“Muchos de los compañeros que están acá son parte de un frente. Tenemos discusiones, pero las zanjamos. Yo entiendo que no conozcan, porque hace 20 años el modelo que gobierna esta provincia es manejado por una sola persona”, lanzó el docente Leandro Sánchez ante la jueza Marcela Leiva, en un dardo directo al poder del exgobernador Carlos Rovira, arquitecto y conductor real del Frente Renovador de la Concordia, que conduce las riendas de Misiones sin interrupciones desde 2003.

La escena ocurrió este miércoles en el Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas, donde la magistrada condenó a Sánchez y a la dirigente docente Mónica Gurina por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte”, en el marco de las protestas salariales que marcaron a Misiones en mayo y junio de 2024. Las penas —10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses para Sánchez— no implican cárcel, pero sí tareas comunitarias y un antecedente punitorio que, para los gremios, cristaliza un mensaje: el Estado provincial busca dejar asentado que la protesta tiene un límite, y que ese límite lo define la Justicia.

En su alegato final, Sánchez reivindicó la horizontalidad de las asambleas que guiaron aquellas protestas y la contrastó con la estructura verticalista que domina la política provincial desde hace dos décadas. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas. Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”, remató el dirigente sindical, dejando planteado que el juicio que enfrenta no trata solo de dos cortes de calle, sino de la disputa por el sentido de la protesta en una provincia donde el poder tiene nombre propio.

La fiscal María Laura Álvarez había pedido todavía más pena. Argumentó perjuicios económicos para comerciantes, obstrucción del tránsito y un “plus en la ejecución” por parte de Gurina, referente sindical que fuera candidata a diputada por Confluencia Popular por la Patria en las elecciones provinciales del 8 de junio. “Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, sostuvo.

El mayo misionero

La sentencia llega dieciocho meses después del estallido que fracturó, por primera vez en casi dos décadas, la estabilidad política que Rovira había construido al menos desde la derrota del referéndum de 2006. El mayo misionero de 2024 fue un punto de quiebre: la provincia quedó desbordada por reclamos simultáneos de docentes, policías y trabajadores de la salud; y la tensión escaló hasta un lugar simbólico que nadie en la Renovación imaginaba: la protesta frente al domicilio particular del propio Rovira, en el barrio El Laurel.

Aquel episodio, inédito, activó un reflejo instantáneo en el oficialismo provincial: contraataque judicial, disciplinamiento interno y un despliegue político que buscó quebrar la unidad callejera entre maestros y uniformados. Los gremios docentes recibieron un aluvión de oficios que los obligaban a mantenerse a más de 200 metros de la Cámara de Representantes, bajo la acusación de haber instigado los incidentes del 23 de mayo. Y pocos meses más tarde, ocho policías fueron detenidos acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, hoy diputado provincial electo.

La estrategia, calcada de otras crisis, se completó con una demostración de fuerza: la convocatoria oficialista del #30M “por la paz”, cuando intendentes del oficialismo provincial trasladaron empleados municipales a Posadas para blindar la Legislatura con banderas y escenografía patriótica. Aún así, las protestas continuaron una semana más, con marchas en toda la provincia y negociaciones frenéticas. Finalmente, el 7 de junio, la docencia firmó un aumento que llevó el salario inicial a $450.000 —un 47,5% acumulado— y un punto crucial: ninguna sanción administrativa ni legal contra quienes habían participado. Algo que, a todas luces, no terminó cumpliéndose.

El juicio que terminó este miércoles arrastra precisamente ese hilo suelto. Es, para el oficialismo, un expediente incómodo: reactiva el recuerdo del único momento en que su hegemonía política pareció tambalear y exhibe la continuidad de una lógica punitiva contra los sectores que encabezaron aquellas jornadas. También deja en evidencia un patrón: mientras la causa contra Amarilla derivó en prisión preventiva sin juicio, a docentes y delegados se los procesó bajo figuras menores pero igualmente orientadas a fijar un precedente disuasivo.

El proceso judicial estuvo acompañado por un respaldo político y gremial de alcance nacional. Dirigentes como la histórica dirigente de CTERA Marta Maffei o el secretario general de CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, se hicieron presentes en Posadas para acompañar a los acusados. También se lo pudo ver al presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En el fondo, el veredicto de Leiva no cierra una etapa: la criminalización de la protesta en Misiones sigue abierta, ahora con una sentencia que deja expuesto el uso de la Justicia como herramienta para reordenar el conflicto social en un territorio que vive una reconfiguración política acelerada, entre la presión libertaria, las internas del oficialismo y un clima social inflamable. Sánchez lo resumió ante el tribunal, en un susurro que quedó flotando en la sala antes del cuarto intermedio: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia”.

PL/CRM

El gobierno de Javier Milei navega uno de sus momentos más ásperos desde que llegó al poder. La CGT confirmó esta semana un nuevo paro general para el 10 de abril —el tercero desde el incio de la gestión libertaria— y obligó al Presidente a replegarse sobre el frente doméstico. Dos viajes que estaban en agenda, a España e Israel, quedaron suspendidos por “acontecimientos internos”. Un explicación escueta, pero con mensaje claro: la calle volvió a marcar el ritmo de la política. Mientras la conflictividad social crece, Milei y su entorno intentan no solo contener el malestar, sino también recuperar la iniciativa. Pero, por ahora, corren de atrás.

Desde su asunción, La Libertad Avanza apostó a una lógica de avance constante: reformas exprés, enemistades sin matices, un discurso que mezcla dogmatismo económico con la estética del ring. Pero las últimas semanas ofrecieron un giro: el Gobierno corre detrás de los hechos. El caso $LIBRA, esa mezcla de criptomonedas, estafas y conexiones gubernamentales, hizo estallar la agenda. A eso se sumó una serie de movilizaciones que desnudaron no solo malestar social sino también una fisura en la narrativa oficialista: la de que todo aquel que protesta es parte de una conspiración.

El 1° de febrero, una marcha antifascista marcó un punto de inflexión. No por su masividad, sino por el tono. La convocatoria surgió como respuesta al discurso de Milei en Davos, que sectores del progresismo y la izquierda leyeron como una negación de las conquistas democráticas.

El mismo clima se había vivido varios meses antes, durante las dos grandes marchas universitarias que tensionaron el primer año de gestión libertaria: la de abril y, sobre todo, la de septiembre de 2024, cuando miles de estudiantes y docentes coparon las calles en defensa del presupuesto educativo. Aquellas protestas, más que erosionar el capital político del Presidente, dejaron en evidencia un límite: el modelo de Milei necesita enemigos, pero también requiere evitar el caos.

Faltaba todavía para el 12 de marzo, día en el que los jubilados e hinchas que fueron a manifestarse a las puertas del Congreso fueron blanco de una brutal represión que terminó con varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, que recibió el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Ante esas imágenes, similares a las vistas el 12 de junio del año pasado durante el debate de la ley Bases, en el Gobierno hubo un doble movimiento: mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, endurecía el discurso (“es consecuencia de los que generan violencia”), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscaba relativizar lo sucedido con Grillo como un “accidente”. Dos voces, una estrategia: no retroceder.

Pero más allá de cierto regodeo en la “mano dura”, en el oficialismo nunca dejaron de ser conscientes de algo: la represión es útil como gesto de autoridad, pero que puede volverse en contra cuando las víctimas tienen nombre, rostro y oficio. Un fotógrafo herido y una jubilada empujada por un policía son escenas que incomodan incluso a quienes apoyan a Milei.

Por eso, en la Casa Rosada celebraron lo sucedido el miércoles pasado. El Presidente no solo obtuvo una victoria puertas adentro del Congreso, sino también un alivio puertas para afuera. Durante la sesión en la que Diputados convalidó el DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, la calle volvió a llenarse, pero esta vez el operativo de seguridad logró controlar la protesta sin que se desmadre, a diferencia de lo sucedido la semana previa.

El detrás de escena fue revelador. Bullrich coordinó los pasos a seguir junto a la SIDE y bajo la atenta mirada de Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Milei. Se blindó el Congreso con una “zona estéril”, se filtraron colectivos en los accesos y se evitó el contacto cuerpo a cuerpo. A diferencia de lo ocurrido la semana anterior, no hubo mayores escenas de violencia. El dato fue leído como positivo por el ala dura del Gobierno, que aun así insiste en redoblar la apuesta. En ese marco, Bullrich sigue siendo una figura intocable: “Milei la recontra apoya”, repiten en el entorno presidencial.

Ahora, el oficialismo se prepara para lo que viene. Este viernes, la CGT confirmó lo que ya era un secreto a voces: el 10 de abril habrá paro general. Será el tercero contra Milei en apenas cuatro meses. Una anomalía histórica, incluso para estándares argentinos. Y no vendrá solo: el paquete incluye una movilización el 9, presencia en la marcha por el Día de la Memoria, este lunes 24 de marzo, apoyo a los jubilados y una gran marcha el 1° de mayo. “Es una acción sindical de 36 horas”, explicó Héctor Daer. No hay margen para confusiones: tras meses de letargo, la central obrera decidió escalar el conflicto.

En el Ejecutivo, mientras tanto, la tarea de evitar la huelga recayó sobre Francos, el único puente con los sectores dialoguistas del sindicalismo. “Va a intentar convencerlos esta semana, pero no creemos que sea factible conseguir la postergación”, admitió una fuente oficial a elDiarioAR. En el círculo íntimo del Presidente sospechan que la CGT fue empujada a la medida por la presión social tras la represión del 12 de marzo. “Es una sobrerreacción. Estuvieron compelidos”, analizaron. En la lógica libertaria, los sindicatos no protestan: complotan.

En ese clima, Milei debió recalcular. Su viaje a Israel, que iba a realizar este fin de semana, fue cancelado. La excusa fue escueta: “acontecimientos internos”. Pero nadie en Balcarce 50 ignora que la verdadera razón fue la convulsión callejera que se vivió las últimas dos semanas. Lo mismo ocurrió con su frustrada visita a Madrid. Dos suspensiones en diez días. La política exterior, por ahora, debe esperar.

Lo cierto es que el Gobierno se enfrenta a una paradoja. Cada gesto de firmeza refuerza su base, pero también tensa el vínculo con el resto del electorado. Cada represión, cada ajuste, cada viaje suspendido lo acerca a un límite difuso. “Van a buscar muertos”, había dicho una voz oficial tras la marcha del 12 de marzo. Una frase brutal que, más que una advertencia, se parecía demasiado a una amenaza. En la Argentina de Milei, cada día que pasa sin estallar es, para la Casa Rosada, un triunfo. O al menos, una prórroga.

PL/JJD

“Al principio decían que éramos la punta de lanza, pero no, somos el polo de resistencia por el que se articula una lucha que es transversal,” dice Nancy, docente jubilada. Viene de un control médico porque después de los gases que recibió la semana pasada quedó afectada.

Son las 2 de la tarde y mientras hay incertidumbre entre los mercados, sube el dólar y el riesgo país por la expectativa de una posible devaluación, dentro del Parlamento se viven momentos de máxima tensión por lo que más tarde será la aprobación de un nuevo acuerdo con el FMI del que se desconoce el monto, las condiciones y el plazo.

“Es una locura lo que están votando, no se sabe para qué va a ser la plata, capaz que es para que Milei la ponga en una nueva criptoestafa”, dice muy enojado Eduardo Beliboni, del Polo Obrero.

La atmósfera se torna más tranquila afuera del Congreso, blindado completamente por vallas que separan por 100 metros a la redonda a los jubilados, organizaciones sociales, gremiales, estudiantes y otros sectores de la sociedad que se sumaron tras la brutal represión del miércoles pasado. No se registraron hinchadas de clubes de fútbol.

Sobre la calle Rivadavia, una mujer de 78 años se agacha dificultosamente para mostrar sus piernas picadas por balas de goma. Un señor de casi 80 se levanta la remera y en su abdomen arrugado hay lastimaduras y moretones. Entre las personas de la tercera edad, los hay baleados desde los pies hasta una señora con la mandíbula perforada.

Todos ellos son jubilados que ganan la mínima: $350.000 al mes mientras que para afrontar los gastos básicos se precisan $1.200.523, según la Defensoría de la Tercera Edad. También se manifiestan porque el domingo vence la moratoria, razón por la cual cada año dejarán de jubilarse alrededor de 200.000 argentinos y argentinas, el 70% mujeres.

Al costado de este grupo, se observa un anciano de baja estatura que renguea porque se esguinzó el tobillo tras ser empujado con un escudo policial. “Todavía estamos reponiéndonos, aún tratando de sanar”, lamiéndose las heridas dice el hombre del tobillo hinchado.

“Un compañero que no pudo venir tiene un dolor intenso en el pecho porque recibió una granada parecida a la que le tiraron a Pablo Grillo, no sabemos si tiene lesiones internas”, avisa Alicia, jubilada. “Grillo nos acompañó desde siempre, todos los miércoles, registrando nuestras luchas. Bullrich tiene que renunciar ya, porque Pablo fue fusilado.”

Pablo Grillo es el fotoperiodista alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno que el cabo primero Guerrero disparó en forma horizontal, y que impactó en su cabeza provocándole pérdida de masa encefálica. Si bien sigue en estado crítico, su familia adelantó que se encuentra “esperanzada” porque esta mañana realizó movimientos “en manos y piernas”.

El caso de Grillo y Beatriz Blanco fueron los más resonantes. Ésta última es la jubilada de 87 años que fue gaseada y empujada por un agente de la policía. Recibió una herida craneoencefálica. La ministra de Seguridad la llamó “señora patotera” al mismo tiempo que denunció a la jueza Karina Andrada por haber liberado a los más de 114 detenidos tras la represión (entre los que estuvieron dos menores de 12 y 14 años).

Según los datos de la Posta de Salud y Cuidados y de la Comisión por la Memoria, en la jornada del miércoles pasado hubo 989 heridos, incluyendo traumatismos de cráneo (con y sin pérdida de conocimiento), traumatismos de tórax, síncopes, lipotimias, heridas abiertas en el rostro, hemorragias, esguinces, luxaciones y dificultad respiratoria aguda.

“Está mucho más tranquilo que la semana pasada, eso es porque cortaron las calles y todas éstas vallas que pusieron,” dice Malena, una estudiante de enfermería que integra la Posta de Salud (integrada por la Asociación de licenciados de Enfermería y profesionales del Garrahan) presente en las distintas marchas desde la Ley Bases. Ellos también recibieron balas de goma y gases lacrimógenos.

A diferencia de la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad, envalentonadas durante días por su ministra, reprimieron indiscriminadamente, el Gobierno ahora orquestó, desde el despacho de Santiago Caputo junto a Patricia Bullrich y la cúpula de la SIDE, un megaoperativo que consistió en infundir miedo a través de frases en pantallas y altoparlantes en las estaciones de trenes que advertían que “la policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

“No tengo miedo un carajo, ¿vos conocés a Norma Plá, pibe? tengo 80 años, cuántos años más tengo de vida, sacá la cuenta, prefiero que me pase algo acá a morirme arrodillado por estos chantas estafadores”, dice un jubilado alto y encorvado, con un bigote blanco prolijamente cortado.

Las fuerzas de seguridad también revisaron en las cabeceras del transporte público a los pasajeros para determinar que no lleguen con “elementos sospechosos”; y apostaron a la delación entre ciudadanos, ofreciendo sumas millonarias a aquellos que “brinden datos” de los “autores de promover disturbios”.

Desde las 9 de la mañana, la zona del Congreso, es decir, las 15 manzanas que van desde las calles Sarandí, Adolfo Alsina, Sáez Peña y Bartolomé Mitre estuvieron cortadas. Hubo un despliegue de al menos 1500 efectivos entre Federales, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y 900 agentes de la Ciudad.

“Luchamos por los viejos que están deprimidos en sus casas, por los que no pueden llegar porque tienen problemas físicos,” dice un hombre mayor ubicado afuera del cine Gaumont.

En los alrededores de la Plaza del Congreso, a las 14.30 de la tarde, hay personas que están por fuera de todo reclamo, durmiendo en la vereda. A lo lejos está la prensa con sus cámaras y cascos colgando. Pasan dos señoras en silla de ruedas, una con un caniche en sus piernas y un vendedor ambulante quiere venderle un banderín de Argentina.

“Espero que todos agarren los banderines así esta marcha es pacífica, además a mí me ayuda,” dice. “Los buenos somos los de la celeste y blanca, no los de azul.” A unos metros dos vendedores de sánguches lo miran con cierta burla.

“No es bueno el curro de vender banderas, quien quiere una bandera ahora si capaz en un rato la gente agarre piedras”, dice el joven mientras prepara uno de salame y queso a 7 mil pesos y el otro grita “baratita la bandera argentina a mil pesos”. Se van sumando los que ofrecen garrapiñadas, bebidas, helados y chipa.

Sobre la sombra que se genera en la calle Rivadavia, dos hombres cargan una virgen, un grupo se aproxima con remeras de la frase maradoniana y en los árboles la gente se echa y escucha desde un parlante “La marcha de la bronca”. Aparecen jóvenes con puños gigantes de plástico, representando “la mano de Dios”. “Es la mano que vamos a meterle a este gobierno”, dice el que reparte.

En la corta era libertaria, hubo multitudinarias marchas como la Universitaria y la Antifascita, pero en ninguna represión, ¿por qué hay ensañamiento con los jubilados? “Tal vez porque somos la memoria histórica, el nexo entre los 50 años de dictadura, muchos de los que están acá fueron protagonistas en el Rodrigazo, se enfrentaron a la Triple A,” dice Nancy, la docente jubilada.

A las 15.30 empiezan a llegar columnas desde la avenida de Mayo y el reclamo se ensancha. Sobre todo llegan estudiantes universitarios, sectores gremiales y más jubilados. Se estacionan frente al Congreso vallado. Cantan: “Como a los nazis les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar”, o “Que boludo, que boludo, ahora el protocolo se lo meten en el culo”, o “adónde están que no se ve esa famosa CGT.”

Para las 16 horas un helicóptero se suspende por encima de la manifestación y se arma un cordón de agentes de la Federal a lo largo del Congreso, detrás de las vallas. “Ustedes también van a pagar la deuda, son laburantes”, le grita uno.

Media hora más tarde un grupo de tercera edad se concentra y canta “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. De 78 años, Paula Arias dice que es luchadora “desde siempre” pero que este momento es “terrible” y “hay que sacarlos”.

A las 17 se escuchan estruendos, pero son petardos que explotan en lo alto lanzado por los manifestantes. Desde el sector final de Plaza Congreso se puede observar la avenida de Mayo, repleta de personas que siguen llegando lenta y pacíficamente.

En un momento dado la marcha se estaciona pero quedan algunos espacios libres. Bajo un sol que a esta hora no quema, los comerciantes de la calle despliegan tranquilamente sus productos, entre chorizos, bondiola, fiambres y cervezas. Se ve también alguno que toma mate y turistas que registran el acontecimiento. “Ahora se puede decir que me hice el día,” dice el de los banderines de Argentina.

Ya para las 18 horas algunos grupos empiezan a desconcentrar. La manifestación adquiere las características de otras marchas multitudinarias, como la Universitaria y la Antifascista: la gente caminando pacíficamente, por momentos arengando y otros tocando bombos y redoblantes. Detrás de las vallas, permanecían dos cordones policiales, mientras el acuerdo con el FMI era aprobado, y en cada esquina del Congreso seguían estacionados, amenazantes, los camiones hidrantes.

LN/JJD

En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD

El llanto desmedido de un bebé. Yuliana Figueredo, de 37 años, lo escuchó ni bien llegó a la humilde casa de su vecino. Las calles angostas y de tierra del barrio San Jorge, en la localidad bonaerense de Campana, donde ella vive, impiden el ingreso de las ambulancias. Por eso, esa mañana del año 2022, la llamaron urgente. Yuliana había hecho un curso de primeros auxilios en el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), una ONG humanitaria y sin fines de lucro creada en 2002 y dedicada a la asistencia médica en contextos de emergencia. El bebé respira con dificultad esa mañana, algo impide la llegada de aire. Yuliana le aplica un procedimiento básico. Los padres no se animan a mirar. Escuchan el llanto y las inhalaciones agitadas de su hijo, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Yuliana insiste. El aire en los pulmones prematuros se compacta, pero fluye de nuevo. Limpio y constante. La pareja la abraza. Yuliana no lo sabe aún, pero no será la última vez que un padre o una madre le agradezca. Dos años después, una tarde de septiembre del 2024, en medio de la represión de la policía a los jubilados en el Congreso, asistirá a Fabrizia, una menor de 10 años gaseada intencionalmente por un efectivo. Tampoco sabe que el Gobierno, tras esa manifestación, le echara la culpa del incidente a ella y sus compañeros del CEPA.

José Parizzia, de 50 años, está a seis meses de retirarse como miembro del Ejército argentino, tras 34 de servicio. Se especializa en reparar tanques de guerra. La soledad de un taller con esas moles de acero lo llevó a pensar en qué hacer luego del retiro. La vocación de servicio por el otro. Ayudar en medio de la tempestad, aunque no haya una guerra. Eso le genera adrenalina a José. Por eso, desde hace dos años, integra el CEPA como rescatista voluntario. En la última marcha del miércoles en el Congreso, contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas que finalmente fue convalidado por la Cámara de Diputados, y luego de que un policía infiltrado arrojara un chorro de gas a los ojos contra un grupo de manifestantes, José mantendrá una sonrisa calma. Al menos siete heridos se retorcerán de dolor en el piso alrededor suyo, mientras prepara pausadamente una botella con leche que servirá de alivio para ese ardor terrible. Adrenalina.

Miguel Irrutegui, técnico en emergencias médicas, forma parte del CEPA como rescatista desde hace más de 20 años. Participó en las grandes tragedias de los últimos años en la ciudad. La voladura de la AMIA. El incendio de Cromagnon. El choque del ferrocarril de la línea Sarmiento en la Estación de Once. Su experiencia lo llevó a dirigir al grupo de rescatistas durante los operativos. El último miércoles, tras asistir a un jubilado que se había descompuesto en la marcha en el Congreso, se emocionará por su equipo. “Es muy gratificante ver cómo trabajan”, dijo Miguel. “Uno está hace mucho en esto y ver que se suman cada vez más jóvenes, nos llena de orgullo”, apuntó el rescatista. Esa tarde, luego de ordenar que lleven a los heridos por los gases al Instituto Patria en la calle Rodríguez Peña, lugar que el CEPA suele utilizar como apoyo para resguardar a las víctimas, Miguel le explicará a Oscar Parrili, senador nacional y vicepresidente del organismo, el efecto nocivo de estos gases en los ojos.

Luisina Troncoso, de 43 años, también es técnica en emergencia médicas, pero se sumó al CEPA cuando vio por la televisión las imágenes de los jubilados reprimidos, luego de que “87 héroes” en el Congreso vetaran un pequeño aumento en su sueldo. El miércoles fue su tercer operativo. “Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé”, cuenta Luisina, quien también es escritora. Cecilia Chirico, empleada en una empresa privada de provincia, llegó por lo mismo. “Poder dar una mano en este contexto es importante”, señala Cecilia, en su primer operativo como rescatista. La historia de Miguel Palacios, 26 años y arbitro de fútbol, es similar. La posibilidad de ayudar al otro en un contexto represivo lo motivó a sumarse. Vive en Ciudadela y el miércoles fue su segundo operativo en el Congreso. “Esto es una vocación”, dice Miguel. “Pero hay que estar atento y manejar bien la situación porque todo puede desmadrarse”, se sincera.

Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé

Un ardor terrible

Son las tres de la tarde del último miércoles y Miguel Irrutegui reúne al equipo del CEPA en avenida Callao y Bartolomé Mitre. Son 10 rescatistas, vestidos de naranja y con cascos blancos. Cada uno lleva un cinturón con elementos básicos de asistencia médica. Fueron convocados por la marcha de los jubilados, una protesta habitual desde que el gobierno vetó un aumento en sus haberes. El Congreso está rodeado de vallas que empujan a los manifestantes hasta las inmediaciones de la plaza. El CEPA empieza su recorrido. Los jubilados se mezclan con los universitarios, en medio de la discusión en la Cámara de Diputados por el veto al financiamiento de estos últimos. No hay cordones policiales a la vista, apenas un puñado de efectivos del otro lado de las vallas. Miguel y el resto de los rescatistas deambulan entre la gente sin complicaciones. Hasta que Carlos Tabulosky, un jubilado de 74 años vestido con una remera del club Chacarita, se desvanece en la calle. El CEPA lo rodea. Dos de un lado. Dos del otro. Le miden la presión. Las pulsaciones. Es la cuarta marcha a la que asiste Carlos. Siempre con la remera de Chacarita. “Vengo por todos los jubilados que la están pasando como el orto”, dice Carlos desde el suelo. “Hoy veo a muchos jóvenes universitarios y ellos van a ganar esta lucha”, repite Carlos, ahora acostado desde una camilla que los rescatistas plegaron.

Lo apartan del tumulto y deciden llamar al SAME. Mientras esperan en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman se acerca. “El compañero viene a todas las marchas siempre con su camiseta de Chacarita”, indica la diputada, reconociendo la persistencia en su lucha contra las injusticias. “La labor que hace el CEPA, junto a todas las postas de salud de las marchas, es crucial con este gobierno represor”, apunta Bregman. Carlos se recupera y prefiere irse a la casa por su cuenta. “Les agradezco de corazón todo lo que hacen por nosotros”, se despida el jubilado, que asegura que el próximo miércoles está de vuelta. Los rescatistas lo saludan. Los manifestantes empiezan desconcentrar. El CEPA descansa en fila desde la esquina. Las calles lucen tranquilas. La paz que antecede al desastre.

Una turba de manifestantes empieza a perseguir al influencer libertario, Fran Fijap, que se esconde dentro de un local de empanadas. Todo sucederá rápido. Los empleados del local aún no lo saben, pero el presidente Javier Milei las visitará al otro día. Ahora mismo, un grupo intenta sacar al militante libertario a los golpes. Las persianas del local se bajan. El CEPA se mantiene inmóvil, justo en frente. “Somos neutrales, no podemos intervenir ahí”, explica Miguel. Hasta que alguien alerta sobre un herido de gas. No hay presencia policial, pero llegan personas frotándose los ojos.

Matías Baglietto, fotógrafo que debía retratar a los rescatistas en acción para esta nota, se tira al suelo y pide ayuda. Son, al menos, seis gaseados. Un policía de civil que hacía trabajo de inteligencia en la marcha ─se sabrá después─, arrojó gas desde el local de empanadas. Los rescatistas se dividen la atención de los heridos. José, el mecánico de tanques, prepara una botella con leche. Miguel, el árbitro de fútbol, asiste a una manifestante que acaba de convulsionar. Yuliana, quien asistió a la nena de diez años reprimida, colabora con los botiquines de emergencia. La escena continuará en el Instituto Patria. 

“Nuestra misión siempre va a ser cuidar a los heridos y establecer lugares fuera de peligro”, explica Esteban Chalá, asistente humanitario y uno de los fundadores del CEPA. Ese día, al salir del Instituto y volver a la calle, algunos rescatistas serán filmados por la propia policía. “Alguna vez hubo un seguimiento específico contra nosotros, pero no le damos importancia. Nunca descuidamos nuestra tarea humanitaria con las personas que lo necesitan”, señala Esteban.  

La jornada del miércoles finalizó con 16 heridos, seis detenidos y una denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos por tres policías infiltrados. “Una jornada tranquila para nosotros”, bromea Miguel, un día después.

Al caer la tarde, los rescatistas del CEPA se retiran en silencio, dejando atrás la batalla de ese miércoles, otra más. Las heridas sanarán pero las cicatrices de la injusticia quedarán marcadas en cada uno de los manifestantes que lucharon por su dignidad. Aún así, en cada mirada agradecida, en cada abrazo desesperado, los rescatistas encuentran la fuerza para seguir.

No llevan armas ni escudos, pero en cada vendaje, en cada inhalación recuperada, desafían al poder con su humanidad. Porque en medio del gas y el miedo, son ellos quienes recuerdan a todos que la verdadera lucha no es por las calles, sino por el derecho a vivir en un país justo.

FLD/JJD

La movilización del Movimiento Piquetero al Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos desde el conurbano bonaerense a la ciudad de Buenos Aires, fue interrumpida por un fuerte operativo coordinado por distintas fuerzas federales de seguridad. La marcha había sido organizada para exigir respuestas ante la creciente pobreza e indigencia, bajo la consigna “Más de un millón de niñxs se van a dormir sin cenar”, una cifra calculada por Unicef y difundida recientemente. Los manifestantes no pudieron avanzar más allá de la Avenida Mitre, en Avellaneda.

Las fuerzas de seguridad, integradas por la Policía Federal y la Prefectura Naval, establecieron tres cordones policiales a lo largo de la calzada, complementados por un cordón adicional de personal de brigada. A pesar de las negociaciones, los manifestantes no pudieron avanzar y en asamblea deliberan sobre si una comisión de representantes se dirigirá al Ministerio de Capital Humano, responsable de la política de ayuda social, para una reunión con las autoridades, o si mantendrán su posición en el lugar hasta obtener respuestas más claras.

Mientras tanto, los efectivos policiales mantienen su presencia en la zona, restringiendo el paso y evitando que la movilización continúe su marcha. Los cánticos contra el presidente Javier Milei resuenan, evidenciando el descontento con la gestión actual y la situación social de millones de personas.

El Movimiento Piquetero denunció la grave situación de hambre y pobreza en todo el país y destacó que más de un millón de niñxs no cenan cada noche, lo que afecta a 3 millones de personas en total. Atribuyen esta crisis a la desocupación real, que consideran mucho más alta que la cifra oficial, y a los bajos salarios que llevan a trabajadores y jubilados a depender de comedores populares, los cuales han cerrado o reducido su oferta de alimentos debido a la falta de envíos del gobierno de Milei y la minstra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante los últimos 9 meses.

Además, reclaman por los despidos masivos y el deterioro de las condiciones laborales, alertando que más de 38.000 empresas están en crisis y podrían despedir cientos de miles de trabajadores antes de fin de año. Critican la represión del gobierno contra quienes luchan por los derechos sociales, exigiendo la libertad de los detenidos políticos, como Roberto, y demandan un plan de lucha contra el ajuste, incluyendo una huelga general para enfrentar las políticas de Milei y sus aliados.

La marcha tiene tres reclamos concretos:

• Restitución de los alimentos a los comedores populares.

• Aumento de los programas sociales y apertura para quienes lo necesitan.

• Basta de persecución y represión a las luchas de los trabajadores.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, informó que “aplicó el protocolo antipiquetes en el Puente Pueyrredón” y estimó en 3.000 la cantidad de manifestantes de distintas organizaciones. “Hay circulación en el puente”, indicaron.

JJD

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

Agrupaciones estudiantiles y de la cultura se acercaron a las estaciones ferroviarias de Once, Retiro y Constitución para protestar contra el aumento de los boletos. Ayer, se difundió en redes sociales la convocatoria a un “molinetazo” que tuvo masiva participación en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La propuesta de saltar molinetes para evitar pagar la tarifa comenzó a las 17:30 en medio de una fuerte presencia de efectivos de la Policía Federal y contó con la presencial de múltiples estudiantes, en su mayoría de nivel universitario. De hecho, la comisión estudiantil del espacio Unidxs x la Cultura fue una de las principales agrupaciones organizadoras junto a otros centros de estudiantes, sindicatos docentes, sectores de la cultura y asambleas barriales de la Ciudad.

“Estamos en las estaciones realizando esta acción pacífica y artística protagonizada por trabajadores y estudiantes de la cultura que están siendo brutalmente atacados junto a centros de estudiantes y asambleas barriales. Esta acción quiere poner sobre la mesa el problema del salario: con $180 mil no se puede pagar un tarifazo del 500%”, explicó Tatiana Fernández Mrtí, militante del Partido Obrero y estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se movilizaba en la estación Once.

Además, pidió que los trabajadores se solidaricen con la protesta a fin de presionar para que se reduzcan los costos de traslado hasta las universidades a pocas semanas del inicio de clases. También advirtió sobre el congelamiento del presupuesto de la universidad.

En la misma línea, Luca Bonfante, también estudiante de Filosofía y Letras en la UBA y militante del PTS, reclamó por el incremento de las tarifas y su impacto en los ingresos de los trabajadores. “El transporte subió un 500%. En junio, el subte va a estar $757 y eso es imposible de pagar para un montón de trabajadores, las familias que mandan a los hijos al colegio y los estudiantes universitarios que queremos terminar nuestras carreras”, expresó.

En tanto, desde la organización Unidxs x la Cultura se manifestaron contra “la persecución” de la militante Fernández Martí que fue denunciada por la Empresas Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado por convocar al molinetazo. Está acusada de “instigación al delito, apología del crimen, asociación ilícita y atentado contra el orden público”.

Los manifestantes, además, planean movilizarse desde las estaciones ferroviarias hacia el Congreso de la Nación para plegarse al cacerolazo que tendrá lugar afuera del Parlamento en “repudio al plan de ajuste, tarifazos, despidos y el DNU” del Gobierno nacional.

ACM con información de Télam

La Unidad Piquetera y organizaciones de Izquierda se movilizan afuera del Congreso, donde el presidente Javier Milei deberá hablar, esta noche, ante la Asamblea Legislativa para abrir el período de sesiones ordinarias. En las inmediaciones del Parlamento, el mandatario fue recibido con cacerolazos en rechazo a sus últimos dos meses y medio de gestión.

“Al gobierno de Milei lo vamos a enfrentar en la calle, esta es la clave. Hoy las asambleas barriales, los piqueteros, el movimiento estudiantil, los partidos de izquierda estamos en la calle. Vamos a preparar una gran asamblea nacional”, indicó el diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

El dirigente del Polo Obrero había advertido por una escalada de la bronca popular y no descartó la posibilidad de que se produzca una “rebelión popular”.

De la protesta participan el Frente de Izquierda (FIT), el Polo Obrero, sectores del sindicalismo combativo, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y asambleas barriales. También se encuentra presente la Corriente Clasista y Combativa porteña y la Confederación General de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores.

La convocatoria a la marcha ─que estaba prevista para las 17 horas, cuando también se realizó un molinetazo en contra del aumento del transporte en estaciones ferroviarias─ había despertado un nuevo punto de conflicto con el Gobierno Nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había llamado a denunciar presiones de parte de dirigentes sociales para garantizar asistencia.

“Si sos empresario, comerciante o trabajador independiente, si sos transportista, empleado en relación en dependencia o cobrás un plan, si sos un argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan para que el 1 de marzo vayas a la movilización, defendé tus derechos”, expresó, ayer, la funcionaria en un comunicado. Quienes lo considerasen pertinente podían realizar su denuncia en la línea 134.

La reacción de Solano a las declaraciones de Bullrich no tardaron en llegar. “El cacerolazo contra el gobierno será masivo tanto en el Congreso como en todo el país. Y eso no será por la 'extorsión' de los convocantes, como falsamente afirma Patricia Bullrich, sino por el repudio popular ante el ajuste criminal que lleva adelante Milei y su pandilla”, replicó anoche.

En la misma línea, la diputada del FIT Romina Del Plá reclamó por las medidas de ajuste sobre los trabajadores y jubilados. “Mucha gente se va dando cuenta que quien dijo que iba a ajustar a la casta terminó ajustando a los jubilados, a los comedores, a los docentes, a los trabajadores, tanto los registrados como los no registrados y se vienen nuevos ataques y ajustes”, afirmó.

En tanto, militantes de la Libertad Avanza también se organizaron para asistir a la entrada del Congreso a fin de brindar apoyo a Milei. La marcha no contó con convocatoria oficial por parte de los líderes del partido.

Por su parte, en la previa de ambas concentraciones, centros de estudiantes, organizaciones sociales y políticas, entre otras agrupaciones, realizaron un “molinetazo” en contra del aumento de la tarifa del transporte público. “El salto del molinete en Chile fue el detonante de una rebelión nacional contra una situación social y represiva insoportable: cuidado Milei, cuidado libertarios, que en Argentina puede pasar lo mismo”, había señalado la legisladora porteña, Celeste Fierro durante la jornada de ayer.

ACM con información de NA

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron hoy afuera del Ministerio de Economía en defensa del trabajo del sector. En tanto, trabajadores cooperativizados protestaron frente a la sede de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) en reclamo por la demora en el pago de sueldos y la paralización de las obras.

“Seguimos con nuestros reclamos para que el Gobierno no detenga las políticas públicas para paliar la emergencia alimentaria derivada de la crisis económica”, expresó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

Y agregó: “Lamentablemente, hoy no tenemos interlocución alguna en el Gobierno. El ajuste y la galopante inflación tienen un resultado de casi un 60% de pobreza que son millones de argentinos y argentinas que están pasando hambre y no hay ni una política paliativa. Lo que no se dan cuenta es que mientras siembran pobreza y miseria, va a crecer la organización y la resistencia”.

Ayer, la UTEP ya se había movilizado a la sede del ministro de Capital Humano. Hoy, su manifestación frente al Palacio de Hacienda generó un corte parcial de tránsito sobre Hipólito Yrigoyen al 200, frente a la Casa de Gobierno, pese a la presidencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.

“Nos movilizamos porque el Gobierno y su ministro de Economía, (Luis) Caputo, decidieron terminar con las obras en los barrios populares, el programa Mi Pieza y el acceso a lotes con servicios”, especificó el dirigente social y advirtió sobre el recorte de fondos para la continuidad de las obras que ya están en marcha.

Mañana viernes, los movimientos populares se concentrarán en la Plaza del Congreso para “anunciar próximas actividades del plan de lucha”.

En tanto, los trabajadores cooperativizados del programa Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo y Vinculaciones protestaron ante la sede AYSA, ubicada en Tucumán 752 por la demora en el pago de los sueldos y el congelamiento de los salarios desde octubre de 2023.

“Nos estamos movilizando por retrasos en los pagos de sueldo, el congelamiento de los salarios desde octubre y la amenaza del cierre del programa de trabajo, del que no solo viven más de dos mil familias sino que ha permitido el acceso a agua potable y la red de cloacas a barrios enteros”, informaron.

Según indicó César Montiel, trabajador cooperativista y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de Almirante Brown, algunos trabajadores brindan sus servicios desde hace décadas y, a partir del cambio de administración nacional, dejaron de percibir retribuciones por sus trabajos. “Somos trabajadores que dependemos de la empresa AYSA. Venimos realizando trabajos de conexiones de redes y vinculaciones domiciliarias desde hace casi 20 años y desde la asunción del nuevo Gobierno, no estamos cobrando nuestros sueldos a pesar de haber realizado los trabajos acordados”, expresó.

Y completó: “Una respuesta positiva para nosotros es que nos paguen los sueldos que nos adeudan y que nos garanticen la continuidad de las obras porque queda mucho por hacer. Son obras que no valen un dineral, de hecho, el 60% de los dos programas es garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Si bien los trabajadores que se congregaron lograron tener una reunión con representantes de la empresa, no obtuvieron respuestas a sus demandas. Según señaló Montiel, les pidieron “15 días para brindar alguna solución a sus reclamos”, mientras continúan la reorganización administrativa.

“La realidad es que no podemos esperar 15 días para saber si nos van a pagar por algo que ya hicimos. El próximo lunes nos reuniremos las 84 cooperativas, con sus representantes y delegados para analizar cuál es la siguiente medida de lucha que vamos a realizar para defender los puestos de los trabajadores y para poder cobrar lo que ya realizamos”, afirmó.

ACM con información de Télam.

La Agrupación Somos Barrios de Pie se movilizó este lunes frente al Ministerio de Economía y en la entrada del country Newman, el barrio cerrado donde vive el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Se trata de una nueva jornada de lucha para exigir la reanudación de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios.

“Desde noviembre no llegan alimentos. Recién están armando las auditorías a los comedores que se presentaron para avanzar en firmar convenio y girar los fondos. Eso de mínima va para fin de marzo”, advirtió el dirigente nacional de la organización, Daniel Menéndez, a Noticias Argentinas.

Desde la agrupación advierten la profundización de la emergencia alimentaria en los barrios populares y reclamaron por la falta de respuesta de parte del gobierno. “No recibimos ninguna respuesta que busque construir diálogo y soluciones para quienes atraviesan esta delicada situación”, expresaron los miembros de la organización.

Tras la protesta en la entrada del Ministerio de Economía, la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales manifestó: “Es increíble la inoperancia de la Ministra Pettovello y el cinismo de Caputo ante la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Es insostenible esta situación donde muchos de los espacios se están cerrando y dejando a miles de pibes sin una comida diaria”.

La dirigente recordó que desde hace dos meses, las organizaciones realizan rondas de ollas vacías para exigir una respuesta a la falta de alimentos. El pasado 1 de febrero, la UTEP se movilizó bajo la consigna “la única necesidad y urgencia es el hambre” y le entregó un petitorio a la ministra de Capital Humano para que restituya la entrega de asistencia alimentaria.

“Está más que claro que su único objetivo es hambrear al pueblo mientras ellos se enriquecen y fugan la plata”, agregó Morales por la falta de respuesta.

ACM con información de NA.

El Ministerio de Seguridad pidió hoy que se “dicten las medidas cautelares correspondientes” para cobrar los gastos del operativo de seguridad desplegado la semana pasada por las protestas afuera del Congreso en rechazo a la ley ómnibus.

“Pedimos que se dicten las medidas cautelares correspondientes para proceder al cobro de los gastos de los dispositivos de seguridad desplegados por las Fuerzas Federales en relación a los sucesos ocurridos frente al Congreso Nacional los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del corriente año”

Según indicó la cartera encabezada por Patricia Bullrich en un comunicado, también se le cobrará a las organizaciones sociales los costos del tratamiento médico de los miembros de las fuerzas federales que resultaron lesionados por manifestantes.

“Sumaremos a los gastos operativos devengados los costos del tratamiento médico de los integrantes de las fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes en cumplimiento de su tarea profesional”, agregaron desde el Ministerio.

Según indicó la cartera, los gastos operativos suman un total de $134.486.038,08. Dicho monto comprende $55.489.310,44 para Gendarmería, $45.981.438,12 para Prefectura Naval, $555.289,52 para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y $32.460.000 para la Policía Federal.

ACM con información de Télam.

Todes, con e. El certificado de defunción de la e inclusiva, una de las tantas conquistas de los feminismos, fue firmado, no solo pero también, por las derechas extremas.

No vengo aquí a hablar de una letra (ya lo hice cuando daba lugar, aquí: Lenguaje inclusivo | No culpen a la Plapla). Vengo a hablar de un grupo de mujeres que ayer sentadas en el piso, cantaban el Himno Nacional. Entonces, una cantidad de efectivos de la Policía Federal que, en principio y al menos, las duplicaba en número, en fuerza y en tamaño, rompiendo con uno de los principios de la física que establece que a una acción se opone una reacción de igual medida, las detuvo, las subió a un carro policial, las mantuvo horas “dando vueltas” ¿demoradas? ¿detenidas? en itinerancia, hasta que las llevaron a una delegación para, después de más de 12 horas, soltarlas. Así lo mostró C5N, a la noche, en vivo:

Una de las chicas grita: ¡Soy del pueblo! ¡Estaba cantando el himno! ¡Me detienen por sentarme en el piso!

Y así lo contó una de ellas por la mañana, después de que las largaran:

La detención ocurrió pocos minutos después de que en el Congreso Nacional se dispusiera un cuarto intermedio en el debate sobre los superpoderes que el Ejecutivo quiere arrogarse, para, entre otras cosas, gobernar sin consensos democráticos y hacer más de lo que el Fondo le pide a la Argentina (“No les pedían tanto” es una frase que Jacobo Timerman arrojó a los medios hegemónicos en dictadura y luego se replicó, hoy aplicable a los políticos del ala “colaboracionista”).

Como dijo en la sesión del miércoles 31 la diputada Romina Del Plá: la represión y el ajuste son dos partes de lo mismo. La violencia está afuera y adentro del Congreso: diputadas y diputados señalaron la presencia de uno de los responsables del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, exigieron su expulsión y que se investagara quién lo había invitado. La diputada Miriam Bregman también fue agredida en el recinto por un hombre.

La ostentación de poder del gobierno nacional a través de las fuerzas represivas a disposición del estado (Gedarmería, Policía Federal) instaladas en los alrededores del Congreso, con el uso a mansalva del nuevo gas pimienta, es clara. La figura en el pecho de un policía de la serpiente enroscada libertaria la bandera de Gadsden, símbolo de la derecha extrema de Estados Unidos, resulta provocadora al mango, como lo denunció el diputado Juan Marino aquí:

Llevarse detenidas a un grupo cinco de mujeres que sin bandera (como ellas mismas lo contaron, se conocieron ahí mismo) decidieron ponerse a cantar esa que sabemos todes en forma espontánea, en este contexto represivo, parece tener un objetivo aleccionador.

Hay que decir que hoy, cantar el Himno es una forma de reafirmar una identidad nacional, cuando el gobierno se empecina en motoserrar el país, quemarlo y licuarlo. Podría decirse: un acto político y simbólico. Y pacífico. Las chicas cantaban y los policías las arrestaban. La escena además muestra cómo las agarran de los brazos y se las llevan con fuerza. Frente a ese acto político, simbólico, pacífico, el gobierno a través de uno de sus brazos armados responde con violencia y un tocamiento indebido. Hombres armados/mujeres indefensas.

¿Les salió bien? Una de ellas es militante radical por los derechos humanos, géneros y diversidades. Si a partir de este hecho el radicalismo no cierra filas contra la Ley Ómnibus, el DNU, el avance del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y judicial y el avasallamiento a los derechos ciudadanos que hoy, además, continuó con el avance sobre las organizaciones sociales que piden el derecho a comer (¿en serio la ministra va a atender uno por uno a las personas que tienen hambre?), y el quite de banderas, entonces ya no entiendo nada.

El hecho tiene un antecedente ignoto y de signo inverso, que hasta podría entrar en la serie de curiosidades de la historia nacional. Lo recuerda la antropóloga Sofía Tiscornia en su texto “Entre el honor y los parientes Los edictos policiales y los fallos de la corte suprema de justicia. El caso de ‘las damas de la calle florida’ (1948-1957)” de su libro Burocracias y violencia: estudios de antropología jurídica (2004), cuando un grupo de mujeres de clase alta, “todas de ilustre apellido, son detenidas. Mientras el resto se dispersa, éstas quedan dentro de un comercio empujadas por las circunstancias.

La policía comienza a apresarlas mientras cantan el Himno Nacional como manifestación de resistencia. Son llevadas a la comisaría 1° en una camioneta de la Guardia de Infantería. Con ellas son detenidas dos mujeres más, uruguayas, que estaban haciendo compras y fueron sorprendidas por la manifestación. Se les instruye a todas un sumario por infracción a los edictos contravencionales de Reuniones Públicas y Desorden. A la madrugada, luego de cumplidos los trámites habituales –identificación y comprobación de domicilio– son puestas en libertad“.

El hecho ocurre en septiembre de 1948 y se da en el marco del anuncio del presidente Perón de la inminente convocatoria de asamblea constituyente para la reforma de la Constitución Nacional. Y esas mujeres de “la oligarquía ilustrada” cantaron el Himno en defensa de esos antiguos valores puestos en riesgo pero también como un gesto político de resistencia cuando las arrestan. Y los edictos policiales operaron contra sus derechos (finalmente les dan treinta días de arresto en el Asilo de San Miguel, espacio sobre todo reservado a prostitutas presas).

Observa Tiscornia: “Lo cierto es que se desarrolla una batalla singular; porque singular es que se condene a mujeres maduras, de la clase alta porteña de aquel entonces, se las trate como a mujeres del común y se las castigue por infracción a los edictos de policía. Los edictos contravencionales de policía –cuerpo heterogéneo de bandos policiales referidos, según la definición institucional, a la alteración del orden público o a atentados a la moralidad y las buenas costumbres– han constituido una forma de procedimiento disciplinario, moralizante y represivo sobre las llamadas ´’clases peligrosas’ y para las clases populares en general. Del acontecimiento sólo parecen haber quedado hoy recuerdos borrosos y casi ninguno de ellos hace referencia a la aplicación de los bandos policiales.”

Ojalá esta vez les haya salido el tiro por la culata. Como las chetas de ayer, como las jóvenes de hoy, cantar el Himno en todas las plazas sería una buena manera de responder a la provocación del poder disciplinador. 

GS

En la segunda jornada de debate por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, se produjeron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan contra el megapaquete de reformas. Efectivos de la policía motorizada y Gendarmería avanzaron contra las personas que concentran en la Plaza de los Dos Congresos en rechazo de la iniciativa que podría votarse en esta madrugada.

Tal como sucedió ayer, las fuerzas de seguridad conformaron un cordón policial para contener la protesta y circunscribirla a la vereda, conforme a los establecido en el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A las 19.45, un grupo de policías motorizados de la Policía Federal comenzaron a despejar la Avenida Rivadavia, desde la altura de Callao hasta Rodriguez Peña, utilizando maniobras disuasivas sobre los manifestantes. Las mismas consistían en acelerar sobre ellos, mientras les rociaban gas pimienta. 

Una vez despejada la avenida, efectivos a pie de la misma fuerza comenzaron a disparar balas de gomas y rociar gas contra las organizaciones que se encontraban sobre la plazoleta, entre Rodriguez Peña y Solís, a unos cien metros del Congreso. “El operativo es un éxito”, evaluaron en el entorno de la ministra Bullrich ya avanzada la tarde.

Los disparos alertaron a los diputados que se encontraban dentro del Parlamento. Diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria pidieron suspender la sesión, pero la moción fue rechazada. Ante la negativa, decidieron abandonar el recinto para acompañar a los manifestantes en la calle e intentar apaciguar la situación.

“Nos enteramos que estaban reprimiendo. Cuando llegamos, los policías también se vinieron contra nosotros”, dijo a elDiarioAR la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria.

El fotoperiodista Rodrigo Ruiz se encontraba del otro lado de la avenida Rivadavia, sobre la calle Hipolito Yrigoyen. El miércoles Rodrigo también habia estado en el Congreso. Sus fotos reflejaron la represión y la rudeza con que las diferentes fuerzas de seguridad agredían a los militantes.

“La jornada transcurría sin inconvenientes”, contó Ruiz al elDiarioAR. “Mucha presencia policial, algo que ya estamos acostumbrados”. Ruiz quería acercarse a un grupo de jubilados que protestaban sobre la plaza Congreso. Fue cuando escuchó el rugido de las motos. “Empezaron a disparar a la gente que estaba sobre el cordón”, relata el fotoperiodista. Fue cuando sintió el ardor por debajo de su rodilla: tenía dos impactos de bala. “Me asusté porque la sangre no paraba”, detalló. No fue el único trabajador de prensa herido. Según información del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), fueron al menos 20.

Máximo Kirchner, Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Alejandro Vilca ─que ya fue agredido durante la primera jornada de movilización─ y Myriam Bregman son algunos de los legisladores opositores que abandonaron sus bancas en rechazo al “operativo represor”.

Mientras tanto, dentro del recinto el oficialismo hizo la propuesta de dictamen definitivo, con modificaciones de último momento para intentar alcanzar los votos necesarios para obtener media sanción en la madrugada.

Informe: Facundo Lo Duca

ACM/DTC

El Hotel Libertador, en el que se aloja el presidente Javier Milei desde hace varios meses, amaneció vallado y custodiado por un fuerte operativo de la Policía Federal, ya que organizaciones sociales realizarán allí una protesta.

Debido a la movilización convocada por Somos Barrios de Pie, la organización liderada por Daniel Menéndez, el mandatario debió posponer su salida rumbo a Casa Rosada. Habitualmente, atraviesa el Salón de los Bustos antes de las 8: pero este viernes la coordinación de Seguridad retrasó su traslado.

Para las 10, el movimiento Somos Barrios de Pie prepara una intervención en la intersección de Maipú y Córdoba donde mostrarán ollas vacías en reclamo a la “falta de alimentos en los comedores comunitarios”.

La organización social direcciona su reclamo al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

En el Gobierno prevén que se tratará de una actividad chica, con reducida asistencia, y anticipan que el Protocolo de Seguridad -como sucede en todas las protestas- será activado.

La demanda no es nueva, incluso las organizaciones sociales ya realizaron rondas simbólicas en las puertas de la cartera a finales del diciembre a modo de reclamo. Al respecto, la coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, afirmó: “Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera”.

“La ministra de Capital Humano no dio la cara en ningún momento. No se dignó a recibirnos y reniega de la construcción de cualquier tipo de diálogo”, afirmó Morales, y agregó: “Es muy fuerte ver cómo a miles de pibes de los diferentes barrios populares les falta para comer y que la única respuesta por parte del Gobierno sea el silencio y la apatía. Es hora de que empiecen a traer soluciones a los problemas y dejen de mirar para el costado”.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei envió al Congreso una ley ómnibus que busca establecer controles estrictos a las movilizaciones que incluyen prisión preventiva para aquellos que corten las calles y organizan piquetes. La penas varían respecto del rol que se cumpla en el marco de una protesta social y suponen una modificación del Código Penal vigente.

“El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, establece el proyecto en su artículo 326.

En caso de que, además de de entorpecer la circulación, quien se movilice porte un arma propia, impropia o agreda a un tercero, podría recibir una pena de entre dos y cuatros años de prisión “siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

Por su lado, aquellos que tengan una responsabilidad mayor como organizadores de marchas que incurran en alguno de los puntos anteriormente citados deberán enfrentar una reclusión de entre dos y cinco años, dependiendo de la gravedad de su accionar. Además, según el articulado del proyecto, “los organizadores de las reuniones o manifestaciones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”

El proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” también condena a aquellos dirigentes que presionen a titulares de programas sociales para que asistan a las movilizaciones. “Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”, establece.

Para evitar estas situaciones, en los últimos días, el Gobierno nacional también habilitó una línea telefónica para que beneficiarios de programas sociales denuncien de manera anónima a aquellos punteros que los exhortasen a participar de una movilización en contra de su voluntad.

En tanto, desde la presidencia, se busca que toda reunión o manifestación sea notificada ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor a 48 horas previo a su realización. “En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”, sostiene el proyecto.

Ante “movilizaciones espontáneas”, se solicita que la notificación se entregue “con la mayor antelación posible”. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación está autorizado a oponerse a dicha movilización “fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”, lo que supone reparos respecto del grado de discrecionalidad del gobierno. Asimismo, “también podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”.

“Frente al incumplimiento de alguno o algunos de los elementos establecidos en la presente Sección, el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá intimar a cualquiera de los organizadores de la reunión o manifestación o a quienes actúen como tales, para que cesen con su incumplimiento y adecuen la reunión o manifestación a las disposiciones de la presente. En caso contrario, serán pasibles de las acciones que correspondan, así como también de las multas”, concluye el documento oficial.

ACM con información de agencias.

Darío Aranda es periodista especializado en cuestiones indígenas y ambientales. Escribió Tierra arrasada: petróleo, soja, pasteras y megaminería (Sudamericana, 2017) y Argentina originaria: saqueos, genocidios y resistencias (Lavaca, 2010). Consideró que Fernando Vilella, director de Bioeconomía, como pasó a llamarse el área de Agricultura en el gobierno de Javier Milei, es “un cuadro del agronegocio”. “Tiene esta formación de más transgénicos y más agrotóxicos. Es el negocio atendido por sus propios dueños”, cuestionó. El modelo extractivista en el país y el impacto del protocolo de represión a la protesta social impulsado por Patricia Bullrich.

‒El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, es uno de los mandatarios provinciales que estuvo reunido con el presidente Milei durante esta semana. Lo escuchamos decir que es necesario apoyar el ajuste fiscal y la reducción del déficit fiscal, y que el mundo nos está mirando. ¿Cómo te suena ese mensaje en este nuevo contexto?

‒Jalil no es muy conocido en Buenos Aires, pero es un patrón de estancia en Catamarca. Es un hombre multimillonario. Todo en Catamarca es de él. Tiene todos los negocios habidos y por haber. En un momento pensé que (la exgobernadora Lucía) Corpacci era como la mujer fuerte, pero me dijeron que no. Ella nunca tuvo poder al lado de Jalil. Otro tema es que en cuanto a extractivismo, megaminería, petróleo y soja, no hay grieta. Los partidos mayoritarios que lleguen al poder desde hace 30 años piensan lo mismo. Lo único que ven es en los territorios son recursos justamente económicos para hacer sus campañas y pagar al Fondo Monetario (FMI). Eso también hay que decirlo. Cuando se hace litio, oro, petróleo y soja, no es para hospitales o escuelas, es para pagar la deuda externa. Lo tercero que me sale es que justamente Catamarca es el paradigma de lo que es el desastre minero. En la década del '90, que está de boga ahora, (el expresidente) Carlos Menem inició el primer proyecto minero de la Argentina Minera Alumbrera, en Andalgalá. Después de 25 años, ya cerrado el proyecto, en Andalgalá y en Catamarca no hay ni trabajo ni riqueza ni desarrollo local, no hay ambiente. Los ríos y los cerros están contaminados. Siempre decimos que Minera Alumbrera en Catamarca es el ejemplo de las falacias de la megaminería en Argentina.

‒Minera Alumbrera fue un proyecto muy largo, terminó en 2018 y hay una nueva etapa, que es Agua Rica. Además, los gobernadores ahora están apuntando como prioridad al litio. Pero, ¿la explotación minera sigue y ahora le suma esto?

‒El litio es un capítulo más en el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza de América Latina, que empezó hace 500 años. No tiene nada de nuevo, son espejitos de colores. Cuando uno lee la historia de Potosí, es eso. No sé si te acordás esa escena en la que (el expresidente venezolano) Hugo Chávez le entregó Las venas abiertas de América Latina (de Eduardo Galeano) a Barack Obama. Estaban todos los presidentes de América Latina. Decimos mucho que se lo debió haber entregado a todos los que estaban ahí, incluso a los progresistas. En ese libro tan célebre, tan histórico, que molesta tanto a algunas derechas, es la muestra de lo que es el extractivismo en Argentina y en América Latina. Es fundamental. El litio, puntualmente, agrega otra falacia sobre la transición energética. Esa también es una mentira colonial. El problema de la crisis climática que estamos sufriendo pasa por los niveles de consumo en todo el mundo. En ese sentido, cuando hablan incluso sectores progresistas de izquierda, terminan diciendo que necesitamos el litio para la transición energética, pero no se va a mejorar el clima a través de eso. Curiosamente, los japoneses o los holandeses son quienes van a usar autos eléctricos sacrificando los territorios y el agua de Chile, Bolivia y Argentina, en este caso. Un dato no menor es dónde está el litio. Hay dos temas fundamentales. Uno son los humedales. O sea, cuando están destruyendo las salinas, están destruyendo el agua. El segundo punto fundamental que casi no se habla que son territorios de los pueblos originarios. Ahí hay frondosa legislación indígena, sea internacional, nacional y provincial, que es vulnerada sistemáticamente por las empresas, por un lado, pero son los Estado Nacional y el Estado Provincial los que deben hacer cumplir eso. El tercer ingrediente es que el Poder Judicial en general, pero la Corte Suprema en particular, es totalmente cómplice. Es otro de los brazos del extractivismo: nunca ha fallado en contra esa actividad.

‒Más allá que (Ricardo) Lorenzetti escribe sobre derecho ambiental...

‒Exactamente. Lorenzetti es de Rafaela, que es una ciudad fumigada con agrotóxicos hasta diez metros de la casa, donde le han cambiado las ordenanzas. Él es un enorme teórico. Su hijo también, tiene una fundación. Hacen encuentros en la Facultad de Derecho todos los años acá en Buenos Aires y mira para otro lado cuando le llegan las causas.

‒El modelo de Argentina exportadora era el tema que hermanaba a los distintos candidatos en la campaña. El discurso del poder político y económico es fuerte: el país necesita los dólares para salir de la crisis y el único camino es exportar más. ¿Qué es lo que recibís vos de parte de las comunidades, que esos afectados con los que permanentemente hablás?

‒Hay una disociación muy grande sobre lo que sufren los territorios. Te puedo decir Andalgalá, en Catamarca, Famatina y Chilecito, en La Rioja, y los pueblos fumigados que están en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Hay una doble vara total. ¿Qué pasaría en una escuela de Palermo si fumigan con agrotóxicos en horario de clase? Sería un escándalo. Saldría en la tapa de todos los diarios. Bueno, eso hacen en Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Pero claro, fumigan a los niños pobres de escuelas rurales. ¿Qué pasaría si el agua que nosotros tomamos de la canilla saliera con cianuro? Sería un escándalo, pero en Jáchal puede pasar eso porque en San Juan parece que son ciudadanos de segunda o de tercera. El concepto que usamos muchas veces y que usan las comunidades es que son territorios de sacrificio. El poder económico, político, judicial y mediático necesita territorios de sacrificio para desarrollar el extractivismo. O sea, esto que es justamente que se puedan fumigar algunos territorios y otros no, que se pueda hacer megaminería en algunos lugares y en otros no. Para eso requieren justamente miles de hectáreas sacrificables y al mismo tiempo, poblaciones sacrificables de segunda, tercera o cuarta. Y las comunidades ya dijeron que no, pero el poder no escucha. Ahí sumó algo más: no es sólo el poder, muchas veces desde sectores urbanos, compañeros, amigos y familiares dicen que el petróleo lo necesitamos o que necesitamos los dólares para la deuda externa. Entonces pregunto necesitamos los dólares, pero si le ponemos agrotóxicos en sangre a tu hijo, ¿aceptás? Te van a decir que no. Te pongo un poquito más allá, ¿enfermo de cáncer? ¿qué precio le ponemos a eso? ¿vale la pena? Te van a decir que no. Si doy un paso más morboso todavía, digo abortos espontáneos, niños con malformaciones, ¿te bancás que en tu familia haya eso? Te van a decir que no. Es distinto cómo se mide el sufrimiento del otro. El extractivismo es eso. A mí muchas veces me presentan como periodista ambiental. No me molesta, pero no me considero así porque cuando hablamos de ambiente también lo hacemos sobre economía, política, historia, geopolítica y derechos humanos. Siempre le digo a muchos compañeros que es una contradicción andante marchar cada 24 de marzo y apoyar el extractivismo.

‒¿Qué dicen las comunidades sobre este debate de la falta de dólares y la crisis que plantea el poder económico y político?¿Cuál es la reflexión sobre eso?

‒A mí me queda grande hablar por las comunidades. Puedo decir lo que yo aprendí, cité o escuché de algunos referentes que me marcaron. Marcos Pastrana es un abuelo sabio diaguita de Tafí del Valle. Lamentablemente no lo dan en las universidades. Tendrían que hacerlo. Está a la altura de cualquier teórico que hemos estudiado nosotros en la universidad. Él lo define en ese sentido y lo cito porque me lo dijo él en varias entrevistas: “Nosotros no elegimos presidentes, gobernadores, diputados ni senadores, elegimos los gerentes de las transnacionales para saquear los territorios”. Me parece una buena definición. Yo la comparto. Resume esto que hablamos de economía. Cito a otro, a un catamarqueño Horacio Machado Aráoz: “Nosotros no queremos extractivismo, no solo por el ambiente, es un factor, pero no lo queremos porque asegura la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia de nuestros pueblos.” Ninguna nación de América Latina y de países como África despegó a través del extractivismo. Al contrario, lo único que hace es someternos a esto. Nosotros exportamos lo mismo que la generación del '80, no hemos avanzado nada, cada vez exportamos más commodities y cada vez nos cuesta más traer algo de tecnología. En el famoso cuento de que necesitamos dólares, debatiríamos para qué. Para pagar la deuda. Y te lleva a otro debate: ¿Queremos pagar la deuda? Hay como varios debates encerrados. Y lo otro que siempre sumo que escuché en las comunidades es para quién son los dólares. Si queremos exportar y generar dólares, puede ser con agroecología y productos orgánicos, por ejemplo. Hagan una transición hacia eso, pero no. Todo lo que traen es más agronegocios. El nuevo secretario de Agricultura es un cuadro de agronegocios.

‒El recibimiento de Fernando Vilella, presentado por Héctor Huergo, quien le digo el CEO de Clarín Rural, fue bastante impactante, como vos contabas en una nota de la Agencia Tierra Viva. Fue funcionario de Domingo Cavallo en el INTA, también había sido de Daniel Scioli en algún momento en la provincia de Buenos Aires. Es un gran promotor obviamente del agronegocio. ¿Qué importancia tiene?

‒Vilella fue dos veces decano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es un cuadro del agronegocio. Tiene esta formación de más transgénicos y agrotóxicos, y avanzar sobre más hectáreas, lo que significa avanzar sobre campesinos, pueblos indígenas, productores y familias. Es esto que aprendimos de que esos desalojos también ocasionan asesinatos. En ese sentido, es un negocio atendido por sus propios dueños. Así como la Sociedad Rural estuvo al frente del Ministerio en un momento con (el ex presidente Mauricio) Macri, ahora es otro sector, entre comillas, más académico, que no va al choque. Ahí están los cuadros de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) que son uno de los promotores del modelo de la soja. Son diplomáticos muy pulcros. Nunca te van a gritar, nunca van a ir a cortar una ruta. Son muchas organizaciones de lobby que no son solo locales. O sea, estuvo en la COP recién hace poco y saca documentos sobre la sustentabilidad del modelo. Tiene ese cinismo. Impulsan este modelo que tiene consecuencias ambientales, sanitarias y económicas y ecológicas. Algo que no salió en esa nota, pero se confirmó esta semana es que es el Instituto Nacional de Semillas se lo dieron a Bioceres INDEAR. ¿Quiénes son? Es Grobocopatel, es el grupo Insud, es Huergo. Es un conglomerado de empresarios. Muchos de Aapresid también. Ellos son los impulsores del trigo transgénico. ¿Vos sabías que en Argentina es el primer país del mundo que aprobó eso para consumo humano? Hoy podés estar comiendo una medialuna o ponerte unos fideos con trigo transgénico. No hay otro país del mundo que lo haya permitido. No se sabe qué provoca eso en la población. Ese trigo transgénico va con glufosinato de amonio, que es un herbicida mucho peor que el glifosato. Se metieron hasta con nuestro pan, que es un alimento de primera necesidad. Tiene transgénicos y agrotóxicos. Se aprobó en la gestión de Julián Domínguez. Mira esto de lo que no hay grieta. Macri no se animó a probarlo y lo hizo Alberto Fernández.

‒¿Qué es lo que diferencia a Aapresid de la Mesa de Enlace? ¿Cómo razonan desde esa organización para no haberse expuesto, como vos decías, en un conflicto como el del 2008 y para hoy tener su oportunidad en el poder?

‒Aapresid estuvo en el gobierno de Macri. La Sociedad Rural, la Federación Agraria y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) son los chacareros. Para mí era un error, ya en la época de la 125, cuando se enfocaba que el enemigo era la Sociedad Rural. No estoy de acuerdo con ellos, no tengo campo, no tengo nada. Los que son los ideólogos del modelo y son quienes logran que ahora estemos comiendo trigo transgénico es Aapresid, que es un conglomerado de empresarios de mucho dinero. Ellos pensaron hace 40 años cómo instalar el modelo acá, lo instalaron en medios de comunicación y lo lograron.

‒Héctor Huego tuvo un papel clave, primero como funcionario, después como defensor público.

‒Tienen todos sus propios medios de comunicación. Vos comprás La Nación o Clarín desde hace 30 años. El suplemento Campo de los sábados es un emblema del agronegocio. Aapresid además tiene una fuerte alianza con las empresas del agronegocio. Esto no podría ser posible si no hubiera tres o cuatro empresas que controlan las semillas y controlan los agrotóxicos. Bayer-Monsanto, Syngenta y Dow son algunas de las que son las famosas empresas que controlan el modelo. En ese sentido, Aapresid es mucho más chiquito, pero Monsanto en un momento llegó a ser muy conocida, hubo mucha denuncia, y ahora la compró Bayer, con una estructura de sus negocios y su publicidad, ¿y cuántas notas críticas le viste en los medios de comunicación? No hay. Al choque va la Sociedad Rural y Federación Agraria, Aapresid lo mira de costado, se ríe, y están ahora en el gobierno. Las grandes corporaciones de agrotóxicos de semillas son las mismas en todo el mundo, y después las otras que no podemos dejar pasar como parte de este modelo son las cerealeras.

‒En este encuentro previo a la asunción, en el que estaba Villela, que lo presentó Huergo, también había de distintas cerealeras. ¿Qué pensás que tiene como prioridad ahora que es funcionario?

‒En ese sentido es lo mismo que tuvieron otros, que es aumentar la producción y aprobar muchísimos más transgénicos. Argentina tiene casi 70 transgénicos aprobados. Es profundizar el modelo, que es dependiente y en consonancia de lo que dicen las grandes corporaciones. Esto que decíamos transgénicas de agrotóxicos, cerealeras y demás.

‒Lo distintivo de Vilella es que viene de la universidad pública.

‒Es otro enorme debate, como en el Ministerio de Ciencia. O sea, el trigo transgénico fue desarrollado por Raquel Chang, que es una investigadora del CONICET. La ciencia y la universidad pública también están atravesados por los negocios. Hay un debate de muchos compañeros y compañeras de universidades sobre que desde la Facultad de Agronomía de la UBA salieron durante muchos años los cuadros del agronegocio. Andrés Carrasco, que fue un gran científico ya fallecido, que confirmó el efecto letal del glifosato, decía que el CONICET está totalmente consustanciado con el extractivismo. ¿Esto decir que hay que cerrarlo? No, para nada. Hay que dar fuertes debates y hay que dar mucha más voz a muchos compañeros y compañeras que vienen debatiendo eso hace mucho tiempo.

‒La idea de regular la protesta social que implementó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Cómo te imaginás que va a impactar en los territorios afectados por todos estos negocios de los que estamos hablando?

‒Los territorios afectados en general ya están siendo reprimidos por todo esto. El protocolo Bullrich se aplica ya hace mucho en Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Río Negro y Neuquén. Contra los campesinos, los pueblos indígenas, las asambleas socioambientales. Hace poco cerré una nota para Página 12 sobre este tema de asambleas y todas coinciden que van a seguir en la calle. Saben que la fortaleza que tiene es estar en la calle y saben que si no salen, además los va a matar el extractivismo. No es sólo una lucha ambiental, muestra los límites conservadores de la democracia actual. La democracia actual es terriblemente conservadora, por eso llega un Milei. En los territorios hace mucho ya se sufre lo que ahora promete Milei o Bullrich. En Andalgalá y Jáchal se habla de dictadura minera hace 15 años. No tienen derechos, van por la calle y miran mal al fiscal, éste los procesa y después tienen que ir y capaz que hasta los meten presos. Hay muchas acciones directas que frenaron el extractivismo en Argentina. Este país es visto por otros países como una referencia también de cómo los territorios hacen respetar sus derechos. Así como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo enseñaron con sus marchas, los territorios campesinos, pueblos indígenas y las asambleas socioambientales están haciendo respetar esos territorios. Se lucha en condiciones totalmente adversas, pero también se lucha con mucha esperanza, al saber que pueden cambiar la realidad y que la están cambiando al mismo tiempo. Saben que si dejan los territorios están perdidos, entonces los territorios van a seguir luchando. Como suelen decir, no pelean contra la megaminería, lo hacen por nuestra vida y por el agua.

Entrevista realizada por Diego Genoud en su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos).

El bloque de Unión por la Patria de la Legislatura porteña pidió hoy que se cite al ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, para que explique por qué las fuerzas federales estuvieron presentes en la movilización de Plaza de Mayo que realizaron ayer los movimientos sociales en el aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre.

“Resulta fundamental que el ministro de Seguridad comparezca ante la Legislatura y esclarezca las dudas de los diputados en torno a sus actuaciones y responsabilidades como funcionario público respecto de estos sucesos que ponen en riesgo la calidad institucional de los poderes del Estado de la Ciudad”, señaló Victoria Montenegro, quien impulsó la convocatoria.

En ese sentido, agregó que “lo observado ayer resulta un grave retroceso en materia de autonomía de la Ciudad y en lo que respecta a la asunción de la soberanía en materia de seguridad”.

La iniciativa de Montenegro fue complementada con un pedido de informe al Ejecutivo de Graciana Peñafort sobre un presunto pedido de auxilio al gobierno nacional y una declaración de repudio “por atropello a nuestra soberanía” de Claudio Neira. “Informe si requirió el auxilio de las fuerzas federales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del artículo 24 de la ley 24.059”, solicitó Peñafort a la gestión de Jorge Macri tras citar la normativa de dispone las razones para el empleo de los cuerpos policiales en jurisdicciones provinciales. Además, exigió saber si el gobierno de la Ciudad adhirió al protocolo antipiquetes presentado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

“Es imprescindible a los fines de resguardar y tutelar la autonomía territorial de la Ciudad, tener detallado las condiciones en las que se autorizó, si así se hizo, el avance de fuerzas federales en el territorio de nuestra ciudad”, agregó.

En tanto, Neira rechazó el accionar de los policías durante la marcha del Polo Obrero y demás organizaciones sociales en reclamo por la devaluación y las medidas de ajuste de Milei y calificó el operativo como un “atropello a la soberanía” de la Ciudad en materia de Seguridad. “Solicitamos al Jefe de Gobierno abstenerse en lo sucesivo de convalidar o legitimar la intervención de fuerzas federales en nuestro territorio y haga respetar nuestra autonomía como Ciudad y el rol de la Policía de la Ciudad”, expresó.

El despliegue de las fuerzas de seguridad nacionales en el microcentro porteño generó, desde este miércoles por la tarde, tensiones al interior del gabinete de Jorge Macri. Ayer, Diego Kravetz ─nuevo jefe de la policía de la Ciudad luego de que el exintendente de Vicente López removiera a la cúpula─ negó haber solicitado auxilio a las fuerzas federales para contener la protesta social en la Plaza de Mayo. Sin embargo, en redes sociales, el jefe de gobierno agradeció al presidente Javier Milei el envío de efectivos nacionales que permitió evitar el bloqueo de los accesos a la ciudad y mantener libres las vías de circulación.

ACM con información de agencias.

En medio de la polémica generada desde la instauración por parte del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” y de la advertencia en boca de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que aseguró en su único discurso público que “el que corta, no cobra”, distintas organizaciones sociales denunciaron que la actitud del gobierno de Javier Milei es “anticonstitucional” e “ilegal”, y lo consideraron una “amenaza”.

Pero, ¿qué dice la normativa que creó el programa Potenciar Trabajo, plan social emblema desde su instauración en 2020? ¿Hay algún aval para quitar planes sociales a beneficiarios que participen de marchas o protestas que impliquen cortes de calle?

En la Resolución 121/2020 del que hasta hace días era el Ministerio de Desarrollo Social y que ahora está bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, el punto 7 de los “lineamientos generales” que habla de los “criterios de ingreso, permanencia y egreso de los titulares” del Potenciar Trabajo.

A continuación, las “incompatibilidades” por las cuales los beneficiarios pueden perder su plan:

Aquellas personas que:

Nada dice específicamente de la participación en manifestaciones o de la comisión de un delito, sólo habla de “prófugos de la Justicia”. “La única forma que le puede sacar el plan es si los acusan de un delito penal. Para eso tiene que actuar la Justicia e imputarse un delito tipificado en el código penal”, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento de la burocracia vinculada a las ayudas sociales. De todos modos, como la norma actual solo habla de “prófugos de la justicia” y no de imputados, se debería modificar la norma. 

En un informe publicado por Chequeado en 2022 tras una expresión del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en sintonía con lo que ahora promueve el Gobierno de Milei, cuando el antecesor de Jorge Macri pidió “sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”, el abogado Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que “ejercer el derecho constitucional a ‘peticionar ante las autoridades’, el derecho a protesta, y el derecho a la libertad de expresión no puede ser causal para revocar una ayuda del Estado”.

Por su parte, para Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “el ejercicio de un derecho constitucional nunca podría traer aparejada una sanción que implica perder la titularidad de un derecho como es el acceso a prestaciones sociales”. 

Mientras que la abogada Natalia Volosin, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, subrayó que si cortar una calle “es o no un delito, o es o no un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, es algo que en la Argentina debe determinarse en cada caso concreto”, ya que “no se puede determinar, a priori, que todo corte de calles es un delito”. “Habrá casos en los cuales efectivamente esto será un delito o un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y otros casos -diría que la mayoría-, en los cuales se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, afirmó. Y agregó: “No se puede, de manera abstracta, sacar derechos sociales o planes a quienes cortan calles, porque, tal vez, quienes cortan calles, en un caso concreto, que es algo que debe determinar un juez o una jueza, estén ejerciendo un derecho”.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás” con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán “judicializadas” tras la jornada de protestas.

“Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje”, sostuvo la funcionaria esta mañana en declaraciones a TN, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.

Bullrich adelantó que a los que corten las calles “se les pedirá que suban a la vereda” y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, “habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos”.

“Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás”, agregó la funcionaria.

En la misma línea, dijo que “se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes” y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada ayer, para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social.

“No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo”, indicó Bullrich y agregó: “Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener”.

Bullrich explicó que “hay muchas denuncias que tienen identificado el líder barrial o el piquetero que los obliga a ir y también al sistema de organización paralela al Estado” en municipios como Moreno, José C. Paz y Florencio Varela“, y añadió: ”Les cobran 7000 pesos de multa al que no va a las marchas. Es un Estado paralelo. Tenemos muchísimos nombres y terminado el día de hoy estas denuncias vamos a judicializar“

“Si alguien corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que les da el plan, lo va a perder, si toca la calle lo va a perder, y esto es sin vuelta atrás”, insistió.

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que “en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete” y dijo que “habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación”.

En ese marco, aseveró que se está trabajando con el Renaper: “Vamos a identificar a todos los que cortan, sepan que tenemos la forma de hacerlo y que van a perder el beneficio. Si son inteligentes, se quedarán en sus casas o en el trabajo”, completó.

Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que “habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción” para “realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres”.

Finalmente, sobre la provincia de Buenos Aires -cuyas autoridades dijeron que no acompañarán la implementación del protocolo- Bullrich indicó: “El viernes próximo vamos a hablar con el ministro de (Seguridad de) la provincia de Buenos Aires y trataremos de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden”

“La persona que corta será detenida si no se sube a la vereda. Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia extrema, hoy vamos a comenzar a ordenar el país y sepan que las formas de petición cambian, no será por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo. El corte en la Argentina hoy empieza a terminarse”, concluyó la funcionaria.

La Justicia rechazó un habeas corpus contra el protocolo y Bullrich festejó

Un juez rechazó el pedido de habeas corpus colectivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la medida que considera “completamente legal” su aplicación.

“Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus”, señaló el juez de instrucción Gustavo Pierretti, en un fallo emitido este martes, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus no se dan “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.

La norma citada indica que “corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”

“Lo resolvió la Justicia: ¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!”, escribió Bullrich en un mensaje difundido desde su cuenta personal en la plataforma X (ex Twitter), donde publicó la resolución judicial.

En ese marco, además, la funcionaria afirmó que “solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”.

Con información de agencias.

IG