrataron a Palmat para poder vender a Venezuela, según reconoció el propio Wellisch a Página/12.

Los documentos de la filtración global que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae* revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina.

Los documentos revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina

El caso

El negocio estaba pensado en el marco de un “Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”. La empresa Palmat International, que se había creado en 1989, en Florida, Estados Unidos, actuaría como la primera firma intermediaria entre las empresas argentinas y las autoridades venezolanas, servicio por el cual cobraba una tarifa. El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini intentaron determinar si esas comisiones implicaban presuntas coimas, una acusación que el ministerio de De Vido siempre negó. 

Entre otras operaciones, la fiscalía analizó como sospechosas las contrataciones realizadas por el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) y la compañía estatal venezolana Pedro Camejo, ambos dependientes del Ministerio de Agricultura de dicho país que manejaba el dirigente chavista Elías Jaua. 

La firma del convenio bilateral fue el 6 de abril de 2004 y llevó las rúbricas de los entonces presidentes Kirchner y Chávez. La operatoria offshore comenzó diez días más tarde, el 16 de abril, cuando la sociedad Palmat Intertrade fue registrada en Panamá, con un nombre muy similar a Palmat International. 

En diciembre de 2007, Wellisch también adquirió la sociedad Mistal Finance Limited, en las Islas Vírgenes Británicas. Pero no hay más información sobre esta compañía en los registros de Pandora Papers.

Alertas en Panamá

Para montar y gestionar su operatoria offshore, tanto Palmat como Madero Trading, otra intermediaria para el comercio con Venezuela, recurrieron al estudio Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal), un bufete radicado en Panamá y especializado en paraísos fiscales.

Sin embargo, en el caso de Palmat fueron los propios ejecutivos de Alcogal quienes encendieron las alarmas cuando notaron que tanto la firma como Wellisch y Carrasquero habían quedado bajo la lupa de la Justicia argentina. 

Jaime Alemán, uno de los fundadores del bufete panameño, envió una nota interna a su equipo en abril de 2010, copiando un artículo periodístico que detallaba las acusaciones que afrontaban Palmat y Alcogal en la Argentina por supuestos sobornos. “En base a lo que dice el artículo, procedimos a renunciar como agentes de esta empresa y reiteramos que no tuvimos nada que ver con los negocios y asuntos de Palmat. Y no es cierto que nos estén investigando por el esquema fraudulento”, afirmó.

Pero Alcogal tomó más medidas. “La sociedad está envuelta en negocios fraudulentos”, detalló Raúl Zúñiga -uno de los ejecutivos del estudio- que volcó los nombres cuestionados en una planilla de cálculo llamada “Listado de alerta”. Incluyó a Palmat International, Palmat Intertrade, Madero Trading, Francisco Carrasquero, Roberto Wellisch y otros cuatro señalados. 

En aquel momento, medios argentinos publicaban que Sadous había enviado en 2005 un cable diplomático a Buenos Aires por el que fue castigado. Detalló los “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios bilaterales manejados a través de un fideicomiso. En el texto habló de “corrupción”. Sadous declaró ante la Justicia pero terminó con un procesamiento por presunto falso testimonio que le inició el exfuncionario Claudio Uberti, uno de los denunciados en la causa de la “embajada paralela” y luego arrepentido de la causa cuadernos.

La segunda intermediaria que consiguió participar del negocio de exportación a Venezuela fue Madero Trading, también investigada por la fiscalía de Pollicita. La empresa aparece en los registros de Pandora Papers, en documentos que demuestran que acudió al estudio Alcogal en Panamá, en marzo de 2009. Madero Trading aparece en un documento interno de Alcogal llamado “Posibles empresas relacionadas con Palmat”.

El equipo argentino de ICIJ intentó consultar a Wellisch sobre su operatoria offshore, pero no respondió los mensajes. Años atrás, ofreció su versión sobre las comisiones que cobró en un comunicado que envió al diario Página/12. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo”, afirmó el empresario, sin precisar en qué ciudades. 

“Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”, agregó Wellisch.

Miami

La offshore Palmat Intertrade fue inscripta en Panamá el 16 de abril de 2004. Las primeras acciones fueron emitidas a favor del argentino-venezolano Wellisch y de la venezolana Yone Boccardo. Ambos abrieron otras sociedades offshore con el apoyo inicial de Alcogal para adquirir propiedades en Miami, según surge de los registros de Pandora Papers.

La segunda sociedad registrada por Wellisch y Boccardo fue Wilcox Intertrade, en Islas Vírgenes Británicas, en enero de 2008. La mujer figuró como directora y beneficiaria final de la compañía. La offshore fue utilizada para controlar dos propiedades en el condominio Hamptons West de Aventura, en Miami, que compraron con el apoyo de una hipoteca de un millón en el Regions Bank de Estados Unidos. El préstamo fue emitido a nombre de Wilcox, Palmat y de Wellisch. 

Los departamentos están ubicados en un lujoso edificio cinco estrellas que cuenta con un restaurante gourmet, teatro, canchas de tenis, spa y dos piscinas. Las propiedades son dos unidades de 170 metros cuadrados cada una, valuadas en unos 800.000 dólares a valor fiscal, según registros de Miami. La hipoteca fue cancelada en junio de 2018, según los mismos registros públicos que pueden consultarse en la web. La sociedad seguía activa en esa fecha.

En el mismo edificio, Wellisch adquirió en enero de 2009 otro departamento de 140 metros cuadrados, cuyo valor fiscal es de US$325.000.

Palmat adquirió un tercer inmueble en Florida. En agosto de 2008 pasó a controlar el condominio de oficinas y locales Square One Business Center, en el centro comercial en Doral, una zona elegida por los  venezolanos radicados en Miami. La propiedad tiene 320 metros cuadrados y una valuación fiscal de 620.000 dólares, de acuerdo con los registros públicos de Miami. 

Tras la renuncia de Alcogal como agente de estas compañías, Wellisch y los demás intermediarios contrataron al estudio Trident Trust, otro bufete especializado en operaciones offshore. Yone Boccardo informó a las autoridades del estudio en septiembre de 2018 que el propósito de la sociedad era invertir unos dos millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Además, agregó que Wilcox tenía una cuenta bancaria en el BB&T Bank, sucursal en Doral, Florida. El origen de los fondos es “salarios y ahorros”, según declaró.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae) y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó este viernes reabrir la causa relacionada con el “FIFAgate”, que investigas los presuntos sobornos pagados a entidades del fútbol mundial, como la FIFA y la CONMEBOL, por parte de empresarios para obtener derechos de televisación de distintos torneos entre 2011 y 2013 para después venderle publicidad al Estado Nacional. En el expediente está imputado el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.

El pago que investiga la Justicia fue de unos 33 millones de dólares por dos años de televisación de varios torneos, entre ellos la Copa América de 2015, disputada en Chile. La decisión judicial la tomó la Sala I de la Cámara Federal porteña luego de que el juez Daniel Rafecas la archivara en primera instancia pese al pedido del fiscal Gerardo Pollicita de investigar las pruebas.

La Justicia analizó los supuestos negociados a partir del testimonio que en noviembre de 2017 brindó el exCEO de la empresa Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, ante un tribunal de los Estados Unidos, en calidad de testigo protegido. A raíz de sus dichos, se complicó la situación judicial del exjefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, hoy ministro de Seguridad, a partir de lo cual Pollicita pidió su indagatoria, así como la de Juan Manuel Abal Medina (fue jefe de gabinete entre 2011 y 2013), Gabriel Mariotto (fue Director Ejecutivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual entre 2008 y 2012 y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, entre 2011 y 2015) y Pablo Paladino (ex coordinador del programa Fútbol para Todos), acusados por defraudación al Estado a raíz de la contratación de los derechos de televisión para transmitir los partidos de la Selección argentina.

Pollicita pidió en aquel entonces que se aplicara la inhibición general de bienes y se prohibiera la salida del país de los 19 imputados en la causa. Entre sus argumentos principales, el fiscal federal expresó que los funcionarios violaron la ley, ya que las contrataciones ejecutadas por el Estado fueron “arbitrarias” y “excedieron” los objetivos del programa Fútbol para Todos, según publica TN.

En su presentación, Pollicita sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por los derechos de televisión para transmitir partidos de la Selección argentina. Las participaciones internacionales más costosas para el gobierno fueron el Mundial de Brasil 2014, por US$ 18 millones, y la Copa América Chile 2015, por otros US$ 8 millones.

Por esa causa, los imputados habían sido sobreseídos en noviembre de 2019, pero ahora, a partir de la resolución que firmaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el caso volverá a investigarse con un pedido específico: que envíen a la justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco “para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas”, según indicaron fuentes judiciales al diario Clarín.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal considera que no se hicieron todas las indagaciones necesarias sobre las derivaciones argentinas del FIFAGate, antes de cerrar la causa, y que también se necesita acceder a toda la información posible sobre el caso que se investiga en la Justicia de Nueva York en torno a Alejandro Burzaco y los exfuncionarios argentinos.

En su resolución, la Cámara sostiene que, si bien “no se pierde de vista la extensión y complejidad de la actividad” en la instrucción, “no se puede más que concluir que la actividad orientada a dilucidar lo acontecido no ha sido suficiente”.

Según los jueces, “no se advierte avance alguno en la pesquisa respecto a las diferencias que podrían existir entre los valores que figuraban en los contratos celebrados entre Alejandro Burzaco y la Jefatura de Gabinete de Ministros con aquellos que le eran informados al Directorio de Torneos y Competencias, correspondiendo a la instrucción efectuar el rastreo de las sumas dinerarias implicadas a fin de arrojar mayor luz a la cuestión y determinar si se ocultó dinero, cómo se ocultó y qué finalidad se le dio”.

Imputados de la causa

Aníbal Domingo Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Juan Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Ana Liliana Malecki, Silvina Mabel Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellenberg, Alberto Mario Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, Alejandro, Burzaco, Jacopo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo Manuel De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick, Arnold Vierra, Ronald Michel Kolders, en orden al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública -art. 174 inc. 5°, en función del 173 inc. 7° del C.P.

Los contratos que la Justicia tiene bajo la mira

U$S 3.200.000 por la Copa América 2011

U$S 8.600.000 por la Copa América 2015 y el Sudamericano Sub 20 2013

U$S 19.000.000 por el Mundial de Brasil 2014 y Mundial Sub 20 2013

U$S 5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina-Brasil 2010-11

U$S 1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas.

Con información de agencias, TN y diario Clarín.

IG