Durante tres siglos, las ballenas francas australes fueron conocidas en inglés como “las ballenas adecuadas” para cazar. Su docilidad, su lentitud y sus cadáveres flotantes las convertían en presas fáciles para los balleneros. En la década de 1920, la población mundial estimada de la especie, que superaba las 70.000, se había reducido prácticamente a unas 300. La caza fue prohibida en 1935.

Desde entonces, iniciativas como la Comisión Ballenera Internacional, un organismo intergubernamental encargado de regular la caza de ballenas y conservar todas las especies de estos animales, han tratado de revertir la tendencia. La comisión celebra este año su 80 aniversario. En la actualidad, las poblaciones de la costa de la Patagonia argentina muestran signos de recuperación. Allí, el “golfo azul” de San Matías se ha convertido en un lugar clave para su reproducción y cría. Sin embargo, se avecina una nueva amenaza.

El golfo San Matías, en la costa de la provincia argentina de Río Negro, se ha convertido en un lugar clave en los planes nacionales para exportar gas natural licuado (GNL). A medida que se intensifican las operaciones de extracción en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta (uno de los mayores depósitos de petróleo y gas de esquisto del mundo), la exportación se está impulsando bajo la presidencia favorable a la extracción de Javier Milei, quien ha descritoel GNL argentino como “la inversión más grande de la historia argentina”.

Argentina tiene la mirada puesta en los mercados de GNL de Europa, India, China, Corea del Sur, Japón y Brasil. Aún no hay acuerdos firmes con ninguno de estos países, aunque sí hay señales de interés por parte de algunos.

Sin embargo, el golfo San Matías es un área de gran valor ecológico: alberga cinco reservas marinas nacionales y provinciales y es reconocida internacionalmente desde hace alrededor de veinte años como uno de los ecosistemas más ricos del país: concentra fitoplancton, captura grandes cantidades de CO₂ y es uno de los pocos lugares del mundo donde las ballenas francas australes pueden observarse desde la costa.

Biólogos y oceanógrafos han declarado a Dialogue Earth que la instalación de proyectos petroleros y gasíferos en la zona supone un riesgo crítico para estas ballenas, así como para el resto del ecosistema.

Hasta hace poco más de tres años, dicha actividad estaba prohibida por ley. En 2022, la construcción del polo exportador tuvo un punto de inflexión con la reforma de la ley provincial 3308, que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el área. La reforma ha allanado el camino para la construcción de un nuevo puerto que permita la exportación de GNL y otros proyectos estratégicos.

El interés sobre el golfo San Matías se explica por sus condiciones técnicas: es uno de los pocos puntos de la costa atlántica con profundidad suficiente y conexión directa con Vaca Muerta.

Desde entonces se desarrollan cuatro proyectos: un oleoducto, un puerto y dos plantas de GNL montadas sobre buques flotantes. YPF proyecta, además, cuatro desarrollos adicionales. Varios ecologistas y científicos se oponen a ellos y expresan su preocupación por su impacto acumulativo.

Colisiones de barcos y derrames de petróleo

Los críticos afirman que este desarrollo aumentará el riesgo de derrames de petróleo y podría alterar la dinámica oceánica. También provocará un aumento generalizado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Existen múltiples riesgos para las ballenas y otros animales que viven en el golfo San Matías, advierte la ecóloga Belén Braga, miembro del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), una organización multinacional sin fines de lucro. Uno de los más importantes es el de las colisiones con barcos, que según Braga aumentarán. A esto se suma el riesgo de enredo con las redes de la industria pesquera. Además, el aumento del número de buques de licuefacción de gas podría provocar un mayor crecimiento de algas, lo que aumentaría el riesgo de enfermedades, añade.

“Hablamos de colisiones, contaminación acústica, derrames y microderrames crónicos. Todas estas advertencias están sobre la mesa”, explicó Braga. Los impactos no solo comprometerían a la fauna, sino también a la economía regional, basada en la pesca y el turismo.

En su evaluación de impacto ambiental YPF reconoce que el oleoducto y las monoboyas podrían derivar en ello. Ante esa posibilidad, las empresas operarias diseñaron un plan de “gestión de operación segura” que se basa en distintos escenarios de derrame elaborados a partir de cálculos que determinan el ritmo en el que el petróleo se dispersaría por el agua hasta llegar a las costas del golfo, de esta forma podrían reaccionar y dar seguridad de contención ante una situación así.

Sin embargo, un estudio de 2025 concluyó que, en varios escenarios, el petróleo podría dispersarse hasta en 30 horas más rápido que lo calculado por YPF. El estudio fue coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, una red de organizaciones de la sociedad civil que incluye al ICB.

Varias fuentes señalaron a Dialogue Earth que las evaluaciones ambientales de los proyectos de combustibles fósiles en el golfo San Matías son fragmentadas. Como resultado, afirman, aún no se ha realizado un análisis exhaustivo de los impactos acumulativos de estos desarrollos en esta zona.

“El estudio de impacto ambiental omite un análisis serio de las emisiones, entre ellas dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles como el benceno”, explicó a Dialogue Earth Cristian Fernández, coordinador de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para esta organización, la combinación de omisiones científicas y las irregularidades en los procesos de consulta y participación pública revelan que el golfo San Matías está siendo tratado como una “zona de sacrificio” en nombre del desarrollo económico.

Proyectos de LNG

Hasta ahora hay cuatro proyectos aprobados por el gobierno nacional. El principal es un oleoducto de casi 500 kilómetros —dividido en dos tramos— llamado Vaca Muerta Oil Sur, que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, calificó como “la obra de infraestructura más grande del país”. Las empresas accionistas son YPF, Vista Energy, Pampa Energía, todas ellas latinoamericanas, y Pan American Energy, con sede en Canadá.

La tubería inicia en Loma Campana, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta, y llega hasta Punta Colorada, un poblado ubicado entre dos áreas protegidas del golfo San Matías. El oleoducto se conectará con un puerto compuesto por dos monoboyas flotantes.

Además, se espera que dos buques flotantes de la empresa noruega Golar LNG, llamados Hilli Epiceyo y MK II, se desplieguen frente a las costas de Argentina para licuar el gas. Como alternativa a las instalaciones permanentes en tierra, los buques son unidades basadas en barcos, de 300 a 400 metros de eslora y 112 metros de altura. Este proyecto está a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar LNG y Harbour Energy, con sede en Londres.

Según el consorcio, el primer buque comenzaría a operar en 2027 y el segundo en 2028. Con el tiempo, procesarán alrededor del 17% de la producción actual de gas de Argentina.

El gas llegaría a través de un gasoducto aún en proceso de licitación, que ha generado tensiones, en particular con la empresa ítaloargentina Techint, interesada en concentrar el proyecto, frente a la competencia de empresas chinas todavía no identificadas.

La inserción de China en la infraestructura fósil no se limita a ese tramo. El MK II se está reconvirtiendo en buque licuefactor en un astillero de ese país. Para Philip Andrews-Speed, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, China “se está convirtiendo en uno de los mayores constructores de barcos del mundo, y eso puede otorgarle un rol clave en el mercado del GNL”.

Sin embargo, a pesar del fuerte apoyo del gobierno, el GNL argentino aún no ha logrado impulsar su comercialización. En abril de 2025, YPF firmó un memorando de entendimiento con Eni, una importante petrolera italiana. En noviembre del mismo año, YPF firmó otro acuerdo similar con la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC. Pero a principios de diciembre, la gigante petrolera Shell, con sede en Londres, se retiró del proyecto antes de que este comenzara. Shell había sustituido a otra empresa que también se retiró, la malasia PETRONAS. Mientras tanto, China, el país con las cifras de importación de GNL más altas del mundo, ha estado reduciendo sus compras de gas extranjero debido a “sobredemanda” y a precios más altos de lo esperado.

A pesar de estos problemas, el gobierno de Río Negro ha seguido apoyando el avance de los proyectos.

La reforma que habilitó todo

La reforma de la ley rionegrina 3308 avanzó a un ritmo inusual, según sus críticos: se aprobó de forma apresurada y no cumplió con los requisitos de consulta.

Pablo Barreno, legislador provincial, dijo a Dialogue Earth que el proyecto de ley llegó de forma inesperada y con el firme apoyo de la entonces gobernadora, Arabela Carreras. “Nos enteramos por el grupo de WhatsApp. Pedimos el proyecto y no lo recibimos hasta después de la sesión”, señaló. “El lunes supe del proyecto; el martes hubo reunión de comisión y no respondieron ninguna de las preguntas”. Él fue el único legislador que votó en contra, al considerar que no contaba con información suficiente para decidir.

La sesión fue objeto de protestas. Fabrizio di Giacomo, miembro de la Multisectorial del golfo San Matías (MGSM), que agrupa a vecinos, comunidades costeras y organizaciones, fue parte de las manifestaciones. Di Giacomo sostuvo a Dialogue Earth que el gobierno buscó impedir cualquier forma de participación social, cerrando las puertas de la legislatura y reforzando el control policial.

La Multisectorial, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y numerosas instituciones científicas sostienen desde 2022 que la reforma es inconstitucional. “Viola el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión de la Ley General del Ambiente”, explicó Di Giacomo. El planteo fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y actualmente llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

Dialogue Earth contactó a la actual secretaria de Ambiente de Río Negro, Judith Jiménez, para consultarle sobre la posición del gobierno provincial frente a las denuncias que hoy residen en la Corte Suprema. Al cierre de este informe, no obtuvo respuesta.

MA

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

El virtual desembarco de buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías, promocionado como el pasaporte al desarrollo por el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck, desató un conflicto que atraviesa a comunidades costeras, organizaciones ambientales y sectores políticos. En esa bahía del noreste patagónico, entre la Península Valdés y la costa que une Las Grutas con la localidad de San Antonio, se juega una pulseada que ya no se limita a cifras millonarias: el choque es entre un modelo de desarrollo extractivo y la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur.

La polémica está cruzada por un antecedente central: la Legislatura de Río Negro reformó en 2022, casi a escondidas, la histórica ley 3308 de 1999, en cuyo articulado se prohibía la instalación de terminales hidrocarburíferas en el Golfo de San Matías. Esa norma había nacido de la alerta de la comunidad por un oleoducto que pretendía convertir a San Antonio Oeste en “la nueva Comodoro Rivadavia” y cuya caída consolidó el perfil turístico de la región. Las organizaciones sociales denunciaron que se trató de un trámite exprés, con legisladores votando entre gallos y medianoche y vecinos impedidos de ingresar al recinto.

El valor ecológico del Golfo refuerza esa disputa. Allí conviven ballenas francas, orcas, toninas y hasta lobos marinos de uno y dos pelos. Además, llegan aves migratorias desde el Ártico canadiense e Inglaterra y se desarrollan pesquerías de merluza y langostino, así como del denominado pulpo tehuelche. “Un derrame aquí sería letal para las aves playeras migratorias. Podría arrasar con un ecosistema que sostiene al turismo y la pesca artesanal”, advierte Mirta Carbajal, bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen.

“El Golfo San Matías es el único de la zona que no tiene actividad petrolera. No queremos que eso se pierda, por eso la esperanza está en la gente que pueda apreciar este lugar en el que estamos”, añadió Carbajal en diálogo con elDiarioAR, quien también integra la Multisectorial Golfo San Matías, una organización que reúne a personas de distintas ciudades costeras autoconvocadas para proteger al golfo de la explotación petrolera y de los derrames de crudo al mar. 

De audiencia en audiencia

Un momento clave de toda esta historia tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024. Ese día, en San Antonio Este, se desarrollaron las primeras audiencias públicas para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Hilli Episeyo, el primer buque que llegaría a la costa argentina, propiedad de la noruega Golar LNG. En aquel momento, vecinos y asambleas advirtieron que el documento minimizaba riesgos y que el procedimiento no se hacía en el lugar directamente afectado, Las Grutas. “Se trató de una audiencia con respuestas evasivas y tiempos acotados, un trámite más que un debate”, recuerda Raquel Perier, activista socioambiental y doctora en Biología por la Universidad Nacional de La Plata, que desde 1979 vive en el Golfo.

Southern Energy —el consorcio integrado por Pan American Energy y Golar LNG, además de por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy— , sin embargo, destaca otra versión. Según indicaron a elDiarioAR, los EIA de ambos buques fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La compañía asegura que los estudios incluyeron un equipo multidisciplinario de expertos —entre ellos investigadores locales del CIMAS y del IIMYC— y que las audiencias cumplieron con todos los requisitos normativos. La primera, dicen, se extendió por 12 horas con 23 expositores, 152 oradores y “plena participación ciudadana”.

Nueve meses después, el 16 de septiembre pasado, se repitió la escena con el FLNG MKII. Las asambleas denunciaron nuevamente cupos cerrados y tiempos recortados. “Estamos viviendo sin respeto alguno de las leyes que hemos construido durante años”, se lamenta Perier. El consorcio, en cambio, afirma que la segunda audiencia se prolongó por 11 horas, con 33 expositores (entre ellos autoridades provinciales, universidades, sindicatos y legisladores) y 146 oradores, de los cuales más del 90% se manifestó a favor del proyecto. El informe presentado sostiene además que se evaluaron impactos acumulativos —ruido, descargas térmicas, emisiones gaseosas, paisaje— y que todos resultaron “bajos” según las guías internacionales.

La empresa agrega que el proyecto generará 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales, y que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial. Para las organizaciones socioambientales, en cambio, el debate sigue siendo el mismo: el impacto acumulativo sobre un ecosistema frágil y la pérdida de soberanía en nombre de un desarrollo que consideran extractivista.

Tres días antes de esa última audiencia oficial, el sábado 13 de septiembre, vecinos y organizaciones habían organizado su propia instancia de deliberación en Las Grutas: la llamada “asamblea del pueblo”. Desde el mural “No al buque” partió una caravana hacia San Antonio Oeste y terminó en la Plaza Centenario, donde un centenar de personas —entre ellas ambientalistas, referentes religiosos y artistas— plantearon un espacio paralelo de discusión.

Una actividad en riesgo

Está claro que los cuestionamientos no se limitan a la forma. Es el fondo lo que está en disputa. Según indican desde las organizaciones, el GNL requiere enfriar el fluido hasta los –161 ºC para transportarlo y luego regasificarlo, un proceso de altísimo consumo energético. Diversos informes internacionales señalan que, en un horizonte de 20 años, sus emisiones pueden llegar a superar en un 30% a las del carbón.

En Río Negro, además, el proyecto de la instalación de los buques depende del fracking en Vaca Muerta y del tendido de un oleoducto de cientos de kilómetros hasta la costa cuya construcción está a cargo de YPF. Es decir, no se trataría solo de un barco: es un modelo de hidrocarburización intensiva, con consumo de agua, sismicidad inducida y generación de residuos tóxicos.

Héctor tiene 53 años y desde los 8 que es “pulpero”, aunque él prefiere que lo llamen recolector costero. “Tenemos miedo de que no nos dejen llegar más al mar”, se lamenta, sentado en el comedor de su casa junto a su hermana Mabel. Ambos viven a las afueras de San Antonio Oeste y reivindican el trabajo que les fue inculcado por sus padres y abuelos y que hoy está en riesgo debido al avance del proyecto petrolero.

“No sé cómo lo tomarán los otros compañeros, pero mi trabajo es este y lo traigo de nacimiento”, afirma Héctor cuando se le consulta si recibió propuestas laborales de parte de las petroleras, algo que niega de plano. “Hace poco tuve problemas de salud y lo único que le pedía a Dios era que no me sacara eso”, grafica, mientras señala los “sunchos” que colocó sobre la mesa. Son varillas metálicas con la punta doblada, instrumentos caseros que desde tiempos inmemoriales se usan para capturar a los pulpos. Es una técnica transmitida de generación en generación, basada en la destreza manual y en el conocimiento del terreno marino.

La clave, dice Héctor, está en saber cuándo “entrar a la marea” y cuándo retirarse: una sabiduría que combina tradición, intuición y resistencia frente a un ecosistema en transformación.

Es que el pulpeo se realiza en un tiempo muy limitado: las pocas horas en que el mar retrocede y deja al descubierto la franja intermareal. Los recolectores observan además la dirección y la intensidad de los vientos, y dependen de la luz natural para detectar las señales que delatan la presencia de los moluscos.

Denuncia abierta

Mientras tanto, la oposición política rionegrina también toma nota. La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, denunció a Weretilneck ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por habilitar la participación de Harbour Energy, heredera de la británica Premier Oil, sancionada en 2012 por operar ilegalmente en las Islas Malvinas.

“Es un caso de encubrimiento empresarial que vulnera la ley nacional y hasta la causa Malvinas, de jerarquía constitucional”, afirmó Odarda, poniendo en el foco al gobernador de la provincia, hoy amo y señor de la política de Río Negro. Para ella, al igual que para las organizaciones ambientalistas, las audiencias públicas “son apenas un simulacro, un trámite administrativo para legitimar lo que ya está decidido”.

Ese señalamiento no solo apunta a una empresa, sino también al estilo del propio Weretilneck. Fiel a su mote de “el Brujo”, el gobernador volvió a desplegar el pragmatismo que lo caracteriza: con mayoría en la Legislatura, allanó en tiempo récord la derogación de la ley 3308 que blindaba al Golfo, alineó a su tropa detrás del RIGI y tejió alianzas con Nación y con las petroleras. Su apuesta es clara: provincializar un proyecto con capitales multinacionales y convertirlo en la bandera de un legado productivo, aunque para ello deba relativizar las críticas por la participación de Harbour o los reparos de las comunidades costeras.

En el último tiempo, Weretilneck consolidó su sintonía con el gobierno nacional. A fines de septiembre, la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, fue designada como directora titular de YPF, con mandato hasta 2026, consolidando así la participación provincial en las decisiones estratégicas de la principal empresa energética del país. La designación fue leída en Viedma como una señal política de la Casa Rosada hacia el gobernador y como una de las puntas del acuerdo que lo une a Javier Milei. En el Congreso, Weretilneck ya venía ordenando a la senadora Mónica Silva y al diputado Agustín Domingo para votar en sintonía con el oficialismo libertario, mientras su gobierno provincial acompaña las principales reformas económicas impulsadas desde Nación.

El gobierno local sostienen que el proyecto de GNL traerá empleo, logística, obras de infraestructura y regalías. En esa línea, en la última audiencia oficial, el gerente de Ambiente de Southern Energy, Marcelo Bombicini, apeló a una metáfora llamativa. “Ya somos vecinos y vamos a ser vecinos durante 20 años con un buque, ahora lo estamos ampliando a un segundo ambiente de nuestro PH, que es el MKII”, señaló, según indicaron las crónicas periodísticas. El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, se sumó a los festejos y aclaró que “estas inversiones no vienen a perjudicar absolutamente nada”.

Pero la desconfianza de un sector de la sociedad persiste. Las organizaciones señalan que, en los últimos años, la Legislatura entregó el control ambiental a la Secretaría de Energía provincial, sin idoneidad técnica, y que la provincia avanza sin cumplir con la consulta previa a las comunidades originarias establecida por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú. “No nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a que lo hagan a costa de nuestra biodiversidad, de la pesca artesanal y del turismo, que es la base de la economía local”, apunta Perier.

El conflicto recién empieza. A medida que se acercan los plazos de inversión, estimados para el 2027, la brecha entre la épica oficial del polo energético y la alerta socioambiental se profundiza. El Golfo San Matías, hasta ahora una postal de aguas transparentes y actividad pesquera artesanal, quedó en el centro de un dilema que excede a la provincia de Río Negro: ¿exportar gas como vía rápida al desarrollo o preservar un ecosistema único en nombre de las generaciones futuras y el bienestar presente?

PL/MG

YPF firmó este martes un Memorándum de Entendimiento (MOU) con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India para la exportación de GNL con un objetivo estimado de hasta 10 millones de toneladas al año, informó la empresa.

Además, el acuerdo contempla la cooperación en litio y otros minerales críticos y la exploración y producción de hidrocarburos, de acuerdo al parte oficial difundido por la compañía.

De la firma del acuerdo que se realizó en la ciudad de Nueva Delhi participaron el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Sinh Puri; el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain; el director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de OIL, Ranjan Goswami; el director ejecutivo de LNG de GAIL, Satyabarata Bairagi; el vicepresidente de desarrollo de negocios de OVL, Swati Sathe; y el presidente y CEO de YPF Horacio Marín.

“Es una enorme satisfacción poder avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos potencialmente de gas. Estamos convencidos de que el país tiene una oportunidad de convertirse en un exportador de energía y lograr el objetivo buscado por toda la industria de generar ingresos por 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años”, destacó el presidente de YPF.

“Quiero agradecer el compromiso y la dedicación del Embajador argentino en la India y todo su equipo que desde el primer momento se involucraron y contribuyeron a alcanzar este objetivo” concluyó Marín.

La firma del MOU cerró la gira que inició el presidente de YPF en enero de este año por Israel, Corea y Japón con la finalidad de generar interés y abrir esos mercados al gas producido de Vaca Muerta.

GAIL es una de las principales empresas de gas de la India, con la operación de más de 16.000 kilómetros de gasoductos. Es responsable de la gestión de los contratos de compra de GNL en el país.

OIL es la empresa integrada de petróleo y gas de la India. Con participación del Estado y más de 60 años de operaciones, la compañía produce más de 3 millones de toneladas año de crudo. Se ubica como la tercera productora de petróleo de la India

OVL es la segunda petrolera más grande de la India. Es una subsidiaria de la estatal Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) con operaciones en 17 países. Su producción representa casi el 15% del total de la India.

Argentina LNG es un proyecto para la licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. Comprende desde la producción de gas en bloques dedicados en Vaca Muerta, su transporte a través de gasoductos dedicados hasta una terminal de procesamiento (offshore/onshore) en Río Negro en las costas del Océano Atlántico.

Con información de agencias.

IG

La sorpresiva salida de la empresa malaya Petronas del proyecto para construir una planta de licuefacción de gas natural, a un costo de US$ 10.000 millones, empujó a YPF a buscar socios alternativos.

La petrolera estatal argentina golpeó las puertas de dos productores de gas y petróleo con décadas de experiencia en el mercado local, Shell, de Reino Unido, y TotalEnergies, de Francia, pero ésta habría llegado a la misma conclusión que la gigante de Malasia: el proyecto bandera de YPF enfrenta costos que la desfavorecen en un mercado global complejo, demandante de grandes volúmenes de inversión.

Total Energies, una de las tres principales productoras de gas en Argentina y la tercera de gas natural licuado (GNL) en el mundo, siguió con atención, pero a distancia, las tratativas entre YPF y Petronas, desarrolladas durante una década. Incluso antes de que el rumor del desestimiento de Petronas se hiciera público, en septiembre pasado, TotalEnergies estudió pormenores del plan con más detenimiento, pero el resultado habría sido negativo, porque el proyecto que lidera YPF demandaría más costos logísticos y financieros que otros en Australia, Estados Unidos o Qatar, indicaron este miércoles fuentes de la industria citadas por la agencia estadounidense especializada en finanzas REDD Intelligence.

En septiembre de 2022, bajo el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, YPF y Petronas firmaron un memorándum para analizar la construcción del puerto de GNL. Se trataría de una de las mayores inversiones de la historia argentina, de unos US$ 10.000 millones, que se extenderían a US$ 30.000 millones si se considera la extracción del gas en Vaca Muerta a lo largo de los años. La exportación a gran escala resolvería en buena medida la crónica escasez de dólares de la economía argentina, lo que motivó gran difusión del memorándum por parte del Ejecutivo peronista.

Los dos últimos años del Gobierno de Fernández y Kirchner se perdieron entre las internas en el área de Energía y la negociación con Petronas, YPF y otros actores locales (Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista y Pluspetrol) e internacionales para crear un marco de inversiones en Vaca Muerta. El proyecto, consensuado con la industria y los gobernadores patagónicos, fue enviado al Congreso por Sergio Massa, pero quedó atascado en el Senado que comandaba Cristina.

La llegada de Javier Milei a la presidencia y de Horacio Marín a la jefatura de YPF disparó una controversia sobre la localización de la planta. El mandatario ultraderechista irrumpió con acusaciones de “expropiador serial” y “comunista” contra Axel Kicillof, y anunció que las instalaciones se ubicarían en Punta Colorada, sobre la costa de Río Negro, en lugar de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Con un pasado de 35 años en Tecpetrol, la petrolera de Techint, Marín explicó que, si bien Punta Colorada carece de la infraestructura de Bahía Blanca, la topografía rionegrina ofrece beneficios para la operación de buques de gran calado, y queda más cerca de Vaca Muerta, por lo que se requieren menos kilómetros de gasoductos.

Milei y Marín adoptaron una estrategia agresiva y asociaron la factibilidad de la planta de GNL a la sanción del régimen para grandes inversiones (RIGI), que fue incluido en la ley Bases. Ese marco, aprobado en el Congreso con apoyo de las provincias patagónicas y mineras, estipuló beneficios impositivos extraordinarios y acceso libre al dólar oficial, que fueron más allá de lo que habían solicitado Petronas y el resto de las empresas que negociaron con Massa. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se allanó al RIGI de Milei y Marín, y fue premiado con el anuncio de que la planta de GNL se instalaría en Punta Colorada.

La decisión de Petronas, filtrada a las pocas semanas —y todavía no oficilizada—, provocó cautela en quienes prenunciaban una nueva era para la industria de gas y para la economía argentina, que Milei se atribuía a su gestión y al RIGI.

Los grandes productores de GNL no son muchos. Entre ellos, se cuentan Qatar Energy, Cheniere Energy (EE.UU.), Shell, Petronas, TotalEnergies, Exxon y Sonatrach (Argelia). Petronas se bajó, Exxon se está yendo del país, otros actores están muy enfocados en regiones específicas, por lo que Shell y TotalEnergies, con presencia en todas las latitudes y know how sobre Argentina, fueron contrapartes probables.

TotalEnergies estima que el precio internacional del GNL se estabilizará hasta 2027 y comenzará a descender en 2028. Si todo sale bien, la planta que proyecta YPF comenzaría a exportar a gran escala en 2031

Tres razones

Los argumentos de TotalEnergies para declinar su participación en el proyecto de YPF no habrían tenido que ver con controversias políticas argentinas, sino con costos logísticos, informó REDD. Las conclusiones de la empresa francesa serían similares a las de Petronas: la distancia entre Vaca Muerta, cerca de los Andes, hasta un puerto sobre el Atlántico agrega un costo de transporte que hoy representa 33% más sobre la inversión necesaria para extraer el gas del subsuelo.

Sobre ello, se suma el costo argentino de financiación, que tendría un peso incluso si las condiciones de riesgo país se reducen drásticamente. Los principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Australia y Qatar, plazas que acceden a créditos para grandes inversiones a las menores tasas del mercado.

En tercer lugar, la latitud y longitud en que se encuentra Argentina, lejos de potenciales clientes en Europa, China, India y Japón. Sobre esto, hay miradas divergentes, porque si bien Argentina queda lejos de los grandes compradores, no presenta amenazas bélicas ni geopolíticas en su territorio, ni debe atravesar estrechos en los problemáticos mares Mediterráneo y Arábigo, como sostiene el director del Instituto Mosconi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Juan José Carbajales.

Competencia interna y externa

El problema central para atraer a uno de los grandes jugadores del GNL a las costas de Río Negro es que ya están operando en mercados que exportan y que pueden escalar la producción con menos inversión.

Además, TotalEnergies estima que el precio global del GNL se estabilizará hasta 2027 y comenzará a descender en 2028, informó REDD. En las proyecciones más optimistas, la exportación de YPF comenzaría en 2029, y alcanzaría la escala que estima Marín —120 millones de metros cúbicos diarios, decenas de miles de dólares por año—, en 2031. El riesgo de una baja pronunciada del precio internacional tornaría al proyecto argentino en inviable, si no firma antes un contrato de largo plazo.

Otro factor clave que tienen en cuenta los inversores globales es que el GNL argentino no sólo compite con el de Qatar o Estados Unidos, sino con el gas natural exportable vía caños a Chile, Bolivia, Uruguay y, sobre todo, Brasil. Aunque el volumen sería menor, esa vía está más a mano y requiere menos inversión que la planta pensada para gas transformado en líquido.

Sin un socio internacional de peso y sin que se haya hecho público un probable comprador de grandes volúmenes, con un contrato fijo de dos décadas, el proyecto de exportar GNL, aunque sólido por la extraordinaria performance de Vaca Muerta, entró en zona de incertidumbre.

YPF y Pan American Energy —comandada por la familia Bulgheroni— aparecen ahora como los principales impulsores del plan, en relativa soledad. Sus ejecutivos dejan saber que ven factible el desarrollo de una planta de US$ 10.000 millones a cargo de productores argentinos.

Pan American Energy, Pampa Energía y Tecpetrol comenzaron a acelerar definiciones sobre la exportación de GNL a través de barcos licuefactores, lo que implica un negocio de mucha menor escala que la planta con la que sueña YPF, informó REDD.

A la velocidad de los tiempos que corren, el rapto chauvinista que invadió a Javier Milei y Victoria Villarruel en el entredicho con Francia por los cánticos racistas de la Selección viró a un pragmatismo in extremis que no duda en seguir enviando lingotes de oro del Banco Central a Londres ni en dejar flamear la bandera brasileña en una embajada argentina si lo cree necesario. Con la inflación a raya gracias a la recesión y al dólar clavado, Luis Caputo se aferra con uñas y dientes al “plan llegar”: este lunes despachará otro cargamento de lingotes hacia el Reino Unido y apuesta a que, entre los dólares que ingresen al país por el blanqueo y lo que pueda obtener al empeñar ese oro, las reservas alcancen para que el mercado no vuelva a doblarle el brazo como en 2018. 

El problema es adónde llegar. Si es a que gane Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de noviembre y a que vuelva a presionar para que el Fondo Monetario otorgue un nuevo préstamo al país en febrero o marzo, la advertencia del cubano-americano Mauricio Claver-Carone rompió la hoja de ruta. “Milei no es Macri. Trump fue socio de Franco, el padre de Mauricio. Con el presidente Trump nosotros apoyamos a la Argentina en un momento, pero había una confianza y una relación de más de 30 años”, le dijo el jueves al portal El Observador, con sede en Miami. El principal gestor de aquel crédito récord de U$S50.000 millones para Macri también acusó a Milei de estar “gobernando como un peronista” y opinó que “la situación económica se está convirtiendo insostenible para el pueblo”.

El Presidente reaccionó airadamente y adjudicó esos dichos al “encono personal” de Claver-Carone con Guillermo Francos. El encono es real. Cuando el actual jefe de Gabinete de Milei era funcionario del peronismo, hace apenas dos años, impulsó su destitución como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por una “relación impropia” que inició con una empleada del mismo organismo, Jésica Bedoya, a quien dispuso subirle el sueldo dos veces en cuestión de meses. Pero aquel entuerto, que terminó por costarle el puesto, no hizo mella en su relación con Trump, quien difícilmente se escandalice por algo así. “Es millonario, tiene su base de apoyo en Florida y sigue siendo súper influyente en la rosca republicana”, dijo a elDiarioAR un peronista de fluido vínculo con Washington. “Dudo que se largue a decir algo tan fuerte en forma espontánea”, agregó el director que designó inicialmente Macri en el Fondo, Héctor Torres. 

La fibra que tocó Carone es sensible porque, de cumplir Caputo con lo que les juró a los traders que citó a Economía días atrás, el Central va a seguir perdiendo reservas. Ya se gastó U$S300 millones en intervenir para hacer bajar los dólares paralelos financieros y sacrificó U$S2.617 millones durante julio por vencimientos de deuda y pago de importaciones. Aunque sigue arriba de lo que tenía en enero, en lo inmediato solo le quedan las balas del blanqueo (espera que haga ingresar unos U$S2.000 millones) y del repo a cambio de los 7.000 lingotes que viajarán en total a Londres, contando los de este lunes (que aportaría entre 2.000 y 3.000 millones más). Los vencimientos de lo que queda de 2024 superan con creces la suma de ambos. 

La tercera pata del “plan llegar” ya se cayó. Era un acuerdo con las grandes multinacionales acopiadoras para que liquidaran sus tenencias de granos a cambio de una letra dolarizada emitida por el Tesoro. Lo gestionaron ante la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) el secretario de Producción, Juan Pazo, y el nuevo secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quienes hasta diciembre seguían convocando inversores para un fondo ganadero que en el mundillo agropecuario adjudican al mismísimo Caputo. “Si estás tan convencido de que la brecha se va a comprimir y el dólar oficial no va a subir, habilitanos una cuenta dollar linked para depositar los pesos de la liquidación y cubrirnos”, contrapropuso el jefe de CIARA, Gustavo Idígoras. Pazo le respondió que no. 

En agosto y septiembre, advierten desde las acopiadoras, la liquidación va a ser mucho más baja que en julio. El desplome de la soja en Chicago empeoró todo. De 300.000 toneladas por semana que llegaron a entrar a los puertos rosarinos en junio, el ingreso cayó a menos de 20.000 esta última. 

La licuefacción es un sueño eterno

Todos los demás dólares quedan demasiado lejos en el tiempo como para que Caputo pueda evitar que lo corra el mercado. Especialmente los que pueda aportar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo la megaplanta de licuefacción de gas que YPF y la malaya Petronas anunciaron su intención de emplazar en la localidad rionegrina de Punta Colorada, en vez de hacerlo en Bahía Blanca como se preveía hasta el año pasado. Es el proyecto que permitiría exportar como gas natural licuado (GNL) todo lo que pueda producir Vaca Muerta por encima de las necesidades de abastecimiento local. En YPF sueñan con que dentro de una década sume exportaciones por U$S30.000 millones al año. Otra Pampa húmeda. 

Más allá de las chicanas que intercambiaron Javier Milei y Axel Kicillof por esa decisión, la pregunta es si finalmente la planta se hará. Por ahora no tiene proyecto ejecutivo, plan financiero, socios nacionales productores de gas ni compradores externos asegurados. Con el riesgo país en 1.600 puntos, es poco más que una expresión de deseos. Tampoco está el gas disponible para que licúe ni hay previsto financiamiento para el gasoducto que lo llevaría hasta el Golfo San Matías, justo al lado de la Península Valdés. 

El propio dueño de Techint, Paolo Rocca, confesó haberse apresurado a contar los pollitos antes de que nazcan. “Probablemente fuimos demasiado optimistas con Milei al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo”, dijo esta semana en una conferencia con inversores de Tenaris, según publicó Bloomberg. “Argentina va a recuperar credibilidad y acceso al mercado, pero eso llevará un poco más de tiempo”, agregó. Fue tras presentar un balance que decepcionó a nivel global, que hizo que su acción cayera un 9%. 

Lo que sí está más maduro es el plan de Panamerican Energy (PAE) con la noruega Golar para traer el año próximo un barco licuefactor capaz de producir 2,5 millones de toneladas anuales de GNL, una décima parte de lo que aspira a escupir la megaplanta de YPF y Petronas. El buque va a requerir entre 10 y 11 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, una cantidad que sólo podría recibir durante los siete u ocho meses más cálidos del año, cuando los gasoductos desde Vaca Muerta tienen capacidad ociosa. Aunque también mira a Río Negro, la compañía de los Bulgheroni no confirmó aún dónde anclará. 

Lo difícil es proyectar cuántos dólares llegarán realmente al país. Como todos los proyectos de GNL podrán presentarse como vehículos de proyecto único (VPU) sujetos a los beneficios del RIGI, las compañías no tendrán la obligación de liquidar sus exportaciones en el país. Distinto es el caso de las exportaciones de petróleo, cuyos pozos igual se iban a perforar. Desde Economía ya avisaron que ahí el RIGI no corre. 

Sí gozarán de sus beneficios la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, que esta semana anunciaron una operación conjunta para adquirir la mina Filo del Sol, en la provincia de San Juan, por U$S3.250 millones. La inversión ya se había anunciado varias veces –la última en 2021– e iba a hacerse tarde o temprano. En términos impositivos no cambia tanto porque la Ley de Minería del menemismo –que el kirchnerismo nunca modificó– funciona desde hace 30 años como un RIGI sectorial. Lo que les da el nuevo régimen son dos ventajas más: las exime de liquidar las divisas en el país y les habilita enjuiciar al Estado en tribunales extranjeros en caso de que en el futuro consideren afectados sus intereses.

Empobrecedores 

Mientras se cuecen esas habas, el drama social se agudiza. El viernes, el INDEC publicó las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De ellas se desprende que, en el primer trimestre del año, la pobreza saltó del 45,2% al 55% de la población. Son los primeros cuatro millones y medio de pobres íntegramente atribuibles a la gestión de Milei, porque la cantidad de personas pobres en todo el país llegó a 25,9 millones. Lo calculó la consultora ExQuanti, que también informó un salto de la indigencia del 14,6% al 20,3%. Los que pasan hambre son 9,6 millones de argentinos, 2,8 millones más que quienes lo sufrían en diciembre. 

La pobreza es casi exactamente la que había estimado en mayo el equipo de Agustín Salvia en la Universidad Católica Argentina (UCA), pero ahora confirmada oficialmente. El salto de la indigencia es aún peor que cualquier proyección previa. El empobrecimiento fue tan vertiginoso que se rompió su estacionalidad: en los trimestres impares suele bajar siempre por efecto del aguinaldo, aun cuando muchos no lo perciban. Esta vez no.

Es la contracara de la Argentina del RIGI, de los vencimientos de deuda que se pagan puntualmente y de la quimera de Caputo para clavar el precio del dólar aun a costa de empeñar el oro que le queda al Central. También es el reverso del balance de Mercado Libre, que duplicó sus ganancias en el segundo trimestre y reportó una utilidad neta de U$S531 millones justo para su cumpleaños número 25. Un balance contra el que refunfuñan los bancos locales, que le encargaron a la ortodoxa FIEL un estudio sobre la regulación del sector que concluyó que hay “sobrerregulación” en la normativa bancaria, que eso perjudica la expansión del crédito y que “persisten asimetrías regulatorias que desnivelan la cancha” con las fintech como MercadoPago. 

No son los únicos. Con menos eco pero también patalean quienes venden a través de la plataforma, que le pagan a Marcos Galperin un 15,5% de comisión por cada venta y un sobrecargo de $900 si el producto vale menos de $10.000. Un fee que no distingue entre quienes cayeron bajo la línea de pobreza y quienes todavía se mantienen a flote en el paraíso libertario del magnate que se radicó en Uruguay para pagar menos impuestos y todavía no volvió a poner su plata donde está su boca, como se dice en inglés. 

AB/DTC

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló este miércoles en conferencia de prensa que se entrevistó con el CEO de YPF, Horacio Marín, y que le confirmó la decisión de no construir la planta de Gas Licuado Natural en Bahía Blanca por “conveniencia técnica y económica” y no por estar o no adheridos al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). La palabra del mandatario se dio tras conocerse que la planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas, por unos US$ 30.000 millones, se construirá en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires.

Además, Kicillof aseveró que YPF hará en esa localidad bonaerense “dos proyectos de enormes inversiones de 2.200 millones de dólares” en la zona del puerto.

“No es la primera vez que Milei, le dice que no a Bahía Blanca, se lo viene diciendo desde el temporal cuando viajó en diciembre del año pasado y les aseguró a los vecinos afectados que no había fondos para asistirlos”, sostuvo.

De acuerdo al mandatario bonaerense, la decisión del Gobierno libertario es “un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”.

Según Kicillof, “la localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”, sentenció en su contacto con la prensa tras conocerse la decisión del Ejecutivo nacional.

Y agregó: “No es un Boca-River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la producción y el trabajo”.

Asimismo, el gobernador insistió en que no se trata de “una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, detalló.

Kicillof, además, acusó a Milei de haber “robado, de manera absolutamente ilegal, recursos que le corresponden a la provincia. Y lo ha hecho con varias provincias, que están actuando ante la Suprema Corte de Justicia”.

Para el Gobernador bonaerense, “la campaña de Milei es hacer daño a la provincia de Buenos aires para castigarla y ver si así lo votan. Milei dijo Voy a fundir a las provincias porque no votaron, a confesión de partes...”, analizó.

De acuerdo a Kicillof, Milei “habla de un ajuste y por otro lado otorga fondos secretos para espionaje, operaciones políticas y los trolls por $100.000 millones. Hay una inconsistencia muy grande, o está ajustando o está dando plata a determinados sectores vinculados a sus funcionarios preferidos”, concluyó.

La mayor inversión de la historia de YPF se hará en Río Negro

La planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas, por unos US$ 30.000 millones, se construirá en Río Negro y no en Bahía Blanca.

La decisión fue tomada por las empresas teniendo en cuenta que mientras Río Negro ya adhirió al régimen de grandes inversiones RIGI, la provincia de Buenos Aires aún está definiendo qué camino tomar, trascendió de fuentes al tanto de la medida.

Según se definió, la planta estará ubicada en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde también se llevará a cabo la puesta en valor y modernización de un viejo puerto en desuso con salida al océano Atlántico.

Tras un estudio encargado a una consultora internacional, la elección que primó fue instalar la planta en Río Negro, por sobre la propuesta inicial de construirla en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Las claves del proyecto

Con información de agencias.

IG

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco hoy de las críticas a la gestión de Javier Milei que emitió la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al sostener que el superávit fiscal “es dibujado” o “trucho”. “Que vaya y vea los números”, retrucó.

En la habitual conferencia de prensa, el portavoz sostuvo que los cuestionamientos de la dos veces mandataria “corren por cuenta de ella”, y defendió los números de la gestión libertaria. “Son públicos”, remarcó.

“Hay una obsesión de que como no lo hicieron ellos, no lo hacemos nosotros, que vaya y vea los números. No sé en qué se basa para decir eso. No tengo qué contestarte porque desconozco cuál es el sustento numérico para aseverar eso”, planteó al respecto. 

En la misma línea, sostuvo que las observaciones de la referente del kirchnerismo sobre la faltante de gas fueron explicadas de forma “magnífica” por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y la acusó de atacar al Gobierno. “A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada porque cuando uno le habla a la pared es perder el tiempo”, puntualizó. 

“Con respecto a los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día, con respecto a la obra del primer tramo y las obras compresoras Tratayen y Saliquello estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido”, afirmó. 

Asimismo, agregó: “Este Gobierno regularizó los pagos por $30 mil millones, pagos que eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros $47 mil millones en la fase de terminación. En tanto el gasoducto norte el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los tres y sin licitar los otros dos”. 

“Esta gestión licitó y adjudicó la obra a la que el gobierno destinó más de 150 mil millones de pesos y además se debió asumir una deuda con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraron fueron de 21.8 millones de dólares que por supuesto pagamos entre todos, yo y la doctora Fernández de Kirchner”, completó el funcionario nacional.

La respuesta de Adorni llega luego de que la dos veces mandataria asegurara que la idea libertaria de “superávit fiscal o muerte” está “destinada al fracaso” y que el conquistado por la administración “es dibujado” o “trucho”.

A la vez, aseguró que en la gestión de Milei “al problema de los funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden)”, se le suman “ideas que no funcionan” que es un “combo letal” a la hora de gobernar. 

En otro pasaje de la conferencia, ante la faltante de gas, el portavoz sostuvo que “cuando no tenes la oferta suficiente lo solucionas con importaciones”, mientras que “cuando tenés sobrante se importará y jugará el mercado su juego”. 

Para Adorni, “no hubo ni medio milímetro de imprevisión” del Gobierno al tiempo que negó el avance de obras públicas para resolver el problemática de la demanda de gas. 

“En término de gasoducto todo sigue sus pasos normales”, prometió, y pidió: “Hay que desmitificar el barco de Petrogras que vino cuando la demanda no podía ser satisfecha con la demanda local. Cuando tenés un problema de faltante la Argentina tiene que ser abastecida con importantes”

Por último, reveló que el servicio de gas en industrias y estaciones de servicio se reestableció producto a “la actuación conjunta de la Cancillería, ENARSA y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado”. 

Adorni consideró además que la recesión económica tocó su piso en los meses de marzo y abril y afirmó que existen indicios de que la actividad comenzó a recuperarse.

“Entendemos que ese punto (el más bajo) ha pasado o se está transitando y algunos indicadores empiezan a mostrar que hay luz que se empieza a ver”, señaló el vocero presidencial.

Adorni consideró como datos positivos que “algunos salarios comienzan a ganarle, aunque marginalmente, a la inflación”, y algunos sectores “comienzan a traccionar”. 

El portavoz recordó que se discute que tan profundo es el piso de la “ve corta (v)” y en ese marco afirmó que “el punto más bajo ya se llegó a tocar”.

Sobre la caída de la actividad que provocó la pérdida de puestos de trabajo, Adorni subrayó que “es el costo que se ha pagado por sincerar distorsiones que iban a tener que corregirse”.

“Estamos pagando la fiesta que vivieron unos pocos, que nos vendieron que estábamos todos invitados pero no nos dejaron participar”, insistió.

CRM con información de la agencia NA

En medio de la crisis que generó el faltante de gas y el corte de suministro de GNA en las estaciones de servicio de varias provincias del país, la empresa Petrobras aceptó esta mañana las condiciones de pago del cargamento de GNL amarrado en el puerto de Escobar y comenzó su descarga, según confirmó la empresa ENARSA.

“Hoy a las 9.10 se recibió la confirmación de la carta de crédito emitida por el BNA (Banco Nación), de parte del banco designado por Petrobras”, comunicó la compañía desde su cuenta de X.

ENARSA afirmó que “inmediatamente, se inicia el proceso de descarga del barco, que ya se encontraba amurado al buque regasificador de Escobar, conectado desde las 16 del martes 28 de mayo”.

El proceso hasta que el GNL pase a la planta compresora y de allí comience a ser distribuido puede demandar entre 48 y 72 horas hasta alcanzar la normalización.

“La situación se produjo por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24, a pesar de que la misma fue emitida en los términos requeridos por el proveedor destacándose que el banco había recibido una igual para un cargamento similar en las últimas semanas”, destacó la compañía.

En esa línea afirmó que “este cargamento permite reforzar el abastecimiento de gas programado frente a la situación de frío inusual para la época y sostenido durante el mes de mayo”.

Debido a esta demora se registraron cortes de suministro en más de un centenar de industrias, siendo principalmente afectadas las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La crisis se desató por las bajas temperaturas que se desplegaron por todo el país antes de lo previsto, mientras desde la Secretaría de Energía se demoró en la toma de decisiones para prever esta situación.

De todas maneras, es solo un primer paso ya que deberán llegar por lo menos tres decenas de barcos más para satisfacer una demanda invernal que será superior a la prevista.

Con información de agencias.

IG

Con la llegada de Javier Milei al gobierno, Argentina espera avanzar con la construcción de plantas de licuefacción para exportar gas natural licuado (GNL), aprovechando el potencial de la formación de gas y petróleo en  Vaca Muerta.

Sin embargo, si el nuevo gobierno quiere hacer realidad estas ambiciones, debe enfrentarse a varios interrogantes: los riesgos económicos de la inversión necesaria, su capacidad para competir con países con industrias más desarrolladas y las amenazas que una ampliación de la infraestructura gasística supondría para los compromisos climáticos de Argentina.

En los últimos cincos años, el GNL fue uno de los combustibles cuya demanda más creció en el mundo, con una tasa acumulativa anual del 3,9% según la consultora Economía & Energía. Se trata de gas natural que adopta un estado líquido mediante un proceso de enfriamiento que le permite reducir su volumen más de 600 veces. En este formato, se puede enviar en grandes cantidades a mercados a los que no se puede llegar a través de gasoductos.

El proceso de licuefacción requiere de la construcción de plantas que cuestan miles de millones de dólares y gasoductos dedicados específicamente a abastecer esas terminales portuarias, sin contar la inversión en exploración y producción en los yacimientos. Argentina no cuenta con esa infraestructura y no ha logrado captar inversores interesados en financiarla, a pesar de los proyectos anunciados.

Proyectos de GNL en Argentina

Existen tres proyectos distintos en etapa de pre factibilidad. El más avanzado es el de YPF y la malaya Petronas, la cual prometió una inversión de hasta 50.000 millones de dólares en caso de que el proyecto avance. La propuesta contempla la construcción de tres gasoductos dedicados y una planta con capacidad de 25 millones de toneladas al año.

El conglomerado internacional de GNL Excelerate Energy y la Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Argentina tienen otro plan en marcha en Bahía Blanca. Este proyecto es de menor escala, con un módulo inicial de 4 millones de metros cúbicos al día, aunque con el tiempo podría aumentar a cuatro módulos de la misma capacidad.

Finalmente, otra de las compañías que manifestó su interés por invertir en plantas de licuefacción fue la argentina Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que no dio detalles del proyecto, pero que expresó su intención de instalarse en la provincia de Río Negro.

En los tres casos, las empresas involucradas manifestaron que una de las condiciones necesarias para avanzar hacia la etapa de desarrollo es la sanción de una nueva ley de promoción de esta industria.

Luego de años de discusiones entre el Gobierno y las petroleras acerca de este asunto, finalmente la administración anterior presidida por Alberto Fernández presentó un proyecto de ley, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que concedía beneficios como la exención del impuesto de importación y la garantía de “estabilidad fiscal” durante 30 años. No obstante, con el cambio de gobierno, las preferencias también se modificaron. Con una idea similar, pero con mayores concesiones hacia el capital privado, incluida la eliminación de la necesidad de que las petroleras prioricen el mercado interno, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley el pasado diciembre, a pocos días de la toma de posesión.

“Argentina es famosa por su volatilidad regulatoria a partir de sus recurrentes ciclos antagónicos de economías abiertas a economías cerradas que se vienen alternando por ya casi un siglo. Esta volatilidad atenta contra la viabilidad de proyectos de inversión de largo plazo”, sostiene Pablo Rueda, abogado especialista en regulación de Oil & Gas y socio del estudio Martínez de Hoz & Rueda.

Más allá de la pendiente sanción de la ley, la novedad es que YPF convocó, luego de la asunción del nuevo gobierno de Milei, a todas las petroleras privadas a unificar todos los proyectos de GNL. “El GNL sólo es viable si se hace un único proyecto a nivel país entre todas las empresas que sea liderado por YPF”, afirmaron fuentes que pidieron no ser identificadas. Señalaron que la firma estatal se reunirá con las empresas interesadas a mediados de marzo, y que “ya hay cuatro que seguramente entrarán” en iniciativas de GNL.

Mientras tanto, el Gobierno está avanzando en la licitación de otra obra clave, pero para expandir la red de gasoductos y continuar sustituyendo importaciones. Con financiamiento de la CAF, se espera terminar este año un gasoducto en el norte del país que permitiría transportar el gas desde Vaca Muerta a provincias como Córdoba y Catamarca y reemplazar completamente los envíos de gas desde Bolivia.

El costo climático del GNL

Muchos partidarios del gas natural han tratado de situarlo como “combustible de transición”, expresión que incluso se menciona en el texto final de la conferencia sobre cambio climático COP28 de 2023. En este marco, el gas se suele presentar como un posible sustituto del carbón en la generación de electricidad, un combustible fósil mucho más contaminante. Pero las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al GNL siguen siendo significativas.

Para Juan Carlos Villalonga, consultor energético y ex diputado nacional, llamar al gas combustible de transición es una expresión engañosa. “Es un combustible fósil que deberá abandonarse. Su incorporación es beneficiosa como combustible sólo en la medida que sirve para acelerar el cierre de plantas de carbón. Aun así, ese switch de carbón a gas no siempre se justifica, porque a la nueva planta de gas que se abre, luego habrá que cerrarla para ser reemplazada por renovables o fuentes sin emisiones”, agregó.

Otro inconveniente es que, además de las emisiones propias del gas natural, el GNL conlleva un proceso energético más intensivo por su licuefacción, transporte, regasificación y almacenamiento, que incrementa sustancialmente su huella de carbono. Es decir que, el hecho de transformar el gas a estado líquido, llevarlo en barco hasta el puerto de destino y luego volver a convertirlo a estado gaseoso, implica un gasto de energía que lo vuelve más contaminante.

Según un estudio próximo a publicarse de la Universidad de Cornell, las emisiones del GNL podrían superan a las del carbón si se considera todo su ciclo de vida. “El metano emitido durante el transporte de GNL por la combustión para impulsar las hélices del barco, en particular, contribuye al total de emisiones dado que es alrededor de 80 veces más potente que el dióxido de carbono”, puntualiza Álvaro Zopatti, especialista argentino en cambio climático.

Aunque el estudio se centra específicamente en el GNL en Estados Unidos, sus conclusiones pueden ser incluso más pertinentes para Argentina: un país alejado de posibles socios importadores en Asia y Europa, lo que implica una mayor distancia recorrida y, por lo tanto, un mayor consumo de combustible y un aumento de las emisiones de CO2 y metano.

Rueda reconoce los desafíos climáticos asociados al GNL y sostiene a Diálogo Chino que los nuevos proyectos de GNL deben considerar su complementación con proyectos de captura de carbono ―una tecnología que busca almacenar el dióxido de carbono generado por la quema del gas natural para que no se emita a la atmósfera― que les permitan su sostenibilidad en el largo plazo mientras compiten con energías limpias.

“Argentina debe colocar a los proyectos de captura de carbono en la agenda de mitigación del cambio climático y fomentar el uso del gas natural en los mercados globales como una etapa necesaria en la transición energética del carbón hacia las energías renovables,” afirma.

Sin embargo, la captura de carbono todavía no ha sido probada a gran escala y existen muchas dudas sobre la viabilidad de su costo.

En todo el mundo, la inversión actual en gasoductos de gas natural previstos y en construcción asciende a más de 720.000 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 190.000 millones que se destinarán a infraestructuras para la importación de GNL, lo que extendería el uso de este combustible mucho más allá del 2030. Para Climate Action Tracker, las emisiones generadas por la expansión del GNL pondría en riesgo las metas del Acuerdo de París.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos Joseph Biden anunció el 26 de enero la suspensión de la aprobación de una docena de nuevas autorizaciones de exportación de GNL.

Al igual que Estados Unidos, Argentina también tiene metas climáticas que cumplir que podrían entrar en riesgo con la expansión del GNL. Su plan de transición energética al 2030 se compromete a no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de CO2 y superar el 50% de utilización de energía renovable en la generación eléctrica.

Las barreras para el GNL en Argentina

El riesgo de llegar tarde es otro de los interrogantes que ponen en duda el potencial exportador del GNL argentino. Si las obras empezaran en el cortísimo plazo, cosa que no parecería factible porque aún están en discusión, los primeros buques podrían exportarse recién dentro de tres años y la capacidad máxima se alcanzaría a principios de la década del 2030, según datos que YPF compartió con Diálogo Chino.

El escenario genera incertidumbre porque a partir de dicho año, son varias las consultoras y empresas que prevén un declive de la demanda global a partir de 2030. Según el think tankclimático E3G, la aplicación del plan energético europeo REPowerEU implica que el volumen de gas consumido por los estados miembros de la Unión Europea podría reducirse un 52% en 2030 respecto a los valores de 2019.

Estados Unidos y Australia ganaron el primer round de la batalla por reemplazar a Rusia en el mercado del gas. El espacio de Argentina como un productor competitivo es bastante acotado

Christian Alonso Sisini — Consultor energético argentino

Si bien el ex presidente Alberto Fernández firmó un memorándum de entendimiento con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, donde se comprometen a promover marcos de entendimiento para propiciar el suministro de GNL desde la Argentina hacia la Unión Europea, se trata de un documento no vinculante que no garantiza ningún tipo de inversión. A su vez, un representante de una embajada europea en la Argentina, que pidió no ser identificado, aseguró a Diálogo Chino que el interés europeo pasa por el hidrógeno verde y no por el GNL, al que consideran un combustible prescindible desde 2030.

El gigante energético BP, por su parte, traza tres posibles escenarios para 2050. El más optimista para el GNL es el denominado “New Momentum”, que considera los objetivos de descarbonización planteados durante los últimos años y anticipa un crecimiento de la demanda del 30% entre 2030 y 2050. El segundo caso, “Accelerated”, proyecta una aceleración hacia un sector energético con menores emisiones de carbono y, finalmente, el escenario “Net Zero” contempla la eliminación de las emisiones netas. De ahí que, en estos últimos dos casos, las compras de GNL se verían reducidas en un 40%.

Además, el World LNG Report (IGU) publicó otro estudio que da cuenta de un fuerte ingreso de oferta de GNL en los próximos años que podría reducir el espacio a ocupar por la Argentina. Según el reporte, considerando solo los proyectos que ya están en construcción, la capacidad instalada de licuefacción crecería un 32% entre 2022 y 2028. El mayor incremento provendría de Estados Unidos, seguido por Qatar, Canadá, y Mozambique. 

“Para que Argentina sea competitiva tiene que tener precios de gas natural por debajo de los dos dólares por millón de BTU (la unidad de medida del gas) y el precio del GNL no debería bajar de los 10 dólares”, afirma Raúl Bertero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

El Estado argentino les paga hoy a las productoras de gas un precio de casi cuatro dólarespara abastecer al mercado local. Es decir, el doble del valor que fija Bertero como techo para poder ingresar al club de exportadores.

“Está claro que Estados Unidos y Australia ganaron el primer round de la batalla por reemplazar a Rusia en el mercado internacional del gas. Ya se nos han adelantado y lo seguirán haciendo. El espacio donde podemos vernos como un productor competitivo en el mediano largo plazo está bastante acotado”, dice el consultor energético Christian Alonso Sisini.

FH/MG

Fernando Heredia es un periodista argentino especializado en energía y economía. Es editor de Forbes Argentina y columnista de CNN Radio.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

El Ministerio de Economía envió al Congreso –por segundo año consecutivo– una “separata” junto al Proyecto de Ley de Presupuesto que sugiere revisar beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que favorecen, particularmente, a grandes firmas y corporaciones por tener un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Paralelamente, el pasado 11 de octubre obtuvo media sanción un régimen de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que se suma a un extenso listado de beneficios tributarios que hoy representan un 4,7% del PBI.

Los gastos tributarios son tratos fiscales diferenciados que benefician determinadas actividades, zonas, sujetos y/o consumos. Fueron y son utilizados con el objetivo de atraer inversiones, pero se desconocen sus impactos económicos, sociales y ambientales. Muchos de estos beneficios, como los que promueven la industria minera o el régimen de Tierra del Fuego, se aprobaron respondiendo a coyunturas específicas y/o a la presión de determinados grupos de poder, sin participación ciudadana ni justificaciones adecuadas.

Este es el caso del Proyecto de Promoción del GNL que tuvo un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados/as y fue cuestionado por la falta de diálogo. De hecho, de las sesiones informativas sólo participaron autoridades del Ejecutivo y de YPF (esta última con una extensa participación en la elaboración del proyecto) y, apenas transcurridos tres meses de iniciado el tratamiento, se convocó a una última sesión para dictaminar, sin que haya habido ninguna instancia en la que se escuche a las comunidades de las zonas afectadas, organizaciones ambientalistas u otros actores interesados.

La falta de debates genuinamente participativos y plurales es moneda corriente en la definición de este tipo de regímenes. Este proyecto en particular se da en un contexto en el que Vaca Muerta ha sido señalada como una “salvación” ante la falta de dólares y de gas, y en el que –sin importar de qué gobierno se trate– se apuesta  a incentivar la llegada de capitales para la explotación de hidrocarburos. 

El proyecto que tuvo media sanción la semana pasada da beneficios a empresas que realicen inversiones destinadas a la licuefacción de gas natural y actividades asociadas. Entre otros beneficios establece la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la compensación de quebrantos, la estabilidad fiscal por 30 años y el acceso al libre mercado de cambios de hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto. 

En el debate parlamentario se argumentó que la estabilidad fiscal es necesaria para compensar la inestabilidad económica del país, dar previsibilidad al desarrollo de la actividad y equilibrar la balanza del intercambio comercial. A su vez, el mensaje que acompaña el proyecto indica que éste “permitirá la generación de trabajo genuino”. Sin embargo, estas previsiones no cuentan con parámetros ni mecanismos para verificar su cumplimiento, ni con líneas de base para evaluar sus impactos ambientales y a la salud de las personas que habitan en los territorios donde operan las empresas. Tampoco se solicitó un informe sobre el impacto fiscal del proyecto a la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el debate en el recinto sólo se introdujeron exiguas modificaciones relativas al cumplimiento de obligaciones ambientales y a la aprobación de permisos ambientales pero poco se dijo sobre interrogantes fundamentales, como por ejemplo: ¿cómo se medirá el desarrollo productivo y económico?, ¿qué herramientas institucionales existen para asegurar que el régimen sea efectivo?, ¿cómo se van a medir los costos fiscales y extrafiscales?, ¿hay instancias de monitoreo y rendición de cuentas?.

Organismos de derechos humanos advirtieron acerca de  los impactos negativos de la industria hidrocarburífera sobre los derechos de las comunidades y llamaron a transparentar esta información. También señalaron las consecuencias negativas de los beneficios tributarios injustificados a este sector, dado que aumentan la regresividad de los sistemas fiscales y limitan la capacidad de los Estados para recaudar los recursos necesarios para financiar la transición energética. De hecho, aspectos como la estabilidad fiscal por 30 años y el desarrollo de infraestructura hidrocarburífera podrían limitar la sustitución de energías fósiles y el desarrollo de una matriz energética compatible con la neutralidad de emisiones, en detrimento de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.

En un contexto en el que las discusiones públicas se centran en la austeridad y la reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo que se exacerban opiniones que desconocen el rol que el Estado debería tener para garantizar los derechos, es clave que la política fiscal se discuta como lo que verdaderamente debe ser: una herramienta para transformar y mejorar la realidad y para definir en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a los derechos.

Es necesario condicionar los gastos tributarios al logro de objetivos comprobables y limitarlos en el tiempo. Si bien el proyecto del GNL establece que la Autoridad de Aplicación tendrá facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios/as del régimen, no prevé una evaluación sujeta a resultados que constituya un verdadero monitoreo constante y justifique los fondos dejados de recaudar. Este caso es un ejemplo paradigmático de las contradicciones e inequidades de nuestro sistema fiscal y refleja claramente los déficits democráticos con que se aprueban y sostienen los gastos tributarios. Sin embargo, sigue su trámite sin que la sociedad cuente con información precisa y confiable sobre sus impactos. 

La preocupación por los costos fiscales y socioambientales de los beneficios fiscales y el derecho de las comunidades interesadas –y de la ciudadanía en general– a ser partícipes en la construcción del modelo de desarrollo de sus territorios, constituyen aspectos centrales que deben tener su lugar en el debate legislativo.

La autora es abogada y consultora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Con el respaldo de sectores oficialistas y afines, el proyecto crea un régimen promocional para grandes inversiones y define para ellas un marco fiscal inamovible por 30 años. El debate que suscitó la norma plantea preguntas sobre el futuro energético del país. El mercado mundial del GNL parece haber sido una carrera en la cual Argentina tendrá serias dificultades para ser competitiva.

El objetivo del proyecto de ley es promover la exportación del gas obtenido con fracking en Vaca Muerta y generar así las divisas que al país le faltan. Sin embargo, les permite a las empresas llevarse los dólares más fácilmente y no contempla regulaciones de carácter técnicas o ambientales.

La futura ley favorece a inversiones de más de U$S1.000 millones y les garantiza la estabilidad fiscal por 30 años. Establece retenciones de entre el 0 y el 15% del precio del gas en el buque. Las empresas podrán disponer del 50% de los dólares de las exportaciones para el pago de deudas y repatriación de inversiones. Se beneficiarán, además, de la exención de derechos de importación y tasas por servicios portuarios, entre otras.

¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales?

Si bien este tipo de exportación podría haber sido una oportunidad para Argentina en el pasado, las condiciones del mercado actual indican que el país enfrentará una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial. El GNL se presenta como una opción de alto riesgo en un país que enfrenta costos de flete más elevados debido a la distancia de los países importadores y a la falta de previsibilidad de las condiciones macroeconómicas.

Según las previsiones empresariales, el proyecto de instalación en Bahía Blanca de una planta de GNL entre la petrolera estatal malaya Petronas e YPF se terminaría en 10 años. Ante ese escenario, las empresas anticiparon la contratación de dos buques de licuefacción que pondrían en funcionamiento la exportación en menos tiempo, pero la capacidad de exportación de esa infraestructura es muy restringida.

Según estimaciones del think tank climático E3G, Europa ya superó el pico de demanda de GNL y en menos de diez años sus niveles de importación de GNL serán marginales. Al mismo tiempo, la capacidad de exportación de Estados Unidos está en vías de saturar el mercado internacional. De acuerdo a la Administración de Información de Energía de ese país, existen en Estados Unidos once nuevos proyectos de terminales estadounidenses de GNL aprobadas, aparte de las cuatro ya en construcción, que se suman a las siete existentes.

En el ámbito regional, Brasil planea múltiples terminales de GNL en la Costa Atlántica mientras contempla importar gas argentino por ductos para consumo doméstico, con la ambición de convertirse también en exportador. La proximidad de los mercados hace prever que el GNL brasileño podría tener costos de flete inferiores, planteando así otro desafío para la industria del gas en Argentina.

Este panorama suscita una pregunta crucial: ¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales? Samuel Ade, químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y analista energético del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos, arriesga algunas respuestas. Con experiencia previa en la industria química y en transiciones energéticas en el Caribe, Ade lidera análisis interdisciplinarios sobre las implicancias internacionales de las exportaciones de GNL de Estados Unidos.

-¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos más significativos del actual mercado mundial de GNL?

“Los tres principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Qatar y Australia, y representan casi dos tercios de los volúmenes de exportación mundiales. Históricamente, China, Japón y Corea del Sur han sido los mayores importadores individuales de GNL. Sin embargo, la agresión rusa en Ucrania provocó cambios significativos en los patrones mundiales. Más de un año después, la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales motores de la dinámica del mercado mundial de GNL”.

“Antes de la invasión rusa de Ucrania, los países de la Unión Europea recibían alrededor del 40% de sus importaciones procedentes de Rusia. El flujo de este gas por gasoducto hacia Europa disminuyó aproximadamente un 56% entre 2021 y 2022 y la demanda de GNL ha aumentado a corto plazo para ayudar a desplazar el suministro de gas ruso. Europa (incluida Turquía) experimentó el mayor aumento regional de las importaciones de GNL a lo largo de 2022, aumentando un 65% en comparación con 2021”.

“Este aumento inesperado de la demanda europea provocó picos de precios sin precedentes y volatilidad en el mercado mundial del GNL. En respuesta a estos elevados precios, los importadores de GNL de otras regiones (especialmente Asia y Latinoamérica) han reducido su consumo de GNL a corto plazo. Las importaciones de GNL disminuyeron un 9% en Asia y un 34% en América Latina a lo largo de 2022 en comparación con los niveles de 2021”.

“Al mismo tiempo, este aumento a corto plazo de la demanda de GNL ha suscitado un renovado interés en la expansión de las cadenas de suministro a escala mundial por parte de productores y financiadores públicos y privados”.

-¿Qué horizonte futuro imagina para este mercado?

“Aunque la demanda de GNL puede crecer en el corto plazo, muchos de los principales consumidores pretenden reducirla a mediano y largo plazo. El plan europeo RE Power EU, por ejemplo, prevé una reducción de más del 50% del consumo de gas para 2030 en relación con los niveles de 2020. Esta reducción prevista de la demanda de gas tiene importantes consecuencias para los nuevos proyectos de suministro de GNL destinados a aprovechar los elevados precios actuales del mercado generados por la crisis energética europea”.

“Dados los plazos necesarios para construir nuevas instalaciones de exportación de GNL (de 3 a 5 años en el mejor de los casos) y la vida operativa de estos proyectos una vez construidos (de 25 a 35 años), existe un riesgo significativo de que los nuevos proyectos de suministro de GNL puedan convertirse en activos varados debido a los planes más estrictos de descarbonización climática y energética de diversos países”.

“Al mismo tiempo, la industria del petróleo y el gas se apura para aprovechar la crisis energética mundial y poner en marcha nuevos proyectos. El aumento previsto de la capacidad mundial de suministro de GNL plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera de estos nuevos proyectos; mientras que se espera que disminuyan importantes fuentes de demanda mundial de gas. Cualquier país debería considerar el desarrollo estratégico de sus recursos renovables, que podrían descarbonizar su perfil energético nacional en conjunción con sus compromisos climáticos declarados y también ayudar a poner fin a la dependencia externa”.

Alejo di Risio es periodista y comunicador de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Fernando Cabrera es Coordinador del Observatorio Petrolero Sur.

MF

Sergio Massa está haciendo valer los lazos que tejió como presidente de la Cámara de Diputados, antes de ser ministro de Economía, para lograr que la oposición se siente a debatir los proyectos de leyes económicas que él busca aprobar, más allá de la tensión por el juicio político que Alberto Fernández impulsa contra los miembros de la Corte Suprema. Aún no está definido el paquete de iniciativas que enviará el Palacio de Hacienda para discutir en sesiones extraordinarias, junto con el proceso contra los magistrados, pero en el Frente de Todos (FdT) esperan que sean las referidas a la actualización de la legislación contra el lavado de activos -bajo presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)-, la de promoción de la agroindustria -que está haciendo su lobby a ambos lados de la grieta política- y tres que aún carecen de estado parlamentario, la de un nuevo blanqueo de capitales -para tentar a los evasores que ahora están en la mira por el acuerdo de intercambio automático de información tributaria con Estados Unidos- y las de incentivos y estabilidad fiscal para el arranque de dos sectores con potencial, el gas natural licuado (GNL, el que se exporta en barcos y que demanda la instalación de plantas en los puertos) y el de hidrógeno, uno de los dos combustibles del futuro junto con las baterías eléctricas.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirá este martes para debatir qué posición adoptará. Existen curiosas diferencias, quizás influidas por las leyes económicas que se tratarán, que interesan más al PRO, y por el mayor interés de la UCR por la defensa de la Corte. Es así que en el bloque de diputados del PRO, que conduce Cristian Ritondo, de buena relación con Massa, sostienen que “la idea es que no se mezclen los temas a tratar en el Congreso, lo del juicio político y lo de las medidas económicas, que cada cosa tenga su discusión”. Este grupo está integrado por 50 diputados. En cambio, en el bloque de la UCR, que encabeza Mario Negri, advierten que “por ahora no va a dar quórum la oposición mientras siga la embestida judicial contra la Corte y el Consejo de la Magistratura”, el órgano de selección y remoción de jueces. Son 33 legisladores. Habrá que ver si los demás opositores les siguen la corriente. En Evolución Radical, con 12 diputados y Rodrigo de Loredo al frente, guardan silencio. Lo mismo en la Coalición Cívica, con 11 diputados liderados por Juan Manuel López. En Encuentro Federal, que reúne a cuatro diputados, comparten la postura de la UCR. Su jefa, Margarita Stolbizer, comenta a elDiarioAR: “No discutiremos nada mientras se insista con el juicio político a la Corte”. Cuando se le pregunta si el FdT igual puede conseguir los 128 diputados necesarios para el quorum, ella contesta: “Solo si todos los otros bloques le dan el número. Aunque sería bastante pobre de legitimidad”. En la mesa nacional de JxC participan Mauricio Macri y presidentes, diputados y senadores de los partidos que integran la alianza.

En el FdT suman 118 diputados y necesitan 11 más para sesionar. En el oficialismo intentarán avanzar con su agenda y convencer a JxC de que las leyes económicas vayan por un camino paralelo al juicio político. Alegan que el Congreso no puede cerrar porque a la oposición no le gusta el proceso a los cortesanos. A ellos tampoco les agrada que desde agosto pasado se hayan presentaron ocho pedidos de destitución contra el Presidente. La principal alianza opositora ya bloqueó en diciembre el tratamiento de normas en el periodo extraordinario porque ya había estallado el conflicto por las comunicaciones privadas entre la oposición y la Justicia, pero todavía no con la Corte, por lo que Fernández todavía no había solicitado el juicio.

A los 116 diputados de JxC se sumaron el mes pasado los ocho del Interbloque Federal, donde están los tres peronistas que responden al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, el socialista Enrique Estévez y uno que va detrás de Roberto Lavagna, que navega entre dos aguas porque tiene ubicado a parte del equipo económico con Massa, incluido Marco Lavagna, Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein. Ahora se desconoce qué harán estos ocho. Aún deben debatirlo. Por lo pronto, los diputados cordobeses, liderados por Carlos Gutiérrez, alegan que “nada avanzará si persisten con el juicio a la Corte”. De todo modos, abren la incógnita de si realmente el Presidente insistirá contra las cortesanos o reculará, como con otras medidas polémicas: “¿Por qué Alberto no habrá enviado todavía el pedido? Uhmmm”.

El presidente del Interbloque Federal, el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, se muestra tajante ante elDiarioAR: “Primero, el Ejecutivo debería llamar a extraordinarias, incluyendo los proyectos económicos. Sean algunos ya existentes o, de ser el caso, algunos nuevos. Eso todavía no sucedió. Veremos qué decide el Ejecutivo; no doy nada por hecho antes de que suceda. De incluirse esos proyectos, al oficialismo le queda conseguir el quórum y los votos. El año pasado, el Gobierno envió 18 temas a extraordinarias. No logro que se trate ninguno. Hay un dato de contexto que no quiero pasar por alto: el ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que es posible reformar el Consejo de la Magistratura por decreto de necesidad y urgencia (DNU), a contramano de lo que establece el artículo 114 de la Constitución nacional. La portavoz del Gobierno nacional (Gabriela Cerruti) hizo como que rechazaba la afirmación de Soria, pero aseguró que, ”efectivamente, el mecanismo existe en la Constitución“. Nadie en el Gobierno desmintió ni hizo rectificar a Soria. Mientras el estilo y el método sean esos, será muy difícil que Massa apruebe sus leyes económicas. No habrá ningún motivo para diferenciar lo que algunos llaman las leyes de Massa de todo el resto”.

“Estamos a la espera del listado para extraordinarias, pero en algunos casos, por los trascendidos, son temas que se vienen trabajando en la cámara pero sin consenso hasta el momento”, observa Estévez. “Al margen de lo económico, el Congreso es un ámbito político y es muy difícil pensar en su funcionamiento separando temas económicos e institucionales, como lo es el juicio político a la Corte. En concreto, la suerte de esos proyectos dependerá del clima político, que no es bueno y viene trabando el funcionamiento de la cámara”, agregó el diputado santafesino.

Si a los 116 diputados del oficialismo, sólo se suman los de los partidos provinciales gobernantes (dos de Misiones, dos de Río Negro, uno de Neuquén) y un aliado de Santa Cruz, Felipe Álvarez, apenas llegarían a 121, un número insuficiente. En el bloque de Somos Río Negro, de Luis Di Giacomo, prometen apoyo: “Vamos a acompañar todo lo que envíe Massa que no afecte a Río Negro porque en 97 días hay elecciones a gobernador. Lo mismo le pasa a Rolando Figueroa, que es candidato a gobernador del Movimiento Popular Neuquino. Pero tenemos un vínculo muy estrecho con Sergio. El proyecto de hidrógeno es nuestro: se lo dimos a Massa, que lo hizo circular en Nación, presentó algunas modificaciones, pero básicamente es nuestro”. En Río Negro se proyecta el mayor emprendimiento de hidrógeno verde del país: allí la empresa australiana Fortescue, que tiene como representante al ex rugbier Agustín Pichot, planea instalar molinos eólicos para generar la energía que produzca la hidrólisis que separa el hidrógeno del oxígeno de las moléculas de agua de la costa atlántica. En diálogo con elDiarioAR, Di Giacomo lo explica: “En un principio apoyamos y estamos especialmente interesados en las que tienen que ver con energía, petróleo, gas e hidrogeno verde. Y de acuerdo con blanqueo”. Su provincia produce gas, más allá de la roca de Vaca Muerta, sobre todo presente en Neuquén, y no sin polémicas ambientales.

AR

“Estamos asistiendo a un instante fundacional de la Argentina”, dijo este jueves el presidente Alberto Fernández al anunciar una alianza entre YPF y la empresa petrolera estatal de Malasia, Petronas. El proyecto, que se presentó como “el más importante en materia energética de los últimos 30 años”, apunta a exportar 450 barcos de GNL al año una vez que esté finalizado.

Según detalló Pablo González, presidente de YPF, los ejecutivos de ambas empresas trabajan en la alianza desde hace dos años y se decidió retrasar el anuncio para no restarle protagonismo al gasoducto Néstor Kirchner. El proyecto implica la duplicación de la producción actual de gas, la construcción de un gasoducto de Vaca Muerta a la costa bonaerense y el desarrollo en etapas de un complejo industrial de gas natural licuado. 

En su etapa inicial demandará una inversión de US$10.000 millones y permitirá producir 5 millones de toneladas de GNL al año. Una vez finalizado, se espera que la producción se eleve a 25 millones de toneladas anuales.

“No es que van a venir mañana US$10.000 millones, estamos empezando un proceso que implica la construcción de una planta, un puerto y un gasoducto. Una vez terminada esa etapa prevemos que se pueden exportar 450 barcos por año. Imagínense que este año importamos 22”, precisó González en el acto realizado en el auditorio principal del CCK. Para el ejecutivo, se dio el primer paso en la concreción del “sueño de la Argentina exportadora de GNL”.  

Con sus ministros y los gobernadores de las provincias en las primeras filas, el Presidente buscó imprimirle al anuncio un tono épico. “Tal vez no tomamos dimensión de lo que hoy está ocurriendo, pero en 10 años alguien va a recordar este día”, dijo. El gran objetivo cumplido es, según enunció, “no dejar dormir el gas en Vaca Muerta”, sino sacarlo tan pronto se pueda, usarlo internamente y exportar el excedente para “traer los dólares que necesitamos para seguir creciendo”.

El Presidente destacó los recursos con los que cuenta la Argentina, pero admitió que se vive un “tiempo difícil en materia energética”. “Los agoreros anunciaban que íbamos a pasar un invierno muy complejo; que nos iba a faltar el gas, la electricidad, que se iba a parar la producción. Nada de eso pasó. Nadie escribió que en el invierno que está terminando la Argentina vivió el mayor pico de demanda de gas y electricidad a lo largo de todos los años y pudimos cubrir esa demanda porque trabajamos como gobierno para poder hacerlo”, sostuvo. 

Petronas, con oficinas en las famosas torres gemelas de Kuala Lumpur, fue fundada en 1974 y es el cuarto productor de GNL a nivel mundial, con un 15% del mercado. Ya era socia de YPF en Vaca Muerta, donde desde entonces invirtió US$1.500 millones. 

DT

El Gobierno tiene previsto anunciar este jueves un acuerdo en el que funcionarios de primera línea vienen trabajando hace meses. Se trata de una alianza entre la petrolera estatal YPF y la empresa malaya Petronas que incluiría la instalación de una planta de licuefacción y le permitiría a la Argentina posicionarse en el mercado creciente del Gas Natural Licuado (GNL).

El acuerdo fue anticipado por el periodista Iván Schargrodsky en Cenital y, tal como pudo confirmar elDiarioAR, será anunciado con la presencia del presidente Alberto Fernández. Además de una planta que convierta el gas a estado líquido y permita transportarlo en barco, el proyecto conjunto implica la construcción de un nuevo gasoducto para hacerlo llegar desde los lugares de extracción hasta esa planta, que se ubicará en la costa bonaerense. 

Si bien todavía no se hizo la convocatoria oficial al acto de lanzamiento de la alianza, este lunes Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro se reunieron en el Ministerio de Economía con el embajador de Malasia en Argentina, Azman Rahim, y dieron algunas señales. El ministro de Economía destacó “la importancia de ampliar las inversiones bilaterales, sobre todo en sector hidrocarburos, siendo Petronas un actor clave a nivel mundial”. Petronas es una empresa que pertenece al estado malayo y es uno de los principales jugadores en el sector de hidrocarburos del mundo, con un expertise especialmente desarrollado en GNL.

Según un informe conjunto de las organizaciones Fundar e IDEA publicado este martes,  el 77% del crecimiento del intercambio global de gas natural hasta 2040 se llevará a cabo vía GNL y se espera que domine los intercambios internacionales para el 2030. Hasta el desarrollo de esta tecnología –que posibilita el almacenamiento y transporte a mercados alejados– el gas natural se movía exclusivamente a través de gasoductos. 

La demanda internacional de gas natural aumentó en gran magnitud a lo largo de las últimas décadas y crecerá todavía más debido al rol de este recurso en la transición energética. Dado que es un tipo de combustible menos contaminante, se privilegia frente a otros como el carbón o el petróleo.  Entre 2001 y 2021 el crecimiento anual del consumo de gas fue del 2,6% en promedio y el de su comercialización internacional, del 4,1%.

Los autores del informe, Nicolás Arceo, Daniel González y Guido Zack consideran que la Argentina tiene una “oportunidad única” para abastecer la demanda mundial, pero que es necesario “actuar ahora, antes de que la demanda de combustibles fósiles disminuya de manera significativa a causa de la transición energética”. Una oportunidad que se profundizó este año como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania que más que duplicó el precio del GNL y desplazó a Rusia como proveedor. 

El informe estima que para aprovechar esta ventana de oportunidad se necesita un nivel de inversiones “nunca antes visto en la Argentina”: solo para la planta de licuefacción y en las instalaciones asociadas se requieren alrededor de US$15.000 millones. Sin embargo consideran que si el sector privado local (incluyendo a YPF) se asocia con compañías internacionales podría conseguir el financiamiento necesario y concretar los proyectos. 

DT

Con demora, pero el Gobierno está poniendo manos a la obra para evitar cortes de gas en la industria en el invierno próximo. Por un lado, la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA) concretó este martes la segunda licitación del año de gas natural licuado (GNL, que se importa por barco) y se terminaron adquiriendo ocho barcos por un valor del gas de entre US$ 36 y 46 el millón de BTU (unidad de medida), más del cuádruple del promedio de 8,50 que se abonó en 2021, porque el precio ya venía subiendo por la recuperación económica mundial pero se disparó por las sanciones al gas de Rusia por la invasión a Ucrania. Por otro lado, negocia con Bolivia una mayor provisión de gas natural, que cedería Brasil. Por último, coronó a Tenaris, la fabricante de tubos petroleros del grupo Techint, como ganadora de la licitación que cerró este miércoles IEASA para adquirir los tubos necesarios para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que en 2023 elevará un 25% la capacidad de transporte del gas de Vaca Muerta a los centros de consumo.

La compañía estatal que preside Agustín Gerez cerró la compra de ocho barcos a la francesa Total, la suizoholandesa Vitol, la suizochipriota Gunvor, la singapurense Trafigura y la española Naturgy a un “precio criminal, pero de mercado”, según admiten en el Gobierno. La estatal rusa Gazprom perdió la compulsa tras ofertar a una cotización aún mayor. Tendrá que conformarse con seguir exportando a Europa, pero ese continente quiere reducir en lo inmediato un tercio de sus compras a Rusia y reemplazarlas por GNL, lo que encarece su precio. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que Alemania y los demás clientes europeos le paguen en rublos por las sanciones que ha sufrido y que le impiden acceder a divisas occidentales. La angloholandesa Shell y la británica BP también ofertaron sin éxito por abastecer a la Argentina.

En tanto, IEASA declaró como vencedor en la subasta de los caños del gasoducto a Techint, que fue el único oferente y es el único proveedor nacional de este tipo de tubos. Ahora deberá convocar a la licitación para la construcción, que en seis o nueve meses debería terminar. Gerez pretende que en el invierno de 2023 esté lista esta obra de 563 kilómetros entre Neuquén y Salliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Este proyecto permitirá liberar más gas hacia el polo petroquímico de Bahía Blanca. Por eso, Profertil, la fabricante de urea (fertilizante que tiene al gas como insumo), prevén ampliar su planta con una inversión de US$ 1.200 millones. La empresa pertenece a YPF y a capitales canadienses y su producción podría reemplazar las importaciones de Rusia, principal proveedor mundial de urea, clave para las plantaciones de trigo y maíz. El gasoducto Néstor Kirchner permitiría además reducir en un tercio las importaciones invernales de gas de la Argentina, evitar cortes en todo el país y liberar más exportaciones en verano a Chile, Brasil y Uruguay.

Pero todo eso ocurriría recién en 2023. Para el próximo invierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) teme cortes y negocia con el Gobierno un plan para programarlos. Sin embargo, las autoridades prometen que no habrá faltantes y expertos independientes consideran que es posible si la oferta mundial se normaliza y si los funcionarios hacen bien su tarea. Por lo pronto, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, IEASA y la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) están trabajando para evitar interrupciones. Negocian con Bolivia para que les provea más gas por un aumento de producción y porque Brasil les pediría menos ante la recuperación del caudal de agua de sus centrales hidroeléctricas.

AR

Durante 2021, se importaron 5.500 millones de dólares en materia energética (sin tener en cuenta al sector siderúrgico). Para este año, la cifra podría multiplicarse y superar los US$ 12.000 millones, hasta un 130% más, según un informe de la consultora energética G&G Energy al que tuvo acceso elDiarioAR

De esos US$ 5.500 millones importados el año pasado, US$ 2 mil millones corresponden al gas oil (37%); US$ 1,2 mil millones, al GNL (21,5%) y casi US$1.000 millones al gas de Bolivia (17,6%). Es decir, el 76% de las importaciones energéticas se resumen en tres ítems. Cabe mencionar que en 2021 el 40% del gas oil importado fue para la generación de energía eléctrica.

“El incremento de importaciones tendrá impacto en la balanza comercial total del país, con una variación neta que podría superar el 60% del saldo total de 2021. La incidencia de precios es determinante, aunque también lo son las cantidades a importar de cada producto”, apunta el informe.

Entre 2011 y 2014, años de Cristina Kirchner en la Presidencia, se importaron en materia energética más de US$ 9.000 millones por año (con un pico que superó los US$ 12.000 millones en 2013), con ventas promedio que rondaron los US$ 6.000 millones. En los años siguientes, con Mauricio Macri en el poder, aunque con tendencia revertida, la balanza comercial energética continuó desbalanceada hasta 2019.

En los últimos tres años, y ya ingresando en el gobierno de Alberto Fernández, hubo un superávit que inexorablemente se romperá en este 2022, producto de varios factores: principalmente, los coletazos que la guerra en Europa dio a los precios internacionales de gas y de crudo.

Extensión de la sequía en el primer semestre de 2022, con el menor registro de los últimos 30 años en aporte hidroeléctrico; mayor demanda interna de gas y electricidad; mayor demanda de combustibles, rubro en el cual resalta el alza del 18% en el precio del gas oil; posibles importaciones de electricidad en invierno, figuran entre los principales motivos contemplados por el documento de G&G.

Sin embargo, la principal razón es la excepcional variación de precios. En el caso del GNL (Gas Natural Licuado), el año pasado se pagó en promedio US$ 8,4 por millón de BTU (unidad de medida). En este año, ya se importó un barco holandés a US$ 27 por MBTU. En la última semana, el precio internacional se disparó y cruzó la barrera de los US$ 60 por MBTU.

En 2021, la factura de GNL importado fue de US$ 1.178 millones. La misma se podría multiplicar por 5 o hasta por 7 durante este año, de mantenerse la tendencia en los precios internacionales. Así las cosas, solo en GNL se podría gastar el equivalente al total de las importaciones energéticas de 2021.

En el total de las importaciones energéticas, siempre según el citado informe, el alza de precios llegaría al 130% promedio, con lo cual el monto total pasaría de USD 5.492 millones a USD 12.830 millones. En el caso del gas oil, el país ya importó 18 barcos por un total cercano a los US$ 550 millones, lo cual es la cuarta parte del valor total importado el año pasado (US$ 2.057 millones). Se estima para este año ese total pase a US$ 3.300 millones.

La oportunidad del crudo

Una fuente de una de las principales empresas petroleras del país dio a elDiarioAR su punto de vista sobre la posible ventana de oportunidades que abre la disparada de precios internacionales: “No trae aparejado ningún beneficio de corto plazo. La capacidad de suplir gas está limitada por cuestiones de infraestructura (y vamos a estar pagando las consecuencias del incremento significativo del incremento del GNL). Lejos de ser algo beneficioso, es perjudicial”.

“Sí hay una consecuencia positiva por el lado del crudo. Hay una apetencia para querer exportar, pero las integradas (compañías que participan en distintas partes de la cadena) y refinadoras te demandan crudo. Los grandes jugadores del mercado te cruzan la producción de exportación para abastecer al mercado doméstico. Hoy, entre el precio doméstico y el internacional hay una brecha del 100%. El barril crudo local está en US$ 57 y el internacional oscila los US$ 115, US$ 120 y llegó hasta US$ 130”, planteó la fuente.

Por estos días, se exporta, en promedio, el 15% de la producción convencional de petróleo. Se producen unos 350.000 barriles diarios, con exportaciones en el orden de 50.000 barriles diarios. Con estos números, en 30 días se exportan 1,5 millones de barriles. A US$ 115 el barril, son US$ 172,5 millones. De ese total, hay un 12% de regalías para la provincia de donde se extrae el crudo y un 8% de retenciones. Son US$ 34,5 millones que quedan en el país.

La disparada de los no convencionales

La Secretaría de Energía celebró en los últimos días que la producción de petróleo llegó en enero a 570.000 barriles diarios, marca que no se alcanzaba desde diciembre 2011. Entre los principales motivos, el alza se debió a una fuerte producción de crudo no convencional, que alcanzó los 220.000 barriles diarios.

Para tener una idea, el crudo no convencional apareció en escena en 2016, cuando se produjeron apenas 100 barriles diarios. En los años siguientes, apenas superó los 300 barriles diarios. A partir de 2019, comenzó a crecer en serio, con 98 mil barriles diarios. En 2020, ya fueron 120.000 barriles diarios y en 2021, 168.000.

Los peligros de la apuesta por el crudo

El vuelco de las petroleras a la producción de petróleo puede significar un problema para la ya insuficiente producción local de gas. El integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y del Grupo Bolívar, Andrés Repar, advirtió: “La inmensa mayoría de las productoras se han volcado al crudo y abandonaron las perforaciones en zonas gasíferas. La situación amerita la asunción de cierta responsabilidad respecto de las necesidades del país”.

“Una vía posible es condicionar porcentajes de perforación obligatorias en las zonas gasíferas hasta obtener el autoabastecimiento de gas. Es posible también pensar en retenciones adicionales a la exportación hasta que la ecuación energética sea más digerible para el país”, analizó Repar y concluyó: “Dado que el Estado asume costos enormes de importación de gas, sería una política energética clave obtener precios competitivos del gas nacional en 2022”.

Con todo, en el caso del gas no se puede apostar a la producción en época estival porque no hay cómo almacenarlo ni dónde evacuarlo; problemas que son históricos. En el caso del petróleo, para la citada fuente petrolera, “un porcentaje deseable de exportación sería el 50%, de piso, para poder compensar la pérdida que se genera vender en el mercado doméstico”. Sin embargo, hay también cuestiones internas entre las empresas que complican el panorama exportador. “Si las productoras integradas quieren exportar, lo cual es lógico porque te lo pagan el doble, el riesgo es que las integradas le compren menos a su proveedor primario y aprieten a las no integradas a que les vendan a precio local, para luego vender a afuera, al doble de precio, lo cual destruiría el mercado”, dijo.

JR