Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

AR/CRM

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD

Más de un contador, no todos, desaconsejan a sus clientes con flujo de fondos o stocks no declarados blanquearlos a partir de la nueva ley de inocencia fiscal, que aún resta reglamentar. Mientras, los bancos privados y los públicos excepto el Nación ponen reparos a recibir efectivo o plata del exterior o de criptoactivos sin registrar por cuestiones de compliance (cumplimiento normativo) para evitar incurrir en lavado de dinero. Incluso advierten a sus usuarios que deberían elaborar un reporte de operación sospechosa (ROS) para girarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que lucha contra el lavado.

“Es una ley muy extraña con una serie de defectos, por lo que las posibilidades de éxito que le veo hoy, sin reglamentar, son muy relativas”, opina el contador Jorge Gebhadt, asociado al estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. En primer lugar, considera que podrían quedar afuera los 2,1 millones de monotributistas y los 10 millones de empleados formales en relación de dependencia. Lo mismo opina su colega Juan Pablo Futten.

“A los monotributistas les harían desistir de su categoría para entrar en el nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, lo cual yo no le recomendaría a nadie porque automáticamente las retenciones de Ganancias pasan a ser del 31%, el IVA no necesariamente se puede trasladar a un cliente”, expone Gebhardt. “Los empleados o los jubilados que tengan dólares -N. de la R.: hay gente con ingresos en blanco que los ilegalizaron al comprar divisas en cuevas- también deberían adherirse a este régimen simplificado”, añade el mismo contador. Hay 7,1 millones de jubilados y pensionados.

Futten, que integra el kirchnerista Instituto Patria, reconoce que la ley acierta al subir bien el umbral a partir del cual se considera delito -y, por tanto, con pena de prisión- la evasión tributaria, de $1,5 millones a 100 millones, dado que el monto había quedado desactualizado por la inflación. También en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pase a controlar sólo los últimos tres años, no los cinco, como antes, salvo tres excepciones (si el organismo considera que debe tributarse más del 15% por encima de lo declarado por el contribuyente, si este usó facturas truchas o si evadió más de $100 millones). Sin embargo, Futten concuerda con las dudas de si algún monotributista adherirá -algo no menor teniendo en cuenta que hay millonarios escondidos en esa categoría- o algún empleado en blanco. Es decir, el nuevo esquema sólo atraería a autónomos, también llamados responsables inscriptos, que suman 422.000 personas.

En cambio, el contador César Litvin disiente: “El régimen simplificado es una excelente opción para los contribuyentes de Ganancias, no ganan mas de $1.000 millones anuales, con un patrimonio menor a $10.000 millones y que no son grandes contribuyentes. La declaración jurada es muy simple, conviene incluso pasarse a los autónomos que tienen todo en blanco porque además ya no les revisarán lo de más de tres años. El monotributista que se asesore por si le conviene o no salirse del monotributo. A algunos sí y a otros no. A la mayoría no le va a servir cambiar”, concede. También lo aconseja “para los que tienen dólares en el colchón, que incluso pudieron haber provenido de pesos en blanco, porque sólo así los pueden exteriorizar y darles una renta”.

Gebhardt sigue arremetiendo: “Al no ser una ley de blanqueo, quedan abiertas muchas rendijas peligrosas. Se dicen que no van a revisar los consumos ni los incrementos patrimoniales, pero la ley de procedimiento tributario hay presunciones más que siguen vigentes, por ejemplo, el inventario no declarado por un comerciante o si los depósitos bancarios superan a las ventas”. Por eso, pronostica poca adhesión a la ley de inocencia fiscal, salvo que la reglamentación la cambie.

Futten advierte que la reglamentación tampoco puede modificar la ley. Y agrega cuestionamientos. Recuerda que el último blanqueo de capitales de 2024 incluyó, a pedido de senadores opositores, un artīculo que establece que los que adhirieron no pueden sumarse a eventuales futuras amnistías fiscales hasta 2038. El contador alerta que es muy delgada la línea que separa la inocencia fiscal de un blanqueo. Litvin rechaza esta objeción: “La nueva ley tiene efectos de blanqueo, pero no es un blanqueo”. Futten añade que, a diferencia del sinceramiento fiscal de hace dos años, ahora hay un tope de US$60.000 y se pregunta por que registrarían fondos aquellos que no lo hicieron entonces. Claro que hay gente que en este periodo ha vuelto a generar recursos sin declarar.

Futten, docente de impuestos en la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que los bancos pueden hacer los ROS ante operaciones de montos inusuales de sus clientes. En una de las principales entidades privadas de la Argentina y en otras de mayores billeteras virtuales cuentan que están esperando la reglamentación para definir cómo proceder. Después de que se conozca, las asociaciones de bancos entregarán al Gobierno un documento con sus dudas, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, los retara por rechazar fondos no declarados y aconsejara dirigirse a depositarlos al Nación, que preside Darío Wasserman, consignado como uno de los recaudadores de la última campaña libertaria. En un banco público siguen aplicando las mismas normas de siempre contra el lavado, el terrorismo y el tráfico de armas, a la espera de nuevos detalles de la UIF y el Banco Central.

“Hay que trazar una línea divisoria entre dinero negro y dinero sucio, proveniente del narco o la venta de armas”, opina el CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich. “Los bancos por compliance y por la UIF tienen que saber el origen de dinero y reportar operaciones sospechosas. En blanqueos anteriores, los bancos no querían recibir depósitos para evitar esa responsabilidad. Que pidan lo que deben pedir, pero que no ahuyenten a sus clientes de siempre. Cuando ya son clientes se sabe dónde generan dinero, pero si se presenta alguien sin cuenta en bancos y con cifras significativas, van a pedir el origen lícito del dinero”, reconoce.

Diego Fraga, del estudio Expansion, apunta que la nueva ley tiene “mucho intenciones, pero falta afinar el lápiz y aclarar cosas”. El abogado tributarista señala que resta definir qué documentación deberán pedir los bancos y la UIF, coincide con Gebhardt en que no se desactivan todas las presunciones de evasión, aconseja -como Litvin- que los monotributistas hagan una simulación previa a pasarse al nuevo régimen para ver si les conviene o no y recuerda que la ciudad de Buenos Aires y las provincias mantienen sus propios regímenes tributarios y que la estructura de la ARCA, aunque haya estrenado nombre, repite prácticas arraigadas. Es decir, sigue habiendo inspectores con vocación de perseguir evasores.

AR/MF

Este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero los servicios financieros tendrán funcionamientos distintos. Cómo operarán las entidades financieras y el mercado. La llegada del Año Nuevo trae consigo un calendario distinto para las operaciones bursátiles y los bancos.

Qué pasa con los mercados

Con respecto a la jornada para las acciones y bonos locales, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), no habrá operaciones durante el miércoles por lo que no se realizarán negociaciones ni liquidaciones en la víspera al 2026.

El jueves 1 de enero tampoco se realizarán operaciones debido al feriado inamovible por el comienzo del nuevo año.

Los bancos este 31 de diciembre

El Banco Central (BCRA) informó que el miércoles 31 de diciembre habrá asueto para el personal bancario, y se mantendrán cerradas todas las entidades financieras del país. La compra y venta de dólares tampoco estará habilitada para este miércoles.

Sí funcionará los canales de atención online, donde se podrá operar a través de home banking y aplicaciones móviles para realizar pagos, transferencias y consultas de saldo y movimientos.

También permanecerán abiertos los cajeros automáticos para realizar extracciones y/o depósitos de dinero.

En tanto, para el 1 de enero habrá feriado bancario por el feriado nacional.

Con información de NA

JIB

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó su enérgico rechazo a la reforma del artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.

El Director Ejecutivo de ABAPPRA, Marcelo Mazzón, calificó la medida como un posible “cisne negro” y alertó sobre la creación de un “corralito digital”.

Al iniciar su intervención Mazzón subrayó que las cuentas sueldo actuales son 100% gratuitas y seguras, respaldadas por seguros de depósito (SEDESA) y altos estándares internacionales (Basilea), niveles de confianza que los PSP (Proveedores de Servicios de Pago, también conocidos como “billeteras digitales”) aún no poseen.

Por otra parte, el representante de ABAPPRA explicó que el ahorro captado a través de las cuentas sueldo es la “materia prima” que los bancos transforman en créditos para inversión, producción y empleo. Al derivar estos fondos a billeteras virtuales que derivan sus saldos a los FCI (donde el encaje es del 100%), se elimina la capacidad de financiar a empresas y consumidores argentinos.

Los riesgos enumerados por los bancos

Las entidades financieras sostienen que las billeteras digitales (PSP) no cumplen con los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario tradicional y plantean los siguientes puntos críticos:

El fantasma del “corralito digital”

Mazzón advirtió que si los usuarios intentaran retirar masivamente su dinero físico desde las billeteras al mismo tiempo, se produciría un cuello de botella. “Todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales”, señaló, definiendo el escenario como el “primer corralito digital del mundo”.

Actualmente, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación.

Asimismo, Mazzón destacó que los bancos públicos realizan el “delivery del cash” en todo el país, recorriendo hasta 3.000 km semanales para abastecer cajeros en pueblos remotos. Si los depósitos no permanecen en el sistema bancario, será económicamente inviable garantizar la presencia de efectivo en las regiones del interior.

Finalmente, advirtió que la modificación propuesta en el Art. N° 35 fomenta el “shadow banking” o banca en la sombra, un fenómeno que ya provocó crisis financieras globales en el pasado (2008) y que carece de la regulación estricta del Banco Central.

Desde ABAPPRA solicitaron formalmente a los legisladores votar por la negativa el Artículo N° 35, argumentando que la libertad actual de los usuarios para transferir sus fondos desde bancos a billeteras ya es total, y que forzar el pago directo en estas plataformas digitales solo traerá menos seguridad para los usuarios bancarios, menor capacidad crediticia y mayor inestabilidad al sistema financiero nacional.

Tras más de tres años de expansión del trabajo remoto, las grandes empresas tecnológicas comenzaron a revertir la tendencia e imponen modelos híbridos obligatorios, con presencia semanal en oficina. La decisión, impulsada por criterios de productividad y control, choca con una parte de las y los trabajadores, que denuncian retrocesos en términos de autonomía, conciliación y salud mental.

Google, Amazon, Apple y Meta exigen al menos tres días presenciales por semana en sus oficinas centrales. En 2023, el CEO de Amazon, Andy Jassy, advirtió que quienes no cumplan con la presencialidad “probablemente no encajen en la compañía”. Meta (Facebook) limitó incluso la posibilidad de aplicar a nuevos puestos si no se reside cerca de una sede. “El trabajo en persona ayuda a construir relaciones y cultura organizacional”, argumentó Mark Zuckerberg.

En paralelo, firmas como Dropbox, GitLab o Spotify consolidaron esquemas remotos permanentes, incluso con trabajadores distribuidos en distintos países y sin oficinas físicas. Estas empresas reportaron menor rotación y mejores resultados en encuestas internas de clima laboral. GitLab, con más de 1.500 empleados full remoto en 65 países, duplicó su valuación desde 2020.

Un informe de McKinsey de 2024 mostró que el 90% de las grandes empresas estadounidenses ya adoptó algún modelo híbrido, mientras que apenas el 7% se mantiene 100% remota. La presión por volver a la oficina aumentó tras la caída de acciones tecnológicas, el recorte de personal y el discurso de “normalización” postpandemia. Sin embargo, las encuestas muestran que el 60% de las y los trabajadores preferiría no volver a una presencialidad obligatoria.

En América Latina, el modelo híbrido también se impone, pero con fuertes diferencias según país, rubro y tamaño de empresa. Multinacionales como Microsoft, Accenture o Mercado Libre implementan esquemas de 2 o 3 días presenciales por semana en grandes ciudades como San Pablo, Ciudad de México o Buenos Aires. “Es un equilibrio entre la flexibilidad que piden los equipos y la necesidad de cultura corporativa”, explicó un vocero de una consultora global.

En Brasil, un relevamiento de la Fundación Getulio Vargas indicó que el 47% de las empresas medianas y grandes adoptaron modelos híbridos, aunque solo el 18% reguló el trabajo remoto por convenio. En Colombia y México, la legislación avanzó en reconocer el teletrabajo, pero las inspecciones laborales son escasas y la carga de conectividad sigue recayendo en las y los trabajadores.

Argentina reguló el teletrabajo en 2020 mediante una ley nacional, pero su aplicación es limitada y no contempla realidades como la desconexión digital o los gastos de servicios. Muchas empresas retienen el trabajo remoto como beneficio discrecional, no como derecho, lo que genera tensiones gremiales y reclamos de mayor equidad. El modelo híbrido se aplica sobre todo en sectores de tecnología, banca y servicios profesionales, con variantes por área y perfil de puesto.

En el caso argentino, grandes compañías tecnológicas como Globant, Accenture, IBM o Mercado Libre adoptaron esquemas híbridos flexibles, con exigencias de presencialidad que varían entre uno y tres días por semana. La mayoría justifica el esquema como forma de fomentar el trabajo colaborativo y mantener vínculos entre equipos. “No se trata de volver al modelo anterior, sino de reinventar el espacio de oficina”, explicaron desde Globant, que ofrece coworkings distribuidos y sin puestos fijos.

Bancos como Galicia, Santander y BBVA también aplican modelos híbridos en sus áreas administrativas y tecnológicas. Aunque no existe una normativa única, la mayoría de las entidades estableció mínimos de presencialidad y monitorea el cumplimiento con herramientas internas. Algunos sindicatos, como La Bancaria, pidieron que el teletrabajo se regule en convenio para evitar arbitrariedades.

En el sector público, varias dependencias estatales volvieron a la presencialidad plena, salvo en organismos técnicos o de investigación. El decreto 90/2023 del Gobierno nacional eliminó la modalidad remota para la mayoría del personal, bajo el argumento de recuperar eficiencia. En organismos como el Indec o la Anses, trabajadores denunciaron falta de espacios y servicios para la vuelta masiva.

Startups, pymes tecnológicas y cooperativas de software sostienen modelos remotos o flexibles, muchas veces por decisión colectiva o como incentivo para retener talento joven. En estos casos, la autogestión y la confianza operan como base del esquema laboral, sin estructuras jerárquicas tradicionales. Sin embargo, la falta de marcos legales claros genera vacíos ante conflictos o accidentes laborales fuera del espacio físico.

Mientras tanto, la discusión sobre el derecho a la desconexión, la cobertura de gastos y la organización de los tiempos continúa ausente del debate político. En un mercado con altos niveles de informalidad y precarización, el modelo híbrido se consolida como tendencia entre quienes tienen empleo registrado, pero profundiza desigualdades entre sectores.

JJD

El Día Internacional de los Bancos se celebra cada 4 de diciembre con el objetivo de reconocer el papel fundamental que cumplen estas entidades en el desarrollo económico y social a nivel mundial. La fecha fue establecida por las Naciones Unidas para destacar la importancia de los sistemas financieros en la promoción del crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las economías.

Los bancos no solo facilitan las transacciones cotidianas, sino que cumplen una función estratégica en el financiamiento de proyectos productivos, infraestructura, vivienda y educación. A través del otorgamiento de créditos, inversiones y servicios financieros, impulsan la actividad empresarial y colaboran con la generación de empleo, factores clave para el progreso de los países.

En un mundo cada vez más digitalizado, las entidades bancarias han atravesado profundos procesos de transformación tecnológica. La banca digital, las billeteras virtuales y los pagos electrónicos modificaron la forma en que las personas manejan su dinero, acercando los servicios financieros a sectores que históricamente estuvieron excluidos del sistema formal y favoreciendo la inclusión financiera.

Sin embargo, el acceso a los servicios bancarios no es igual en todas las regiones ni para todas las personas. En muchos países, millones de ciudadanos aún no cuentan con cuentas bancarias o herramientas crediticias básicas, lo que limita sus oportunidades económicas. En este contexto, el desafío es promover una banca más inclusiva, accesible y transparente, que garantice derechos financieros para toda la población.

El Día Internacional de los Bancos también invita a reflexionar sobre la responsabilidad social de estas instituciones. El impacto ambiental de las inversiones, el financiamiento de proyectos sustentables y el apoyo a economías locales son aspectos cada vez más relevantes en la agenda del sector. La banca sostenible busca generar beneficios económicos sin descuidar el cuidado del ambiente ni el bienestar social.

Más allá de su rol tradicional, los bancos ocupan hoy un lugar estratégico en la construcción de un futuro más equitativo. Esta fecha recuerda que un sistema financiero sólido, ético e inclusivo es una herramienta indispensable para el desarrollo de las sociedades y para la mejora de la calidad de vida de las personas.

NB

Desde la comodidad de analizar la Argentina desde su oficina en Nueva York, el CEO de un fondo de inversión en mercados emergentes, con experiencia previa en un par de grandes bancos internacionales, se muestra lapidario: “Estos tipos (por Javier Milei y su plantel de gobierno) se metieron en un lindo kilombo autoinflingido. La corrupción es autoinflingida. Aquí la ven natural para lo que es Latinoamérica, pero hay preocupación por cómo reaccionan los argentinos que le creyeron el discurso anticasta”, advierte el CEO.

Y continúa: “La falta de acumulación de reservas, para bajar el dólar y la inflación, es autoinflingido. La tontería de eliminar las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) y que sea el mercado el que fije la tasa de interés, justo cuando termina la cosecha, ¿a quién se le ocurre?, es autoinflingido. Ellos mismos dijeron que las elecciones del domingo eran clave, que las iban a ganar, que en octubre el país se iba a pintar de violeta... Si el peronismo anda bien, les recordará a los inversionistas que no es tan fácil solucionar los problemas de Argentina”.

No puede creer cuando la prensa de su país o Europa habla del “milagro de Milei” o “paraíso libertario” por sus éxitos en la motosierra fiscal, la reducción del índice de precios al consumidor (IPC), las desregulaciones del ministro Federico Sturzenegger –“son cosas pequeñas, mucha propaganda”, tacha el ejecutivo– y hasta por logros que no conquistó como la supuesta privatización de todas las empresas estatales. Sólo vendió una: la metalúrgica Impsa, con la intervención clave del mentor del asesor presidencial Santiago Caputo, Rodrigo Lugones, para lubricar la operación por US$27 millones.

“Si les va mal en las eleciones a los libertarios, dependerá de ellos, de su forma de hacer política, de si deciden ser menos dogmáticos en la política monetaria, de convertir tan rápido a Argentina en un país caro”, comenta el CEO desde Nueva York, que le quita dramatismo al resultado del domingo, a diferencia del resto del mercado.

Por ejemplo, un reciente informe escrito por Federico Filippini y Javier Casabal en el grupo financiero Adcap, de Juan Martín Molinari, Agustín Honig y Javier Timerman, advierte que “una derrota del Gobierno superior al 5% probablemente dispararía dinámicas de risk-off (huida de los inversores de activos de riesgo), debilitaría la demanda de pesos y forzaría una corrección adicional del tipo de cambio”. El dólar ya está a $1.375, lejos de los $1.000 en que lo soñaba el Gobierno y a fuerza de que el Tesoro haya empezado a vender US$500 millones. “Pero ya antes de las elecciones había problemas: ¿Por qué siguen saliendo capitales de los propios argentinos? Sólo hay inversiones en nichos: minería e hidrocarburos”, agrega el ejecutivo del fondo de inversión. La lista de empresarios norteamericanos y sus esposas que recibieron este jueves en el viaje fugaz de Milei a Los Ángeles no parece deslumbrante, como si la luna de miel con ellos hubiese terminado, como con los votantes: sólo destacaron algunos nombres como Citi, JP Morgan, Amazon, Coinbase, Paramount, Visa, Pimco y Chevron.

Las argentinas en Wall Street

Precisamente en Wall Street las empresas argentinas se deprecian este año a pasos acelerados y en términos de dólares. En lo que va del año, la tecnológica Globant encabeza el derrape, del 70%, aunque sus problemas no pueden atribuirse a la Argentina sino a su propia gestión en plena revolución de la inteligencia artificial; la biotecnológica Bioceres, un 53%, por las bajas cotizaciones internacionales y por el alza de costos productivos del campo local; Edenor, un 50%, pese a los aumentos de tarifas y por la desconfianza general en el país; y los bancos Supervielle (-47%), Macro (-39%), Galicia (-35%) y BBVA Argentina (-34%).

En el mercado se preguntan por la salud patrimonial de los bancos ahora que el equipo económico de Luis Caputo los obliga a inmovilizar a diario –ya no en promedio mensual– el 53% de los depósitos, un nivel nunca visto desde principios de los 90. Y a comprar bonos –aunque sea están valuados en sus balances a valor nominal– y vender dólar futuro por debajo de su precio mientras que a estas tasas de interés siderales y volátiles deben buscar depositantes pero no pueden prestar.

“Las distintas decisiones adoptadas por la conducción económica para forzar a los bancos a ampliar su cartera de Lecap (Letras de Capitalización) y elevar su ponderación en la integración de encajes introduce tensiones y ruidos innecesarios en un sistema financiero que se caracteriza por sus buenos niveles de liquidez y solvencia”, advierte el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que encabeza Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central. “Ironías de la vida, en junio, último dato disponible, la exposición total y neta de los bancos al sector público se mantenía casi 10 puntos porcentuales por encima de fines de 2023, en valores máximos desde 2004”, agrega FIDE.

La respuesta de exdirectores del Central en diversas administraciones sobre el estado de situación de los bancos tiene como respuesta que los grandes bancos están bien, aunque ganen menos, pero algunos medianos y pequeños presentan dudas, que ya se arrastraban del gobierno anterior y ahora se ahondaron. Unos señalan el aumento de la morosidad en los préstamos, sobre todo de las familias, aunque no se descarta que empeore entre las compañías. Otros, problemas de liquidez y solvencia, pero también están quienes los niegan. Por último, el riesgo de que salgan depósitos en pesos a la caza del dólar.

Este jueves hubo contactos informales de bancos y el Central para revertir en parte las medidas que complicaron la gestión diaria de las entidades. Pero nadie sabe cómo planea salir el Gobierno del apretón monetario cuando pasen las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: ¿Liberando liquidez, bajando encajes, refinanciando menos Lecap? Todas medidas que conllevan que los pesos se vayan a dólar y luego a la inflación. Si en un mes y medio LLA gana en las urnas, intentará contener el peligro con la promesa de reformas estructurales (laboral, jubilatoria y tributaria) que deberá pactar con los gobernadores de centro, renuentes a bajar sus impuestos. ¿Y si pierde? Nadie se lo imagina. El riesgo país ya está en 893 puntos básicos por creciente temor de impago de la deuda ante la falta de reservas.

¿Qué ocurrirá con el vencimiento de las Lecap del próximo miércoles, después de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde vota el 37% de los argentinos? ¿Y después de la reacción del mercado este lunes? En un Café Martínez de Recoleta, uno de los varios empresarios argentinos que están de compras mientras las multinacionales venden admite de que hay temor entre ellos de que La Libertad Avanza (LLA) pierda los comicios, aunque ahora la pregunta del mercado no es si será derrotada sino por cuánto. Igual los encuestadores más serios se debaten entre una elección pareja y otra con un contundente victoria peronista, no por mérito propio, sino por ausentismo de antiguos votantes de Milei decepcionados por la corrupción, los salarios deprimidos y la desocupación.

Pero el empresario, que se toma un café y un agua, descarta que una caída electoral ponga en juego el plan económico o incluso la estabilidad de Milei en la Casa Rosada –sólo unos pocos elucubran un juicio político–. No se la imagina en la presidencia a Victoria Villarruel, que esta semana fue invitada a festejar el Día de la Industria en una fábrica en crisis, la de neumáticos Fate, de Javier Madanes Quintanilla. En cambio, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, lo celebró en Córdoba con el gobernador Martín Llaryora, pero también con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Rappallini está jugando bien”, comenta el hombre de negocios en la Recoleta.

En el establishment esperan que Milei tome nota de la derrota y comience una etapa más dialoguista con la oposición que antes lo era y ahora intenta mostrar como alternativa en Provincias Unidas, donde están Llaryora y sus pares de Santa Fe, Jujuy, Corrientes, Chubut y Santa Cruz. Suplican con que prevalezca la figura de Francos, de poco peso actual, en el Gobierno. Salvo los banqueros, que están enojados con Luis Caputo por su política errática, otros grandes empresarios respaldan al ministro de Economía, más allá de que coinciden con las críticas a sus últimas decisiones. Lo prefieren como ministro de Economía antes que a Sturzenegger, a quien juzgan tan dogmático como a Milei y recuerdan su desafortunado paso por el Central en el gobierno de Mauricio Macri.

Más de un empresario llamó a la diputada María Eugenia Vidal por haberse desmarcado del pacto de Propuesta Republicana (PRO) con LLA. Consideran que debería haber habido una alternativa de gobierno afín a sus intereses. No todos creen que Provincias Unidas pueda serlo: algunos desconfían de la capacidad de los gobernadores de armar una candidatura presidencial para 2027, pero otros empiezan a soñar con ella.

El apoyo de Galperín y el misterioso Rodrigo Lugones

Pero otros hombres de negocios están jugados con la campaña de Milei, como lo demuesta el presidente ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperin, con sus posteos diarios en su cuenta de X. Está entregado en minimizar el escándalo de los audios del ex director de Discapacidad Diego Spagnuolo –aún está por verse si se presenta como arrepentido– sobre presuntas coimas de la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Otros empresarios respaldan al líder libertario, como su exjefe Eduardo Eurnekian, los Bulgheroni –aunque saben que en el fondo es más de lo mismo en la historia argentina– y Eduardo Elsztain, pero algunos de ellos hasta llamaron al Presidente para manifestarle su preocupación por la situación política y económica.

Pensar que las promesas electorales de Milei en 2023 eran terminar con la casta política y bajar la inflación. La primera quedó herida por el escándalo de las presuntas coimas a El Jefe, aunque está por verse cuántos votantes pierden por eso. La segunda ni siquiera es eslogan de la actual campaña, quizás porque la mayoría de la población no percibe una mejora del poder de compra entre el menor sueldo y la caída del empleo. “Kichnerismo nunca más” es su nueva propuesta.

Grandes medios de comunicación también viven en tensión con el Gobierno, como los bancos. A la fiesta por los 80 años del diario Clarín esta semana sólo asistió un funcionario: Francos. Enojado porque el grupo de Héctor Magnetto y los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera les ganó de mano a loa Werthein en la compra de Telefónica, Milei no está dispuesto a aprobársela hasta que finalice su gobierno, de modo de mantenerlos en sus manos. Como Néstor Kirchner, que terminó su gobierno, aliado con Clarín, autorizándole que Multicanal comprara Cablevisión. Ahora, más que alianza, hay tensión entre el Presidente y un diario que alterna tapas halagadoras con otras incisivas. En el grupo responden que hace periodismo. Con La Nación, de los Saguier, tampoco se lleva bien un Milei que ha arremetido contra sus principales periodistas.

Para que Telecom se quede con Telefónica, Clarin debe convencer a dos organismos que responden a Milei: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de Luis Caputo, y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde Rodrigo Lugones, el hijo del ministro de Salud, ejerce su poder, entre otras áreas. Este consultor vive en España, donde atiende visitas de empresarios argentinos, pero con frecuencia va y viene con su equipaje y sus hilos en el Gobierno: desde las empresas estatales, con sus pautas publicitarias y sus planes de privatización, hasta la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con sus abultados y oscuros fondos, pasando por Salud y el Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI), con sus compras de medicamentos y sus oficinas que funcionan como agencias de empleos para militantes de los gobiernos según pasan los años.

AR/MG

Luego de culpar a los bancos por la suba del dólar, el ministro Luis Caputo arremetió otra vez con las entidades financieras, esta vez por el secreto fiscal. Amenazó con “tomar medidas” ante la negativa de aceptar nuevas reglamentaciones impuestas por el Gobierno sobre las declaraciones de impuestos nacionales. La escalada del funcionario ocurrió además horas después de que el propio Javier Milei recibiera en su despacho de Casa Rosada al titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico.

Caputo usó su cuenta de X para cargar otra vez contra los bancos: “Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una vez”, escribió al responder un posteo de un particular que manifestó seguir recibiendo pedidos de los bancos para informar voluntariamente las declaraciones de impuestos nacionales, lo que fue prohibido a fines de mayo.

Fue el contador Alejandro Rosenfeld quien expuso que “los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno”, remarcando que: “Siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la Declaración Jurada ya prepararon los formularios por si la querés entregar voluntariamente, con esto evitás hacer la certificación”.

Ante este requerimiento de información, Caputo pidió a los clientes que “no se los den” y al revelar que recibieron varios avisos al respecto, adelantó que “vamos a hablar con los bancos” y advirtió que “si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”.

El ministro se ampara en que, a través de la Resolución General 5696/2025, ARCA prohíbe que los sujetos obligados por la Ley 25.246, como bancos, escribanos, aseguradoras o agentes inmobiliarios, exijan a sus clientes la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales, como condición para brindar servicios o cumplir procedimientos administrativos.

Horas del tuit contra los bancos, Caputo también usó su cuenta en X para responder cuestionamientos por la suba del dólar, que llegó a los $1.300 hasta que intervino el Gobierno. “Las Lefis se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPS. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales”, dijo Caputo para desantender la reponsabilidad del Palacio de Hacienda. El Tesoro pagó 47% para la colocación de LECAP en la licitación de ayer y consiguió absorber 4,7 billones de pesos para calmar al dólar.

“Al sobre encajar todos al mismo tiempo –siguió Caputo en redes–, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente. Ahí surgió que los bancos mismos nos pidieran la lici ( SIC) que anunciamos el lunes”.

En ese marco de tensión entre el Gobierno y los bancos, con el dólar en el medio, Milei mantuvo una reunión en la Casa Rosada con Javier Bolzico. Trascendieron pocos detalles del encuentro, salvo la formalidad que señalaron en ADEBA: “Fue una reunión agendada hace un par de semanas. Se intercambiaron visiones y abordaron temas vinculados a la evolución del crédito y desarrollo del sistema financiero. Fue una muy buena reunión de trabajo”.

Según datos del Banco Central conocidos hoy, la morosidad en el pago de saldos bancarios del sector privado registró un aumento durante mayo. Este incremento impactó tanto en los créditos destinados a hogares como en el financiamiento a empresas, abarcando préstamos y tarjetas de crédito. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 2,6% en mayo, lo que representa un incremento de 0,4 puntos con respecto a abril.

MC

Quizás me equivoque, pero si me apuran, diría que una mesa de póker en Las Vegas no es el lugar más propicio para pensar políticas sociales. Igual, se trata de Estados Unidos, y allí todo es posible.

La escena —real, años atrás— tuvo de protagonista al devoto senador republicano Ted Cruz. En un juego de póker, se encontró con el inversor tecnológico Brad Gerstner, quien le comentó su idea de crear una cuenta bancaria de inversiones para los recién nacidos en el país. La idea le fascinó a Cruz, quien fue uno de sus grandes impulsores, y ahora tendrá la chance de transformarla en ley en el Senado del país.

Si lo logra, cada bebé nacido entre el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2029 en Estados Unidos recibirá una cuenta bancaria con 1.000 dólares. “Dentro de diez años, cuando un chico de diez años abra la app en su móvil y mire su cuenta, ya no pensará en las grandes y malvadas corporaciones, sino que dirá: 'Eh, tengo 100 dólares en Apple. Tengo 75 en Boeing. Tengo 50 en McDonald’s'”, declaró Cruz al Financial Times.

El creyente senador piensa que esa política convertiría a “cada nuevo chico en un capitalista”. No habría que advertirle —para su tranquilidad— que, según Elon Musk, el mundo camina a la extinción de los niños. Justamente por el capitalismo, aunque eso sí que no lo dijo el creador de Tesla.

La noticia de la flamante ley es un buen síntoma del protagonismo de las finanzas en la agenda de los últimos días. Una serie de acontecimientos que muestran, por un lado, la expansión amenazante de las finanzas; y, por otro, el advenimiento de un nuevo escenario en el que el mundo cripto le ha declarado la guerra al tradicional sector de los bancos.

En los próximos días, el Senado de Estados Unidos podría aprobar la llamada Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act). Una ley impulsada por el presidente Donald Trump para la creación de un marco “regulatorio” de las denominadas “stablecoins” (criptomonedas estables).

A grandes rasgos, la Genius Act obliga a los emisores de stablecoins a mantener reservas equivalentes en dólares estadounidenses o activos de bajo riesgo. Asimismo, se impide que estas monedas digitales ofrezcan rendimientos o intereses a sus tenedores, y se establecen auditorías regulares y normas contra el marketing engañoso.

Para explicarlo de manera concreta, el exministro de Economía de Grecia y gran crítico del neoliberalismo, Yanis Varoufakis, señala que este nuevo régimen puede conducir a un sistema monetario paralelo, donde monedas digitales privadas, respaldadas por grandes empresas tecnológicas y vinculadas al dólar, compitan con las monedas emitidas por bancos centrales, como las de China, India y potencialmente la eurozona.

Esto, además, conllevaría una posible pérdida de control estatal sobre la política monetaria y la estabilidad financiera, al delegar funciones clave en entidades privadas.

La proyección de Varoufakis calza de manera muy precisa con el contexto político de la Casa Blanca y con los intereses de la familia Trump. Desde hace un tiempo, el exmagnate, ya condenado por fraude, advirtió sobre la pérdida de poder del dólar como moneda de referencia en el mundo. En los últimos años, China, pero también el resto de países que integran los BRICS, han dado pasos para crear monedas alternativas al dólar en sus intercambios económicos.

Con ese panorama, Trump piensa que las criptomonedas —que tienen amplia difusión en Estados Unidos— podrían ofrecer un sustituto o eventual aliado del dólar, e, incluso, allanar el camino para la creación de un nuevo orden financiero internacional. Lo dicen abiertamente sus hijos y funcionarios.

Esta semana, durante uno de los mayores encuentros criptos del mundo, en Las Vegas, los dos hijos mayores del mandatario norteamericano, Eric y Donald Trump Jr., desearon la muerte del orden bancario internacional y llamaron a crear un nuevo orden basado en las criptomonedas. “Odio usar la palabra ‘odio’, pero sinceramente, me encantaría ver desaparecer a algunos de los grandes bancos. Honestamente, se lo merecen”, señaló Eric.

Las transacciones con criptomonedas son más “rápidas”, “baratas”, “seguras” y “transparentes”, afirmó tajante el hijo de Trump, a quien habría que preguntarle qué opinión le merece el fraude con $LIBRA, que ya investiga la justicia de su país e involucra al presidente Javier Milei.

Probablemente, no le importe. La familia Trump está destinando buena parte de sus negocios al mundo cripto. Algunos más que controvertidos, como el lanzamiento de una memecoin de su padre —$TRUMP—; pero también la creación de una “stablecoin” llamada USD1, o la reciente y alucinante creación de un fondo para invertir en Bitcoin, que planea recaudar US$3.000 millones de inversores privados a cambio de acciones y bonos emitidos por la propia empresa de Trump.

Aunque el presidente estadounidense y sus acólitos son uno de los grandes impulsores de las criptomonedas, no se trata de cuatro gatos locos. BlackRock, el mayor administrador de capitales del mundo, también se manifestó a favor de impulsar el mundo cripto; mientras que, según el sitio web BitcoinTreasuries.net, entre principios y finales de mayo, el número de compañías que adquirió Bitcoins pasó de 89 a 113. El dinero invertido por empresas en esa criptomoneda equivale a 88. mil millones de euros.

Por si alguien lo olvidó, claro que Elon Musk, Peter Thiel y Mark Zuckerberg, entre otros grandes dueños de tecnológicas, creen que el futuro del dinero tiene a las monedas digitales como protagonistas. Y a ellos, por supuesto, como algunos de los principales creadores de ese nuevo instrumento financiero.

Con este renovado impulso de la Casa Blanca y la fiebre habitual con que se mueven las finanzas (y el mundo en general), no sorprendería que el universo cripto tome por asalto la economía en los próximos años. Es cierto que el sistema bancario tradicional intentará no perder el trono financiero. Bien dará la pelea, bien se plegará al nuevo orden adquiriendo parte de esos nuevos capitales digitales.

La disputa promete ser interesante, aunque los ciudadanos parecen obligados a elegir entre dos poderosos villanos: Drácula, como representante de la élite bancaria internacional, y Frankenstein, como manifestación del monstruo cripto que se encuentra en pleno desarrollo.

¿Qué pasará en los márgenes del mundo mientras se redefine el orden económico? Probablemente, el presidente Milei vea el advenimiento de las criptomonedas con buenos ojos. No necesariamente por su controvertida fascinación con las cripto, sino, más bien, por esa tendencia suya a reducir el universo a lo que sólo sus ojos ven. Después de todo, los tenedores de criptomonedas en Argentina deben ser muchos menos que los pocos que guardan dólares debajo del colchón.

DTC

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

El papa Francisco iba a inaugurar el pasado 13 de febrero en el Vaticano una jornada titulada “Justicia fiscal y solidaridad: hacia un hogar común inclusivo y sostenible” para discutir el papel de la tributación de las multinacionales y los súperricos para reducir la desigualdad, combatir el cambio climático y financiar el desarrollo sostenible. Es decir, esos que cada vez pagan menos impuestos en el mundo y también la Argentina de Javier Milei. Pero ese día ya se sentía mal y le escribió una carta a uno de sus organizadores, el exministro de Economía Martín Guzmán, explicándole que no podría asistir pero que apoyaba la iniciativa. Al día siguiente, fue internado.

En el congreso hablaron por videoconferencia los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de España, Pedro Sánchez, y en vivo lo hicieron los exlíderes africanos Thabo Mbeki, de Sudáfrica, y Amina Touré, de Senegal. También el Nobel de economía Joseph Stiglitz y dos de sus discípulos y exministros de Economía: Guzmán —que cultivó una estrecha relación con el pontífice— y José Antonio Ocampo, de Colombia. Participaron además el director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, Gabriel Zucman y Abigail Disney, heredera de la familia del gigante audiovisual e integrantes del colectivo Patriotic Millionaires que abogan por abonar más gravámenes; entre otros referentes de la materia.

Muerto Jorge Bergoglio, queda la pregunta de quiénes liderarán movidas semejantes en un mundo que baila al compás del presidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, y su secretario de Eficiencia Gubernamental y mayor multimillonario del orbe, Elon Musk. Guzmán lo reconoce como un “líder único” que promovía el “la economía de mercado pero con regulaciones para la gente, como los impuestos”, según confían quienes los frecuentan.

“Hay una movida internacional para promover activamente la elusión impositiva de las grandes corporaciones multinacionales, que incluye a referentes que se beneficiaron de las innovaciones financiadas por los Estados, como, por ejemplo, Musk con Tesla”, apuntó entonces Guzmán, integrante de las dos entidades que organizaron aquel evento, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés) y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. “A esta movida, Trump le da más vuelo. En nuestro país, Milei se dedica a hacer los coros de los estribillos que están escribiendo otros con poder internacional rea. El sistema tributario internacional toca el núcleo de la capacidad de las sociedades para el desarrollo de la educación, la salud, la ciencia y las infraestructuras. El desarrollo de una verdadera libertad y de una verdadera meritocracia. En lugar de apuntar a tener más países parecidos a Suecia, que está entre las sociedades más desarrolladas del mundo, estos grupos están trabajando para sociedades más desiguales, con más poder para quienes ya son poderosos, y un mayor desempoderamiento de los pueblos. Nosotros trabajamos en contra de eso y a favor del desarrollo de los pueblos”, concluyó el exministro.

El fenómeno es global y argentino. En enero, en paralelo al Foro de Davos, la organización Oxfam advirtió que en 2024 la riqueza de Trump y los otros nueve hombres más ricos del mundo creció en promedio 100 millones de dólares diarios, mientras la pobreza global se ha mantenido casi sin cambios desde 1990, según el Banco Mundial. Por eso, llamó a reducir la desigualdad, cortar la transferencia de riqueza de los países subdesarrollados a los desarrollados y “aumentar los impuestos a los más ricos para poner fin a la riqueza extrema”. “El diseño del sistema fiscal internacional debería acordarse en las Naciones Unidas para lograr que tanto las grandes fortunas como las empresas más poderosas paguen realmente lo que justamente les corresponde. Es vital también acabar con el funcionamiento de los paraísos fiscales. Oxfam estima que la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones, en el legado de su riqueza a sus descendientes directos”, advirtió Oxfam. El 68% de los que tienen más de US$1.000 millones en el mundo viven en los países desarrollados, donde habita el 21% de la población mundial, y el 60 % de la riqueza de los milmillonarios es heredada, está marcada por el clientelismo o vinculada al poder de monopolio, según la organización fundada en Reino Unido y con sede central en Kenia.

En la Argentina, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), que integran nueve ONG de derechos humanos, medio ambiente, economía y otros asuntos públicos, advirtió este mes en un mensaje de la red X, la de Musk: “¿Quién está pagando más impuestos en Argentina hoy? Spoiler: no son los más ricos”. En un trabajo coordinado por la economista Malena Vivanco, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se analizó que el 7% de aumento real (ajustado por inflación) de la recaudación tributaria de febrero pasado había obedecido a un alza del 44% de lo recolectado por el impuesto a las ganancias, un 7% del IVA —es decir, al consumo—, un 304% del gravamen a los combustibles, mientras bajó 47% lo recogido por Bienes Personales, también llamado tributo a la riqueza; y se eliminó el impuesto PAIS.

“El sistema tributario argentino es estructuralmente regresivo: al cobrar impuestos, el Estado profundiza la desigualdad”, planteó ETFE. “¿Por qué? Porque la mitad de lo recaudado a nivel nacional proviene del IVA, un impuesto que afecta más a quienes menos tienen. Mientras tanto, los impuestos a la riqueza nunca superaron el 3% en los últimos 20 años. ¿Y esto mejoró últimamente? No. Todo lo contrario. El paquete fiscal de 2024 benefició a los que más tienen bajando al mínimo el impuesto a los Bienes Personales. ¿Cómo? Subió el mínimo no imponible: menos gente lo paga; bajaron las alícuotas; y se eliminó la sobrealícuota a bienes en el exterior. Resultado: el aporte de los más ricos cayó a la mitad. Bienes Personales pasó de representar el 1,34% al 0,67% de la recaudación total entre febrero de 2024 y el mismo mes de 2025. Un desplome que favorece al 1% más rico”.

“También se eliminó el impuesto PAÍS, que se cobraba sobre operaciones en dólares y financiaba al PAMI y la ANSES”, apunta a los organismos que sostiene la salud de los adultos mayores y las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo. “Esto puede traducirse en recortes a jubilados y pensionados”, agreg ETFE. “¿Y Ganancias? Se revirtió la medida de 2023 que eximía del pago a asalariados de ingresos medios y altos. Si bien es justo que los altos ingresos paguen más impuestos, esto se hizo en un contexto de fuerte deterioro del salario de los trabajadores. El retorno del impuesto a las ganancias afectó en la práctica a la clase media y media alta. Mientras tanto, los más ricos de los ricos fueron beneficiados con la reducción del impuesto sobre los bienes personales. El Gobierno asumió con la consigna de bajar los impuestos, pero en los hechos solo redujo lo que pagan los más ricos”.

“Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”, planteó esta semana la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que antes se codeaba con el papa y el entonces ministro Guzmán y ahora, en cambio, se congracia con Trump, Milei y su jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Pero lo cierto es que la cifra es mucho mayor y se sabe dónde está.

Magdalena Rua, integrante de ETFE, contador, magister en economía política y docente, calculó por última vez en 2019, con una metodología distinta de la del Instituto de Estadística (Indec), que había US$431.000 millones fuera del sistema financiero argentino, frente a 300.000 millones de la estimación oficial. Es decir, un 43% más. Ahora el Indec habla de 400.000 millones, de los cuales 246.000 millones son inversiones líquidas, desde efectivo y cuentas bancarias, a las que se refiere Georgieva; 102.000 millones son de cartera (acciones, bonos); y 51.000 millones, activos como empresas o inmuebles. Pero si la cifra está subestimada, quizá en realidad sean en total US$572.000 millones. Y no están escondidos bajo el colchón sino que tienen como primer destino Estados Unidos, según Rua.

Otra economista de ETFE, Verónica Grondona, exfuncionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y actual asesora de ICRICT, apunta que los ricos del mundo, incluida la Argentina, resguardan sobre todo su patrimonio en los países con mayor secreto fiscal. Según la organización Tax Justice Network, esos son Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong —que guarda un status especial dentro de China—, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes, las Islas Vírgenes Británicas —por fin, unas del Caribe— y la compatriota Guernsey, en el Canal de la Mancha. ¿Cómo se esconden ahí? “Las estructuras jurídicas usadas son los fideicomisos o trusts, las fundaciones privadas y las limited companies en el caso de Estados Unidos”, explica Grondona. Estas sociedades funcionan como mamushkas: una es dueña de otra, que a su vez es de otra y sólo al final aparecen los nombres de los verdaderos dueños.

“La información de cuentas en el exterior se recibe en la ex AFIP, hoy ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) gracias al intercambio automático de cuentas financieras, pero la información que llega de Estados Unidos a la Argentina, al igual que el resto de los países con acuerdos similares, es muy limitada... Estados Unidos es una gran guarida fiscal”, alerta Grondona. “En el resto de los países, ARCA recibe la información, la ve, la audita, pero si esta detrás de un trust, no puede hacer nada. Sobre esto hay ya algunos fallos locales”.

Para tomar una dimensión de dónde está el dinero negro se puede recordar lo blanqueado tanto en el gobierno de Mauricio Macri en 2016/2017 y ahora con Milei. En aquella amnistía fiscal se registraron US$116.000 millones. En las primeras dos etapas de las tres del blanqueo actual, US$32.000 millones, es decir, un cuarto de lo que se regularizó hace ocho años. No fue récord, como alardeó el autocandidateado a Nobel de economía. Aquel “sinceramiento fiscal”, como le llamó Macri, apuntó sobre todo a los bienes en el extranjero. El actual buscó el efectivo que se encanuta en cajas de seguridad en bancos o se esconden en las casas.

De los US$116.000 millones, casi la mitad eran inversiones en sociedades extranjeras, que a su vez tienen activos. Son como las que tenían sin declarar el diputado del PRO Cristian Ritondo o el mismísimo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, justo el que se supone que debe luchar contra la evasión. De esas sociedades, la mayoría de las blanqueadas eran de Estados Unidos, Suiza e Islas Vírgenes Británicas.

Poco más de un cuarto de lo registrado eran cuentas bancarias. A su vez, un cuarto de ese cuarto eran en la propia Argentina. Acaso estaban a nombre de testaferros. La inmensa mayoría, del exterior, con Estados Unidos, Suiza y Uruguay picando en punta.

En tercer lugar, se blanquearon inmuebles. Dos tercios, en el propio país, inscriptas antes a nombre de terceros quizás. Un tercio, en Uruguay, Estados Unidos y Brasil.

En la actual amnistía tributaria —ese nombre se le da en otros países y es el más apropiado porque se perdona un incumplimiento que pasada cierta cifra constituye delito encarcelable, es un robo peor que el que cometen los violentos ladrones del conurbano, por ejemplo— dos tercios provinieron del cash y debieron depositarse en bancos. Ya más de un quinto de lo ingresado fue después retirado. El otro tercio blanqueado fueron inmuebles, vehículos, participaciones societarias, criptomonedas y cuentas bancarias en el exterior, empezando por Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza.

Si quedan admiradores de Francisco o soñadores de la justicia tributaria, deberán apuntar por aquellos lados. Pero en el mundo hay un Trump que quiere bajar impuestos a los ricos, archivó la idea de un impuesto mundial a las empresas tecnológicas —las que más ganan y las que menos tributan porque se radican en países de baja imposición—, mientras que en la Argentina Milei elogia a los evasores, sus diputados y sus opositores aliados le votaron la rebaja de Bienes Personales y el alza del monotributo para los que menos ganan, los trabajadores de ARCA denuncian el cierre de receptorías y distritos y la intención gubernamental de reemplazarlos por inteligencia artificial, mientras Vázquez permanece inmune en la DGI.

AR/JJD

En una semana marcada por la escandalosa y finalmente suspendida licitación de la Hidrovía y por un fraude con criptomonedas impulsado por Javier Milei en sus redes sociales, el Gobierno avanzó con otro negocio muy seductor para el sector financiero. La Oficina de Contrataciones ya tiene la lista de los bancos interesados en ofrecer el servicio de cuentas sueldo sin costo a más de medio millón de empleados estatales que, hasta la publicación del decreto 747/2024 –firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado– solo podía acreditar el Banco Nación.

El negocio es disputado por la mayoría de los bancos –12 de ellos se presentaron como oferentes en el proceso licitatorio en marcha– por representar un costo de fondeo muy bajo, corresponder a una plantilla estable y con moderado nivel de mora. Las fintech, por ahora, miran de afuera. 

Banco Credicoop, Patagonia, Hipotecario, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Ciudad, Brubank, Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle: los principales bancos de la Argentina presentaron los documentos necesarios para que la Jefatura de Gabinete los habilite como agentes financieros de la Administración Pública Nacional (APN), según pudo documentar elDiarioAR a partir de los registros del proceso licitatorio en curso.

Una vez aprobados o desaprobados en base a sus antecedentes –no hay un plazo establecido, pero desde el Gobierno aseguraron a elDiarioAR que no quieren demorarlo más que las próximas semanas–, los bancos se presentarán a los pliegos ad hoc que elaborará cada organismo contratante. Esto quiere decir que la masa de cuentas sueldo hoy en manos del Banco Nación no se transferirá en masa a otra entidad, sino que la autoridad de cada organismo cerrará su propio contrato, lo que abre la puerta a múltiples acuerdos y negociaciones. Están incluidos, además de la administración central, organismos descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

El Banco Nación –que es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad– cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Es que hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Es que más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

“A diferencia de los bancos privados, el Nación puede reducir al mínimo el spread sin poner en peligro la solvencia del banco. Sin embargo, en el marco de que se está empujando a que el BNA se convierta en una Sociedad Anónima, esto pierde sentido”, asegura el economista Federico Sánchez, exdirector del BNA y actual director de la consultora Vectorial, en diálogo con elDiarioAR.

“Bajo la matriz ideológica de este gobierno, esta medida también toma sentido porque si los bancos compiten en una licitación ofreciendo mejor servicio y un menor canon, el Estado gana más plata y los empleados estarían recibiendo un mejor servicio”, continúa Sánchez. “Aunque desde el punto de vista de esta misma matriz, deberían haber avanzado en la portabilidad bancaria a la que los bancos se niegan (NdR: poder mantener tu número de cuenta a pesar de cambiar de banco), de la cual no hay noticias”, agrega. Hay libertades y libertades.

La teta del Estado

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más. Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. “Es una oportunidad”, explican desde uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

“Uno de los atractivos del negocio es que los bancos grandes del sector privado llegaron a un tope de su crecimiento en términos de clientes, y acá se abre una nueva ventana”, aporta Sánchez. 

Tanto negocio es que, para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo– , además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

A modo de experiencia, los bancos Santander y Galicia son los que más recorrido tienen. El Santander cuenta con un programa de universidades con más de 100 acuerdos (pago de sueldos, tarjetas de ingreso, becas, capacitaciones). Operó con la UBA por una década, incluso con la apertura de sucursales en Ciudad Universitaria y Agronomía. Actualmente, ese negocio lo tiene el Galicia que realizó una oferta muy agresiva en cuanto al canon a pagar en la última licitación. El Banco Hipotecario es actualmente agente financiero de la Universidad de Formosa, el Supervielle del municipio de San Luis, el Banco Macro es agente de cuatro provincias y el ICBC se especializa en liquidación de haberes, contando con el 4,2% del market share.

Hoy en día, uno de los problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Fintech versus todos

Esta medida puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del megadecreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

“Se abriría una competencia bastante encarnizada”, adelanta Sánchez. Desde MercadoLibre no respondieron a la consulta de este diario sobre el tema.

NR/MG/MT

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deberán informar sobre las transacciones y saldos de sus clientes. La medida, que busca mejorar la transparencia fiscal y combatir la evasión, y que ya venía rigiendo, generó tanto elogios como críticas por sus posibles implicancias.

La novedad es que a partir de hoy, 1 de enero de 2025, aumentaron los montos a partir de los cuales los servicios de billeteras virtuales, plataformas de inversión y financiación deberán reportar movimientos.

Según la información publicada este jueves por ARCA, “deben informarse las siguientes operaciones sólo si superan los siguientes importes”:

$600.000

$1.000.000

$2.000.000

La medida abre interrogantes respecto de si se verán afectados los ciudadanos comunes por diversas transacciones. Por ejemplo, las transferencias que mensualmente deban hacer miles de personas por el pago del alquiler al dueño de la propiedad en la que vivan. En redes sociales hubo críticas: señalan que los límites establecidos también podrían abarcar movimientos como la acumulación de ingresos por ventas frecuentes en plataformas de comercio electrónico o ahorros depositados en cuentas digitales.

Si bien ARCA argumenta que la medida busca aumentar la recaudación fiscal y reducir la informalidad, muchos señalan que choca con los principios de Javier Milei, quien llegó a la Presidencia prometiendo una reducción de la intervención estatal y de los impuestos, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Un gobierno que se dice liberal en teoría no debería profundizar el control sobre las transacciones privadas, resaltan. También advierten que este esquema de fiscalización podría fomentar la informalidad, ya que muchas personas podrían optar por realizar transacciones en efectivo o buscar alternativas fuera del sistema bancario para evitar ser monitoreadas.

ARCA —ex-AFIP— señaló en su comunicado que este ajuste surge de la actualización semestral automática basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de acuerdo a las modificaciones introducidas por la Resolución General 5512/2024.

Contra su propio ideario y sus promesas de campaña, el gobierno de Milei está fortaleciendo el control estatal sobre las finanzas privadas. Las personas y empresas deberán ser más conscientes de sus movimientos financieros, especialmente si operan con montos cercanos a los umbrales establecidos.

JJD

El modelo libertario cerró su primer año en Argentina con un amague de estabilidad, pero 2025 se perfila como una verdadera prueba de fuego. Desde corridas cambiarias hasta tensiones externas y la fragilidad del agro, la economía enfrenta un entramado de riesgos que podrían desmoronar los cimientos logrados. ¿Es posible sostener el equilibrio en un escenario donde las tasas altas, el carry trade y el frágil ingreso de dólares actúan como un delicado malabar? Este año, las decisiones económicas se transformarán en el hilo que podría sostener—o cortar—la estabilidad que el país necesita desesperadamente.

La estabilidad macroeconómica lograda por Javier Milei en su primer año de gestión podría tambalear frente a las presiones locales y externas.

Corrida bancaria

El primer año del gobierno de La Libertad Avanza cierra con una muestra gratis de la fragilidad del modelo, con el carry trade como protagonista. El Banco Central vendió la semana pasada más de US$800 millones de reservas para contener una corrida contra el peso, dejando al descubierto las debilidades de una economía dependiente de tasas de interés altas y un tipo de cambio atrasado.

El carry trade —que consiste en aprovechar el rendimiento de las tasas de interés locales frente a un dólar que promete devaluarse a un ritmo pautado de 2% mensual—, fue una herramienta clave para sostener el tipo de cambio en la segunda mitad del año. Pero su desarme puede ser también el principio del fin de la estabilidad macroeconómica que celebra el Presidente y uno de los principales riesgos del sistema en 2025. 

“Es una operación temporal, que se puede alargar pero no es algo que se puede estirar de por vida. Empieza y termina en dólares. En algún momento, los inversores vuelven al dólar, generando desequilibrios”, advierte el economista Christian Buteler en diálogo con elDiarioAR, resumiendo el revuelo que causó el desarme de posiciones en pesos que una automotriz realizó la semana pasada luego de más de 10 días de carry trade poco seductor tras el aumento de los dólares financieros. “El tiempo dirá si este es un caso aislado o un caso testigo”, no terminan de arriesgar en la city.

En esta misma linea de riesgos se encuentra lo que la consultora PxQ denomina “que se asusten los blanqueadores”. En 2024, el blanqueo de capitales permitió el ingreso de US$22.000 millones al sistema financiero local, asegurando los pagos externos de 2025. No obstante, la consultora liderada por Emmanuel Álvarez Agis advierte: “Mientras la confianza en el sistema financiero local se mantenga, el esquema funciona. Por esa misma razón, el riesgo está dado por una corrida de los blanqueadores, evento que suele tener lugar en Argentina en años de elecciones generales, no de medio término”.

El riesgo Brasil

Según PxQ, eventos como la devaluación del real o el endurecimiento de la política monetaria de la FED no terminan de tener impactos macroeconómicos de magnitud gracias a la existencia del cepo.

Sin embargo, el mismo informe señala que “si Brasil devalúa y genera pesimismo con la Argentina, el efecto contagio podría venir por una salida de capitales y/o por una interrupción del crédito externo”.

Paradójicamente, las diferencias entre las políticas fiscales de Milei y Lula da Silva generaron hasta ahora un efecto positivo para la Argentina en el corto plazo. Mientras que el presidente argentino logró un superávit fiscal del 2% del PBI en 2024, su contraparte brasileña transformó un superávit de 1,2% en un déficit de -1,9%. Este diferencial fiscal favoreció el interés de inversores internacionales por activos argentinos, pero es un fenómeno de corto plazo y altamente volátil.

El economista del CESO Federico Zirulnik advierte que “cualquier mala noticia externa puede encender la brecha cambiaria”, exacerbando la presión sobre las reservas.

El agro en crisis

El sector competitivo por excelencia y motor de crecimiento histórico de la Argentina, el agropecuario, también presentó cimbronazo hacia fin del año. A principios de diciembre, la agropecuaria Surcos avisó al mercado que no iba a poder pagar vencimientos de pagarés bursátiles por “una situación de iliquidez”. A fines de la semana pasada se sumó el rey de la soja, como se lo conoce a Gustavo Grobocopatel, con Los Grobo Agropecuaria y su controlada Agrofina, que comunicaron su incapacidad de cancelar US$10 millones hasta el 31 de marzo de 2025. 

Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, compara la actualidad del agro con fines de los años 90, debido a los bajos precios internacionales y dificultades financieras. El Gobierno enfrenta un dilema entre mantener las retenciones y apoyar al agro, lo que refleja tensiones entre política fiscal y cambiaria. 

Zirulnik complementa que la caida del precio de la soja “no es una sorpresa, porque en el escenario base del Gobierno ya los precios de la soja particularmente están bajos y dudo de que puedan caer mucho más”, pero añade que “si este conflicto, que ahora afecta a dos o tres empresas, se expande, podría convertirse en una crisis sistémica por contagio”.

Un pleno al FMI

Otro riesgo significativo es el frente externo. En función de lo que la economía argentina y este sistema económico demandan para funcionar, 2025 requerirá de dólares para los vencimientos de deuda (bonistas, FMI, otros organismos internacionales, provinciales), por alrededor de US$20.600 millones. Zirulnik subraya que la falta de un acuerdo exitoso con el FMI —poco probable— podría intensificar las presiones sobre los tipos de cambio paralelos. En un contexto de reservas netas negativas, cualquier atraso o incertidumbre en las negociaciones con organismos internacionales podría agravar la crisis cambiaria y financiera.

Los desafíos para 2025 incluyen una política cambiaria en tensión, crisis de reservas, un sector agropecuario en dificultades y la bondad del FMI. Sin divisas suficientes ni un plan claro para estabilizar el frente externo, el camino hacia la recuperación económica estará lleno de incertidumbre. La clave estará en gestionar cuidadosamente las políticas monetarias, fiscales y cambiarias para evitar un deterioro mayor en la actividad económica y el empleo en un año de elecciones de medio término.

NR/JJD

En un almuerzo informal de Mercado Libre con periodistas, un directivo del grupo de Marcos Galperin dijo esta semana que no descartaba tramitar la licencia del Banco Central para comenzar a operar como un banco, lo que sometería a su división Mercado Pago a controles que en la actualidad no la alcanzan –tiene otros– y le abriría la puerta a negocios a los que hoy en día no puede acceder. Pero en la compañía del mayor magnate de la Argentina y activo militante libertario en la red X aclaran que no hay apuro para dar ese paso y que es lo mismo que vienen diciendo desde que en 2018 crearon su banco digital en Brasil, el primero en Latinoamérica.

Este año sumaron un banco –no sólo online– en México. Aunque se descuenta que un Banco Central bajo el gobierno de Javier Milei le facilitaría la licencia, el trámite lleva su tiempo y por esa y otras razones de presencia en el mercado no se descarta que pueda salir de compras a la filial del español BBVA, al Patagonia –del Banco do Brasil–, el Supervielle, el grupo de los Eskenazi –bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz–, el Industrial –de la familia Meta, que en la actualidad recibe el dinero de las cuentas remuneradas de Mercado Pago para invertirlas en fondos comunes de inversión– o el Comafi –de los Cerviño–, según especulan en un sector que vienen concentrándose después de la retirara del británico HSBC –Galicia compró su subsidiaria– y el brasileño Itaú –reemplazado por Macro–.

Pero Mercado Libre espera que no sea necesario tener que convertirse en banco para que las autoridades le permitan pagar sueldos y jubilaciones, como ya está abonando los planes sociales, mientras apunta a convertirse en la alternativa más fuerte al uso de la tarjeta SUBE primero en el subte y después en el colectivo y el tren.

Hasta ahora, Mercado Pago es una prestadora de servicio de pago (PSP) y, como tal, sí está regulada por el Central. Pero no es la misma norma que rige para los bancos. Una PSP puede ofrecer billeteras virtuales a la población, pero no puede usar ese dinero para prestarlo, como hacen las entidades bancarias. Mercado Pago presta pero con fondos propios, por ejemplo, originados en el negocio de comercio electrónico de Mercado Libre. Desde 2020, las fintech o financieras tecnológicas tienen la obligación de depositar el dinero que reciben en cuentas de bancos. Antes podían invertirlas a piacere. O sea, no es verdad el mito de que no están encajadas. Lo que no están es garantizadas. Esta plata no está cubierta por el Seguro de Depósito SA (Sedesa), que rige para los ahorros en bancos por hasta $25 millones por cuenta, según explica la exsubgerenta general de regulación financiera del Banco Central en el anterior gobierno, Daniela Bossio. Esa garantía es la que salvó ahorristas en la crisis de 2001, cuando cerraron bancos o huyeron algunos del extranjero. Además, hasta junio pasado, el Banco Central obligaba a las fintech a que en caso de ganar dinero con los depósitos en bancos les pasaran una parte a sus clientes, pero esa obligación fue derogada por la gestión de Santiago Bausili.

Pero la inmensa mayoría de los usuarios de Mercado Pago aceptan poner su plata en una cuenta remunerada, que a su vez se invierte en un fondo común de inversión (FCI) del Banco Industrial y que hoy en día ofrece una renta del 35,7% anual (menos que el 41% de Cocos de Ariel Sbdar, el 40% de Ualá de Pierpaolo Barbieri y el 36% de NaranjaX del grupo Galicia). La administración Bausili obligó a las PSP que invirtieran el 15% de los fondos de cuentas remuneradas en depósitos bancarios. Pero no hay un encaje del 100% porque no se trata de algo sí como una caja de ahorro sino de una inversión en cuentas, plazos fijos y cauciones bursátiles.

Pasar a convertirse en un banco implica una regulación más compleja, la llamada microprudencial y la macroprudencial, basada en las normas del Comité de Basilea (de supervision bancaria internacional) porque implica usar los fondos de los clientes para prestarlos a otros. “Esa función de captar depósitos y luego darse vuelta y prestarlos conlleva muchos riesgos y, por lo tanto, hay un esquema y un marco legal y regulatorio que busca contener esos riesgos de manera permanente. Y también dar respuestas y tener planes para situaciones de crisis”, explica Bossio.

“Por ejemplo, existen las normas prudenciales vinculadas a los requisitos de capital, requisitos de liquidez, normas vinculadas al otorgamiento de los créditos, para que no haya concentración en determinados deudores o en un único deudor, vinculadas a si son entidades grandes y si son sistémicas. Hay un cuerpo normativo enorme vinculado al lavado de activos, donde hoy es la UIF (Unidad de Información Financiera) el principal organismo regulador. pero el Banco Central complementa”, continúa la experta que sigue trabajando con su anterior jefe, Miguel Pesce, antecesor de Bausili.

Las fintech como Mercado Pago también comenzaron a estar bajo control de la UIF a partir de una ley de marzo pasado que había quedado pendiente después de una evaluación de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país. Además, “para ser una entidad financiera, el Banco Central requiere de una autorización previa donde se analizan todas las carpetas y todas las funciones, los roles, el capital, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de quienes van a formar parte del directorio de los bancos”, agrega Bossio. En cambio, las PSP, aparte de las regulaciones mencionadas, tiene algunas normas sobre cómo hacer las transferencias inmediatas, cuáles son los mecanismos de seguridad de la información y de la tecnología de la que deben disponer y en cuanto a la protección de usuarios de servicios financieros. Pero no es lo mismo.

Si Mercado Libre fuera banco podría expandir sus negocios, mejorar aún más su valuación –hoy es la segunda empresa de Latinoamérica, sólo por detrás de Femsa, la embotelladora mexicana de Coca-Cola– y hasta convertirse en la entidad bancaria más grande de la región, por encima del brasileño Itaú, Banco do Brasil, BBVA, su compatriota Santander o el estadounidense Citi. Podría ofrecer no sólo, como hasta ahora, créditos personales sino prendarios (para autos), hipotecarios o a empresas, para su capital de trabajo (gastos cotidianos), inversiones o su comercio exterior. Además, las tasas podrían ser menores gracias al fondo de los adornistas. A estos, a su vez, podrían permitirles la colocación de plazos fijos.

Pero por ahora Galperin quiere seguir siendo un PSP y que lo dejen pagar sueldos y jubilaciones. El gobierno de Mauricio Macri había adoptado una decisión que después fue frenada por el de Alberto Fernández y ahora fue habilitada por el de Javier Milei para abonar la asignación universal por hijo (AUH), el plan Progresar y otros sociales siempre que el beneficiario vaya a la web y pida el cambio para dejar de cobrar en un banco. Ya consiguieron captar a 400.000 clientes y ahora están en campaña publicitaria para sumar más. Pero no se quedan ahí.

“Liberen las jubilaciones”, reclamó el dueño de Mercado Libre. Acostumbrado a desafiar a las autoridades, como su ídolo Elon Musk, mayor magnate del mundo y futuro secretario de Eficiencia Gubernamental de Donald Trump, Galperin desafió a cambiar la norma que establece que sólo los bancos con sucursales y sus respectivos cajeros automáticos puedan repartir los haberes de los trabajadores pasivos. En las entidades bancarias comentan que los más mayores prefieren retirar el efectivo, incluso de las cajas atendidas por empleados, pero los jubilados más jóvenes se manejan con las nuevas tecnologías, aunque en el conurbano o en determinadas localidades del interior pueden encontrarse con dificultades para hacerse de cash si lo necesitan en caso de decidir migrar a una fintech. A su vez, Macri había permitido que se pudieran cobrar los sueldos por billeteras virtuales, nunca lo implementó, Fernández lo frenó y Milei lo restauró con el mega DNU (decreto de necesidad y urgencia) número 70 de fines de 2023 hasta que la Justicia se lo volvió a bloquear.

El otro deseo del empresario residente en Uruguay es quedarse con los pagos del subte, el colectivo y el tren de la Argentina, que hasta ahora se hace con la SUBE. Entre el mes próximo y enero se pondrá a prueba un sistema que le adjudicó Emova, la empresa de los Roggio que controla el subterráneo, para procesar los pagos con QR. Sus competidores están que trinan porque advierten que pueden quedar relegados en este segmento si Mercado Libre diseña el sistema a su conveniencia o se lo informa tarde. Otras dos compañías procesarán los pagos del metro de quienes sólo quieran apoyar en el molinete su tarjeta de débito o crédito o su celular con el plástico incorporado con la tecnología NFC (sólo los más nuevos): son Payway, del fondo norteamericano Advent, y Open Pass, de Fabio Calcaterra, primo de Mauricio y Jorge Macri, jefe de gobierno porteño. Emova es concesionaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el caso del ferrocarril y el bondi o cole, como le llaman en varias provincias, Nación Servicios, la firma del Banco Nación responsable de la SUBE, está trabajando con Mercado Libre y otras compañías para que también se desarrolle el pago con QR o tarjeta contact less.

¿No hay mercado que Galperin quiere dejar libre de su presencia? Enfrente de él tampoco hay organizaciones de beneficencia, aunque así los considere Milei a los grandes empresarios. Entre los bancos reinan los públicos Nación, Provincia –con su Cuenta DNI, popular por sus descuentos– y Ciudad, los privados Galicia –de los Escasany, Braun y Ayerza, que en su grupo suman NaranjaX–, Santander, BBVA, Macro –de Jorge Brito–, el chino ICBC y el Patagonia y el cooperativo Credicoop. Entre las billeteras virtuales también tercian dos apps de empresas de telecomunicaciones, Personal Pay –de Telecom, la firma de los dueños del Grupo Clarín, como Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y Claro Pay, del mexicano Carlos Slim, el mayor millonario de Latinoamérica. En el medio, la población, que encuentra que con el celular se le facilita la vida, pero también busca evitar comisiones y tasas excesivas y rendimientos pobres frente a una inflación menguante pero aún significativa.

AR/DTC

La creciente rivalidad entre Mercado Pago y MODO, la billetera digital impulsada por los principales bancos argentinos, alcanzó un nuevo pico de tensión con la implementación de la tokenización como medida obligatoria para pagos con QR interoperable.

A partir de este viernes, el sistema de tokenización de tarjetas de crédito de Visa es un requisito para realizar pagos a través de los códigos QR de Mercado Pago, lo que podría provocar dificultades para aquellos usuarios cuyas billeteras no cumplan con esta medida de seguridad.

El cambio de política, que Mercado Pago justifica como una medida necesaria para reducir el fraude, tiene el objetivo de mejorar la protección y calidad de las transacciones. “Todas las billeteras deberán contar con un proceso de encriptación de credenciales (tokenización) de los datos de las tarjetas Visa. Las transacciones que cumplan con ese requisito serán procesadas con normalidad”, informó Mercado Pago en su comunicado.

Mercado Pago hizo saber a elDiarioAR tras la lectura de esta nota que “la tokenización no es una política de Mercado Pago en sí sino una regla de Visa y que fue acordada por todos los participantes, bancos, MODO y Mercado Pago, en el encuentro del 29 de mayo”. “No fue una decisión que se tomó de manera unilateral”, dijeron a este medio.

La medida, sin embargo, fue recibida con reservas por MODO, que asegura que el cambio ya aplicado por Mercado Pago afectará a los usuarios que intenten pagar con tarjetas VISA en los QR de su rival. En su plataforma, MODO lanzó un mensaje a sus usuarios señalando que “por decisión unilateral de Mercado Pago, los pagos con Tarjeta de Crédito Visa están deshabilitados en QRs de Mercado Pago”, alimentando aún más la percepción de que esta implementación es un movimiento que complica los pagos entre plataformas.

¿Qué es la tokenización y por qué ahora?

La tokenización es un proceso de seguridad mediante el cual se encriptan los datos de las tarjetas de crédito, sustituyéndolos por un código único y seguro, o “token”, que evita el uso directo de los datos reales del cliente. Este requisito, que se deriva de un acuerdo firmado el 29 de mayo entre Mercado Pago y MODO, apunta a reducir el riesgo de fraudes en las transacciones realizadas desde billeteras bancarias.

Mercado Pago afirmó que, hasta el momento, los pagos realizados desde algunas aplicaciones de bancos en sus QR presentaban un nivel de desconocimientos de compra (fraudes) superior a lo acordado. En este contexto, la tokenización busca mitigar estos riesgos. Sin embargo, la obligación de implementarla a partir de hoy ha generado fricciones, al requerir que los bancos y otras billeteras adopten rápidamente el mecanismo o enfrenten la posibilidad de que sus transacciones no se completen.

La postura de los bancos y el impacto en los usuarios

El mensaje de MODO parece sugerir que esta medida es una acción unilateral de Mercado Pago, lo que ha llevado a varios usuarios de MODO a recibir notificaciones de advertencia sobre potenciales problemas al utilizar tarjetas Visa para pagar en QR de Mercado Pago. Este comunicado de MODO, que asegura que mantendrá informados a sus usuarios de cualquier novedad, evidencia el punto muerto en el que se encuentran las negociaciones con Mercado Pago, y muestra la competencia entre ambos actores por captar la mayor cuota de usuarios en el mercado de billeteras digitales.

Con esta disputa, los usuarios de billeteras digitales enfrentan ahora la incertidumbre de si sus pagos se verán o no interrumpidos por problemas de compatibilidad en los QR. Aunque Mercado Pago sostiene que esta medida busca reforzar la seguridad de las transacciones, MODO y los bancos han interpretado el cambio como una maniobra que podría desfavorecer su posición en el ecosistema financiero digital.

La medida de Mercado Pago apunta a una mayor protección y a reducir las pérdidas por fraude, pero también expone las crecientes tensiones en el sector de pagos digitales, donde la competencia por ofrecer la mejor experiencia al usuario es cada vez más reñida.

Por ejemplo, Mercado Pago se aseguró una posición privilegiada para implementar pagos con QR en el subte porteño, sin licitación ni consulta pública. Esto le garantiza una ventaja frente a sus competidores al controlar tanto el sistema de cobro como el QR que utilizarán los usuarios. Las demás billeteras digitales reaccionaron con enojo, ya que fueron excluidas del proceso. Además, la iniciativa plantea un potencial monopolio en el transporte y refuerza la “principalidad” de Mercado Pago, dado que los usuarios deberán recurrir a su app para pagar. A pesar de la controversia, la empresa ha convocado una reunión técnica para intentar definir un estándar de interoperabilidad. La situación expone las tensiones por el control de datos y servicios en el sector fintech argentino, en el contexto de posibles alianzas políticas y beneficios fiscales.

Ahora resta por ver si los bancos y MODO aceptarán adoptar rápidamente la tokenización o si buscarán vías alternativas para contrarrestar esta política de Mercado Pago. La próxima respuesta de MODO, así como el rol del Banco Central de la República Argentina, que ha sido informado sobre la situación, serán clave para el futuro de la interoperabilidad en los pagos digitales en el país.

JJD

La semana de fiesta que vivieron los mercados expuso al nuevo bloque de poder económico que respalda a Javier Milei, beneficiario de la masiva transferencia de recursos que les retacea a universidades y jubilados. La disparada de acciones y bonos de la deuda se produjo ante la evidencia de que el Gobierno está dispuesto a pagarles a los acreedores a cualquier costo. Pero más allá del síntoma, con una montaña de vencimientos por U$S20.000 millones en el horizonte inmediato y un riesgo país todavía demasiado alto como para pensar en refinanciarlos, lo que sostiene la pax cambiaria es la expectativa de un ingreso masivo de dólares por exportaciones de materias primas en los próximos años y una contracción inédita en los ingresos populares, en un mercado interno deprimido que dejó de consumir y de invertir pero al cual se le puede seguir sacando el jugo de distintas formas, de la mano de nuevas tecnologías y viejas prácticas oligopólicas.   

Es una economía empantanada donde brillan tres sectores que, por diferentes razones, se autonomizaron de la dinámica recesiva e incrementaron sus tasas de ganancia: el sistema financiero (beneficiado por las políticas de esterilización monetaria y de tasas de interés), las empresas hidrocarburíferas (favorecidas por el aumento del precio interno de los combustibles y por el incremento de los saldos exportables) y ciertas firmas asociadas al consumo interno en sectores de alta concentración, que tuvieron espaldas suficientemente anchas como para gestionar a su favor la dinámica inflacionaria. Lo muestran nítidamente los balances que vienen presentando en las últimas semanas las compañías líderes de esos tres nichos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

También hay casos puntuales que descollan y que explican comportamientos extravagantes, como la violenta verborragia de Marcos Galperín en redes sociales y su fervor mileísta. No es solo el crecimiento sostenido del e-commerce y de los pagos online que lo llevó a vender un récord de 20 millones de productos en agosto mientras el comercio físico minorista se hundía en una debacle sin precedentes ni recuperación a la vista. El gran salto adelante que pegaron durante la pandemia MercadoLibre y todas sus vinculadas puede quedar chiquito al lado del zarpazo que prepara para 2025, gracias al negocio de los pagos con QR en el transporte público y -si consigue imponer su lobby- también de jubilaciones y salarios. 

Los magnates del petróleo y el gas, mucho más discretos que Galperín, también acarician un 2025 venturoso: se preparan para el primer año comercialmente superavitario de la “nueva pampa húmeda” enterrada bajo Neuquén, en la roca de Vaca Muerta, y ya saborean ingresos récord que se inflan al calor de la guerra de Medio Oriente. El crudo Brent, después de los bombardeos de Irán y mientras el mundo aguarda por la respuesta israelí, quedó un 10% más caro que en la meseta de fines de septiembre. Las conversaciones entre las petroleras y el Ministerio de Economía para trasladar esa suba al público ya comenzaron. 

Es una renta extraordinaria que el Presidente avisó que va a blindar ante cualquier intento futuro de gravarla para repartir mejor los sacrificios que impone la crisis. Y que ya empezó a visualizarse en los balances del sector al calor del reseteo mileísta de la economía. El resultado neto de YPF en términos reales, por ejemplo, duplicó entre enero y junio de este año el del mismo lapso del año pasado. Las privadas grandes también ganaron más: Pampa (Mindlin) incrementó su ganancia de 257.203 a 312.937 millones de pesos (a precios de julio) y PAE (Bulgheroni) de 252.852 a 354.925 millones. La que sobresalió fue Tecpetrol, de Paolo Rocca, cuya ganancia semestral saltó de 39.212 en la primera mitad de 2023 a 206.896 millones de pesos en la primera mitad de este año. 

Cobrarle al futuro

Nada está exento de conflictos. La pelea por las más jugosas rentas del futuro tuvo su ring en un evento que reunió a todos los actores del mundo fintech, el martes, en Vicente López, organizado por la revista “Nuevo Dinero” por su décimo aniversario. La vicepresidente senior de MercadoPago, Paula Arregui, dijo que el holding de Galperín se prepara para “un 2025 divertido e intenso” y fijó sus metas: “Estamos esperando hacer con las jubilaciones lo mismo que ya hacemos con los planes sociales. Y está el gran tema de los sueldos, donde hicimos una primera aproximación en diciembre de 2023 y después quedó ahí por una cuestión de lobby”. 

Este año, gracias a un convenio que databa de 2019 pero que el Frente de Todos luego demoró, MercadoPago empezó a ejercer como boca de cobro de programas de asistencia social. Arrancó con 24.000 beneficiarios en abril, pero el mes pasado ya liquidó 320.000 planes Potenciar, AUH y otras prestaciones. “Es tal el placer de cortarles el curro a los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”, tuiteó Galperín ante los primeros cuestionamientos que enfrentó. Más allá de que no cobra comisiones por el pago de las asignaciones, su negocio son los ‘casos de uso’ que se generan a partir del pago. Sobre todo la posibilidad de prestarles dinero a esos beneficiarios a tasas de interés altísimas. 

El lobby al que apuntó Arregui es el de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), que agrupa a la banca local, con la cual Galperín libra una batalla en todos los frentes. Los bancos consiguieron frenar la desregulación que inicialmente intentó Milei mediante el DNU 70/23 para habilitar el pago de sueldos y jubilaciones vía billeteras virtuales. Argumentaron que podían dispararse los casos de fraude, algo que la propia Arregui admitió el martes que “se está tornando un poco fuera de control” en el ecosistema digital. Pero la ejecutiva de MercadoPago también acusó abiertamente a los bancos de impedir el libre flujo de dinero de unas cuentas a las otras. “Hacen lo que pueden para entorpecer el flujo de dinero hacia las cuentas remuneradas porque saben que la gente quiere que la remuneren”, señaló. Un dato estructural que confirman todas las encuestas y que la banca tradicional todavía no supo organizarse para contrarrestar.

El negocio de los boletos también promete polémica. El director del Banco Central encargado del tema, Pedro Inchauspe, anticipó en ese mismo evento el martes que para fin de año se van a poner en marcha sistemas piloto en Rafaela y Río Cuarto, que van a permitir el pago del boleto con el celular, tanto con tecnología NFC (que hoy ya opera SUBE digital) como con QR, más masivamente utilizada. “Nación Servicios va a seguir como operador de transporte y el adquirente va a ser el Banco Nación”, precisó Inchauspe. Y detalló que las nuevas terminales de cobro en los 30.000 ómnibus que van a tener que renovarlas “las va a instalar el sector privado” por “un acuerdo entre la industria y los actores involucrados”. 

Los competidores de MercadoPago, sin embargo, advierten que el Gobierno porteño también inclina la cancha a su favor. En NaranjaX, que utilizan más de 7 millones de personas todos los meses y que pulsea de igual a igual con MercadoPago en las ciudades más pobladas del interior, subrayan que por un convenio que ya firmó SBASE con la compañía de Galperín, los protocolos informáticos del subte no están abiertos como para que cualquiera desarrolle su propio sistema de pago con QR. La “adquirente” para los pagos con QR va a ser MercadoPago, mientras OpenPass y PayWay lo serán para los pagos con tarjeta. Parece algo menor pero no lo es. Si una billetera sirve para pagar el colectivo pero no el subte, obviamente, pierde atractivo. Eso promete darle otra vez -artificialmente- la ventaja del innovador a MercadoPago, en un negocio en el que adelantarse apenas un par de meses puede cambiar la ecuación. 

Son discusiones clave, como mostró la pulseada entre Brasil y Twitter, donde el Supremo Tribunal Federal (STF) terminó por imponer sus condiciones al magnate Elon Musk. También tiñen la campaña estadounidense. Ahí, tal como destaca esta semana una crónica en The New Yorker, el “criptopower” y las Fintech están invirtiendo millones de dólares para influir sobre las campañas de demócratas y republicanos por igual. 

Sin fondo

La economía real, mientras tanto, sigue hundida en un espiral descendente. La recaudación fiscal hasta septiembre refleja una caída sin fin, en línea con la recesión económica, la caída de los salarios y la pérdida de empleo. Hasta ese mes, el impuesto PAIS y los derechos de exportación habían mitigado parcialmente la disminución de los recursos fiscales. Ahora los compensan las moratorias y regularizaciones impulsadas por el reciente paquete fiscal. Lo destaca el IPyPP de Claudio Lozano: “La caída del 3,9% interanual en la recaudación tributaria oculta una disminución real del 12% al excluir el impacto de la nueva ley, que ha generado un adelanto de ingresos o una entrada extraordinaria de fondos que no se mantendrá en el tiempo”. 

¿Por qué se mantiene igual la pax cambiaria? ¿Es solo por el efecto del blanqueo de capitales, de tal magnitud que llegó a disparar una devaluación del peso uruguayo por los fondos que se repatriaron desde la vecina orilla atraídos por lo ventajoso de sus condiciones? ¿Por qué el mercado “empieza a verla”, como dice el último informe de la consultora 1816? Hay un combo de razones. Influye la expectativa de ese flujo futuro de dólares pero también la certeza de que el Fondo Monetario va a apoyar a Milei, gane quien gane el 5 de noviembre en Estados Unidos. La rebaja de los sobrecargos que decidió el Directorio el viernes, pensada para aliviar la carga sobre Ucrania y colaborar con sus esfuerzos bélicos contra Rusia, fue solo el principio. 

¿Llegará dinero fresco? Todo sugiere que algo habrá. Washington sigue viendo al Presidente como una terminal amigable en el contexto regional hostil de los Lula, los Boric, los Petro y los Arce. El segundo ciclo progresista latinoamericano también exhibió esta semana sus debilidades: el colombiano Petro denunció un golpe de estado en su contra, Evo Morales rompió definitivamente con Luis Arce y Lula perdió en las elecciones municipales de medio término, aun cuando Jair Bolsonaro tampoco ganó. 

La situación presagia una puja cada vez más dura entre estados y corporaciones en toda América latina. El nuevo bloque dominante argentino ya se pertrechó y no oculta su apuesta por Milei. La novedad es cómo empezaron a secundarlo otros actores que procuran proteger su capital político y pecuniario, como sindicalistas y gobernadores. Aun cuando todavía no se haya dirimido cuánto le tocará a cada uno de la riqueza que pueda generar en ciertos nichos un modelo que empobrece a la mayoría. Aun cuando no se sepa cuánto puede durar la estabilidad, precaria, que festejan los mercados como si no hubiera un mañana. 

AB/DTC