El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

Miles de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Cuando ya la marcha estaba finalizando y las distintas organizaciones se retiraron, el enorme operativo de seguridad desplegado comenzó a actuar activando los camiones hidrantes y lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes que quedaban en cumplimiento del protocolo antipiquetes. Según diversos medios, hay varios heridos y detenidos. El Ministerio de Seguridad confirmó cuatro detenciones.

La sede parlamentaria estaba totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad. Los integrantes de las organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y de diversos sindicatos exhibieron banderas y carteles y lanzaron consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados y con la celebración de un paro general, el cuarto convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia a fines de 2023.

El cese de actividades por 24 horas fue convocado por la CGT y las dos CTAs, pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí fue parte de la protesta ante el Congreso. La convocatoria fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una eliminación de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un “importantísimo” nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de acatamiento a la huelga entre sus afiliados es del 98 %. 

Con información de la agencia EFE

Diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que deben “pudrírsela a los gobernadores en sus territorios” porque la reforma laboral y el presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”.

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, sostuvo que el proyecto tiene un objetivo “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores, del mismo modo que Hugo Yasky, de la CTA-T, indicó que los cambios que se plantean “en casi 30 países del mundo persiguen ”mejorar“ las condiciones laborales, ”regular a las compañías de plataformas“, ”otorgar nuevas licencias“, ”reducir la jornada de labor“ y ”garantizar“ igualdad de género.

“Ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional”, sentenció.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales, que afirmó que esta iniciativa “implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

“Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo”, definió el gremio en un comunicado.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmaron su adherencia a la movilización “en defensa de los derechos laborales y de la salud pública”.

La concentración será a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, para marchar desde allí a Plaza de Mayo no sólo en rechazo a la reforma laboral sino al Presupuesto 2026 y la intención del Gobierno de excluir las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.

Con información de agencias.

IG

En el marco del festival por el Día de los Derechos Humanos, realizado este jueves en Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzó una dura advertencia sobre la situación actual del país. “El gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria”, afirmó al cuestionar el impacto de las políticas oficiales en materia de derechos humanos y empleo estatal.

De Carlotto sostuvo que el desmantelamiento de políticas de Estado, los despidos masivos en distintas áreas y el ajuste salarial permanente forman parte de “un mismo plan económico” que debilita las instituciones y vulnera derechos adquiridos. En una declaración que generó aplausos entre los presentes, señaló: “Queremos expresar con profunda preocupación que la memoria está en emergencia. Los retrocesos en la Secretaría de Derechos Humanos afectan directamente los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de nietos y nietas”. Y resumió: “Menos Estado significa menos derechos”.

La jornada, convocada por las cuatro centrales gremiales, reunió a referentes sindicales, organizaciones sociales, funcionarios opositores, organismos de derechos humanos y artistas, en coincidencia con los dos años del mandato del presidente Javier Milei.

Las actividades comenzaron en la Pirámide de Mayo, donde se realizó la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acompañada por una intervención artística a cargo del grupo de percusión popular La Chilinga, que marcó el clima de la movilización.

Luego se desarrolló el panel “Derechos y Trabajo”, centrado en los desafíos que plantea la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Allí expusieron los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT), quienes cuestionaron el rumbo económico y alertaron sobre los impactos en el empleo y las condiciones laborales.

Más tarde comenzó el panel “Estado de Derecho en emergencia”, donde se abordaron temas vinculados con violencia institucional, persecución política y proscripción. La mesa estuvo integrada por Fabián Grillo, padre del fotógrafo asesinado Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la organización Mapa de la Policía.

“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

JJD

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

JJD

El Gobierno nacional anunció este miércoles, en el Consejo del Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes. Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: según información a los que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA - Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”. 

Mientras tanto, empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril del próximo año.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA – A. 

Por su parte, el secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.vuU4FQ

“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó el gremialista.

Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”, además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos. 

Con información de la agencia NA

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales encabezan este jueves una movilización a Plaza de Mayo con críticas a las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa del empleo en el marco de la conmemoración del Día de San Cayetano, santo patrono de la paz, el pan y el trabajo.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la marcha tendrá además la adhesión de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, mientras que la organización kirchnerista La Cámpora analizaba sumarse.

La peregrinación partió del santuario del barrio porteño de Liniers a las 8 de la mañana, mientras que habrá concentraciones desde las 13 en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, sostuvo la convocatoria de la UTEP, el sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos sociales, cuyos referentes fueron funcionarios en la anterior gestión de Alberto Fernández, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita.

La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) actualmente es liderada por Alejandro Gramajo, de estrecho vínculo con Juan Grabois y la Iglesia Católica.

“Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado”, se agregó en la convocatoria de la UTEP.

La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores, y se daba por descontado una participación más activa de los sindicatos de la central que tienen conducciones más opositoras al gobierno de Milei.

La central de la calle Azopardo está atravesada por su interna entre “moderados” y “duros” y su conducción más dialoguista fue blanco de críticas de los sectores cegetistas más cercanos al kirchnerismo y de las dos CTA, en recientes marchas que estos últimos grupos compartieron bajo el paraguas del frente multisectorial de “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”.

Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE, que confirmó su presencia en “la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social”, sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el titular del sindicato de estatales ATE, perteneciente a la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, sostuvo: “Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro general”.

Los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, presentaron este miércoles una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.

La denuncia fue radicada ante la Justicia federal a raíz de una nota de investigación publicada el domingo último en La Nación y que aludía a informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaba actividades políticas y sindicales como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.

“Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política”, sostuvieron las CTA en la denuncia.

Ambas centrales aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social, ante lo que remarcaron que “no hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias”.

“Es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, agregaron a través de un comunicado.

La presentación de las CTA solicitó que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial y, en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.

Además, ambas centrales sindicales pidieron ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, “en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales”.

Con información de la agencia NA

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, vaticinó que el acto de esta tarde frente al Congreso, convocado por las tres centrales sindicales para acompañar la habitual marcha de los miércoles de los jubilados, “va a ser multitudinario”, y se va a desarrollar en forma “pacífica”

“Va a ser una marcha multitudinaria y pacífica, porque las organizaciones vamos a garantizar que la gente pueda movilizarse en paz”, expresó Yasky en declaraciones a Radio Splendid.

Yasky dijo que la protesta de esta tarde, que se continuará mañana con un paro general de actividades de 24 horas, es la respuesta a “la crueldad de un Gobierno que toma medidas que castigan a los trabajadores, como dejarlos sin empleo, y algunos ni siquiera cobran la indemnización porque tienen contratos basura”.

“Es la crueldad en su expresión más alta”, porque “rompen contratos laborales de forma brutal e ilegal y tienen desprecio por los trabajadores”, manifestó el diputado de Unión por la Patria y aseveró que “la Argentina es hoy más desigual”.

Agregó que la marcha de esta tarde también responde a que “las condiciones económicas en Argentina hacen que sea más barato importar que producir en el país” y advirtió que “cuando eso pasa lo primero que desaparece es el empleo”.

A modo de ejemplo señaló que actualmente “la industria automotriz tiene unos 10.000 trabajadores que están suspendidos o al borde de perder el empleo”, y sostuvo que estas cifras muestran que “las cifras de disminución de la pobreza que muestra el Gobierno se contradicen con la realidad”.

Con información de agencias.

IG

En la Casa Rosada las alarmas están encendidas hace rato. Pero esta semana, la sensación se volvió más espesa. Como una humedad interna que empieza a trepar por las paredes del poder, dejando manchas de desgaste y señales de descomposición política. En medio de la turbulencia en los mercados internacionales, el paro general convocado por la CGT para el jueves 10 de abril —precedido por una movilización frente al Congreso el día anterior— encuentra al gobierno de Javier Milei no sólo debilitado en su frente parlamentario, sino también aturdido en el intento de comprender un clima social que, de a poco, empieza a cambiar de temperatura.

El paro no es el primero —ya hubo otros dos durante el 2024— pero sí el más amplio en términos de adhesiones sindicales y sociales. No por la CGT en sí, que hasta hace poco se movía con pie de plomo, sino por el momento político en que se inscribe y por el malestar acumulado que busca canalizar. La imagen presidencial empieza a mostrar signos de fatiga no por la acción de una oposición tradicional, sino por una sucesión de errores propios: una política exterior errática, la estafa cripto de $LIBRA que amenaza con derivar en una comisión investigadora en Diputados, la derrota legislativa por los pliegos para la Corte Suprema. Todo envuelto en un discurso que se radicaliza mientras la economía se vuelve cada vez más incierta.

Este miércoles 9, desde el mediodía, comenzarán a concentrarse las columnas gremiales frente al Congreso. Pero la convocatoria, vale decirlo, no es exclusivamente sindical. Ese día se sumarán a la protesta que cada semana protagonizan los jubilados. Son ellos, más que cualquier otra expresión organizada, quienes mantuvieron la llama encendida de la protesta social contra el ajuste. Aún en soledad, aún bajo represión, fueron persistentes. La CGT llega después. No como protagonista, sino como acompañante de una combatividad que no nació en Azopardo, sino en las veredas donde una jubilación mínima dejó de alcanzar para comprar lo más elemental.

Por eso, más que una decisión estructural, el paro parece haber sido una reacción inevitable. Lo que empezó como una jornada de protesta de 24 horas se estiró a 36, con el agregado del miércoles por la tarde como prólogo. El Gobierno lo sabe. Y por eso movió sus fichas en las últimas semanas para intentar contener el impacto.

La clave es el transporte. En Balcarce 50 consideran que si hay colectivos, la huelga pierde fuerza. Y entonces llegó la jugada: la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta a la UTA con las cámaras empresarias. Lo hizo con precisión de relojero: los diez días hábiles de vigencia cubren, por supuesto, el 10 de abril. Así, el oficialismo busca que el gremio de los colectiveros quede legalmente inhibido de sumarse a la medida.

La argumentación es discutible. Porque el paro de la CGT no tiene relación directa con el conflicto que enfrenta la UTA. Son causas diferentes. Lo que se intenta bloquear, en rigor, es la posibilidad de que el transporte público se sume a una huelga general convocada por motivos más amplios: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados, defensa de la industria nacional, rechazo a la represión, y una lista larga de reclamos que, según la central obrera, reflejan el deterioro acelerado de la vida cotidiana.

Este lunes, Héctor Daer buscó despejar ambigüedades. En una declaración breve pero elocuente, el secretario general de la CGT ratificó la medida de fuerza para el 10 de abril y cargó contra la indefinición de la UTA. “Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT”, remarcó en diálogo con Radio Ravadavia, al tiempo que recordó que la medida fue votada por unanimidad y dejó entrever cierta incomodidad con el rol del gremio de colectiveros.

Es que lo que en los papeles es una estrategia de contención, en la práctica podría generar fisuras. La conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, es renuente a confrontar con el Gobierno. En las seccionales del interior hay clima de ruptura. Algunas ya anticiparon que podrían adherir, incluso con la conciliación vigente. En el AMBA también hay tensiones. Fernández enfrenta críticas internas y, en la CGT, hay malestar creciente. “Ya son más de 80 las regionales que normalizamos en estos meses. Y en el reglamento está prevista la expulsión de un gremio. Nunca se usó. Pero siempre hay una primera vez”, se escuchó decir en los pasillos de Azopardo.

La reacción del oficialismo, mientras tanto, se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: Daer apuntó este lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, el Gobierno dice que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. Saben que esta vez no es solo la CGT. Son también las CTA, los movimientos sociales, los jubilados, la izquierda y el sector público y privado, algunos con historia, otros con bronca reciente.

El jueves no se espera una paralización total. Pero tampoco será una jornada más. Aerolíneas Argentinas ya alertó acerca de vuelos que serán afectados. La actividad bancaria será dispar. El sistema educativo funcionará a media máquina. Y en muchas provincias habrá una adhesión significativa, aunque heterogénea. En definitiva, se trata de una postal en movimiento de la disconformidad. Más un aviso que una rebelión.

Sucede que en la CGT no quieren hablar de continuidad. Tampoco de escalada. Pero saben que el clima cambió. Hace apenas unos meses, figuras como Andrés Rodríguez (UPCN) desalentaban cualquier tipo de medida de fuerza. Hoy, esos mismos dirigentes se sientan en reuniones donde se organiza la marcha que tendrá lugar este miércoles y que contará con un operativo de seguridad similar al que se desplegó durante la movilización del 19 de marzo pasado: se instalará un vallado perimetral que evitará el contacto de los manifestantes con las fuerzas de seguridad.

En este contexto, se cuela una discusión más profunda: si los sindicatos deben o no volver a ocupar un rol central en la escena política. Por ahora, lo que hacen es cubrir un vacío. Porque la oposición parlamentaria no logra articular una estrategia común, y el oficialismo parece más concentrado en agitar enemigos imaginarios que en resolver los problemas reales.

El paro no resolverá ninguno de esos dilemas. Pero es una señal. No de fortaleza gremial ni de coordinación opositora, sino de algo más crudo: el desgaste. El Gobierno podrá burlarse de los sindicatos, minimizar la protesta o insistir con que todo es parte de una conspiración. Pero cada vez que la calle se llena, algo se vacía en el poder. Y ese algo, cuando no se atiende, termina costando caro.

PL/JJD

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se plegará al paro que las dos fracciones de la CTA realizarán el jueves próximo en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei, al advertir que “este año ha sido terrible para los estatales”. La secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, sostuvo que además se pondrá en marcha una movilización que “va a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados”.

“Este año ha sido terrible para las y los estatales. Desde febrero estamos sufriendo despidos en todo el país. Las modalidades han sido muy distintas pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias entera”, denunció la dirigente a través de un comunicado.

También apuntó contra la CGT y manifestó que “no se entiende cómo no convocan a un paro”. “No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase”, fustigó. Según Cabezas, “55 de 185 altos funcionarios públicos tienen participación en directorios de empresas privadas” y son ellos quienes “están arrastrando a familias enteras a la pobreza” debido a que los sueldos están por debajo de la canasta básica .

“No les permiten tener vidas dignas, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, la educación o una vivienda y ni hablar de la violencia y discriminación legitimados también desde esos mismos funcionarios”, advirtió.

La CTA Autónoma publicó en los últimos días un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”.

Con información de la agencia NA

En vísperas a la movilización a Plaza de Mayo de próximo 5 de diciembre, las dos fracciones de la CTA, nuevamente unidas frente a la gestión libertaria, lanzaron hoy fuertes críticas al Gobierno. “Este gobierno tiene el boleto picado y termina en la quiebra de la Argentina”, lanzó este lunes Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, que junto a la CTA Nacional de Hugo Yasky organizan la protesta del jueves.

Las centrales encabezaron este lunes una Jornada de Lucha Federal junto a integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza Pablo Moyano, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Territorios en Lucha, Pymes y organizaciones políticas. El encuentro previo a la marcha del jueves tuvo lugar en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Allí se terminaron de definir los puntos desde los que habrá manifestaciones la mañana del jueves, para confluir a las 13 en Plaza de Mayo. Podría haber concentraciones en el Obelisco, Puente Pueyrredón, Constitución, Once y Retiro. Por la tarde la protesta de las CTA buscará darle volumen a la tradicional Marcha de la Resistencia de los organismos de derechos humanos. “No vamos a acostarnos a dormir la siesta con la gobierno. Hace falta un colectivo social que tome la bandera del pueblo”, reclamó Yasky durante la conferencia.

La consigna de la manifestación es “La patria no se vende”, y busca ser una clara confrontación contra las políticas de Milei. “El Gobierno tiene una lógica de ajuste permanente y construye una Argentina sin industria y caída de consumo populares. La libertad de los sectores populares es la de pasar hambre”, planteó Yasky.

La semana pasada, la CTA publicó un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”. En el mismo estudio se señala que la comparación de los sueldos básicos con las líneas de pobreza y de indigencia “revela una situación peor que la del año 2001”. “El salarió mínimo en octubre sólo alcanza para adquirir el 54,3% de la canasta básica de alimentos, que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza”, concluyeron.

“Frente a esta euforia que muestran las corporaciones, crece la indigencia y el hambre. Llegamos a un fin de año donde la caida de consumo de carne no tiene parangón”, ejemplificó Yasky.

“Es violencia cuando el Gobierno reforma el Estado, le quita los medicamentos a los jubilados, congela el salario social complementario y destruye la seguridad social”, sumó Godoy, que lanzó como consigna: “Justicia social frente al hambre y la pobreza. paz frente a la amenaza de discurso del odio y de accion persecutoria”.

DM/MC

El fin del año universitario encuentra al sector que protagonizó la mayor movilización contra Javier Milei ante el dilema de cómo sostener abierto un conflicto que aún sigue vigente, pero que ya no tiene el mismo eco social. Sin mejoras sustanciales a nivel presupuestario ni de salarios, el abanico de sindicatos de docentes y no docentes, junto con las agrupaciones estudiantiles, buscarán esta semana mantener en pie el reclamo. 

Los trabajadores universitarios y estudiantes serán parte de la concentración multisectorial que impulsan para el jueves 5 a Plaza de Mayo las dos CTA, que buscarán llevar a las puertas de la Casa Rosada un rechazo explícito al ajuste libertario generalizado, a punto de cumplir su primer aniversario.

La protesta que impulsan las centrales obreras de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy está en plena organización, a la espera de una señal de la CGT, muy diluida en las últimas semanas tras su acercamiento al Gobierno y la salida intempestiva de Pablo Moyano. El camionero ya se plegó a la manifestación, junto con otras banderas sindicales más combativas y afines al kirchnerismo, como La Bancaria, Smata, UOM y ATE, y las organizaciones sociales de la UTEP. 

La protesta del jueves próximo coincidirá con la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, como elemento simbólico. Se prevé columnas desde el Puente Pueyrredón, Once y Constitución, y por la mañana una radio pública de los gremios universitarios en el Obelisco. La consigna es “Por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía”. La concentración está agendada para las 13.

El reclamo en las universidades

La movilización del jueves tiene como previa un acto que harán los gremios docentes este lunes por la tarde en el Palacio Pizzurno, sede del ex ministerio de Educación. Llevarán un petitorio formal para reclamar la apertura de las paritarias. Los gremios rechazan el aumento del 2% que recibieron unilateralmente en noviembre, y señalan que ya tuvieron una pérdida de poder adquisitivo de entre el 30% y el 50%, de acuerdo a las diferentes situaciones de cargos.

El reclamo universitario por mejores salarios, más presupuesto para funcionamiento y beneficios para los estudiantes no cambió desde la última marcha federal del 2 de octubre, pero perdió peso en el debate público a partir de que el Gobierno logró encauzar las negociaciones dentro del tratamiento del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. Fue una jugada hábil del oficialismo, que encerró la presión callejera entre las paredes del Palacio Legislativo.

En el sector universitario ya no creen que el Gobierno impulse formalmente un nuevo presupuesto para el año que viene, pero están divididas las estrategias. Mientras los gremios y estudiantes se suman a la marcha del jueves, los rectores asumieron un rol menos confrontativo.

“No tuvimos ninguna respuesta del Gobierno. Solo nos hemos quedado observando el tema de tener presupuesto 2025, cuestión que uno ve que no sucederá. Eso nos quita una herramienta que hubiera sido fundamental para solucionar la cuestión”, se quejó ante elDiarioAR el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, rector de la universidad nacional de San Luis. Las casas de altos estudios tienen línea abierta con el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, aunque en definitiva quien digita el trazo final de la política oficial es el estratega presidencial Santiago Caputo.

Nunca prosperó el reclamo de $7,2 billones para el 2025, casi el doble de los $3,8 billones que están estipulados en el proyecto de presupuesto mileísta. Las conversaciones con los bloques aliados y las provincias para que se resignen partidas presupuestarias en beneficio de las universidades quedaron en letra muerta.

En ese contexto, los rectores anticipan que si no hay mejoras en salarios y partidas para funcionamiento en 2025, el inicio del año lectivo está en riesgo. “Le decimos al Gobierno que por favor en febrero y marzo preparen una oferta salarial acorde a la recuperación que vienen pidiendo los gremios porque sino será difícil el inicio del año”, planteó Moriñigo en voz alta.

MC/DTC

Los universitarios buscan que las protestas por el ajuste del Gobierno no queden acotadas a la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2025 y se vuelquen otra vez en las calles. Luego de sumarse al paro de transporte de este miércoles, los gremios de docentes y no docentes junto con el grueso del estudiantado trabajan en la arquitectura de una nueva marcha federal para diciembre, pero que exceda las consignas propias del sector, como fueron las del 23 de abril y la del 2 de octubre.

La fecha que se baraja para una tercera acción callejera es el 5 de diciembre, con el objetivo de que sea una movilización multisectorial. La consigna fue lanzada por las dos CTA –que están en proceso de unificación– y podría también estar capitaneada por parte de la CGT, supo elDiarioAR de fuentes al tanto de la disputa estudiantil con la Casa Rosada.

Para definir el posicionamiento universitario este viernes está en agenda una cumbre entre las dos centrales gremiales de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy con el estudiantado y los sindicatos. Llamativo no es que solo participarán las agrupaciones universitarias más peronistas y que abarcan a aproximadamente un tercio de los alumnos –nucleadas en el llamado frente Malvinas Argentinas–, sino también a la mayoritaria Federación Universitaria Argentina (FUA), que conduce históricamente el radicalismo a través de la Franja Morada, personificada en Piera Fernández. 

Esa marcha federal y multisectorial sería por varias consignas: contra el hambre, por trabajo, producción, salud y educación. “Se está trabajando para que confluyan distintos sectores”, dijo una fuente que forma parte de las conversaciones. Seguramente se sumarán los movimientos sociales y piqueteros, además de la izquierda.

Pero en esa reunión con las dos CTA de este viernes no serán de la partida las expresiones más combativas de la izquierda estudiantil, que este mismo viernes harán una manifestación: a las 17 se concentran en el Obelisco para luego movilizar a Plaza de Mayo y posteriormente a la sede de la CGT, en reclamo al llamado a un paro general. Las agrupaciones ligadas al trotskismo propusieron hacer una tercera marcha federal el 12 de noviembre, pero no tuvieron apoyo de sus pares.

Este viernes, a su vez, el frente sindical que reúne a los docentes y no docentes comenzará una serie de reuniones federales para sumar volumen hacia el 5 de diciembre. La jornada de este viernes será en la regional de La Plata y para los próximos días habrá acciones –con fechas a definir– en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Comahue, Misiones, Patagonia San Juan Bosco, Tucumán Córdoba, Conurbano Sur y Conurbano Noroeste. El 22 de noviembre habrá un cierre con un Festival de la Gratuidad Universitaria. “El Gobierno sigue sin escuchar las legítimas demandas por salarios dignos, presupuesto universitario que permita el sostenimiento de las actividades sustantivas, bienestar estudiantil e infraestructura para las actividades académicas”, cuestionó el frente sindical a través de un comunicado de las últimas horas.

El conflicto seguirá latente con clases públicas en las universidades, con la acción simbólica de que se instalarán pupitres frente al Congreso desde el martes próximo, mientras se discute el Presupuesto 2025. La intención es “educar a los legisladores”. El desafío del sector es mantener vigente el reclamo ante la cercanía del fin del cuatrimestre.

Hasta ahora el Gobierno no se movió un punto de su propuesta de $3,8 billones para las universidades, cuando el CIN calculó que necesitan $7,2 billones para funcionar todo el año que viene sin ningún inconveniente –incluyendo pagar salarios por encima de la inflación–. Este miércoles el oficialismo pisó en falso cuando canceló a último momento una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Diputados para hacer un “importante anuncio” sobre el presupuesto. 

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la idea era reasignar partidas de las provincias hacia las universidades. Se dio de baja porque iba a generar un conflicto con los gobernadores. La discusión parlamentaria es el ámbito en el que los rectores del CIN están invirtiendo para conseguir que el Gobierno abra más la billetera. Esta semana se reunieron con el nuevo bloque disidente de la UCR y con los federales de Miguel Pichetto y la semana que viene tienen pensado verse con Unión por la Patria. 

El oficialismo está obligado a negociar porque sin el apoyo de los bloques del centro no tendrán los votos para darle media sanción al Presupuesto. Luego de un mes de tratamiento, los libertarios quieren ir al recinto hacia fin de noviembre, para que el Senado sancione la Ley de Leyes a más tardar en diciembre. En paralelo a esa discusión más palaciega, los universitarios quieren presionar en las calles. “Lo del Presupuesto va a ser lo que vaya organizando más actividades”, apuntaron a este medio. La idea que circula en los distintos actores universitarios es que haya una vigilia para el día en que Diputados se proponga votar el Presupuesto 2025 de Milei.

MC/JJD

Los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmaron hoy que está en marcha el proceso de reunificación de esas centrales sindicales, por lo que el próximo martes realizarán un plenario conjunto con ese propósito.

Desde hace tiempo, y especialmente tras la asunción del presidente Javier Milei, las dos CTA vienen estrechando su vínculo con marchas y actos conjuntos, transcurridos ya 14 años de la ruptura en la central tras unas escandalosas elecciones que enfrentaron a Yasky y Pablo Micheli, quienes a raíz de esa controversia quedaron a cargo de cada uno de los sectores.

Yasky anticipó en declaraciones periodísticas que el objetivo es “empezar a sesionar juntos”, por lo que martes próximo tendrá lugar la primera reunión de las dos mesas de conducción nacional, de la que “saldrán definiciones y acciones”.

Godoy sostuvo que “es evidente el fraccionamiento que existe en la sociedad argentina, y es una estrategia del poder efectivizarlo también en la clase trabajadora”.

“Este progresivo descarte del sistema de millones de trabajadores y trabajadoras desde los 90 hasta aquí, nosotros lo vimos a principio de la década del 90. En ese entonces definimos construir un nuevo modelo sindical que contenga a los millones de trabajadores que el modelo neoliberal descarta y nosotros no podemos negar como parte de la clase”, recordó.

Para Godoy, “ese fue el sentido profundo del nacimiento de la CTA como central de nuevo tipo. El proceso de agudización de esto con el triunfo de (Mauricio) Macri en 2015, el de Milei el año pasado, junto al fracaso de experiencias de gobierno que no dieron respuestas de fondo, obliga a profundizar ese camino”, agregó.

Por su parte, Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, explicó que existe la “necesidad de consolidad un núcleo que dentro del sindicalismo plantee con absoluta claridad de que con este gobierno no cabe otra posibilidad que confrontar, en todos los planos que podamos”.

“Un gobierno que no deja otra vía que no sea la de la confrontación. Estamos viendo la crueldad sistemática con la que la política económica elige como blanco a los sectores populares. Jubilados, maestros, universitarios, trabajadores”, advirtió.

Sobre el proceso de reunificación de la CTA, Godoy señaló que “Milei quiere diluir la Nación, y nosotros debemos aportar capacidad de resistencia y de propuesta”, lo cual “obliga a nuestras centrales a entrar en un proceso de coordinación para la unidad de planes de acción y propuestas que permitan una salida más pronta que tarde a este escenario de gobierno neofascista que tenemos”.

Yasky señaló que “la idea es profundizar el proceso de unidad, que sabemos que es desparejo y que hay provincias en donde va a costar más. Sin embargo, la voluntad a nivel conducción nacional es llegar a un proceso de unidad que quizá nos permita alcanzar la reunificación”, detalló.

CRM con información de la agencia NA

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales realizarán este miércoles una marcha por San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que sumará la participación de sectores de izquierda como el Polo Obrero e incluirá un acto en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento crítico hacia el Gobierno de Javier Milei.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, los sindicatos de las tres centrales junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidas como “cayetanos”, confluirán en Plaza de Mayo, donde desde las 13 habrá un acto para denunciar “la emergencia alimentaria, social y laboral”.

Desde 2016, en los años de la gestión de Mauricio Macri, la marcha se viene realizando todos los 7 de agosto, día en que se homenajea al patrono del pan y el trabajo, cuando los sindicatos y movimientos sociales convocaban masivamente con tono crítico.

Posteriormente bajaron el perfil en la etapa de Alberto Fernández, con una postura oficialista, y ahora retomaron la convocatoria para protestar contra las políticas de la administración de Javier Milei. .

También asistirán el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, Madres de Plaza de Mayo, Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina.

Desde las 8 se hará en el santuario de San Cayetano del barrio de Liniers una ceremonia religiosa encabezada por Jorge García Cuerva, arzobispo porteño, y Gustavo Carrara, vicario general y obispo villero, y una posterior bendición de herramientas de la UTEP.

A las 10, la peregrinación partirá de Cuzco y Avenida Rivadavia, y descenderá por esa arteria hasta ingresar por Avenida de Mayo a la Plaza de Mayo.

“Nuestro compromiso con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tiene que rebuscar para llevar el pan a la mesa”, sostuvo el cotitular de la CGT Héctor Daer en una conferencia de prensa conjunta que brindó este lunes en la sede de la central en la calle Azopardo.

Este año la marcha se produce en medio de denuncias judiciales impulsadas por el gobierno de Milei sobre presuntas irregularidades de las organizaciones sociales en el manejo y reparto de planes y fondos. .

En ese marco, la UTEP, sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, denunció que enfrentan “la ”persecución“ del Gobierno y un ”ataque a las y los trabajadores en su conjunto“.

Los cortes de calles

Distintos cortes de tránsito se implementarán este miércoles en el barrio porteño de Liniers con motivo de la celebración de San Cayetano, el patrono del pan, la salud y el trabajo.

Desde hace unos días hay en el lugar cuadras de filas de los religiosos que se acercaron al Santuario de San Cayetano para pedir y agradecer, al tiempo que la misa central está prevista para las 11.

Los fieles acudieron a la parroquia con sillas y reposeras para “asegurar sus lugares” con el objetivo de disfrutar el festejo con mayor comodidad.

En este sentido, el tránsito se verá afectado por el evento y habrá distintos cortes totales en la zona.

La calle Bynon será cortada en los cruces con Casco, Gallardo y Gana, mientras que Amadeo Jacques también en la intersección con las calles Bueras y Gana, barrio porteño de Liniers, informaron fuentes del Gobierno porteño.

La Plaza de Mayo, vallada

El Gobierno nacional se prepara para la movilización por el día de San Cayetano que encabezarán movimientos sociales, gremios y partidos políticos este miércoles bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Para eso, se dispuso de un vallado en la Plaza de Mayo a la altura de Balcarce, aislando así a la Casa Rosada del escenario final de la protesta.

Lo cierto es que desde temprano cientos de efectivos policiales ubicaban el vallado preventivo a lo largo de la plaza para cercar el ingreso al Palacio de Gobierno y evitar que los manifestantes se acerquen al perímetro.

La Casa Militar dispuso algunas unidades de contención y brigadas de investigaciones que se suman al refuerzo de la Superintendencia de Seguridad y la custodia del lugar.

Adorni: “Algunos dirigentes sindicales tienen un rechazo récord en la historia argentina”

El martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló acerca de la manifestación coordinada desde el barrio porteño de Liniers, al sostener que la peregrinación “debe limitarse a una cuestión estrictamente de fe o religiosa y que no se tiene que entremezclar la política”.

“Evidentemente algunos dirigentes sindicales que tienen un rechazo récord en la historia argentina están probando nuevos métodos para lograr un poco de aceptación”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, amplió: “Cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Si creen que son mejores representantes por concurrir a una manifestación religiosa y de fe, que lo hagan, pero siempre respetando al que realmente va por sus creencias y por la propia fe”.

Ante la participación de los triunviros de la CGT, Adorni ironizó: “Hace muchas décadas que no necesitan ir a San Cayetano”.

Con información de agencias.

IG

La primera celebración de San Cayetano durante el gobierno de Javier Milei será de reclamo contra las políticas de ajuste del Gobierno. Las organizaciones sociales peronistas nucleadas en la UTEP preparan para la jornada del 7 de agosto una manifestación en la Plaza de Mayo, a la que se sumará la CGT, las dos CTA y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, supo elDiarioAR desde las agrupaciones de base. 

El plan que por estas horas se define en el gremio de la economía popular que integran el Movimiento Evita, el MTE, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, entre otras banderas, es que la concentración principal sea puntualmente frente a la Casa Rosada. Habrá más temprano una bendición a herramientas de la economía popular en el santuario de Liniers, como ya es tradición, pero no una masiva peregrinación por la avenida Rivadavia hacia el microcentro porteño –como en otras oportunidades– para evitar confrontar con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. 

Entre las organizaciones aún está presente la feroz represión que activó el Gobierno cuando hubo violentas protestas frente al Congreso durante la votación de la ley Bases en el Senado. Ese 12 de junio, a los incidentes se sumó una cacería policial que terminó con más de 30 detenidos, muchos de los cuales eran manifestantes que ya estaban desconcentrados de manera pacífica a la altura de la avenida 9 de Julio. Aún sigue vigente el reclamo por la liberación de las únicas dos personas que permanecen encarceladas –Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez–, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. Pero no están acusados de intimidación pública o de haber cometido delitos contra el orden constitucional, como denunció en un primer momento Bullrich.

Con ese antecedente es que la UTEP tuvo reuniones esta semana para definir cómo será la manifestación del 7 de agosto. Incluso hubo conversaciones con la cúpula de la Iglesia para coordinar mejor la jornada, ya que la primera actividad del día será en la zona del santuario de Liniers, donde cada año suelen congregarse miles de fieles para rezarle al “Patrono del Pan y del Trabajo”. Ayer fue la CGT la que en una reunión interna decidió plegarse a la protesta.

“La idea es hacer una bendición de herramientas en San Cayetano y luego habrá una procesión simbólica hacia Plaza de Mayo, donde sí habrá una gran concentración bajo la consigna Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. No queremos un escenario donde se plantee una confrontación con el protocolo antipiquetes de Bullrich”, anticipó Nicolás Caropresi, referente del MTE, una de las principales organizaciones de la UTEP. 

Otras de las fuentes consultadas apuntó que la peregrinación sobre avenida Rivadavia será con imágenes religiosas encabezada por el Movimiento Misioneros de Francisco. “El 7 de agosto, una fecha histórica y sentida para el pueblo humilde y trabajador, junto a diferentes sectores sociales, sindicales, culturales, DDHH, etc. vamos a hacer una gran jornada por PAN, PAZ,TIERRA, TECHO Y TRABAJO! UNIDAD, ORGANIZACIÓN, SOLIDARIDAD, FE Y LUCHA”, tuiteó ayer Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y referente del Movimiento Evita.

Hace años el gremio de la economía popular lleva adelante una movilización cada 7 de agosto. De hecho, la unión de organizaciones con figuras destacadas como Emilio Pérsico, Juan Grabois o Juan Carlos Alderete originalmente se conocía como “Los Cayetanos”, a partir de la multitudinaria procesión de 2016 contra las políticas de ajuste de Mauricio Macri. 

La congregación de San Cayetano podría ser un termómetro del fuerte deterioro socioeconómico que las estadísticas marcan bajo el gobierno de Milei. A la inflación que no descendió considerablemente desde diciembre se suma una caída importante de las fuentes de trabajo en el primer semestre del año. El índice de precios acumuló para julio un 79,8% en el primer semestre de 2024 y la inflación interanual alcanzó el 271,5%. Y según un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ya hubo unos 170 mil despidos entre noviembre de 2023 y abril de 2024, sumando el sector privado y los puestos recortados en el Estado por la motosierra de Milei.

También en la Iglesia hay expectativa por el 7 de agosto, en el marco de una preocupación generalizada por la cuestión social. Desde la Conferencia Episcopal Argentina, que preside monseñor Oscar Ojea, identificaron a San Cayetano como una de las celebraciones comunitarias “más importantes”, a la par de la peregrinación Luján, pudo recoger elDiarioAR. Si bien hay una estrecha relación con la UTEP, el rol de la Iglesia será acotada a la peregrinación de sus fieles al santuario de Liniers. 

Además es evidente que la relación entre el Gobierno y la Iglesia pasa por un periodo de fuerte enfriamiento, a tal punto que no hay relación de alto nivel entre la pastoral social y la Casa Rosada. Por caso, no hay vínculo con la ministra Sandra Pettovello, aunque sí con la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Tampoco hay fluidez con la secretaría de Culto, Francisco Sánchez, que depende de la canciller Diana Mondino. La distancia quedó cristalizada en el Tedeum del 9 de julio, cuando el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, hizo una fuerte homilía frente al propio Milei. Advirtió que “a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie” y afirmó: “Algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre”. 

DM/MC