El Gobierno de la Ciudad anunció este miércoles que dejará de brindar financiamiento a los viajes que realizan diariamente los recuperadores urbanos, comúnmente llamados “cartoneros”, desde y hacia el conurbano bonaerense para desempeñar tareas laborales en el territorio porteño.

El cese de financiamiento le pondrá “fin a los privilegios” de las cooperativas de cartoneros vinculadas al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, según indicó la administración porteña en un comunicado.

“El Gobierno porteño avanza con medidas para reorganizar el sistema de reciclado urbano en la Ciudad y termina con los privilegios que beneficiaban a un grupo reducido de cooperativas”, añadió

El gobierno de de Jorge Macri sostuvo que decidió “terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, sostuvo el alcalde.

Según precisó la administración porteña, el sistema de reciclado de la Ciudad está integrado por más de 6.000 recuperadores urbanos organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada.

Esos “cartoneros”, la mayoría residentes en distintos puntos del conurbano, viajan diariamente a la Ciudad donde recorren los barrios, recolectan materiales reciclables y los clasifican en los Centros Verdes.

Unos 3.100 recuperadores urbanos pertenecientes a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur contaban hasta ahora con traslado diario financiado por el gobierno porteño para viajar desde la Provincia.

Con esta medida, el Gobierno porteño calcula que se ahorrará unos 6.000 millones de pesos anuales que piensa reinvertir en mejoras concretas del sistema, como obras de infraestructura en los Centros Verdes y refuerzo de rutas de recolección.

“Estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas. El esfuerzo del Estado, que es el de todos los vecinos, debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, justificó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

La decisión se suma a una medida previa, que se ejecutó a fines del 2024, que fue la eliminación de la intermediación de los pagos a más de 2 mil recuperadores urbanos.

Antes se tercerizaban los pagos mediante las cooperativas, que recibían los fondos de la Ciudad y los redistribuían entre sus miembros.

Con la reconversión del sistema, este año todos los recuperadores cobran de manera directa en sus cuentas del Banco Ciudad, sin intermediarios, por lo que se pudo avanzar en la bancarización del 100% de los trabajadores del sistema.

De acuerdo al Gobierno porteño, esta medida generó un “mayor control y trazabilidad”, a la vez que “fortaleció la transparencia en el uso de los recursos y aseguró que cada trabajador cobre exactamente por el trabajo que realiza”.

Esta disposición de combinó con la implementación de un sistema de control de asistencia mediante dispositivos biométricos en los Centros Verdes y predios logísticos, para “asegurar que los pagos lleguen exclusivamente a quienes cumplen efectivamente sus tareas”.

“En el primer mes, los descuentos por ausencias injustificadas aumentaron un 45%”, puntualizaron.

Con información de la agencia NA

Campeonato de Baile de tango

Arrancó el certamen que reúne a milongueros de todo el país y del mundo en el territorio porteño para seleccionar a los mejores bailarines de tango. La competencia tiene cinco categorías con rondas clasificatorias que se harán en distintos espacios de la Ciudad. En la Usina del Arte (Caffarena 1), mañana se presentará la Orquesta del Tango, con reserva previa. La Usina será la sede de las semifinales, el sábado 10 de mayo, y la Gran Final, al día siguiente. Toda la programación se puede consultar en tangoba.org

La Feria de las Regiones celebra Cuyo

Vinos, chocolates, alfajores, aceites de oliva y mermeladas caseras serán algunos de los sabores que se podrán probar en una nueva edición de la Feria de las Regiones, el evento que celebra las tradiciones de todo el país con lo mejor de su gastronomía, música y danzas folklóricas. Esta vez, las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis serán las homenajeadas. Se hará este sábado, de 11 a 17, en la Plaza Ciudad de Udine (Camarones y Chivilcoy). 

Banda Sinfónica

Este sábado a las 20, la Banda Sinfónica de la Ciudad ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1). Bajo la dirección del maestro Nicolás Kapustiansky, brindará un homenaje a Martín Darré que fusionará lo sinfónico con el tango. Reserva previa en https://www.formulariosgcba.gob.ar/e2ZQ0od7ypMJ1G6naJzw/canal/web.

MaraTANA

Este domingo se disputará la tercera edición de MaraTANA 2025, la carrera solidaria de la comunidad italiana que recorre las calles de Palermo, con distancias de 3, 10 y 15 kilómetros. Parte de lo recaudado se destinará a la “Casa de Amistad”. La largada será en el cruce de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta a las 8. Es con inscripción previa en https://www.clubdecorredores.com/carreras/177/Maratana/

Atardeceres en la Ciudad

Una iniciativa gratuita para ver la puesta de sol al aire libre en Parque Carrasco (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero) con DJ sets en vivo, zona de juegos retro, metegol y foodtrucks para acompañar la jornada. Se hará el domingo de 12.30 a 18. El estacionamiento, como el acceso, es gratis y por orden de llegada.

Feria del Libro

Continúa la 49° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento literario más importante de Argentina. Hasta el 12 de mayo habrá actividades en el predio de la Rural (Av. Santa Fe y Av. Sarmiento), que cuenta también con un stand de la Ciudad donde se desarrollan actividades para grandes y chicos.

Jazz en el Anfiteatro

El cuarteto integrado por Ricardo Nolé, Lio Biondelli, Julián Montauti y Martín Vicente presenta su primer disco, Nai´s Groove, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) este domingo a las 16. La entrada es gratis y por orden de llegada. Y se suspende por lluvia.

Festival del Asado y la Empanada

El sábado y el domingo se celebrarán dos de las comidas típicas más representativas de Argentina. Habrá más de treinta puestos que ofrecerán cortes de diferentes carnes y todas las variedades de empanadas según la provincia. Se hará en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador 4100), de 12 a 23.

Orquesta Filarmónica en el Colón

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires brindará su segundo concierto de abono del año en el Teatro Colón con la dirección de la maestra Zoe Zeniodi. El programa estará compuesto por obras de Haydn y Bruckner. Será este sábado a partir de las 20. Las entradas se pueden comprar en la boletería del Teatro (Tucumán 1171) o a través de https://entradasba.buenosaires.gob.ar/.

La Calle de los Títeres

El Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750) será anfitrión de la celebración del aniversario de La Calle de los Títeres, un grupo que cuenta historias a través de los títeres hace más de 35 años.

Habrá talleres creativos y funciones para toda la familia. Se hará el domingo desde las 15.30. Gratis.

Para que vuelva la música

La Orquesta Académica del Colón ofrecerá un concierto solidario a beneficio de su par de Bahía Blanca e Ingeniero White para reunir fondos y reponer los instrumentos perdidos por la inundación que azotó al municipio bonaerense en marzo. Se presentará el martes a las 20 en el Colón (Tucumán 1171) y las entradas se pueden comprar a través de https://entradasba.buenosaires.gob.ar/.

MU

La camioneta amarilla de “Espacios Públicos” estacionó en la esquina de Viamonte y Montevideo del centro porteño. Un patrullero de la policía de la ciudad frenó detrás. Aquel 16 de julio por la noche, Ricardo Mora (30) y Mónica Gutiérrez (43), una pareja en situación de calle que duerme en esa esquina hace cinco años, salieron de su pequeño refugio hecho con nylon y plástico. 

La denuncia la había hecho un puesto de diarios al lado de esa esquina: un vecino cansado de que estén ahí. Cinco funcionarios del Gobierno porteño y cuatro policías rodearon a la pareja. Les exigieron sus colchones y el carro donde junta cartón para venderlo. También les ordenaron desalojar la esquina. Mónica, paciente psiquiátrica e insulina dependiente, se negó. Un efectivo la tomó del brazo y la estrelló contra el puesto de diario, ya cerrado. La cara de Mónica contra el verde metálico y frío del puesto. Ricardo saltó a defenderla: terminó detenido en la comisaría 1-B de la calle Tacuarí. Entre las pertenencias de la pareja que se llevaron los funcionarios porteños esa noche, estaba la insulina de Mónica. “Me dijeron que era una droga ilegal y se la llevaron a la comisaría”, cuenta ella. La escena se repetirá tres veces más a lo largo de agosto y septiembre. La bajada del Gobierno porteño es clara: de la calle también pueden desalojarte. 

Según el último informe de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de calle, hubo un aumento de la violencia institucional contra los ‘sin techo’ de la ciudad. El informe describe que entre agosto del 2023 y 2024, hubo 104 situaciones de violencia por parte de funcionarios porteños, un aumento del 37% respecto al año pasado. La Ciudad de Buenos Aires –describe el informe– es el distrito con más hechos de violencia. A esos hechos, explica la investigación, hay que sumarle 125 detenciones, requisas y secuestros de pertenencias sin orden judicial, conforme al artículo 103 del Código Contravencional.  

“Venimos registrando relatos de hostigamiento de personas en situación de calle desde hace muchos años, pero lo que vemos ahora es un aumento significativo de una política pública explícita y represiva contra esos ciudadanos”, explica Jorgelina Di Iorio, doctora en psicología, investigadora del CONICET y una de las autoras del informe. Por un lado, señala Di Iorio, el Gobierno porteño muestra más dispositivos de asistencia temporal al que no todas las personas quieren o pueden acceder y por el otro los expulsa violentamente del espacio público. “Si a una persona a la que le robaron las pertenencias en un parador decide no volver más, el Gobierno lo responsabiliza por querer vivir en la calle. En lugar de problematizar por qué no quieren recibir la asistencia que ellos promueven, deciden culpabilizarlos”, apunta la investigadora. 

elDiarioAR recorrió durante tres noches la Ciudad, junto a la organización “Amigos en la Calle”, dedicada a la asistencia de alimentos y ropa. En al menos ocho testimonios, los ciudadanos rechazaron ir a un parador por robos, maltratos o porque simplemente no los dejaban entrar con todas sus pertenencias. Silvina Iglesias, fundadora de la organización, señaló que desde el Gobierno le piden que ella recomiende la asistencia de los paradores. “¿Por qué tengo que recomendar algo que no conozco? Las historias que nos llegan hablan de un mal funcionamiento”, detalla Iglesias. “Les tiran sus pertenencias por un lado y los invitan a dormir en sus dispositivos por el otro. Cada vez vemos más hechos de violencia”, señala la fundadora de “Amigos en la Calle”. 

El secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravtez, declaró en una entrevista radial con FM Milenium que la mitad de las personas que están en situación de calle “tienen antecedentes penales y son peligrosas”.

“Hay mucha gente en situación de calle que es oportunista de la situación, que le gusta vivir en ranchadas. Es una forma de vida. Cuando vos le ofrecés un parador, ellos prefieren quedarse en la calle con sus amigos. A veces son más bravas las ranchadas de las mujeres, que de los hombres”, sostuvo el funcionario.

Entre las últimas requisas por parte de la policía porteña, retoma Di Iorio, “se registraron contravenciones ridículas” por el uso indebido del espacio público. “Vivir en la calle no es un delito. Sin embargo, las fuerzas de seguridad labraron actas por tenencia de armas no convencionales, como los fierros largos que usan los recicladores urbanos para buscar entre la basura u otras herramientas de trabajo, como sus carros”, destacó la especialista.

En el mes de junio, la jueza Natalia Ohman, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 17 de la ciudad, recibió 126 comunicaciones policiales vinculadas con detenciones, requisas y secuestros sin orden judicial. Las misma estaban motivadas por la portación de armas no convencionales en la vía pública.

Al analizar los casos, la magistrada llegó a la conclusión de que esas detenciones y secuestros eran arbitrarios y se realizaron sin orden judicial, vulnerando garantías básicas sobre personas en situación de calle. Dada la cantidad de casos, Ohman resolvió declarar la nulidad de todas esas detenciones y requisas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Además, la magistrada alertó de la situación a la Defensora General, a cargo del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad, como también al Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal del distrito. Sin embargo, a principios de septiembre, la Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos resolvió apartar a la jueza y revisar todo lo actuado.

Los operativos sobre personas en situación de calle son parte de la estrategia de Jorge Macri para intentar mostrar una Ciudad mas ordenada, quien desde que llegó a la jefatura de Gobierno porteña –en diciembre pasado– busco mostrarse menos tolerante que su antecesor. A los desalojos a las personas en la calle, se sumaron también los manteros que llegan a las plazas empujados por la crisis económica.

La estrategia no siempre le resultó efectiva. En abril, Macri terminó pidiendo disculpas cuando difundió en sus redes un video en el que personal de la Ciudad “limpia” a las personas en situación de calle.

Espacio Público al acecho

Es un jueves de octubre por la noche. Bajo el letrero abandonado de la cervecería ‘Hans’, en la esquina de Viamonte y Montevideo, Mónica y Ricardo juegan a las cartas sobre un colchón.  Ayer, cuenta Ricardo, volvió la camioneta amarilla de Espacio Público con la policía a llevarse sus cosas. “Ya estamos cansados. Nosotros no molestamos a nadie. Todos los vecinos nos conocen y nos ayudan”, dice Ricardo, que nació en el barrio de Caballito. “A mi me pone muy mal cuando nos quieren sacar las pocas cosas que tenemos. Me llevaron mi insulina la última vez”, cuenta Mónica, oriunda de Santiago del Estero. “Algunos te tratan muy mal. Nos verduguean por defender lo poco que tenemos. ¿Cómo no voy a pelear por mis cosas?”, agrega ella.

A unas cuadras, en la plaza frente al Teatro Colón, sobre la calle Tucumán, Ariel López, de 44 años, descansa a la par de su carro de reciclador. Duerme por la zona hace unos tres años y, desde que Espacio Público, recorre las calles, tiene que andar escondido. “Ni bien los veo, levanto mis cosos y me voy. A veces me meto detrás de los conteiner para taparme”, cuenta Ariel. La última vez, una tarde de agosto, no pudo escapar. Lo encontraron durmiendo a mitad de cuadra y le confiscaron su único elemento de trabajo. “Ahora estoy más atento. No me van a enganchar”, confiesa el reciclador urbano.

A Oscar Gómez, de 55 años, le ocurrió lo mismo. Paraba con su carrito de supermercado por las inmediaciones del Teatro Colón cuando la camioneta de Espacios Públicos estacionó a su lado. “Me llevaron todo”, dice Oscar. “Con mi edad, ¿quién te da trabajo en esta ciudad? Encima vienen con la policía para amedrentarte”,  denuncia Oscar. 

FLD/MG

Subte de Buenos Aires: el fin de la metáfora por $650 (aunque Sube y Sube). Es la prueba de que –contrariamente a lo que pensaban los rebeldes del Mayo Francés– debajo del asfalto no está la playa, ni existe ese mundo tan distinto que cantaba Sandra Mihanovich. Arriba y abajo conviven la crisis, el tedio, el cansancio y el desempleo mezclados con el apuro de quienes acuden a trabajos cada vez más precarizados. 

Aunque el centro porteño se haya desdibujado como polo de oficinas y luces, la línea B (Juan Manuel de Rosas-Leandro N. Alem) sigue siendo la más popular. Con sus clásicos asientos rojos aterciopelados –modelo Mitsubishi, estrenados en Tokio hace casi setenta años y adquiridos por el gobierno argentino en los noventa– o sus incómodos vagones con manija –CAF Serie 6000 importados de España–, moviliza a 200.000 personas por día hábil, a través de 17 formaciones que pasan cada 3.46 minutos en horas pico.

1980. En su recordada crónica “Blues de la línea B”, publicada en Clarín, Jorge Asís afirmaba que se intuía en los vagones “vergüenza personal, vergüenza ajena, por viajar así, tan subestimados, maltratados, casi saturados (...). Como abrazados pero sin cariño, apelotonados, molestos, valientes en definitiva por salir indemnes de esta culpa cotidiana, de esta deuda diaria que no hay razones para pagar”.

Pasó el tiempo. La titularidad de la red permaneció en manos del Estado, a través de la sociedad Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), pero, en 1994, se otorgó la concesión del servicio a empresas privadas: primero a Metrovías y, desde 2021, a Emova Movilidad S.A, ambas pertenecientes al grupo Benito Roggio. 

Parte del paisaje se mantiene, con cada vez más gente que pide una moneda (cuantía insuficiente en la economía actual) o busca vender algo, lo que sea, para hacer el mango. A media mañana, cuando hay espacio, empiezan la música –folclore, rap, de todo–, las estampitas sobre las rodillas de quienes logran sentarse y dormitan o usan el celular. 

El hacinamiento no cesó y surgieron nuevas problemáticas. Solo este año, hubo: una evacuación de pasajeros al lado de las vías, tras más de dos horas de encierro, que terminó con dos hospitalizaciones por hiperventilación e intervención del SAME; un viaje en el que las puertas permanecieron abiertas con el tren en marcha; desperfectos persistentes en las escaleras mecánicas, imprescindibles para quienes tienen movilidad reducida; y repetidas “fallas técnicas”, que asustan a los pasajeros y se viralizan en las redes sociales. 

A esto se suma lo esencial, invisible a los ojos. Todavía no ha finalizado el proceso de “desasbestización”, una demanda histórica de los trabajadores, que han perdido a un compañero del taller Rancagua por un cáncer usualmente ligado a la exposición a este mineral. Y aparecen constantes filtraciones de aguas cloacales en prácticamente todos los tramos de la línea, que causan olores nauseabundos y contribuyen a las falencias estructurales del subterráneo.

Carlos Taborda cumple doce años como conductor de la B, donde antes había fungido como guarda. Exdelegado, gran parte de su vida se marca al compás de los rieles. Por eso, afirma: “No quiero matarme en mi laburo”. Desde su perspectiva, se están acumulando todas las condiciones para el desastre. Y remarca: “Hay que evitar otra tragedia de Once”. 

Como muchos de sus compañeros, está convencido de que es fundamental un cambio de flota. “Hay trenes con asbesto que siguen contaminando las estaciones. Además, no se realizan las reparaciones necesarias”, agrega. 

Alude a la neumoconiosis que sufrieron varios de sus compañeros, a la “canibalización” de las formaciones –o la extracción de repuestos faltantes de trenes en desuso, que a la vez no se reponen–, a desperfectos en el sistema de comunicación entre las estaciones –por ejemplo, entre Florida y Leandro N. Alem–, y al déficit de condiciones para dar respuestas rápidas y confiables en casos de emergencia, como habría demostrado la evacuación de abril. 

El conductor plantea que no se realizan las limpiezas necesarias para garantizar la visión de los conductores, así como la presencia de aguas servidas por rotura de caños de Aysa y malos desagües de las calles, así como agua de napas, contribuyentes a la deformación de los rieles. Asimismo, apunta a que los guardas requieren la instalación de ventanillas ergonómicas modernas para realizar sus tareas –principalmente, evitar los peligros en el andén– de forma segura para ellos y los pasajeros.

“Hemos visto fallas en el material rodante, filtraciones en las vías, humedad, olores. Hay más estaciones que antes, pero menos trenes. La infraestructura de la línea B necesita una inversión”, añade una integrante de los Metrodelegados.

“El Gobierno de la Ciudad volvió a postergar la compra de trenes para renovar la flota”, remarca. Se trata de la tercera prórroga de la licitación desde que esta fue anunciada en agosto de 2023. Según SBASE, la apertura de la licitación para la compra de 96 coches para la línea B –que tiene como objetivo reemplazar a los sexagenarios Mitsubishi– “está prevista para el 24 de septiembre y la primera formación deberá ser entregada a los 20 meses de la firma del acta de inicio con la empresa ganadora”.

Al igual que Taborda, la trabajadora, sindicalista y especialista en salud laboral se detiene en la cuestión de las filtraciones y sus repercusiones: ondulaciones de las vías, pequeños saltos y hasta vibraciones en las formaciones que, según indica, serían las responsables indirectas de la apertura de puertas registradas de un tren en movimiento, por haber impactado en la corriente eléctrica y el funcionamiento de un relé.“Todos los trenes poseen un sistema de seguridad que impide que las formaciones circulen con las puertas abiertas. En ese caso específico, hubo un desperfecto técnico en una sola formación y el tren fue derivado al taller para su revisión, se reemplazó el componente que generó la falla y el inconveniente ya fue solucionado”, responden desde Emova.

Aseveran, a su vez, que realizan “intervenciones profundas de mantenimiento que consisten en el desmontado de los diferentes componentes para su reparación o calibración, y reemplazo en caso de ser necesario”. Refieren a “rigurosos protocolos” operacionales, “para garantizar la confiabilidad del servicio para usuarios y colaboradores”.

La firma es responsable de la operación y el mantenimiento de todas las instalaciones del subterráneo. El Estado, por su parte, tiene a su cargo la administración de la red, su desarrollo, expansión y el control del servicio, incluyendo las obras de infraestructura e incorporación de nuevo material rodante. 

“Las tareas de arreglo de filtraciones están incluidas en las obras que se llevan adelante en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones”, contestan desde SBASE. Este proyecto comprende “trabajos de impermeabilización, pintura, restauración de pisos, recambio de luminarias, reordenamiento del tendido eléctrico, adecuación de señalética y nuevo mobiliario, como bancos, cestos, apoyos isquiáticos y puesta en valor de las intervenciones artísticas”. Citan las reparaciones ya realizadas en la estación Pasteur-AMIA y aclaran que se encuentra en licitación la obra en Pueyrredón.

Subrayan, en el mismo sentido, que la línea B “posee un sistema de señalamiento con tecnología Automatic Train Protection (ATP), grado de seguridad SIL-4”, cuya función principal es que las formaciones “circulen de forma adecuada, asignando rutas e informando la posición de los trenes para evitar colisiones”. Estos sistemas, vinculados tanto a la seguridad como a la frecuencia del servicio, permitirían visualizar la posición de todos los trenes en zona de vías y, desde el Puesto Central de Operaciones (PCO), indicar al conductor la velocidad permitida. 

“En el marco de la renovación de los sistemas de potencias de la red, se modernizaron las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras (SER), con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios”, comentan los voceros de SBASE. Puntualizan los trabajos ya efectuados en seis estaciones, donde “se renovaron los tableros de alimentación de energía eléctrica de media tensión y se dejó una instalación que permite seguir incorporando coches con aire”.  

Los trabajadores de distintos sectores del subte, con los Metrodelegados a la cabeza, cuestionan los avances marcados por la sociedad estatal y la concesionaria, y ya prevén inconvenientes para el verano relacionados con el acondicionamiento. 

A raíz de sus experiencias –algunas, compartidas con los usuarios, que ven demorados o interrumpidos sus trayectos por fallas en diferentes puntos de la red– erigen una intranquilidad comprensible; una desconfianza en la velocidad y magnitud de las reformas que impacta sobre su bienestar. Sin ir más lejos, un relevamiento realizado a fines de 2023 por Emova registró 81 filtraciones de aguas cloacales, en 12 de las 18 estaciones de la línea B. (No todos los pobres pobres comen pan, pero muchos sí comen mierda, mierda). Para la misma época, al menos seis los trabajadores del subte padecían cáncer por exposición al asbesto.

Dato de color: en 2017, algunos trenes japoneses fuera de servicio viajaron a su tierra natal, donde fueron restaurados y expuestos como “reliquias”, que los locales visitaban. Dicen que la basura (o, al menos, la tecnología obsoleta) de unos es el tesoro de otros. Cuesta trasladar el dicho a un medio de transporte donde cientos de miles de personas confían, cotidianamente, su tiempo y su vida.

Parada Carlos Gardel, es la estación del Abasto. Es una mañana de sol y miles de personas van a trabajar, apretados, contorsionados, en condiciones cuestionables. Como si pagaran esa deuda de la que escribía Asís hace cuatro décadas (y que nunca se terminó de pagar), se alejan más del suelo y más del cielo, también…

JB/JJD

Después de que hace tres semanas Jorge Macri publicara en Instagram cómo su gobierno “limpia”, como por arte de magia, personas en situación de calle de la vía pública, con fotos que muestran el antes y el después, lo que causó repudio en las propias redes sociales y medios de comunicación, el Gobierno de la Ciudad lanzará este jueves un cambio en la forma de asistir a estas personas que viven en la calle.

El programa Buenos Aires Presente (BAP) ahora pasará a llamarse Red de Atención porque, según se informó, “no sólo estará enfocado en la asistencia durante el invierno sino que se transformará con un criterio más amplio, integral e innovador durante los 365 días del año”. La Ciudad amplliará este jueves a 48 sus paradores, con capacidad para atender a más de 3300 personas en situación de calle.

“El objetivo principal de la red es que ya nadie duerma en la calle”, aseguró Macri en diálogo con elDiarioAR y otros medios en la sede de la Ciudad, en la calle Uspallata. “Se mejoro el abordaje de los paradores y protocolarizamos la actuación. Encontramos una manera humana de abordar a las personas en situación de calle”, completó el jefe de Gobierno, quien dio vuelta de página a la polémica abierta por las publicaciones en sus redes sociales. “Fue una mala comunicación de una buena política pública”, reconoció, en línea con la autocrítica que ya había realizado cuando decidió dar de baja el reel en su Instagram.

En concreto la política de asistencia que dará el Gobierno porteño supone “segmentar” los centros de atención a aquellas personas en situación de calle. Será una diferenciación “dinámica” para atender en lugares distintos y profesionales diferentes a las familias con niños, mujeres, varones, personas con adicciones o problemáticas de salud mental. Macri estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, y con Laura Cordero, subsecretaria de atención hospitalaria del ministerio de Salud porteño.

Dialogo con elDiarioAR y otros medios

“Hoy el problema de la gente en calle es mucho más complejo. Viene creciendo con fuerza desde 2019, producto del encierro de la pandemia y la profundización de problemas de salud mental y adicciones, y además la situación económica. Por eso son necesarias nuevas herramientas para una de las prioridades de la gestión”, hicieron saber en el Ejecutivo porteño, que realizará este jueves formalmente el anuncio del nuevo programa.

La problemática, en números

De acuerdo con el Gobierno porteño, la Ciudad dispone de más de 3.300 plazas en los 47 Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad. Este jueves se sumará uno más. Y según el censo realizado en abril de este año, actualmente son 3.560 las personas en situación de calle.

De los relevados, el 63% acude a los CIS. A su vez, 6 de cada 10 padecen problemas de consumo o trastorno mental severo, lo que desata niveles de violencia. Y más del 50% no es residente de la ciudad.

El Ejecutivo porteño anticipó que dentro del universo de gente que vive en la calle se puede distinguir entre tres grandes grupos, emergentes, crónicos y peligrosos. La Red de Atención está conformada por psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren la Ciudad en vehículos durante todo el día, se informó. A ellos se les suman profesionales a pie que “favorecen la interacción entre asistentes sociales y las personas en situación de calle, a quienes se les ofrece el traslado a uno de los 47 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas”.

En estos centros, a estas personas “se les brinda contención y seguimiento profesional, una cama, ducha y comida y elementos de higiene personal y ropa y la posibilidad de una reinserción social”, señalaron.

JJD

Las 14 familias afectadas por el derrumbe en Caballito del 8 de febrero en el que murieron dos personas, de 75 y 81 años, siguen sin poder entrar a sus casas. En el lugar quedaron documentos, ropa, medicación, materiales de trabajo y aún no pueden volver. Por orden de la justicia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la construcción de una pasarela para que puedan ingresar a retirar algunos elementos. Mientras tanto, tuvieron que reorganizar sus vidas y alquilar nuevas viviendas, que por seis meses son costeadas por la empresa constructora responsable del derrumbe, MAB INVERSIONES S.R.L. No saben qué pasará después, mientras tanto compran ropa y útiles escolares nuevos o reciben donaciones de familiares y amigos.

“Nos derrumbaron la vida”, dice Elisa Muñoz, una de las vecinas del edificio de Pedro Goyena 555, en Caballito. Dentro del PH de 125 metros cuadrados en el que vivía con su hija de 11 años quedó todo excepto la ropa de verano que cabe en una valija. Cuando la obra en construcción lindera se vino abajo ellas estaban de vacaciones y con eso viven. “No sé qué más podríamos haber hecho. Usamos todas las vías institucionales y aún así nos tiraron la casa abajo y nos destruyeron la vida porque de un día a otro nos quedamos sin nada. Una vecina hacía un año que tenía juicio con la constructora, hicimos 30 denuncias en total. Yo tengo una en la Defensoría del Pueblo. Así y todo quedamos sin nada en un momento político social y económico tremendo. Es muy violento todo”, le cuenta a elDiarioAR.

Desde aquél 8 de febrero cuando la noticia se transmitió en directo por todos los canales de televisión tras la muerte de dos ancianos, la situación no cambió mucho. A través de otra constructora, el gobierno porteño finalizó la demolición del departamento 14 que estaba en la medianera e hizo los trabajos de apuntalamiento para contener de lado a lado. Pero los vecinos y vecinas siguen esperando poder ingresar a sus casas para retirar elementos básicos como documentación, ropa, material de trabajo o medicación. 

Los días posteriores al derrumbe, Tania Ataliva y sus hijos fueron a vivir a casas de sus familiares, después aceptaron ir a un hotel que ofreció el gobierno y finalmente consiguieron que la constructora MAB INVERSIONES S.R.L se hiciera cargo de seis meses de alquiler. “Fuimos al hotel, que era en otro barrio, y allí no tenía para cocinar o guardar la comida. No podíamos continuar con nuestra rutina por su ubicación, así que me tuve que ir. Tuve que salir a buscar un abogado y así luchar para conseguir un alquiler y poder vivir con mis hijos y mascotas ya que estábamos repartidos por distintos lugares. Cuando pasen los seis meses no sé adónde vamos a ir, la incertidumbre es total. Tuvimos que empezar de nuevo de  la misma nada”, le cuenta a este diario. 

El lunes pasado, después de que se cumplió un mes del derrumbe, el gobierno de la Ciudad los convocó a una nueva reunión en la que se comprometió a terminar el pasillo de andamio para fines de esta semana y así poder ingresar a las casas a retirar algunas pertenencias. Sin embargo, es posible que se dilate unos días por la lluvia. Esta no es el primer encuentro con funcionarios, ya se hicieron otros de las que participaron el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el de Seguridad, Diego Kravtez. “Estamos pasando todo el tiempo por la obra, mirando si hay avances. Es muy desgastante porque tenemos que pasar varias veces al día para ver cómo sigue, para enterarnos por los obreros o los bomberos. O suponemos por lla ausencia de elementos de trabajo que está parada. Es muy desgastante porque necesitamos un canal más fluido entendiendo nuestro estado emocional”, explica Elisa Muñoz.

Desde el Ministerio de Justicia porteño le indicaron a elDiarioAR que emitieron un subsidio excepcional para cubrir una primera tanda de necesidades básicas (ropa, uniformes y útiles escolares) hasta tanto puedan ingresar a sus casas. Sin embargo, no todas las familias lo aceptaron porque no estaban de acuerdo con la descripción de lo que debían firmar para aceptarlo. Además, desde esa cartera sostuvieron que entregaron medicamentos “a quienes requirieron para que no discontinúen sus tratamientos y no tenían cobertura o receta”. Sin embargo, no todos lo recibieron. “Mis hijos, de 16 y 17 años, tienen un tratamiento prolongado para la piel y no le dieron los medicamente. Fuimos asistidos por amigos y familia y tenemos cosas prestadas”, cuenta Ataliva. 

La Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia es el organismo encargado de la comunicación con las familias y, según informaron, desde el gobierno trabajan en un proyecto de ley para que la Legislatura exima a los afectados del ABL del 2024.

Otro de los problemas fue el de los materiales para el inicio de clases. Algunas familias recibieron aportes de la constructora y otros del gobierno porteño, pero fueron insuficientes. “Aceptamos que la empresa nos dieran útiles: repuesto de hojas y carpetas. Pero yo le compre dos guardapolvos que me costaron $34.000 y me quedaron adentro. Hay vecinos que quedaron con lo puesto, nenes en pijama. El gobierno ofreció un subsidio pero muchos no aceptamos porque no estábamos de acuerdo con lo que había que firmar. Una familia de cuatro personas aceptó un subsidio de un millón de pesos y le dieron cheques de $50.000 que se podían cobrar uno por día en el Banco Ciudad”, describe Muñoz. 

Conseguir un lugar donde vivir también fue un inconveniente. En un principio algunas personas se fueron a casas de conocidos hasta que encontraron un lugar para alquilar, que finalmente la constructora se comprometió a pagar después de conversaciones con el gobierno porteño. El arreglo es por seis meses y nadie sabe qué pasará después. “Una vez que termine el andamio para poder ingresar, el gobierno de la Ciudad queda liberado de las obras hasta que la fiscal no autorice cómo se sigue. Por ahora, la clausura persiste”, sostiene el abogado Alejandro Romano, dueño de una inmobiliaria en el edificio afectado y uno de los denunciantes previos. 

La causa

Actualmente la causa tramita en la fiscalía de Flagrancia Oeste en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación N° 22 de la Ciudad, dirigida por Mariela de Minicis, bajo la carátula “estrago seguido de muerte”. “Hay una responsabilidad importante de la constructora porque aparentemente lo que hay es un alto grado de improvisación y mala ejecución. Lo que se está viendo es que aparentemente hicieron subsuelo más de lo permitido en el plano que presentaron en la municipalidad. A priori, la inspección se hizo y ellos después hicieron esta excavación”, explica el abogado a este diario. 

Mientras tanto, lo urgente es entrar y retirar los elementos más importantes. “Tenemos todo ahí, toda nuestra vida”, dice Elisa Muñoz, que ya armó una lista de cosas que quiere rescatar: las fotos, las colecciones de su hija de RTS, un grupo de K-Pop, los libros que usa para su trabajo como investigadora y las plantas que estén vivas después de un mes. “Ayer terminé llorando porque llevé a mi hija a la escuela y quedamos las dos empapadas porque no tenemos un paraguas o un impermeable. Me resisto a comprar porque en casa tengo cuatro. Verte en esa situación de vulnerabilidad, llegando a la escuela empapada es muy violento”, agrega.

Luego de este caso se produjeron dos hechos similares. Uno en Palermo, en el que murieron dos obreros, y otro en Caballito. Según un informe de la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires, “en la Ciudad de Buenos Aires hay 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, entre departamentos, edificios, casas y obras en construcción”. En total, murieron cuatro personas en menos de un mes por estos casos.

CDB/ DTC

A pocos días de dejar su cargo tras ocho años de gestión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó hoy la creación de un fondo anticíclico de 350 millones de dólares para afrontar gastos generados por “situaciones extraordinarias” como, por ejemplo, catástrofes, desastres ambientales, emergencias sociales, sanitarias y/o económicas.

“Lo hicimos para que todos los porteños estemos cubiertos ante cualquier emergencia”, explicó Rodríguez Larreta en un video que difundió por medio de su cuenta personal en la red social X.

Allí, Rodríguez Larreta detalló que el fondo anticíclico fue conformado con “recursos” que su administración fue “ahorrando año tras año y solo se podrá usar en situaciones extraordinarias”.

En esos casos citó como ejemplo “crisis económicas que compliquen el funcionamiento de los servicios, o crisis sanitarias como el Covid, o alguna emergencia hídrica o climática, en situaciones extraordinarias”.

El objetivo de la medida, indicó Rodríguez Larreta, es que los porteños estén “bien cubiertos ante cualquier emergencia”.

“La creación de un fondo anticíclico permitirá proteger los recursos de la Ciudad de Buenos Aires de los efectos y las variaciones de los ciclos económicos, proveyendo un mecanismo automático de liquidez ante circunstancias concretas y específicas”, detalló quien fue en las últimas elecciones precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), competencia interna en la que perdió con Patricia Bullrich.

El dinero contemplado en el fondo anticíclico también podrá ser utilizado para financiar gastos operativos cuando se haya registrado una variación de los ingresos tributarios y pagar servicios de la deuda pública si se tratan de vencimientos de títulos cuyo plazo no supere los 90 días.

Rodríguez Larreta dejará de ejercer la Jefatura de Gobierno porteño el próximo 7 de diciembre, cuando oficialmente lo sucederá Jorge Macri, electo al frente de la capital del país en las elecciones del pasado 22 de octubre.

CRM con información de la agencia Télam

Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, afirmó este viernes que le “preocupa” que su contrincante en la interna Jorge Macri “no quiera debatir ni dialogar”. Consideró que existe un sector de la coalición opositora “que se encierra cada vez más en torno al PRO y además tiene un tono agresivo”.

“Es una pena que Jorge Macri no quiera debatir y ni siquiera dialogar. Necesitamos escucharnos y poder contrastar propuestas para después de las PASO ver que es lo mejor de las propuestas para llevarlo adelante. Es el método para mejorar en política, no dialogar no conduce a nada”, dijo el senador en declaraciones a C5N de cara a las PASO del 13 de agosto.

Según el radical, “hay un sector de la coalición que se está encerrando y esta siendo cada vez más sectario y eso se traduce a nivel nacional”. “Veo con preocupación que hay una parte de la coalición que se encierra cada vez más en torno del PRO y además tiene un tono agresivo y descalificativo en esto de no querer dialogar y no aceptar la mirada del otro”, insistió.

Esta semana, Macri ratificó su decisión de no debatir públicamente con su rival, por considerar que Lousteau “no es alguien con quien vaya a levantar el teléfono para dialogar”. El exintendente de Vicente López analizó que la gente espera que la coalición resuelva “las internas lo mejor posible, o sea, con un buen nivel de convivencia”, ya que no le gusta “que le impongan candidatos a dedo”.

“Que él hable de lo que quiera”, dijo Macri en referencia a su oponente, y añadió: “Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños”.

“Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar”, insistió el también ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, Macri disparó: “Soy muy diferente, él fue parte del kirchnerismo”, en referencia al rol de Lousteau como ministro de Economía entre 2007 y 2008; y agregó que “él es el candidato de la UCR”.

LC con información de agencia Télam

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño resolvió este viernes rechazar las impugnaciones presentadas a la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en una resolución donde se tomó la recomendación del Fiscal General local, Juan Bautista Mahiques.

En un fallo dividido por 4 contra 1, el máximo tribunal desestimó los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo Vanina Biasi (FIT) y el dirigente Eugenio “Nito” Artaza, quienes apelaron la decisión del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original.

Además, el precandidato a jefe de Gobierno porteño Juan Pablo Chiesa por el espacio Aptitud Renovadora, también había presentado un recurso contra la postulación del primo del expresidente Mauricio Macri.

Las tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral a la precandidatura de la lista Vayamos por Más consideraban que el ex intendente de Vicente López no cumplía con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone a su entender el artículo 97 de la Constitución porteña.

Ese artículo establece: “para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”.

Con matices, los jueces Inés Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi objetaron el proceso elegido por Biasi y Artaza para elevar las impugnaciones directamente ante el Tribunal Electoral y no recurrir a la Junta Electoral partidaria en una primera instancia. Por eso, rechazaron los recursos por “inadmisibles”, avalando la presentación de Macri como precandidato en las elecciones primarias dentro de Juntos por el Cambio.

“Lo que hizo el Tribunal va en contra de su propia jurisprudencia, que se fijó en el caso Adrián Pérez y otros hechos similares. El hecho es de gravedad institucional porque el TSJ y el Tribunal Electoral permiten algo que no está escrito en la Constitución de la Ciudad”, aseguró Artaza. El ex senador, además, confirmó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema el próximo lunes para que intervengan en el caso.

En un voto disidente, la jueza Alicia Ruiz hizo lugar “a los recursos interpuestos” y votó por “revocar la sentencia del Tribunal Electoral y declarar que Jorge Macri no cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno”.

Este miércoles, Mahiques dictaminó que sean desestimadas las impugnaciones a la precandidatura de Macri, en una resolución dirigida al Tribunal Superior de Justicia para que defina sobre el fondo de la controversia.

Vanina Biasi: “Jorge Macri fue habilitado inconstitucionalmente”

La precandidata del Frente de Izquierda ratificó que “Jorge Macri fue habilitado inconstitucionalmente”, lo cual está demostrado “en este fallo divido del TSJ que aduce que es un problema procesal por no acudir a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, pero no por el contenido que tiene que ver con la interpretación constitucional”.

“Vamos a apoyarnos en que el fallo salió dividido para insistir en que la Corte Suprema nacional intervenga en el tema. Ya no pueden lavarse más las manos para salvar esta candidatura completamente irregular”, anticipó.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para determinar la precandidatura de Macri y dejó la resolución en manos del máximo tribunal porteño. Para evitar pronunciarse sobre las impugnaciones, los jueces supremos se apoyaron en los argumentos del procurador interino Eduardo Casal, quien había dictaminado que correspondía a la justicia porteña -y no a la Corte- decidir sobre la disputa.

Martín Lousteau: “Su candidatura incomoda a la Constitución”

Antes de que se conociera el fallo de la Justicia porteña, el precandidato a jefe de gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, volvió a cuestionar la postulación de Jorge Macri, su adversario en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. “Jorge Macri dice que su candidatura me incomoda. Yo creo que la candidatura de él incomoda a la Constitución”, sostuvo.

En este marco, comparó la apelación a “los grises constitucionales en beneficio personal” con las situaciones denunciadas en otras provincias cuando los gobernadores buscaban reelecciones indefinidas.

LC con información de agencia Télam

Jorge Macri, actual ministro de Gobierno y precandidato a jefe de Gobierno por el PRO, presentó su renuncia formal al cargo de intendente de Vicente López. El Concejo Deliberante del partido bonaerense se la aceptó este mediodía por unanimidad con 23 votos.

Por lo tanto, Soledad Martínez, quien reemplaza al actual funcionario de la Ciudad, ejercerá formalmente la intendencia. Macri estaba de licencia como jefe comunal desde diciembre 2021, después de aceptar sumarse al gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

Martínez, quien será candidata a la intendencia en los comicios municipales de este año, aseguró que “lo que le vamos a proponer a los vecinos es continuar por el camino que venimos recorriendo hace muchos años. Vicente López hoy es una de las ciudades más importantes del país, donde la salud, la educación y la seguridad son prioridades”.

Además, la intendenta manifestó su apoyo a Jorge Macri como único candidato del PRO en la Ciudad: “Nuestro espacio tomó la mejor decisión. Hace muchos años que trabajo con Jorge y es la mejor persona para ocuparse de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante que el PRO siga gobernando CABA y más municipios de la provincia”.

El martes pasado, Macri fue elegido como el único precandidato del PRO para competir en las PASO de Juntos por el Cambio, dejando sin chances al ministro de Salud porteño Fernán Quirós. La definición fue dada a conocer por Larreta, después de analizar una serie de encuestas seleccionadas que mostraron que el exintendente era el postulante con mayor nivel de competitividad de cara a las internas del 13 de agosto.

“Hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aún quedan por lograr, Jorge será el candidato del PRO”, sostuvo el precandidato presidencial a través de Twitter.

Larreta hizo hincapié en que “no es una decisión que se toma rápido, sino que es una decisión que se toma bien y a conciencia”, al tiempo que señaló que tanto Macri como Quirós “tienen sobradas capacidades”.

LC con información de agencias

La Rural abrirá sus puertas para recibir a 50 galerías de arte nacionales y de Latinoamérica en el marco de la quinta edición de la feria Mapa. El evento de arte contemporáneo que busca fomentar la producción artística nacional y regional tendrá lugar entre el 9 y 12 de marzo en el predio ferial de Buenos Aires.

“Este año apostamos a una feria que muestre un panorama de arte latinoamericano en diálogo. La oportunidad de reunir parte de la escena de arte con el objetivo de impulsar el mercado y generar redes entre Argentina y el mundo”, señaló Agustín Montes de Oca, director de la Feria.

La organización del evento contó con la colaboración de asociaciones de galerías de distintas provincias: Meridiano y Faro de Buenos Aires, Giro de Santa Fe y Junta de Córdoba. Las galerías participantes fueron seleccionadas por un comité que refleja esta colaboración federal. Está integrado por la coleccionista Amalia Amoedo, la curadora Irene Gelfman ─quien llevará a adelante visitas guiadas─, Gabriel Bitterman, Alejandro Dávila y Gabriela Gabelich, de parte de la Galería Quimera de Buenos Aires, Sasha D, de Córdoba y Gabelich Contemporáneo de Rosario, respectivamente.

Cuáles son las actividades de la Feria

En esta nueva edición de Mapa, cuya entrada vale $2.000, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires ofrece visitas guiadas con curaduría de Irene Gelfman. Según especificaron desde el gobierno porteño, la propuesta busca brindar líneas conceptuales para recorrer la feria y, así, acercar el arte contemporáneo a más personas.

Estos recorridos podrán realizarse de viernes a domingo a las 15 y, cada uno, tiene un cupo máximo de 20 personas. Para poder participar, es necesario acercarse al Stand de Informes en la Entrada del Pabellón 8 de la Rural, 15 minutos antes del inicio de la actividad.

Los visitantes podrán disfrutar de la exhibición regional del sector Planisferio, a cargo de Mercedes Moreira, que funciona como un “laboratorio de creación” para artistas de 7 galerías invitadas. En este caso, las obras en muestra surgieron a partir de las residencias realizadas en ciudades de latinoamérica como Trujillo, Valparaíso y Jilotepec.

También habrá stands con obras de figuras reconocidas como el artista plástico Ernesto Deira ─en la galería Jacques Martínez─, Martha Botto, Gregorio Vardanega, Rómulo Macció y Luis Wells ─en Maman.

La feria también contará, de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con eventos interdisciplinarios, performances, música y tecnología. En el auditorio, además, se llevarán a cabo conversatorios y encuentros, moderados por Marcelo Dansey, entre los diferentes actores de las artes visuales.

En el predio, los visitantes también hallarán códigos QR para escanear y acceder a una plataforma virtual con información sobre el evento. Estará disponible digitalmente el catálogo de obras en muestra y galerías participantes, textos curatoriales y el perfil de los artistas.

La quinta edición de Mapa prevé, a su vez, una entrega de premios para artistas participantes, una novedad con respecto a años anteriores. Los artistas argentinos podrán ganar un premio de residencia en Cobertizo en México, impulsado por Diderot.art en el marco de un mayor vínculo cultural entre ambos países. También se entregará un reconocimiento para un artista internacional, por el cual ganará una residencia en Epecuén, Provincia de Buenos Aires.

ACM

Desde hace una semana, veintitrés familias del barrio Padre Carlos Mugica de Retiro duermen con colchones en la calle, mientras aguardan respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación de sus viviendas que resultaron afectadas por una demolición en el marco del Plan de Urbanización, que incluso incendió por completo una de ellas.

“Es muy doloroso perder todas tus cosas: los recuerdos de tus hijos, lo vivido ahí, las cosas que me he comprado con tanto sacrificio. Y en un error del gobierno tiraron todo. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo nuestras casas”, dijo María Isabel Báez a Télam, una vecina del barrio cuya casa sufrió un incendio.

Rodeados de pedazos de ladrillos y cemento, las 23 familias con mujeres embarazadas y niños entre ellas, viven y duermen en la calle debajo de la autopista Arturo Illia, con comida y colchones que les fueron donados. “Estamos acá, en el bajo de la autopista todos juntos, en la misma situación, sin respuesta. Sin seguridad de que estén bien nuestras casas. No nos dieron respuesta de cuándo podríamos volver”, contó Gladis Zunilda Espinoza Sanabria de 33 años, que vivía en una de las viviendas con sus dos hijos de 15 y 9 años y su madre de 50.

Hace más de una semana, la empresa Villarex S.A., contratista del Gobierno porteño para los trabajos de demolición de viviendas, tiró abajo una losa como parte del Plan de Urbanización, pero terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera, lo que afectó a otras casas habitadas por casi 30 familias. Tres horas más tarde se desató un incendio -cuyo origen aún se desconoce- en la planta baja de una de las viviendas que dañó por completo el inmueble donde vivían Báez, su esposo y sus hijos.

“Desde que pasó esto no comparto más con mis hijos. Los tengo en casas ajenas porque tengo miedo acá: el barrio no es seguro y yo estoy viviendo en la calle”, dijo la mujer, quien se describió “muy triste” y cansada producto de una discapacidad que tiene.

En tanto, el Gobierno porteño está otorgando a las familias comida y productos de higiene. Si bien en un primer momento se había colocado un baño químico, luego lo retiró y dispuso uno en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) donde también las familias pueden dormir, pero que tiene una capacidad limitada a 10 personas.

Cuando ocurrió el incidente, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a las familias alojarse en hoteles o Centros de Integración Social, pero por miedo a sufrir robos en sus casas y como algunas de ellas tienen mascotas, la mayoría decidió vivir en la calle, cerca de sus hogares.

Cuatro vecinos, acompañados por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio, legisladores y otros organismos, se acercaron el viernes pasado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n°12 para radicar una denuncia. “Nos recibió la señorita Delfina Erecart y nos comunicó, sin darnos ningún argumento válido, que no les iba a tomar la denuncia a los vecinos y que la Fiscalía ya había actuado de oficio”, dijo a Télam Javier Martínez, coordinador del CAJ del barrio Güemes.

Comentó también que “ante la insistencia de querer dejar radicada la denuncia, la respuesta fue: que era fecha de feria, que estaban de guardia y que en los próximos días, quizás los citarían para que puedan declarar”.

Un muchacho cortaba maderas de un cajón de verduras para reavivar un fuego, mientras un hombre picaba morrones, cebollas y papas y los arrojaba dentro de una olla grande para cocinar un guiso para los vecinos, mientras a su lado se formaba una ronda con las familias afectadas, legisladores del Frente de Todos (FdT) y distintos organismos.

“Estamos a la espera de cuál va a ser el operativo que disponga hoy la UPE (Unidad de Proyectos Especiales, a cargo de Tomás Galmarini). Hasta el momento no se presentó ni con los vecinos ni con nosotros”, expresó a Télam la legisladora porteña María Bielli (FdT), quien estaba en la ronda junto a los diputados Lucía Cámpora y Javier Andrade.

El miércoles pasado, Nicolás Buitrago, defensor interino a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, interpuso una medida cautelar ante el Ministerio Público Fiscal, donde pidió la reconstrucción inmediata de las viviendas afectadas o proporcionar alternativas habitacionales a corto plazo, entre otros reclamos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, informaron a Télam que “una vez que la Guardia de Auxilio verifique el estado de las estructuras y brinde la autorización necesaria para un ingreso a las viviendas libre de cualquier riesgo, las familias podrán regresar a sus hogares de forma inmediata”. Sostuvieron que, cuando eso suceda, acompañarán “el ingreso de las familias para relevar y evaluar tanto el estado de las viviendas como de las pertenencias de sus habitantes”.

Mientras tanto, los vecinos advierten que viven “con miedo” y en una situación “de inseguridad”, en tanto que aguardan la reunión que tendrán con la UPE. “El lunes abrieron del otro lado del pasillo y robaron un motorcito de agua en nuestra casa y en otra, un televisor”, dijo Gladis, al tiempo que contó que “hubo tiroteos” y que se sienten “inseguros porque estamos con los chicos”. “Vienen, toman nuestros datos y se van. Nosotros queremos directamente una respuesta”, concluyó la mujer.

LC con información de agencia Télam

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, confirmó este lunes que incorporó a su equipo del Ejecutivo a la exdiputada nacional Cynthia Hotton del partido NOS. La dirigente estará a cargo del Consejo Social de la Ciudad, lo que le permitirá “tener una mayor interacción con ONGs, entidades religiosas, empresariales y fundaciones”, explicó Larreta.

Esta mañana, Larreta encabezó el acto de la apertura de la calle Guevara en el barrio de Chacarita, una zona de viviendas populares ubicada frente a las vías del ferrocarril. Afirmó que “cada vez” que su gestión “avanza” en la ciudad de Buenos Aires, “es una muestra de que se puede en el país entero”.

“Aprovecho para darle la bienvenida, es un orgullo”, afirmó Larreta y destacó su defensa del “valor de la vida, de la familia, de la verdad” de la fundadora del partido Valores para mi país. En la presentación, estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, entre otros.

“Cynthia tiene una muy buena formación como economista, fue diputada, diplomada de carrera y conoce muchos los temas internacionales también. Por lo tanto nos va a ayudar en el Gobierno de la Ciudad”, referenció Larreta.

“Esta prioridad que le hemos puesto a los barrios sociales tenemos que llevarla a la Argentina entera, ya que este proceso de deterioro económico y social hace que cada vez las diferencias sean más grandes y las oportunidades más lejanas”, remarcó el jefe de Gobierno.

Larreta apuntó, aunque sin mencionarlo directamente, a los dichos de Alberto Fernández sobre la disputa por los fondos coparticipables: “Tenemos que achicar la brecha en toda la Argentina. Todo este proceso de inflación hace que la diferencia sea cada vez más grande. El ejemplo que dimos en la Ciudad tenemos que darlo en todo el país”.

Comentó que, durante los viajes que realiza por el país como precandidato presidencial en los comicios de este año, observó que “las diferencias son escalofriantes, y cuando desde el Gobierno Nacional se critica a la Ciudad yo creo que hay que mostrar que desde la Capital se puede”.

“Por supuesto que las realidades no son iguales, pero esta actitud de que se puede mejorar es una muestra de que se puede alcanzar en todo el país. Quiero un país integrado, la Capital es la ciudad de todos los argentinos”, añadió.

Hotton se suma a Redrado, Wolff y Lospennato

La incorporación de Hotton al gobierno porteño se suma a la del economista Martín Redrado y los diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff y Silvia Lospennato. De esa manera, Larreta busca ampliar su base en la coalición para darle un mayor volumen político a su equipo de gestión.

En las elecciones de 2021, Hotton consiguió 226.304 votos en la provincia de Buenos Aires, un 2,92 por ciento con lo que no logró renovar su banca como diputada. Hotton es conocida por oponerse a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio igualitario, dadas sus creencias cristinas evangélicas. En 2019, integró una fórmula como candidata a vicepresidenta junto a Juan José Gómez Centurión por el Frente NOS.

LC con información de agencia Télam

Un fiscal nacional del fuero Criminal y Correccional dictaminó este lunes que la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, debe ser investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. La misma es contra el titular de la cartera de Seguridad y Justicia porteña, Marcelo D'Alessandro, por supuestos delitos de corrupción.

La denuncia había sido presentada el viernes pasado, para que se investigue si el funcionario cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de destruir una tanda de chalecos antibalas.

El dictamen lleva la firma del responsable a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Marcelo Solimine, quien invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la Justicia porteña, según informó el portal Fiscales, que depende del Ministerio Público Fiscal.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo interinamente de Martín Peluso, a quien el fiscal le pidió “que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones para que prosigan su sustanciación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.

En su presentación, el fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional “sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal” pero, a partir de 2003, se inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente”.

El viernes pasado, por expresas instrucciones del presidente Alberto Fernández, Soria había presentado la denuncia contra D'Alessandro “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)”.

La denuncia está basada en que diversas publicaciones periodísticas dieron cuenta de una supuesta intervención del ministro de Horacio Rodríguez Larreta en la “concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción”.

Al formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó que “los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D'Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales” y “la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.

Al presentarla, Soria reclamó que D'Alessandro entregue su celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación, ya que la información publicada en distintos medios daba cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a partir de una filtración de información extraída supuestamente del teléfono del ministro porteño.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado por el funcionario del Gobierno Nacional ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

LC con información de agencia Télam

El teléfono de Marcelo D'Alessandro se transformó en una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de calcular hoy. Allí quedaron plasmados delitos presuntos, graves y de gran alcance. Pocos en Juntos por el Cambio (JxC) y en el Gobierno de la Ciudad se animan a decir algo más allá de alguna frase de compromiso. “No somos todos lo mismo” es el eslogan que más citan, algo que, a esta altura, entre perpetradores de ilegalidades estilo Gestapo y Super Mario Bros, tiene lecturas inconvenientes para la coalición de derecha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich saborean discretamente la encerrona de su principal rival dentro del PRO, Elisa Carrió imparte absoluciones tempranas y la UCR retorna al lugar que más frecuenta: fingir demencia. Iluminados por el fuego, D’Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta carecen del privilegio del silencio.

El Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA ensayaron un argumento central para desentenderse de los diálogos en los que el segundo aparecería perpetrando fraudes, sobornos y armado de causas judiciales, probables delitos vinculados a decisiones que competen al primero. Sostuvieron que no corresponde validar informaciones provenientes de una fuente ilegal, como es la filtración de conversaciones privadas.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio

La bandera del “fruto del árbol prohibido” que levantan el larretismo y Juntos por el Cambio encierra un problema de índole política, pero también jurídica. Si alguien ha venido legitimando hace años supuestas pruebas provenientes de escuchas ilegales y articulación con servicios de Inteligencia estatales o paraestatales fueron los máximos estamentos de JxC. Por ello es que, a la luz de los antecedentes, nadie descarta que este episodio de la saga provenga de la interna del macrismo. Entrevistado por el canal de La Nación, D’Alessandro dejó el mensaje en su siempre sórdida retórica: “Aquéllos que entiendan que pueden sacar una ventajita política, sea de enfrente o sea del costado, que entiendan que este juego es muy peligroso”.

Jurisprudencia con sello JxC

Jueces y fiscales de Comodoro Py, de primera, segunda y tercera instancia, en tándem con la Corte Suprema, se dedicaron a aceptar filtraciones con contenidos mucho menos inculpatorios que los expuestos en el Telegram de D’Alessandro. De manera que el Gobierno nacional, denunciante del funcionario de Larreta, podría buscar en la parte de la biblioteca que matice la validez de la prueba surgida de filtraciones ilegales, o bien citar la jurisprudencia sentada por los doctores Claudio Bonadio, Martín Irurzun y sus colegas visitantes de Olivos, Los Abrojos y Lago Escondido, amos y señores de los tribunales federales.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio. La exdiputada, hoy protectora de D’Alessandro, centró su carrera en denuncias basadas en fuentes de Inteligencia, muchas veces espurias. Un caso emblemático fue la presentación judicial realizada en 2019 junto a sus laderas Marina Zuvic y Paula Oliveto a raíz de un sobre anónimo que le llegó a Carrió con escuchas a dirigentes kirchneristas y detenidos en el penal federal de Ezeiza, que luego los programas de Jorge Lanata y Luis Majul difundieron como “operación puf”.

Esas transcripciones buscaban desmerecer la supuesta trama extorsiva para arrepentir testigos orquestada por el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, quien tenía como contrapartes presuntamente involuntarias al fiscal federal Carlos Stornelli, al periodista del Grupo Clarín y el programa “Animales Sueltos” Daniel Santoro y a la citada Oliveto (“Negrita”, para el confianzudo extorsionador). El origen ilegal de esa filtración, que los camaristas trasladados por Macri a Comodoro Py todavía se resisten a enterrar, fue doble. El sobre anónimo que la fundadora de la Coalición Cívica dejó asomar por debajo de la puerta suponía de por sí una violación a la intimidad y al derecho básico de defensa de un detenido. Además, los audios habían sido recabados gracias a un montaje judicial para espiar a reclusos en Ezeiza con la excusa de hacer un seguimiento a otro preso. El macrismo utilizó el artilugio varias veces a lo largo de su trayectoria: un juez de cualquier jurisdicción arma una causa y ordena escuchas masivas con criterios muy laxos de tiempo y espacio. Casualmente, el micrófono indiscreto encuentra a adversarios, opositores y cuñados indeseados de Mauricio Macri. Cuando hace falta, las grabaciones llegan a la TV.

La afección de Carrió por las operaciones intoxicadas son variopintas. Por caso, hizo circular una historia falsa de iraníes cruzando el Río de la Plata en Buquebús para llevar a cabo el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman y hasta prestó el living de su casa para un testimonio fraudulento que terminó siendo un sketch para el programa de Lanata sobre “la morsa”.

Quizás las consecuencias más graves de una grabación ilegal reciente fueron sufridas por Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros apuntados en la causa por el memorándum con Irán. Una ironía ínfima y banal de Timerman, en octubre de 2014, en un diálogo telefónico con el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger, sirvió a Bonadio para reabrir la denuncia de Nisman, que había sido desestimada en tres instancias y archivada. La intervención del camarista Irurzun y dos de los jueces de Casación que visitaban a Macri “por motivos sociales” (paddle, etcétera) fue decisiva para plantar el expediente en el juzgado de Bonadio y validar la escucha ilegal. Varios de los procesados pasaron años en la cárcel y Timerman alcanzó a prestar declaración indagatoria poco tiempo antes de morir, con su salud ultrajada. Todos ellos fueron sobreseídos en 2022.

Telegram sin fondo

La teoría del fruto del árbol prohibido tendrá el previsible destino que le deparen Comodoro Py y la Corte Suprema. No obstante, las sospechas sobre D’Alessandro están lejos de agotarse en las filtraciones —hay pasajes, facturas, licitaciones, contratos de acarreo escandalosos, miles de millones de pesos en juego— y en su propia persona.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta está ante un problema: nadie sabe cuánto más puede aparecer en el Telegram del ministro en uso de licencia y en el teléfono de Diego Santilli, al que habrían violentado con el mismo método burdo de pedir un nuevo chip en un local de Movistar.

No sólo genera incertidumbre cuánto más hay en el archivo, sino quién lo tiene —rival interno o externo— y cuándo será divulgado. Un derrotero sobre “60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%”, fotos y audios de su ministro de Justicia que se desgranen hasta las primarias de agosto o las generales de octubre pueden representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral. Las condiciones serán injustas, sin dudas, porque ningún allegado a Macri, ni a Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Cristina, ni a Alberto ni a quien sea el postulante peronista entregará su teléfono para que le revisen los mensajes.

Los probables peligros por venir explican la contradicción intrínseca de D’Alessandro y Larreta, que navegan a dos aguas entre tachar la filtración como falsa y denunciar el hackeo. Si niegan todo de plano, arriesgan la eventualidad de que aparezcan pruebas incontrastables. Si Larreta respalda a su funcionario a rajatabla, el daño podría tornarse irreparable en el futuro, como si hubiera sido poco lo ya trascendido, por lo que alguna distancia está obligado a tomar, sin provocar la ira del ministro licenciado.

Un derrotero en el que se desgranen más alusiones a '60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%', fotos y audios de su ministro de Justicia puede representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral

Bullrich toma impulso en la encerrona de su rival del PRO para cuestionar la falta de respaldo a su funcionario y atina a dejar la puerta entornada para que D’Alessandro, un manodurista con quien tiene buena relación, cruce de vereda en un mercado de pases en el que viene perdiendo por goleada.

Uno de los principales dirigentes del sector de Bullrich configura el escenario ante elDiarioAR. “Horacio da malas señales respecto de lo complicado que puede estar D’Alessandro al no respaldarlo. No la veo a Cristina soltándole la mano ni siquiera a (el hombre de los bolsos millonarios en el convento) José López, a quien mantuvo hasta el final. Soltarle la mano es darle veracidad a la acusación”.

La segunda tanda de audios de D’Alessandro tiene un alcance de un orden distinto a la de Lago Escondido. Los intercambios de los invitados por el Grupo Clarín al paraíso patagónico expusieron a los viajantes en tanto presuntos receptores de dádivas o sobornos, traficantes de influencias y falsificadores de facturas. A los efectos prácticos, la difusión dificultará los favores que los jueces, ejecutivos del Grupo, espías y funcionarios de CABA pretendían obsequiarse, pero el traslado de la responsabilidad de D’Alessandro a Larreta tiene un alcance limitado.

En cambio, los diálogos con Silvio Robles y el contratista de grúas y estacionamientos Marcelo Violante demostrarían acciones y políticas de las que sería muy dificultoso despegar a la cabeza del Gobierno de la Ciudad. Se trata de decisiones presupuestarias y estratégicas de gran calado.

La fuente que trabaja para la candidatura de Bullrich califica como “un espanto el tema de los servicios y los chats” y amplía su mirada en estos términos. “Lo de Lewis es una cuestión ética, no de corrupción. El problema del político es cuando se asusta. De entrada, D’Alessandro debería haber admitido que fue invitado y se acababa el tema. Lo de las grúas, si fue así, es otra historia: un caso de corrupción mucho más serio”.

Ante la difusión del chat, Robles busca refugio sigilosamente en Comodoro Py. D’Alessandro, en cambio, niega la existencia del diálogo en el que el secretario del supremo Horacio Rosatti le pasa letra judicial y legislativa a la bancada de senadores de la coalición de derecha para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura. Los intercambios también exhibirían promiscuidad en el trato entre ambos en el marco del expediente por la coparticipación de CABA.

Dos datos fortalecen la hipótesis de que el diálogo D’Alessandro-Robles existió. Uno, menor: La picardía del funcionario de la Corte expuesta en la forma de expresarse en el chat es reconocible para cualquiera que haya hablado con él; su huella está ahí. Otro, mayor. Robles habría tecleado las instrucciones el 15 de noviembre pasado. En las 48 horas siguientes, la bancada de senadores de JxC actuó en la línea indicada y Larreta fue la voz cantante.

En cuanto a los presuntos negociados con Violante, la respuesta de D’Alessandro en las pocas entrevistas que concedió fue curiosa. No desmintió lo difundido, sino que pretendió restarle verosimilitud porque la organización de licitaciones de estacionamientos y el contrato de acarreo en manos de Dakota, la empresa de Violante, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia porteño. Ante ese argumento, la fuente cercana a Bullrich ríe.

Ni hace falta que D’Alessandro aclare que la decisión de prorrogar de facto, año tras año, el contrato vencido con Dakota para el acarreo de vehículos a cambio de $55.000 por mes, equivalente al pago de sólo nueve traslados de vehículos llevados por las grúas que actuaban en banda, fue una decisión del máximo nivel del Ejecutivo porteño. Si “las 60 verdes y las 50 argentinas” fueron sólo una cuota de una coima para uno de los tantos contratos y licitaciones que organiza la Ciudad, mejor no hacer proyecciones.

Un capítulo aparte merece la reacción del mundo periodístico. En estas semanas, se vio el cruce de vereda entre aquéllos que ventilaban cuanta conversación privada de Cristina o un kirchnerista fuera hackeada durante los años de Macri en la Casa Rosada, aunque fueran apreciaciones personalísimas, y quienes rechazaban de plano todo contenido que una filtración de ese tipo, en respeto a la privacidad y los procedimientos institucionales. Los roles se intercambiaron.

Reapareció una tercera variante, muy común en el periodismo: la del cazador cazado. Aquélla que en la primera década del siglo hizo uso y abuso de la pinchadura de mails y teléfonos provistos por una organización residual de la SIDE menemista con una voracidad insaciable, que a su vez fue víctima de operaciones abyectas de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el macrismo, y que hoy acude en defensa de Larreta y, sobre todo, de Rosatti, en un repentino frenesí por la legalidad.

SL

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció este viernes que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Es por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro”, consignó el ministro en su cuenta de Twitter, donde replicó un comunicado del Ministerio de Justicia.

Soria informó que en la mañana de este viernes se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, donde pidió que D'Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro porteño por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las filtraciones, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que es “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide también investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesta por D'Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban estrategias en el marco de la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

A continuación, el texto de la denuncia:

LC con información de agencia Télam

El anuncio de Alberto Fernández de que pagará a la Ciudad en bonos; el rechazo de la Ciudad de Buenos Aires y sus denuncias penales contra el Presidente y sus funcionarios; además del paso al costado de la Corte Suprema, que esperará a febrero para volver a tratar el tema, agudizaron la crisis entre oficialismo y oposición, con el enfrentamiento entre el máximo tribunal y el Gobierno Nacional de fondo. 

Hasta el momento, la Corte tomó una decisión temporal. El miércoles último dictó una medida cautelar en la que estableció que el Gobierno Nacional debe aumentar al 2,95% los fondos de la coparticipación que envía a la Ciudad para solventar el costo de la policía local y la seguridad pública del distrito. 

Luego de sostener públicamente que el fallo es de “imposible cumplimiento”, Fernández anunció este lunes a través de su cuenta en Twitter que pagará a la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) con títulos públicos TX31. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, dijo el Presidente en la red social.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes la posibilidad de cobrar bonos en lugar de dinero y dijo que Nación continúa sin cumplir con el fallo de la Corte. ¿Puede Fernández pagar en bonos a la Ciudad? ¿Debe la Ciudad aceptar la propuesta? ¿Hay otros casos similares? ¿Qué hará el máximo tribunal y qué sucede en el frente penal? ¿Cuánto dinero está en juego, de dónde proviene y cómo se reparte la masa de impuestos nacionales de la Coparticipación Federal? Son algunas de las preguntas que plantea este nuevo capítulo del conflicto y que elDiarioAR responde en esta nota en base a la consulta de leyes, fallos y fuentes oficiales.

Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño con intervención directa en el caso) más 180.000 millones de pesos anuales para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, informó la misma fuente del Ejecutivo capitalino. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. Esa suma podría variar cuando la Corte dicte el fallo definitivo sobre el conflicto (ya que el último fallo sólo es temporario). Sería el 21,6% más con respecto a lo que está recibiendo de Nación desde el año 2021 para la Policía local (180.000 millones de pesos). También significa poder bajar impuestos a los porteños en un año electoral y mayor disposición de recursos propios para otros fines e inversiones.

Para el Gobierno Nacional, esos 39.000 millones de pesos significan, por ejemplo, el equivalente al presupuesto 2023 para los gastos del Senado de la Nación. Es casi lo que destinará el próximo año al Hospital Posadas; o los gastos corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad en 2023, de acuerdo con la Ley de Presupuesto enviada al Congreso.

También implicaría menor inversión en obras públicas en las provincias aliadas en un año electoral y en los que vendrán.

Provienen de la masa de la recaudación de todos los impuestos nacionales, como los de derecho de importación y exportación, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), combustibles, Impuesto PAÍS, Bienes personales, créditos y débitos en cuentas corrientes, entre otros.

La distribución actual de los recursos que provienen de la recaudación de impuestos nacionales se rige por un acuerdo firmado en febrero de 2002 entre Nación, las provincias y la Ciudad. 

El “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificó la distribución de la coparticipación que ya regía por una ley de 1988, la número 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que estableció que el 42,34% de la recaudación de impuestos nacionales fuera a Nación mientras que el 56,66 % se destina a las provincias y el 1% restante al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN).

Cada provincia y la Ciudad reciben un porcentaje diferente, basado en la cantidad de población, la brecha de desarrollo entre las provincias y la dispersión de la población.  

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se convirtió en un Estado autónomo, el Congreso tenía plazo hasta 1996 para modificar la ley de coparticipación y readaptarla, pero eso no sucedió. Sí se incorporaron modificaciones, dándole igual tratamiento a la Ciudad que a las provincias, pero recién en 2003 la Ciudad comenzó a recibir el 1,4% de la masa coparticipables de impuestos. Su incorporación a la repartija no modificó los porcentajes que recibían las provincias sino que proviene del porcentaje que recibe Nación. 

Los cuatro jueces de la Corte ordenaron que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que todas las decisiones en relación a la coparticipación deben ser en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad. Es decir que Fernández no puede tomar decisiones unilaterales, como la del pago en bonos, sino que debe llegar a un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Si este aceptara el pago en bonos, como lo hizo la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional podría avanzar con la medida.

Además, la Carta Magna afirma que Nación no puede realizar transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos -por ejemplo, el traspaso de la Policía de la Ciudad y los fondos para solventarla- sin la aprobación de la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires. 

En el fallo, la Corte también resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que Fernández no contempló cuando en septiembre de 2020 estableció por decreto que la Ciudad dejaría de recibir el 3,5% de los recursos coparticipables y volvería a percibir el 1,4%. 

A su vez, las leyes y modificaciones de la Ley de coparticipación también deben realizarse en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad, lo que tampoco se cumplió con la ley sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, confirmando la reducción de los fondos percibidos por el Estado porteño, ya que no incluyó un acuerdo previo con el gobierno de Rodríguez Larreta.

Los fondos que reclama la Ciudad son en bancarizados. El Banco Nación envía el dinero de la coparticipación diariamente a cada distrito. 

Los bonos funcionan de otra manera. Los títulos TX31 se ajustan por inflación y no se liquidan en el mercado financiero, como explicó este lunes elDiarioAR. Tienen un plazo promedio de nueve años y pagan intereses del 1,45% al 2,5% dos veces por año. Por ejemplo, Santa Fe los aceptó con la idea de cobrar esos dos rendimientos anuales en efectivo y distribuyó parte de los bonos entre los municipios de la provincia como parte de la coparticipación de los impuestos provinciales. También puede usarlos para cancelar algunos créditos tomados con el Estado nacional para hacer obras o como garantía para conseguir préstamos para proyectos de inversión.

No exactamente, aunque ambos casos tienen que ver con decisiones unilaterales de distintos gobiernos nacionales en detrimento de las provincias o la Ciudad. 

En 2009, Santa Fe, al igual que San Luis, demandaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema por haberles deducido el 15% de los impuestos coparticipables a para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

A finales de 2015, la Corte Suprema falló a favor de San Luis y Santa Fe. Declaró inconstitucional dicha deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables porque no se había realizado con el acuerdo de las provincias. 

En febrero de 2019, la Corte debió dictar un nuevo fallo ordenando al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con el fallo de 2015 y concrete las negociaciones con San Luis y Santa Fe para llegar a un acuerdo sobre cómo Nación le devolvería a ambas provincias los fondos que les había quitado en 2009. Macri dejó la Casa Rosada sin llegar a un acuerdo.

Tras trece años de litigio, Santa Fe cerró el caso con el gobierno de Fernández para recuperar 151.000 millones de pesos. Como parte del convenio, el gobernador Omar Perotti aceptó que Nación le pague en bonos TX31.

El máximo tribunal no habilitará la feria de enero para analizar el conflicto debido a que el caso no cumple con las características de una urgencia, informó una fuente de la Corte ante la consulta de elDiarioAR. 

En el registro público del Poder Judicial de la Nación, que se encuentra automáticamente sincronizado con los movimientos de los expedientes, el caso no ha tenido movimientos desde el fallo del 21 de diciembre último. 

Sin embargo, la Ciudad presentó este lunes una demanda por desobediencia contra el Gobierno Nacional y el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, se presentó este martes para recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y anexar al expediente el recurso de reposición in extremis en el que solicita a la Corte rever su decisión. 

La Corte debía correr traslado de la demanda de la Ciudad a Nación para que el Estado Nacional responda en el plazo de cinco días hábiles, que se vencen a principios de febrero próximo. También deberá correr vista del recurso in extremis para que la Ciudad plantee su posición. 

Los antecedentes indican que los jueces del máximo tribunal no revocan sentencias o decisiones que ellos mismos hayan tomado (es decir, con la misma composición de la Corte). 

En el recurso de reposición in extremis que presentó este martes, el Gobierno Nacional solicita a los jueces del máximo tribunal que dejen el fallo sin efecto debido a que está “basado esencialmente en el prejuzgamiento y la arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación suficiente; en el exceso de atribuciones constitucionales en el que ha incurrido el tribunal al dictar la medida cautelar”; “y en que no se encuentran reunidos los requisitos legales para la procedencia de medida cautelar alguna”. 

Para que avance el juicio político por mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, la oposición debe contar con una mayoría en Diputados y en la Comisión de Juicio Político para que prospere la acusación y luego en el Senado para que avance el proceso de juicio y destitución, pero no cuenta con los números suficientes en ninguna de las dos cámaras.

Las denuncias penales contra Fernández y otros funcionarios nacionales corren por cuerdas separadas al caso en la Corte Suprema, pero están directamente relacionados. El fuero penal tampoco habilitará la feria de enero para continuar con el avance de los expedientes que se acumulan en los tribunales de Comodoro Py, ya que tampoco cumplen con las características de urgencia.

Todas las denuncias de la oposición contra Fernández y sus funcionarios de los ministerios de Interior y Economía, y los miembros del directorio del Banco Nación serán acumuladas en el mismo juzgado y fiscalía. Los casos quedaron a cargo de Daniel Rafecas y Ramiro González. 

El juez delegó la investigación en el fiscal, quien tomó las primeras medidas de rigor esta semana para intentar determinar más adelante si el Presidente y el resto de los denunciados cometieron delitos penales, como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad pública.

ED

Lo dejó escrito y firmado el presidente Alberto Fernández en un comunicado del jueves último por la noche: “En un fallo político, de cara al año electoral”. También lo es la respuesta del Gobierno. El trasfondo de la aparente crisis institucional que desató la decisión de la Corte Suprema de ordenar el aumento de los fondos coparticipables que el Ejecutivo Nacional envía a la Ciudad de Buenos Aires para financiar la Policía porteña es netamente político y electoral.

Si bien las consecuencias son abiertamente económicas (el Estado Nacional percibirá menos fondos públicos que deberá enviar a la Ciudad), la contienda es entre contrincantes que darán la pelea por la Presidencia en 2023 y que contarán con más o menos dinero público para financiar obras en un año electoral, y así, en adelante.

elDiarioAR analizó el fallo y las posiciones de ambos Estados, consultó a constitucionalistas y buscó antecedentes de la Corte para responder algunas de las preguntas tapadas por el ruido de la pelea política. Estas son algunas de las respuestas para entender las consecuencias e implicancias de la decisión del máximo tribunal.

Mauricio Macri había asumido la Presidencia hacía apenas tres semanas cuando el 5 de enero de 2016, firmó un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para que Nación transfiera al gobierno porteño las funciones de seguridad pública en materias no federales. 

Con su aliado en la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concretó uno de los reclamos para ampliar la autonomía de la Ciudad fijada en la Constitución de 1994. 

El convenio implicó que el Estado Nacional transfiera a la Ciudad “la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes que se encontraban afectados hasta ese momento a la prestación de dicho servicio”, incluyendo gran parte de la estructura porteña de la Policía Federal Argentina (PFA), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nació así la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de una serie de decretos, el Poder Ejecutivo Nacional también traspasó los fondos para financiar la Policía porteña: aumentó el coeficiente de coparticipación de la Ciudad en la masa de impuestos recaudados a nivel nacional y que se reparte entre Nación, las 23 provincias y el Estado porteño. 

Desde 2003, la Ciudad recibía el 1,4% de la masa de los impuestos recaudados. Macri elevó ese porcentaje a 3,75% (luego en 2017, lo reduciría, con acuerdo de la Ciudad, a 3,5%) y por decreto, estableció que la diferencia entre ese 1,4% y el 3,75% de la coparticipación que empezaría a recibir la Ciudad debía destinarse a la Policía de la Ciudad y la seguridad pública local. Es decir que la fuerza de seguridad, su implementación y todo lo relacionada a la política de seguridad se llevaba el 2,35% de la coparticipación de Argentina. 

A casi un año de la asunción de Alberto Fernández, y tras años de críticas y debates en torno a la decisión de Macri, el Presidente firmó en septiembre de 2020 un primer decreto para bajarle el porcentaje de coparticipación a la Ciudad y destinar esos fondos al aumento de salarios de los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires; y en diciembre de ese mismo año, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.606, mediante la cual lo restableció en el 1,4% de la masa de impuestos recaudados.

La ley también determinó que la Ciudad recibiría, además, “el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transf‌irió en el año 2016”, según afirmó el propio Fernández en un comunicado oficial este jueves por la noche. Ese adicional es equivalente a unos 180.000 millones de pesos, según el Presidente.

Existe una diferencia central entre el costo que calcula la Ciudad y el que realiza Nación: Larreta reclama sobre el total de fondos que destinó a la Seguridad pública, mientras que Fernández lo hace exclusivamente sobre el costo del personal policial transferido.

El decreto de Fenrández, firmado en septiembre de 2020, y la sanción de la Ley 27.606 llevaron el conflicto a la Corte Suprema.

Tras la firma del decreto de Fernández y de la sanción de la ley 27.606 en septiembre y diciembre de 2020, el Gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema una demanda por inconstitucionalidad de la normativa, alegando que “genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden” y vulnera su autonomía constitucional. Además, solicitó que el máximo tribunal ordene de manera cautelar la reposición de los fondos a la Ciudad. 

En su demanda, el Gobierno porteño afirmó que el decreto y la ley de 2020 lo obligaron a “reformular su presupuesto para el ejercicio 2021 a fin de incorporar una reducción de gastos por $32.193.000.000 y un incremento de recursos por $19.600.000.000”, además de “una pérdida adicional por la suma de $ 13.290.048.744”. 

La Administración de Rodríguez Larreta sostuvo que “para incrementar los recursos propios necesarios para afrontar los gastos en seguridad se resolvió el aumento del 1% en la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que alcanza al sector financiero”, y que los ciudadanos porteños pagan a través de sus gastos en tarjetas de crédito, y aseguró que debió “suspender y ralentizar obras en la red de subterráneos, el traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos, entre otros gastos”. 

El Gobierno Nacional no sólo rechazó la demanda del Gobierno porteño sino que planteó ante la Corte que se condene a la Ciudad a devolver “lo percibido en exceso” mientras estuvieron vigentes los decretos firmados por Macri entre 2016 y 2018 porque se trató de “aumentos carentes de todo fundamento”, en base a “afinidad política” y sin “respaldo jurídico, presupuestario o económico”.

Además, sostuvo que la transferencia de los servicios de seguridad no federales de la Nación a la Ciudad debe hacerse junto con el traspaso de los fondos, como marca la Constitución, pero contemplando también criterios objetivos de reparto de los fondos recaudados por impuestos: que sea equitativo, solidario y dando prioridad “al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, como también marca la Carta Magna. 

En el sentido contrario a los fundamentos de la Ciudad, Nación afirmó que el Ejecutivo Nacional cuenta con facultades para dejar sin efecto los decretos firmados por Macri y que la fijación unilateral por el Estado Nacional del porcentaje de coparticipación que corresponde a la Ciudad es “una práctica constante y aceptada”. 

También adujo que los cálculos de los fondos que Nación fijó en 2020 para el financiamiento de la Policía porteña “responden a estudios y análisis previos que demuestran cuál es el costo real del servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016, debidamente actualizado”.

El máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, incluso convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los funcionarios del Gobierno porteño que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo y evitar que la Corte tuviera que intervenir en una disputa que los jueces supremos consideran política. 

La conciliación fracasó. A pesar de las divisiones que atraviesa la Corte entre sus miembros, los cuatro ministros, Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, firmaron un fallo unánime.

Resolvieron sólo sobre la medida cautelar solicitada por la Ciudad, mientras dejan pendiente el fondo de la cuestión, que terminará resolviendo la contienda de manera definitiva. 

Los jueces ordenaron que mientras llega el fallo definitivo, el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

Además, ordenaron al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606.

El fallo resalta la autonomía de la Ciudad y la equipara como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994, afirmó a elDiarioAR el jurista Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

De acuerdo al fallo del miércoles último, las autoridades nacionales nunca terminaron de hacer efectiva esa autonomía. Rosatti y Maqueda fueron constituyentes de la reforma de la Carta Magna en 1994 y han fijado el criterio de la autonomía de los gobiernos locales en fallos y escritos. “”La Ciudad de Buenos Aires, por consiguiente, se ve en la actualidad impedida de ocupar el puesto que le corresponde en el federalismo organizado por la Constitución“, sostiene el fallo.

Sobre la necesidad de hacer lugar a la medida cautelar, la Corte aseguró que buscó “atenuar, durante el curso del proceso, la alteración que causan las normas impugnadas en el normal desempeño presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población”.

Además, resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que se cumplió durante el gobierno de Macri pero que el decretó de Fernández no contempló, ya que fue una decisión unilateral.

Según la Corte, no. “Los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”, asegura el fallo. Perjudica entonces a Nación, ya que antes de que la Ciudad sea autónoma dependía de Nación y recibía fondos de la coparticipación que le quedaba al Estado Nacional. De hecho, la Ciudad podrá solicitar que se le reintegren los fondos no percibidos entre 2021 y 2022, es decir, de forma retroactiva, cuando el fallo central le termine dando la razón, como todo indica en base al primer fallo del caso firmado el miércoles último.

“Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, respondió el presidente Fernández en el comunicado del jueves por la noche, que firmó junto a 14 gobernadores oficialistas y aliados. Lo dijo en referencia a los fondos nacionales que el Ejecutivo destina a financiar obras públicas en las provincias, por fuera del porcentaje de coparticipación que las provincias reciben. 

Si, varios. La Corte ha fallado en distintos precedentes sobre otras provincias que reclamaron contra Nación por la quita de recursos coparticipables, como Córdoba y Santa Fe (fallos que esperaban también Río Negro y Neuquén), además de San Luis. Los gobernadores Juan Schiaretti, Omar Perotti, Arabela Carreras y Omar Gutierrez no integraron la lista de mandatarios provinciales que acompañaron el reclamo de Fernández, aunque sí lo hizo Alberto Rodríguez Saá. 

“Sí, se puede recusar a los jueces de la Corte. Luego, los jueces de la Corte deciden si aceptan o no apartarse de la causa”, respondió Gil Domínguez. 

La constitucionalista Adelina Loiano, coordinadora de la Especialización en Derecho Constitucional en la UBA, sostuvo, en cambio, que la recusación está fuera de término, ya que debía realizarse al inicio de la causa, no al final, tras el fallo adverso. 

La excepción podría basarse en argumentos nuevos que demuestren la parcialidad de los magistrados a favor de la Ciudad.

“Si los ministros de la Corte aceptan la recusación, se sortean cinco jueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones del país, quienes pasarían a decidir sobre el recurso”, explicó Gil Domínguez. 

Si bien hay antecedentes de excusaciones de jueces de la Corte en casos determinados, como en la demanda contra Farmacity, lo más probable es que los ministros rechacen esta recusación, aseguró el jurista, con amplia experiencia en litigios ante el máximo tribunal. 

Luego de rechazar la recusación, los jueces estarán en condiciones de decidir sobre el recurso de reposición in extremis“, estimó Gil Domínguez, con amplia experiencia en litigios ante la Corte. 

Loiano asegura que no, que el fallo de la Corte es la palabra final del Poder Judicial. Gil Domínguez, en cambio, explicó que el recurso al que recurrirá el Gobierno Nacional, denominado “reposición in extremis” fue establecido por la propia Corte en su jurisprudencia para habilitar una etapa excepcional de revisión de sus decisiones en casos muy particulares. 

“Los fallos de la Corte Suprema se cumplen -aclaró Gil Domínguez-. Ante un fallo del máximo tribunal, es procesalmente posible interponer un recurso de reposición in extremis, que es la herramienta jurídica mediante la cual el Gobierno Nacional deberá argumentar por qué considera que el fallo es irracional”, 

En junio último, la Corte determinó en un caso que “los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria” y que  el recurso de reparación in extremis se puede presentar sólo cuando el fallo implica “supuestos de error esencial -material-, en los que se hace ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria”. Ahora bien, el criterio sobre si la situación cuestionada es o no una injusticia notoria lo fijan los propios jueces de la Corte.

La Corte trasladará el recurso al gobierno de la Ciudad para que le responda a Nación. “Si la Corte rechaza el recurso -el escenario más probable-, el fallo del miércoles quedará firme y deberá cumplirse”, aseguró Gil Domínguez.

Una vez firme, el Gobierno Nacional deberá transferir el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad hasta que la Corte trate el fondo de la cuestión y determine un nuevo porcentaje.

Si, aunque ninguno lo anunció públicamente con la impronta que le dio Fernández. Por ejemplo, en 2019, la Corte ordenó al gobierno de Macri que le devuelva a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación. Fue luego de que el Ejecutivo desoyera un fallo anterior del máximo tribunal de finales de 2015, como informó en su momento Página/12.

Entonces, en 2015, la Corte había declarado inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que Nación le quitaba a las provincias para financiar la ANSeS desde 1992. El fallo le dio la razón a Santa Fe, San Luis y Córdoba, que reclamaban la restitución de los fondos e instó a las partes a llegar a un acuerdo para cumplir la orden. Pero pasaron tres años y la única provincia que llegó a un acuerdo fue Córdoba. Ante los reclamos del resto, debieron ordenar a Macri que cumpla la sentencia.

Otro antecedente de un mandatario, esta vez provincial, que desobedeció a la Corte sin consecuencias es el Néstor Kirchner, quien como gobernador de Santa Cruz removió a Eduardo Sosa, entonces procurador general de la provincia, en 1995. A pesar de cuatro órdenes del máximo tribunal del país, Sosa nunca pudo volver a ocupar su cargo.

No tiene plazos. Todo indica que los jueces buscarán bajar la tensión política desatada por el fallo del miércoles. Ante la consulta de elDiarioAR, una fuente con acceso directo a los ministros del máximo tribunal aseguró que no se habilitaría la feria para tratar las eventuales presentaciones de la Ciudad -que acudirá a la Corte nuevamente para exigir que Nación cumpla con la medida cautelar- ni el recurso del Gobierno Nacional, que hasta el cierre de esta nota no había sido presentado. 

ED

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó este mediodía que no adherirá al asueto administrativo dispuesto a nivel nacional para los viernes 23 y 30 de diciembre. La medida dispuesta por el Gobierno Nacional tiene el objetivo de facilitar los desplazamientos de las personas para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

“Ante el asueto dispuesto por el Gobierno Nacional para los días 23 y 30 de diciembre mediante el decreto 820, el Gobierno porteño resolvió que la actividad en la Ciudad se desarrolle en forma habitual, como en un día hábil”, indicaron en un comunicado de prensa.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta planteó que con la decisión “se busca no alterar el funcionamiento de los servicios de la Ciudad y la actividad comercial en consonancia con las festividades de Navidad y Año Nuevo”.

“El Estado debe fomentar políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de regular, mediante disposiciones, la libertad y los derechos individuales”, argumentaron.

LC con información de agencia Télam

Anoche, cerca de las ocho, alrededor de 300 personas aplaudieron a los 50 artistas que finalizaron un concierto sobre las escalinatas del Teatro Colón. El repertorio incluyó clásicos como “O sole mio” o “La canción del Toreador” y cerró con el himno nacional. Con el sol en retirada, las personas que pasaron por Libertad 645 se quedaron para ver el espectáculo musical que incluyó una interpretación del barítono Cristian Maldonado. Llamó la atención esa muestra gratis de lo que sucede en una de las salas de ópera más importantes del mundo. También llamaron la atención los carteles.

“Recomposición salarial”, se leyó en una bandera blanca, una inscripción que se replicó en carteles más pequeños sostenidos por los artistas. Es que el concierto forma parte de una plan de lucha que comenzaron los cuatro cuerpos estables del teatro ocho meses atrás para pedir un aumento salarial que contemple las cifras reales de inflación. El cantante del coro estable del Teatro Colón Ramiro Pérez afirmó que el “objetivo principal es defender el salario ante el brutal ajuste”. “Estamos pidiendo una recomposición salarial real a la brutal inflación de este año, que es de tres dígitos, pedimos un aumento que supere esta inflación. Desde el Ejecutivo tienen conocimiento y no nos han dado ningún tipo de respuesta favorable y hoy nos vemos en la tarea de salir a la calle para exponer lo que pasa adentro del teatro. Todo no está bien”, dijo en diálogo con elDiarioAR.

La gente que miró el concierto al aire libre se cruzó con aquellos que esperaban para ingresar a ver la función de “Cascanueces”, donde también se expresó el reclamo. Un hecho similar a lo que sucedió los primeros días de diciembre con “Tosca”. “Venimos peticionando  a las autoridades desde hace un montón. Desde que empezó este año lo hicimos formalmente a través de una nota por vía administrativa. No nos dieron una respuesta con solución sino que se nos dijo que sigamos trabajando como siempre, con alegría y con la excelencia de siempre. Reiteramos la nota, siempre cumpliendo con nuestras tareas, y no hubo respuesta. No nos quedó otra alternativa más que visibilizar nuestro reclamo, sacarlo puertas afuera porque puertas adentro no nos escuchan y no tienen la respuesta para nosotros”, agregó Rosario, también integrante del coro.

Este diario consultó con las autoridades del Teatro Colón que indicaron que no darán declaraciones. Sin embargo, fuentes del lugar informaron que hay una mesa de discusión paritaria en plena negociación.

La situación abarca a alrededor de 400 personas que integran los cuatro cuerpos estables del Teatro Colón: la orquesta, la filarmónica, el ballet y el coro. “Hoy nuestros ingresos apenas cubren los gastos de vivienda y alimento. Paradójicamente en la ciudad más rica es donde están los artistas que están peor remunerados”, denunciaron en un comunicado en referencia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, hay sectores en los que los contratados ganan alrededor de 120.000 pesos mensuales después de la última actualización tras cobrar 80.000 meses atrás. 

“El salario es diverso porque hay cuatro sectores y hay escalafones. A lo largo de los años cayó brutalmente. Tuvimos el aumento paritario que es menor a la inflación de la Nación. Estamos pidiendo una paritaria que puede ser sectorial, del teatro que la supere. No solo para este año, sino recuperar lo perdido en años anteriores. En los últimos 8 o 10 años hemos perdido alrededor del 50% o 60% de nuestro poder adquisitivo. Nuestro objetivo principal es defender nuestro salario ante este brutal ajuste”, explicó Pérez.

La protesta tuvo la adhesión de ocho compañías nacionales e internacionales como el Coro Polifónico Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional y trabajadores del ballet, orquesta, coro y técnica del Teatro Municipal de Santiago de Chile.

Coro polifónico de córdoba. “La producción no se frenó. Este año fue con todo, se contrataron elencos internacionales que son prácticamente los mejores remunerados del mundo, con lo cual dinero en las arcas hay, lo que pasa es que no lo quieren destinar a los trabajadores”, explicó Rosario.

En el comunicado también denunciaron el alquiler del teatro para reuniones empresariales, desfiles y shows, entre otros eventos privados. “Parte de la crisis que vivimos ahora tiene que ver con la utilización del teatro tras la sanción de la Ley de Autarquía que permite el alquiler del teatro para multiusos. En el momento en el que se utiliza para eventos privados, se deja de programar lo que siempre hicimos que es ópera, ballet y conciertos. El Salón Dorado se usa para eventos, para cenas, comidas, se montan cocinas adentro del teatro”, explicó Pérez.

Además, el cantante alertó sobre el efecto a largo plazo que implica este mecanismo. “A lo largo de los años también se va a ver una caída muy importante de las producciones, por ahí no en la cantidad de funciones porque se mantienen las 600 o 700, pero contando eventos privados. A nosotros no nos están programando para darle lugar a cosas que no corresponden para el teatro, que no son de producción propia. Somos un teatro fábrica que produce lo que consume. Si no tenemos trabajo, no tenemos razón de ser”, advirtió. 

“Hoy dejamos las zapatillas de punta, los instrumentos y callamos nuestras voces para mirarlos a los ojos y decirles: Estimado público, no podemos más”, cierra el comunicado. 

CDB/SH