El lanzamiento de la denominada Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y el periodismo, con una contundente reacción del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre riesgos institucionales y un posible avance del Estado sobre la libertad de expresión.

La nueva herramienta comunicacional fue presentada este jueves a través de la red social X y tendrá como objetivo “contestar públicamente noticias falsas”, “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa surge ante un escenario en el que, tras el retiro de la pauta oficial, las críticas y falsedades se volvieron “más ruidosas”.

En su comunicado inaugural, la Oficina afirmó que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y remarcó que su accionar no implica censura, sino “combatir la desinformación brindando más información”. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron, al tiempo que aclararon que no buscan “convencer ni imponer una mirada”, sino aportar herramientas para que la ciudadanía pueda “distinguir hechos de operaciones”.

Sin embargo, la reacción de FOPEA fue crítica. A través de un comunicado, la entidad manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta oficial, al considerar que el Gobierno pretende arrogarse la facultad de definir una “verdad oficial” desde una posición de poder. “La búsqueda de la verdad es una tarea profesional del periodismo, basada en el rigor, el chequeo y la multiplicidad de fuentes, no en la imposición de un dogma”, advirtió la organización.

FOPEA alertó además sobre la “gravedad institucional” que implica montar desde el Estado lo que calificó como un “tribunal de la verdad”, y remarcó que la difusión de la iniciativa desde la cuenta oficial confirma el uso de recursos públicos para “vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.

El pronunciamiento también contextualizó la medida dentro de un escenario más amplio de restricciones al acceso a la información pública, al recordar cambios recientes por decreto en esa normativa, la falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial activa. “El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, sostuvo FOPEA.

Con este nuevo cruce, la relación entre el Gobierno y el periodismo suma un capítulo más de tensión. Mientras el Ejecutivo defiende la Oficina de Respuesta Oficial como una herramienta para enfrentar la desinformación, la entindad advierten que el límite entre desmentir y condicionar el debate público puede volverse difuso, con consecuencias directas para la libertad de expresión y la rendición de cuentas en una sociedad democrática.

Con información de NA y FOPEA

JIB

Un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) difundido este jueves identificó que, desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente argentino, Javier Milei, publicó más de 16.800 mensajes con insultos en la red social X.

De acuerdo con el estudio, titulado 'El insulto como estrategia' y que analizó más de 113.000 publicaciones de Milei en X entre su asunción el 10 de diciembre de 2023 y el pasado 15 de septiembre, uno de cada siete posteos del mandatario contienen expresiones insultantes, despectivas o estigmatizantes dirigidas a personas, empresas y entidades. Entre ellas al menos 62 periodistas y 14 medios de comunicación.

El trabajo, que enfatizó que Milei publica en promedio 60 posteos diarios con insultos, fue realizado por el Data Journalism Visualization Bootcamp (DJV) de Fopea y destacó que el presidente utiliza el insulto como parte central de su estrategia de comunicación en X desde su asunción.

“La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente”, subrayó Fopea.

El análisis identificó cinco grandes categorías de insultos: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. El insulto más utilizado fue “kuka”, una forma despectiva de referirse a los kirchneristas comparándolos con cucarachas, que utilizó en 2.286 menciones.

“Cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces”, añadió Fopea, que identificó que el 70 % de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contenían términos despectivos o estigmatizantes.

“La figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión”, agregó el informe, que advirtió que esto tuvo consecuencias en el ejercicio del periodismo: “Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos se volvió un mecanismo de defensa”.

Para la elaboración del proyecto, un equipo interdisciplinario analizó tanto las publicaciones originales como reposteos del presidente y puso a disposición del público un buscador de insultos y las bases de datos utilizadas.

El informe detectó un patrón temporal en el uso de insultos: “Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización”.

Periodistas y medios, blancos preferidos

La lista de periodistas y líderes de opinión atacados incluye a al menos 44 comunicadores: Alejandro Alfie, Baby Etchecopar, Carlos Pagni, Delfina Celichini, Diego Cabot, Diego Leuco, Diego Sehinkman, Eduardo Anguita, Ernesto Tenembaum, Facundo Pastor, Florencia Donovan, Galia Moldavsky, Hugo Alconada Mon, Ignacio Ortelli, Iván Ruiz, Iván Schargrodsky, Ivy Cángaro, Jairo Straccia, Jesica Bossi, Jonathan Heguier, Jorge Asís, Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, Jorge Rial, Juan Bracco, Julia Mengolini, Luciana Geuna, Luciana Peker, Luciana Rubinska, Luis Novaresio, Marcelo Bonelli, Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, María O'Donnell, Mónica Gutiérrez, Natasha Niebieskikwiat, Pablo Duggan, Roberto Navarro, Romina Manguel, Silvia Mercado, Tamara Pettinato, Úrsula Vargues y Víctor Hugo Morales.

En la misma muestra los medios atacados fueron Ámbito Financiero, BAE Negocios, C5N, Clarín, Crónica, Diario Popular, El Cronista, El Destape, La Nación, La Política Online, Olé, Página/12, Perfil y Revista Noticias, entre otros.

Metodología del informe

¿Cuál fue la fuente de datos que se usó para este trabajo?

Los datos que contienen los tuits y retuits del presidente Javier Milei se descargaron desde el sitio: milei-tuiter-trends (Ruta de tuits), retuits-milei (Ruta de retuits). Se recopiló el contenido entre el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 15 de septiembre de 2025. Para el análisis de datos se descargaron ambas bases en formato CSV.

¿Qué procedimientos se realizaron para procesar los datos?

Para la limpieza y el procesamiento de datos se utilizó Python v. 3.12.12. De manera complementaria se usó Microsoft Excel v. 2021 para tareas de baja complejidad.

¿Cómo se identificaron los insultos en la base de datos de tuits?

La detección de insultos se realizó mediante un enfoque híbrido y multietapa de procesamiento de lenguaje natural, con el fin de poder capturar la mayor cantidad de insultos posibles, teniendo en cuenta que el discurso analizado presenta un uso intensivo de expresiones no estandarizadas, tales como palabras inventadas, deformaciones léxicas locales, apodos y construcciones creativas propias del contexto político y cultural argentino. El preprocesamiento de los textos se llevó a cabo con las librerías de python NLTK y spaCy, e incluyó la normalización del contenido (limpieza, eliminación de stopwords, etc), para generar una columna de texto reducida. Sobre este corpus se aplicó un diccionario de sentimiento en español para asignar puntajes de polaridad. Se seleccionaron aquellos con mayor score para el sentimiento “hate”, y de este subconjunto se extrajeron las palabras con mayor frecuencia. A partir de los términos identificados, se generaron de forma automática variantes lingüísticas para considerar diferencias de género y número (masculino, femenino y plural, ej. tonto, tonta, tontos), ampliando el alcance del diccionario. Luego, se utilizó un LLM (Large Language Model) de OpenAI (GPT-4o mini) para enriquecer más aún el conjunto de insultos, incorporando usos propios del español de Argentina. Finalmente, se realizó una etapa de curación manual, destinada a validar los resultados e identificar formas derivadas o inventadas (como deformaciones de palabras base: ej. periosobres, periokukas, etc) y apodos (Mandrilesio, Mandrelli, etc). Esta revisión manual no se limitó a considerar palabras sueltas en los textos originales, sino que evaluó el contexto en el que aparecían, asegurando que fueran efectivamente utilizadas como insultos, consolidando así el listado final de ofensas.

 ¿Cómo se clasificaron los insultos?

Se los categorizó en cinco clases: despectivos, con contenido sexual, estigmatizante, animalización del discurso y contenido repulsivo.

¿Qué tipos de análisis se realizaron sobre la base de datos?

Sobre la cantidad de tuits y retuits, calculó el porcentaje de los que contenían insultos sobre la base del total. También se estableció una línea de tiempo por mes, relacionando cantidad de tuits y retuits totales, cantidad de tuits y retuits con al menos un insulto y se calcularon porcentajes para cada mes.

¿Cómo se escribió la historia?

El trabajo se encuadra en lo que se conoce como periodismo de datos por lo que cada contenido está directamente relacionado con los datos que fueron debidamente obtenidos y procesados. Previamente se realizó un rastreo en la Web para poner en contexto el tema que nos ocupa. Luego se analizaron las hojas de cálculo que contenían los datos procesados que sirvieron para la narrativa. El método narrativo se apoyó en la premisa de explicar el significado de los datos. El desafío fue transformar un voluminoso y complejo conjunto de texto y números en una historia accesible para el público, usando análisis, visualizaciones y contextualización.

¿Cómo se resolvió el diseño de las ilustraciones?

El diseño visual y las ilustraciones desarrolladas para este informe constituyen un componente orientado a traducir un conjunto de datos complejos y sensibles en representaciones claras, accesibles y contextualizadas. Desde un enfoque de visualización de información aplicado al periodismo de datos, las decisiones gráficas se guiaron por criterios de legibilidad, sobriedad y coherencia narrativa, priorizando la identificación de patrones, recurrencias y dinámicas discursivas. El lenguaje visual adoptado —minimalista, de alto contraste y baja carga ornamental— busca evitar el sensacionalismo y reforzar el carácter analítico y documental como unidades de análisis cuantificadas y contextualizadas, integradas de manera orgánica a la narrativa del informe.

Créditosdel Informe

Investigación Periodística: Sandra Crucianelli / Procesamiento y visualización de datos: Rosa Morales / Diseño y análisis de datos: Natalia Gorbarán / Desarrollo: Nicolás Rivera y Ramón Gutierrez / Mentoría: Andrés Snitcofsky / Liderazgo de DJV Bootcamp: Irene Benito / Supervisión de FOPEA: Amelia Corazza (directora ejecutiva) y Paula Moreno Román (secretaria) / Coordinación de Comunicación: Sol Clemente.

Con información de FOPEA y EFE

Seis de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales, de acuerdo con una investigación realizada por Chequeado y elDiarioAR sobre el análisis de 160 normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025. 

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: cielos abiertos

El DNU 70/23 también introdujo cambios en el Código Aeronáutico, al permitir que aeronaves con tripulación extranjera operen en el país. También habilitó el ingreso de nuevos prestadores a todas las ciudades argentinas; autorizó la operación de aviones de hasta 19 plazas para el transporte de pasajeros y desreguló el acceso al servicio de rampas. 

Fernando Dozo, profesor de Política Aérea en el Instituto de Derecho Aeronáutico, indicó a Chequeado que la medida “consolida la apertura del mercado internacional, por la inversión de compañías que prestan más servicios desde y hacia la Argentina. La mayoría de las compañías aumentó frecuencias y destinos, lo que asegura una conexión internacional mucho más aceptable”. 

En cuanto al mercado de cabotaje, el especialista señaló que el impacto fue menor dado que “no se termina de definir qué va a hacer el Estado con Aerolíneas Argentinas, lo cual no les permite a los inversores proyectar su rol en el mercado”.

El número de vuelos totales creció el 9,3% en los primeros 9 meses de 2025 (5,9% en cabotaje y 15,1% en internacionales), de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y la cantidad de pasajeros transportados subió el 15% (10,7% en cabotaje y 20% en vuelos internacionales).

Impacto moderado: medicamentos de venta libre en kioscos

El Gobierno nacional autorizó a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas para que el público pueda acceder a ellos de manera directa. También habilitó a los quioscos, supermercados y otros comercios a vender antiácidos y analgésicos. 

“Esta norma otorga mayor acceso a los consumidores, pero mantiene el marco de seguridad sanitaria porque los productos ofrecidos en góndola deben venderse en una caja cerrada (es decir, no se puede fragmentar el dispendio), con su respectivo prospecto y sólo a mayores de 18 años”, destacó Agostina Ambrosi, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ante la consulta de Chequeado.

Por su parte, Graciela Lovece, codirectora de la carrera de Derecho de Salud y Responsabilidad Médica e Institucional de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la medida incentiva un proceso de “medicalización de la vida cotidiana, que se advierte en los medios de comunicación donde el 90% de las publicidades refieren a temas de salud y medicamentos”.

Por otro lado, el Gobierno estableció que las farmacias deberán contar con un código QR que dirija a la lista de precios actualizados de los medicamentos que se comercialicen bajo receta y tengan disponibles. Ante la consulta de Chequeado, fuentes de IDESA destacaron que: “En la práctica, la medida fue implementada parcialmente ya que las inspecciones recientes revelaron que el 88 % de las farmacias inspeccionadas exhibía correctamente el QR, mientras que algunas fueron multadas o intimadas a corregir sus sistemas”.

Impacto bajo: la Ley de Góndolas

El DNU 70/23 también derogó la Ley de Góndolas, que establecía regulaciones sobre la cantidad de los productos exhibidos tanto en góndolas como en locaciones virtuales de supermercados minoristas y mayoristas.

El presidente de la delegación Mar del Plata de la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa (Apyme), Gustavo Casciotti, aseguró a DiarioAR que “la derogación implicó la pérdida de una herramienta en el conjunto de una batería de medidas que apuntaban a desarmar la posición dominante; a democratizar la oferta de productos alimenticios y a tratar de disciplinar los precios de los grandes jugadores”. 

Sin embargo, reconoció que la Ley de Góndolas “tuvo un peso relativo porque se hacía complejo el control del Estado en los puntos de venta. Los supermercados supieron encontrar los mecanismos para burlar o violentar el cumplimiento de la ley”. 

Impacto nulo: sociedades anónimas en el fútbol

El Gobierno nacional habilitó a las entidades deportivas a que asuman la figura legal de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que operen con fines de lucro (a diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro). 

Las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país -como es el caso de la AFA- prohíben la afiliación y participación en los torneos de un club que sea una SAD. No obstante, el DNU obligaba a estas organizaciones a modificar sus estatutos para permitir la afiliación de sociedades anónimas. 

Sin embargo, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la AFA y suspendió los alcances del decreto para el caso del fútbol. 

Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), explicó que el DNU “se encuentra vigente en sus efectos para la comunidad deportiva a excepción del fútbol y las entidades que forman parte de la AFA, hasta tanto se resuelva el conflicto judicial”.

Por su parte, Mariano Bambaci, abogado y especialista en derecho deportivo, explicó a este medio: “el Estado antes reconocía la autonomía de cada federación en relación a si aceptaba o no a las SAD. Ese artículo fue eliminado y ahora se establece que no puede haber discriminación. Es decir, violenta la autonomía de las federaciones nacionales porque ahora hay que cumplir con eso”.

Edición Matías Di Santi y Flor Ballarino

Federico Sturzenegger es el encargado de accionar la “deep motosierra” del presidente Javier Milei. El economista lidera desde su creación en julio de 2024 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con una tarea principal: reducir el gasto público, simplificar trámites y burocracia, y aumentar la eficiencia del Estado.

En este contexto, el Gobierno nacional sancionó hasta septiembre de 2025 (último dato oficial disponible) 437 normas (considerando decretos, resoluciones y leyes) con el objetivo de modificar o eliminar más de 1.300 medidas anteriores.

De ese total, Chequeado y elDiarioAR analizaron 160 normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2025, con el objetivo de establecer el impacto que estas políticas tuvieron en el ámbito económico y comercial, y en la vida cotidiana de los argentinos. 

La conclusión: 6 de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales. El 28% de las iniciativas restantes fueron consideradas de alto impacto.

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Una agenda desreguladora con énfasis en economía

Con base en las 160 normas analizadas se identificaron 7 grandes áreas sobre las que se operaron los cambios regulatorios. El principal rubro fue el de Economía y finanzas, que explicó el 27% del cuerpo analizado y engloba desregulaciones de comercio exterior (como la simplificación de trámites de importación) e impuestos (como la baja o eliminación de tributos).

Le siguieron Administración pública y reforma del Estado (22,5%); Transporte (18,5%); Energía y minería (8%); Salud (8%) y Trabajo y seguridad social (7%). Otros sectores (donde se incluyen normas vinculadas a ámbitos como turismo, editorial o derechos de autor), explicaron el 9% de las normas analizadas.

¿Cuál fue el impacto de las medidas?

Para medir el impacto de cada normativa, Chequeado y elDiarioAR utilizaron un criterio cualitativo con 4 niveles (alto, moderado, bajo y nulo), según el grado de alcance y la magnitud de los cambios que generó al interior de una actividad productiva o de la cotidianeidad de las personas. Para ello se basaron en el análisis de datos oficiales, de informes y de especialistas, y se tuvo en cuenta el tiempo de vigencia de cada medida.

Del total de medidas analizadas, el 38% de las normas tuvo un impacto moderado. Esto aplica a los casos en los que las reformas se implementaron de manera parcial y/o provocaron cambios acotados.

Por ejemplo, el Decreto 959/24 eliminó los cargos hereditarios en el acceso a la administración pública. A partir de esa modificación, la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan este beneficio. 

No obstante, esta práctica ocurre en un universo pequeño de organismos y empresas del Estado, como el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, la Aduana, el Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos, que en conjunto explican el 17,5% del total de empleados estatales. El Gobierno no pudo precisar -en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado- cuántos empleados de esas dependencias habían accedido al cargo por este beneficio.

Otros ejemplos de medidas de impacto moderado son: la autorización a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas y la lista de precios actualizada –que tuvo una implementación parcial–, y el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio, porque sólo YPF lo está aplicando y como prueba piloto. 

Asimismo, el 22% de las normas tuvo un bajo impacto (alcance restringido y cambios mínimos), dado que se legisló sobre una práctica o asunto que antes del cambio ya estaba en desuso en el sector involucrado, y, por ende, la reforma no se puede dimensionar porque ya existía en la práctica. En estos supuestos, la desregulación cumplió una función de limpieza y de ordenamiento. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal contenida en el DNU 70/2023. Allí se eliminó un artículo que establecía un límite máximo de $ 1.000 para las operaciones que podían realizarse en efectivo, un valor que había quedado obsoleto y en la práctica ya no se cumplía, según los expertos consultados. 

La derogación de Ley de Góndolas es otro ejemplo de desregulación de bajo impacto.

El 12% de las normas analizadas tuvo un impacto nulo, dado que sus efectos fueron neutralizados por la Justicia o por otra norma posterior. Es el caso del capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional en sede judicial. 

Finalmente, el 28% de las 160 normas analizadas fueron consideradas de alto impacto: fueron implementadas en su totalidad y provocaron cambios sustanciales que alteraron de manera fundamental la operatoria en una actividad en particular o grupo de personas.

Este es el caso del Decreto 1039/24, que anuló los préstamos a jubilados realizados por la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según datos de la Jefatura de Gabinete, en 2024 (previo a la suspensión) se realizaron préstamos por más de $ 1 billón.

La mirada de los especialistas

El economista Miguel Braun, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, destacó en X que “el Gobierno registró más de 1.300 normas ajustadas y más de 9.600 artículos modificados en menos de 2 años. Eso es un shock regulatorio inédito”. Y agregó: “Milei está reescribiendo reglas formales e informales del juego económico a la vez”. 

Por su parte, Juan Negri, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), destacó en diálogo con Chequeado: “La política de desregulación del gobierno combinó 3 pilares: la apertura de mercado, la eliminación de controles en general y la flexibilización de reglas”. 

Negri puntualizó que “las desregulaciones con mayor impacto fueron las que tocaron cuestiones más sensibles en la vida cotidiana, como la eliminación de la ley de alquileres”.

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, tras la derogación de esta norma, se produjo una caída del precio en términos reales de las locaciones inmobiliarias. En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

En tanto, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, planteó a Chequeado: “Hubo aciertos visibles, como la desregulación de los alquileres, pero también errores como el permiso de libre movimiento de carne en todo el país, incluso en la Patagonia que es una región considerada libre de aftosa, lo que provocó que el Ministerio de Agricultura de Chile resolviera suspender por completo las importaciones de animales y productos de origen animal provenientes de esa región”.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis?

Las 160 normas evaluadas en esta investigación fueron analizadas con el sustento de otros documentos públicos; bases de datos oficiales y sectoriales; y la revisión de artículos periodísticos. 

Para la definición del impacto de cada una de las medidas se consultó a unos 30 especialistas de diferentes áreas, y también se analizaron más de 20 respuestas a pedidos de acceso a la información pública o documentos oficiales para contextualizar los datos. 

Con estos datos se evaluó el impacto de las medidas. Se consideró un impacto “Alto” a aquellas normas implementadas totalmente y que generaron cambios sustanciales; “Moderado”, a aquellas cuya implementación fue parcial y los cambios acotados; “Bajo”, para las que tuvieron poca implementación y provocaron cambios mínimos; y “Nulo” para las que no fueron implementadas, ya sea porque la Justicia suspendió sus efectos, u otra norma posterior las modificó o eliminó.

Los datos e informaciones fueron sistematizados en una base de datos propia y pública, que permitió analizar el impacto de cada norma en sus respectivos sectores o en la comunidad en general. 

Edición Matías Di Santi y Florencia Ballarino

La nota completa puede leerse en https://impactosdesregularizacion.fopea.org

La crónica “Cazadas como animales en el Gran Chaco argentino: el grito colectivo de las mujeres de la ruta 81” de la periodista Cecilia Osorio ganó el premio de como mejor Nota de investigación publicada en redacciones de hasta 30 periodistas de el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Además, la periodista Emilia Delfino, quien está a cargo de la Unidad de Investigación (UDI) de este medio fue premiada por su libro “La Generala’ Biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei”, como mejor Libro de investigación periodística.

Este viernes el Foro celebró una nueva edición de los Premios FOPEA al Periodismo de Investigación que se realizó en el en el Salón El Ceibo de La Rural, a donde asisitieron un centenar de invitados de medios, universidades y organizaciones vinculadas al sector. 

Desde hace 12 años,el Premio FOPEA busca revalorizar el periodismo de calidad y la investigación periodística. En esta edición, el jurado de categorías generales estuvo integrado por Paz Rodríguez Neil, Chani Guyot y Guillermo Drapper.

elDiarioAR fue premiado por la crónica que Cecilia Osorio publicó el pasado 21 de junio con el apoyo de la International Women’s Media Foundation. Allí, relata como A 400 kilómetros de Salta capital, un grupo de mujeres indígenas denuncia lo que desde hace siglos es un secreto a voces en el Gran Chaco argentino: los criollos abusan sexualmente de niñas y adolescentes wichí mientras el Estado no investiga y los culpables siguen impunes.

Para la categoría libros de investigación la definición estuvo en manos de Silvia Naishtat, Hernán Cappiello y Astrid Pikielny. Emilia Delfino, periodista del staff de elDiarioAR, fue la ganadora por su biografía de Victoria Villarruel publicada en julio de este año por Planeta.

Hasta la llegada de Javier Milei al poder, el concepto de “padres fundadores” no existía en la Argentina. Se trata de una expresión utilizada en Estados Unidos pero tan foránea como el Ciber Monday, Hot Sale o Happy hour, porque en verdad, aquí a los próceres siempre se les dijo así, “próceres”.

De todos modos, podemos deducir que para el Presidente los “padres fundadores” son todos aquellos personajes de la historia que ayudaron a construir este país. Y en esa categoría entraría entonces Mariano Moreno, uno de los hombres más singulares de la Revolución de Mayo. Moreno, un hombre de leyes y también periodista, no concebía la idea de forjar una nación sin periodismo. Por eso, el 7 de junio de 1810, días después de la Revolución, fundó la “Gazeta de Buenos Aires”.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”, escribió entonces el ¿padre fundador?.

Por ese 7 de junio es que desde 1938 se celebra el Día del Periodista. Es una manera de recordar que el periodismo es una parte constitutiva de nuestra patria, que está ahí desde su nacimiento.

Este 7 de junio, el segundo de la era Milei, encuentra a los periodistas exhaustos. Esa sería la palabra más adecudada para definir la situación del gremio. Algunos datos: Siete de cada diez periodistas de la región metropolitana tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Representan el 70,45% de los trabajadores, según los últimos datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Sólo durante el primer año de Milei en el poder, 2024, las agresiones contra la prensa aumentaron 53% con respecto al año anterior, según un relevamiento de Fopea.

Ayer, la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH), advirtió sobre “por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”. No se trata, según la CIDH, de una cuestion declarativa: “en buena parte de las movilizaciones se registraron agresiones contra trabajadores de la prensa, originadas tanto en el accionar de agentes de seguridad como de particulares.”

Los ataques de Javier Milei al periodismo son anteriores a su llegada al poder. En 2018, cuando era apenas un disertante, estalló a los gritos ante una pregunta de la periodista salteña Teresita Frías. “Burra”, fue lo más suave que le dijo. El mismo tono de agravios desparramó al año siguiente contra Sol Perez. La panelista terminó llorando.

Milei debutó en la presidencia dejando en claro que sus enojos con el periodismo no eran cuestión de conseguir likes en las redes ni algo del pasado. En su primer discurso al inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso, anunció el cierre de la agencia Télam y el recorte de la pauta oficial. Y de inmediato vinieron los ataques sobre todo, a las periodistas mujeres. María O’Donnell, Romina Manguel y Silvia Mercado fueron las primeras en sufrir los agravios de un Milei convertido en Presidente y se convirtieron en la avanzada de un aluvión de insultos y agresiones que no se detendrían más.

Ni siquiera la muerte libra de los ataques del Presidente quien en varias oportunidades se refirió a Jorge Lanata como “uno que ya no está”, como si no mencionarlo por su apellido lo exculpara de traicionar ese proverbio callejero de las buenas costumbres que dice que “no se habla mal de quien no se puede defender”.

Según el último relevamiento de Sipreba, el 27% de los periodistas manifestó haber recibido agresiones en el último año, entre los cuales 33% fue víctima de represión y un 20% fue atacado por funcionarios del Gobierno. La violencia digital sigue siendo alarmante –sostiene Sipreba– un 78,05% de los ataques padecidos fueron de forma virtual.

Llegamos a este 7 de junio con un Presidente que inauguró una nueva frase de cabecera: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Nadie en democracia había llegado tan lejos. Quizás porque este es un país que tiene entre sus 30.000 desaparecidos a 223 trabajadores de prensa y porque en este mismo país, un 25 de enero de 1997 asesinaron al fotógrafo José Luis Cabezas.

Después de un año y medio de Javier Milei en el poder ya nos acosumbramos a ver a reporteros gráficos y camarografos cubrir manifestaciones vestidos como si fuesen a la guerra. Es que en este mismo país el 12 de marzo el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada directamente hacia su cabeza. Recién esta semana recibió el alta para continuar con su rehabilitación en otro hospital.

Ensobrados, mandriles, burros, ratas forman parte del léxico del Presidente, a quien le suele parecer una idea divertidisima cambiarle los apellidos a los periodistas para denostarlos.

Pero estas agresiones caen además sobre un gremio devastado. El pluriempleo alcanza al 55,2% de los trabajadores del AMBA. Pero además, aun con dos o más trabajos, el 43% tampoco logra superar la barrera de la pobreza. Esto tiene un impacto directo en la salud: el 27% sufre ansiedad, estrés o depresión. Es que amparados en el recorte de la pauta oficial, gran parte de las empresas periodísticas encontraron allí el argumento perfecto para hacer de los trabajadores la variable del ajuste. Por eso, este 7 de junio a las y los periodistas no nos quedan demasiadas energías para celebrar.

Las organizaciones Poder Ciudadano, Amnistía Internacional Argentina y Transparencia Activa presentaron un escrito en calidad de amicus curiae ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en su denuncia por hostigamiento digital.

El caso tiene origen en la difusión de un diálogo falso atribuido a FOPEA en redes sociales, lo que desató una campaña de desprestigio hacia la organización y sus miembros.

La presentación busca respaldar el trabajo de FOPEA y remarcar la importancia de garantizar la libertad de expresión frente a los riesgos que supone la violencia digital. Ingresó el 22 de julio de 2024 en la Fiscalía 13 de la Dra. Andrea Scanga.

Las organizaciones citadas destacaron el carácter público y la trascendencia social de la causa, considerando que se encuentran en juego derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y expresión, pilares esenciales de la democracia. En el escrito se subrayaron los riesgos que implican las campañas de desinformación y hostigamiento, especialmente cuando estas se amplifican desde posiciones de poder. Cada organización aportó su experiencia y compromiso en la defensa de derechos humanos y la promoción de la transparencia: 

“Es imprescindible que el Poder Judicial garantice un espacio seguro para el ejercicio de la libertad de expresión y tome medidas contra las prácticas que buscan silenciar voces críticas”, concluyeron las organizaciones.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, hace exactamente un año, en la Argentina se produjo un ataque a la prensa cada dos días por parte de altos funcionarios estatales, incluido el propio Presidente de la Nación. Esto suma 173 agresiones a lo largo del primer año de la administración libertaria.

Así lo denunció este martes el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) que sostuvo que “el deterioro de la libertad de expresión es preocupante” y detalló que esos ataques llegan en forma de “hostigamiento y violencia digital”,

Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, en 120 de esas agresiones la violencia llegó desde una fuente estatal, “lo que implica que en el 69,36% de los casos registrados existió una participación de algún tipo de funcionario público”. Pero además, remarcó que se registraron 22 casos de “violencia paraestatal, es decir de allegados directos al poder estatal, un 12,72%”.

Pero quizás lo más preocupante del informe es que es el propio presidente Milei quien protagonizó más agresiones, 56 en total (32,37% del total), mientras que otros diez casos fueron obra de funcionarios del Gobierno nacional (5,78%). 

De acuerdo a Fopea, el resto de los agresores se repartieron entre funcionarios de la Policía, cargos municipales, provinciales y de Migraciones, intendentes, miembros de la Justicia federal y provincial, legisladores y gobernadores.

El análisis de la asociación señala también que de los 173 ataques, un total de 77 (44,51%) fueron clasificados “discurso estigmatizante”, es decir, ataques directos a la reputación de periodistas y/o medios“. 

Hubo, además, 44 “ataques a la integridad”, 23 a la “restricción de acceso a la información”, once “acciones judiciales civiles o penales”, seis casos de “censura”, cinco catalogados como “abuso de poder estatal”, tres “ataques contra bienes”, dos de “uso abusivo de la publicidad oficial” y dos de “censura interna”. 

Los 173 casos registrados por Fopea dejan un rastro de 275 víctimas, de las cuales 153 fueron hombres, 57 mujeres, 15 medios de comunicación. En otras ocasiones, los ataques fueron a la prensa en general o a una organización de periodistas. 

Fopea, un organismo que vela por la libertad de información y el periodismo de calidad en Argentina, también denuncia “el tono discriminatorio, agraviante y estigmatizante con el que el presidente se refiere a la prensa en general y a periodistas, en particular”. Y recuerda que esos ataques también los ha llevado a cabo ante organismos internacionales.

El pasado 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en la  80ª Asamblea General, que se desarrolló en la provincia de Córdoba, un informe sobre la relación de Milei con la prensa. Allí, denunció que “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo”, a la vez que remarcó que los periodistas y medios de comunicación argentinos “experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

Con información de EFE

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) premió la excelencia del periodismo de investigación en el país en una ceremonia llevada a cabo este jueves con más de 100 invitados, donde elDiarioAR obtuvo tres estatuillas.

Dos fueron para la investigación “El ahorcamiento es la principal causa de muerte en comisarías bonaerenses y las familias denuncian homicidios encubiertos” de Facundo Lo Duca, que ganó en las categorías “Nota de investigación publicada en redacciones de hasta 30 periodistas” y “Premio Mayor al Periodismo de Investigación”.

Otro premio fue para la investigación colaborativa en la que participó Emilia Delfino, que derivó en dos notas publicadas en elDiarioAR: “El padre de Milei consolidó su fortuna con millonarios subsidios públicos que repartió el kirchnerismo” y “Antes de ser funcionaria, una sociedad de la hermana del presidente Milei compró cuatro departamentos en Florida”.

Las investigaciones ganadoras fueron publicadas originalmente en medios de comunicación de todo el territorio nacional, en cualquier soporte, “destacándose por la revelación de información de interés público, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas”, según Fopea.

Paula Moreno Román, presidenta de Fopea, dijo sobra la organización: “No es una voz aislada, se trata de un espectro amplio de acción, comprometido con fortalecer el rol del periodismo y el compromiso con la libertad de prensa y de expresión, en la construcción de sociedades más justas”. 

“Fopea realiza desde su creación una tarea consistente para mejorar la calidad del periodismo, la ética y las condiciones en que se ejerce en todo el país. Sabemos que esa tarea tiene aristas políticas, pero no somos una fuerza política ni un contendiente del poder. Fopea son los 643 periodistas que la integran, de diversos lugares geográficos y de pensamiento, reflejo de la sociedad argentina”, puntualizó y subrayó la especial relevancia que cobra la labor del periodismo en este contexto, ya que “sin transparencia, sin instituciones sólidas y sin libertad para investigar y denunciar, no hay posibilidad de prosperidad compartida”.

En la ceremonia también estuvo el jurado especializado. En la categoría Notas participaron Silvina Premat, Guillermo Draper e Indalecio Sánchez, quien compartió algunas reflexiones en nombre del grupo.

Sánchez destacó un abordaje de temática similar en los trabajos, que revelan una preocupación sobre los fenómenos comunes en distintos puntos del país. Los trabajos buscaron indagar en temas como los mecanismos de la corrupción política y empresarial, las apuestas online, los nuevos escenarios que plantean el consumo y el negocio de la droga

Respecto al premio mayor, ganado por elDiarioAR, Indalecio manifestó que el trabajo elegido reúne calidad técnica, relevancia e impacto del tema y superación de obstáculos para ser difundido. “La elección destaca el ”trabajo de hormiga“ que hizo el autor de un medio pequeño, quien aplicó un riguroso trabajo investigativo en un tema muy poco indagado hasta el momento”, destacó Fopea.

elDiarioAR lanzó el 31 de julio su Unidad de Investigación (UDI), otra apuesta de este medio contra la corriente de los medios, que se achican y desvían muchas veces el camino de los periodistas que apuestan a este género complejo y exigente en tiempos de austeridad, despidos y crisis multilateral. En este contexto fueron publicadas las notas premiadas esta noche.

Por su parte, el jurado de la categoría Libro de Investigación (integrado por Miguel Wiñazki, Luis Gregorio y Norma Morandini) comunicó la necesidad de verificar la información, conocer antecedentes y recolectar datos para que el trabajo sea creíble y responsable. “En muchos de los postulados, cuesta delimitar lo que es investigación”, expresó Morandini subrayando la dificultad de encontrar un tema novedoso y de calidad literaria. 

A continuación, los ganadores al Premio FOPEA al Periodismo de Investigación 2024:

MM

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció ante una fiscalía porteña al streamer y tuitero libertario “Gordo Dan” por hostigamiento digital. El órgano periodístico asegura haber sufrido este tipo de violencia de parte de cuentas digitales asociadas al Gobierno luego de que se manifestara contra un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano acerca de la intención de matricular al periodismo.

FOPEA dice haber sido víctima de una campaña de “desprestigio” y “estigmatización” principalmente de parte de Daniel Parisini, conocido popularmente en redes sociales como “Gordo Dan”. Se trata de uno de los comunicadores más cercanos al gobierno libertario, que en varias ocasiones usó sus cuentas para pedir que se despidieran a funcionarios del Gobierno como Julio Garro, exsubsecretario de Deportes, o Fernando Vilella, exsecretario de Agricultura. Ambos quedaron fuera de sus puestos luego de que Parisini los señalara como erráticos para la función.

Fueron los abogados Hugo Wortman Jofré, Ariel Garrido y Tomás Brady quienes presentaron la denuncia y resaltaron que este tipo de delito tiene una pena “de multa, trabajo de utilidad pública o días de arresto” y que se duplica cuando es llevado a cabo por dos o más personas organizadas o cuando se usen “identidades falsas o anónimas”.

El 27 de junio pasado el “Gordo Dan” publicó en su cuenta de X una información falsa. Compartió capturas de pantalla de lo que supuestamente era un chat de Whatsapp de la organización periodística burlándose de Mariano Pérez, creador de Breakpoint.

Parisini escribió: “Se filtró un chat del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sobre el ataque que sufrió hoy en la marcha del Polo Islámico el periodista Mariano Pérez. Estos son los que después hacen comunicaditos cada vez que Adorni les pinta la cara. Que #FOPEAComplice sea tendencia YA”. Esto desencadenó que un ejército de trolls atacaran a la organización. Para FOPEA esa creación fue obra de Parisini y por eso se llegó a hoy a la denuncia.

MM

El Foro de Periodismo Argentina (FOPEA) repudió la detención del periodista Jorge Pizarro en Venezuela y pidió “la inmediata libertad”, así como también que pueda realizar la cobertura “sin condicionamientos”.

A través de un comunicado en sus redes sociales por el monitoreo de libertad de expresión, FOPEA “rechaza la detención en Venezuela y la eventual deportación del periodista Pizarro”.

“El colega de Radio Rivadavia llegó al aeropuerto de Caracas para cubrir las elecciones presidenciales que se llevarán adelante el domingo próximo en aquel país. Sin embargo, los oficiales de Migraciones le negaron la entrada ‘por no cumplir con los requisitos para el ingreso al país’”, expresa el escrito.

De acuerdo a lo que informaron, el Foro de Periodismo Argentina intentó comunicarse con la Cancillería argentina pero “no ha recibido respuesta alguna”.

CRM con información de la agencia NA

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) analizó este jueves diversas situaciones con potencial impacto en el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la Argentina. 

Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara ayer el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, desde Adepa señalaron: “Hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa. En definitiva, el derecho a la libre expresión”.

“Hubiera llamado la atención, además, que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida, establecida por una ley de 1946 (la número 12.908), que además de no haber sido nunca exigida en la práctica para el ejercicio periodístico, debe ser considerada derogada desde la ratificación por la República Argentina del Pacto de San José de Costa Rica, en 1994”, dijeron desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

“Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 5, de 1985, de modo unánime sostuvo que 'la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículos para expresar o transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos'”, agregaron.

En este contexto, Adepa reafirmó “la incompatibilidad de la colegiación obligatoria de los periodistas con el derecho de toda persona a buscar, difundir y recibir informaciones e ideas por cualquier medio, conjuntamente con el derecho de la sociedad a recibir información sin restricciones dispuestas por el Estado o por asociaciones gremiales”.

Por otro lado, en el encuentro se abordaron “las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos de nuestro país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales” y recordaron que “el trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública” y que “para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias”. “ADEPA espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible”, pidieron e insistieron “en condenar todos los hechos de violencia física y verbal contra periodistas y comunicadores ocurridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas en los alrededores del Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases” y alertaron “por el crecimiento de los ciberataques y hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital (y replicados en ocasiones por funcionarios y políticos) contra periodistas, medios y organizaciones que los nuclean, en ciertos casos incluso a partir de noticias falsas o manipuladas”.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hicieron un pronunciamiento en el mismo sentido. A través de un hilo en la red social X contaron “cómo el Gobierno quiso tapar la matriculación obligatoria de periodistas con un ataque a FOPEA”. Dijeron: “Se trata de una operación de desprestigio y desinformación de operadores digitales ligados al Gobierno que recibió el acompañamiento del presidente de la Nación, Javier Milei” y dieron cuenta de ello con una serie de capturas de pantalla y explicaciones que aparecen a continuación.

MM

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó en las últimas horas su preocupación “por la inédita decisión de las autoridades nacionales de haber impedido la cobertura del acto de jura de los ministros” que se realizó este domingo en la Casa Rosada sin transmisión en vivo ni presencia abierta al periodismo.

“La asunción del gabinete presidencial reviste un indiscutible hecho de interés público, por lo que resulta inaceptable que no se haya permitido a los periodistas seguir las alternativas del evento. Tal fue la restricción oficial que no se permitió la asistencia al acto ni tampoco la transmisión en vivo de las imágenes de lo que sucedió en el interior del Palacio Gubernamental. Aún más reprochable resulta la determinación porque a algunos comunicadores vinculados al partido gobernante sí se les permitió la presencia en la ceremonia”, señaló desde redes sociales la organización dedicada a la reflexión, el diálogo, la promoción del periodismo de calidad y la defensa de la libertad de expresión.

Asimismo, FOPEA manifestó su preocupación “por este accionar arbitrario y excluyente y advierte que tanto el presidente como sus funcionarios son representantes públicos que tienen el deber de dar cuenta a la ciudadanía de los proyectos y decisiones inherentes a su gestión. En ese sentido, el acto de jura de los ministros significaba una buena oportunidad para que el periodismo pudiera cumplir con su tarea de dar difusión de los actos de gobierno”, concluye el comunicado.

La declaración de FOPEA a 40 años de la democracia

En diciembre de 1983, concluía en la Argentina la más sangrienta dictadura en la historia de nuestro país.

Asesinatos y desaparición de personas -entre ellas más de 223 periodistas y trabajadores de prensa- la supresión de las libertades civiles y políticas, censura, cierre y clausura de medios de comunicación, innumerables crímenes políticos y económicos y finalmente una guerra en 1982 que trajo más muertes y quebrantos fueron el saldo que encontró el primer gobierno democrático en 1983. 

A 40 años del fin de la última dictadura, celebramos la continuidad democrática que, a pesar de sus altibajos y déficits, constituye la única garantía de respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía establecidos por la Constitución.

En estos 40 años el periodismo y la libertad de expresión han pasado por tiempos mejores y peores, al compás de las recurrentes crisis económicas y políticas y según la vocación más o menos respetuosa de la Constitución y las leyes por parte de cada uno de los gobernantes. 

Los desafíos han cambiado, pero los valores para enfrentarlos son los mismos: independencia y compromiso en la búsqueda de la verdad. Hoy, el periodismo debe seguir siendo servicio y construcción de ciudadanía, y eso se logra solo cuando la democracia se ejerce plenamente. La defensa de la independencia de los periodistas es la defensa de los principios de la Constitución y las garantías individuales y sociales contenidas en ella.

En FOPEA trabajamos para fortalecer la democracia a través de un periodismo responsable, para que sea un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente. Creemos que la libertad de expresión es una base esencial de la democracia y trabajamos incansablemente para defenderla. 

Una prensa libre es crucial para la rendición de cuentas, la justicia y el progreso de nuestra nación.

Este año la Unesco adoptó el lema “Forjando un futuro de derechos. La libertad de expresión como motor de los demás derechos humanos” para celebrar el 30° aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un estudio de esa organización internacional mostró que “los países con niveles más altos de libertad de expresión son también los que pueden exhibir un nivel significativamente más alto de respeto a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales”. 

Los periodistas informan a los ciudadanos sobre sus derechos, canalizan sus reclamos y denuncias, alertan sobre las violaciones a la ley y la corrupción. Sin ellos, muchos delitos y crímenes nunca llegarían a la Justicia, o directamente pasarían inadvertidos.

Nos preocupa comprobar que no se mitiga la polarización política e ideológica que padecemos desde hace dos décadas. Gobiernos populistas alentaron la división y fomentaron la grieta que también se instaló en los medios. Esto es un fenómeno mundial, lo que no quita responsabilidad a cada uno de quienes tuvieron en sus manos la decisión de acoplarse en un seguidismo acrítico u oponerse sin matices al gobierno de turno. La moderación dejó de ser una virtud para convertirse en pecado. Y el periodismo profesional trata precisamente de moderación.

Resulta intolerable la pasividad de autoridades de todos los niveles para permitir la instalación del narcotráfico y el crimen organizado. Constituyen una amenaza para toda la ciudadanía, por cierto, pero se ensañan especialmente con los periodistas que valientemente intentan sacar a la luz los que quienes deberían combatirlos no ven.

 En los últimos años la Justicia fue usada como arma del poder para castigar a los periodistas, perseguirlos y acusarlos infundadamente. En las redes sociales se los hostiga a veces desde el anonimato y a veces desde cuentas poderosas, contra las que un trabajador no tiene forma de defenderse. La desinformación que se maneja en ellas solo puede ser revertida con el chequeo constante y un arduo trabajo periodístico.

La crisis económica permanente repercute en los medios y se traduce en precariedad laboral. 

También los desafíos tecnológicos y la falta de capacitación son amenazas que enfrenta en esta hora el periodismo en la Argentina. En este ámbito FOPEA realiza un esfuerzo específico. Sobre todo, trabajamos para salvaguardar y promover un ambiente en el que los medios de comunicación y los periodistas tengan la autonomía y la protección necesarias para informar con integridad y sin censuras.

Tomamos como nuestras las palabras de José Ignacio López, el primer vocero presidencial de la democracia recuperada: “Estamos convencidos de que solo en democracia podemos resolver los problemas”. 

Con información de agencias.

IG

En el clásico Congreso Internacional de Periodismo FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), que realizó su 17ma edición en la Ciudad de Buenos Aires, la variedad de paneles sirvió para dar cuenta de que el periodismo nunca está quieto. El contexto actual es desafiante por múltiples motivos, que van desde la precarización laboral, hasta las amenazas de muerte que sufren quienes trabajan en temas vinculados al narcotráfico. Mientras tanto, a nivel global, el paradigma digital en constante metamorfosis suma nuevas exigencias e interrogantes a medios, periodistas y, también, audiencias. 

Modelo en construcción

La sustentabilidad de los medios en una época marcada por la sobreabundancia de contenido digital, disponible de manera gratuita y al alcance desde cualquier dispositivo, es parte de una ecuación que está lejos de terminar de despejarse. El tema, como todo en el ecosistema digital, atraviesa múltiples dimensiones. No solo se trata de poder generar ingresos, sino de que el modelo de negocio implementado no condicione la información que un medio publica ni los temas que investiga. “La rentabilidad es en función de garantizar el periodismo”, dijo Silvina Heguy, directora de Estrategia de elDiarioAR, quien participó del panel “Una mirada sobre la actualidad del periodismo de investigación”, junto a Gabriela Manuli, periodista argentina y subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación, Edgardo Litvinoff, periodista y coordinador del colectivo Ruido y Mariel Fitz Patrick, periodista de Política, Investigación y Datos de Infobae. En Argentina, como en el mundo, el periodismo de investigación es un lujo para unas pocas personas que obtienen el financiamiento necesario para sostenerlo. 

Desde distintas experiencias y recorridos, las y los periodistas que participaron de los paneles llamaron la atención sobre la necesidad de que toda la sociedad comprenda que, sin periodismo, no puede haber democracia de calidad, y que la información es clave para las decisiones diarias de la ciudadanía. “En algunas provincias se vuelve muy complicado tratar algunos ejes como transparencia, acceso a la información y corrupción”, explicó Litvinoff y se refirió a la pauta oficial como un condicionante a la hora de publicar sobre determinados temas. “Gran parte de los ingresos de la mayoría de los medios regionales, locales, están compuestos hoy por la pauta oficial, en muchos casos representa más del 50% de los ingresos”, detalló. Ruido se define como una red colaborativa y federal contra el silencio oficial, como un medio, pero también un insumo para otros medios del país ya que genera informes de acceso público en base a datos relevados en todos los distritos de Argentina. Por su parte, Manuli, quien aportó una visión global al contexto argentino, hizo énfasis en la importancia de las redes colaborativas de trabajo, un tema que resonó en todas las discusiones del evento. Sin dudas, el nuevo modelo de periodismo está lejos de las individualidades y crece entre equipos interdisciplinarios y alianzas que, en muchos casos, cruzan fronteras nacionales. 

El mejor oficio del mundo no se resuelve en internet  

Durante los dos días del Congreso FOPEA hubo lugar para hablar de los nuevos roles asociados al concepto de producto, de las metodologías de trabajo en las redacciones virtuales y de los creadores de contenido que cubren acontecimientos históricos por streaming para una audiencia participativa. Pero, también, el Congreso fue un espacio de reivindicación de las prácticas tradicionales del periodismo, esas que eran protagonistas mucho antes de la llegada de twitter, de los motores de búsqueda y del clickbait. El énfasis en la observación directa, en la consulta a las personas involucradas en un acontecimiento, en la búsqueda de la información del otro lado de la gacetilla oficial, como dijo Mariel Fitz Patrick, son las habilidades que no deben perder relevancia a pesar de que las digitales sean las que acaparen las conversaciones. 

Urgencias en el periodismo: precariedad, equidad y género

Si el rol de las y los periodistas es primordial para el desarrollo de la democracia, también deberían serlo sus condiciones de trabajo. Jerónimo Biderman Núñez, de la Universidad de San Isidro, compartió algunos indicadores de una investigación recientemente publicada junto a FOPEA, con una muestra de 646 periodistas profesionales de Argentina. En un país atravesado por las crisis económicas recurrentes y con la inflación como protagonista en los titulares, la situación de la profesión se complejiza. Los datos presentados muestran que, por ejemplo, en los casos de despidos, el 63,3% de las personas no cobraron indemnización. “Ni siquiera la relación de dependencia en un trabajo a tiempo completo garantiza todos los derechos”, dijo Biderman, quien se refirió a un periodismo precarizado como un periodismo dócil, por eso, explicó, la lucha no es únicamente por la mejora de los ingresos salariales, sino por la recuperación de la credibilidad del periodismo para hacer una mejor democracia. 

Las periodistas mujeres, como se repite en tantas otras disciplinas y profesiones, la tienen más difícil. El 56% considera que su género la condicionó negativamente en su progresión laboral, mientras que solo el 10% de los varones lo hace. Mariana Iglesias, editora de Género de Clarín, se refirió a la falta de mujeres en los puestos más jerárquicos de los medios de comunicación y cómo eso impacta en los caminos profesionales de las trabajadoras. Las periodistas no avanzan mucho más allá de la base de la pirámide por las lógicas de un sistema que les pone barreras para llegar a los roles de toma de decisión. Para ellas, quedan los sueldos más bajos. “Es importante que estemos ahí por la diversidad de las miradas”, dijo Iglesias y explicó: “Las mujeres le aportamos otra mirada al periodismo, le aportamos luchas, conquistas, reclamos, y contextos a situaciones que si no estarían invisibilizadas”. En este debate sobre precarización y género también estuvo presente la periodista Lorena Serini, de C5N, quien describió la situación laboral en los medios televisivos: “Tenés que tener un cuerpo hegemónico que esté bien para salir al aire. A pesar de las luchas, no ha cambiado demasiado, siguen existiendo los comentarios sobre las mujeres relacionados a la imagen”.   

Libertad de expresión en América Latina

Una de las figuras internacionales del Congreso fue Rosental Alves, el periodista, referente y profesor brasileño, presidente de la cátedra Knight de Periodismo y de la cátedra de Comunicación de Unesco. Alves insistió en la necesidad de realizar una “alfabetización periodística de la sociedad” para que la libertad de prensa sea defendida como un fundamento esencial para la democracia. Es otra de las ideas que circuló por todos los diálogos colectivos del encuentro. “Ahora hay un ataque frontal a la democracia occidental y en esto el periodismo es un tipo de blanco distinto a otras épocas. Hay una campaña sistemática para desmoralizar el lugar del periodismo en la sociedad, para decir que el mundo no necesita periodistas. Los poderosos no quieren intermediación, los ataques a la libertad de prensa son ataques fundamentados en que quieren acabar con el periodismo como intermediario”, dijo Alves. Su enfoque internacional estuvo en preocupante sintonía con el contexto local y regional que se retomó en el panel “Periodismo en peligro: narcocriminalidad en Latinoamérica”, en el que el periodista y escritor Reynaldo Sietecase se refirió a lo que ya aparece como un signo de época: “Estamos en una coyuntura muy delicada, en una emergencia continental con respecto al narcocrimen” y agregó: “Pensar que el problema es Rosario es parte de una ceguera. En el conurbano de Buenos Aires se repite el mismo esquema. Hay que empezar a advertir fuertemente de estos peligros”. Sietecase realizó una interpelación a la dirigencia política para que tome en serio esta coyuntura: “En muchos casos no lo hace por omisión, porque no lo ve importante, porque está pensando en la próxima elección, pero no están viendo que hay un enemigo que crece y cuando no nos demos cuenta vamos a tener situaciones que son como las de los países hermanos”, dijo, en lo que fue un panel para darle visibilidad al escenario complejo y, como lo definió Paula Moreno, presidenta de FOPEA, “preocupante y normalizado”.  

El periodismo de la región está en movimiento para mantenerse a salvo, para transformarse y encontrar un lugar renovado que le permita ejercer su rol clave en la defensa y fortalecimiento de la democracia. Profesionales en distintos roles y desde diferentes puntos en el mapa levantan la voz, circulan datos y crean redes de colaboración para que, junto al compromiso ciudadano, la apuesta por el periodismo sea la de toda la sociedad. 

JLC

En memoria de Magdalena Ruiz Guiñazú el 3 de noviembre comienza el ya tradicional Congreso Internacional de Periodismo FOPEA 2022. Este año se volverá a realizar en la Universidad de Palermo y en el Teatro San Martín.

Las jornadas y debates del Foro de Periodismo Argentino serán el 3 y el 4 de noviembre y entre los invitados internacionales estarán Mauricio Cabrera, Coordinador en Story Baker; Rosental Alves, Presidente de la cátedra Knight de Periodismo y la cátedra de Comunicación de Unesco y Gabriela Manuli, Subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación.

Manuli participará de la Mesa de Periodismo de Investigación y compartirá el debate con Silvina Heguy, directora de Estrategia de elDiarioAR; Edgardo Litvinoff (Ruido);  Mariel Fitz Patrick (Infobae) y moderará Claudio Jacquelin (vicepresidente de FOPEA). La mesa será el primer día a las 15.

La apertura será a las 13.45 y estará a cargo de Elsa Zingman y Pablo Mendelevich (de forma virtual). Palabras de bienvenida de Paula Moreno, presidenta de FOPEA. Ahí se hará el homenaje a Magdalena Ruiz Guiñazú que se llamará “Vivir para contarlo”.

Como actividad final se entregarán los Premios FOPEA.

En el marco de cumplirse 20 años de la asociación, el Premio FOPEA al Periodismo de Investigación es un reconocimiento que aspira a estimular el periodismo de calidad y la investigación periodística en todo el país. 

Para conocer toda la información y la inscripción se puede consultar el la página del Congreso Internacional de Fopea.

PP

El martes 20 de septiembre a las 9:00 en el Aula Magna “Cardenal Pironio” de la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero se realizará una jornada sobre la desinformación. Organizado por Foro de Periodismo argentino (FOPEA), el Círculo de Directivos de Comunicación de la República Argentina (DIRCOMS) y el Consejo de Profesionales de Relaciones Públicas, el encuentro buscará abordar los diferentes aspecto de la desinformación en un debate que convoca a periodistas, responsables de comunicación institucional y académicos.

El programa anunciado es el siguiente:

De 9:30 hs a 12

9.30: Café

10:00: Palabras de bienvenida FOPEA/DIRCOMS/Consejo Profesional de Relaciones Públicas

10:15/10:45: Panorama actual de la desinformación en Argentina

Fernán Saguier, director de LA NACION

Gabriela Granata, directora Periodística del diario BAE Negocios y Coordinadora Académica del Departamento de Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina (UCA)

Cecilia Mosto, autora de la investigación “Los argentinos y la desinformación”

Modera: Soledad Arréguez Manozzo, periodista y coordinadora en Proyecto Desconfío, una iniciativa que investiga la desinformación en el ecosistema digital u otro.

10:50/11:10: Desinformación en la Web3

Joan Cwaik, autor y divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad. Gerente de Marketing para Latinoamérica en Maytronics. Columnista de opinión del diario Perfil. Socio de FOPEA

11.15 - 12pm: Clickbait y desinformación en titulares de la prensa digital

Esteban Campanela, gerente de CNN en Español en Argentina

Angel Sotera, jefe de producto en Infobae

Silvina Heguy, directora de Estrategia de elDiarioAR

Modera: Damián Cabot , periodista.

Para participar se requiere inscripción previa.

PP

La casa de la periodista Manuela Calvo fue allanada el domingo pasado con una orden por “desobediencia a la autoridad”. Además, le secuestraron su computadora, la de su marido, el celular, discos rígidos y pen drives. La Red de Comunicadoras de la provincia, al igual que las secretarías de la Mujer y Diversidad y de Derechos Humanos repudiaron el accionar judicial. Calvo había realizado un documental sobre el caso de Arcoiris, una niña que fue revinculada con su familia paterna a pesar de tener una denuncia por abuso contra el abuelo. Aunque el documental nunca se estrenó, la orden dispuesta por la jueza María Eugenia Torres, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral 1, ordenó secuestrar todo dispositivo y material vinculado al caso de la niña. 

La comunicadora habló con elDiarioAR y calificó como “gravísima” la medida. “No explican por qué es, yo supongo que está vinculado a la orden judicial de febrero de 2021 cuando me hacen censura previa para que no emita un corto de ficción de dibujos animados sobre revinculaciones forzosas. Yo estaba haciendo el documental sobre el caso, en ese proceso decidí también hacer un corto para expresar con arte lo que no podía expresar periodísticamente. Lo presenté en un concurso y gané. Pero me encuentro con el atropello judicial que aprueba una medida autosatisfactiva”, afirmó. 

En febrero del 2021 la justicia riojana le dió lugar a una amparo de la familia paterna de la nena, la parte denunciada por abuso, para que no proyectara su corto animado sobre revinculaciones forzosas. Además, lo hizo extensivo a otro documental en el que se investiga el caso de la niña y le ordenaron eliminar información relacionada a la causa de las redes sociales. “Me obligaron a borrar toda la información que esclarecía mucha información falsa en los medios locales. Respeté a rajatabla la orden judicial porque quería defenderme porque lo que más preocupa no es el caso en sí, sino el antecedente. Sino imaginate lo que va a pasar cada vez que investiguemos a cualquier denunciado, nos van a censurar. Es gravísimo el antecedente. Además, la justicia me iba a apercibir con 50.000 pesos diarios por cada día de publicación o desobediencia”, agregó.

Élida Barrera, abogada de Calvo, vinculó el allanamiento con las novedades en la causa de Arcoiris en la que la madre se niega a enviar a la niña a la casa de su padre. La mujer realizó cinco denuncias por el abuso que comenzó cuando su hija tenía dos 2 años y la nena habló de la situación en Cámara Gesell,  sin embargo la justicia la revinculó. También la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación se presentó como Amicus Curiae.

“Manuela tiene que declarar por desobediencia. ¿A qué? No sabemos si es por el corto, porque ella no desobedeció ni dió información sobre eso, o si es por lo de la niña. No sabemos si es porque la vinculan con Ni Una Menos. Y si fuera así tampoco la pueden perseguir. No hay nada. Esto es una cacería de brujas. Es por el caso de Arcoiris, esta causa puede ser una consecuencia del anterior”, indicó la letrada a este medio. 

La Red de Editoras de Género emitió un comunicado en el que indica que “la desobediencia que alega el tribunal no puede cercenar la libertad de prensa”. También se expresó Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que advirtió sobre “la gravedad institucional del allanamiento”.  Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja calificaron el hecho como “grave”. “Es una compañera que solo se ha puesto en rol de comunicadora y ha realizado la investigación para su documental. No nos quedan más definiciones que actos aleccionadores. Está siendo complejo entender hasta donde está llegando la justicia porque esto de incautar las cosas nos parece bastante grave. No encontramos justificativo porque ni siquiera se la ha citado a declarar en el marco de la causa de la niña. Solo se la ha denunciado por su documental que no se publicó”, le dijo a elDiarioAR Romina Gómez, integrante de la Red.

Esta mañana, también repudió el hecho la secretaria de la Mujer y Diversidad de La Rioja, Karen Navarro, que calificó la medida judicial como “un ataque a la libertad de expresión”. En la misma línea se expresó el secretario de Derechos Humanos, Delfor “Pocho” Brizuela, que afirmó que “el procedimiento fué imprudente y desproporcionado, afectando el derecho constitucional a la libertad de expresión y resguardo de las fuentes que asiste al ejercicio periodístico”. También se pronunció la Defensoría del Público que indicó que la medida “implica un menoscabo al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, y a los derechos comunicacionales de las audiencias”.

CDB/MG

Después de dos años de pandemia y de encuentros virtuales, el Congreso de Periodismo Digital de FOPEA vuelve a ser presencial. Comenzará hoy, jueves 2 de junio y continuará el viernes 3 de junio. El lugar elegido será la Universidad Blas Pascal de Córdoba y título del Congreso será “Tiempo de creadores de contenido: audiencia y calidad”. 

Tanto el jueves 2 de junio como el viernes 3, el Congreso iniciará con actividades temprano por la mañana, a las 9, y se extenderá hasta las 18 con una grilla de paneles y talleres pensados para debatir sobre la realidad del periodismo en “una Argentina donde los portales digitales y perfiles de redes sociales dedicados al periodismo crecen en cantidad al tiempo que cada vez es más necesario contenido local de calidad para mantener informadas a las audiencias”, según explicaron desde la organización.

Los paneles -aseguraron- estarán apuntados a la sustentabilidad del periodismo en Internet, a la importancia del periodismo local para satisfacer las demandas de la audiencia, a cómo gracias a la Web los periodistas pueden conformar consorcios de investigación para desnudar al poder o cómo la libertad de expresión se encuentra hoy bajo amenaza por el ciberacoso a periodistas. 

La segunda jornada terminará con una mesa sobre Redacciones post pandémicas en la que participarán: Sergio Suppo, director de Cadena 3; Esteban Campanela, gerente de CNN en Español en Argentina; Silvina Heguy, Directora de Estrategia de elDiarioAR; Chani Guyot, CEO y director RED/ACCIÓN y

Ary Garbovetzky, editor jefe de Ciudadanos, La Voz. Moderará Paula Moreno Román, presidenta de FOPEA.

Por otro lado, los talleres estarán enfocados en streaming, video on demand, generación de contenido multimedia para redes sociales, newsletters, documentales para radio y nuevas formas de pensar nuestra profesión para ser más inclusivos.

Este congreso será dedicado a la memoria de Mariana Muriel Fernández, periodista y socia activa de FOPEA que murió el año pasado. Mariana fue además miembro de la anterior Comisión Directiva e integrante de nuestro Monitoreo de Libertad de Expresión en Neuquén.

El programa completo del evento está disponible en el sitio del congreso y las entradas se pueden gestionar en este enlace. Las inscripciones son sin costo pero si necesitás un certificado de participación, el valor de la entrada es de 800 pesos. 

PP

La asunción de Mauricio Macri en la presidencia significó un cimbronazo para el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Directivos, técnicos, políticos en stand-by e interesados en la administración pública sin adhesión partidaria formal que ocupaban sillas en la “sociedad civil” se vieron tentados por habitar un despacho en una OG (organizaciones gubernamentales). En diciembre de 2015, parte de las ONG debieron reordenar sus organigramas y los auditores del tercer sector pasaron a ser auditados. Pasados dos años del fin de esa experiencia, que todavía resuena, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) maniobran entre las incógnitas políticas del momento y repiensan estrategias de recaudación de fondos.

Si existe un establishment oenegístico medido por presupuesto, estructura e influencia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le toca ser la oveja negra en ese club. En las antípodas del mundo Macri, vive su propio período de renovación y cambio. En estos días, la comisión directiva debate el alejamiento definitivo del directorio de Horacio Verbitsky. Tras dos décadas en la presidencia, el fundador de El Cohete a la Luna debió pedir licencia en febrero de 2021 por haberse vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. El episodio detonó una crisis en la organización de derechos humanos y resignificó disidencias latentes por el posicionamiento político de Verbitsky. Meses después, el periodista fue repuesto en la comisión directiva con el cargo de vocal, pero diversas fuentes prevén que su relación con el CELS está llegando a su fin en cuestión de días o semanas. “Lo estamos discutiendo”, dijo a elDiarioAR una persona al tanto de los debates.

Nada fue un error

El pase de figuras de la sociedad civil hacia la gestión presidencial de Cambiemos no fue casual. En el comienzo de siglo, cuando el entonces presidente de Boca se metió de lleno en la actividad política, las ONG fueron un pilar de su armado partidario. Junto a Francisco de Narváez, Macri organizó la Fundación Creer y Crecer. A mediados de 2002, apenas un año más tarde de la creación del think tank, con el colapso de la convertibilidad consumado, ambos empresarios habían dividido sus caminos.

El hoy dueño de Walmart procuraba mantener el perfil de una fundación que proveyera cuadros y políticas para entornar —pero no reemplazar— a dirigentes con recorrido partidario, mientras que el socio de Socma entendió que su proyecto debía basarse sobre rostros y formas nuevos, y para ello, un think tank era una buena plataforma, como describió Gabriel Vommaro en La larga marcha de Cambiemos (Siglo XXI, 2017). Macri leyó con acierto que el neoliberalismo cincelado por Carlos Menem a su imagen y semejanza, montado sobre el ideario predemocrático de la Ucedé, no era el más apto para el ciclo surgido con el grito “que se vayan todos”.

En simultáneo, el incipiente político abrió las puertas al Grupo Sophia, creado en la década de 1990, cercano a Domingo Cavallo y con nombres no tan “apolíticos”, como el de Horacio Rodríguez Larreta. La impronta de los think tanks acompañó a Macri en su primera cita electoral por la Jefatura de Gobierno porteño, en 2003. Durante sus experiencias en Ciudad y Nación, lo acompañarían nombres presentes en la fusión de Creer y Crecer y Sophia, como María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti.

Con un primer escalón consolidado y embarcado en un proyecto presidencial, Macri y su amigo Mauricio Devoto apostaron por otro sello, Compromiso para el Cambio, en 2007. Había que alambrar el campo. Se sumaron figuras de otra densidad, abogados de estudios de la city y amigos de Macri de larga data, con una mirada sui generis sobre el manejo de la Justicia: Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clusellas y Pablo Torello.  

Nuevas vertientes

Con una década de 1990 difícil para el partido centenario entre la salida precipitada de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos, exfuncionarios, politólogos y abogados con sintonía UCR habían abrevado en organizaciones como Poder Ciudadano (fundada en 1989) y la Asociación por los Derechos Civiles (1995).

La divisoria de aguas en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner y la consecuente cercanía del PRO con la UCR terminó de vincular al macrismo con un sector de las ONG menos dado hacia un empresario de las características del entonces jefe de Gobierno. El operador radical Daniel Angelici coronó uno de los pases más sonoros desde la “sociedad civil” apartidaria al PRO. Laura Alonso dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados del macrismo en 2009. En esos tiempos, la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, asesora de legisadores de la UCR en los noventa, estaba a cargo de la presidencia de la organización. La pretensión de imparcialidad, un valor por entonces en el tercer sector, resultó mancillada con el pase de Alonso, pero el canal quedó abierto.

María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti, algunos de los nombres que acompañaron a Mauricio Macri y pasaron por Creer y Crecer.

En paralelo, ADC, inspirada en 1995 por el abogado Alejandro Carrió, con un perfil algo más independiente que Poder Ciudadano, no quedó exenta de la deriva de la época. La disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín alcanzaba su mayor voltaje y Carrió actuó como abogado de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera en el litigio por la dilucidación de su identidad como probables hijos de desaparecidos. El caso ocupó la agenda pública durante meses, lo que llevó a Carrió a elevar su perfil. Años después, no bien asumió Macri en la Casa Rosada, otro de los artífices de la organización, Carlos Rosenkrantz, lograría ser designado juez de la Corte Suprema por decreto.

Tras la reelección de Cristina Fernández con 54% de los votos, en 2011, Macri se metió en la carrera presidencial sin más dilaciones. El vehículo volvió a ser una ONG perfeccionada, la Fundación Pensar, usina que combinó figuras con origen oenegístico y empresarial, políticos de la derecha clásica e investigadores académicos con primacía de las universidades de San Andrés y Di Tella.

La afinidad con el macrismo o la aversión al kirchnerismo de Clarín y La Nación marcó el camino para ingreso de una vertiente oenegística-periodística. En diciembre de 2015, parte del entramado de conducción de los medios públicos fue trazado en consulta de Jorge Sigal, secretario del área, con el Foro de Periodismo Argentino. El presidente de esa entidad entonces, Néstor Sclauzero, asumió la dirección periodística de Canal 7 y con él llegaron otros representantes del Fopea a la emisora pública.

Versiones sobre la pluralidad

En la “sociedad civil”, la voz predominante entiende que las identidades partidarias de creadores, financiadores y directivos no determinan necesariamente la orientación de las ONG, y que las trayectorias en las conducciones no son monolíticas. En efecto, incluso en las organizaciones más allegadas a los partidos de Juntos por el Cambio trabajan analistas y responsables que no adhieren en absoluto a ese signo. Quien busque, encontrará críticas a los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta por parte de Poder Ciudadano, ADC y Fopea. Sus distanciamientos, aunque hayan sido a cuentagotas y con tono ciudado, les merecieron la etiqueta de Corea del Centro disparada por los halcones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), creada en 2002 por los abogados Ezequiel Nino (hijo de Carlos), Gustavo Maurino y Martín Sigal, está orientada a los derechos sociales y económicos. No sólo mantiene una agenda pública de tensión con ejecutivos de Juntos por el Cambio sino que ha litigado contra ellos.

El cofundador Maurino dejó la dirección en 2013. Dos años después, fue designado a cargo de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia durante la administración Macri. “Es un error hablar de tal cosa como ‘el mundo de las ONG’. Las organizaciones de la sociedad civil somos muchas y diversas”, advierte Sebastián Pilo, director de la entidad que fomenta la democracia participativa. El dirigente concede que el macrismo se nutrió más que el kirchnerismo de la “sociedad civil” para formar sus equipos, “pero otra cosa es el vínculo con los Gobiernos y cuánto afecta la independencia. En nuestro caso, en nada”.

Por caso, ACIJ se encuentra con que el ejecutivo de Rodríguez Larreta suele incumplir sentencias en litigios ganados por la organización, lo que agrega fricción. En una causa en la que se ordenó subsanar el riesgo de electrificación que provocó muertes en la villa 21-24 de Barracas, ACIJ pidió una multa personal contra Larreta, que fue concedida y apelada por el gobernante ante el Tribunal Superior de Justicia. Si ese cuerpo dominado por el macrismo falla a favor de ACIJ, Larreta deberá pagar $ 1,9 millones.

Capítulo CIPPEC

El caso CIPPEC merece un capítulo aparte. Fundada en 2000, produce informes de alto nivel técnico en un amplio rango de áreas. En varias de ellas, como educación, sus abordajes se ubicaron en veredas distantes de las políticas sostenidas por los gobiernos del PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio. Sin embargo, ninguna otra ONG se desprendió de tantos directivos y cuadros técnicos que partieron rumbo al macrismo.

Los tres últimos directores ejecutivos que precedieron a la actual, Gala Díaz Langou, saltaron de la sede de la organización ubicada en Congreso a despachos oficiales bajo el signo del PRO. Nicolás Ducoté dejó CIPPEC en 2010 para pelear por la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. Lo sucedió Fernando Straface, hoy secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de campaña de María Eugenia Vidal y blanco de las críticas de Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Cuando se fue, Straface pasó la posta en CIPPEC a Julia Pomares, quien es desde hace siete meses jefa de asesores del alcalde porteño y candidato presidencial.

No sólo ello. CIPPEC fue uno de los artífices del sello Argentina Debate que organizó la discusión de candidatos presidenciales de 2015. El último de ellos, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, fue en noviembre. En diciembre, José Octavio Bordón, presidente del Comité Estratégico de Argentina Debate, se mudó a la embajada argentina en Santiago de Chile, y Hernán Charosky, coordinador, comenzó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, donde hoy encabeza el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas. La lista no acaba. Miguel Braun, cofundador de la organización, se había integrado al PRO y la Fundación Pensar años antes, y fue asignado a la Secretaría de Comercio. Martín Bohmer, docente en universidades nacionales y extranjeras, fundador del área Justica en CIPPEC y ex vicepresidente de ADC, se hizo cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil bajo la órbita de Garavano, hoy asesor legal de Macri.

¿Hace ruido que analistas, expertos y directivos de la ONG más prestigiosa y con mayor presupuesto, que aboga por políticas sustentables y se presenta apartidaria, hayan optado por integrarse a las estructuras gubernamentales de Macri y Rodríguez Larreta?

Responde Díaz Langou: “Si CIPPEC fuese una organización partidaria, no podríamos cumplir nuestra misión. Es una organización independiente apartidaria, condición imprescindible para propiciar políticas públicas en la Argentina”. La responsable de la organización enumera que, desde la fundación, pasaron 900 personas por Callao 25, “muchas fueron y otras venían de la gestión pública; entre ellas, unas treinta que hoy están en el Gobierno nacional”.

La directora ejecutiva afirma que la diversidad del consejo de administración y los jefes de área de CIPPEC no tiene correlato con la adhesión partidaria que terminaron eligiendo Ducoté, Straface y Pomares. “Las recomendaciones de CIPPEC están basadas en evidencias que siguen protocolos internos y el trabajo de una gama muy amplia de diferentes actores. Tenemos comités de ética y de calidad muy estrictos, y eso se complementa con una enorme variedad de fuentes de financiamiento para un presupuesto de US$ 3 millones anuales. Son 235 fuentes distintas, e incluyen cooperación internacional, individuos y gobiernos con equilibrio partidario y geográfico”, indica Díaz Langou.

Dilemas del CELS

En la misma casona donde funciona Poder Ciudadano, en San Telmo, se asienta el CELS. Como un matrimonio que cohabita el mismo espacio porque deshacerlo sería muy complicado, la que muchos consideran la organización de derechos humanos más influyente de América Latina y la marca fundacional de la “sociedad civil” en Argentina —hoy con fuerte impronta del Grupo Clarín— se ven la cara todos los días desde que la Fundación Ford compró una sede en común en Piedras 547, a fines de la década de 1990.

La entidad que preside la antropóloga Sofía Tiscornia y presidía Verbitsky presentó batalla contra el Gobierno de Cambiemos en Argentina y ante estrados internacionales, fuera por Milagro Sala, la ley de medios, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los desmanes de la mesa judicial y los endémicos abusos policiales y carcelarios. Antes de Macri, el establishment de la “sociedad civil” apuntó contra el CELS por su cercanía con el primer kirchnerismo, señalamiento que es rechazado en la oficina que da al frente de la casa de San Telmo, con el argumento de que la ONG alternó elogios y críticas cuando hizo falta. En 2015, la consumación de la seducción de Macri al tercer sector le sirvió al CELS el plato frío de la venganza.

“El tema es la honestidad de asumir la historia de cada uno y de consistencia en la acción. Es legítimo tener posicionamientos; lo que está mal es la pretensión de imparcialidad”, dice la fuente del CELS citada más arriba.

De la organización fundada por Emilio Mignone surgieron funcionarios de los gobiernos de los Kirchner y de Fernández, aunque predominaron las terceras y cuartas líneas. Entre los de mayor rango, con importante recorrido profesional y académica, se encuentran Gustavo Palmieri, exsecretario de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, y Andrea Pochak, actual subsecretaria de Enlace Internacional de Derechos Humanos. El exdirector ejecutivo e histórico de la ONG Víctor Abramovich accedió como procurador fiscal ante la Corte Suprema mediante concurso público y antes había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos. Todos ellos cuentan con un antecedente de peso, el propio Mignone, representante del Ministerio de Educación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem.

La adhesión de Verbitsky y otros referentes del CELS al cristinismo es explícita, mientras que la mayor parte de los estamentos directivos y analíticos “coincidieron con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, libertad de expresión, reforma de la Corte Suprema y migraciones de la gestión de Néstor Kirchner”, evalúa Gastón Chillier, exdirector ejecutivo. Ello no impidió —indica el abogado— que el CELS denunciara y litigara en casos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, la mano dura, derechos de poblaciones indígenas y las acusaciones contra el exjefe del Ejército César Milani, de las que fue absuelto.

En coincidencia con la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Chillier dejó la dirección ejecutiva y asumió Paula Litvachky, antes encargada del área de Justicia y Seguridad. “El CELS decidió realizar una rotación en el equipo de gestión”, comunicó la organización en febrero de 2020. La relación de Verbitsky con Chillier estaba desgastada.

Desde el momento en que fue nombrado presidente, en 2000, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, estaba claro que las posiciones políticas y las vinculaciones personales de un periodista de la trayectoria e influencia de Verbitsky iban a jugar un papel inocultable, con lo bueno y lo malo que implicara. Los debates al respecto en el seno de la organización fueron permanentes, y no cesan. “Digamos que nos obliga a mantener los canales de discusión muy abiertos”, concede la persona citada.

La vacunación del histórico columnista de Página 12 marcó un problema de otra naturaleza y disparó críticas más severas dentro de la estructura del CELS. El tiempo parece no haber sanado heridas. Una de las versiones indica que el alejamiento de Verbitsky sería comunicado bajo la forma de una jubilación, y que el anuncio sería en febrero.

Virtud y resquemor

“El paso de la sociedad civil a la función pública debería ser mirado como virtuoso antes que un defecto. No todas las ONG son iguales, pero algunas elaboran trabajos de calidad que le aportan el Estado, y sus analistas tienen una vocación por lo público que hay que valorar. Hay un evidente antiintelectualismo en algunos sectores”, dijo una persona con experiencia en una entidad importante de la “sociedad civil” que hoy ocupa un cargo alto en un gobierno. La coincidencia con el eje central de ese argumento es prácticamente unánime entre las ONG.

El resquemor entre los militantes clásicos y el oenegismo tiene razones de ser. El camino de la asesoría mal rentada en un Concejo Deliberante del Gran Buenos Aires hasta un puesto ejecutivo con despacho propio, sueldo digno y presupuesto a cargo puede durar décadas. En el medio, el militante tiene que soportar al arribista de la tele al que le agarra el berretín de la política, al “hijo de” y al vicario del aportante de campaña, más los bandazos tácticos e impúdicos de las cúpulas. De buenas a primeras, cuando llega la hora del cargo, un oenegista asoma por la puerta con pergaminos de estudioso y prestigio social. Y como los ciclos políticos a veces son efímeros, cuando el cargo se esfuma, el oenegista vuelve a la sociedad civil, la consultoría o parte como scholar a una universidad extranjera. Es injusto.

La otra campana también suena. La carrera en las ONG no es un lecho de rosas. Supone años de empleo precario y zozobra por conseguir fondos. Si la entidad es bien llevada, implica una especialización que, como señala la voz anfibia que hoy ocupa un puesto en un gobierno, no debería ser desdeñable. El saber y la buena praxis de un oenegista ejemplar choca con las trapisondas de la política tradicional y el insano concepto que confunde lealtad partidaria con complicidad. Así, el oenegista con maestría y PhD, cansado de verla pasar, se anima a dar el paso, pero corre el riesgo de la frustración ante la máquina de impedir de la politiquería. Es injusto.

Quién paga

Díaz Langou, de CIPPEC, apuntó a un tema crucial: el financiamiento. Casi todas las ONG mencionadas golpean puertas similares. A saber: Open Society, de George Soros; National Endowment for Democracy (NED), creada en tiempos de Ronald Reagan bajo la órbita del Capitolio, a la que muchos atribuyen vínculos originales con la CIA; la Fundación Ford; USAID; Fundación Avina, de un empresario suizo; las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, paises escandinavos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, y las fundaciones partidarias alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana, centroderecha), Friedrich Naumann (liberal, centroderecha) y Friedrich Ebert (socialdemócrata).

Desde la década de 1990 y por muchos años, cuando se desarrolló el tercer sector con el perfil que conocemos bajo la proclama de perfeccionar la democracia, la “cooperación internacional” de las victoriosas potencias occidentales fue el eje del financiamiento. El modelo sigue vigente, pero en los últimos años, la competencia por los recursos se hizo mayor. Al fin y al cabo, la Argentina tendrá sus problemas pero no es ni tan subdesarrollado, ni tan conflictivo para la agenda de Washington y Bruselas, ni su democracia está tan en peligro, ni es tan dócil como para atraer la bondadosa magnanimidad de Soros, Ford, la embajada de Noruega, la USAID y otros por el estilo.

Históricamente, las empresas que operan en la Argentina no han sido muy propensas a financiar proyectos que no controlan por entero y que no reditúan ganancias en lo inmediato. No obstante, en los últimos años, los fondos privados crecieron de la mano de del Grupo Clarín-Telecom, Telefónica, Pan American Energy, IRSA, YPF, La Nación, universidades, Google, Facebook, Techint, Insud, Aluar, Arcor, Farmacity, Naturgy y Quilmes, entre muchos otros.  

Junto a la denominada “cooperación internacional” y el mundo de los privados, la tercera pata de la financiación son los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

El peso de cada fuente de fondeo varía según la ONG. CIPPEC, entre las más activas a la hora de transparentar sus cuentas, obtuvo en 2020 el 42% de sus fondos de la cooperación internacional, el 11% de gobiernos, y el 47% de empresas e individuos, informa en su página web. En 2021, los números (todavía no cerrados) fueron similares.

En los presupuestos de CIPPEC y Poder Ciudadano, el pago de los gobiernos se da en retribución por sus aportes en el diseño de políticas y auditorías. Para Fopea, los fondos de Clarín, Google y Facebook son decisivos, y también recibe apoyo del Gobierno de la Ciudad. Chequeado, el sitio de corroboración de información que actúa en cierta manera como una ONG, financia una parte significativa de su presupuesto vía empresas privadas que donan en su evento anual, mientras que la cooperación internacional representa 95% de los fondos de ACIJ.

En cuanto al CELS, años atrás atinó a reducir su dependencia de la “cooperación internacional”. Cuando se retiró su financiador histórico, la Fundación Ford, la ONG de derechos humanos instrumentó un sistema de aportes individuales que llegaron a representar más de 40% del presupuesto, marca Chillier. La experiencia resultó ambigua, porque en la Argentina no está tan acendrada la propensión a la membresía individual y las sucesivas devaluaciones hicieron que los dólares de la cooperación extranjera volvieron a ganar terreno. En agosto de 2021, la fundación de George Soros comenzó a financiar un proyecto hasta 2025 por un monto de US$ 2.060.500, con lo que se transformó en uno de los principales aportantes.

Bisagra

Voces del tercer sector coinciden en expresar frustración por la experiencia vivida con Macri. Se pudo hacer poco y nada, y los malos resultados económicos dominaron la agenda. De los caballitos de batalla, se registraron avances en el acceso a la información pública, en cuya agencia de implementación desembarcó de lleno la “sociedad civil”. El combo de Gestapo, Falso Abogado D'Alessio, prisiones preventivas abusivas y visitas a Olivos de los jueces no terminó siendo muy edificante para quienes postulan el mantra de “una mejor democracia”, salvo para los oenegistas que se metieron en el barro de la política y comenzaron a arrojarlo a la cara de los adversarios, como Alonso. Otros apuestan a volver mejores, como los exdirectores de CIPPEC que integran la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Aunque las voces de esa entidad suenan convencidas en cuanto a que su independencia no se vio afectada, la mudanza de tantas y tan relevantes figuras al Gobierno de Macri y ahora al larretismo causó innegable impacto en las oficinas ubicadas a metros del Palacio Legislativo. En cierto sentido, el impasse forzado por la pandemia no fue del todo negativo para mitigar la visibilidad de la cena anual de CIPPEC.

En cuanto a ACIJ, la impronta urbana de su agenda, con foco en villas y derechos sociales, deriva en choques frecuentes con el Gobierno de Rodríguez Larreta. Aunque el alcalde cuida al máximo el vínculo con la sociedad civil, la relación con ACIJ es, por momentos, tensa.

Poder Ciudadano aparenta ser la organización que tiene más resuelta la cuestión de su imagen pública. Wortman Jofre, su presidente, es un notorio abogado de Clarín, incluidas las causas menos decorosas. La tesorería de la ONG está a cargo del gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la empresarial ADEPA, Martín Etchevers. La clasificación de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de la cual la entidad es filial argentina, se mantiene como su instancia de mayor visibilidad anual. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización, no pudo responder la consulta de elDiarioAR.

En línea similar, Fopea tampoco parece inhibida a la hora de exponer su rostro tradicional. La ONG que agrupa a unos trescientos periodistas acaba de protagonizar sus primeras elecciones internas por la conducción. Participaron dos listas sin mayores diferencias de fondo. El peso de Clarín y La Nación, y la sintonía con ADEPA siguen delimitando el camino.

Más allá de las disputas internas, en el CELS prevalece la coincidencia entre sus referentes actuales y pasados que las acciones públicas en torno a la agenda de derechos humanos fue mantenida a salvo de la cercanía con el kirchnerismo y, ahora, el Frente de Todos. La verba de Sergio Berni, la omnipresente brutalidad policial y carcelaria y la distancia del dicho al hecho que signa al gobierno de los Fernández le dan la oportunidad de seguir marcando distancia.

De la generación fundadora de 1979, conformada por abogados y familiares de desaparecidos, quedan pocos en actividad. Integran el directorio del CELS, además de Tiscornia, la histórica Laura Conte, Verbitsky y referentes de áreas que van del derecho al feminismo, de la academia al sindicalismo, como Damián Loreti, Paula Abal Medina, Dora Barrancos, Diana Wassner, Gustavo Palmieri, María José Guembe, Marcelo Ciaramella, Luis Fara y Victorio Paulón.

¿El alejamiento de Verbitsky será inmediato? “No confirmo ni desmiento”, responde la persona al tanto de las discusiones de estos días. Tampoco confirmó ni desmintió Verbitsky, porque no contestó el mensaje de elDiarioAR.

SL

La divulgación de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal coordina con empresarios, espías y otros funcionarios el armado de causas contra sindicalistas trajo aparejado un debate sobre el papel del periodismo, los off the records y la libertad de expresión.

En la mañana del lunes, cuando la denuncia publicada en Página 12 cobró vuelo, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon tuiteó un fragmento de su libro “La Raíz” (2018), en el que se preguntaba si “algún día” se sabría la existencia de la reunión que finalmente expuso el video. El párrafo de la página 168 describe con bastante exactitud quiénes concurrieron a ese encuentro de junio de 2017 y el lugar en que se produjo.  

Dos días más tarde, el periodista de La Nación dio a conocer el nombre del último integrante de la reunión que faltaba identificar: Ricardo Alconada Magliano, un tío segundo o tercero, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, con quien dijo no mantener relación. Cabe aclarar que la familia Alconada tiene varias ramificaciones que transitan hace décadas los campos de la política, la Justicia y la empresa de la capital bonaerense.

Una primera reflexión sería por qué, si el cronista contaba con información tan precisa, no la publicó en su momento. Habría sido un elemento útil para develar a tiempo que la cruzada ética enarbolada por el macrismo, que tenía al diario La Nación como uno de sus principales propagandistas, se trataba en realidad de chapucerías extorsivas organizadas por espías, fiscales, jueces y funcionarios que soñaban con la Gestapo, con el fin de eliminar obstáculos y favorecer negocios personales. Hoy, ya conocidos el caso D’Alessio-Stornelli, el listado de visitas de jueces federales a Mauricio Macri y la trama espionaje omnipresente Super Mario Bros, el contenido del encuentro en el Banco Provincia resulta impactante, pero no sorprende.

Tras cartón, Alconada Mon fue acusado en medios y en redes de regular la información y ser cómplice de los mecanismos ilegales que se potenciaron bajo el Gobierno de Macri. La senadora Juliana di Tullio (Frente de Todos, Buenos Aires) llevó el tema a la sesión del miércoles. “Alconada Mon es un mago”, ironizó. “Va a tener que dar explicaciones en sede judicial; estoy harta de la connivencia de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos”, aseveró.

Reglas de juego

Para cualquiera que conozca los procedimientos del periodismo, la respuesta de por qué Alconada Mon se guardó el dato para un párrafo sugerente en su libro sería fácil de deducir. A veces, una información llega bajo la forma de rumor verosímil, pero el periodista no encuentra cómo corroborarla, o la fuente transmite hechos que presenció bajo la exigencia de no publicación. Esta modalidad de “off estricto” (te lo digo para que lo sepas, a condición de que no publiques una letra si no lo corroborás por otro lado) no es tan habitual en Argentina como en Estados Unidos o Alemania.

Si la fuente del cronista fue su tío segundo, es una hipótesis plausible. No cambia la razón que pudo haber llevado a Alconada Mon a manejarse con cautela. Si, por el contrario, el periodista eligió guardarse la información por complicidad, ¿qué sentido habría tenido volcarla en un párrafo perdido en un libro?

Un dato más invitaría a no precipitarse. Las investigaciones de Alconada Mon podrán ser más o menos sólidas, sus razonamientos políticos y prioridades periodísticas se podrán compartir más o menos, pero nadie debería omitir que fue certero a la hora de exponer los negociados de la familia Macri. El autor de “La Raíz” fue artífice de la publicación de los Panamá Papers que tenían a hermanos y amigos del entonces presidente y gran parte de su gabinete como protagonistas centrales, e informó el entramado de offshore y testaferros usado para depositar decenas de millones de dólares producto de supuestas compraventas espurias. Es cierto que La Nación se esmeró por hundir esas investigaciones hasta el límite del ridículo, pero los textos están en la web para quien los quiera constatar.

A tal punto Alconada Mon fue molesto para el Gobierno de Macri, que fue blanco, como Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros, de los espías “cuentapropistas” que reportaban a la Agencia Federal de Inteligencia de Arribas-Majdalani y entraban a la Casa Rosada para entregar conclusiones en la antesala del despacho presidencial.

En su momento, al periodista de La Nación también se le reprochó que demoró la publicación de los Panamá Papers hasta abril de 2016 para no arruinar la asunción de Macri en la Casa Rosada. Otra acusación sin fundamento. Las grandes filtraciones en las que participan periodistas de decenas de países requieren coordinar la campana de largada, porque si cada uno publica cuando le conviene, perjudica a los colegas de otras latitudes. Son las reglas de juego.

La reacción

Tras los dichos de Di Tullio, la corporación periodística entró en acción. La Nación, que contaba con la misma información que publicó el lunes Página 12, pero prefirió disimularla, rescató el tema y denunció un “ataque” por parte de la senadora peronista. Tras días de ningunear la jugosa trama de la célula Gestapo —en forma similar a lo que hizo con las investigaciones de Alconada Mon sobre Macri: crónicas enterradas todo lo posible—, La Nación decidió entrarle por los dichos de Di Tullio.

El papel central de la reacción le correspondió al tándem Fopea-Adepa. El dúo de periodistas profesionales y empresarios de medios emitió repudios casi idénticos contra las afirmaciones de la senadora.

En un argumento que bien podría enarbolar la defensa de Pepín Rodríguez Simón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad inspirada, entre otros, por el periodista de Clarín Daniel Santoro, arriesgó: “La postura de la senadora reflota la disparatada teoría del lawfare, mediante la cual se pretende instalar una sensación de permanente sospecha, sin ningún dato objetivo, sobre el rol del periodismo profesional y por consiguiente invalidar los procesos judiciales abiertos”.

Si el lawfare existe, es un debate del corazón de la política que trasciende fronteras, alcanza estrados judiciales y académicos, y excede el objeto de esta nota. De lo que no caben dudas es de que la libertad de expresión es un valor de la democracia que corresponde tanto a un periodista, una ONG, un sindicato, una senadora peronista, un barrendero y una jugadora de vóley.

Sería absurdo un ecosistema de la opinión pública en el que algunos periodistas tuvieran vía libre para el agravio y la acusación penal —varios de quienes propalan insultos al aire son connotadas figuras de la ONG que dicen defender el periodismo profesional— y los políticos se vieran restringidos a la hipercorrección para responder.

Claro que si una fuerza gobernante o un dirigente pasa del dicho al hecho y orquesta el arresto o la censura de un periodista constituiría una instancia grave e intolerable. No es el caso. Tan sólo se trata de la crítica de Di Tullio a Alconada Mon —para quien firma, descentrada— y su voluntad de que dé explicaciones en sede judicial.

En un país en que la censura prevaleciente viene por el lado de las pautas privadas y estatales, y los intereses extraperiodísticos de los propietarios o gestores, en los últimos años, lo más parecido al cercenamiento de la libertad de expresión fue el arresto arbitrario de dueños de medios opositores al macrismo acusados de evadir impuestos (Fabián de Sousa y Cristóbal López) y la amenaza de cárcel proferida desde pantallas televisivas contra quienes no se cuadraran. Esas aventuras seguramente fueron orquestadas en mesas judiciales similares al de la Gestapo antisindical de miembros del gabinete de María Eugenia Vidal, pero no merecieron ningún comentario de las ONG tan íntimamente vinculadas al mundo PRO.

De todas formas, lo más lesivo del accionar de Fopea no son sus silencios sino la confusión deliberada entre la acusación de una senadora oficialista a Alconada Mon y los procesos judiciales que involucraron a Daniel Santoro en las supuestas tramas extorsivas del fiscal Carlos Stornelli, el fallecido Claudio Bonadio, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros personajes por el estilo. Desde que hace dos años se descubrió la triangulación —voluntaria o involuntaria— entre extorsionadores, Comodoro Py y páginas de Clarín e informes televisivos, Fopea y Adepa dedicaron buena parte de sus manifestaciones públicas a denunciar que estaba en riesgo la libertad de expresión. En la innecesaria defensa de Alconada Mon de esta semana, la primera ONG mencionó que se trata de “un nuevo intento de estigmatizar y criminalizar la actividad periodística”, como si fueran asuntos parecidos. Para uno y otro caso, los razonamientos y las palabras fueron los mismos.

Dos procesamientos de Santoro fueron revocados por cámaras federales por falta de mérito (corresponde seguir investigando) y en una de las causas ya fue sobreseído. Las comunicaciones con extorsionadores, las informaciones que resultaron falsas y las coincidencias periodístico-judiciales están descriptas en los expedientes para quien quiera evaluarlas. No cabe, desde ya, violentar la presunción de inocencia.

La generación de alboroto entre un ataque a la prensa libre, un intercambio altisonante en un ambiente político habitualmente árido y una investigación judicial sobre supuestos delitos cometidos en el marco del ejercicio profesional no hace más que deteriorar el debate sobre la libertad de expresión y desdibujar la función del periodismo. 

SL