La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó por inexistencia de delito la denuncia del diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por supuestas agresiones durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el 1° de marzo pasado.

La magistrada concluyó que se trató de una “disputa política” que excede el ámbito penal, según la resolución y la decisión de Capuchetti podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.

Capuchetti archivó la denuncia que había presentado Manes contra Caputo y otra de Fernando Miguez contra Franco Iván Jeremías Antunez Pachol (conocido como Fran Fijap).

Se trató de “una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido”, dictaminó Capuchetti luego de haber recibido un dictamen del fiscal federal Ramiro González, quien había pedido impulsar la investigación con medidas de prueba.

“En todo caso, cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento en el interior del Honorable Congreso de la Nación debe abordarse conforme a los mecanismos administrativos establecidos por sus reglamentos internos, sin que ello implique directamente la intervención del ámbito penal”, agregó la jueza.

La magistrada advirtió en su resolución que “debe aclararse que la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”.

En ese marco, la jueza destacó, “las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo”.

“Si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética, no puede olvidarse que tales conductas se desarrollan dentro de un ámbito en el que la confrontación de ideas es no solo aceptada, sino también estimulada por el diseño institucional del sistema democrático”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La jueza María Eugenia Capuchetti determinó este lunes la falta de pruebas para mantener detenidos a los tres acusados de integrar una supuesta “célula terrorista” y ordenó sus libertades, informaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo a la causa. El caso incluía contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados, publicó este miércoles elDiarioAR tras consultar el expediente y fuentes del caso.  

Un peluquero y un profesor de tenis de mesa de origen sirio estaban imputados de formar parte de una organización que buscaba presuntamente atentar contra edificios de la colectividad judía en Buenos Aires. Permanecían detenidos desde el 30 de diciembre último en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA). El tercer detenido liberado es un argentino que dijo ser agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos y que denunció a los otros dos acusados. De los dichos de este hombre surge que el caso se habría basado en sus elucubraciones, según pudo establecer este medio con base en fuentes con acceso a la causa.

La jueza determinó la falta de mérito pero impuso a los tres hombres la obligación de concurrir ante el juzgado cada mes, entre los días 1 a 5, y les prohibió salir del país mientras dure la investigación.

El resultado del peritaje de los teléfonos permitió descartar las sospechas sobre los acusados hasta el momento. El profesor de tenis de mesa tiene nacionalidad colombiana y es de origen sirio mientras que el peluquero es argentino y vive en el Gran Buenos Aires. Los teléfonos no arrojaron ningún contenido que los vincule a actividades ni grupos terroristas, de acuerdo con fuentes judiciales. Tampoco que los vincule entre sí. Ellos dijeron a la Justicia que no se conocían entre sí, pero terminaron involucrados por la denuncia de un gendarme, dos denuncias anónimas y las elucubraciones de un hombre que se identificó como “El Rubio” y se hizo pasar por “agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos” y los denunció a ambos ante la Policía Federal. 

El peluquero y el profesor de tenis de mesa quedaron detenidos porque aparentemente iban a recibir un paquete sospechoso desde Yemen. El presunto paquete nunca fue hallado por las autoridades y estas determinaron que nunca existió. El expediente tiene contradicciones, escasas pruebas hasta el momento y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados, como publicó elDiarioAR el último miércoles.

“En efecto, no se pudo corroborar la existencia de la supuesta encomienda —el paquete— que iba a llegar al país y que fuera aludida en la información que dio inicio a esta investigación”, afirmó la magistrada.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria verificó además que las credenciales y documentos secuestrados al ciudadano colombiano de origen sirio y la fuerza corroboró que poseían las medidas de seguridad correspondientes y no observaban maniobras de adulteración física. Además, el Consulado de Colombia en Buenos Aires informó que tanto las cédulas de identidad como el pasaporte del hombre se encuentran vigentes y asociadas a dicha persona, por lo que se descartó la supuesta adulteración de los documentos y una falsa identidad.

Neutralizando

El 3 de enero último, la ministra Bullrich dijo a los medios: “Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”. Luego afirmó: “Las tres personas están vinculadas -por los tres detenidos- y sabíamos que llegaban en distintos vuelos y que estaban a la espera de un paquete de Yemen”.

Bullrich agregó: “Estuvimos trabajando y mandamos todo el equipo porque teníamos la entrada de tres personas por distintos aeropuertos”, agregó Bullrich y dijo que la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinincri) del ministerio de Seguridad estuvo trabajando sobre los perfiles de los denunciados. “Había un dato que nos preocupaba: que el hotel estaba cerca de la embajada de Israel”. Aquí, lo que sucedió más allá de la versión oficial.

“De momento, no se ha incorporado elemento de prueba que permita corroborar la hipótesis investigada y que formó parte de la imputación mencionada. En efecto, la situación de los nombrados plantea una serie de interrogantes que aún deben esclarecerse para dictar una decisión conclusiva en alguno de los sentidos dispuestos por el ordenamiento ritual”, sostuvo la jueza Capuchetti en su resolución.

La historia

La causa comenzó caratulada como “averiguación de delito” y los detenidos terminaron acusados de “integrar una asociación criminal trasnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentados terroristas” y que “registraría actividades en distintos países de la región, en particular Colombia, desde donde se habría organizado la perpetración de un ataque –presumiblemente, con explosivos– a un inmueble localizado en el ámbito de esta ciudad vinculado a la colectividad judía”.

El expediente se inició por una denuncia telefónica el 28 de diciembre por la tarde cuando un funcionario del área de Seguridad de la Embajada de Israel en Buenos Aires se comunicó con el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, indicando que debía informar acerca de un posible delito. 

El funcionario de la embajada sostuvo que un gendarme argentino había llamado a la sede diplomática para afirmar que un ciudadano de origen sirio y pasaporte colombiano estaba por ingresar al país, al cual identificó con nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, y remitió incluso copia de su pasaporte.

La Federal dio intervención al juzgado de turno, a cargo de Servini, y por orden de la jueza ubicó al gendarme, pero su apellido no era Romero. Así comenzó la historia de la fallida “célula terrorista”, que sigue así.

ED/JJD

Noticia en desarrollo.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri; a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y otros exfuncionarios en la causa conocida como “mesa judicial” del macrismo, ante sospechas que armaron causas contra la oposición.

Se trata de un caso de “lawfare” denunciado por el kirchnerismo en cuanto al supuesto complot para el armado de causas judiciales entre el macrismo y un sector de la Justicia. Para la jueza Capuchetti, no existen pruebas que haya existido tal maniobra. 

Además de no dar por probada la denuncia, la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccional las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, según la jueza.

También valoró que no puede considerarse como presión los comentarios en la prensa sobre esos magistrados. “Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. ”Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada“, se advirtió. 

“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino, en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, según la jueza para la cual las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno”.

“La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”, concluyó.

El fallo fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. En cuanto a “Pepin” Rodríguez está prófugo aún en el marco de otra denuncia que le hicieron en su contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la cual conocida como Oil Combustibles. 

Con información de agencias.

IG

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio oral, en forma parcial, de la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre pasado. Según fuentes judiciales, es el tramo que atañe a las tres personas detenidas.

Se trata de la parte central del caso, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, el supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La magistrada lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar la elevación a debate oral.

Telleldín, quien estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes pasado, luego de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, también avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, escribió Capuchetti en la resolución.

Esta mañana, la defensa del detenido Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado. “Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Marano.

El abogado respondió de esa manera a la jueza Capuchetti, quien le había pedido opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después, Uliarte cambió de abogado al designar a Telleldín.

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación, vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

Por su parte, la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio, al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

Sin embargo, la querella de Fernández de Kirchner reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación de Gerardo Milman, diputado del PRO, o integrantes de la agrupación Revolución Federal. De todos modos, se aclaró que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”. Aclaró también que el pedido de elevación a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

LC con información de agencia Télam

Brenda Uriarte, detenida por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, designó este viernes como abogado defensor a Carlos Telleldín, quien estuvo involucrado y luego fue absuelto en la causa por el atentado contra la AMIA. Esta semana, su representación oficial aceptó el envío parcial del caso a juicio.

De esta manera, Uliarte reemplazó a su defensor oficial Gustavo Kollman, mientras la causa podría ser enviada a juicio en el tramo referido a la acusación contra su persona y a los otros dos detenidos: su novio Fernando Sabag Montiel y Gabriel Carrizo. La designación de Telleldín fue notificada a las partes mediante cédula desde el juzgado que lleva la causa, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Telleldín estuvo casi una década detenido, acusado como supuesto partícipe necesario del atentado a la AMIA. En la cárcel se recibió de abogado, profesión que ejerce desde que fue liberado tras su absolución en un primer juicio por ese ataque terrorista en 2003. En 2020, Telleldín fue sometido a un segundo juicio por orden de la Corte Suprema de Justicia, la cual revocó la absolución en cuanto a su rol como proveedor de la camioneta usada como cochebomba el 18 de julio de 1994 contra la sede de la mutual judía en Pasteur 633.

En este segundo debate oral, Telleldín también resultó absuelto.

Al quedar detenida el año pasado, se especuló con que Uliarte nombraría a Telleldín como defensor, pero luego aceptó la defensa oficial. La mujer está procesada con prisión preventiva como supuesta coautora del intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, cuando su pareja gatilló un arma a centímetros del rostro de la expresidenta, pero la bala no salió.

Esta semana, Capuchetti consultó a las defensas sobre el cierre de esta parte de la causa para su envío a juicio oral. Kollman, hasta ahora defensor oficial de Uliarte mostró su aceptación en un escrito en el que pidió que se pase a esa etapa procesal “a la brevedad posible”.

Por otra parte, la querella de la Vicepresidenta se opuso a la elevación a juicio parcial, sin agotar la investigación sobre la posible vinculación del diputado del PRO Gerardo Milman y otras líneas abiertas en la pesquisa.

El cambio de abogado se dio en la misma semana en la que Uliarte tuvo un “episodio psicótico” que ella misma vinculó al hecho que iba a ver a Sabag Montiel, ya que ambos serían trasladados a los tribunales de San Martín por un expediente en el que están imputados. Ese episodio ocurrió el martes pasado, cuando Uliarte entró en “estado de exaltación” hasta el punto de que salió al patio del pabellón del penal de Ezeiza y golpeó un caño, según reconstruyeron.

Al día siguiente, Uliarte aceptó ser entrevistada por psicólogas del Servicio Penitenciario Federal y la conversación transcurrió con normalidad, hasta que Uliarte comenzó a expresar ideas que parecían alejadas de la realidad. Por eso, las fuente señalaron que se le diagnosticó un “retraso mental leve”.

LC con información de agencia Télam

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio designó un abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cometido el 1 de septiembre pasado. Al vicepresidente del bloque PRO se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes, en un bar cercano al Congreso Nacional.

Milman designó a Manuel Barros, quien fue abogado de Gendarmería Nacional y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó Sergio Maldonado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado, informaron fuentes judiciales.

La decisión del diputado, quien no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una “autoimputación”.

“Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)”, sostuvo Milman en la presentación.

De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga, mientras que el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado. Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta, debido a que Milman no está imputado.

La decisión de la jueza fue apelada, por lo que el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar algún elemento que permita acreditar o descartar si el diputado tuvo alguna vinculación con el atentado contra la expresidenta, el 1 de septiembre pasado.

Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado, ya que la Ley de Fueros establece que para avanzar en una medida de estas características, se debería imputar al legislador la comisión de un delito.

La “pista Milman”

La llamada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado, cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la magistrada Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La medida del secuestro del teléfono celular, que hasta ahora fue rechazada por la jueza, también fue reclamada la semana pasada por el fiscal Carlos Rívolo, en una posición sostenida ante la Cámara Federal porteña: “Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal”.

“No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

“La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo (Abello y Bohdziewicz)”, agregó el fiscal.

La exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular, cuya maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta, días antes de que ocurriera.

La “pista Milman” está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como “partícipe secundario”, Gabriel Carrizo.

En ese dictamen, Rívolo remarcó que debe seguir la investigación en pos de establecer si hubo autores intelectuales. Sin embargo, la querella se opone a que el caso vaya a juicio aún y reclamó que se ordenen nuevas medidas de prueba.

La medida que sí habilitó la jueza en relación a la pista Milman era un entrecruzamiento de llamadas limitado al análisis de las llamadas entrantes y salientes de los imputados: allí debía buscarse que existieron comunicaciones entre ellos y el diputado nacional o alguna de sus asesoras.

Ayer jueves, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) informó que entre el 1 de agosto del 2022 y el 2 de noviembre del mismo años no existieron comunicaciones entre esos dos grupos de personas.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que la quieren “presa o muerta” y acusó a las autoridades judiciales que investigan el intento de magnicidio en su contra de “impedir que salga a la luz la verdad”. Fue a través de un texto titulado “A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”.

“Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”, sostuvo la expresidenta en la carta que difundió en sus redes sociales. Rechazó así la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo, en contramano a los pedidos de la querella.

“Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, apuntó la exmandataria. De esa manera arremetió contra quienes tienen a cargo la investigación: “Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.

En cuanto a los motivos que brindó el fiscal en su pedido de elevación a juicio, Fernández de Kirchner objetó que “omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”.

“Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos”, cuestionó y advirtió que, con esta decisión, las demás pruebas “no se investigan nunca más”. “Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”, agregó y sentenció que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”.

El mensaje completo de la vicepresidenta

“En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. 

En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.

Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido.

Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa.

Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich , en Av. De Mayo.

Curiosamente, este hecho es el único “olvido” de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias.

Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores.

Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque.

Respecto del imputado Carrizo, quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado, Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó. 

Además, el fiscal no se expresa en lo más mínimo respecto al borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza.

Esto se vincula con que Rívolo no se expresa respecto de las medidas de prueba pendientes de producción, que hacen inadmisible elevar la causa a juicio. 

Todo esto, entre otras decenas de pruebas que la querella que ejerzo detalló y requirió incesantemente, y particularmente al oponerme a la elevación a juicio. No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde “atrás”.

Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta.“

LC con información de agencia Télam

Dos fiscales solicitaron este jueves que el exministro de Salud Ginés González García que sea citado a indagatoria por la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el Coronavirus a personas “elegidas discrecionalmente y por afinidad, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos”, según fuentes judiciales.

El requerimiento fue formulado por el fiscal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, mediante un escrito de 100 páginas entregado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien en su momento había dispuesto el archivo parcial de la causa.

Los fiscales también pidieron la indagatoria del extitular del Hospital Posadas, Alberto Maceira; la exjefa del servicio de medicina preventiva de ese hospital, María Elena Borda; el exsecretario privado del exministro, Marcelo Guille; y de Alejandro Salvador Costa, quien se desempeñaba en ese entonces como subsecretario de Estrategias Sanitarias.

A todos ellos se los acusa de haber suministrado vacunas contra el Covid-19 a principios del 2021, a personas que no estaban entre las que encabezaban la “priorización establecida por la norma”, es decir que aún no habían sido alcanzadas por el Plan Estratégico de Vacunación.

Taiano y Rodríguez describieron tres hechos diferenciados en su imputación:

La Justicia les achaca los cargos de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios.

LC con información de agencia Télam

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes el pedido de secuestro del teléfono del diputado nacional del PRO Gerardo Milman, medida que había sido solicitada por el fiscal Carlos Rivolo en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo surge de la misma resolución con la que la magistrada ordenó extraer la información del segundo teléfono secuestrado el jueves pasado a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, con el objetivo de buscar información que permita avanzar o descartar con la pista que conectaría al diputado nacional con el ataque a la expresidenta.

Son medidas solicitadas en el marco de la llamada “pista Milman”, iniciada a partir de Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, quien se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del fallido ataque, había escuchado al diputado opositor decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

La jueza recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado -algo escrito en el expediente por la propia fiscalía-, por lo que resolvió no hacer lugar “a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional”. Capuchetti contestó que para avanzar con medidas como la del secuestro debería “efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”, a lo que agregó: “Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, 'hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado'”.

La medida había sido solicitada por el fiscal Rivolo luego de que Ivana Bohdzewicz, una exsecretaria de Milman, se presentara en Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial. Contó que puso su teléfono en manos de un “perito”, supuestamente facilitado por Milman en oficinas atribuidas a Patricia Bullrich, para que le borrara información personal que no quería que trascendiera.

El planteo de la fiscalía se produjo mientras el expediente estaba bajo secreto de sumario, por lo que no trascendió hasta hoy lunes que también había solicitado que se realizara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, su exsecretaria Bohdzewicz, su asesora Gómez Mónaco y entre ellas los imputados del caso. “Respecto del entrecruzamiento solicitado, entiende la suscripta que, de momento no corresponde hacer lugar a esa diligencia en los términos en los que se encuentra formulado por el MPF; ello, teniendo en cuenta que en las presentes actuaciones obran las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos, durante el período solicitado por el Sr. Fiscal, por lo tanto, esa dependencia puede realizar el cotejo pertinente; no resultando ser esa diligencia una medida de carácter jurisdiccional”, respondió la jueza.

La fiscalía había reclamado las medidas tras la declaración de Bohdzewicz, de donde ese desprendía que Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la causa del atentado fallido contra la vicepresidenta. De todos modos, la testigo refirió que la información borrada de su teléfono -que luego habría sido recuperada en buena medida- estaba vinculada con su vida privada.

En su última declaración, Bohdzewicz sostuvo que el 10 de noviembre pasado mantuvo un encuentro con Gómez Mónaco, y que en esa reunión su otra compañera infundió preocupación al comentarle que seguiría filtrándose en los medios información sobre ellas, luego de que asistieran a prestar declaración testimonial ante esta sede judicial.

En su resolución, Capuchetti destacó que la exsecretaria de Milman declaró 3 veces en en el marco de este expediente: el 1 de diciembre dijo “yo me asesoré pero lo decidí yo por voluntad propia”, el 14 de diciembre -al entregar su celular- dijo que había recuperado información borrada y el 5 de mayo relató como el borrado fue aparentemente realizado por un “perito”.

En cuanto a la información que pueda hallarse en el teléfono de Gómez Mónaco, la jueza autorizó a la fiscalía “a que solicite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la extracción forense de la información de dicho aparato, y luego encomiende a dicha fuerza y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF la realización de un análisis de la información que se obtenga al respecto”.

El análisis de la información “deberá limitarse a las conversaciones y/o material digital orientado a la comprobación de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022”.

“El análisis deberá limitarse al período comprendido entre el 01/07/22 y el 01/12/22”, precisó la magistrada, quien remarcó que “el estudio deberá ser realizado con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso, la cual, de ser obtenida, deberá ser eliminada una vez concluido el estudio”.

LC con información de agencia Télam

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó por “improcedente” la recusación de la querella de Cristina Fernández de Kirchner contra el fiscal Carlos Rívolo en la causa por el intento de atentado a la vicepresidenta. Además, se secuestró el segundo teléfono de la asesora del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La recusación y el secuestro del celular ordenado por la jueza a instancias del propio fiscal tuvieron un mismo punto de inicio: la ampliación de la declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, donde reveló que su compañera Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado, tenía un segundo celular que no había entregado a la justicia.

Bohdziewicz y Gómez Mónaco son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado -dos días antes del intento de asesinato de la vicepresidenta-, cuando habría pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, según declaró el testigo Jorge Abello, asesor de un diputado del Frente de Todos.

Desde la primera vez que fueron convocadas como testigos, los abogados de la expresidenta reclamaron los secuestros de los teléfonos celulares de las asesoras de Milman. Aunque ellas negaron la frase que se le atribuyó a Milman, para la querella se trataba de una medida de prueba necesaria para buscar otros elementos que permitieran confirmar o descartar algún vínculo del dirigente señalado con el ataque.

El secuestro de los celulares primero fue rechazado por Capuchetti, pero días más tarde fue autorizada por la Cámara Federal porteña, por lo que se llevó a cabo el 1 diciembre del año pasado, cuando las mujeres se presentaron con sus equipos en la fiscalía. El miércoles, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró un segundo teléfono de Gómez Mónaco, el cual no había sido entregado en su momento.

Bohdziewicz amplió su testimonial el viernes pasado y reveló que su celular había sido manipulado por “un perito” en oficinas que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, y que esa operatoria consistió en el borrado de información, la cual luego se habría podido recuperar. En todo momento, explicó que buscó evitar que se filtraran datos vinculados a su vida privada y que no había información sobre el ataque a la vicepresidenta.

En la misma declaración, relató que Gómez Mónaco había entregado a la justicia un teléfono nuevo y que tenía otro que no estaba a su nombre, aparentemente nunca entregado. “Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre”, sostuvo Bohdziewicz en su declaración.

Del relato de la exsecretaria se desprende que ese día se encontraron en un bar porteño y que luego se fueron en Subte hasta unas oficinas que serían de Bullrich, donde las esperaba Milman y “un perito” que manipularía sus teléfonos celulares. Añadió que, en su caso, se le borraría la información que ella solicitara por temor a que se filtrara.

En cuanto a los teléfonos de Gómez Mónaco, Bohdziewicz dijo que en aquella reunión “deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo (…) con la línea que presentó (ante la justicia). Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó”.

La ya apartada secretaria tenía fecha para ampliar su declaración testimonial esta semana, pero apareció espontáneamente el viernes pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, acompañada por el abogado Rafael Benedicto Díaz Flaqué, para pedir que se concretara la declaración en ese momento porque había sufrido “presiones”.

Atribuyó dichas presiones a su compañera Gómez Mónaco, quien -según dijo y aportó prueba- la llamó de modo insistente desde que se enteró que tenía previsto ampliar su declaración testimonial.

En ese punto versaba la recusación que la querella presentó contra el fiscal Rívolo: los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira acusaron a la fiscalía de haber filtrado el dato de que Bohdziewicz ampliaría su indagatoria antes de que la información estuviera cargada en el sistema al que acceden las partes.

El pedido de ampliación de la declaración testimonial fue presentado por Bohdziewicz y Díaz Flaqué el 2 de mayo pasado, y los abogados de la vicepresidenta aseguran que Gómez Mónaco se enteró ese mismo día, antes que el planteo -que contenía un error enmendado- fuera cargado en el sistema 24 horas más tarde, por lo que atribuyeron la filtración a la fiscalía. Aseguran que eso fue lo que habría generado que Gómez Mónaco retomara su abandonado contacto con Bohdziewicz, en el afán de querer saber sus motivaciones.

Al rechazar la recusación, Capuchetti sostuvo que el pedido de apartar a Rívolo está basado en “afirmaciones meramente conjeturales” realizadas por la querella, y recordó que el fiscal estaba en el exterior cuando la mujer pidió ampliar su testimonial y cuando finalmente lo hizo, algo que la querella también ponderó en su presentación.

LC con información de agencia Télam

La jueza María Servini se declaró incompetente en la investigación que intenta determinar en qué circunstancias se borraron los datos del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y le envió el expediente a la magistrada que ya tiene la causa por el intento de magnicidio, María Eugenia Capuchetti.

Servini coincidió con un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien avanzó en dicha investigación hasta que llegó a un punto en el que para continuar, debía peritarse el aparato, actualmente secuestrado en el juzgado de Capuchetti.

En la causa de Servini y Delgado se determinó, sobre una línea de tiempo configurada por la Gendarmería Nacional, que el atentado fue cometido a las 20:50 del primero de setiembre de 2022, pero el teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado el 2 de setiembre a las 00:23, casi tres horas y media después, lapso en el cual permaneció en poder del atacante.

Un testigo declaró que policías de la Policía Federal intentaron abrir el teléfono en el lugar de los hechos, pero no lo consiguieron y el aparato quedó “con la pantalla de color azul. Posteriormente, en el despacho de Capuchetti, hubo nuevos intentos de extraer información del aparato, pero tras ”varias horas“, un experto en Ciberdelito de la Federal desistió.

Según las actas, el teléfono celular estaba apagado cuando fue guardado en la caja fuerte del juzgado, pero horas más tarde, al ser extraído de allí para enviarlo a los laboratorios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estaba encendido. De esa manera llegó a sus laboratorios de Ezeiza, donde los nuevos y fallidos intentos para extraer la información causaron el estado de “reseteo de fábrica”.

La jueza Servini detectó que el aparato fue encendido en dos oportunidades al día siguiente, hecho que no fue consignado por los peritos de la PSA. Ahora, la jueza Capuchetti deberá determinar si acepta investigar qué ocurrió con el teléfono o si insiste en que lo haga Servini. En este último caso, será la Cámara Federal la encargada de resolver el conflicto de competencia.

LC con información de agencia NA

Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, escribió otra carta desde la cárcel y denunció que lo “quieren hacer desparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri”.

La misiva, tiene fecha del martes 14 de marzo, y se conoce luego de que trascendieran los detalles de su carta anterior y de que un productor televisivo del canal de C5N lo entrevistara a través del teléfono que él dejó de contacto en el escrito judicial para que el fiscal Diego Luciani lo llamara.

La carta, que arranca con la frase “Pronto despacho”, está dirigida a los jueces que condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión por la causa de la Obra Pública.

“Me dirijo a la Cámara Oral en lo Criminal Federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Les pido que recusen a María Eugenia Capuchetti”, escribió.

El pedido de recusación lo motorizó la querella de la ex presidenta, que asegura que la magistrada no quiere investigar las vinculaciones políticas del atentado. Sabag Montiel le pidió a los jueces del tribunal oral que “tomen la causa ya que hice el habeas corpus”. El acusado reiteró que la magistrada quiere que le saquen a sus abogados, los defensores oficiales que lo asisten, y a los que él se niega a recibir.

“Están comprados por CFK. Me rompieron el celular en la PSA y me robaron mis instrumentos musicales y mis tres automóviles. Coimearon a Leandro Ulliarte, el padre de Brenda Ulliarte. CFK le dio una casa para tenernos secuestrados”, indicó.

El joven también aseguró que a Gabriel Carrizo, el sindicado como jefe de los “copitos” y preso como partícipe secundario del ataque, le “plantaron un arma” y agregó “como (Diego) Lagomarsino en el caso (Alberto) Nisman”.

Además, aseguró que “arreglaron” con su inquilino y al que le alquilaba para quedarse con sus propiedades. Y repitió: “Lo de Revolución Federal es falso. Están armando una historia falsa para los medios y me tienen secuestrado y no me dejan comunicarme con nadie ni que reciba visitas”.

“Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri. Llamenmé (y vuelve a dejar su número de teléfono). Gracias”, expresó.

El lunes pasado, Sabag Montiel había escrito una carta para el fiscal Luciani, que nunca llegó a sus manos y se incorporó al expediente. La misma era del 3 de marzo, antes de que la Cámara Federal instara al elevar a juicio oral la situación de los tres detenidos en el ataque contra Cristina Kirchner: Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

La jueza Capuchetti le pidió a la fiscalía cumplir con las instrucciones del tribunal, pero el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la causa, entendió que aún faltan una serie de medidas para dar por cerrada esta parte de la investigación.

“Sí, (el arma) estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma”, confirmó Sabag Miontiel respecto al ataque fallido contra la Vicepresidenta.

Con información de NA.

IG

El fiscal federal Carlos Rívolo advirtió que faltan medidas de prueba “indispensables” en la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dar por concluida la pesquisa y disponer su envío a juicio oral.

Lo hizo en una respuesta enviada a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, y en relación a un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que consideró “indispensable” el pronto envío del caso a la etapa de juicio por entender “agotada” la investigación, según informaron fuentes judiciales.

Capuchetti ofició al fiscal, quien tiene delegada la causa y le adjuntó copia de lo resuelto por la Cámara para ponerlo al tanto de esa directiva, la cual manifestó compartirla con el fin de que procediera para el paso a juicio oral y público, de acuerdo con fuentes del caso.

Rívolo tiene delegada la investigación porque así lo resolvió Capuchetti cuando fue recusada por la querella que representa a Cristina Fernández. De todos modos, la jueza tiene la facultad de reasumirla en cualquier etapa de la misma, como recordó la fiscalía en su respuesta.

“Se están produciendo y llevando adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, dijo la fiscalía sobre la causa en la que están detenidos el autor material del hecho Fernando Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo.

Fue durante un incidente para resolver un planteo de prisión domiciliaria de Carrizo el cual fue rechazado, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron esta semana que la investigación está “agotada” y debe ser enviada a juicio.

El propio Llorens había sentenciado hace días que “luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”. Bruglia y Bertuzzi le le imprecaron a la jueza que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.

Sin embargo, la fiscalía remarcó que hay medidas de prueba pendientes, entre ellas un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado a Sabag Montiel en su detención, luego de disparar sin éxito a la vicepresidenta la noche del 1 de septiembre, en medio de una marcha de apoyo a la funcionaria en el regreso a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

La fiscalía destacó que de poder acceder al contenido del teléfono, el cual fue “reseteado de fábrica” tras ser manipulado por la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria apenas iniciada la investigación, lograría obtenerse cualquier nueva prueba de importancia en la etapa de instrucción del caso, previa al envío a juicio de los tres detenidos.

Asimismo, este es uno de los planteos de la querella de la vicepresidenta, que sostiene que debe profundizarse la investigación en relación a los supuestos autores intelectuales, antes de darla por concluida.

Los fiscales continúan en la búsqueda de una solución tecnológica para acceder al contenido del teléfono de Sabag Montiel, sin correr el riesgo de que quede inutilizable, expresó también Rívolo. “No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria”, subrayó.

La fiscalía añadió que está “a la espera de la información relativa a la posibilidad de realizar sobre el dispositivo celular del imputado un procedimiento conocido como ‘rooteo’ para lograr realizar una adquisición del tipo física, el costo que tendría el servicio, el procedimiento a realizar y las limitaciones y/o riesgos que éste podría conllevar, a efectos de evaluar su viabilidad y concreción en esta etapa del proceso”.

LC con información de agencias

La Cámara Federal porteña instó este miércoles a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar hacia la elevación de la parte principal del caso por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a juicio oral y público. Además, rechazaron el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo, detenido y procesado como partícipe secundario, para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación, según fuentes judiciales.

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones resolvieron “confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo”. Esto es porque consideran que aún se encuentra “configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación”, según surge del fallo.

En la misma resolución, a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza federal Capuchetti a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho del primero de septiembre pasado por el que, además de Carrizo, considerado como jefe de “Los Copitos”, están detenidos los acusados de ser autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron mediante un voto conjunto “instar a la a quo -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, lo que implicaría que el caso avance a un juicio oral y público.

Por su parte, el camarista Mariano Llorens sostuvo que “más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”.

En el último tiempo, la querella realizó diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte. La causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta está delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo.

LC con información de agencias

La Cámara Federal porteña rechazó este lunes un nuevo planteo de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para apartar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de asesinato en su contra, cometido el 1 de septiembre pasado.

La decisión fue del juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien rechazó los planteos hechos por los apoderados de la Vicepresidenta en la causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, según la resolución.

Los letrados pidieron que se aparte a la magistrada de la causa que investiga el intento de magnicidio por supuestas “actividades incompatibles” con su función, vinculadas a una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.

En una audiencia ante el juez realizada el jueves pasado de manera presencial, los abogados argumentaron que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.

Además, la querella remarcó que además “no sólo se trata de tareas incompatibles con su función” sino que marcarían “un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad porteño.

El camarista Bruglia rechazó los argumentos al sostener que son “ajenos” al proceso y responden a la “creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado”.

El juez evaluó que no se probó que “la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”.

“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas”, concluyó.

Bruglia sostuvo además que “resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite”.

“Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este”, concluyó.

En su resolución, Bruglia realizó “una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado”.

El juez entendió que resultaron “opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio”.

“Corresponde, a todo evento, poner en conocimiento de los hechos al Colegio Público de Abogados, al igual que a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. A tal fin ordenaré los oficios respectivos con copia de las piezas pertinentes”, concluyó en la resolución.

Con información de Télam.

IG

La audiencia en la que la Cámara Federal tratará un planteo de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti formulado por los abogados de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner se realizará de manera “presencial” para “garantizar su publicidad”.

Así lo resolvió hoy el juez Leopoldo Bruglia, al responder a un planteo que formularon los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal para que la audiencia se transmitiera en vivo por alguna plataforma audiovisual en internet.

“En atención a lo solicitado y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12, en la sede de este Tribunal”, dispuso el camarista Bruglia.

La resolución no menciona específicamente si medios de comunicación podrán transmitir en vivo esa instancia.

Los abogados de la vicepresidenta le habían pedido a la Cámara Federal porteña que permitiera la transmisión por medios audiovisuales, al considerar que “la publicidad de una audiencia oral como esta se funda en su trascendencia e interés públicos”.

La vicepresidenta recusó en al menos tres oportunidades y por diferentes razones a la jueza Capuchetti y tras sendos rechazos, la Cámara convocó a una audiencia de revisión de esa decisión.

“No sólo se trata de un caso al que esta Cámara ya se ha referido como de gravedad institucional sino, además, de una circunstancia en la que se discuten temas básicos para nuestra sociedad, como lo son separación e independencia de poderes y la conducta que deben respetar los funcionarios públicos”, sostiene el escrito.

La Sala en la que se celebrará la audiencia tiene una capacidad limitada y la resolución no menciona la posibilidad de que alguna plataforma virtual oficial del Poder Judicial se haga cargo de la transmisión.

Lo usual en estos casos es que cada medio interesado en transmitir las circunstancias de la audiencia se acredite y solicite una autorización previamente al comienzo del acto.

Los abogados de Cristina Kirchner destacaron que “la publicidad de todas las audiencias -pero más aún de las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía-, de acuerdo con la Corte Suprema, conduce a una mejora de la calidad institucional que el Poder Judicial ofrece y profundiza el Estado constitucional de derecho”.

Originariamente, la audiencia estaba prevista para la modalidad remota, mediante el programa informático Zoom.

Con información de agencia NA

Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

ED

Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos” y detenido por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, declara este martes en Comodoro Py en una ampliación de la indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

“Va a declarar, quiere aclarar toda la situación”, anunció su abogado, Gastón Marano, sobre la audiencia de este martes.

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en su teléfono.

Esos chats parecen incriminatorios sobre la presunta participación de Carrizo en el intento de magnicidio, pero el imputado argumenta que se trataron de “bromas” a amigos y conocidos, con quienes se vanagloriaba de conductas en las que no participó.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados”, dijo la Cámara al ordenar la ampliación de la declaración.

La indagatoria se pospuso en dos oportunidades a la espera de que la jueza y el fiscal regresaran de sus vacaciones de enero, durante la feria judicial.

Según la defensa de Carrizo, el imputado “va a explicar a quién le mandó esos mensajes y por qué lo hizo” y, además, sugerirá nuevos elementos de investigación a la jueza Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal.

Con información de NA.

IG

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano. 

Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro. 

En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.

La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.

El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.

La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo. 

Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.

Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos. 

Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.

Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.

El teléfono y el caso 

No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.

El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que entiende en la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una “dependencia” con el Ministerio de Seguridad porteño, según informó este lunes en sus redes sociales.

Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación “en épocas de derechas violentas”, en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, señaló la exmandataria en sus redes sociales.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida en las primeras horas de la mañana, los letrados de la vicepresidenta sostuvieron que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”, indicó el texto.

La presentación completa

Con información de agencias.

IG