“Un pueblo con conocimiento puede elegir su destino”, dijo la directora del documental “La hija del No”, Silvina Hermosa, en su presentación en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado miércoles 7 de mayo. Silvina es la hija de la docente y química Marta Sahores, una de las “madres” del rotundo “No” que se expresó en marzo de 2003 en la ciudad chubutense de Esquel, contra el avance de la megaminería con uso de cianuro. 

Así lo señalan las y los realizadores: “Este film se propone narrar la historia de las docentes de la universidad pública argentina que se dieron el trabajo de investigar y denunciar el impacto ambiental, de desarmar el discurso extractivista mentiroso y generar la movilización por el voto popular en el plebiscito del año 2003 que determinó que la ciudadanía de Esquel expresara un rotundo ‘No a la Minería a cielo abierto’. La asamblea de vecinos de Esquel y su experiencia de resistencia se conoce en todo el mundo y es un ejemplo a seguir en diversos ámbitos”. 

Con un enfoque intimista, la hija de una de las protagonistas recorre esta historia recuperando la mirada de los principales protagonistas de la historia. “Esta película requiere documentar la experiencia, contribuir a generar un ejercicio de memoria y volver a considerar que ‘Lo personal es político’”, señalan los realizadores.

Muchos de los testimonios que recoge el documental, que también incluye valioso material audiovisual de archivo, fueron filmados durante el 20° aniversario del plebiscito del 23 de marzo de 2003, es decir en marzo de 2023. Y entre las participantes de ese aniversario, que contó con decenas de charlas y paneles, estuvo Nora Cortiñas, emblema de las Madres de Plaza de Mayo. La centralidad de “Norita” en “La hija del No” no busca simplemente rendir culto y homenaje (inevitable tras su reciente muerte en 2024), sino que funciona como una intersección entre las profundas diagonales políticas y biográficas sobre las cuales trabaja el documental.

Sahores y su familia tuvieron que exiliarse en Ecuador durante la última dictadura cívico-militar. La cátedra en la que Marta daba clases en la Universidad de Buenos Aires había sido censurada “por marxista”. El retorno a la Argentina, tras la Guerra de Malvinas, fue a Esquel, porque la universidad pública necesitaba profesionales. “Es Quito en miniatura”, le dijo Marta a sus hijos en 1983.

El documental también pone el foco en los vínculos familiares, especialmente la relación madre-hija, cuando son atravesados por la política y por el activismo, en este caso socio-ambiental. Cómo afecta a una familia la persecución durante tiempos de dictadura pero también la persecución y las amenazas en democracia, durante las primeras denuncias junto a la también académica Silvia González, contra el uso de cianuro en los proyectos mineros que se tenían pensados para Esquel en los 2000. Continuidades en los métodos del poder económico para hacer valer sus intereses. La potencia del vínculo materno, atravesado por la política, aparece en la Madre de Plaza de Mayo y en la madre e hija del No a la megaminería. Por eso “lo personal es político”. Y como un plus, la directora no rehúye a la complejidad personal de dicho vínculo. “Tomé mucho y también tuve que desmarcarme”, dice su voz en off durante el documental.

Por último, en un fragmento del documental donde Nora Cortiñas y Marta Sahores están juntas frente a cámara, se invoca la palabra “feminismo”. “Nosotras, las Madres de Plaza de Mayo, éramos feministas sin saberlo”, dice Norita. De hecho, el protagonismo de las mujeres en la lucha política es otro rasgo distintivo que refleja la “La hija del No”. Es Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), quien subraya con su testimonio este rasgo distintivo del heterogéneo movimiento del “No a la Mina” en Chubut. “Las mujeres siempre se han puesto al frente en esta lucha, quizá es porque sienten más el territorio”.

Antes de comenzar la proyección del documental en el Cine Gaumont, Silvina cedió la palabra a Marta Sahores, su madre: “Gracias por seguir este tema que es tan importante, como miembro de la universidad pública y gratuita de este país, me sentí obligada hace 22 años a investigar mucho sobre el tema de la minería y su contaminación. Para difundir, porque me parece importantísimo que la gente conozca. El conocimiento nos hace libres. No fui yo sola, fuimos muchos y seguimos siendo muchos los que estamos defendiendo el ambiente. Hoy el tema es el uranio; en Chubut vienen por el uranio, vienen por todo y tenemos que seguir luchando”.

Luego habló la directora, junto a casi una decena de integrantes del equipo de realización del documental: “Esta historia sale a la luz por una política pública que ahora quieren vapulear, denostar, y también censurar. Me refiero al fomento de la industria audiovisual. Quiero agradecer también a los trabajadores y trabajadoras del Incaa. Hay algunos que todavía están pero hay más de cuatrocientos que ya no trabajan en la institución. Hace un año y medio no se otorga ningún subsidio a ninguna película de cine nacional. Las películas documentales tenían una semana de exhibición en el cine, hoy tenemos una única función”.

Y siguió: “Quiero agradecer también a la universidad pública que cobijó a muchos de nosotros y hoy tenemos que seguirla defendiendo. Hoy hace más de doscientos años fue promulgada la ley de minería en nuestro país, proclamando 'el progreso y el desarrollo'. Nada de eso se ha visto por acá, sino preguntémosle a Jachal, a los vecinos y vecinas de La Alumbrera en Catamarca o a los de Veladero en San Juan. Ya creo que es suficiente, no podemos permitir que nos consideren zona de sacrificio, ahora para una transición energética de unos pocos. A pocos kilómetros de Esquel, en Trevelin, las comunidades originarias no tienen electricidad, ¿de qué transición energética están hablando?”.

“La hija del No” funciona como una prueba ácida para comprender por qué determinados actores del poder político y económico (la megaminería presenta abundantes ejemplos de cómo suelen operar en tándem), tienen como objetivo estratégico el desfinanciamiento y la privatización tanto de la universidad pública como del cine y la industria audiovisual. Justamente, para evitar que vean la luz documentales como éste, que son una conquista, porque uno de los principales rasgos del discurso pro-megaminería es el de presentar a quienes dicen No como fanáticos sin argumentos, sin ciencia, sin anclaje en las comunidades. “Ambientalistas” en abstracto.

Pero como decía el escritor David Viñas, “decir No es empezar a pensar”, y al historizar la lucha y cifrarla en clave de una de las tantas miles de biografías que la componen, el discurso verdaderamente negador de las mineras se diluye. Este documental es un aporte en tiempos donde se profundiza el avance del extractivismo y el saqueo ambiental tras la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en el Congreso Nacional (con el apoyo de la mayoría de los bloques opositores) y en numerosas provincias, incluída Chubut. Allí Milei, casi como un mantra, cifra la expectativa de la generación de “dólares genuinos” en minería y energía. Y las visitas a Argentina de funcionarios norteamericanos como Scott Bessent y Alvin Holsey, tienen como tópico estratégico la extracción de recursos naturales y bienes comunes en el Cono Sur.

Finalmente, la directora dedicó la proyección en el Cine Gaumont a Lautaro Martínez, un joven de poco más de veinte años nacido Rawson, Chubut. “Lautaro se quitó la vida porque no pudo soportar el hostigamiento judicial y mediático del cual fue objeto, así operan los poderosos”, dijo. 

Este hecho sucedió el pasado 22 de abril, a pocas horas de conocerse la condena en una causa que las asambleas denuncian como completamente diseñada a medida del poder económico y político de turno en Chubut, conocida como “los vecinos del Chubutazo”. La causa se refiere al daño de edificios públicos en la ciudad de Rawson, durante la pueblada de diciembre de 2021, tras la aprobación en la legislatura provincial de una ley de “zonificación minera” que impulsaba el gobernador Mariano Arcioni, lo cual implicaba en los hechos la entrada de la megaminería a Chubut de la mano del “Proyecto Navidad”, ubicado en los departamentos de Telsen y Gastre, a explotar por la minera canadiense Panamerican Silver, interesada en la extracción de plata, plomo y cobre.

Un proyecto históricamente resistido en la meseta chubutense, con las comunidades mapuche-tehuelche a la cabeza. Inéditamente, y solo equiparable a lo sucedido en Mendoza en 2019, también en relación a la megaminería, una semana después la ley de “zonificación” tuvo que ser derogada por los mismos legisladores que la habían votado, por la enorme presión de las movilizaciones en las principales ciudades y de un incipiente estado de huelga general en la provincia, conocido como “Chubutazo” o “Chubutaguazo”. Lautaro, a quien se acusaba de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado”, finalmente fue absuelto.

MU/MC

La asamblea El Algarrobo lleva trece años de resistencia frente a lo que ellos denominan “una dictadura minera”.  Este sábado, 16 de julio, invitan a vecinos, organizaciones y personas autoconvocadas a unirse a la caminata N°650 por el agua y por la vida que se realizará en la ciudad de Andalgalá, al norte de Catamarca. 

Hoy la amenaza la llaman al proyecto MARA-Agua Rica que agrupa a un conglomerado de corporaciones multinacionales, con la anuencia del Estado y la connivencia de la empresa minera interestadual Yacimiento de Agua de Dionisio (YMAD), según denuncian. Este nuevo emprendimiento, tres veces más grande que Bajo La Alumbrera, utilizaría parte de su infraestructura. Un grupo de integrantes de El Algarrobo llegó hasta la TV Pública para denunciar que existe un cerco mediático que no les permite que su voz se escuche. Necesitan -según explicaron- que la justicia intervenga para detener las exploraciones avanzadas que realizan las máquinas en el cerro Aconquija con el objetivo futuro de extraer oro, cobre, plata y molibdeno, entre otros minerales.

“En los nevados del Aconquija, en la montaña del cerro, hay un sistema periglaciar; es una pequeña fuente de agua permanente. Justo ahí quieren poner este proyecto”, cuenta Silvina Reguera, una maestra que aprendió sobre geología y derecho a lo largo de estos años de lucha. “Entendimos que se nos venía la muerte del pueblo, el riesgo de vida, la violación de nuestro derechos humanos”. Ahí en el cerro, a más de 3500 msnm se estableció, desde finales del mes de abril, un campamento de vecinos del pueblo de Choya que realiza un bloqueo selectivo para que no lleguen los insumos a la empresa. La respuesta del gobierno provincial, a través de la policía, fue garantizar —con represión, allanamientos, detenciones y causas armadas a ciudadanos inocentes—, que el trabajo continúe a cualquier costo.  

Los hechos de violencia se sucedieron de forma sistemática a lo largo de dieciseis años, incluso en medio de la pandemia, en 2021, cuando se iniciaron las tareas de exploración avanzada. No importó con que los vecinos contaran con un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en 2016 que hizo lugar a un recurso contra la sentencia del Superior Tribunal de Catamarca que había rechazado el amparo. Así se ordenaba la suspensión de las tareas de construcción al encontrar irregularidades en el proceso y establecía que se había violado el derecho de los habitantes de Andalgalá a un ambiente sano. 

Tampoco se tuvo en cuenta la ordenanza del concejo deliberante que prohibía la actividad minera en la alta cuenca del río Andalgalá, relata la abogada Mariana Katz, que acompaña la demanda de cien vecinos y que integra SERPAJ, el organismo de DDHH fundado por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que está junto a la comunidad desde 2006. Cuenta que la minera respondió con dos demandas por inconstitucionalidad, defendiendo su derecho a la libertad de las empresas y a ejercer una actividad lícita. Mientras que en la demanda iniciada por el Gobierno de la Provincia de Catamarca sostuvieron que la provincia es la titular del derecho de dominio de los recursos naturales. 

En el marco del cumplimiento de la ley de presupuestos mínimos de glaciares y ambiente periglaciar el Instituto Argentino de Nivologia y Glaciología (IANIGLA), determino la existencia de glaciares dentro del área del emprendimiento minero Agua Rica. El Centro de Estudios Humanos y Ambiente (CEDHA) que es una organización de la Sociedad Civil acreditó la existencia de al menos 200 glaciares de roca y ambiente periglaciar, al igual que el informe emanado del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), informa un trabajo colectivo y multidisciplinario publicado en la revista Tricontinental. 

“Lo que estamos discutiendo es plata versus derechos colectivos de la ciudadanía”, opina la abogada. La promesa del trabajo que va a generar el proyecto se contrapone a las estadísticas. “El Estado catamarqueño acaba de sacar una resolución en la que va a subsidiar a las empresas. Las empresas van a tener becados. Por migajas se va a destruir la vida de la gente. Y aunque fuera por millones de dólares tampoco lo justifica”. 

El director de Minería Sustentable del gobierno nacional, Leonardo Pflüger, defiende la actividad y es optimista con respecto a las proyecciones que indican que para 2035 se cuadruplicaría el monto de las exportaciones. “Si bien alcanzar 13 mil millones anuales sería un gran logro, aún estaría muy por debajo del potencial que tiene nuestro país. Solo comparándonos con Chile, país con el que compartimos la cordillera, en 2021 exportaron casi 57 mil millones de dólares”.

Con respecto a la incidencia de la actividad, opina que no existen impactos ambientales significativos ocasionados por la minería moderna. “En los últimos 30 años hubo un solo incidente ambiental significativo en nuestro país, y las pericias efectuadas por organismos provinciales, nacionales e internacionales demostraron que ese incidente no tuvo efectos a más de dos kilómetros aguas abajo de la mina, degradándose naturalmente tras el paso de unas pocas semanas”. Se refiere al derrame de la minera Barrick Gold de millones de litros de solución cianurada en San Juan, donde estudios de la Universidad de Cuyo comprobaron la contaminación del río La Palca. 

En el caso de Catamarca, la  contaminación del agua ya está sucediendo río arriba, tal es así que los vecinos de Andalgalá denuncian que muchos de los habitantes tuvieron episodios de diarreas, nauseas y dolores estomacales. La única respuesta desde el hospital zonal fue sugerir que tomaran agua embotellada. 

La lucha siempre es desigual, dice Mariana, y la impunidad, muy grande. Los derechos humanos son obligaciones que los Estados deben cumplir y como tales, son primordiales frente a cualquier derecho. No solo se viola la Ley de Glaciares, también el Acuerdo de Escazú, al que Argentina suscribe y que establece el conocimiento de la información de manera previa. El estudio de Impacto Ambiental no estuvo al alcance de todos, por lo que la participación ciudadana tampoco existe. “Es un ‘como si’, cuando rascas te das cuenta de que es una mentira, sino que me expliquen que ser humano puede leer 2700 páginas de un expediente en 15 minutos, que fue como se llevó a cabo la consulta en este caso”. 

No se tiene en cuenta ni el principio preventivo ni el precautorio ya que la empresa debería probar que no van a generar un daño. Y eso es imposible, cuando las cabeceras de los ríos Choya, Minas y Andalgalá están comprometidos, cuando el cerro tiene pendientes muy abruptas y fracturas tectónicas importantes en una zona árida y con pocas precipitaciones. Contaminación y drenaje ácido. Gases, voladuras y posibles avalanchas, analiza el geólogo Aldo Banching. No hay que ir muy lejos para comprender que hay motivos suficientes para asistir a la caminata de Andalgalá. El pedido de autodeterminación y justicia es claro, necesitan que se actúe por fuera de la corrupción del sistema. “Son ellos o nosotros”, afirma Silvina Reguera y es consciente de que nadie va a retroceder. 

KO

Ante el lanzamiento de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) por parte del Gobierno nacional, asambleas, organizaciones sociales y personalidades de distintos sectores de la sociedad se pronunciaron con el comunicado copiado a continuación:

“Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac)”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los ´90.

El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares. Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, un plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otro en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan impunemente la gran mayoría de las empresas), ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Rio Negro, Mendoza, entre muchas otras actividades más. En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado. 

Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones, que participaron ayer como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así intentan bastardear 20 años de luchas territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la supuesta participación es con organizaciones que no tienen contacto con las comunidades afectadas, que no nos representan, y no cuentan con legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero, pacífico y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios.

No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería, ni por falta de control; lo hacemos porque en todo el mundo se impone sin licencia social, con gran conflictividad y represión, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política y con persecuciones físicas y judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida.  

PRIMERAS FIRMAS

ADHESIONES

2 de mayo de 2022

CG

En la provincia de Catamarca habitan más de 40 comunidades indígenas. Cada una tiene su propio nombre y la mayoría forma parte de la Nación Diaguita-Calchaquí. Los pueblos donde viven están ubicados en los cerros de los departamentos Santa María, Belén, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, en la zona oeste de la provincia. A partir de 1997, cuando se instaló el proyecto minero a cielo abierto Bajo La Alumbrera sobre las cumbres de las Sierras Capillitas, en el límite de Santa María y Belén, los problemas relacionados con la contaminación y con la gestión del agua comenzaron a agravarse. 

Operado por el gigante empresarial Glencore, la Alumbrera es el primer proyecto megaminero que se instaló en la Argentina con el objetivo de extraer principalmente oro y cobre. Hasta 2018, estos metales eran llevados por un mineraloducto de cerca de 320 kilómetros de largo hasta una planta de secado en Tucumán y luego, en trenes, hasta los puertos que están a la vera del Paraná, en la provincia de Santa Fe.

Tanto para transportar los minerales a través de ese ducto como para el lavado de la roca se usa agua. Mucha agua. Cuando trabajaba a pleno, la empresa utilizaba un promedio de 69 millones de litros por día, es decir cinco veces más de lo que consume el departamento Santa María -12 millones de litros- en el mismo lapso, o el equivalente al 31% de lo que gastan todos los habitantes del Valle Central de la provincia por jornada. La principal consecuencia es clara: un déficit hídrico que se agrava con la crisis climática global, en una provincia donde la emergencia por la falta de agua ya fue declarada varias veces y continúa vigente.

Leandro Gómez, coordinador  del  Programa de Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explicó: “La actividad minera tiene relación con el cambio climático; por un lado por los impactos de producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Por otro, porque la actividad  tiene un alto consumo energético y también de recurso hídrico”.

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado por la minera en 1998 ya indicaba -a través de los resultados de sus investigaciones- que el proyecto extractivo generaría daños irreversibles en los ecosistemas de la zona. Advertía sobre la disminución de cuencas hídricas, la depresión de los acuíferos, la reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, la destrucción de los hábitats y la afectación de la flora y la fauna. Hoy, 24 años después, para los pueblos originarios que habitan los alrededores, esos pronósticos ya son un hecho.

Pese a que el proyecto Alumbrera dejó de extraer minerales en 2018, se sigue bombeando agua desde el campo El Arenal para mantener en funcionamiento el mineraloducto. Ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar cuánta agua se utiliza para eso, como si se tratara de un secreto de estado en la provincia.

El eco de las últimas detonaciones de la minera aún permanece en la memoria de los pobladores de la zona. “Después del ruido veíamos cómo el polvillo que traía el viento se asentaba sobre las hojas de la papa y el maíz y se les hacían agujeros. Era como si les cayera veneno porque se empezaban a pudrir”. Quien habla es Víctor, el marido de Adela Cruz, una “sanadora” diaguita de Santa María.

El Algarrobo de Adela 

Adela, Milagros Romero Moreno y Guillermina Guanco pertenecen a los pueblos originarios de Famabalasto, Toro Yaco y La Hoyada. Entre las tres, ilustran el cambio que produjo la mina en las comunidades donde habitan y que están asentadas alrededor de la cuenca de más de 4.700 kilómetros cuadrados, denominada Campo El Arenal.

Ese lugar, una reserva de agua fósil de más de 60 millones de años, es de donde Alumbrera saca el agua y la zona en peligro. Más de una década atrás, en 2010, la Universidad Nacional de Rosario daba cuenta de que esas aguas subterráneas registraban un descenso abrupto en las zonas afectadas por los bombeos. “Antes, a un metro de profundidad se podía encontrar agua, a la fecha del relevamiento de datos se encuentra a siete metros de profundidad”, asegura el estudio “Fiscalidad y medio ambiente en Argentina: impacto de la actividad minera”.

La casa de Adela está ubicada 20 kilómetros hacia el oeste de la mítica ruta nacional 40, en el margen de las Sierras de Quilmes y del río El Cajón o Santa María. Hacia el sector sur, detrás de una gran duna, está el Campo El Arenal. 

“Territorio comunitario de la comunidad indígena de Famabalasto. Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”, se lee en el cartel de la entrada de su casa. Así se reconoce el lugar en el que convive con Víctor. La pareja se dedica a la venta de cabras para carne y cuero, cosechan algunas verduras, crían patos, dos pavos y gallinas. Ella cobra una pensión por ser madre de siete hijos -aunque tiene ocho-, pero la dedica completa a que ellos puedan estudiar.

Mientras camina por el lecho del río seco, Adela señala con un palito las plantas del lugar. Conoce los nombres de todas. El sol de las cuatro de la tarde se refleja en la inmensidad de la arena y las piedras. El agua se ve a los lejos, apenas un poco. El viento comienza a escucharse. Suena seco como la retama, como la jarilla, como el jaboncillo y la cortadera. 

Explica que antes todas esas especies autóctonas estaban verdes, que ya había lluvia en noviembre. La senda por donde camina está marcada, casi sedimentada por la cantidad de años que pasaron desde que el río disminuyó su caudal. Adela dice que Famabalasto es su tierra, su hogar. Ella y sus ancestros vivieron ahí desde siempre. “Todo esto cambió cuando llegaron los gringos con la minera”, cuenta. 

Con una sonrisa transparente, la mujer explica que viene de una familia de “sanadores” y asegura que todas las plantas de la zona sirven para curar. “La algarroba hace unas florcitas rojas, son como fosforitos. Ese es el remedio que nos da. La chaucha también, de ahí se saca la harinita y después se hace la aloja que es como un jugo muy rico que sirve para los riñones. Pero bueno, hace como ocho o nueve años que ya no tenemos. Sale la flor y no cuaja. No da la vaina”, se queja.

Como árbol autóctono, el algarrobo ayuda a equilibrar los ecosistemas. Para sobrevivir, necesita entre 110 y 300 milímetros de agua al año. En caso de no obtenerla, sus raíces profundas buscan agua en la tierra. 

Un estudio hídrico que concretó, en el año 1976, el entonces ministerio de Agua y Energía de la Nación señalaba que en el Campo El Arenal llovía una media de 144 milímetros anuales. En la actualidad ese promedio es de menos de 100 mm.

La mujer sigue enumerando yuyo por yuyo de los que cree que fueron afectados por la falta de agua. “Del arcayuyo, ya no hay más. También hay poco anís silvestre, la retamilla ya no tiene olor. Cuando llega el viento con ese polvillo que trae de los desechos que dejaron en la mina, los duraznos se caen y hace como cinco años que no podemos comer”. También relata que algunos animales silvestres hace muchos años que no habitan la zona: “El otro día encontré un umucuti (lagartija en quechua) que hacía como cinco años que no veía, pero me lo mató el perro”. 

Su marido, responsable de cuidar a los animales que crían, la escucha hablar con atención y pesadumbre porque muchos comuneros dejaron de criar ovejas, vacas y cabras. “Se han cansado de caminar para buscar agua y qué comer”, dice. “Además, antes no hacía falta vacunarlos y ahora sí, por el moquillo y otras enfermedades. Incluso les salen tumores por comer el pasto de la zona”.

De acuerdo con el Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica, que detalla las acciones de esta multinacional en la región, durante sus años de extracción la minera detonaba 25 mil toneladas anuales de explosivos. Con las ondas sonoras se emitían altos niveles de gases nitrosos a la atmósfera, eso generaba lluvias ácidas con efecto sobre las personas, el agua, los suelos, la flora y la fauna. 

El informe de impacto ambiental de fines de los años ‘90 realizado por la multinacional ya hablaba del potencial erosivo del suelo e indicaba que la cantidad de polvo “podría superar los estándares admisibles reconocidos en Estados Unidos”.

Adela y Víctor coinciden en que ahora el calor se siente más fuerte y las vertientes están desapareciendo. Las lagunas que tenía el Campo El Arenal ya no existen y los flamencos que venían desde Antofagasta de la Sierra “no saben qué hacer porque tampoco encuentran comida”. Aseguran que las zonas de vegas del río (las más fértiles) se secaron en todos lados. Quedó sólo pasto seco con salitre.

La mujer ceba mates y mira hacia la inmensidad mientras el atardecer va tiñendo de lila las montañas. “A los cardones les sale una mancha negra, después de eso se pudren y se les desprende la carne dejando sólo el palito. Había muchísimos. Con eso hacíamos nosotros los cajones para los difuntos. Ahora no sé, pero yo les dije a mis hijos que quiero que me pongan en uno. Así, clavado con las mismas espinitas”.

La Pacha usurpada 

La comunidad indígena de Toro Yaco está ubicada en la misma dirección que Famabalasto, pero 60 kilómetros más hacia el oeste, en medio de las Sierras de Quilmes. Ahí viven 18 familias. Las casas están divididas por el río y asentadas sobre las montañas en lo alto y a una distancia de unos 100 metros una de la otra.

Cada una tenía su propia vertiente, “pero desde que llegó la mina comenzaron a secarse”, cuenta Milagros quien, con apenas 18, lleva un año al mando de su pueblo como cacique. Fue elegida en 2020 convirtiéndose en la autoridad más joven que tuvo su comunidad y, además, estudia enfermería en Santa María.

Milagros quiere ser una mujer sanadora, como Adela, y poder combinar todo lo que aprenda con su medicina tradicional. Se la escucha combativa y decidida. Ella misma se postuló como sucesora de su abuelo, el cacique anterior. 

Como autoridad, debe asistir a las asambleas que se desarrollan seis veces al año entre las comunidades de la zona para resolver problemas comunes. El que preocupa a todas “es la minería y el agua que les hace falta”, explica. “Los hermanos de Antofagasta siempre piden ayuda por las mineras de litio –el oro blanco del siglo XXI- que tienen en sus tierras”. 

Lo que la ocupa actualmente, como cacique de Toro Yaco, es el dique que quiere construir en su comunidad el gobierno de Catamarca. Se trata de un proyecto de 2007 con fines hidroeléctricos para consumo y para riego de Santa María. Pero para concretarlo, deben inundar el lugar y reubicarlos, y por eso ellos resisten. 

“El gobernador (Raúl Jalil) quiso venir el año pasado y no lo dejamos pasar porque nunca nos informó sobre su llegada. El dique no se va a hacer porque es para abastecer de energía a la nueva mina”, asegura la cacique.

Existen además dos proyectos extractivos de litio en Catamarca funcionando en Antofagasta de la Sierra. Milagros cuenta que el Gobierno piensa utilizar y desviar el cauce de agua del río Los Patos. “Nos dicen que se secan por el cambio climático, pero ese cambio lo provocan ellos mismos”, opina.

“Le están usurpando a la Pacha y para entrar hay que pedirle permiso. Yo aprendí de mi abuelo a hacerlo y a agradecer.  La Pachamama se puede enojar de muchas formas”, resalta mientras mira hacia al horizonte, hacia el río seco y el verde que falta.  

Colonizados

Guillermina es delegada de base de la comunidad indígena de La Hoyada y la máxima autoridad de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Catamarca (UPND), que representa a pueblos como Toro Yaco y Famabalasto. Dice que el Campo El Arenal, “nunca se llamó así”, que siempre su nombre fue El Campo de Los Pozuelos. 

En ese momento, la mujer toma una caja que estaba colgada en la pared y canta una vidala ancestral: “Campo de Los Pozuelos, adiós vidita y adiós consuelo” repite varias veces y su voz se multiplica con el viento del lugar mientras percute con el palillo. “Claro, eso ya nos están diciendo los mineros a nosotros”, ironiza cuando termina.

Adela y Milagros también habían hecho su análisis toponímico del nombre de la cuenca. Explicaron que Los Pozuelos se llamaba así porque, además de lagunas, tenía muchas vertientes que afloraban del acuífero. Ahora todo es arena. “Ni los pastos crecen, por eso empezaron a llamarle El Arenal”. Así aparece escrito en el cartel del aeropuerto que construyó la minera en el lugar. 

En el catastro provincial fue anotado con los dos nombres: Campo de Los Pozuelos – Campo El Arenal. “No sé por qué la gente se acostumbra a que otras personas vengan a cambiarnos los nombres. Nosotros como comunidad no vamos a aceptarlos”, reclama Guillermina. Para ella, los mineros son los nuevos colonizadores. 

Cuando iban a abrir la mina, cuenta, “nos querían hacer creer que si terminábamos la escuela íbamos a trabajar todos ahí”. Cuando su abuelo, Rosendo Gerván, se enteró, dijo que desde que estaba la mina de Farallón Negro -ubicada cerca de donde luego se instaló Alumbrera- empezó a darse cuenta de que el agua había comenzado a mermar. “Se ponía triste porque pensaba que se iba a morir y que los que íbamos a sufrir seríamos nosotros y nuestros hijos”, recuerda.

Para la mujer, los gobiernos los subestiman: “piensan que uno no se da cuenta que el aire está contaminado. Son muchas las enfermedades que están apareciendo, antes jamás nos enfermábamos. Hay problemas en la piel, en los pulmones, diarrea”. Además, evalúa que los turistas no quieren ir a Santa María o a Belén. “El turismo viene a tomar el aire puro, a tomar el agua sana, a curarse con la misma naturaleza, pero ya no va a poder”.

Sin soltar la caja, que mantuvo en sus manos todo el tiempo, Guillermina profetiza: “no sé hasta dónde les irá a durar la picardía. La madre tierra está cansada, les va a dar su merecido. Ellos creen que la Pachamama no existe porque nos obligaron a adorarla en el corral, escondidos”. 

A cielo abierto

Alumbrera comenzó su fase de explotación violando la legislación ambiental vigente en el país porque no cumplió en tiempo y forma con la presentación del Informe de Impacto Ambiental requerido por la Ley Nacional 24.585. A pesar de esto, el gobierno catamarqueño habilitó a la empresa a operar.

Existen decenas de informes de organismos nacionales y provinciales sobre las consecuencias ambientales y contaminantes que generó Alumbrera en la zona. Existen desde 1999, en la justicia federal, 11 causas abiertas sin sentencia definitiva por contaminación, infracción a la ley nacional 24.051, daños y perjuicios, cobros indebidos y estafa al Estado Nacional por ocultamiento de ganancias. Aunque se consultó, no se pudo obtener información oficial del ministerio de Minería de Catamarca al respecto.

Aún así, hubo al menos una victoria judicial contra la minera: en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló de forma unánime contra La Alumbrera por un juicio que había empezado 10 años antes por daños y perjuicios.

En este contexto, Leandro Gómez, de FARN, explicó: “los proyectos mineros son evaluados de manera independiente cuando muchas veces se desarrollan en una misma región o dependen de una misma cuenca hídrica. Si nos enfocamos en el agua, una de las grandes problemáticas que existen es la ausencia de una foto del hoy. No hay información suficiente, objetiva, clara sobre cuál es la situación en términos ambientales de biodiversidad y de agua”.

El investigador explica que los informes son realizados por las propias mineras, que son la parte interesada, “y que son estudios condicionados, poco claros. Esa es la única información con la que cuentan los Estados provinciales al momento de autorizar o no un proyecto”.

“Desde los sectores mineros pueden promocionar ciertas metodologías o avances de reutilización de agua para la reinyección de agua y distintas cuestiones. Nosotros desde FARN consideramos que no hay una actividad minera a gran escala que se pueda desarrollar de una manera sostenible o sustentable. Muchas veces esta actividad  no sólo utiliza sustancias contaminantes sino que también está vinculada a prácticas violatorias de derechos humanos”, resalta.

Santiago Machado, como coordinador general del Informe Sombra, elaborado en 2017 con eje en las consecuencias ambientales de la Alumbrera y otros proyectos extractivos de Glencore, se refirió a lo económico: “Hasta 2015 Alumbrera pagó cerca de 525 millones de dólares a la Argentina, de los cuales solo 16,5 millones fueron para Catamarca. La escasa renta minera que obtiene el país, y en especial la provincia, es fruto de los marcos legales y fiscales de baja imposición”. “La megaminería no genera trabajo. Antes ganaban muchísimo los pocos que accedían, ahora no”, agrega.

La lucha continúa

A tres años del cese de la explotación, y sin la licencia social operativa de las comunidades indígenas ni de las asambleas locales ambientalistas, Bajo La Alumbrera se prepara para ser el esqueleto que albergará a Minera Agua Rica/Alumbrera (MARA). Este proyecto integra el yacimiento Agua Rica -a 17 kilómetros de Andalgalá, al norte de la provincia- con la infraestructura ya existente.

Es por esto que -según confirmaron desde la Justicia Federal- Alumbrera sigue bombeando el agua desde Campo El Arenal, aunque ya haya dejado de extraer el mineral: el objetivo es conservar el ducto para que MARA lo pueda utilizar. La lucha actual incluye la defensa de glaciares ubicados en la cima de esas Sierras, cuyos ríos abastecen a la población.

Con respecto a este proyecto, la Comisión de Expertos de la Universidad Nacional de Tucumán publicó un informe este año. Entre las sugerencias, destacan dos cuestiones. La principal es que hay “un profundo desconocimiento  en la comunidad en general de los contratos, responsabilidades emergentes y datos concluyentes relativos a la temática ambiental y sanitaria”.

Por otro lado, consideran prioritario “abordar el estudio del estado actual e histórico del uso y la calidad de agua en las cuencas involucradas por las actividades mineras Alumbrera y Mara pues representa el componente ambiental más sensible”.

Vulnerados

En el plano internacional, Argentina adhirió y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El primero, en referencia a las actividades extractivas, señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados”.

La DNUDPI, por su parte, establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Reconoce su derecho a determinar cómo usar sus tierras y territorio. Además, establece la obligatoriedad de los Estados de obtener el consentimiento previo, libre e informado para todo proyecto que afecte sus territorios u otros recursos. Esto significa que no posee carácter definitivo. Un consentimiento puede ser quitado y tampoco debe mediar coacción, coerción ni manipulación para obtenerse.

La Pachamama o “madre tierra” es sinónimo de vida, una deidad a la que la mayoría de las comunidades indígenas de Latinoamérica veneran. Pero para Milagros es mucho más. 

“Siempre la definieron como una mujer pero para mí es ver un pájaro que vuela, es el pasto, la tierra. Todo eso es y nosotros somos como piojitos en su cabeza. Si es seco es tierra, si es blanco es nube, si es azul es mar, si es verde es planta. Comunicarse con ella es hermoso porque al dar gracias, ella nos devuelve. Se siente paz, los dolores se calman. Todo lo que nos inquieta, pasa. A veces uno se inspira y encuentra solución”, dice la mujer.

Adela con sus plantas y Guillermina con su caja coinciden. Las tres, le piden cada día que las proteja.  

Esta historia forma parte de “Territorios y Resistencias” la investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina, que fue realizada entre octubre y diciembre del año 2021, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, por un equipo de más de 35 mujeres y personas LGBTTQI+ de todo el país de forma colaborativa. 

YC

Además de la crisis política y el levantamiento social en la provincia, hubo otro conflicto real, pero apenas visible que desató la decisión del gobernador Mariano Arcioni con su proyecto minero en Chubut: una preocupación silenciosa de los demás gobernadores por temor a que se produzca un efecto contagio.

El tema lo recogieron funcionarios nacionales y llegó hasta el presidente Alberto Fernández. En el gobierno tenían conocimiento del plan que planteó y ejecutó Arcioni pero, según confiaron fuentes oficiales a elDiarioAR, entendieron que el modo de instrumentarlo y la debilidad política, derivó en la crisis que obligó al gobierno a desactivar el proyecto.

Entre los gobernadores con actividad minera, real o potencial, el planteo fue más específico: la preocupación, expresada a interlocutores de la Casa Rosada, para que el llamado a plebiscito que hizo Arcioni no se lleve a cabo.

“Arcioni manejó muy mal un proceso tan sensible. Luego de esa experiencia, los gobernadores no quieren que se instale como antecedente el hecho de que frente a cada proyecto minero se tenga que hacer un plebiscito”, indicó un funcionario que oficia como enlace entre Casa Rosada y las gobernaciones.

Fernández siguió el proceso de Chubut. Tenía, desde antes, un vínculo frío con Arcioni. En esa provincia, en un episodio confuso, la comitiva presidencial fue agredida durante una visita en marzo pasado.

La crisis en Chubut, que en el Gobierno nacional entienden como un “gran fracaso de la política”, reconfirmó un planteo que Fernández mantiene desde la campaña: un impulso al desarrollo de la minería, que imagina como una fuente de ingreso de divisas, pero que vincula a la “licencia social” respecto a esas iniciativas.

El de Chubut podía convertirse en un caso testigo. El proyecto Navidad implicaba una inversión de 1.200 millones de dólares y la creación de 2 mil puestos de trabajo. Es un proyecto de la firma Pan American Silver, de capitales canadienses, para desarrollar de plata en la meseta central de Chubut. La objeción principal estuvo relacionada al uso de agua. Arcioni avanzó en la Legislatura con una ley de rezonificación para permitir el proyecto Navidad pero ante las protestas derogó la ley y prometió un plebiscito.

“Si el plebiscito es provincial lo pierde por paliza y puede generar un efecto contagio que termine alternando otros proyectos”, confió una fuente nacional a este medio.

Apunten al gobernador

El gobernador de Chubut tiene un partido provincial pero opera, en la práctica, como un gobernador aliado aunque en términos electorales compita con su propio sello. Tiene, de hecho, fuertes conflictos con el PJ local. Así y todo, mantiene un vínculo fluido con el frentodismo: Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y jefe del Frente Renovador.

A principios de año, Arcioni había anunciado una propuesta de rezonificación pero desistió porque, según confiaron en su momento en la provincia, le habían sugerido que no era lo más conveniente en el inicio de un año electoral. Aceptó hacerlo. En septiembre y en noviembre, durante las PASO y las generales, ganó Juntos por el Cambio. Arcioni fue con su propio partido, provincial, y quedó tercero. En esa provincia, el FdT tenía tres senadores y perdió dos, un golpe duro que con lo ocurrido en otras provincias tuvo un efecto puntual: el FdT perdió el quórum propio en la Cámara Alta.

“Mariano no tiene futuro político, no tiene reelección en la provincia, no tiene partido propio. No tiene un proyecto de desarrollo de la provincia en el que encaja la cuestión minera. Parece que lo único que le importa es habilitar la minería”, objeta un dirigente que se involucró en el día a día de ese proceso.

Este lunes, por la firma del Consenso Fiscal 2022, Arcioni será uno de los gobernadores que estará presente en el acto. Aunque no está previsto, luego podría haber un encuentro entre los mandatarios y el presidente. La semana pasada, trece gobernadores del FdT almorzaron en Olivos con Fernández pero Arcioni no fue invitado. Si el encuentro se produce e interviene el chubutense, es probable que otros mandatarios le eleven el pedido de que desactive el plebiscito que anunció por le proyecto Navidad.

La crisis de Chubut se produjo en medio de un recambio en el área de Minería nacional, producto de la salida de Alberto Hensel, sanjuanino, que fue “convocado” por Sergio Uñac para sumarse a su gabinete. En el lugar de Hensel, juró Fernanda Ávila, que proviene de Catamarca, una de las pocas provincias argentinas que tiene activos proyectos mineros.

PI

El gobernador de Chubut, Mariano Aricioni, busca desesperadamente un salvavidas para flotar en la crisis que él mismo creó, y propuso vía Twitter derogar la ley de zonificación que permite la megaminería e impulsar un plebiscito para “escuchar todas las voces del pueblo”. Sin embargo, esto era percibido en la provincia como una maniobra distractiva, ya que el Poder Ejecutivo no puede abolir una ley, ni siquiera esta, que fue aprobada en un trámite rápido, teñido de sospecha y corrupción. Cuando esta crítica salió desde las organizaciones sociales, fuentes oficiales confirmaron a elDiarioAR que mañana la Legislatura derogará la norma que el jueves había aprobado de sorpresa.

Con toda la ciudadanía movilizada desde el jueves pasado, el día que se aprobó la “zonificación” para permitir la minería metalífera en la meseta de Chubut, el gobernador Aricioni intentó dar rápidamente vuelta la página de la crisis política. A media mañana se conoció que intentaba demorar por seis meses la aplicación y llamar a un plebiscito de la ley.

Pero la maniobra del gobernador, a quien nadie llama del Gobierno Nacional, excepto por su amigo personal, Sergio Massa, sólo parece haber indignado todavía más a las asambleas, que insistieron en la derogación de la zonificación o nada y acusaron al Ejecutivo provincial de maniobrar para tratar de bajar la tensión.

Si Arcioni pretendía salir indemne de esta, quedó claro que con esta maniobra quedó todavía más dañado. Es un náufrago en un mar que él mismo llenó de agua. Ya aparecieron pancartas en las calles con una nueva consigna: ¡que renuncie! El gobernador había hecho su campaña electoral diciendo “no” a la minería.

La institucionalidad que el propio Arcioni quebró con el tratamiento express de la ley que habilita la megaminería en la provincia, una actividad odiada por una abrumadora mayoría por los posibles impactos en la disponibilidad del agua en un territorio desértico, se le está volviendo en contra. El gobernador ya no tiene cómo dar la cara ni siquiera a la gente que lo votó.

Las próximas horas serán claves en Chubut, ya que mañana es el último día de sesiones legislativas y ya hay por lo menos dos proyectos de ley presentados para derogar la zonificación, que se volvió tan tóxica como los químicos que emplean en la megaminería. Según confirmó elDiarioAR mañana se daría la derogación. Hay una sesión convocada de manera virtual en la que se trataría el tema.

Un dato político clave, además, es que por lo menos un voto en la legislatura ya se dio vuelta. Es el de la diputada Gabriela De Lucía (Interbloque Chubut al Frente), que anunció que cambiaría su voto, luego de que los empleados del Supermercado La Anónima, que pertenecen a su gremio, dijeran que ella no los representaba más.

El otro dato político interesante es que el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, que es mellizo del vicegobernador, también se echó para atrás. Esta fue la primera ciudad que anunció su adhesión a la zonificación pero las masivas movilizaciones también lo hicieron recular.

La ruta 3 está cortada por los sindicatos pesqueros, que desde el fin de semana están de paro total. En Esquel está bloqueada la ruta 40, hasta por los camioneros chilenos, que dicen que si ellos no pueden pasar, no pasará nadie. El estado casi revolucionario que se vive en la provincia no escapa a ningún sitio. Las movilizaciones seguirán hasta que llegue la derogación. Con este estado de cosas, tan caldeado, ninguna Asamblea aceptará una medida dilatoria.

“Estas son movilizaciones históricas desde la vuelta de la democracia”, indicó Pablo Lada, dirigente de Trelew.  El antecedente del Mendozazo, ocurrido en diciembre de 2019 cuando también se pretendió habilitar una ley para hacer megaminería en la provincia, que se dio vuelta con una enorme movilización popular, está en la mente de todos. Que se repita ese escenario parece hoy la única forma de salir de esta crisis en Chubut.

MA(Periodistas por el Planeta)

Las manifestaciones contra la sanción de la ley que da luz verde a la explotación minera en Chubut no cesan. A través de convocatorias por las redes sociales, organizaciones sindicales y movimientos ciudadanos de la provincia de Chubut anticiparon que este lunes, desde horas de la mañana, protagonizarán movilizaciones y cortarán el tránsito en las Rutas 3 y 40.

“En el caso de la Ruta Nacional 3 el corte se realizaría en el acceso sur a la ciudad de Puerto Madryn, que impedirá la circulación desde y hacia la ciudad de Trelew. Mientras que en la zona cordillerana el corte está previsto sobre la Ruta Nacional 40 a la altura de la localidad de El Hoyo”, publicó eldiarioweb.com.

También se advierte un corte de ruta en el acceso a la ciudad de Esquel, y no se descartan medidas similares en otros puntos de la provincia de Chubut.

Multitudinarias protestas se vienen llevando adelante en Chubut. La última, de la que participaron distintas agrupaciones antimineras y vecinos en general, se realizó luego de la sesión del Concejo Deliberante en la que los concejales se constituyeron para solicitar la derogación y declarar “personas no gratas” a los 14 diputados provinciales que votaron a favor de esa ley, publicó diariojornada.com.ar.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se sumó a los reclamos. Recién llegado a su ciudad ras varios días de reuniones en Buenos Aires, decidió acompañar a la multitud junto a diputados provinciales y concejales de su espacio político. Se estima que cerca de 7 mil vecinos participaron esta vez, según difundió el parte de prensa de la Municipalidad.

“Trelew tiene una historia de lucha y compromiso. Jamás fue un pueblo silencioso ante las injusticias. Con mucho respeto estuve presente y acompañe la marcha. Es un pueblo entero movilizado. Escuchemos”, publicó en Twitter.

Los primeros disturbios se produjeron el miércoles por la noche luego de que la Legislatura provincial aprobara la iniciativa. El jueves, lejos de mejorar, la situación volvió a descontrolarse por la tarde/noche luego de que el gobernador Mariano Arcioni promulgara la ley en horas de la tarde. Eso enardeció a los manifestantes que generaron destrozos en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos con un saldo de unos 30 heridos y siete detenidos por los incidentes. La Policía buscó persuadir la protesta y los destrozos con balas de goma y gases lacrimógenos.

Puertas destrozadas, parte del archivo quemado, muebles arrojados al exterior o incendiados, fotocopiadoras y computadoras tiradas en medio de la calle era el panorama que rodeaba el edificio gubernamental.

Mientras los bomberos trabajaban esa noche en el lugar, brigadas de la policía de Chubut acudieron para dispersar a los manifestantes que circulaban por las inmediaciones.

Asimismo, fueron dañadas oficinas del Superior Tribunal de Justicia, donde también funciona la Procuración General, y resultaron quemados árboles de la zona.

Las inscripciones pintadas en las paredes de todo el contorno del edificio gubernamental fueron contra Arcioni -quien no está en Rawson sino en Comodoro Rivadavia-, y los 14 diputados que anoche aprobaron la ley que habilitó la explotación minera.

Con información de La Jornada y El Diario.

AB

Chubut se incendia, pero Wall Street festeja. La acción de Pan American Silver subió el jueves más del 8 por ciento y el viernes cerró 2,18 por ciento arriba, a pesar de que fue un día terrible para los principales índices bursátiles. En una provincia donde ni el gobernador ni los legisladores ni, acaso, los miembros del poder judicial pueden caminar tranquilos, mirando a los vecinos a la cara con la frente en alto, todo esto parece una mala remake de un clásico libreto colonial.

“Pan American Silver informa de la modificación del estatuto de la ley minera en Chubut”, se escribió en un comunicado de prensa en Vancouver, Canadá, donde la minera tiene su sede principal, y el mercado celebró.

Tras varias de jornadas de protesta, que en muchos momentos se volvieron violentas, el denominador común que se escuchaba en voz de la gente en Chubut era la angustia. Y también la desolación por haber visto avasallada la institucionalidad de la provincia, que se considera a sí misma democrática, de un plumazo y de sorpresa.

Sin embargo, con el diario del lunes, está claro que todo se realizó de manera profesional y meticulosa, y que nada estuvo librado al azar, ni siquiera la elección del momento. Primero, la legislatura aprobó varias leyes destinadas a poner obstáculos al accionar ciudadano de la justicia, entre ellas, una norma que impedir que se presente una acción de amparo contra la zonificación que fue sancionada hace sólo unos 10 días. Ningún juez de primera instancia podría bloquearla con una cautelar presentada por las organizaciones de base.

Luego, el gobernador Mariano Arcioni decretó un asueto para jueves y viernes. Y el sábado, según anuncia la página oficial del gobierno de la provincia, los empleados estatales cobrarán el aguinaldo.

Aun así, Arcioni tuvo que promulgar la zonificación a escondidas, sólo sonriendo para una cámara de prensa oficial. Y eso, para una ley que se supone que traería fabulosos beneficios a la provincia. Nada de actos oficiales, cortes de cinta, escolares uniformados escuchando cómo le construirán el futuro. Ayer, hizo un breve discurso editado con imágenes de destrucción y habló de una “pandemia de violencia”, una cosa que si se piensa cinco minutos, ni sentido tiene.

Así como la megaminería contribuyó a arrasar la institucionalidad democrática, que a los argentinos tanto nos costó construir, se dedicaron también meticulosamente todo este tiempo a ir tendiendo los caminos, posibilitando la infraestructura y adquiriendo la maquinaria para poder operar rapidito, porque el capital no espera. Lástima que, para ellos, a pesar de todo el esfuerzo, les sigue faltando algo clave: la licencia social.

Todos los manuales de Responsabilidad Social Empresaria, que les permitiría conquistar corazones, le estarían fallando. Incluso, hasta cuando aparecen con tanques para repartir agua en las localidades vecinas que ya se han quedado sin ella. 

No hay que explicarle a nadie cuán importante es el agua en un desierto. Y el agua será el elemento central, no el único, de la explotación de plata, cobre y plomo que parece asomarse en Chubut. 

En 2017, cuando dos vendavales seguidos destrozaron la capital argentina del petróleo, Comodoro Rivadavia, todo el sistema hídrico de la provincia quedó afectado. No se podía potabilizar el agua, y faltaba tanto, que la gente se la robaba a los vecinos del tanque, la sacaba de las fuentes de la rotonda. Cuando se aprobó la zonificación minera, esas imágenes infames de esa “guerra del agua” regresaron a la memoria de todos. Esta vez, como una postal del futuro.

MA/PxP

Tras la luz verde legislativa, la meseta central de la provincia de Chubut será un territorio habilitado para la explotación minera, como lo son las provincias de Catamarca y San Juan, los dos distritos más ricos en minerales que, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, pudieron sortear las pocas trabas que impusieron los grupos opositores. La presión ejercida por los grupos ambientalistas, las comunidades de la zona de la cordillera y ciertos grupos políticos había impedido, hasta esta semana, la aprobación de la megaminería en Chubut, que está prohibida en Mendoza, pese a los esfuerzos de algunas facciones por habilitarla. La explotación a cielo abierto se encuentra prohibida también en Córdoba, San Luis, Tucumán, Tierra del Fuego y La Pampa. 

Catamarca y San Juan son las dos provincias donde la minería constituye una de las actividades productivas principales. En Catamarca, la extracción comenzó a gran escala en 1997, con la explotación del “Bajo de la Alumbrera”, yacimiento de cobre, oro y molibdeno ubicado al noroeste de la provincia, a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca. 

El contexto nacional era muy favorable, con el expresidente Carlos Saúl Menem como promotor: en 1993, bajo su mandato, se sancionó la Ley de Inversiones Mineras (24.196), que garantizó a los inversores extranjeros estabilidad tributaria y fiscal. A través del Acuerdo Federal Minero (Ley 24228), ese mismo año, Menem buscó la armonización de los procedimientos provinciales.

Al momento de desarrollar la megaminería, no hubo conflicto con los grupos ambientalistas o con las comunidades que vivían en la zona. Desde el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca aseguran que el proyecto pasó sin inconvenientes por la Legislatura. 

“Ahora tenés algunos grupos menores que cuestionan algunos proyectos, como Aguas Ricas, proyecto integral que es la continuación de Bajo la Alumbrera. Pero la sociedad de Catamarca apoya la minería”, sostienen desde el Ministerio en diálogo con eldiarioAR. El turismo, la agroindustria y la minería son las tres principales actividades productivas de Catamarca, “siendo esta última la que más dinero deja de impuestos y salarios”. 

No es casualidad entonces que la Secretaría de Minería nacional, Fernanda Avila, cuya designación se formalizó este miércoles a través del Decreto 847/2021, haya sido, hasta hace unas pocas semanas, la Ministra de Minería de Catamarca. Tras la renuncia del sanjuanino Alberto Hensel, quien había ocupado el cargo desde la asunción de Alberto Fernández, Catamarca presentó la propuesta de Avila como posible reemplazante, que fue aceptada rápidamente por Matías Kulfas.

A Catamarca la siguió la provincia de San Juan, que también gozó, bajo la presidencia de Menem, de ventajas para la actividad exploratoria del terreno. El primer proyecto de megaminería de San Juan se desarrolló en el año 2003, “Emprendimiento de Veladero”. Luego, en el 2007 y 2009 comienzan otros proyectos también de megaminería. 

“Se fue dando un consenso progresivo de que había que avanzar en uno de los principales potenciales que caracteriza a la provincia de San Juan: el geológico-minero”, aseguraron desde el gobierno de San Juan. “Hubo una decisión política que fue acompañada por el 90% de la sociedad sanjuanina. Acá la minería es una política de estado que cuenta con un importante consenso de la sociedad, porque ellos mismos advirtieron el efecto multiplicador de la actividad”.

En Mendoza, en cambió, la megaminería nunca pudo prosperar, gracias a la presión de grupos ambientalistas y ciertos sectores de la sociedad. En 2007, bajo el mandato de Julio Cobos, se estableció la ley 77.222, que prohibía el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias en los procesos mineros.

Cuando, bajo el gobierno de Rodolfo Suárez, se intentó modificar esta ley para pasar a una actividad minera de gran escala, gran parte de la sociedad cuyana se movilizó en contra. Desde el gobierno mendocino aseguran, sin embargo, que la megaminería no prosperó por la presión de “una parte pequeña de la sociedad”. “Los que estaban a favor del desarrollo de una minería potente, que eran muchos, no salieron a la calle”, sostienen desde el gobierno de Mendoza en diálogo con eldiarioAR. 

“Sin embargo, más allá de que exista la posibilidad, para el gobernador Rodolfo Suarez es un tema terminado. No lo va a poner nuevamente en debate”, agregan. 

En Neuquén existieron tres intentos de exploración de yacimientos metalíferos que no avanzaron al status de megamineria, por interposición de acciones de hecho y judiciales de grupos ambientalistas. “Todo proyecto debe traer consigo un informe de Impacto Ambiental. En todos los casos, a través de este procedimiento, los grupos organizados tomaron conocimiento y comenzaron acciones contrarias que impidieron su avance”, comentan desde el gobierno neuquino.

En otras provincias, como Jujuy y Salta, la actividad minera es de menor escala que en San Juan y Catamarca, pero constituye una actividad importante dentro del sector productivo provincial. En octubre pasado, los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Sáenz, junto al catamarqueño Raúl Jalil, firmaron un tratado por el cual se creó la “Región Minera del Litio”. 

En Jujuy, las inversiones de las compañías Orocobre, Exar, Toyota, Sales de Jujuy y Ganfeng Lithium superan los 1.000 millones de dólares. El gobernador Geraldo Morales tras finalizar la exploración y exploración de los yacimientos, busca convertir a Jujuy en una provincia productora de baterías de litio. Esta iniciativa fue formalizada en mayo de este año a traves de un memorándum firmado por el gobernador jujeño, el ministro Matías Kulfas y el vicepresidente de Ganfeng Lithium.

AS/WC

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, promulgó este jueves el proyecto de ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, mediante el cual se permite la “diversificación productiva” en dos departamentos del interior provincial en el que se habilita la explotación de los recursos sin cianuro, después que el congreso provincial aprobara el proyecto por 14 votos a favor y 11 en contra en la Cámara de Diputados, en medio de serios incidentes, represión policial y cuestionamientos al Ejecutivo provincial.

En las últimas horas, usuarios de redes sociales sacaron a la luz una serie de videos y spots antiguos de campaña en los que Arcioni se muestra en desacuerdo con los proyectos de Megaminería en Chubut.

“La fuerza de la cordillera sos vos, somos nosotros. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice No a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”, dice el actual gobernador en uno de los spots que usuarios de redes sociales expusieron en las últimas horas.

En otra entrevista de febrero de 2018, un cronista le pregunta: “¿No habrá megaminería en su mandato?”, a lo que Arcioni responde con un contundente “No”.

Los videos

IG

Nuevos incidentes se produjeron este jueves en la ciudad de Rawson cuando cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en rechazo la aprobación de la Ley la Ley de Zonificación que autoriza la exploración minera. Los desmanes incluyeron la quema de un sector de la Casa de Gobierno provincial y otros 15 edificios públicos.

Los primeros disturbios se produjeron el miércoles por la noche luego de que la Legislatura provincial aprobara la iniciativa. Pero este jueves, lejos de mejorar, la situación volvió a descontrolarse por la tarde/noche luego de que el gobernador Mariano Arcioni promulgara la ley en horas de la tarde. Eso enardeció a los manifestantes que generaron destrozos en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos con un saldo de unos 30 heridos y siete detenidos por los incidentes. La Policía buscó persuadir la protesta y los destrozos con balas de goma y gases lacrimógenos.

Puertas destrozadas, parte del archivo quemado, muebles arrojados al exterior o incendiados, fotocopiadoras y computadoras tiradas en medio de la calle era el panorama que rodeaba el edificio gubernamental.

Mientras los bomberos trabajaban esta noche en el lugar, brigadas de la policía de Chubut acudieron para dispersar a los manifestantes que circulaban por las inmediaciones.

Asimismo, fueron dañadas oficinas del Superior Tribunal de Justicia, donde también funciona la Procuración General, y resultaron quemados árboles de la zona.

Las inscripciones pintadas en las paredes de todo el contorno del edificio gubernamental fueron contra Arcioni -quien no está en Rawson sino en Comodoro Rivadavia-, y los 14 diputados que anoche aprobaron la ley que habilitó la explotación minera.

DA

A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.

Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería. Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.

Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.

Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.

Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.

Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.

¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.

En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.

¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental. Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca. 

El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este  entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, promulgó hoy el proyecto de ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, mediante el cual se permite la “diversificación productiva” en dos departamentos del interior provincial en el que se habilita la explotación de los recursos sin cianuro.

La ley quedó registrada como “XVII N° 149” y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, se informó oficialmente, luego de que anoche fuera sancionado el proyecto por 14 votos a favor y 11 en contra en la Cámara de Diputados.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado y tenía dictamen de la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales desde marzo, aunque nunca se había tratado en la legislatura unicameral, hasta que finalmente se aprobó anoche en medio de protestas que se extendieron hasta las 2 de esta madrugada.

La sanción del proyecto recibió hoy el respaldo del Consejo Federal de Minería (Cofemin) al considerar que se trata de un “importante paso hacia adelante” que contribuirá al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.

“Es una herramienta válida para comenzar a transitar con la prudencia que merita el rubro, el camino de la producción y de la industria minera, y hacerlo, además, es pensar en desarrollo, crecimiento, trabajo genuino e inversiones que naturalmente llegarán a La Meseta Central y localidades aledañas de la provincia del Chubut”, señaló el Cofemin en un manifiesto.

El organismo fundamentó su apoyo en que “se trata de una ley moderna, actualizada, que establece la creación de una zona que habilite la actividad”.

Según el Cofemin, “los detalles están basados en la ciencia; el instrumento garantiza que los dos departamentos que incluye, son aptos para el desarrollo productivo minero, desde sus formaciones geológicas, su potencial minero y la posibilidad cierta de poder generar proyectos sustentables, teniendo como premisa la conservación ambiental, a la vez de sostener el beneficio económico para los habitantes de Chubut, especialmente los que habitan La Meseta”.

Asimismo, señaló que se trata de una ley “inclusiva e innovadora” ya que plasma en su espíritu y estructura los lineamientos que requiere “el desarrollo minero sostenible, contemplando los derechos de los pueblos originarios, la participación ciudadana, tanto en aspectos sociales como ambientales, el desarrollo y formación de mano de obra local, emprendedores y proveedores de bienes y servicios y la inclusión de cupo mínimo de mujeres en la mano de obra local que impulsará una minería con equidad de género”.

Por ello, completa, “el conjunto de todas las provincias argentinas, saluda y acompaña, la decisión de cambiar la matriz productiva chubutense, a la vez que ofrece su estructura institucional y profesional para la consulta o para todo aquello que coadyuve a incrementar el bienestar general del pueblo de Chubut a través de la actividad minera”.

No obstante, la sanción legislativa motivó incidentes de los opositores a la actividad minera en la provincia y durante la madrugada se reportaron 7 demorados que recuperaron la libertad rápidamente tras la intervención de la defensa pública y de representantes de organismos de derechos humanos.

La directora del hospital Santa Teresita de Rawson, Paula Morales, informó a Télam que “esta madrugada se presentaron 11 pacientes con diversas heridas leves, la mayoría contusiones, algunos heridos de postas de goma y un paciente atendido por inhalación de gases”.

“Del total de atendidos seis eran efectivos policiales” explicó la médica.

Unos 300 manifestantes, en su mayoría jóvenes, permanecen en señal de protesta desde este mediodía en la esquina de Moreno y Vachina de Rawson, la ochava norte de Casa de Gobierno más próxima al despacho del gobernador Mariano Arcioni, quien viajó hoy a Comodoro Rivadavia, 400 km. al sur de esta capital.

La Legislatura de Chubut aprobó anoche en Rawson por mayoría el proyecto de diversificación productiva para la Meseta Central provincial que incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre y sin utilización de cianuro.

La zonificación minera estaba contemplada en la Ley 5001 que prohibía la actividad con uso de cianuro y a cielo abierto en el resto de la provincia; pero el mapa donde se concentraría la actividad nunca se había concretado y se aprobó después de 18 años.

La iniciativa oficial permitirá la minería de plata, cobre y plomo, sin la utilización de cianuro, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre.

 Hace dos semanas estábamos junto a miles de personas en plena marcha en Esquel. En la movilización, que se hace todos los días 4 de cada mes, había gente de todas las edades y se escuchaba con mucha fuerza  “El agua es para el pueblo, mineras no. Jamás podrán, el pueblo está en la calle no pasarán”. 

A pesar de que la lucha en Chubut lleva casi 20 años, ayer en menos de 1 hora, en una sesión sorpresa y sobre tablas, la legislatura de Chubut aprobó la ley de zonificación minera que habilita la megaminería en la provincia. 

Ni bien se supo de la noticia, vecinos de toda la provincia fueron a la Legislatura en Rawson, donde hubo represión con balas de goma y gases lacrimógenos, resultando heridos más de 20 asambleístas. La lucha de Chubut lleva 19 años, y la historia definitivamente podría ser comprada por Netflix para hacer una serie en la que la adrenalina, acción y tensión no faltarían.

Los vecinos y vecinas de la provincia desde el 2002 con la primera embestida minera, no frenaron su lucha. En 2003 en Esquel, donde se pretendía desarrollar el proyecto “Suyai” en manos de Meridian Gold, el pueblo comenzó a informarse, e informar sobre las  consecuencias que traería este proyecto, logrando así que se convoque a un plebiscito, para que los ciudadanos decidan el futuro de la ciudad. Con más del 81% ganó el rechazo al emprendimiento minero. Y ahí comenzó a gestarse esta resistencia, que se incrementa con los años convirtiéndo así a Chubut en un ejemplo de lucha socioambiental para todo Latinoamérica. 

Esquel sin dudas puso el tema en discusión en la provincia, lo que generó la creación de la ley 5001 que prohíbe la explotación minera, y la organización de todas las asambleas chubutenses, que resisten hasta el dia de hoy a las multinacionales, y al gobierno que actúa en contra de la voluntad popular.

En 2014, se presentó la primera iniciativa popular para prohibir en su totalidad la explotación minera, esta iniciativa fue ninguneo por la legislatura, siendo un acto bochornoso donde se fotografió al diputado Muñiz recibiendo instrucciones de un gerente de la minera. En 2020 la unión de asambleas de comunidades chubutenses presentó nuevamente una  iniciativa popular, juntando en plena pandemia 30.916 firmas, la historia se repitió y la legislatura rechazó de forma express nuevamente la voluntad del miles de vecinos.

Crisis democrática

La historia de la megaminería en Chubut se caracteriza por estar atravesada por una crisis democrática. Los ejemplos, sobran. En 2017, al hacer campaña para ser diputado nacional, centró uno de sus spots sobre su postura de  “NO a la megaminería que le quieren imponer desde Buenos Aires”. No solo eso, sino que en reiteradas entrevistas durante ese tiempo reafirmó que estaba muy en contra de instalar proyectos mineros en la provincia. Sin embargo, pasó de hacer campaña oponiéndose a la megaminería a ser el mayor propulsor de instalar un proyecto de este tipo. De hecho, el proyecto de zonificación  fue presentado por el mismo gobernador, que meses atrás había sido electo por decir algo distinto. 

Otro ejemplo es el video que se filtró hace un año del legislador del PRO Sebastián López pidiendo 100 lucas a cambio de votar a favor de esta ley. Hace dos semanas, Nahuel, un vecino de la asamblea, fue amenazado por la legisladora Tatiana Goic en plena sesión parlamentaria. 

Para completar esta escena antidemocrática, el gobierno provincial hace años que no duda en responder a la voluntad popular con violencia institucional.

Se están realizando movilizaciones en todo el país para pedir la derogación de esta ley y la intervención de la justicia federal. 

A pesar de que lo que sucedió ayer es uno de los capítulos más tristes, estamos seguras que este no es el final. La lucha sigue hoy más que nunca y el pueblo seguirá haciendo historia, resistiendo a la embestida minera.

NB/LAG

Entre gallos y medianoche, en una sesión ordinaria sorpresa y a espaldas de la sociedad. Así se aprobó anoche la megaminería en ciertas zonas del Chubut, donde la actividad estaba prohibida desde 2003. Aun antes de que se contaran los votos (14 a favor, 11 en contra, dos ausencias), había manifestantes en las calles, frente a la Legislatura, en distintas ciudades, insistiendo —como lo hacen desde hace casi dos décadas— con que “No es No”. 

La política hizo oídos sordos. Más que eso: rifó el agua de la provincia, un recurso ya escaso, posiblemente sentenciando a áreas enteras a convertirse en zonas de sacrificio en algunos años.

Chubut viene atravesando una emergencia hídrica. Tan extrema es la situación que hay poblaciones, como Yala Laubat, Cruz Epuyén, Cruz Comodoro y Cruz Pirámides, que están —en algunos casos, desde hace meses— sin agua. El fuego ya está arrasando nuevamente los bosques. Y, a futuro, el cambio climático no hará sino profundizar estos problemas. Sin embargo, el tema ni se mencionó en el debate de la nueva ley. Aun cuando lo que se aprobó es una actividad que usa millones de litros de agua por día y entra en competencia directa con el abastecimiento de la sociedad.

Las asambleas intentaron sumar su voz al proceso y arrojar luz sobre esta situación. Lo hicieron no solo en las calles, sino también a través de una Iniciativa Popular que buscaba incluir etapas y procesos no contemplados en la ley actual. Estaba avalada por 30.196 firmas, más del 7% del padrón electoral. Fue rechazada en una sesión exprés por la Legislatura en mayo. Pero ayer volvió a la sesión. Ahora buscan forzar un veto como sucedió en Mendoza en 2019.

No es difícil entender el porqué y para qué de la iniciativa oficial chubutense. Esta fue impulsada por el gobernador Mariano Arcioni, mismo funcionario que llegó al poder en 2017 apalancado, irónicamente, por una campaña en contra de la megaminería. Y tiene por detrás a la empresa canadiense Pan American Silver, que lleva 11 años empujando su Proyecto Navidad, un yacimiento de plata, cobre y plomo ubicado a 35 kilómetros de Gastre que la firma compró en 2009 (cuando la prohibición de la minería a gran escala y a cielo abierto estaba en plena vigencia). La política chubutense le entregó, ahora, una ley hecha a su medida, que habilita la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre. ¿Casual o causal?

Tal es la irregularidad del proceso que, entre quienes votaron afirmativamente, se incluye el diputado Sebastián López, quien hace un año fue expulsado del PRO después de que una cámara oculta revelara que había pedido $100.000 para votar a favor de la minería.

Así, hoy, la minería tiene luz verde oficial en el Chubut. Pero, no, licencia social. Tampoco el apoyo de sectores académicos y científicos como la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Chubut y representantes del Conicet. Desde Chubut, gran parte de la sociedad insisnte en que no bajarán los brazos: sigue en las calles, todavía resistiendo la iniciativa, afirman. Su lema es “No es No”, defendiendo su recurso más vital, el agua. Y lo van a seguir haciendo, por más de que desde la política sólo respondan con silencio, violencia y represión.

PA

Este miércoles se aprobó en Chubut el proyecto de diversificación productiva para la Meseta Central que incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre y sin utilización de cianuro. El proyecto de ley apareció sorpresivamente en la orden del día.

Mientras la discusión se producía en el recinto, los manifestantes antimineros comenzaron a concentrarse frente a la legislatura con sede en la calle Mitre de Rawson, la capital del Chubut, para manifestar su rechazo a la iniciativa lo que derivó en corridas debido a la represión policial.

Las manifestaciones continuaban en la madrugada y se aguarda la definición institucional ya que resta que el gobernador Mariano Arcioni promulgue la ley.

Quienes se oponen al proyecto de explotación del proyecto Navidad cuyo único interesado es la empresa minera canadiense Pan American Silver, sostienen que la compañía usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato. Pan American Silver es titular del 100% del proyecto Navidad, uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo.

NB