A diez años de la primera movilización conjunta de los movimientos populares y las centrales sindicales, miles de personas marcharon este jueves desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo bajo la histórica consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. Convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA, la manifestación volvió a convertirse en una de las principales expresiones de rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

La columna comenzó a avanzar por la mañana luego de la tradicional bendición de herramientas de trabajo encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. A lo largo del recorrido se fueron sumando organizaciones sociales, gremiales, cooperativas y movimientos territoriales hasta confluir en Plaza de Mayo, donde se instaló una feria cooperativa, se realizó un “verdurazo” con entrega gratuita de alimentos y se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien fue el primer orador, cuestionó la situación del país, afirmando que “hoy es una entrega a las grandes corporaciones” y sostuvo: “Tenemos que trabajar a pesar de las diferencias para ver cómo reconstruimos el país. Hay que lograr la unidad del pueblo”. Finalmente dijo que “hay desocupación, represión, pero estamos de pie. Tenemos que decirles Nunca más”.

El texto, leído por dirigentes mujeres de las centrales sindicales —entre ellas Leonor Cruz (CTA Autónoma) y Dina Sánchez (UTEP)—, sostuvo que el país atraviesa “uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de las últimas décadas” y cuestionó el modelo económico del Gobierno al afirmar que “no aceptamos una Argentina para unos pocos”.

Según el documento, el actual rumbo económico “concentra la riqueza en pocas manos, privilegia la especulación financiera sobre la producción nacional y sacrifica el trabajo argentino para beneficiar a los sectores más poderosos”. También advirtió que el deterioro del salario, el aumento del costo de vida, la paralización de la obra pública y el cierre de empresas son consecuencia de decisiones políticas y no de una crisis inevitable.

Las organizaciones defendieron el trabajo registrado, los convenios colectivos, la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y el rol del Estado para garantizar derechos sociales. También reclamaron por la situación de los jubilados, los trabajadores de la economía popular y los sectores más vulnerables.

“Marchamos por quienes perdieron su empleo. Marchamos por quienes no llegan a fin de mes. Marchamos por nuestros jubilados, por nuestros jóvenes, por la producción nacional, por la industria, por la obra pública y por la soberanía”, señalaron en el tramo final del documento, que concluyó ratificando las banderas de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Entre los oradores estuvieron también María Adela Antokoletz, integrante de FEDEFAM, y Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

La palabra de los dirigentes

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo a elDiarioAR: “Estamos acompañando esta marcha de paz, pan, trabajo y tierra. Nos parece importante porque es parte de una bandera que siempre ha estado en el movimiento obrero y sobre todo en este momento en el que queda en evidencia la falta de laburo, no poder llegar a fin de mes, el endeudamiento familiar. Y estos son los reclamos que se expresan en una fecha tan importante como es para la grey católica San Cayetano. Y también es para la gente que está acá en la Casa de Gobierno, para que vean que la sociedad se expresa y tiene una mirada crítica sobre la política económica que efectivamente no está teniendo en cuenta a los que menos tienen”.

En la misma línea, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, aseguró: “Estamos acá los trabajadores en las calles en este día de San Cayetano, levantando las banderas de tierra, techo, trabajo, pan y paz para nuestro pueblo, que está agredido por las políticas de hambre y de entrega de Milei. Ayer y hoy el pueblo argentino está poniendo en las calles lo mejor de sí en todo el país”.

“Milei quiere hacer de la Argentina una colonia. Lo está haciendo. Por eso hay que echarlo. Hay que impedir que consume esta destrucción de la soberanía nacional y la destrucción misma de la democracia. Entonces, para lograr eso hay que organizar la rebelión del pueblo. Hay que ganar las calles, hay que ganar las conciencias, hay que fortalecer esa conciencia soberana de nuestro pueblo que se movilizó autoconvocado para evitar que se apruebe la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, agregó.

“La única manera que va a poder hacer una colonia es reprimiendo al pueblo argentino”, dijo en referencia a la represión de la jornada anterior. “Por eso Milei reivindica la dictadura, porque la dictadura se animó a instalar un genocidio. Milei quiere reivindicar ese genocidio para poder afirmar una cultura de subordinación y miedo en nuestro pueblo. No lo va a lograr. Reprimen, pero seguimos en las calles. A los jubilados los reprimen, pero todos los miércoles están. Ayer nos reprimieron y hoy volvemos a estar en las calles. Lo vamos a echar a Milei más temprano que tarde de lo que muchos creen”.

Por su parte, el secretario adjunto de CTERA, Roberto Baradel, advirtió que la convocatoria fue más numerosa que la del año pasado debido al crecimiento del desempleo y la crisis social. “Nuestro pueblo sufre cada vez más. Hay el doble de gente en San Cayetano porque muchas más personas se quedaron sin trabajo producto de las políticas de ajuste de este Gobierno”, afirmó. Además, consideró que las movilizaciones de los últimos días —por la educación pública, la defensa de la tierra y el trabajo— expresan la necesidad de “derrotar la política de Milei y construir un proyecto de país para todos y todas”.

La marcha también estuvo atravesada por reclamos concretos contra la eliminación del Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo, la interrupción de las obras de integración sociourbana y el desabastecimiento de alimentos para comedores comunitarios, ejes que las organizaciones identifican como algunas de las consecuencias más visibles del ajuste impulsado por la administración nacional.

Con información de Lucía Sanguinetti.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentraron en la puerta del Ministerio de Economía, en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que su directora, Kristalina Georgieva, y otras autoridades de la entidad, visitaban el edifcio para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y Trabajadores), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y La Cámpora, que además difundió un video en redes sociales en contra del FMI, fueron los impulsores de esta manifestación.

Bajo la consigna “fuera ingleses de Malvinas, fuera FMI de Argentina”, la marcha finalizó en Casa Rosada con críticas a Georgieva por considerarla coresponsable del plan económico implementado por el Gobierno Nacional.

De acuerdo a las consignas que expresaron las agrupaciones participantes, el organismo actúa como un cogobernante que prioriza los intereses financieros internacionales por encima del bienestar social y el desarrollo soberano de nuestro país.

Asimismo, repudiaron los acuerdos que el Ejecutivo mantiene con el FMI porque consideran que generan más pobreza, imponen ajustes fiscales, destruyen el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que precarizan el trabajo.

En la misma línea, denunciaron que las metas fiscales del Fondo establecen “techos a las paritarias” y colocan a los salarios de los trabajadores y a los haberes jubilatorios “muy por debajo de la inflación”.

También indicaron que los esquemas del FMI le “exigen” reducir el gasto público al Estado, situación que impacta directamente en las tarifas de los servicios públicos y provocan aumentos significativos.

ATE definió un paro nacional con movilización hacia el Ministerio de Economía, para el lunes 3 de agosto, para reclamar un aumento salarial de emergencia y manifestarse en contra del “vaciamiento” de organismos públicos y despidos en el Estado y las dos CTA, junto a la CGT, acordaron participar de la tradicional movilización de San Cayetano, el próximo 7 de agosto, mientras planean avanzar con nuevas medidas de fuerza o un posible paro general.

La CGT, junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso Nacional, como lo viene haciendo grupos de jubilados desde hace varios meses.

Antes, y bajo una fuerte tensión con las fuerzas de seguridad, la UTEP, junto a otras organizaciones sociales, realizó cortes en reclamo por el cierre del programa “Volver al Trabajo”.

Pasadas las 10, Bomberos de la Policía Federal intentaban apagar el fuego de neumáticos encendidos por los manifestantes en el Puente Pueyrredón, mientras la Prefectura avanzaba sobre la gente y reprimía con gases y pintura amarilla. Uno de los damnificados fue Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Tras la intervención de fuerzas federales en Puente Pueyrredón, desde la UTEP repudiaron “la brutal represión contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, postearon junto a un video desde su cuenta de X.

Por su parte, el dirigente Eduardo Belliboni, blanco directo de la represión, escribió: “La infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestacion de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. A metros de la estación Darío y Maxi ¡COBARDES! VIVA LA LUCHA PIQUETERA”.

La protesta se desarrolla bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

La convocatoria junto a las dos CTA y a la UTEP busca dar una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo, según destacaron voceros de la central sindical.

La movilización marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas el 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

En la previa, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en declaraciones radiales que la central obrera no acompaña “ninguna ley que presente el Gobierno”, porque “se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”.

“La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT, que ha decidido un plan de acción, conjuntamente con las otras dos centrales sindicales, que son la CTA y la UTEP, que va en escala y arranca con el acompañamiento a todos los jubilados que se movilizan los miércoles”, sostuvo.

En declaraciones a Radio Del Plata, Jerónimo aclaró que hay “un montón de cosas que están sucediendo en la Argentina que tienen un impacto negativo en la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos viendo cómo se siguen cerrando empresas, se siguen perdiendo puestos de trabajo, y la verdad que nosotros rechazamos el modelo económico que solamente privilegia a los que más tienen”.

Como consecuencia de la movilización, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño, mientras que también podrían producirse cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este jueves que avanza en la organización de un paro general junto con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida para la medida de fuerza. La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo de la central sindical, que también resolvió poner en marcha un plan de acción escalonado con asambleas, manifestaciones y otras protestas antes de convocar a la huelga.

El encuentro se realizó en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde la conducción analizó la situación política y laboral luego del avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el integrante del triunvirato de conducción Jorge Sola, acompañado por Octavio Argüello, del gremio de Camioneros, y Horacio Arreceygor, del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

Sola explicó que la fecha del paro aún no fue fijada por razones “tácticas y estratégicas” y señaló que las próximas definiciones quedarán en manos de mesas de acción integradas por representantes de la CGT y de las dos CTA.

Además de la convocatoria a un paro general, la conducción sindical buscará organizar una gran marcha federal que reúna a distintos sectores enfrentados a las políticas del Gobierno nacional.

“Queremos construir un proyecto político a favor de los trabajadores. Queremos que el día de mañana cada dirigente que se postule sepa que no puede ir contra los empleados”, sostuvo Sola durante la conferencia de prensa.

El dirigente también convocó a ampliar la base de la protesta y aseguró que el objetivo es confluir con todos los sectores que, según la CGT, se vieron afectados por las políticas oficiales.

“Discapacitados, jubilados, estudiantes... queremos que todos se unan a este plan de acción”, expresó.

Con información de la agencia NA

Las calles del centro porteño volvieron a convertirse este martes en el escenario de una masiva demostración de fuerza gremial cuando las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) marcharon en unidad hacia Plaza de Mayo. La movilización, enmarcada en una jornada nacional de protesta, confluyó con el emotivo y político cierre de la semana de “Ayuno y oración para despertar las conciencias”, una iniciativa originalmente impulsada por la Mesa Ecuménica, junto al Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.

La marcha, que comenzó a media mañana con la concentración de distintas columnas sindicales, movimientos sociales y organizaciones de base en los principales accesos a la plaza, no tardó en transformarse en un “Cabildo abierto de protesta”. Aunque la convocatoria ecuménica aportó un fuerte componente de reflexión mística y social, el eje político e indiscutible de la jornada fue el rechazo absoluto y unánime a la Reforma Laboral promovida por la gestión del presidente Javier Milei.

El acto de cierre combinó las intervenciones de líderes religiosos y ecuménicos, quienes leyeron un documento conjunto advirtiendo sobre el deterioro del tejido social y el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables, con los enérgicos discursos de la dirigencia gremial. Los secretarios generales de ambas CTA coincidieron en que el modelo económico actual atenta de manera directa contra la estabilidad del empleo público y privado, precariza las condiciones de contratación y debilita la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

Hacia el final de la tarde, las columnas comenzaron a desconcentrarse pacíficamente por las avenidas de Mayo, Belgrano y Diagonal Norte.

Cachorro Godoy llamó a la “rebelión de las conciencias”

El secretario general de la CTA-Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, convocó, en el acto de cierre, “a la rebelión de las conciencias contra las injusticias” para poder construir una sociedad mejor: “Nuestro pueblo nunca renunció a valores como la solidaridad y el humanismo”, agregó.

“El destino de nuestra patria se define en las calles de Argentina, y en esas calles nos volvemos a encontrar. Seguimos con el espíritu de las Madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que la única lucha que se pierde, es la que se abandona, con el espíritu de rebelión de conciencias a la que nos convoca esta mesa”, expresó Godoy.

Yasky: “Los peores sueldos y los peores derechos”

Mientras que Hugo Yasky, líder de la CTA-T, sostuvo que “tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina” e, incluso, agregó que nuestro país es el que posee “peores derechos laborales” y que por, ese motivo, “hay que parar a Milei”.

Ejes de la protesta

Las dos CTA, de Trabajadores y Autónoma se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo, en una convocatoria contra el Gobierno Nacional y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei. 

En el marco de la Jornada Nacional de Protesta, que se empalma con el cierre de la 'Semana de ayuno para el despertar de las conciencias“ que realizó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel, las centrales gremiales se suman al rechazo de las políticas económicas y sociales de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la Ley de Modernización Laboral; el aumento de salarios y jubilaciones para tener haberes “dignos”; denunciar el hambre en Argentina; y manifestarse en contra de los recortes fundamentalmente en los sectores de Salud y Educación. 

En Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a a partir de las 13, en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, para marchar hacia Casa Rosada, donde finalizará la jornada por los siete días de ayuno “para el despertar las conciencias”. 

Habrá un acto de cierre unitario, frente al Ministerio de Economía, para rechazar “las políticas de ajuste y entrega” del Gobierno Nacional.

El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

Miles de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Cuando ya la marcha estaba finalizando y las distintas organizaciones se retiraron, el enorme operativo de seguridad desplegado comenzó a actuar activando los camiones hidrantes y lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes que quedaban en cumplimiento del protocolo antipiquetes. Según diversos medios, hay varios heridos y detenidos. El Ministerio de Seguridad confirmó cuatro detenciones.

La sede parlamentaria estaba totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad. Los integrantes de las organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y de diversos sindicatos exhibieron banderas y carteles y lanzaron consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados y con la celebración de un paro general, el cuarto convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia a fines de 2023.

El cese de actividades por 24 horas fue convocado por la CGT y las dos CTAs, pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí fue parte de la protesta ante el Congreso. La convocatoria fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una eliminación de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un “importantísimo” nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de acatamiento a la huelga entre sus afiliados es del 98 %. 

Con información de la agencia EFE

Diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que deben “pudrírsela a los gobernadores en sus territorios” porque la reforma laboral y el presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”.

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, sostuvo que el proyecto tiene un objetivo “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores, del mismo modo que Hugo Yasky, de la CTA-T, indicó que los cambios que se plantean “en casi 30 países del mundo persiguen ”mejorar“ las condiciones laborales, ”regular a las compañías de plataformas“, ”otorgar nuevas licencias“, ”reducir la jornada de labor“ y ”garantizar“ igualdad de género.

“Ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional”, sentenció.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales, que afirmó que esta iniciativa “implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

“Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo”, definió el gremio en un comunicado.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmaron su adherencia a la movilización “en defensa de los derechos laborales y de la salud pública”.

La concentración será a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, para marchar desde allí a Plaza de Mayo no sólo en rechazo a la reforma laboral sino al Presupuesto 2026 y la intención del Gobierno de excluir las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.

Con información de agencias.

IG

En el marco del festival por el Día de los Derechos Humanos, realizado este jueves en Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzó una dura advertencia sobre la situación actual del país. “El gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria”, afirmó al cuestionar el impacto de las políticas oficiales en materia de derechos humanos y empleo estatal.

De Carlotto sostuvo que el desmantelamiento de políticas de Estado, los despidos masivos en distintas áreas y el ajuste salarial permanente forman parte de “un mismo plan económico” que debilita las instituciones y vulnera derechos adquiridos. En una declaración que generó aplausos entre los presentes, señaló: “Queremos expresar con profunda preocupación que la memoria está en emergencia. Los retrocesos en la Secretaría de Derechos Humanos afectan directamente los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de nietos y nietas”. Y resumió: “Menos Estado significa menos derechos”.

La jornada, convocada por las cuatro centrales gremiales, reunió a referentes sindicales, organizaciones sociales, funcionarios opositores, organismos de derechos humanos y artistas, en coincidencia con los dos años del mandato del presidente Javier Milei.

Las actividades comenzaron en la Pirámide de Mayo, donde se realizó la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acompañada por una intervención artística a cargo del grupo de percusión popular La Chilinga, que marcó el clima de la movilización.

Luego se desarrolló el panel “Derechos y Trabajo”, centrado en los desafíos que plantea la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Allí expusieron los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT), quienes cuestionaron el rumbo económico y alertaron sobre los impactos en el empleo y las condiciones laborales.

Más tarde comenzó el panel “Estado de Derecho en emergencia”, donde se abordaron temas vinculados con violencia institucional, persecución política y proscripción. La mesa estuvo integrada por Fabián Grillo, padre del fotógrafo asesinado Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la organización Mapa de la Policía.

“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

JJD

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

JJD

El Gobierno nacional anunció este miércoles, en el Consejo del Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes. Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: según información a los que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA - Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”. 

Mientras tanto, empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril del próximo año.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA – A. 

Por su parte, el secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.vuU4FQ

“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó el gremialista.

Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”, además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos. 

Con información de la agencia NA

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales encabezan este jueves una movilización a Plaza de Mayo con críticas a las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa del empleo en el marco de la conmemoración del Día de San Cayetano, santo patrono de la paz, el pan y el trabajo.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la marcha tendrá además la adhesión de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, mientras que la organización kirchnerista La Cámpora analizaba sumarse.

La peregrinación partió del santuario del barrio porteño de Liniers a las 8 de la mañana, mientras que habrá concentraciones desde las 13 en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, sostuvo la convocatoria de la UTEP, el sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos sociales, cuyos referentes fueron funcionarios en la anterior gestión de Alberto Fernández, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita.

La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) actualmente es liderada por Alejandro Gramajo, de estrecho vínculo con Juan Grabois y la Iglesia Católica.

“Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado”, se agregó en la convocatoria de la UTEP.

La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores, y se daba por descontado una participación más activa de los sindicatos de la central que tienen conducciones más opositoras al gobierno de Milei.

La central de la calle Azopardo está atravesada por su interna entre “moderados” y “duros” y su conducción más dialoguista fue blanco de críticas de los sectores cegetistas más cercanos al kirchnerismo y de las dos CTA, en recientes marchas que estos últimos grupos compartieron bajo el paraguas del frente multisectorial de “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”.

Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE, que confirmó su presencia en “la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social”, sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el titular del sindicato de estatales ATE, perteneciente a la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, sostuvo: “Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro general”.

Los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, presentaron este miércoles una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.

La denuncia fue radicada ante la Justicia federal a raíz de una nota de investigación publicada el domingo último en La Nación y que aludía a informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaba actividades políticas y sindicales como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.

“Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política”, sostuvieron las CTA en la denuncia.

Ambas centrales aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social, ante lo que remarcaron que “no hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias”.

“Es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, agregaron a través de un comunicado.

La presentación de las CTA solicitó que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial y, en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.

Además, ambas centrales sindicales pidieron ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, “en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales”.

Con información de la agencia NA

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, vaticinó que el acto de esta tarde frente al Congreso, convocado por las tres centrales sindicales para acompañar la habitual marcha de los miércoles de los jubilados, “va a ser multitudinario”, y se va a desarrollar en forma “pacífica”

“Va a ser una marcha multitudinaria y pacífica, porque las organizaciones vamos a garantizar que la gente pueda movilizarse en paz”, expresó Yasky en declaraciones a Radio Splendid.

Yasky dijo que la protesta de esta tarde, que se continuará mañana con un paro general de actividades de 24 horas, es la respuesta a “la crueldad de un Gobierno que toma medidas que castigan a los trabajadores, como dejarlos sin empleo, y algunos ni siquiera cobran la indemnización porque tienen contratos basura”.

“Es la crueldad en su expresión más alta”, porque “rompen contratos laborales de forma brutal e ilegal y tienen desprecio por los trabajadores”, manifestó el diputado de Unión por la Patria y aseveró que “la Argentina es hoy más desigual”.

Agregó que la marcha de esta tarde también responde a que “las condiciones económicas en Argentina hacen que sea más barato importar que producir en el país” y advirtió que “cuando eso pasa lo primero que desaparece es el empleo”.

A modo de ejemplo señaló que actualmente “la industria automotriz tiene unos 10.000 trabajadores que están suspendidos o al borde de perder el empleo”, y sostuvo que estas cifras muestran que “las cifras de disminución de la pobreza que muestra el Gobierno se contradicen con la realidad”.

Con información de agencias.

IG

En la Casa Rosada las alarmas están encendidas hace rato. Pero esta semana, la sensación se volvió más espesa. Como una humedad interna que empieza a trepar por las paredes del poder, dejando manchas de desgaste y señales de descomposición política. En medio de la turbulencia en los mercados internacionales, el paro general convocado por la CGT para el jueves 10 de abril —precedido por una movilización frente al Congreso el día anterior— encuentra al gobierno de Javier Milei no sólo debilitado en su frente parlamentario, sino también aturdido en el intento de comprender un clima social que, de a poco, empieza a cambiar de temperatura.

El paro no es el primero —ya hubo otros dos durante el 2024— pero sí el más amplio en términos de adhesiones sindicales y sociales. No por la CGT en sí, que hasta hace poco se movía con pie de plomo, sino por el momento político en que se inscribe y por el malestar acumulado que busca canalizar. La imagen presidencial empieza a mostrar signos de fatiga no por la acción de una oposición tradicional, sino por una sucesión de errores propios: una política exterior errática, la estafa cripto de $LIBRA que amenaza con derivar en una comisión investigadora en Diputados, la derrota legislativa por los pliegos para la Corte Suprema. Todo envuelto en un discurso que se radicaliza mientras la economía se vuelve cada vez más incierta.

Este miércoles 9, desde el mediodía, comenzarán a concentrarse las columnas gremiales frente al Congreso. Pero la convocatoria, vale decirlo, no es exclusivamente sindical. Ese día se sumarán a la protesta que cada semana protagonizan los jubilados. Son ellos, más que cualquier otra expresión organizada, quienes mantuvieron la llama encendida de la protesta social contra el ajuste. Aún en soledad, aún bajo represión, fueron persistentes. La CGT llega después. No como protagonista, sino como acompañante de una combatividad que no nació en Azopardo, sino en las veredas donde una jubilación mínima dejó de alcanzar para comprar lo más elemental.

Por eso, más que una decisión estructural, el paro parece haber sido una reacción inevitable. Lo que empezó como una jornada de protesta de 24 horas se estiró a 36, con el agregado del miércoles por la tarde como prólogo. El Gobierno lo sabe. Y por eso movió sus fichas en las últimas semanas para intentar contener el impacto.

La clave es el transporte. En Balcarce 50 consideran que si hay colectivos, la huelga pierde fuerza. Y entonces llegó la jugada: la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta a la UTA con las cámaras empresarias. Lo hizo con precisión de relojero: los diez días hábiles de vigencia cubren, por supuesto, el 10 de abril. Así, el oficialismo busca que el gremio de los colectiveros quede legalmente inhibido de sumarse a la medida.

La argumentación es discutible. Porque el paro de la CGT no tiene relación directa con el conflicto que enfrenta la UTA. Son causas diferentes. Lo que se intenta bloquear, en rigor, es la posibilidad de que el transporte público se sume a una huelga general convocada por motivos más amplios: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados, defensa de la industria nacional, rechazo a la represión, y una lista larga de reclamos que, según la central obrera, reflejan el deterioro acelerado de la vida cotidiana.

Este lunes, Héctor Daer buscó despejar ambigüedades. En una declaración breve pero elocuente, el secretario general de la CGT ratificó la medida de fuerza para el 10 de abril y cargó contra la indefinición de la UTA. “Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT”, remarcó en diálogo con Radio Ravadavia, al tiempo que recordó que la medida fue votada por unanimidad y dejó entrever cierta incomodidad con el rol del gremio de colectiveros.

Es que lo que en los papeles es una estrategia de contención, en la práctica podría generar fisuras. La conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, es renuente a confrontar con el Gobierno. En las seccionales del interior hay clima de ruptura. Algunas ya anticiparon que podrían adherir, incluso con la conciliación vigente. En el AMBA también hay tensiones. Fernández enfrenta críticas internas y, en la CGT, hay malestar creciente. “Ya son más de 80 las regionales que normalizamos en estos meses. Y en el reglamento está prevista la expulsión de un gremio. Nunca se usó. Pero siempre hay una primera vez”, se escuchó decir en los pasillos de Azopardo.

La reacción del oficialismo, mientras tanto, se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: Daer apuntó este lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, el Gobierno dice que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. Saben que esta vez no es solo la CGT. Son también las CTA, los movimientos sociales, los jubilados, la izquierda y el sector público y privado, algunos con historia, otros con bronca reciente.

El jueves no se espera una paralización total. Pero tampoco será una jornada más. Aerolíneas Argentinas ya alertó acerca de vuelos que serán afectados. La actividad bancaria será dispar. El sistema educativo funcionará a media máquina. Y en muchas provincias habrá una adhesión significativa, aunque heterogénea. En definitiva, se trata de una postal en movimiento de la disconformidad. Más un aviso que una rebelión.

Sucede que en la CGT no quieren hablar de continuidad. Tampoco de escalada. Pero saben que el clima cambió. Hace apenas unos meses, figuras como Andrés Rodríguez (UPCN) desalentaban cualquier tipo de medida de fuerza. Hoy, esos mismos dirigentes se sientan en reuniones donde se organiza la marcha que tendrá lugar este miércoles y que contará con un operativo de seguridad similar al que se desplegó durante la movilización del 19 de marzo pasado: se instalará un vallado perimetral que evitará el contacto de los manifestantes con las fuerzas de seguridad.

En este contexto, se cuela una discusión más profunda: si los sindicatos deben o no volver a ocupar un rol central en la escena política. Por ahora, lo que hacen es cubrir un vacío. Porque la oposición parlamentaria no logra articular una estrategia común, y el oficialismo parece más concentrado en agitar enemigos imaginarios que en resolver los problemas reales.

El paro no resolverá ninguno de esos dilemas. Pero es una señal. No de fortaleza gremial ni de coordinación opositora, sino de algo más crudo: el desgaste. El Gobierno podrá burlarse de los sindicatos, minimizar la protesta o insistir con que todo es parte de una conspiración. Pero cada vez que la calle se llena, algo se vacía en el poder. Y ese algo, cuando no se atiende, termina costando caro.

PL/JJD

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se plegará al paro que las dos fracciones de la CTA realizarán el jueves próximo en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei, al advertir que “este año ha sido terrible para los estatales”. La secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, sostuvo que además se pondrá en marcha una movilización que “va a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados”.

“Este año ha sido terrible para las y los estatales. Desde febrero estamos sufriendo despidos en todo el país. Las modalidades han sido muy distintas pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias entera”, denunció la dirigente a través de un comunicado.

También apuntó contra la CGT y manifestó que “no se entiende cómo no convocan a un paro”. “No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase”, fustigó. Según Cabezas, “55 de 185 altos funcionarios públicos tienen participación en directorios de empresas privadas” y son ellos quienes “están arrastrando a familias enteras a la pobreza” debido a que los sueldos están por debajo de la canasta básica .

“No les permiten tener vidas dignas, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, la educación o una vivienda y ni hablar de la violencia y discriminación legitimados también desde esos mismos funcionarios”, advirtió.

La CTA Autónoma publicó en los últimos días un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”.

Con información de la agencia NA

En vísperas a la movilización a Plaza de Mayo de próximo 5 de diciembre, las dos fracciones de la CTA, nuevamente unidas frente a la gestión libertaria, lanzaron hoy fuertes críticas al Gobierno. “Este gobierno tiene el boleto picado y termina en la quiebra de la Argentina”, lanzó este lunes Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, que junto a la CTA Nacional de Hugo Yasky organizan la protesta del jueves.

Las centrales encabezaron este lunes una Jornada de Lucha Federal junto a integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza Pablo Moyano, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Territorios en Lucha, Pymes y organizaciones políticas. El encuentro previo a la marcha del jueves tuvo lugar en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Allí se terminaron de definir los puntos desde los que habrá manifestaciones la mañana del jueves, para confluir a las 13 en Plaza de Mayo. Podría haber concentraciones en el Obelisco, Puente Pueyrredón, Constitución, Once y Retiro. Por la tarde la protesta de las CTA buscará darle volumen a la tradicional Marcha de la Resistencia de los organismos de derechos humanos. “No vamos a acostarnos a dormir la siesta con la gobierno. Hace falta un colectivo social que tome la bandera del pueblo”, reclamó Yasky durante la conferencia.

La consigna de la manifestación es “La patria no se vende”, y busca ser una clara confrontación contra las políticas de Milei. “El Gobierno tiene una lógica de ajuste permanente y construye una Argentina sin industria y caída de consumo populares. La libertad de los sectores populares es la de pasar hambre”, planteó Yasky.

La semana pasada, la CTA publicó un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”. En el mismo estudio se señala que la comparación de los sueldos básicos con las líneas de pobreza y de indigencia “revela una situación peor que la del año 2001”. “El salarió mínimo en octubre sólo alcanza para adquirir el 54,3% de la canasta básica de alimentos, que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza”, concluyeron.

“Frente a esta euforia que muestran las corporaciones, crece la indigencia y el hambre. Llegamos a un fin de año donde la caida de consumo de carne no tiene parangón”, ejemplificó Yasky.

“Es violencia cuando el Gobierno reforma el Estado, le quita los medicamentos a los jubilados, congela el salario social complementario y destruye la seguridad social”, sumó Godoy, que lanzó como consigna: “Justicia social frente al hambre y la pobreza. paz frente a la amenaza de discurso del odio y de accion persecutoria”.

DM/MC