El Gobierno anunció que designará como “organización terrorista” al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que cuenta con un solo miembro reconocido y cuya existencia como colectivo organizado es puesta en duda por investigadores, políticos y portavoces de distintas comunidades mapuches consultados por EFE.

El anuncio del pasado miércoles llegó tras una declaración de Facundo Jones Huala, presunto líder de la RAM, quien hace una semana reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes” en el contexto del conflicto mapuche.

El pueblo mapuche, que habita el sur de Argentina y Chile desde antes de la colonización europea, lleva adelante una lucha histórica por el reconocimiento y la restitución de territorios ancestrales, en parte cedidos para su explotación a importantes empresarios locales e internacionales.

Aún así, diversos actores dentro de la comunidad rechazan los métodos atribuidos a la RAM y la vinculación del pueblo mapuche con actos violentos.

“Los planteamientos mediáticos que ha hecho Jones Huala difieren de los mecanismos o metodología de lucha que viene realizando desde hace casi 40 años el Parlamento Mapuche en Río Negro”, afirmó Mirta Ñancunao, werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento, que insiste en que al interior de la comunidad no conocen a más miembros del grupo que Jones Huala.

Acusaciones contra la RAM

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha descrito a la RAM como “un movimiento etnonacionalista violento dependiente del Movimiento Autónomo del PUEL MAPU” y su departamento denunció esta semana a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, a raíz de sus recientes declaraciones.

Huala, de 38 años, había sido denunciado en el pasado por distintas autoridades e incluso estuvo preso en Chile entre 2018 y 2022 por porte ilegal de armas y provocar incendios. En 2023 volvió a ser encarcelado y, tras ser liberado, regresó a Argentina en agosto de 2024.

Gustavo Franquet, uno de los abogados que defendió a Jones Huala, explicó a EFE que las declaraciones del controvertido mapuche “no son prueba definitiva de la existencia de la RAM” y que “no existe ninguna resolución judicial que la avale”, por lo que el Gobierno argentino no tiene base jurídica para designarla “organización terrorista”.

Si bien desde 2017 se han atribuido a la RAM decenas de hechos delictivos, incluidos incendios provocados y toma de tierras, hasta la fecha ninguna sentencia judicial ha podido confirmar la participación del grupo en hechos de esa naturaleza, insiste Franquet.

Un informe publicado en 2017 por el Ministerio de Seguridad, también comandado entonces por Bullrich —bajo el Gobierno conservador de Mauricio Macri—, señaló como vocera de la organización a la activista mapuche Moira Moillán, quién aseveró a EFE: “La RAM no existe, por más que dos o tres mapuches encapuchados digan que sí”.

Moillán aprovechó para denunciar persecución política contra el pueblo mapuche y la construcción de un enemigo interno para justificar medidas represivas contra la comunidad.

¿Problema de seguridad o construcción política?

“En mi gestión no hubo ni un hecho de vandalismo que se le haya atribuido la RAM”, dijo Sabina Frederic, ministra de Seguridad durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

En declaraciones a EFE, Frederic explicó que la RAM “no es un problema de seguridad pública ni representa un poder terrorista”, sino que se trata de “una ínfima minoría radicalizada de mapuches que en algún momento realizó actos de vandalismo”.

El gobernador de la provincia patagónica de Chubut, Ignacio Torres, vinculó esta semana a la RAM con los incendios que han arrasado con más de 25.000 hectáreas en esa zona y acusó a Jones Huala de instigarlos, una hipótesis que fue tajantemente rechazada por el mapuche.

“Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, argumentó Huala.

“En algún momento [Jones Huala] fue una referencia, pero ahora está muy desacreditado”, dijo, también a EFE, Hernán Schiaffeti, antropólogo e investigador de pueblos indígenas.

Concluyó que “la identificación del mundo mapuche con el terrorismo le viene bien al Gobierno para eludir su responsabilidad en la gestión de recursos naturales y la prevención de incendios”.

EM. Florencia Pessarini para EFE.

El 27 de septiembre de 2023, Fausto Jones Huala, que este jueves fue encontrado muerto en su casa de Bariloche, enfrentó a los tres jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca y, en calidad de testigo, detalló cómo se produjo el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Jones Huala ingresó al territorio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, el 24 de noviembre de 2017. Fue hasta allí para llevar comida y abrigo a los integrantes de la comunidad que habían quedado dispersos en la montaña, tras el desalojo del día 23. “Estábamos bajando (por la montaña) y escuchamos ‘alto Prefectura’ y en el mismo instante empezaron a escucharse disparos. Uno atrás de otro”, dijo ante el Tribunal.

“Mi primera reacción -agregó- fue darme vuelta y empezar a correr, llegamos a la planicie donde habíamos hecho noche. Con el peñi (hermano) Lautaro fuimos los primeros que llegamos a la planicie y al ver que los demás no podían llegar y los disparos eran todo el tiempo, decidimos agarrar piedras y empezar a tirar a las personas que venían disparando. No sé cuánto habrá durado, se sintió eterno”.

Luego vio caer a Rafael, intentó asistirlo, y en una improvisada camilla de palos lo bajó. En el estrecho sendero de montaña Rafael falleció. Fausto Jones Huala siguió bajando el cuerpo, lo dejó a la vera de la ruta a la espera de ayuda, y fue detenido.

“Apenas dejamos la camilla -explicó durante el juicio- se nos abalanzaron cuatro o cinco efectivos a querer pegarnos, otros los paraban, nos tiraron al piso, nos redujeron. Hacía mucho calor. Nos tenían boca abajo, no nos dejaban hablar, decir nada, ni movernos. El peñi Lautaro les dijo que el precinto le cortaba la circulación, no tomaban registro de lo que decíamos. Llegó (el secretario del Juzgado Federal, Alejandro) Iwanow, cuando lo escucho me doy vuelta y lo empiezo a llamar, otro de Prefectura me agarró para que no hable, el secretario le dijo que me deje hablar, le dije que Lautaro tenía las manos hinchadas por los precintos, les dije que habían matado a Rafa. En el transcurso que lo íbamos bajando recogí un casquillo de 9 mm y me lo guardé en el bolsillo. Le dije ellos mataron a Rafa, le dije que tenía el casquillo, le pedí si se lo podía dar para que no se pierda. Le cambiaron los precintos a Lautaro, le pusieron las esposas, nos tuvieron un rato más. Nos cambiaron de lugar, nos llevaron atrás de una camioneta, uno de cada lado. En ese momento también lo llevaban al peñi Rafa, en la misma camilla. Había un montón de efectivos, venían nos miraban, otros más cerca le levantaban la ropa con la que estaba tapado Rafa, lo miraban al peñi Rafa que estaba muerto, lo volvían a tapar y se iban”.

Finalmente declaró: “No entendíamos nada, no sabíamos por qué estábamos tan custodiados, (por la) Policía de Seguridad Aeroportuaria con armas largas. Ahí nos dicen que supuestamente había habido un enfrentamiento. Llegó la Policía de Río Negro de Criminalística, nos sacaron fotos y nos tomaron muestras en las manos. En ese momento sí me enojé bastante, le pregunté por qué y me dijeron que porque supuestamente nosotros estábamos acusados que habíamos disparado, le dije que no habíamos disparado, solo los prefectos. Firmé (el acta) en disconformidad. Pasó un rato, era tarde, nos llevaron hasta la PSA, quedamos en calidad de detenidos, incomunicados. Todos los días detenidos nos declaramos en huelga de hambre, casi cinco días”.

Al finalizar su testimonio. Jones Huala se levantó, alzó el puño, gritó que se haga justicia por Rafael Nahuel y luego el afafán, un grito que ratifica la identidad mapuche, la pertenencia, su lucha.

SR/DTC

El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en Río Negro, dio esta mañana inicio al juicio que se sigue a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, Bariloche, y el fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz pidió que los imputados sean detenidos al considerar que existe “riesgo procesal” de una posible fuga.

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Alejandro Silva, tras un cuarto intermedio para analizar los pedidos, informó que por unanimidad los magistrados resolvieron rechazarlos, al considerar que los acusados “han estado siempre a derecho”.

El planteo fue acompañado por las querellas ejercidas por los abogados de la familia de Nahuel, la APDH Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

De acuerdo con lo previsto, la audiencia de hoy, con un cuarto intermedio al mediodía, se desarrollaba hasta las 15, y en el recinto se encontraban esta mañana presentes los padres de Rafael, Alejandro Nahuel y Graciela Salvo.

En tanto, los cinco imputados -Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- participaban en forma virtual, conectados a través de la plataforma Zoom.

La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte del secretario del Tribunal, presidido por el juez Alejandro Silva.

El abogado Rubén Marigo, representante de los padres de la víctima, planteó al Tribunal que se exija a los imputados y al abogado defensor de tres de ellos, Marcelo Hugo Rocchetti, “estar presentes en la sala de audiencia”, ya que durante toda la jornada de la mañana mantuvieron sus cámaras de Zoom apagadas.

“Debemos tener garantías que están presentes, para evitar futuras nulidades”, explicó.

Marigo reiteró el pedido para que el juicio se traslade a San Carlos de Bariloche, distante 600 kilómetros de General Roca, ciudad fijada para las audiencias por ser la sede del Tribunal Oral Federal.

“Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó.

Finalizada la primera parte de la audiencia, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes -pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos-, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló a Télam Alejandro Nahuel, padre de Rafael.

Graciela Salvo, por su parte, mamá de la víctima, dijo que “ellos tienen recursos, plata, pero no vinieron. Sí fueron a Bariloche a matar a Rafita, pero ahora no quieren dar la cara en el juicio”.

Mientras tanto, fuera de la sede tribunalicia, en una plaza céntrica de la ciudad de General Roca, un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades mapuche se manifestaba en reclamo de justicia.

Al ingreso al Tribunal, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró a Télam que “se está juzgando a un Estado racista que mató a un joven que luchaba por sus derechos y por su identidad”.

El dirigente mapuche cuestionó además el tiempo transcurrido desde el asesinato hasta el desarrollo del juicio y el lugar elegido para su realización.

“Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato”, apuntó Carriqueo.

La primera jornada del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel concluyó con la lectura de la acusación de la querella -ejercida por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Przybylski-, que solicitó que el cabo primero Sergio Cavia sea imputado como “autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.

Además, solicitó que se contemple el “el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado” en contra de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, dos jóvenes que fueron heridos por los disparos de los uniformados.

En tanto, para Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, la querella reclamó que sean imputados en juicio como “partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de coautor de tentativa de homicidio doblemente calificado”.

A este planteo adhirieron las querellas que representan a la familia de Rafael Nahuel y la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche.

Con posterioridad, el secretario del juzgado dio lectura a la elevación a juicio firmado el 8 de diciembre de 2021 por la Jueza por entonces subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Silvia Domínguez, quien rechazó juzgar a los cinco procesados por el intento de homicidio de los dos jóvenes que resultaron heridos, y sostuvo la figura de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” planteado por la fiscal de instrucción Sylvia Little.

Este miércoles se realizará la segunda audiencia para la cual se programó la lectura de las indagatorias. El abogado defensor de tres de los Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti -ex Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo- adelantó que los prefectos Sosa y Pintos harán uso de su derecho a declarar.

El día del asesinato, miembros del grupo de élite Albatros que integraban los acusados, armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, se topó territorio adentro con integrantes de la comunidad.

Según se desprende de la instrucción de la causa, tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo.

Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.

La Prefectura cumplía una orden del por entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, quien requirió que se asegure el perímetro del territorio en disputa entre la comunidad y Parques Nacionales, que había sido desalojado dos días antes, y en el que fueron detenidas cinco mujeres de la comunidad.

El magistrado había dado la orden de desalojo a partir de una denuncia por “usurpación” realizada el 17 de noviembre por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La comunidad Lafken Winkul Mapu había anunciado a principio de ese mes la “recuperación” de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. Una semana después se produjo el desalojo y la posterior incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

La causa FGR 027423/2017 caratulada “Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada”, de la cual es querellante Alejandro Nahuel, padre de Rafael, tiene como procesados al cabo primero Cavia por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” y a los otros cuatro integrantes del grupo Albatros como “partícipes necesarios” del hecho.

La carátula con la que la causa llegó a esta instancia de juicio oral fue criticada por las querellas que representan a la familia de Nahuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche.

Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó “todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida”.

“La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados”, indicó el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski.

Por Santiago Rey para agencia Télam

El Juez federal Gustavo Villanueva habilitó hoy lunes la extradición del dirigente mapuche Facundo Jones Huala que había sido solicitada por el Estado chileno, al dar lectura a resolución en una videconferencia que se extendió durante una hora y media.

Jones Huala estuvo un año prófugo y fue detenido en la Argentina el 30 de enero pasado. Tras conocerse la decisión de la Justicia, sus defensores -los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares- anunciaron que apelarán la decisión.

Con esta disposición, la Justicia federal dio el primer paso para concretar la solicitud de Chile, cuyo Poder Judicial requiere la extradición de Jones Huala a los efectos de que cumpla con el año, cuatro meses y 17 días que le restan de una pena que se le había impuesto por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego. Esa sentencia fue emitida por un tribunal de la ciudad trasandina de Valdivia en 2018.

Villanueva, quien subroga en el Juzgado federal de Bariloche pero es titular del juzgado del mismo fuero en la ciudad de Neuquén, leyó los fundamentos de la resolución en una videoconferencia que se prolongó durante una hora y media.

En la videoconferencia estuvieron conectados el propio Jones Huala, quien siguió todo desde la Unidad Penal 14 de Esquel, como también su defensa y el fiscal de la causa, así como miembros de organismos de derechos humanos, representantes de comunidades del pueblo mapuche y medios de prensa.

En su pronunciamiento, Villanueva dispuso que Chile cumple con los requerimientos técnicos correspondientes para concretar la extradición y además señaló que en el juicio se garantizaron todos los derechos de defensa del condenado.

Además, desestimó que el juicio de extradición impulsado por la Justicia chilena pueda encuadrarse como un caso de persecución política, étnica o racial. También planteó que no existe evidencia de que, durante el tiempo que Jones Huala pasó detenido en Chile, se hubiesen violado sus derechos humanos, tal como esgrimió la defensa.

Sobre este punto, el abogado Franquet había señalado que su defendido “sufrió tratos inhumanos y persecución étnica y racial”.

El 'lonko' (jefe de un grupo de familias o comunidades) se había fugado de Chile en febrero de 2022, luego de que un tribunal intermedio le concediera la prisión domiciliaria. A los pocos días, la Corte Suprema de Justicia de Chile revocó ese beneficio, pero Jones Huala no regresó al presidio de la localidad de Temuco.

Por el contrario, cruzó la frontera por un paso no habilitado e ingresó en territorio argentino, donde permaneció casi un año en la clandestinidad hasta que fue detenido el 30 de enero en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

Tras conocerse su detención, la Justicia de Chile y el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país solicitaron formalmente la extradición.

Durante la audiencia de esta tarde, el juez Villanueva repasó el caso del incendio en el 'fundo' (pequeña estancia, término que se utiliza en Chile) de Pisu Pisué (ocurrido en 2013), por el cual Jones Huala fue sentenciado en Chile, y enumeró extensa jurisprudencia y de cooperación internacional a favor del instituto de la extradición.

El magistrado manifestó que en este caso se da una “particular circunstancia” ya que “el mismo sujeto (por Jones Huala) es dos veces requerido por el mismo Estado”. Se refirió así al proceso de extradición previo, solicitado y concretado en 2018, en el que también le tocó intervenir como juez.

“Como los pedidos son similares, hay cuestiones que ya fueron juzgadas en el anterior proceso”, dijo, y para argumentar su resolución consideró que esos fundamentos “mantienen su vigencia”.

Durante la audiencia que se realizó por la plataforma Zoom intervino únicamente el juez, quien leyó la resolución en la que aceptó la requisitoria de la Justicia chilena.

En la jornada anterior del juicio, que tuvo lugar el jueves pasado pero de manera presencial, la defensa del mapuche anunció que apelará la concesión de la extradición y llevarán el caso a la Corte Suprema.

Tal como informó Télam, en la audiencias preliminares el juez denegó las pruebas ofrecidas por los defensores Franquet y Soares, ambos integrantes de La Gremial de Abogados.

A partir de una consulta de esta agencia, Soares anticipó el jueves pasado que la imposibilidad de presentar pruebas será “el principal argumento de la apelación” que se llevará ante la Cámara de Casación y, posiblemente, con posterioridad ante la Corte Suprema de Justicia.

En caso que el máximo tribunal conceda la extradición solicitada por Chile, será el Ejecutivo el que deberá resolver si Jones Huala es llevado al vecino país para el cumplimiento de la pena que está pendiente.

Por Santiago Rey desde Bariloche, enviado especial para Agencia Télam

LC

El juez federal Gustavo Villanueva resolverá el próximo martes 1° de agosto si concede la extradición de Facundo Jones Huala solicitada por Chile, mientras que hoy fue rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa, en la primera jornada del juicio celebrado en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad chubutense de Esquel.

Durante la audiencia, Huala se definió como un “combatiente” de la causa mapuche, se reivindicó como “revolucionario” y acusó a los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de “perseguir y asesinar” a los miembros de ese pueblo originario.

Por la mañana, la defensa de Jones Huala criticó que el juez rechazara la presentación de pruebas porque esa decisión, sostuvieron sus abogados, impidió “probar los argumentos que veníamos a plantear” para sostener jurídicamente el rechazo a la extradición.

“Hemos asistido a un proceso en el que la defensa comparece atada de pies y manos, amordazada”, se quejó uno de los abogados defensores, Eduardo Soares.

En las audiencias preliminares, el juez Villanueva había justificado su decisión de no avalar las pruebas de la defensa por tratarse, según determinó, de una reiteración de planteos en relación al juicio de extradición previo, realizado en 2018.

Así, la actividad se inició con un pedido de nulidad de los letrados de la defensa del 'lonko' (jefe de una comunidad o grupo de familias) -Soares y Gustavo Franquet-, que fue rechazada por el magistrado que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, donde tramita el expediente.

La audiencia comenzó a las 10:04 y finalizó pasadas las 14:15, y durante ese lapso Jones Huala estuvo acompañado por una veintena de personas entre miembros de diversas comunidades mapuche-tehuelches y representantes de organismos de derechos humanos.

El imputado es requerido por el Estado chileno para que complete la pena de 9 años de prisión a la que fue sentenciado en 2018 por la Sala de Juicio Oral de la ciudad de Valdivia, que lo condenó por los delitos de incendio de un fundo en 2013 y tenencia ilegal de arma.

Según se informó desde la Justicia de Chile, le resta cumplir un año y cuatro meses de pena.

En febrero de 2022, el dirigente mapuche se fugó de Chile durante la prisión domiciliaria que le había otorgado un Tribunal intermedio del país trasandino -aunque esa medida fue revocada luego por la Corte Suprema de Justicia chilena- y permaneció casi un año prófugo.

El 30 de enero pasado fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón, y unos días más tarde lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.

Al ingresar a la sala de audiencia, Jones Huala gritó “viva la RAM (siglas de Resistencia Ancestral Mapuche), que existe y resiste”.

En el inicio del juicio, Soares reclamó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del dirigente mapuche.

El letrado le pidió al juez que acepte las pruebas de la defensa y advirtió que si eso no se produce se estaría generando un “peligroso antecedente” que pone en “situación de minusvalidez” a su cliente.

Pero la solicitud de nulidad fue desechada, y tras el rechazo se dio lectura a las pruebas aportadas por el Ministerio Público ejercido por el fiscal general Rafael Vehils Ruiz, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche.

El material probatorio consistía en documentación remitida desde Chile para pedir la extradición: se trata del pedido formal del Ministerio de Relaciones Exteriores y las actas judiciales que acreditan la pena de 9 años de prisión como también que su cumplimiento está pendiente.

A su turno, los abogados de Jones Huala insistieron en que no podían estructurar una defensa acorde al juicio por la negativa del magistrado a que presenten pruebas.

“Así cualquiera gana un juicio”, cuestionó Soares y le reprochó al juez Villanueva que, junto al fiscal, “parecen un solo equipo”.

“Usted -se dirigió a Villanueva- tiene que ser garante de las normas constitucionales y el derecho a defensa, pero no lo es”.

Y agregó que el artículo 11 inciso 'e' de la ley que regula la extradición establece con claridad cuáles son los casos en los que debe rechazarse tal requerimiento.

Entonces, y como ejemplo de esos casos, señaló que el hecho de que el país requirente (Chile) “no ofrece resguardos y garantías del descuento de la pena” por el tiempo que Jones Huala pasó detenido en su territorio.

Franquet, por su parte, sostuvo que con las pruebas rechazadas por el Juzgado se pretendían demostrar violaciones a los derechos humanos, étnicos y políticos sufridos por el 'lonko' mapuche durante su estadía en la prisión chilena de Temuco, entre 2018 y 2022.

Con esos argumentos, los defensores Soares y Franquet -que integran La Gremial de Abogados e intervinieron en otros casos de resonancia política, como la detención del argentino exintegrante de las FARC Facundo Molares- solicitaron el rechazo de la extradición.

Tras los alegatos, Jones Huala hizo uso de su derecho a la palabra y durante más de 40 minutos defendió las acciones más radicales llevadas a cabo en Argentina y Chile y atribuidas a la lucha por la tierra del pueblo mapuche.

El detenido dijo ser un “combatiente y revolucionario” y anticipó nuevos y mayores conflictos hasta tanto “el Estado no dé una solución política” a los reclamos.

Además, Jones Huala lamentó no tener armas para ejercer las “acciones de autodefensa” y acusó al juez Villanueva de “tener en sus manos la sangre de Rafael Nahuel”, ya que fue ese magistrado quien ordenó el operativo policial para el desalojo de la comunidad de Villa Mascardi en el que fue asesinado Nahuel por parte de un escuadrón del Grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017.

“No les tengo miedo, no tengo miedo de ir preso ni de morir”, desafió Jones Huala, integrante de la comunidad en Resistencia Cushamen, lugar donde despareció y 79 días después fue hallado muerto Santiago Maldonado, tras una intervención de la Gendarmería, también en 2017.

Precisamente, carteles con la cara de Maldonado, así como banderas mapuche y tehuelches, fueron llevadas al juicio y exhibidas al juez y al fiscal por varios de los asistentes al juicio.

Tras las palabras de Jones Huala y entre gritos de disgusto de los presentes, Villanueva anunció que la sentencia será informada el próximo martes 1° de agosto, fecha que coincidirá con los seis años de la desaparición de Santiago Maldonado.

Por Santiago Rey, enviado especial para Agencia Télam

La Constitución nacional aprobada en 1994 incluyó, como novedad, el reconocimiento de los pueblos originarios. Reproduzco, para que lo tengamos fresco en la memoria, el artículo 75 inciso 17, que manda a

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

Nuestro Estado está en violación de una norma constitucional: el reconocimiento de comunidades y restitución de tierras ha sido en cuentagotas y no se ha habilitado realmente su participación en la gestión de los recursos naturales. Por el contrario, siguieron padeciendo nuevos despojos.

Como parte de la reacción derechista que venimos viendo en todos los frentes, el 29 de marzo pasado la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza votó una resolución delirante y profundamente racista, por la que propone que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos″. Literal. La propusieron en comisión las legisladoras Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista) y en el recinto la votó la mayoría oficialista de la UCR y el PRO. La mayoría de los legisladores del peronismo se opuso, pero una buena parte de ese bloque también sumó su voto.

La resolución vino a propósito de un acto administrativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la repartición que debe encargarse de cumplir el mandato constitucional de reconocer tierras. Luego de estudiar el caso durante diez años, el INAI dictaminó en enero pasado que los reclamos de tres comunidades mapuches sobre la tierra que ocupaban informalmente eran atendibles, por lo que debía dárseles carácter legal a esa ocupación. Las tierras en cuestión están en el sur de la provincia, cerca de Malargüe.

El dictamen del INADI desató una reacción histérica de la derecha mendocina, que intentó no solo cuestionar los derechos de esas tres comunidades, sino argumentar que en Mendoza nunca hubo mapuches. Los especialistas mostraron que sí (incluso “Malargüe” es una palabra en mapudungun, así que la demostración no es tan complicada). Pero la derecha mendocina no se inmutó. En la Legislatura avanzaron incluso más y votaron una resolución que no dice que los mapuches directamente no existen como pueblo originario de la Argentina. No de Mendoza: de toda la Argentina. El disparate total.

Al votar ese sinsentido, los legisladores de la derecha ignoraron olímpicamente el saber científico sobre la cuestión y apoyaron la campaña de extranjerización que desde hace un tiempo avanza en los medios y redes sociales, donde se sostiene que “los mapuches son chilenos”. A lo que agrega otras fantasías similares, como que “vinieron de Chile y exterminaron a los indígenas argentinos” o que sus reclamos en verdad son parte de un designio británico para apropiarse de la Patagonia. 

De manera bastante unánime, los especialistas vienen explicando que todo eso es absurdo. Ante la resolución de los diputados mendocinos acaban de emitir una declaración de repudio firmada por la abrumadora mayoría de quienes se ocupan de estos temas. Prácticamente no quedó decano, director de instituto, cátedra o especialista en historia, antropología, lingüística o arqueología que no esté diciendo que todo esto es un disparate. Los mapuches habitan el suelo que hoy ocupa la Argentina al menos desde el siglo XVIII. Y no hubo “invasión” ni “exterminio”: el término “mapuche” incluye diversas parcialidades, cada una con historias específicas y designaciones propias (huilliches, picunches, pehuenches, pampas, etcétera) que fueron confluyendo y ocupando espacios cambiantes. Esto es de hecho lo habitual con los grupos étnicos en la era anterior a los Estados, cuando no había fronteras rígidas ni un sistema escolar que estabilizase una lengua y una identidad única. Los grupos étnicos rara vez se mantenían siempre iguales a sí mismos ni “eran” de un lugar: en todo caso estaban allí en un período determinado. Como los guaraníes, que del Amazonas pasaron a residir, mestizados con otros pueblos, en zonas tan distantes como Salta.

No hay ningún “debate” al respecto: no hay dudas de que los mapuches habitaron de este lado de la cordillera al menos desde el siglo XVIII. Es decir, incluso antes de la independencia de las Provincias Unidas del Sur, mucho antes de que exista “Argentina” y todavía mucho antes de la conquista de la Patagonia, que recién comenzó en 1879. Valentín Sayhueque, el gran cacique mapuche del Neuquén nacido c. 1818, último en ser sometido militarmente, se consideraba argentino y era reconocido como autoridad por el gobierno argentino. Irónicamente, desde su fundación hasta 1776 Mendoza estuvo bajo la jurisdicción de la capitanía de Chile. Todavía en 1835 una parte de la élite mendocina intentó separarse de la Argentina y volver a depender de Chile. Tan cercanos eran los vínculos. Por lo que, si uno usase los argumentos absurdos de la derecha, podría decirse que los mapuches fueron “argentinos” antes que los mendocinos, o que el rechazo a su presencia en Mendoza forma parte de alguna conspiración chilena.

El intento de convertir a los mapuches en extranjeros con una vergonzosa decisión legislativa que quedará en la historia del racismo local, viene de tiempo atrás. No cabe dudas de que se relaciona con disputas sobre tierras, que algunas personas se quieren apropiar aprovechando sus privilegios como blancos y tocando la cuerda de la discriminación. Tierras que tienen valor para el negocio inmobiliario –de eso se tratan las disputas en Bariloche– o para el fracking, como en Vaca Muerta. Los derechos mapuches, su presencia organizada, molestan. Mucho. La prensa colaboró en estos designios con una constante campaña de demonización de un pueblo entero, a cuento de organizaciones o actos “terroristas” incomprobables o trazando distinciones entre mapuches por un lado y “la gente” por el otro. Como si alguien de aquél origen no fuese también “gente”. Cualquier charlatán encuentra espacio en los diarios para decir cualquier cosa.

Deberemos prepararnos para convivir con las “verdades alternativas” –lo que antes llamábamos simplemente la mentira– que, como en otros sitios, se abren camino entre nosotros. La derecha está decidida a destruir una de las últimas limitaciones que encuentra para el avance de sus proyectos: la de la evidencia. Y, junto con ella, los propios saberes de quienes se ocupan de investigarla con el método científico. Si la realidad es un obstáculo, peor para la realidad. Mapuches, académicos, derechos humanos, Constitución nacional: todo sospechoso. Todo extranjero y prescindible. 

EA

El gobierno de Mendoza presentó este viernes tres recursos de reconsideración, en contra de resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches. La presentación fue realizada por la mañana por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibáñez, quien se presentó en la sede del INAI en Buenos Aires.

“En los recursos se plantean las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26.160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de mapuches en el territorio provincial”, detalló el ministro provincial.

Para el funcionario, las resoluciones del Instituto “presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad”, las cuales permiten “concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, apuntó.

Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, había expresado esta semana que las decisiones del INAI “afectan los derechos de Mendoza y son manifiestamente inconstitucionales” y afirmó que “entre los activos que el Gobierno Nacional está entregando a los 'mapuches', se detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta”.

“En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF. Esto claramente agrava la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur”, advirtió el mandatario provincial.

Ayer jueves, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja del INAI y dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo, la cual ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

LC con información de agencia Télam

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por lo que dejó sin efecto la resolución que ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La causa data del 15 de octubre de 2020, con un pedido de nulidad a través de un amparo interpuesto por Emilio Friedrich, propietario de tierras en esa ciudad, contra la norma emitida por el INAI.

La Corte resolvió así sobre un tema sensible para el Gobierno nacional, el del conflicto mapuche, y lo hizo en contra de las pretensiones del oficialismo en un escenario marcado por el intento del Frente de Todos de llevar al máximo tribunal a un juicio político.

En su acordada de ayer, la Corte también resolvió también involucrarse en otro tema delicado, el de la preservación de los embriones. Ante la falta de una ley que los regule, los cuatro jueces coincidieron llamar a un audiencia pública para debatir el tema.

El 18 de junio de 2021, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 dictó una sentencia donde rechazó el planteo de Friedrich al dar por válido el procedimiento técnico-jurídico catastral de tierras de la comunidad iniciado en el año 2010, por lo que reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” del pueblo mapuche sobre los terrenos en disputa.

Frente a esa circunstancia, Friedrich decidió apelar y el trámite judicial recayó en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El INAI, órgano que responde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que se encarga de “promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas de Argentina”, presentó ante la apelación un recurso extraordinario que fue denegado por la Cámara. Luego, interpuso un recurso de queja para llegar a la Corte Suprema.

Este jueves, el máximo tribunal trató el caso y resolvió desestimarlo por haber presentado el recurso fuera del plazo legal. En ese sentido, declaró que “se desestima la presentación directa” ya que “la queja ha sido interpuesta extemporáneamente”.

Comisión de Juicio Político en Diputados

Ayer jueves, el Frente de Todos consiguió imponer su mayoría y aprobó con 16 votos sobre 31 la admisibilidad de los expedientes contra los jueces supremos en la Comisión de Juicio Político de la cámara baja. De esta manera, se abre formalmente el proceso de investigación y recolección de pruebas contra el máximo tribunal, donde se llamará a testigos e incluso podrían ser citados, sin obligación de asistir, los miembros de la Corte.

En tanto, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad. De todos modos, los diputados Juan López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica presentaron una segunda propuesta donde se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti, en base a un pedido de enjuiciamiento que la bancada había realizado en 2016.

LC con información de agencia NA

La Justicia de Chile dio luz verde al pedido de extradición del líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien fue detenido en Argentina el pasado 30 de enero en el quincho de una casa en Río Negro.

En las últimas horas, la Corte de Apelaciones de Valdivia hizo lugar a la presentación de la Fiscalía local de Río Bueno para que el hombre cumpla su condena en el país trasandino.

Huala fue sentenciado a nueve años de prisión por el incendio de una propiedad y tenencia ilegal de armas. Resta el pedido de la Cancillería de Chile a la Argentina, y cuando se formalice se iniciará un procedimiento de extradición pasiva.

Al momento del arresto, el líder de la RAM estaba alcoholizado y disfrazado, mientras que permaneció alojado tres días en la Comisaría N° 36 de Dina Huapi y, durante ese período, hizo una huelga de hambre.

Le negaron la prisión domiciliaria

Previo a su traslado al penal federal de Esquel, un médico certificó que Huala se encontrara en buen estado de salud el martes había solicitado su arresto domiciliario en la ciudad de San Carlos de Bariloche en una nueva audiencia para resolver su futuro judicial.

De esa manera, rechazó su extradición a Chile, donde debe cumplir seis de los nueve años de prisión a los que fue condenado por “ataques incendiarios y porte de armas”.

El abogado de Jones Huala se expresó ante la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Valdivia, donde la Fiscalía y miembros del gobierno de Gabriel Boric acordaron pedir la extradición.

Jones Huala se mantuvo en la cárcel de Temuco hasta el 20 de enero del 2022, cuando la justicia le dio la libertad condicional.

Sin embargo, el 15 de febrero de ese año la Corte Suprema revocó la decisión y ordenó la detención. Como no pudo ser localizado se lo declaró prófugo y se emitió una alerta azul de Interpol.

Tras más de un año prófugo, fue detenido la semana pasada en un galpón en El Bolsón, Río Negro.

El fiscal Sergio Fuentes Paredes y el representante del Ministerio del Interior de Chile Carlos White acordaron que el gobierno de Chile, a través de su Cancillería, le pida a la Argentina el envío de Jones Huala.

Por su parte, la defensa pública penal, a cargo de Juan Pablo Alday Blanc, planteó que tratados internacionales establecen que el mismo delito en Chile debe estar regido en Argentina y eso debe estar acreditado en la causa.

Además de expresar la defensa que ese punto no se cumple en el expediente, pidió que se revoque la prisión preventiva que tiene Jones Huala y que cumple en la cárcel federal de Esquel.

La defensa sostuvo que el líder del sector mapuche más radicalizado tiene arraigo en la Argentina, que cuenta con familiares en Río Negro y que uno de los preceptos de las condenas penales es que el acusado se resocialice.

Qué acusaciones pesan sobre Facundo Jones Huala

Con información de NA

IG

A dos días de ser detenido tras permanecer más de un año prófugo de la justicia chilena, las autoridades decidieron que el referente mapuche Facundo Jones Huala sea trasladado a una dependencia federal, que sería la Unidad 14 de Esquel, en la provincia de Chubut. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) actualmente se encuentra en la comisaría de Dina Huapi, Río Negro, donde inició una huelga de hambre.

Jones Huala ya había utilizado este método de protesta en 2018, en el que permaneció casi tres semanas. En ese momento, fue en rechazo al pedido de detención de su hermano Fausto y de Lautaro González Curruhuinca, quienes descendieron de la montaña con el cuerpo de Rafael Nahuel, muerto en la represión del operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, en noviembre de 2017.

Otro episodio donde detenido se negó a ingerir alimentos ocurrió entre enero y febrero de 2019. Preso en la ciudad chilena de Temuco, le adjudicó la causa a la negativa de la cúpula penitenciaria de permitirle realizar ceremonias ancestrales, decisión que fue acompañada por otros miembros de su comunidad. “Es inhumano, cruel y degradante tener que realizar witra tripan en la ventana del baño cayendo las ofrendas en el desagüe”, expresó en ese entonces.

En Chile, Jones Huala fue condenado en diciembre del 2018 a 9 años de prisión por “ataques incendiarios y porte de armas”. Tras cumplir los primeros 3, la justicia le otorgó la libertad condicional en enero de 2022. Sin embargo, la Corte Suprema del país trasandino ordenó nuevamente su detención al poco tiempo, por lo estuvo fugitivo hasta el pasado lunes, cuando la policía provincial lo encontró en El Bolsón. 

Antes de darse a conocer su traslado a Esquel, el Ministerio Público de la provincia derivó a la Justicia Federal de Bariloche el caso, y solicitó que se informe a Chile de lo sucedido para poder formalizar el pedido de extradición. Según la indicaron fuentes diplomáticas, el país vecino contará con 30 días corridos desde este martes para llevarlo a cabo, con la posibilidad de realizar una prórroga por otros 10 días corridos adicionales.

LC con información de agencia NA

Distintos dirigentes de la oposición se expresaron luego de la detención de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el El Bolsón, provincia de Río Negro. El activista estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022 y cumplía una condena de nueve años en el país trasandino.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, describió el arresto de Jones Huala como “un paso importante”, y felicitó a la gobernadora Arabela Carreras: “Es fundamental que en Argentina rija la ley y las personas prófugas no caminen como cualquier ciudadano”. Manifestó expectativa por su extradición a Chile.

Uno de los primeros en opinar en sus redes sociales tras conocerse la noticia fue Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados: “Un delincuente menos suelto. Las familias patagónicas van a dormir un poco mejor hoy”.

En esa línea, el secretario porteño de Asuntos Públicos Waldo Wolff, felicitó a la policía provincial: “Quiero felicitar a la Policía de Río Negro por la detención de Facundo Jones Huala. En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito, y los delincuentes tienen que estar tras las rejas. Ahora que actúe la justicia. Es por acá”.

Por su parte, el senador radical Alfredo Cornejo culpó al Gobierno nacional de “hacer la vista gorda” y apuntó al presidente Alberto Fernández por haber recibido a la madre de Jones Huala. “El Gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir”, escribió en Twitter.

Además, el exgobernador de Mendoza añadió: “Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino”.

Por otro lado, Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio desmintió a la gobernadora rionegrina, al asegurar que no hubo operativo para detener al líder de la RAM sino una denuncia de una vecina y dos oficiales en funciones: “La gobernadora de Río Negro no dice la verdad, no hubo operativo para detener a Jones Huala”.

Diego Frutos, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, quien ya se había manifestado en contra de las usurpaciones de tierras por grupos mapuches, afirmó que ya habían denunciado que Jones Huala se encontraba en El Bolsón. Se sumó a las críticas contra el gobierno, diciendo que “no les hicieron caso porque lo protege el Gobierno Nacional”.

La publicación de Isabel Huala, la madre de Facundo

Desde su cuenta de Facebook, Isabel Huala, la madre de Facundo Jones Huala, compartió la canción “Libertad o Muerte”, de la banda Wechekeche ñi Trawün, que hace alusión a los arrestados de la comunidad mapuche. “Me desperté con esta canción en mi mente tipo 4 de la mañana”, escribió en su muro.

“En la cancha se ven los pingos, y cuando las papas queman también pocos quedan... Hoy me levanté inspirada porque la vida da muchas vueltas, pero cuando uno ama, ese amor jamás muere ni se cambia. Hablo del amor a un hijo, también el amor a la lucha del pueblo Mapuche. Alguna vez nos hemos puesto ebrios o mejor dicho en pedo porque somos humanos, pero acá se ve quien está de verdad apoyando. A los que no se creen el cuento de los medios derechosos y están preocupados les digo que haré todo lo que esté a mi alcance y que jamás soltaré la mano de nadie que lucho con feyentun. Apenas tengamos noticias lo diremos. Gracias mañun, por estar cerca o a la distancia”, amplió Isabel horas más tarde.

Las reacciones de los congresistas chilenos

Congresistas chilenos de todo el arco político también se manifestaron hoy por la detención de Jones Huala. Desde Renovación Nacional, un partido conservador liberal, el diputado Miguel Mellado aseguró: “Hemos tenido buenas noticias desde Argentina. Detuvieron a Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia chilena. Nosotros creemos que este terrorista tiene que estar preso, cumplir 100% su pena en la cárcel sin ningún beneficio”.

El senador Felipe Kast del partido de centroderecha Evolución Política manifestó que “la captura de Jones Huala es una buena noticia para Chile y también para La Araucanía. No podemos permitir que exista impunidad frente a quienes han utilizado la violencia y también el terrorismo, como una forma de hacer negocios y también de acción política”.

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto de Partido por la Democracia dijo que “aquellos que reivindican la violencia y la utilizan por cualquier causa, actúan al margen de la democracia y me parece bien que se responda aplicando el estado de derecho. En estas materias debe haber más inteligencia y colaboración binacional”.

Asimismo, el diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática expresó que “me parece que lo relevante es que se pueda tramitar expeditamente la solicitud de extradición para que sea la justicia chilena la que se haga cargo por los delitos que se le imputan en nuestro país”.

LC con información de agencias

El Gobierno de Chile pedirá a Argentina la extradición “inmediata” del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala. Así lo informó hoy Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de ese país, quien aseguró este lunes que el Ministerio Público chileno busca la extradición del dirigente detenido esta mañana en El Bolsón, provincia de Río Negro, luego de permanecer casi un año prófugo de la justicia.

“Hoy durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, obviamente, corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público y el Gobierno va a estar atento, porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni de este, ni en ningún caso”, dijo Monsalve a la prensa desde el Congreso trasandino.

El activista mapuche estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En enero de ese año, su defensa presentó un recurso de amparo y logró obtener el beneficio de libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó su detención, la cual no se hizo efectiva ya que Jones Huala no regresó a la cárcel.

Desde 2018, el líder de la RAM se encontraba cumpliendo una condena de nueve años de prisión por “ataques incendiarios y porte ilegal de armas”, delitos cometidos en enero del 2013 en el campo Pisu Pisué de la comuna de Río Bueno en el sur de Chile. Estaba en la cárcel de la ciudad de Temuco, capital de la región de La Araucanía, a 613 kilómetros de Santiago. Desde entonces, tuvieron lugar diversas protestas para exigir su liberación.

“Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde”, sentenció el subsecretario del Interior chileno.

La Interpol emitió un alerta roja por Jones Huala, detenido en Bariloche

Hace algunas horas, Interpol emitió una circular roja para asegurar la detención preventiva con fines de extradición Jones Huala. En caso que la misma no se emitiera, era probable que el dirigente mapuche quede en libertad. De todos modos, las autoridades argentinas dijeron que “no obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos”.

Fuentes oficiales informaron a Télam que el lonko mapuche “se encuentra a disposición del juzgado federal de San Carlos de Bariloche por haber sido detenido por una contravención”. Confirmaron también que las autoridades de Chile ya solicitaron su extradición.

La circular roja de Interpol con fecha de hoy en su publicación, señala a Jones Huala como un “prófugo buscado para el cumplimiento de una condena penal” y el país solicitante es Chile.

La Argentina ya había remitido una nota a la Embajada de Chile enviando el oficio judicial, y solicitó que considere transformar la circular azul en rojo para que se proceda a la detención preventiva hasta tanto se formalice el pedido de extradición. Por alerta azul se refieren a aquella destinada a conseguir más información sobre identidad, paradero o actividades delictivas en relación a una investigación penal.

Arabela Carreras: “La etapa de investigación queda en manos de la Justicia”

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo sobre el arresto: “En Río Negro mantenemos la firme convicción de que no toleramos delitos, ni abusos de armas o agresiones hacia las personas y los bienes”.

En diálogo con Radio Seis, la mandataria provincial declaró: “Es para destacar la tarea que tuvo el Ministerio de Seguridad nacional con el operativo en Villa Mascardi y también la jueza y la fiscal federal, manteniendo la orden de captura respecto de las personas que están cometiendo estos delitos; de esta manera logramos aunar criterios para tener estos resultados”.

En esa línea, explicó que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a cargo de Betiana Minor, se encuentra tramitando todos los procedimientos para que Jones Huala pueda ser extraditado a Chile. “La etapa de investigación queda en manos de la Justicia, tanto Federal como Provincial”, agregó.

La detención de Jones Huala

De acuerdo a la información oficial, el arresto de Jones Huala se produjo a partir de la denuncia de una mujer quien cerca de las cuatro de la mañana alertó a la policía sobre la presencia de un hombre merodeando la zona. Así fue como las fuerzas de seguridad lo encontraron “escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza”.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales corroboraron que el hombre se encontraba ahí, escondido en un quincho. Según se observa en los videos difundidos por las fuerzas de seguridad, vestía una pollera de jean hasta las rodillas, una remera floreada con una blusa negra y zapatillas rojas. Fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1.31 de alcohol en sangre.

El pelo suelto y despeinado daban señales de que estuvo descansando en el interior de la vivienda, a la cual ingresó tras romper un vidrio. No opuso resistencia tras ser hallado por la policía.

“Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, reveló la gobernadora de la provincia en diálogo con Todo Noticias.

LC con información de agencias

Este lunes a la madrugada detuvieron a Jones Huala en la Reserva forestal Loma del Medio - Río Azul, un área protegida ubicada en cercanías de la localidad de El Bolsón, departamento Bariloche. El líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 15 de febrero de 2022 cuando debía presentarse ante los tribunales luego de que un fallo le revocara su libertad condicional.

Así lo confirmó la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras: “Jones Huala fue detenido en El Bolsón a las 4 de la mañana. Estaba en estado de ebriedad. Había violado un domicilio, en busca de refugio. Policía de la provincia venía realizando operativos para su búsqueda. Finalmente, se dio con esta persona, tras un llamado de una vecina por disturbios en el hogar”.

De acuerdo a El Cordillerano, personal de policial capturó a Francisco Facundo Jones Huala, en la zona de El Bolsón. El líder mapuche pudo ser localizado tras la denuncia de una mujer que divisó a un extraño en el patio de su casa. Con ese dato, personal policial acudió al lugar y tras recorrer el terreno, dieron con una persona acostada en el quincho de la casa.

De acuerdo al medio rionegrino, el líder de la RAM “vestía una pollera de jeans hasta la rodilla y una blusa color negro con tachas doradas y una remera manga larga floreada debajo de la misma y tras el pedido de identificación, este se identificó como Jones Huala”. 

“A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos”, reza el documento con firma del Gobierno de Río Negro.

Tras su detención, se reactivaron los trabajos coordinados con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir dado que Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, que apunta a socavar información “sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”.

En el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

El dirigente mapuche fue condenado a 9 años de prisión por ser el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurrido en el fundo Pisu Pisué, en diciembre de 2016. El 11 de febrero de 2022, el líder de la RAM dejó de presentarse ante los tribunales de Temuco, en Chile, para acreditar su domicilio de acuerdo a la exigencia que debía cumplir para poder gozar del beneficio de libertad condicional, y el 15 de ese mes fue declarado “prófugo” por el gobierno de ese país.

Jones Huala debía retornar a prisión tras permanecer 24 días en libertad, una vez que la Corte Suprema de Justicia de Chile hizo lugar al recurso que presentó el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera para revertir el fallo que le permitió cruzar el umbral del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El comunicado de la Gobernación de Río Negro

La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022, se produjo tras varios meses de investigaciones de la fuerza de seguridad rionegrina, que tuvieron su resultado en la madrugada de hoy.

En el procedimiento, los efectivos de la Policía rionegrina atraparon a Jones Huala mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos.

Inmediatamente se produjo su detención al tiempo que se está trabajando de manera articulada con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir.

Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una ALERTA AZUL de INTERPOL, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Actualmente el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en ALERTA ROJA para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición.

No obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

Con información de agencias.

IG

Encapuchados ingresaron en un predio de Villa La Angostura, amenazaron al sereno que cuidaba el lugar e incendiaron maquinaria vial, por lo que las autoridades investigan la posibilidad de que se trate de un nuevo ataque de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El hecho se produjo en horas de la madrugada de este viernes en la zona donde la empresa Convenial trabaja en la traza de la ruta de Circunvalación: con sus rostros tapados, dos hombres entraron y amenazaron con armas de fuego a la persona que custodiaba el lugar.

Una vez que el empleado de seguridad escapó del lugar, los atacantes incendiaron cuatro máquinas viales y la casilla donde se apostaba el sereno.

“Cuando el sereno escuchó ruidos lo amenazaron de muerte con armas de fuego y cuando se estaba retirando escuchó que gatillaban no sabía si fue un tiro al aire o le tiraron y le erraron.

Incendiaron cuatro equipos viales y una casilla“, precisó Joaquín Pessacg, empleado de Convenial.

En diálogo con TN, el integrante de la compañía señaló que el ataque generó pérdidas por alrededor de un millón de dólares y “ahora hay que ver cómo se le da continuidad a la obra, porque hay que garantizar la seguridad” de los trabajadores.

A pesar de que por redes sociales como WhatsApp circuló una foto de un panfleto de la RAM adjudicándose el hecho, el director de Seguridad Interior de Junín de los Andes, Juan Carlos Ibarra, aseguró en declaraciones radiales que en las inspecciones en el lugar no se encontraron escrituras ni mensajes que pudieran vincular al grupo extremista a este hecho, publicó La Mañana de Neuquén.

De todos modos, los investigadores no descartan esa posibilidad, ya que se da en medio de una escalada de violencia en esa región patagónica.

Con información de NA.

IG

En medio de la tensión en la Patagonia por el conflicto con la comunidad mapuche por la tierras y después de un fin de semana marcado por los cambios en tres ministerios nacionales, el presidente Alberto Fernández afirmó este martes en la provincia de Neuquén que “no podemos darnos el lujo de estar enfrentados, postergando las necesidades de la gente” y señaló que “es el tiempo donde tenemos que estar más unidos que nunca porque el país tiene una gran oportunidad”.

“Estamos coyunturalmente en un tiempo de la historia, pero los pueblos perduran, permanecen. No es un presidente, un gobernador, es decisión de todos como sociedad. Tenemos una oportunidad única y no debemos desaprovecharla”, dijo el mandatario al inaugurar el nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en la ciudad de San Martín de los Andes, donde también entregó siete ambulancias al sistema de salud de la provincia.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, el Presidente en su discurso exhortó: “Apostemos a la construcción común, de que todos somos necesarios y nadie sobra. Todos debemos trabajar en un mismo sentido”.

También le apuntó al anterior gobierno de Juntos por el Cambio al asegurar que cuando llegó al Gobierno nacional “las obras públicas estaban paralizadas” y había un “sistema de salud diezmado” y añadió: “Recibimos un estado donde el 70% de las obras publicas estaban paralizadas y las deudas llegaban a 40.000 millones de pesos. Estoy muy feliz de terminar esta obra”.

El Presidente arribó al mediodía al aeropuerto de Chapelco, en la provincia de Neuquén, desde donde se trasladó a San Martín de los Andes para visitar obras viales y encabezar la inauguración del nuevo hospital Ramón Carrillo, donde lo esperaban manifestantes de comunidades mapuches que reclamaron la liberación de las mujeres detenidas en Villa Mascardi y que el nuevo nosocomio respete la medicina tradicional de los pueblos originarios.

“¡Bienvenido a Neuquén @alferdez! Es un honor recibirlo nuevamente en nuestra Provincia para continuar afianzando la senda del #TrabajoEnEquipo. #JuntosPodemosMás”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador Gutiérrez.

El nuevo hospital que fue inaugurado requirió una inversión de 1.117 millones de pesos, mientras que las obras de pavimentación de la avenida Los Lagos contemplan una inversión de 223 millones de pesos.

Los trabajos viales, que se extienden entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la calle Cerro Azul, en el barrio Cordones de Chapelco, mejorarán la calzada a lo largo de dos kilómetros de ripio, y beneficiarán a 20.000 personas.

En tanto, el nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo contará con un nuevo edificio de 11.320 m2 y se convertirá en el centro de salud público de cabecera de la llamada Zona Sanitaria IV de Neuquén.

El mismo funcionará como un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad y beneficiará a 56.000 personas.

Al término del acto, el jefe de Estado se reunió con miembros de la comunidad mapuche, quienes exigen la liberación de las mujeres de la comunidad detenidas tras el desalojo de Villa Mascardi.

Con información de Télam.

IG

“El conflicto por la tierra que recuperó la comunidad Lafken Winkul Mapu no comenzó hace cinco años, sino hace 140”. La frase, dicha por el longko (autoridad política) de una comunidad mapuche, desnuda el corazón del problema: las raíces de esta tensión hay que buscarlas en el despojo territorial y el genocidio producidos durante la Conquista del Desierto. A la vez, plantea un necesario abordaje multidimensional de la situación en la Patagonia. El desalojo y represión en Villa Mascardi coloca el conflicto varios pasos hacia atrás.

Desde mediados de la década de los ‘90 -cuando se iniciaron las recuperaciones-, algunas comunidades del pueblo mapuche plantearon y cumplieron el regreso a un territorio que de manera directa perteneció a alguno de los ancestros de sus integrantes. Otras, en cambio, sostuvieron y sostienen que toda la zona fue territorio mapuche y, por tanto, el regreso a esa tierra tradicional no puede estar regido por las arbitrariedades de las mensuras de los Estados y los negocios inmobiliarios. Hay comunidades que, como la Lafken Winkul Mapu, fundamentaron su reestablecimiento en un señalamiento espiritual: allí es donde debía levantarse una machi (autoridad espiritual), después de décadas sin que ello sucediera al este de la cordillera de los Andes. Una explicación que puede sonar lejana -y ajena- a oídos occidentales. Pero que retumba fuerte en el pecho de los mapuche.

En noviembre de 2017, la comunidad se instaló en dos parcelas de Parques Nacionales en Villa Mascardi y anunció la “recuperación” de ese territorio de entre 11 y 15 hectáreas. El Parque Nacional Nahuel Huapi posee 710 mil hectáreas, muchas de las cuales están ocupadas por emprendimientos turísticos y viviendas de lujo privadas, por la Iglesia católica o por organismos del Estado.

Millones de hectáreas de la zona cordillerana de Río Negro y el norte de Chubut se encuentra ocupadas por terratenientes nacionales y extranjeros: el grupo Benetton, Joe Lewis -que cercó el Lago Escondido-, el grupo belga BURCO, inversionistas Qataríes y de Emiratos Árabes, el empresario Röemers, entre otros.

El entonces directorio de Parques promovió una denuncia ante la Justicia Federal por “usurpación”. Pocos días después, el 23 de noviembre de 2017 y por orden del por entonces Juez Federal subrogante, Gustavo Villanueva, fuerzas federales ingresaron al territorio para proceder al desalojo. Al igual que en los hechos ocurridos hace pocos días, los uniformados detuvieron a un grupo de mujeres, mientras que los hombres de la comunidad escaparon monte arriba para evitar ser aprehendidos y criminalizados. Dos días después, el 25 de noviembre, con la disposición judicial de controlar la zona, un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina recorrió la comunidad, se encontró con un grupo de jóvenes -algunos de ellos que había huido del desalojo- y desató una cacería que incluyó el uso de armas letales: los Albatros dispararon entre 114 y 129 veces con munición 9 milímetros. Provocaron heridas a dos jóvenes y la muerte de Rafael Nahuel. Para la comunidad, “Rafita es un espíritu que sigue viviendo entre nosotros, nos acompaña y nos ayuda a levantarnos con fuerza”.

Aquel operativo no logró su objetivo de desalojo. Por el contrario, consolidó la presencia de la comunidad, convocó a más personas a sumarse a la recuperación y extendió los límites del territorio. Miembros de la comunidad explicaron que el avance hacia otras parcelas -incluyendo una del Obispado de San Isidro, una del Estado nacional que había pertenecido a la Unión Personal de Gas del Estado y otras privadas- se realizó por “seguridad”, para proteger las rukas (casas) construidas en el territorio.

Al momento del desalojo del pasado 4 de octubre eran nueve las parcelas y un total de 27,7 hectáreas en las que se asentaba la comunidad Lafken Winkul Mapu. Sin embargo, era y es un misterio cuántas personas la integran.

En los últimos años, algunas de las viviendas de los lotes linderos fueron quemadas, en hechos que judicialmente no tienen personas identificadas, pero que, en diversos casos, incluyeron una reivindicación por parte de la comunidad. Los vecinos de la zona plantean que, desde la instalación de la comunidad, se multiplicaron los ataques y que se vive en una situación de permanente inseguridad. Algunos de ellos, como Diego Frutos, encabezan el reclamo de desalojo, que incluye un discurso violento -“racista”, acusan las organizaciones mapuche- y fotos con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Los jóvenes que conversaron con elDiarioAR unas 15 horas antes del desalojo explicaron que la expansión territorial de la comunidad en los últimos cuatro años estuvo justificada en los ataques y tareas de inteligencia que desde esas parcelas realizaron “patotas privadas comandadas por Frutos” y fuerzas de seguridad estatales.

Negociación o represión

Tras el pico represivo de 2017 -que también provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado-, distintas mesas de diálogo fueron abiertas y cerradas desde la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. Reclamadas históricamente por distintas comunidades y organizaciones del pueblo mapuche como instancias de negociación política, el momento más fructífero de las mesas fue durante la administración de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde fines de 2019 hasta su eyección del ministerio a mediados de septiembre de 2021. En agosto de 2020, Frederic dijo que “debe transitarse el camino del diálogo” para buscar una solución a la situación en Villa Mascadi. Durante su gestión, la conflictividad se canalizó a través de reuniones y negociaciones. Algunos hechos puntuales de violencia pusieron en duda esa estrategia, pero lo cierto es que el “conflicto mapuche” -como llaman a esta situación algunos medios- salió de agenda.

Mientras las mesas de diálogo buscaban bajar la conflictividad y poner un límite a las estrategias represivas, se consolidaron una serie de organizaciones que, desde entonces, reúnen a los grupos más concentrados de la riqueza, de la posesión de la tierra, y de estudios de abogados que sostienen el andamiaje jurídico de las denuncias contra el pueblo mapuche. El más visible de esos conglomerados es el denominado Consenso Bariloche, que nuclea a los más importantes estudios de abogados del país -Sarmiento y Marval, O´Farrel & Mairal, Vergara y Asociados, entre otros-, empresarios locales y nacionales, funcionarios y simpatizantes de Juntos por el Cambio, terratenientes y su representación de la Sociedad Rural.

Pero Consenso Bariloche no es el único: la Fundación Naturaleza para el Futuro y la iniciativa Propiedad Privada Patagónica articulan con él esfuerzos y recursos para intentar frenar los reclamos territoriales, y a la vez presionar al Gobierno provincial rionegrino para que extreme su posición reactiva ante los planteos mapuche.

Esos mismos sectores impulsaron la realización de dos marchas -“banderazos patrióticos” las llamaron- hacia Villa Mascardi. La primera fue detenida por personal de la Policía de Río Negro para evitar enfrentamientos y porque circularon imágenes de personas preparando armas caseras para “sacar a los mapuches” del lugar. La última se realizó dos días antes del desalojo, concurrieron unas 200 personas, y estuvo encabezada por Patricia Bullrich.

Desde 2017 hasta la actualidad, el Estado nacional y las provincias incumplieron con el mandato de la Ley 26.160 de relevamiento de pueblos originarios, que hubiese permitido determinar la preexistencia de las comunidades y su presencia en el territorio y así establecer una mesa de trabajo para satisfacer las demandas dentro de la normativa vigente, aprobada por primera vez en 2006 y prorrogada en varias oportunidades. Esos relevamientos se realizaron en cuenta gotas.

Así se llegó hasta el 27 de septiembre pasado, cuando fue incendiada una casilla de Gendarmería ubicada a la vera de una propiedad privada en Villa Mascardi. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores del hecho, pero esa causa fue la que llevó a la Jueza Federal subrogante, Silvina Domínguez, a ordenar el desalojo de las nueve parcelas en las que se asienta la comunidad.

Los integrantes de la Lafken Winkul Mapu con los que conversó este medio el pasado lunes 3 de octubre anticiparon que resistirían cualquier intento por sacarlos del lugar, y explicaron que su presencia “es una respuesta al despojo histórico del Estado”. Esos jóvenes hace casi una semana están en la montaña, dispersos. Escaparon del avance de los más de 150 uniformados que ingresaron coordinados y pertrechados. No fueron identificados y no hay información sobre su paradero y situación. El operativo del “Comando Unificado de seguridad zona Villa Mascardi” se mantiene.

Este sábado a última hora -luego de la renuncia de la Ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de la denuncia de organismos por graves violaciones a los derechos humanos y del pronunciamiento de organizaciones y comunidades del pueblo mapuche-tehuelche-, la Justicia Federal otorgó la prisión domiciliaria a cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo.

SR

Luego que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara los pedidos de excarcelación, cuatro de las siete mujeres detenidas por el operativo de desalojo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad fueron provistas con prisión domiciliaria por su condición de madres. Por otro lado, las restantes tres mujeres permanecen detenidas.

Las tres mujeres que siguen en la sede regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento, habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.

Aquellas que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria son Martha Luciana Jaramillo, Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas. En el caso de Rosas, está cursando un embarazo de 40 semanas. Luego de concedérseles la prisión domiciliaria, las cuatro fueron llevadas en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana de este domingo hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en el oeste de Bariloche.

Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron la situación particular de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1600 kilómetros de su lugar de residencia. “Su situación era conocida desde el primer momento”, advirtió a Télam el abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y señaló las “contradicciones” de la jueza por haber decidido en un primer lugar el traslado de Jaramillo a Ezeiza.

En ese sentido, Palavecino indicó que “lo que viene haciendo la jueza (Silvina Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer”. El letrado mencionó también como una segunda “contradicción” de la magistrada que “dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria” en un mismo día.

Ayer por la noche, Andrea Despo, quien había sido llevada a Ezeiza, grabó un video desde la unidad de la PSA de Bariloche. En el mensaje, expresó que “parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió”, y le exigió a la Justicia que le devuelva la libertad “porque es nuestro derecho”. En esa misma línea, manifestó: “Los procedimientos legales se pueden hacer con nosotras en libertad”.

Además, el defensor Palavecino señaló que “la jueza rechazó todos los pedidos” de excarcelación, y planteó que la magistrada tendrá que explicar “cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial” para validar las detenciones. En el traslado hacia Buenos Aires, el abogado denunció “vejaciones” hacia las mujeres porque fueron “revisadas estando desnudas cuatro veces mientras estaban con custodia”.

Por otra parte, dijo que en el caso de Romina Rosas, la mujer embarazada, “le denuncié a la jueza al momento de la indagatoria que estaba en una habitación de tres por dos y que a un metro y medio tenía dos oficiales de la PSA que todo el tiempo la estaban grabando con una cámara, sin intimidad”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que las autoridades están garantizando que se cumpla la ley de Parto Respetado en este caso. La cartera de Estado informó que “tomó conocimiento de un posible incumplimiento de la Ley 25.929 de Parto Respetado que involucra a una mujer de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que cursaba un embarazo con fecha cercana de parto y fue detenida, siendo consecuencia de eso su traslado al hospital de Bariloche”.

“En efecto se trata de una gestante cursando la semana 39 que fue internada por razones de salud sin ningún signo de riesgo clínico ni de inicio de trabajo de parto”, añadió en un comunicado. “En atención a lo expuesto, el Equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado tomó comunicación con integrantes de la comunidad mapuche para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural”, explicó.

Y dijo que “en este sentido se solicitó al hospital que se respete el derecho a estar acompañada previsto en el artículo 2 de la Ley 25.929, petición que a su vez ya había sido presentada por las autoridades del hospital al juzgado interviniente, y que redundó en el efectivo ingreso de su püñeñelchefe, partera empírica y una autorización para permanecer acompañada”.

El ministerio que conduce Carla Vizotti reseñó que “desde entonces, el mencionado equipo técnico mantiene comunicación permanente con su par rionegrino y con la comunidad mapuche monitoreando la situación y el estado de la persona para que se dé pleno cumplimiento de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado”.

Palavecino señaló que el viernes pasado desde la defensa presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación a los derechos humanos”, la cual ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

Refiriéndose a la causa, el abogado se quejó: “Todavía desconozco lo que dice el expediente porque continúa con secreto de sumario”, y agregó que “objetivamente no existe ninguna prueba que vincule (a sus defendidas) a los hechos de la indagatoria”.

El martes pasado, las fuerzas federales y provinciales organizadas en un comando unificado desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

LC con información de agencia Télam

Aníbal Fernández usó su cuenta de Twitter para expresar su respaldo al operativo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad. “Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, expresó el funcionario, buscando marcar diferencias con hechos como el de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin dar nombres, el ministro de Seguridad planteó hoy domingo que el Gobierno “no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales”, respondiéndole a las críticas por el operativo de desalojo de Villa Mascardi, en donde fueron detenidas siete integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. “No se instruye a realizar actos violentos y, si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida”, aclaró.

“Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad al final de su mensaje.

El martes pasado, fuerzas federales unificadas y con la participación de la Policía rionegrina detuvieron a siete mujeres en las inmediaciones de la ruta 40, en el marco de un desalojo de grupos autodenominados mapuches, lo cual generó una nueva interna en el Frente de Todos.

El hecho dio lugar a la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta a su cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien fuera abogada de Facundo Jones Huala. Fue por cuestionamientos a las detenciones de mujeres y niños durante el operativo, ya que cuatro de las detenidas fueron encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Ayer sábado, fueron trasladadas nuevamente a la ciudad de Bariloche, según dispuso la jueza Silvina Domínguez.

LC con información de agencias

Las mentes más inteligentes de Brasil se hacen por estos días una pregunta muy argentina: ¿Qué es esto? Se refieren no sólo al experimento extraño y siniestro que gobernó su país en los últimos seis años, sino también a su perdurabilidad. Porque, más allá de lo que suceda el próximo 30 de octubre en la segunda vuelta electoral en la que muy probablemente triunfe Luiz Inácio “Lula” da Silva, en Brasil habrá bolsonarismo con o sin Jair Bolsonaro.

El poder institucional alcanzado por la ultraderecha en el Congreso y en la administración de varios Estados importantes del país-continente muestra que esa corriente política llegó para quedarse, al menos por un buen tiempo.

La explicación coyuntural parte de un error muy recurrente cometido no solo en Brasil, sino en muchos países del mundo: creer demasiado en las encuestas que, en este caso, pronosticaban un triunfo de Lula en primera vuelta. Fernando Henrique Cardoso —hace casi 30 años— fue el último elegido en esa instancia, una hazaña que ningún otro presidente logró. La realidad era la única verdad, pero los pronósticos se confundieron con el deseo (y el interés) y condujeron a la desazón general.

Además, en lo inmediato es tan cierto que los paupérrimos resultados del talibán neoliberal Paulo Guedes (ministro de Economía) explican en parte la ventaja de Lula, como que tuvo lugar una coyuntural recuperación económica, cierta baja de la inflación y la desocupación impulsadas por el “populismo fiscal invertido” de Bolsonaro que colaboraron en los guarismos finales del capitán retirado.

Los fundamentos de más largo alcance tienen su explicación en múltiples factores políticos, económicos y sociales que afectaron a Brasil en las últimas décadas.

En el terreno político-histórico se expresa la crisis de la promesa de la Nueva República, el régimen político que se instauró después de la dictadura y que tiene como referencia fundamental a la Constitución de 1988. Como escribieron el economista Daniel Feldmann y el historiador Fabio Luis Barbosa dos Santos en Brasil autofágico. Aceleración y contención entre Bolsonaro y Lula (Tina limón, 2022), en aquel momento había un horizonte de esperanza y expectativas de inclusión e integración de la población a una especie de “ciudadanía salarial”: derechos sociales, por un lado; empleo estable, por el otro. Una especie de “con la democracia se come, se cura y se educa” a la brasileña. El neoliberalismo fue una primera frustración. El partido que se identificó con esa agenda, el PSDB de Fernando Henrique, se agotó de tal forma que no volvió a ganar una elección presidencial y terminó de hundirse en estos comicios. Después vinieron los gobiernos del PT con la esperanza de retomar ese horizonte “ciudadano”. Las masivas movilizaciones de junio de 2013 mostraron una frustración en relación a esa expectativa de inclusión. El golpe institucional y el encarcelamiento de Lula —claves para el encumbramiento de Bolsonaro—  tuvieron como telón de fondo esta crisis de largo alcance. El agotamiento del PT en el poder fue, al mismo tiempo, el agotamiento de la esperanza de la Nueva República.

Desde el punto de vista estructural, la primarización de la economía provocó que desde el año 2010 Brasil volviera a exportar más commodities que bienes manufacturados por primera vez desde 1978. Esto equivale a una importante desindustrialización relativa: hoy Brasil tiene una tasa de industrialización del 9%, la misma que tenía en 1913, como graficó el histórico cuadro del PT, Breno Altman, en diálogo con la revista Crisis.

Este proceso tuvo múltiples consecuencias económicas y sociales, entre ellas, el mayor peso relativo del llamado agrobelt (cinturón agrario), sector económico que posee un cada vez mayor peso relativo en el PBI. Según algunas estimaciones, Bolsonaro triunfó en 75 de cada 100 pueblos agrarios del país.

A esto hay que agregar la conocida influencia ascendente de los neopentecostales y la territorialización de las milicias en zonas como Río de Janeiro, como parte del mayor peso de los militares en el país, por lo menos desde la expedición a Haití en 2004 integrando las fuerzas de la Minustah. Fenómenos que no se explican sólo por la marginación, pero no se entienden sin ella.

Pero, además, en el entramado social más profundo, aunque el núcleo duro del respaldo al bolsonarismo reside en los sectores más enriquecidos, también recogió el apoyo de algunas franjas empobrecidas. El crecimiento de la informalidad, la progresiva dualización de la sociedad (un fenómeno latinoamericano) y la precarización han permitido que el bolsonarismo penetre e interpele con una orientación que buscó politizar el emprendedorismo de sí mismos, extremar la lógica concurrencial —natural del capitalismo, radicalizada en el neoliberalismo— de la que quedó presa una fracción considerable de la sociedad brasileña que vive a la intemperie.

Como puede observarse, no todo se reduce a la economía, pero sin la economía (del corto, mediano y largo plazo) no se pueden entender las transformaciones en curso.

Argentina, decime qué se siente

En nuestro país, los pesimistas de la inteligencia y los optimistas de la voluntad intercambian roles y argumentos. Un integrante del oficialismo se entusiasma y asegura que si Bolsonaro logró hacer la elección que hizo gobernando como gobernó, ¿quién dijo que todo está perdido? Alimenta su esperanza moderada con el más que seguro regreso de Lula al Palacio de Planalto y los sueños de una nueva patria grande. Sin embargo, el avance del bolsonarismo en el parlamento y en las gobernaciones pondrá muchas trabas a una eventual colaboración. Integraciones regionales del tipo Unasur requieren de la aprobación parlamentaria; los bolsonaristas que llegaron al Congreso y los gobernadores del sur son contrarios —económica y políticamente— a esta perspectiva.

En la coyuntura argentina, casualidad o no, los dos hechos más relevantes de la semana tuvieron una impronta “bolsonarista”: por un lado, la violenta represión desatada contra integrantes del pueblo-nación mapuche en la zona Villa Mascardi en Río Negro —incluida la violación de elementales derechos democráticos —; por el otro, la desbocada represión en La Plata contra hinchas de fútbol que terminó con el trágico saldo de un muerto y una decena de heridos.

La primera acción en el sur era reclamada en las últimas semanas por la “bolsonarista por excelencia” de la política argentina (Patricia Bullrich), además de empresarios y terratenientes locales. El Gobierno nacional con Aníbal Fernández a la cabeza puso las fuerzas conjuntas (250 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura que operaron en conjunto con la Policía provincial) a disposición de la jueza María Silvina Domínguez y cumplió sus órdenes con minuciosidad y alevosía.

El segundo hecho aconteció cuando apenas había comenzado el partido entre los clubes Boca y Gimnasia, y tuvo todos los condimentos de una interna de la Policía Bonaerense que puede encerrar (o no) una interna política. Si Sergio Berni no tuvo nada que ver (según sus declaraciones, nunca tiene nada que ver), entonces, de mínima debe reconocer que el autogobierno policial sigue vivito y coleando en la temeraria fuerza que posee cerca de 100 mil hombres armados en la provincia de Buenos Aires.

Lo que es seguro es que no fueron meros “errores o excesos” y el argumento más fundamentado del montaje lo describe ante elDiarioAR una fuente más que autorizada para hacerse una composición de lugar: un hincha que no falta a ningún partido del Lobo platense. “Fue muy montado todo —asevera—. La cancha siempre está igual de llena. Yo llego siempre para el pitido inicial, a pesar de eso siempre está abierto y circula la gente sin problemas. Ese día cerraron las puertas media hora antes y literalmente empezaron a los tiros. Además, lo de gasear a las tribunas tenía la intención de darle visibilidad y escándalo.”

Lo cierto es que en la tierra gobernada por Axel Kicillof pasan las represiones, los motines, los escándalos, las impericias y siempre queda el artista: Sergio Berni. Hasta ahora, esta no es la excepción.

Parecidos pero diferentes

Las tendencias a la dualización y latinoamericanización argentinas son tan reales como sus consecuencias socio-políticas. El crecimiento de la informalidad y la precarización de la vida produjo nuevos emergentes sociales pasibles de ser interpelados por las nuevas derechas (aunque, la disputa está abierta). 

Sin embargo, hasta ahí llega el género próximo que es necesario subrayar, tanto como las diferencias específicas.

En primer lugar, si históricamente Brasil tuvo en el PT una representación política de los trabajadores (que hoy está muy lejos de lo que fue), la Argentina desarrolló una contenciosidad y un sistema de trincheras en la “sociedad civil” con un volumen mayor. Esa anatomía social mantiene aún su vitalidad, pese a los evidentes retrocesos. Existe un entramado sindical significativo comparado con otros países de la región (y del mundo) y fuertes “movimientos sociales” que encuadran a trabajadoras y trabajadores desocupados, precarios o que se organizan en emprendimientos autogestionados. Lo que Juan Carlos Torre llamó “pobres en movimiento”. Por esa razón, pese a los avances de hecho de ciertos aspectos de flexibilización en las condiciones de trabajo, en nuestro país no se impuso una reforma como la que afecta legalmente a los trabajadores brasileños.

En segundo término, si la liberación de Lula por parte del mismo Poder Judicial que lo había condenado fue esencialmente un movimiento “desde arriba” que buscaba equilibrar a un Bolsonaro descarriado que empezaba a poner en riesgo la lógica de los negocios, el comienzo del fin del gobierno de Mauricio Macri se hizo “desde abajo”, en las calles, con las masivas movilizaciones contra la reforma previsional de diciembre de 2017. Eso más allá de las traducciones políticas que siguieron a aquel acontecimiento.

En tercer lugar, la violencia política, estatal y paramilitar está mucho más naturalizada en Brasil que en nuestro país —esto debido a una historia que se remonta a cómo fue el proceso que derribó a la dictadura— y lo demuestran los ejemplos recientes: por un lado, la represión en Mascardi y el injustificable traslado de las mujeres pertenecientes al pueblo-nación mapuche hasta Buenos Aires provocó la renuncia de una ministra del Gabinete nacional (Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), producto también de la existencia de un movimiento feminista de impacto nacional. Por otra parte, la muerte por responsabilidad de la represión policial del hincha de Gimnasia, César “Lolo” Regueiro, generó una crisis en el gobierno provincial y una conmoción nacional.

Por último, hasta en el terreno cultural —si se quiere— existen manifestaciones de esta “estructura de sentimientos” que habita en la memoria colectiva de nuestro país, como el impacto de la película Argentina, 1985 de Santiago Mitre (basada en el Juicio a las Juntas). Expresa un fenómeno que también se manifestó hace algunos años, durante el gobierno de Macri, en las movilizaciones contra el fallo de la Corte Suprema conocido como del “2x1” que pretendía liberar a responsables del genocidio.

No se trata de una competencia de ventajas y desventajas de países que enfrentan enemigos comunes, sino de los diversos contextos en los que tiene lugar la disputa política para no concederles a los entusiasmados “bolsonaristas” locales victorias que no conquistaron.

FR

“La jueza federal de Bariloche acaba de indicar que las cuatro mujeres mapuches alojadas en Ezeiza, sean trasladadas nuevamente a Bariloche”, publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Twitter este sábado al mediodía, y solicitó que el traslado de las mujeres detenidas sea “respetuoso de los derechos humanos”.

El CELS indicó que “después de 3 días, ahora resulta que el mejor lugar es ese, del que nunca deberían haber sido sacadas” y sentenció que “es urgente que las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos. Esto, teniendo en cuenta los tratos denigrantes que recibieron”.

“Todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches”, apuntó el CELS en su publicación. Por otro lado, la organización le reclamó a la Justicia que “no se les realice requisas en sus cuerpos, bajo ninguna circunstancia, en tanto desde el 5 de octubre estuvieron bajo custodia”.

Además, la entidad solicitó que “no se les realice largos trámites de registro; no sean esposadas en el viaje; se les dé comida y abrigo; se les informe el destino, horario de llegada; y se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres”.

El pasado martes, las fuerzas federales detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, de las cuales cuatro fueron trasladadas al penal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires.

Las detenidas son Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo, todas ellas imputadas por la Justicia federal en una causa caratulada como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación”.

LC con información de agencia Télam