El edificio Paseo Gigena, rebautizado como Ola Palermo, en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue su carrera contra el tiempo. Los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. 

El complejo de oficinas y locales es un dolor de cabeza para la Ciudad. Fue construido sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, en Dorrego y Libertador, gracias a un fideicomiso montado por Caputo y Bausili. En 2024, fue inaugurado por el presidente Javier Milei. 

El edificio arrastra una cadena de malas decisiones. Este medio reveló en 2023 que Paseo Gigena se construyó sobre caños maestros de Aysa, lo que para la empresa estatal de aguas pone en peligro la seguridad de quienes circulan por el edificio y es un riesgo para la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Además, el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado. Durante el debate de candidatos porteños, el vocero presidencial y candidato a legislador Manuel Adorni eludió responder sobre las problemáticas en torno al negocio y la participación de dos funcionarios del Gobierno Nacional, Caputo y Bausili.

Ahora, además, se suman demoras en la entrega de una parte central de la obra. Una de las cláusulas del contrato, al que accedió elDiarioAR, sostiene que los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad. Sin embargo, aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

En un pedido de acceso a información pública, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro respondió que, de acuerdo a los planos que obran en su poder, el espacio público será de 1.002 metros cuadrados y consta de bicicleteros (234 metros cuadrados en la planta baja), bancos (131 metros cuadrados, también en la planta baja) y 637 metros cuadrados de gradas y bancos en la terraza del segundo piso del edificio. 

Los planos del espacio público fueron presentados por la desarrolladora de Paseo Gigena, BSD, el 3 de noviembre de 2023. Pero aún no ha terminado con su construcción. 

“Con respecto a la terraza y al uso público que tendrá, estamos terminado las obras de infraestructura”, respondió la empresa ante la consulta de elDiarioAR. “Se están ultimando detalles finales para poder abrir las puertas en el segundo semestre de 2025”.

La terraza tendrá acceso por las tres calles del proyecto: avenida Dorrego, avenida Freyre y avenida Libertador. Hasta el momento, BSD sólo terminó “el paseo botánico” y la “obra de arte de Carola Czech”, cuyos atributos harán del espacio “un recorrido público relevante y novedoso para toda la Ciudad”.

Antecedentes

En junio de 2021, BSD firmó un contrato con la Ciudad en el que se comprometió a finalizar la obra en un plazo de 12 meses, con una prórroga de entre 3 y 7 meses más. Los plazos vencieron en marzo de 2023. 

BSD afirmó que la empresa sufrió “restricciones de insumo”, como sucedió en muchos otros desarrollos inmobiliarios y que eso determinó que “los tiempos se estiraron en todos los proyectos de construcción”. “No fuimos la excepción”, aseguraron ante la consulta de elDiarioAR en febrero de 2024.

Lo cierto es que, entre demoras aludidas por la compañía, surgió el problema de los caños: Aysa informó a la Ciudad que se negaba a habilitar el edificio debido al problema con los caños maestros. En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a las personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo de Palermo.

Los alquileres de oficinas en Paseo Gigena se cotizan en dólares, de acuerdo a las publicaciones en sitios inmobiliarios online. El metro cuadrado oscila en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler. Un espacio como el que ocupa la fintech Ualá cotizaría con esos valores de referencia a un mínimo de US$76.000 mensuales. Sin embargo, la empresa BSD, desarrolladora de Paseo Gigena, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños y para poder inaugurar el edificio. Así consta en el acta de inicio de la explotación comercial al que accedió elDiarioAR.

ED/DTC

Confiado en su olfato de trader y descollante en un elenco oficialista donde no abundan la formación académica ni el entusiasmo por la gestión pública, Luis Caputo resiste desde hace meses las críticas de economistas ortodoxos a quienes Javier Milei insulta cada vez que puede. La novedad es cuánto se profundizaron esos cuestionamientos por el inicio de la ‘fase 2’ de su plan y cómo penetraron en su entorno más inmediato: su propio viceministro hasta hace un mes, Joaquín Cottani, y el hermano de la canciller, Guillermo Mondino, venerado en el mundillo libertario como uno de los padres fundadores de la convertibilidad. Son ecos de la impaciencia de un establishment que sigue apostando por la ultraderecha pero duda cada vez más por la depresión de la economía real y el riesgo de que vuelva a desplomarse el castillo de naipes financiero que intenta sostener el ministro. 

Las advertencias de Cottani y Mondino se suman a las del Fondo Monetario, con cuyo staff técnico Milei decidió confrontar abiertamente la misma semana en que Caputo definió a Kristalina Georgieva como “la mejor directora gerente de la historia”. Detrás de esa aparente contradicción hay otra apuesta política: si gana Donald Trump, especulan en Economía, el FMI se someterá a los designios de quien él designe en el Tesoro estadounidense y aceptará volver a prestarle a la Argentina aunque el Banco Central esté malgastando reservas para postergar otra devaluación. Así llegarían los U$S10.000 o 15.000 millones que consideran que hacen falta para levantar el cepo y liberar el tipo de cambio.

¿Es tan así? Conviene escuchar a los economistas que gestionaron el megapréstamo de Christine Lagarde a Mauricio Macri, huérfanos desde la derrota de Horacio Rodríguez Larreta en las primarias. Entre ellos ―que se dispersaron laboralmente pero siguen en contacto― se comentó mucho el comunicado de nueve páginas donde el Central bosquejó el martes su “nuevo marco monetario orientado a consolidar la estabilidad de precios”. Uno soltó una carcajada cuando vio que Santiago Bausili se autoimponía allí un “techo de liquidez” equivalente “al monto nominal existente el 30 de abril de la base monetaria amplia (BMA), es decir, $ 47,7 billones de pesos corrientes (o 9,1% del PIB)”. Lo que se presentaba como un audaz compromiso de convertir al peso en un bien escaso le deja en realidad margen para emitir unos 30 billones en el corto plazo, por el traspaso de la deuda del Central al Tesoro. 

Más allá del dato, el macroeconomista de la carcajada calcula ante elDiarioAR que hay entre un 20% y un 30% de probabilidades de que la apuesta de Milei-Caputo tenga premio. La secuencia de ese Trump trade exitoso sería la siguiente:

*Sacrificar reservas entre agosto y noviembre para achicar la brecha entre el dólar oficial y los paralelos financieros.

*Aguantar el atraso cambiario y mantener el cepo. 

*Profundizar el ajuste para intentar reducir el riesgo país.  

*Iniciar en diciembre tras el triunfo de Trump una negociación ‘exprés’ con el Fondo que libere el nuevo préstamo lo antes posible (el de Macri demoró dos meses) y dejar de entregar dólares subsidiados en el mercado financiero para que el staff técnico no lo objete.

*Una vez obtenidos los U$S10.000 millones, devaluar, abrir el cepo y definir una nueva banda de flotación para el peso (porque no alcanzaría para volver a fijarlo). 

En ese escenario “optimista”, 2024 cerraría con un derrumbe del PBI cercano al 5% (más de lo que prevé el FMI), el desempleo en alza y los sueldos aplastados, pero con la inflación bajo control. Eso abriría la perspectiva de volver a crecer lentamente desde el segundo trimestre de 2025 y llegar a las elecciones con el humor social golpeado pero en alza. 

El otro escenario, que los ortodoxos macristas consideran más probable, es peor: la presión cambiaria aumenta, las reservas bajan, la brecha no cede, el riesgo país tampoco, el Gobierno se ve forzado a devaluar (probablemente con otro ministro), no consigue abrir el cepo y la inflación vuelve arriba del 5% mensual, pero con la actividad y el empleo en caída libre. Es lo que intentó advertir sin éxito Cottani, el viceministro de Caputo que finalmente renunció: “La dolarización endógena no es una panacea, sino todo lo contrario. La alternativa es reinstalar la competencia de monedas como la política monetaria a seguir, para lo cual es necesario levantar el cepo cambiario cuanto antes”, escribió esta semana, ya de vuelta en Nueva York con su familia y sin haber llegado a conocer en persona al Presidente.

Curvas de aprendizaje

Urgido para que el complejo agroexportador liquide sus granos cuanto antes y lo ayude a recuperar reservas, Caputo visitó esta semana la Exposición Rural que inaugura formalmente Milei el domingo. Su secretario de Producción, Juan Pazo, se instaló toda la semana en Palermo para escuchar sus inquietudes. No ayuda la caída de la oleaginosa, que cerró la semana en mínimos desde la pandemia (U$S395 por tonelada). Todos prefieren esperar. En su pico, apenas estalló la guerra de Ucrania, hace apenas dos años, llegó a cotizar a U$S 650.

―Nosotros tenemos claro que los productores están en la misma de siempre. Sabemos que si les metemos un ‘dólar soja’ se acelera la venta y que si no, se frena. Vos lo que tenés que decirles es que saquen créditos en dólares, que están con tasas del 1% anual. Con eso se apalancan, cubren costos, liquidan y todos contentos ―se animó a sugerirle el ministro al jefe de la Rural, Nicolás Pino.

―Yo de eso no los voy a convencer nunca, Toto, porque así se fundió mi viejo en los 90. Tuvimos que vender 600 hectáreas en Olavarría para pagar ese crédito. Nosotros somos chacareros, no entendemos de esas cosas financieras ―lo cortó en seco el ruralista. 

Pino retoca por estas horas el borrador de su discurso del domingo, que marcará el debut frente a la pista de los toros campeones de un Milei en plena interna con su vicepresidenta. Victoria Villarruel también irá. Los dos caen bien a priori en la dirigencia sectorial, básicamente por antiperonistas, pero la tensión entre ambos difícilmente pueda disimularse tras el affaire con Francia, desde donde el mandatario describió como “desafortunado tuit” el de Villarruel atacando a Francia por “colonialista”. 

Nadie pone en juego convicciones demasiado profundas. Villarruel es la misma que festejó en sus redes el último 12 de octubre el “Día de la Hispanidad”, en abierta reivindicación del colonialismo realmente existente en la historia de América del Sur. Milei defendió primero los cánticos racistas por los que se disculpó Enzo Fernández, pero agachó la cabeza y envió a su hermana a pedir perdón también para no perderse la cita con Emmanuel Macron ni la inauguración de los Juegos Olímpicos. 

Por las dudas los ruralistas mimarán a ambos. Dirán que los productores no especulan, que solo comercializan, que no son ellos quienes deciden si liquidar o no los granos y, sobre todo, que las retenciones son un impuesto muy nocivo que mantiene a la producción argentina estancada mientras la brasileña no para de crecer. 

Unidos o desregulados

La tranquilidad de Villarruel es ser la única que no está a tiro de decreto de su compañero de fórmula. No correrá nunca la suerte de los más de 50 altos funcionarios eyectados en los siete meses que lleva Milei en el poder. El último fue el jefe de Trenes Argentinos (SOFSE), Adrián Luque, quien curiosamente mantuvo su cargo tras el choque del San Martín en mayo, justo a metros de la Rural, pero fue evacuado destempladamente esta semana.

Aquella vez, según fuentes del sector, Milei le pidió a Nicolás Posse que lo echara y su entonces jefe de gabinete le respondió que su designación había sido un pedido de Santiago Caputo “por razones de caja”. Los ferroviarios aseguran que no hablaba del presupuesto oficial sino del ‘blue’, alimentado por los retornos ―fijados en administraciones previas― de las jugosas concesiones de locales y espacios en andenes y estaciones que usufructúan empresarios amigos del poder de turno. Luque, de hecho, expresa esa continuidad como nadie: fue gerente general de SOFSE con Alberto Fernández y, antes, candidato a concejal en San Miguel por el Frente Renovador. 

Tal como se contó en esta columna la semana pasada, la reprivatización de los trenes que empuja el desregulador Federico Sturzenegger moviliza a distintos actores en torno a un botín todavía desconocido. El exitoso multiemprendedor Augusto Marini, dueño del costoso servicio de telemedicina Alegramed y financista de dos canales de streaming, ya conchabó al exdirector de SOFSE Javier Hibbert con la intención de mostrar experiencia y capacidad de management en una eventual licitación de los ramales metropolitanos. ¿Sabría Hibbert que Luque ya tenía el boleto picado? Dicen que el respaldo del peaky blinder wannabe Caputo al exmassista cedió al comprobarse que no todos los retornos se coparticipaban.

Lo que no tiene explicación aparente es la renuncia de Sergio Lew al directorio del Banco Central, donde fue reemplazado por Felipe Romero Krause, exrepresentante del Crédit Suisse en Argentina. Lew había sido designado CFO de YPF a mediados de 2020 y señalado por Sergio Massa como el responsable del faltante de combustibles que golpeó al tigrense en el tramo decisivo de la campaña para el balotaje. Apenas asumió Milei, casi en una confirmación de las sospechas del derrotado, fue nombrado en el Central con mandato hasta 2028. ¿No habrá querido firmar el envío de oro a Londres que dispuso Bausili, sujeto a una eventual judicialización cuando Comodoro Py ponga fin de la virtual feria que parece haberse iniciado el 10 de diciembre? ¿Tendrá que ver con el repo del que habla el Gobierno, que podría usar ese oro como colateral?

Es cuestión de estar alerta. Como Javier Iguacel, exministro de Energía de Macri en 2018 y 2019 y antes ideólogo de la prórroga de la concesión hasta 2030 de los accesos Norte y Oeste a favor de la empresa Abertis, exsocia del mismísimo fundador del PRO en las autopistas más transitadas del país. Según publicó el portal especializado Econojournal, Iguacel acaba de fundar con su antiguo jefe de gabinete, Lucas Logaldo, una petrolera boutique que presentó la oferta más competitiva para explotar los yacimientos maduros del clúster Neuquén Norte que YPF decidió abandonar para enfocarse en Vaca Muerta. Se llama Bentia, acrónimo de Bendita Tierra. Para algunos la desregulación es un sueño eterno. 

AB/DTC

Como se esperaba, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, no dejaron pasar ninguna oportunidad para mostrar que entre ellos está todo más que bien.

A puro abrazo, se cruzaron el lunes a la noche en Tucumán y este martes en el Desfile por el 9 de Julio.

Horas después de asumir, Sturzenegger dijo que con Caputo tienen “una relación excelente, personal y de trabajo”, y de esa forma buscó terminar de ahuyentar rumores de roces entre ambos funcionarios claves de Javier Milei. 

“El Presidente ha delimitado muy bien las competencias, yo estoy feliz y tenemos mucho para trabajar en conjunto”, dijo Sturzenegger.

Por su parte, Caputo fue por más y publicó una selfie en la que se los ve a ambos juntos y sonrientes, junto con la leyenda irónica: “Seguiremos así de peleados con @fedesturze trabajando para el país!”.

Sturzenegger le respondió con una broma: “Nos descubrieron a la salida del boliche @LuisCaputoAR”. Parece que está todo más que bien.

Los temores sobre los desencuentros vienen de la época en la que eran funcionarios de Mauricio Macri. Sturzenegger vio la mano de Caputo -además de la Nicolás Dujovne y Marcos Peña- en el fatídico 28 de diciembre de 2017, cuando el Banco Central cambió sus metas inflacionarias, bajó la tasa de interés y perdió independencia.

Ahora, tanto Caputo como Sturzenegger responden que cada uno tiene sus áreas de trabajo asignadas por Milei y que no se cruzan. 

“No nos rozamos en nuestras tareas”, aseguró el ministro de Desregulación. “El Presidente delimitó muy bien las competencias, así que tenemos mucho por trabajar en conjunto”, subrayó.

Sturzenegger puso a disposición del Gobierno un extenso trabajo que había realizado para la otrora candidata presidencial de Juntos por el Cambio y hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Allí, proponía la eliminación de cientos de regulaciones en distintos sectores de la economía, desde los alquileres de viviendas hasta la medicina prepaga. 

Eso se convirtió en la Ley Bases y el decreto 70 y en la futura “Ley de Hojarasca” en la que está trabajando.

DM con información de agencia NA

La adjudicación de un predio de cinco mil metros cuadrados en el barrio porteño Palermo hasta 2049 generó polémica en la Ciudad, ya que la firma beneficiada estaría vinculada a la familia de Nicolás Caputo.

Se trata de Mechp, la contratista que ganó hace dos años la licitación para los parquímetros y atribuyen a amigos de un hijo del poderoso empresario.

Ahora, la compañía logró la adjudicación de un predio cercano al circuito KDT por 25 años para instalar ahí un negocio de actividades deportivas.

Las sospechas por presuntas irregularidades en la concesión generaron pedidos de informe por parte de la Auditoría General porteña y de un legislador de la Coalición Cívica.

El terreno en cuestión está en realidad bajo la órbita del concesionario Autopistas Urbanas SA (AUSA), que en este caso lo cede a una unión transitoria que encabeza Mechp SRL, la empresa en cuestión y único oferente.

El emprendimiento se realizará a cambio del pago de un canon mensual de 3.763.494 pesos.

Por tratarse de una subcontratación, no debe ser sometida a la aprobación de la Legislatura, como ocurre con todas las concesiones porteñas que exceden el plazo de cinco años, según establecen el artículo 82 de la Constitución y la ley de Compras y Contrataciones de la ciudad de Buenos Aires.

Éso es lo que despertó sospechas en el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Calandri, y en el legislador Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica: ambos pidieron detalles de la concesión.

CRM con información de la agencia NA

“No sé cómo leyeron tan rápido el DNU y salieron a protestar”, ironizó el doctor en economía Federico Sturzenegger, y autor del decreto de necesidad y urgencia que busca desregular buena parte de la economía, sobre el cacerolazo que se organizó tras el sucinto mensaje de Javier Milei por cadena nacional en el que anunció 30 titulares noticiosos sobre el paquete.

Sturzenegger está ante su tercera oportunidad en la administración pública nacional: la primera fue como viceministro de Economía en 2001, en la peor crisis política, económica y social de la historia reciente de la Argentina; la segunda, como presidente del Banco Central entre 2015, cuando sostenía que los tarifazos de energía no traerían inflación, hasta 2018, cuando debió renunciar en medio de una devaluación descontrolada del peso. Hace un año y medio empezó a trabajar en la revisión de regulaciones que él consideraba que atentaban contra el libre mercado. Lo hizo pensando en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Tras la primera vuelta electoral, se puso a disposición de Milei. No todo el DNU es de su autoría: por ejemplo, la flexibilización laboral que abarata el despido no es suya, aunque la comparte. Tampoco se le ocurrió a él facilitar que las asociaciones civiles como los clubes se conviertan en sociedades anónimas, un anhelo de Mauricio Macri.

Pero su megaproyecto incluía un capítulo que terminó “¡afuera!”, como gritaría el Presidente. Sturzenegger quería derogar la ley 19.640 de promoción económica de Tierra del Fuego, según cuentan en los equipos de campaña de lo que era o es Juntos por el Cambio. Claro que una de las tres principales empresas beneficiarias de ese régimen de fomento de la industria electrónica es Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, Nicky, amigo de Macri pero además primo del ministro de Economía, Luis Caputo.

El megaproyecto incluía un capítulo que terminó "¡afuera!", la derogación de la ley de promoción económica de Tierra del Fuego. Pero una de las empresas beneficiarias de ese régimen es de Nicolás Caputo, primo del ministro del Economía, Luis Caputo.

Pero vayamos a ver lo que sí quedó dentro del DNU. Blapp, la consultora de asuntos públicos de Esteban Bicarelli que cuenta con un sistema de monitoreo legislativo y de los actos de gobierno en todo el país, elaboró un amplio informe de qué decían las leyes y artículos derogados y qué establece el nuevo DNU. Vamos por partes.

Ley laboral

Empecemos por la ley laboral, que es la que más afecta a los trabajadores:

Se limita el derecho a huelga de determinados sectores esenciales. Antes debían mantener guardias "mínimas". Ahora los llamados servicios esenciales deben mantener el 75% de sus operaciones

Alquileres, prepagas, tarjetas de créditos y empresas estatales

Otro aspecto trascendental es la derogación de la ley de alquileres, votada en 2020 y reformada en 2023, que establecía un plazo de tres años y actualizaciones cada seis meses de acuerdo con el índice de salarios o el de inflación, el que menos aumentara. Ahora se permite que se pague en cualquier divisa, no sólo en pesos, se establece que “el plazo de locación de inmueble será el que las partes hayan establecido”, en un juego en el que los propietarios tienen más poder que los inquilinos. “En caso de que no se haya establecido: 1. locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asienta el inmueble locado 2. en los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, serán de dos años 3. para los restantes destinos será de tres años”, establece el DNU. “Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres”, establece la nueva norma, otra vez a favor del más poderoso.

También se derogó la poco usada ley de alquileres turísticos, con lo cual el negocio de AirBNB respira tranquilo.

El DNU liberaliza los precios de la medicina prepaga y le permite que asuma el rol de las obras sociales. En el sector sanitario privado venían reclamando libertad de fijar las cuotas, pero nunca se imaginaron que además lo iban a autorizar a reemplazas a las entidades sindicales. Desde los 90, con el gobierno de Carlos Menem, las obras sociales tienen la opción de intermediar entre los aportes del empleador y el trabajador y el servicio privado, pero se quedan con hasta el 10% de la contribución. Ahora las prepagas ya no deberían dejarles ese peaje, pero pasarían a estar obligadas a las mismas prestaciones que una obra social. La dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) fue la que pactó con el gremialismo peronista para que los aportes a la salud fueran a las obras sociales, en lugar de sostener a los hospitales públicos. Ahora Milei quiere que los aportes puedan ir a las prepagas, sin intermediación de los sindicatos. ¿Y si probáramos de que los aportes vuelvan al sistema público de salud? En España es así y los ciudadanos en general prefieren atenderse en los hospitales que en las clínicas privadas.

El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito. Ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios. Se derogó una ley de 1958 que establecía “las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados”, pero aún no se tocó la fórmula de actualización votada en 2020. También echó por tierra con la ley de abastecimiento, que más que aplicarse servía sólo para lanzar amenazas. Desapareció la ley de góndolas, que debía mejorar la oferta en los supermercados, pero jamás se hizo realidad. Se echó por tierra el compre argentino que favorecía a los proveedores locales en las licitaciones, una norma votada por iniciativa del gobierno de Macri en 2018 y a la que recurren países capitalistas como Estados Unidos desde hace 90 años.

Se reconvirtieron las empresas estatales en sociedades anónimas para poder privatizarlas, como prometió Milei en campaña. Debió modificar una ley para incluir al Banco Nación en ese proceso y otra para que esta entidad pierda el monopolio de los depósitos de los poderes Judicial y Ejecutivo. Cuando se privatice, si llega a repetirse el modelo que adoptó el gobierno de Carlos Menem, de comprar las voluntades de los gremialistas dándole el 10% de cada empresa a los trabajadores, ya no regirán los bonos que los hagan participar de las ganancias de las compañías vendidas al sector privado. Así lo aclara el DNU. Aerolíneas Argentinas, en cambio, irá a manos de sus empleados y deberá afrontar la competencia en un mercado de cielos abiertos, sin regulación.

Se abolieron las leyes que limitaban la extranjerización de la tierra o su venta después de incendios provocados por la especulación inmobiliaria. Se le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de establecer precios mínimos que favorecían a los pequeños productores, pero Misiones promete crear su propia entidad para ello. También se abolió la obligación de envasar la yerba en las provincias que los producen, es decir, Misiones y Corrientes.

En los medios de comunicación se redujeron los límites a las licencias a nivel nacional y también local. Se liberalizó el servicio de Internet satelital para que Elon Musk, el mayor millonario del mundo, pueda pasar de los elogios por su red social X al ultraliberalismo de Milei a que su firma Starlink haga negocios en la Argentina. Al menos, los registros automotores, sobre los que sobrevuelan sospechas de curro, ahora deberán enfrentar la competencia de la Dirección Nacional del área, adonde podrán inscribirse directamente los vehículos, y a partir de mayo próximo tendrá que aguantarse que estos trámites se puedan hacer online. Pese al tamborileo mediático, suena a conquista justa pero acotada frente a tantos otros retrocesos para trabajadores o inquilinos.

AR/MG

El mismo miércoles en que el presidente electo, Javier Milei, confirmó que Luis “Toto” Caputo será su ministro de Economía, el primo del futuro jefe del Palacio de Hacienda, Nicolás “Nicky” Caputo, y sus socios en la firma electrónica Mirgor anunciaron que no renovarán el contrato de 450 trabajadores en las plantas de Río Grande, Tierra del Fuego. No culparon al aperturismo económico del libertario sino a la falta de insumos importados que están sufriendo Mirgor y empresas industriales de todo tipo por la mala gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, agravada por la sequía.

“En línea con las dificultades que atraviesa el sector industrial en general para el abastecimiento de insumos, lo que genera una consecuente baja en la producción y caída en las ventas, la compañía se ha visto obligada a no renovar los contratos que finalizaban a fin de mes y adelantar las vacaciones del personal efectivo del sector de electrónica de consumo”, comunicó Mirgor. “Pese a esta lamentable situación, la empresa mantiene su vocación de seguir trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades y de desarrollar proyectos que favorezcan el empleo y desarrollo industrial”, agregó.

Otras electrónicas de Tierra del Fuego han adelantado vacaciones por la escasez de piezas para ensamblar. Dos tienen materiales para operar hasta diciembre, otra hasta mediados de enero y una cuarta hasta marzo. El resto está cubierto hasta abril o mayo. En el sector automotor algunas plantas pararon por unos días por el mismo motivo, pero ya volvieron a arrancar: las de General Motors en Rosario y las de Renault y Nissan en Córdoba. Otras automotrices planean frenar el 11 de diciembre para revisar el inventario, dado que en las últimas semanas han armado vehículos a las que les faltan partes. Para ello, también recurrirán al método de anticipar vacaciones.

Entre las pymes metalúrgicas también hay problemas por el mismo motivo. “Nosotros somos una pyme que importa el 30% de insumos de lo que produce nacionalmente bienes de capital, máquinas y herramientas”, cuenta Juan Pablo Padín, socio de la fabricante de grúas Gruapa, que alguna vez fue con un megáfono al hall de la Secretaría de Comercio para reclamar por los insumos. “Hace aproximadamente cinco meses que no nos están autorizando a girar dólares para importar. Estamos con un pendiente de casi 500.000 euros. Y está por explotar todo. Hemos cargado ya toda la información (en Comercio) y estamos con la cuenta creada, registro de facturas, depósito y otros ajustados a lineamientos nacionales de último decreto en el banco. Nuestro proveedor español nos empezó a aplicar un interés en la deuda y no nos quiere enviar más insumos para fabricaciones ya vendidas, hay plazos de entrega con penalidades. Estamos muy preocupados. Está situación la tienen muchísimas pymes nacionales de provincia de Buenos Aires, especialmente integradores de tecnología y fabricantes de máquinas. Necesitamos acompañamiento, apoyo y liberación de giros”, reclamaron al secretario de Comercio, Matías Tombolini, y su subsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes, y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

AR

Este miércoles, seis de los empleados que participaron de la fundación de la empresa de electrónica Mirgor hace 40 años volvieron a la planta donde comenzó esta empresa en Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, con 98.000 habitantes, pero sin las montañas de Ushuaia. La temperatura rondaba los cero grados, como en estos días invernales, con neblina, sin nieve, calefacción agobiante en los lugares cerrados, amanecer a las 9 de la mañana y atardecer a las 18, no tan mal. En 1983, Mirgor fue fundada por Mauricio Macri, su amigo del alma, Nicolás Caputo, y Roberto Vázquez como autopartista fabricante de aires acondicionados. Once años después Macri vendió su parte. Caputo quedó con el 23%. Su familia tiene otro 25%. Juntos dejaron la gestión en un CEO profesional, José Luis Alonso. Vázquez, de 80 años, sigue de presidente. Un 30% de las acciones está en manos de inversores que las compraron en la bolsa. Totalizan unos 5.600. El 22% es de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Mirgor está embarcado en un proyecto de crear un puerto en Río Grande, donde están radicadas la mayoría de las ensambladoras de electrónica de la isla, como BGH y Philips. Newsan está en Ushuaia. Desestiman que se concrete la iniciativa china para construirlo, aquella que fue anunciada este año por el gobierno provincial pero negada después por el nacional, ambos del mismo signo político. La empresa de los Caputo quiere terminar con el engorro de que las piezas electrónicas lleguen al puerto de Buenos Aires y recorran en camión 2.870 kilómetros, incluido el cruce de frontera de Santa Cruz a Chile, la balsa por el estrecho de Magallanes hasta la Tierra del Fuego chilena y otra vez volver a territorio argentino. Cuando se terminan de armar los productos vuelven a hacer ese viaje a la capital nacional. Asi sean los aires acondicionados, las radios, los equipos de infotainment (información y entretenimiento) y los módulos electrónicos para los Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Chevrolet o Fiat (en el caso de esta marca, se exportan a Brasil) o los celulares y televisores Samsung.

El sueño de un puerto privado pero de uso público para Río Grande lleva décadas sin concretarse, entre falta de financiamiento y dificultades para construir entre las mareas de su costa atlántica. El de Ushuaia es pequeño y en verano sólo se usa para cruceros. El plan de Mirgor es elaborar el suyo con dragado y entre escolleras para que los buques de hasta 170 metros de eslora (largo) puedan amarrar y descargar con independencia del clima. Necesita invertir US$ 380 millones y está buscando financistas. Ya ha encontrado algunos nacionales, pero por razones de confidencialidad aún mantienen sus nombres en secreto. El 18 de agosto lanzará ademas obligaciones negociables (deuda) en el mercado. Parte del dinero provendría del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que está en manos del Estado, se constituye con el 1,89% de las ventas de la electrónica fueguina y debe destinarse a proyectos de diversificación de la isla. Este fideicomiso se creó a fines de 2021, cuando se prorrogó el régimen de beneficios impositivos del sector por 15 años, con la posibilidad de extenderlos por 15 más, pero el gobierno de Alberto Fernández, con Matías Kulfas entonces como ministros de Desarrollo Productivo, exigió que a cambio de la continuidad de la promoción sectorial se invierta en otros sectores. Por ahora, el fondo estatal no ha aprobado proyectos. A su vez, las firmas electrónicas también deben destinar el 1,26% de su facturación a diversificar la producción isleña.

El puerto comenzaría a construirse en mayo o junio de 2024 y se terminaría a fines de 2026, cuentan en una de las fábricas de Mirgor, que, como los casinos, no tienen ventanas al exterior. No se sabe si de es día o de noche. Tierra del Fuego es también la provincia con más tragamonedas por habitante del país.

El proyecto ya cuenta con la aprobación ambiental de la provincia y le falta la autorización de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Mirgor fundamenta su necesidad en varias razones. Por un lado, blande la idea de soberanía, de modo de trasladar sus insumos y productos, pero también los de otras empresas de electrónica, las petroleras que necesitan trasladar equipamiento a sus pozos offshore de gas, así como el transporte de personas y vehículos por aguas nacionales, sin pasar por Chile. Además puede servir para que la Armada custodie mejor el Mar Argentino y sus recursos naturales, al tiempo que puede ofrecerse para el abastecimiento de bases antárticas, tarea que hoy concentra Punta Arenas, Chile.

Por otra parte, se sumaría una tercera vía de suministro a Río Grande, que hoy se provee desde el país vecino o por mar por Ushuaia. El puerto bajaría en un 25% a 30% el elevadísimo costo logístico de la industria electrónica. Esto permitiría además ampliar la matriz productiva al incentivar otros sectores con potencial como la ganadería. Por último, se facilitaría el traslado de las aspas de molinos eólicos de 65 metros de largo que se requieren para instalar parques que generen electricidad y para el desarrollo de hidrógeno verde, que usa la energía del viento para separar el hidrógeno del oxígeno de las moléculas del mar. Hasta 450 personas trabajarían en la construcción y 60 una vez que esté funcionando el puerto. Mirgor será su administrador, pero no descarta concesionar su gestión a alguna firma experta en la materia. Podrá recibir 2.000 contenedores por mes.

Durante el kirchnerismo, Mirgor pasó de autopartista a fabricar electrónica de consumo masivo. Pero a diferencia de los componentes de vehículos, que se fabrican para unidades nacionales que se exportan o directamente para Brasil (hay un proyecto en carpeta para Sudáfrica), los celulares sólo se vendieron en algún momento y ya no más a Paraguay y Uruguay, ahora sólo son para el mercado interno. Al menos pueden decir que sus precios son competitivos y hasta los compran turistas porque sus piezas se importan a tipo de cambio oficial, ya sea en dólares o cada vez más en yuanes, dado que la mayoría viene de China. Las autorradios y los televisores son los productos con mayor valor agregado nacional.

Los elevados beneficios impositivos a una industria que sobre todo ensambla y para el mercado interno han derivado en críticas de los sectores más liberales de la Argentina. De hecho, pese a la amistad y el apoyo financiero que Caputo le dio a Macri, este último abrió la importación de computadoras, con lo que se cerró esta unidad de negocios en Tierra del Fuego. El gobierno de Cambiemos prometía una baja de precios que nunca ocurrió. El empleo en la electrónica de la isla cayó con el anterior gobierno de 11.325 puestos de trabajo en 2015 a sólo 6.030 en 2019, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte). En 2022 repuntó a 9.199. De ellos, 2.500 son de Mirgor, cuyas plantas producen las 24 horas. Nicky Caputo se fue distanciando de Macri en su gobierno y ahora apoya la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo estuve en Tierra del Fuego, no me lo cuentan, yo fui a las fábricas y recorrí, la verdad es que hay tecnología de primer nivel y tenés líneas de montaje que desarrollan los circuitos, no es solamente una ensambladora, eso es un facilismo, ahí fabrican los circuitos integrados, eso no significa que no hay cosas que se puedan mejorar, la industria fueguina puede adaptarse y diversificarse”, se deshizo en elogios Larreta hace pocos meses. También Patricia Bullrich habló del asunto, pero sin alabar a la electrónica: “Integrando los recursos naturales provinciales vamos a potenciar el régimen de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene una capacidad de desarrollo inmensa. Debemos aumentar las oportunidades para el desarrollo industrial, logístico, petroquímico, educativo, energético y de servicios turísticos. Necesitamos puertos y aeropuertos mejores”.

Javier Milei, en cambio, rechazó en 2022 la electrónica fueguina: “El régimen industrial de Tierra el Fuego es una estafa a los argentinos de bien porque lo paga toda la sociedad y le cuesta muchísimo a todos los argentinos. Si fuera presidente, anularía la ley que rige como beneficio diferenciado para la provincia”. Este año, en una visita multitudinaria a Ushuaia, esquivó el tema.

Massa, en tanto, el año pasado propuso en el presupuesto 2023 rediscutir todas las exenciones tributarias del país, incluida la de la electrónica fueguina. Finalmente se aprobaron algunos mínimos cambios para este sector. No se descarta que vuelva a insistir en el presupuesto 2024, que gane o no debe presentar como ministro de Economía el 15 de septiembre. Sin embargo, de los cuatro favoritos es quien más confianza despierta entre los trabajadores. Al menos, así lo expresa el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar “El Zurdo” Martínez: “Nosotros esperamos por Massa, que asumió un compromiso importante con nuestra industria. El centralismo porteño sólo proyecta el costo fiscal. Nosotros reivindicamos la industria nacional y la creación de puestos de trabajo. De no fabricarse en la provincia, los productos seguramente se importarían, como pasó con las notebooks, que tuvieron mayor costo y generaron menos impuestos. En 2015-2019 perdimos casi 50% de los empleos. Y Milei para nosotros es mala palabra, más allá de que ha generado simpatía en los jóvenes. La mayoría de los habitantes de Río Grande ha venido de otras partes del país y países vecinos en busca de alternativas laborales, hicieron sus proyectos de vida, pero sin continuidad laboral en la industria tienen dificultades enormes para seguir viviendo en la provincia. Nosotros reivindicamos el derecho soberano a seguir habitando Tierra del Fuego, a pesar de los análisis económicos”.

AR/MG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga el blanqueo de un fideicomiso en las Islas Caimán realizado por el empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, según pudo determinar el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación. 

En esta segunda etapa de la filtración Pandora Papers, ICIJ accedió a una nueva tanda de documentos de estudios radicados en paraísos fiscales, que permitieron establecer que Caputo abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. 

Ante la consulta del equipo argentino, una fuente del entorno de Caputo explicó que el empresario tributa por esta cuenta bancaria desde 2016 pero aclaró que está siendo objeto de una fiscalización de la AFIP.

Caputo aparece en la Pandora Papers relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (Nicky Worldwide Corporation, declarada desde el inicio y hoy en manos de su hermano José Antonio); un fideicomiso (The Newman Trust) en Islas Caimán y una segunda sociedad (Newman Ltd) en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas, bautizadas en homenaje al Instituto Cardenal Newman, controla la cuenta bancaria en Suiza. Caputo y Macri se conocieron en ese colegio.

La cuenta bancaria fue abierta en 2015 en el Julius Baer de Zurich, Suiza. Macri también tuvo una cuenta en el Julius Baer con más de $18 millones en la sucursal de Islas Bahamas y los repatrió en mayo de 2016. El banco quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos por su rol en el FIFA Gate. En diciembre de 2019, tras el cierre de la entidad, Caputo mudó sus activos al Pictet & Cie SA Banque, en Ginebra.

Fiscalización

En agosto de 2021, y tras recibir información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección Microcentro de AFIP inició un proceso de fiscalización a Caputo.

La ley de sinceramiento fiscal impulsada por Macri en mayo de 2016 y luego sancionada por el Congreso, había permitido declarar este tipo de fideicomisos a un valor simbólico de $1. Por esa razón, la AFIP inició recientemente la fiscalización para conocer los activos totales de las estructuras armadas por argentinos en el exterior, entre ellos, Caputo, informó la fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“La AFIP detectó una situación potencialmente anómala”, afirmó la fuente, porque los activos de The Newman Trust habían sido declarados en $1.

Caputo, quien divide sus días entre Buenos Aires y Estados Unidos y recientemente se ubicó del lado de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, puso a disposición de los inspectores de la AFIP los balances, resúmenes bancarios y documentos que acreditarían que el único activo del fideicomiso radicado en Caimán es la cuenta bancaria que abrió en 2015 en Suiza y que declaró en 2016 durante el blanqueo y por la que el empresario ya tributa, agregó la fuente cercana a Caputo. 

Como parte de otra filtración, Paradise Papers, en 2017, el equipo argentino de ICIJ reveló que el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, primo de Nicolás, había ocultad al asumir como secretario de Finanzas en 2015 que tenía acciones en dos compañías en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

En 2018, el equipo argentino reveló durante la segunda entrega de Panamá Papers que Gianfranco Macri, empresario y hermano del entonces presidente, había declarado ante la AFIP que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation durante el blanqueo promovido por Macri y exteriorizó más $63,5 millones negros que mantenía en una cuenta en el extranjero a nombre de esa firma.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Caputo aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, según reconoció una fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino* de ICIJ.

El fideicomiso en Islas Caimán es actualmente objeto de una investigación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las revelaciones de la filtración se complementan con documentos del registro público de Panamá y otras bases abiertas, y la consulta a la fuente del entorno del empresario, que accedió a responder preguntas y mostrar sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Caputo, a quien Macri definió como “su hermano de la vida”, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente. Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015. 

En 2017, Macri nombró a su amigo cónsul honorario de Singapur en Argentina, un estatus prolífico para los negocios que el gobierno de Alberto Fernández le quitó.

En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 de los más ricos de Argentina, con una fortuna total de US$340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, la fabricantes de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri. También fue accionista del 20% de la empresa familiar, la constructora Caputo SAIC, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías. 

En las últimas semanas, Caputo fue eje de la exposición que realizó en redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para defenderse del alegato de los fiscales del juicio por Vialidad. 

La expresidenta expuso parte del contenido del teléfono celular de su ex secretario de Obras Públicas, José López, que en diversos mensajes telefónicos con Caputo hablaban de gestiones, reuniones, apoyo a una candidatura de López en Tucumán y de su amistad. 

La investigación de Pandora Papers fue publicada a finales de 2021 y provocó una filtración adicional de registros de bufetes dedicados a crear y gestionar sociedades offshore. Los nuevos archivos, creados en su mayoría entre principios de la década de 1990 y 2013, contienen información sobre contratos, acuerdos financieros y opiniones legales.

En el caso de las empresas de Caputo, los proveedores que asistieron al empresario en la gestión de las offshore fueron los estudios Cititrust, Amicorp y OMC.

Newman y Newman

Nicolás Martín Caputo aparece en la continuación de Pandora Papers como beneficiario final de una sociedad y de un fideicomiso offshore creados en las Islas Caimán, de acuerdo con los registros. El propósito de la estructura offshore, creada a principios de 2015, era controlar una cuenta bancaria en Suiza. 

Las gestiones de Caputo comenzaron en la sucursal Montevideo del banco suizo Julius Baer. La entidad acudió a un estudio intermediario, Cititrust, que se dedica a abrir y gestionar este tipo de sociedades y fideicomisos. A su vez, Cititrust acudió a Amicorp Curacao B.V. (con sede en la ciudad de Willemstad, Curazao) y lo contrató para manejar el fideicomiso desde Caimán.  

Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró.

Las dos firmas offshore fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde Caputo y Macri se conocieron. “Nicky -como lo llaman sus amigos- me cuidó durante aquellos años. Era el jefe de la banda del Newman”, contó el expresidente a la periodista Laura Di Marco en el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.

El 27 de febrero de 2015 se activó la sociedad Newman Ltd, según los documentos de la filtración. Tres días más tarde, se abrió The Newman Trust (fideicomiso, en inglés), activo desde el 2 de marzo de 2015. 

La sociedad es titular de la cuenta en Suiza y el fideicomiso administra los fondos depositados.

Para entonces, principios de 2015, gobernaba Fernández de Kirchner y Macri ya se perfilaba como el principal candidato opositor para las presidenciales de ese año. 

Ante el proveedor Cititrust, Caputo declaró que el dinero provenía de sus dividendos como accionista de distintas empresas que operan en Argentina. En los documentos internos, el empresario figura como  dueño de Caputo SAIC y accionista en las empresas Caputo SAICYF, Mirgor SA y Central Puerto. Caputo, además, informó sus datos personales y su correo electrónico corporativo.

Sin embargo, no figuran las cifras del dinero depositado en la cuenta suiza. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de Caputo declinaron dar esa información por razones de seguridad.

Blanqueo 2016

Macri impulsó una ley de sinceramiento fiscal en mayo de 2016 y Caputo aprovechó la oportunidad para declarar por primera vez ante la AFIP su cuenta en Suiza y las offshore detrás de las cuales había protegido su vínculo con la cuenta. De esta manera, pudo conservar la estructura creada en 2015, aunque a partir del blanqueo debió comenzar a tributar por sus activos en la cuenta.

“Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró”, indicó la fuente de su entorno. Ante la consulta sobre el origen de los fondos, la persona consultada dijo: “Desconozco el origen de los fondos depositados en esa cuenta, pero obviamente era dinero negro” porque entonces no estaba declarado. 

El dinero de la cuenta fue declarado en su totalidad, dijo la fuente. Estuvo radicada en Zurich, hasta diciembre de 2019, cuando Julius Baer cerró sus puertas y Caputo mudó la cuenta a otro banco en Ginebra, Pictet & Cie SA Banque.

Nicky Worldwide

La tercera sociedad vinculada a Caputo fue creada el 8 de octubre de 2009 en Panamá. Fue propiedad de Caputo hasta marzo de 2018, cuando el empresario le cedió las 10.000 acciones a su hermano José Antonio Caputo, de acuerdo con los documentos analizados.

A diferencia de las otras dos estructuras offshore, Nicky Worldwide fue declarada desde un principio ante la AFIP, afirmó una fuente del entorno del empresario.

La sociedad se creó para inscribir un departamento en la ciudad de Miami a nombre de la offshore y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos, en caso de que el empresario falleciera y sus herederos tuvieran que hacer la transferencia del bien inmueble, sostuvo la fuente del entorno de Caputo.

Poner un inmueble a nombre de una offshore también hace más “fácil y económica” la transferencia de la titularidad de la propiedad en caso de una venta, ya que permite que el vendedor haga un traspaso de las acciones de la sociedad al comprador sin tener que viajar a Estados Unidos.

En 7 de marzo de 2018, Caputo transfirió las acciones de Nicky Worldwide a su hermano Jorge Antonio, conocido como Tonio, quien es el actual dueño de la sociedad y, por tanto, del inmueble ubicado en Miami. 

La operación fue dos meses después de que los Caputo vendieran la constructora familiar Caputo SA, en la que ambos compartían directorio.

En el entorno del empresario aseguraron que el traspaso a su hermano fue una operación de venta y que Caputo no quiere hablar de valores de la propiedad ni sumas de dinero de la transacción. De acuerdo con el acta pública de la operación fue por un valor simbólico: US$10.000.

En un formulario de mayo de 2018 que aparece en la filtración, Jorge Antonio Caputo informó al estudio panameño OMC que la sociedad tenía como propósito ser propietaria de inmuebles en el estado de Florida por un valor de unos US$550.000.

En 2018, el empresario declaró al estudio panameño que le realizó los trámites que el origen de los fondos con los cuales adquirió a su hermano la offshore eran “ingresos por negocios”, provenientes de las compañías Central Puerto, Mirgor y Ecogas.

También le pidió al bufete que pusiera directores como cara visible de la compañía, pero Jorge Caputo luego asumió como presidente y director de la sociedad, según los registros de Open Corporates.

La offshore continúa activa, según el registro online, pero tiene tasas adeudadas al Estado panameño desde hace unos tres años, según la gaceta oficial de ese país.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Un hogar de clase media baja, con ingresos de, por ejemplo, unos $ 150.000 acechados por la inflación, probablemente supo esta semana que un fiscal pidió una pena de prisión para la vicepresidenta por negocios con un contratista amigo de su esposo, que los empresarios del entorno de Mauricio Macri eran los que mantenían contacto más fluido con los funcionarios emblemáticos de la corrupción, que un diputado pidió la pena de muerte para Cristina, que los principales medios informaron que Alberto Fernández amenazó al fiscal acusador y que Horacio Rodríguez Larreta aprueba o veta congregaciones en Recoleta de acuerdo a la cara y la ideología del manifestante, y da pasos en falso que lo dejan expuesto. La secuencia comenzó temprano el lunes y continuaba a la medianoche del sábado.

El trabajador o la trabajadora de ese hogar puede creer más o menos lo que lee y escucha, le puede interesar más o menos la calidad de la democracia, pero tiene preocupaciones más urgentes a la vez que persistentes. Hace al menos una década que él o ella, sus padres y su barrio reman con ingresos deteriorados sin perspectiva de mejora, y no logran resolver temas cruciales para la vida como el acceso a la vivienda, escuelas públicas para que los pibes reduzcan la brecha con las elites, o medios de transporte y servicios públicos eficientes.

La memoria de hogares humildes indica que el último Gobierno de Cristina (2011-2015) tuvo más proclamas épicas que logros concretos en términos de ingresos, si no retrocesos. El período que siguió, el de Macri (2015-2019), que prometía razonabilidad para superar lo que identificaba como desvarío populista, abrazó el desvarío de la deuda externa. Resultado: aumento del trabajo precario, caída de 17 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios y resquebrajamiento social. Escenario propicio para que llegara una pandemia, una guerra de impacto global y un Gobierno con pulsión irrefrenable para tropezarse con sus propios pasos.

Mientras los debates se repiten en loop con un elenco con poca rotación, una voz disonante aparece hace un tiempo en el prime time de la tele y en las redes. Javier Milei promete incendiar todo e identifica a un enemigo que lastra a los individuos, sobre todo los blancos, que habitan el país: la casta. En una proclama alocada, el economista rockero defiende la venta de bebés y órganos humanos. Salvajadas, claro, pero que no terminan de causar estruendo un ambiente aturdidor, y que pueden ser dispensadas por un ciudadano que se siente un poco harto de todo.

Algo de eso registraron en agosto al menos dos consultoras mediante encuestas que todavía no son públicas. La intención de voto al candidato de ultraderecha demuestra una resiliencia que parecía amenazada por la crueldad mercantilista disparada por su boca. Son indicios que surgen de sondeos que, como se sabe, pueden fallar, pero aun en el registro de un estado de ánimo potencialmente cambiante o superficial, la hipótesis de Milei como postulante competitivo para 2023 podría durar más que un suspiro.

La semana en la que la desmesura alcanzó su cúspide merece ser revisada:

Lunes

El fiscal Diego Luciani termina la novena jornada de su alegato con un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. “Crimen de extrema gravedad”, “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”, “éste es el momento: corrupción o justicia”. Aduce estar plantado sobre “toneladas”, no de piedras, sino de pruebas.

Luciani creyó tener todo para sospechar que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner”. Fueron doce años de relación contratista-gobernante de explicación difícil, si no imposible. El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el exmarido de Karina Jelinek que revelara que la fortuna malhabida de Báez era en realidad de la familia Kirchner, o, en su reemplazo, alguna pista real de un soborno. En cambio, a Luciani le sobraron algunas cosas cosas: autoelogios, decibeles y un par de partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el marido de Jelinek que revelara que la fortuna de Báez era, en realidad, de los Kirchner

Martes

Presentación de hora y media de Cristina en Youtube, no tanto para ejercer su derecho de defensa, sino para señalar que las coimas a José López y Ricardo Jaime, funcionarios encargados de presupuestos multimillonarios durante su Gobierno, fueron pagadas por familiares, socios y amigos de Macri. La vicepresidenta denuncia (prueba) que los jueces que visitaban Olivos, la Casa Rosada y la quinta de Los Abrojos no tienen ninguna intención de investigar al jefe de la oposición. El ataque encuentra un blanco, pero se desentiende del aspecto autoincriminatorio que significa que los supuestamente coimeados fueran designados y sostenidos por Néstor Kirchner y ella misma. Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato mientras Cristina hablaba en su despacho en el Senado, que a los presidentes santacruceños se les escapó la tortuga. Hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números.

Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato a Cristina mientras hablaba en su despacho en el Senado, que a los Kirchner se les escapó la tortuga, hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números

Miércoles

Como si le faltaran elementos para probar la relación promiscua de muchos integrantes de Comodoro Py con el elenco macrista, Cristina cree oportuno sacar a relucir un aviso fúnebre de 2021 por la muerte de Manuel de Abelleyra, hermano de la esposa de Luciani, firmado por Fabián Rodríguez Simón. “Todo sigue haciendo juego con todo”, razona falazmente la vicepresidenta. Lo único que prueba ese aviso es que el operador judicial de Macri era amigo de Abelleyra y que le expresó condolencias, “con cariño, a Ana y los chicos”. Cabe preguntarse cómo se habrán sentido Ana, los chicos y los familiares mayores del fallecido al ver el nombre de su ser querido expuesto como un argumento político fallido, salvo que todos deban hacerse cargo de las relaciones sociales de su cuñado.

Un hombre probo aunque un poco vengativo con el exmarido de su actual pareja al punto de planear plantarle droga para sacarlo de la cancha, como el fiscal Carlos Stornelli, venía insinuando que el Gobierno de Alberto Fernández podía mandar a matar a Luciani como le había ocurrido a Alberto Nisman en enero de 2015. Los mismos medios que desde hace siete años tratan de reivindicar, con severísimas dificultades, la figura de Nisman y de transformar su aparente suicidio en un asesinato multiplicaron esa sospecha, que se transforma en una pregunta directa al presidente en una entrevista en el canal TN. Éste explica con gestos y palabras que le parece un disparate, alude a lo que está expresado en los peritajes del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal (luego contradichos por la Gendarmería de Patricia Bullrich) en cuanto a que los indicios apuntan a una muerte sin intervención de terceros, y reflexiona que espera que Luciani no se suicide. Una de más, una de menos, la nada misma en un intento por responder con lógica una pregunta intoxicada.

Jueves 

La prensa que usa a Nisman se excita y lee en la respuesta de Fernández en “A 2 Voces” una amenaza de muerte. Ese periodismo se vuelve a poner en la árida tarea de elucubrar hipótesis sobre el asesinato en un departamento y baño cerrados, sin indicios de violencia ni rastros de terceros.  

Volcada a una deriva halconista definitiva, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández por su “amenaza” a Luciani. Firman todos menos Facundo Manes, quien se desmarca para “no banalizar el funcionamiento institucional”. Acto seguido, como buena paloma de la coalición conservadora, el neurocirujano se ve forzado a sobreactuar y denuncia su indignación por las “declaraciones mafiosas” de Fernández. Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa, lo lógico sería adherir al juicio político.

El procurador interino Eduardo Casal envía una carta a Fernández en la que reclama por “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones… que afecta el principio republicano de división de poderes”.

Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa para terminar con la vida de un fiscal, lo lógico sería adherir al juicio político.

Rara preocupación de Casal. Está sentado en la silla de la Procuración General gracias al acoso y derribo de su predecesora, Alejandra Gils Carbó, quien, a diferencia de él, había sido designada con aprobación del Senado. La ofensiva del macrismo contra Gils Carbó incluyó el siguiente diálogo entre Rodríguez Simón y el fiscal del fuero de Seguridad Social Gabriel de Vedia, en octubre de 2017.

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero.

Luego de ese diálogo edificante en un despacho de Casa Rosada, Gils Carbó dejó el puesto y asumió, interinamente, Casal.

Viernes

De visita en Córdoba, Mauricio Macri eludió la desmesura y prefirió la ironía. “Hoy me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella”, dijo en una de las entrevistas de su gira cordobesa. Es cierto, el hombre que arrojó bolsos con US$ 9 millones en un convento fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina, aunque los chats dieran cuenta de mayor familiaridad con los empresarios del entorno de Macri que con la expresidenta o con el propio Báez.

Macri se deja entrevistar con la tranquilidad que le brindan dos certezas:.no recibirá repreguntas y los jueces visitadores de Comodoro Py no lo investigarán por las graves sospechas sobre negocios con parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, los peajes y el Paseo del Bajo generados por medidas de su Gobierno con sus propias empresas o exempresas, o las de sus socios, como beneficiarios. El líder opositor también navegará sin despeinarse por las causas originadas en el espionaje sistemático ejercido durante los Gobiernos del PRO en CABA, provincia de Buenos Aires y Nación contra enemigos, rivales, aliados y familiares molestos.

Sábado

Las inmediaciones del departamento de Cristina en Uruguay y Juncal, en Recoleta, amanecen valladas, tras una semana de vigilia de los partidarios de la vicepresidenta, que habían dejado el lugar por la tormenta nocturna y ante la perspectiva de actos en plazas de la Ciudad y el conurbano, por la tarde. La torpeza del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se transforma en un llamado a los cristinistas para volver a manifestarse ante lo que se percibe abusivo. Avanza el día con gases lacrimógenos y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en una repetición de lo que había ocurrido el lunes por la noche, cuando los jóvenes kirchneristas abrumaron con su número a la enésima manifestación de vecinas atildadas que suelen congregarse en esa misma esquina para insultar y amenazar a la “yegua montonera”.

A los “vecinos” anti-K que asedian esa esquina o la del Instituto Patria, la Policía de la Ciudad les regala palmaditas en el hombro. A los alienígenas, palos.

Larreta pretende presidir la Nación argentina e invierte fortunas publicitarias en ello, pero se tienta con actuar como intendente de Recoleta. Cristina le cobró esa tendencia anoche, pero más caro pagará Larreta ante Patricia Bullrich en la interna opositora el haberse puesto en situación de tener que recular.

Mientras tanto, el Liverpool de Luciani, Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens pidió fecha libre este fin de semana.

¿Y el lanzallamas?

Andrés “Cuervo” Larroque guardó el lanzallamas (término acuñado por la periodista María Cafferata en Página 12) que utilizaba contra Martín Guzmán y dio paso a un estilo lacónico en Twitter para narrar la semana. “Con Cristina no se jode”, “Y esto recién empieza”, “Cuando digas y donde digas”, “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. Esas microfrases y un par de entrevistas sin revisión del pasado reciente no eximen a Larroque, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina de la pregunta de por qué creían, dos meses atrás, que el intento de Guzmán de reducir los subsidios para ricos y contener transferencias a provincias era vendepatria, y los recortes anunciados esta semana por Sergio Massa en obras públicas, jardines de infantes y compras de medicamentos forman parte de la nueva épica “refundacional”.

El cristinismo se entusiasma con el movimiento de bases que copó calles y plazas esta semana. Una y otra vez, se demuestra que no hay otro dirigente político que cuente con tal intensidad de adhesión como Cristina. Ese factor contiene una dosis de imprevisibilidad que resultó fundamental para revertir las múltiples oportunidades en que rivales y columnistas de diarios anunciaron el fin del kirchnerismo en los últimos quince años. Habrá que ver en esta ocasión si el resurgir cristinista excede a sus adherentes, que muestran ganas de ir por más, o si es la expresión de un núcleo que se desconectó de las preocupaciones más acuciantes de la mayoría. Por lo pronto, lo que parece fuera de duda es que no hay 2023 para el peronismo sin conducción o auspicio nítido de la líder.  

La principal oposición dirime cómo barajar su entusiasmo ante encuestas que marcan una amplia brecha sobre cualquier alquimia peronista y la hipótesis de una condena por corrupción contra Cristina que recorrerá zócalos, hashtags y portales durante meses. Eso sí, sus dirigentes pueden medir mal los efectos de una sentencia por el estilo. Los sondeos y los resultados de 2021 dan cuenta de que no se trata tanto de una recuperación de una mayoría para la coalición conservadora sino de una debacle del peronismo. Los votos aparentemente perdidos por el Frente de Todos buscan un destino, pero nadie debería descartar la opción de que vuelvan a estructurarse si el crecimiento del PBI se combina con la recuperación del ingreso real, baja de la inflación y la mística cristinista. Poco probable, no imposible.

La citada fortaleza aparente de Milei en un contexto de agobio económico para muchos combina con la incertidumbre que afecta a los dos principales bloques: en el Frente de Todos, por la desorientación programática y la defección en la conducción del Gobierno, y en Juntos por el Cambio, por la disputa irresuelta por el liderazgo que dejó fluir, días atrás, acusaciones por narcotráfico y corrupción.

La presunción de que existe una farsa en la cima —el postulado con el que engaña Milei al autoexcluirse— encuentra eco en una sospecha potente: Cristina fue jefa de funcionarios que cobraron coimas y Macri fue jefe o socio de empresarios que las pagaron. Así las cosas, el economista gritón, self made man del vale todo, figurita preferida de las producciones televisivas, seductor del alma libertaria de los Cristiano Ratazzi de la vida, libertario contra las amarras que impone lo que él dibuja como casta, está llamado a su juego preferido.  

SL

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

En un mensaje de una hora y media emitido desde su despacho en el Senado de la Nación, la expresidenta realizó un racconto de la causa judicial que investiga la obra pública en Santa Cruz. Apuntó, entre otros, a los fiscales Luciani y Mola, al expresidente Mauricio Macri, a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a Nicolás Caputo.

Las principales frases de Cristina:

LC

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó una investigación en la que analizó los entramados empresariales de 16 de las familias más ricas de la Argentina y de qué modo consiguieron incrementar su patrimonio en los últimos años, con pandemia incluida.

Entre los beneficiados en plena crisis sanitaria, hay grupos cuya actividad principal es la producción o la comercialización de alimentos, y varios con posición dominante en la producción de materias primas o “commodities” transables. Son, como los describe el estudio, los beneficiarios de “una estructura corporativa y de riqueza en la Argentina”, de la cual se han beneficiado, además, con la “valorización comercial de su patrimonio durante la pandemia”. 

Dentro de las empresas analizadas, las de las familias Blaquier, Rocca, Caputo, Eurnekian y Bulgheroni mejoraron sus números en los dos años de la pandemia de coronavirus, mientras que Cherñajovsky, Madanes Quintanilla, Pagani, Braun, Brito y el conglomerado que pertenece a los herederos de Herrera Noble y Magnetto, lo hicieron solo durante uno de los años que duró la crisis sanitaria, según la investigación del CEPA, realizada por un equipo que encabezaron Hernán Letcher, Julia Strada y Leandro González. 

Los objetivos

La investigación llevada adelante por CEPA con el apoyo de la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) “se propone realizar un aporte en la reconstrucción y análisis de los entramados empresariales de los principales grupos económicos bajo control de las personas más ricas de la Argentina, sumando al mismo tiempo un cálculo de la valorización accionaria de diecisiete casos seleccionados, durante los últimos cinco años”, explican en el informe.

Además, aclaran que “la escasa presencia de estudios vinculados a la temática de la riqueza que profundizan en estructuras específicas y de entrelazamiento de la propiedad, valorizadas y que exponen datos cuantitativos, es la principal motivación del trabajo, la cual se ve reforzada por las transformaciones recientes experimentadas en la Argentina en el último ciclo neoliberal que introdujo políticas económicas proricos (2015-2019) y los impactos regresivos de la pandemia de covid-19 en 2020”.

De acuerdo al CEPA, “desde mediados de los 70 se registran tendencias hacia una menor presencia estatal, pero la pérdida de recaudación sobre los más ricos, la offshorización y el aumento de la desigualdad en la Argentina las políticas de los últimos cinco años han significado una agudización de estos fenómenos”.

“En el marco de la pandemia y su expansión, la desigualdad cobró creciente protagonismo, producto no solo del impacto negativo que el virus ha generado en las sociedades –ya altamente desiguales y regresivas, particularmente en América Latina– sino también por el acrecentamiento de las brechas entre ricos y pobres ante cada crisis económica experimentada en las últimas décadas”, se analiza en el estudio. Y agrega: “La desigualdad económica asociada a la concentración de los ingresos y de la riqueza es un fenómeno que no cesó de aumentar en los últimos cincuenta años”.

Resultados del 2020, primer año de pandemia de Covid-19

Para el estudio la valorización de los patrimonios comerciales de las 17 personas físicas seleccionadas y de su grupo familiar se tomaron como base los rankings de la revista Forbes.

Al comparar la evolución de la valuación del patrimonio comercial entre los inicios de los años 2020, 2021 y 2022 (pre pandemia, primer año de pandemia y segundo año de la misma), se lograron los siguientes resultados:

Para el primer año, se contó con información sólo sobre 11 grupos empresarios familiares. Entre ellos, 8 aumentaron su patrimonio en dólares y 3 tuvieron una caída en su valorización. En términos porcentuales, la familia que más vio crecer su patrimonio a febrero de 2021 fue la encabezada por Carlos Blaquier (Grupo Ledesma, azúcar y papel), al pasar de US$ 120,4 millones un año antes a 162,9 millones en la fecha señalada, con un incremento del 35% en moneda dura. Nicolás Caputo (Mirgor más Construcciones) le sigue al pasar de US$ 78,1 millones a 100,5 millones entre un año y el siguiente (28% de aumento).

Con menor variación porcentual, pero con valuaciones absolutas más importantes, se destacan por su enriquecimiento en el primer año de la pandemia:

Paolo Rocca (Techint), con un patrimonio comercial que pasó de u$s 12.209 millones a 12.857 millones: sumó 648 millones en sólo un año:

Luis Pagani (grupo Arcor), de tener u$s 4996 millones subió a 5719 millones, con un incremento de 723 millones en un año;

Rubén Cherñajovsky (grupo Newsan), de u$s 2003 millones de patrimonio comercial, subió a 2586 millones, con un crecimiento de u$s 583 millones;

Alejandro Bulgheroni y herederos de Carlos Bulgheroni (Bridas-Pan American Energy), sumaban u$s 1404 millones en 2020 y un año después, 1739 millones. 

También incrementaron su patrimonio en el mismo período Eduardo Eurnekian (Corporación América) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), mientras que tuvieron variación negativa en ese período Federico Braun (La Anónima), Héctor Magnetto y herederos de Roberto Noble (grupo Clarín), y herederos de Jorge Horacio Brito (Banco Macro).

Resultados del 2021, segundo año de pandemia de Covid-19

Para el segundo año de la pandemia, el informe de CEPA sólo obtuvo datos comparativos para siete entramados empresarios familiares, de los cuales 6 mostraron incrementos, de acuerdo a lo que concluye este viernes Página/12. Sólo el grupo Eurnekian exhibe pérdidas, pero se aclara que, entre ambos períodos, vendió Wilobank, sin que lo obtenido de la operación se refleje en la valuación patrimonial de febrero de 2022.

Entre los ganadores, se destaca un nuevo salto patrimonial de Paolo Rocca, que con un incremento de 3776 millones, alcanzó los 16.633 millones de dólares. Carlos Blaquier y Nicolás Caputo más que duplicaron al comienzo de este año su patrimonio del año pasado (llegó a u$s 234 millones el primero y a 211 millones el último), mientras que los dueños de los grupos Clarín, Macro y La Anónima pudieron revertir el resultado negativo del año anterior, sumándose a los favorecidos por el enriquecimiento en plena pandemia.

Las conclusiones del CEPA

“A lo largo de la presente investigación se realizó un recorrido que tuvo como objetivo central contribuir a profundizar el análisis de la riqueza en la Argentina a través del estudio de 16 casos de entramados empresariales.

Considerando el marco desarrollado, los principales aportes del presente trabajo se estructuraron en cinco grandes ejes.

En el primero de ellos, la investigación aporta una descripción pormenorizada del perfil de las y los titulares de los entramados empresariales analizados en clave económica, es decir, a qué se dedican, cuáles son las estrategias de integración vertical y/o diversificación de actividades y las relaciones entre ellos, junto con otras cuestiones de relevancia.

En segundo orden, la investigación constata la existencia de estrategias de configuración de entramados empresariales orientados a ocultar y desresponsabilizar a las personas propietarias y sus familias, lo que constituye uno de los principales aportes al estado del arte.

En tercer lugar, la cuantificación del patrimonio comercial de los entramados empresariales analizados significa una contribución fundamental al estudio de las fortunas de las y los principales titulares de la riqueza en Argentina.

En cuarto orden, la investigación aporta una descripción precisa de la offshorización presente en el propio diseño de los entramados empresariales de nuestro país.

En quinto orden, se detallan las necesidades de centralización de la información estatal para poder avanzar en mejores bases de datos para el estudio de la riqueza y la configuración del capital en Argentina.

El perfil de los y las titulares de los entramados empresariales analizados

“Los 16 casos estudiados permiten ilustrar el perfil y rol en la economía de los entramados empresariales de sus titulares y familia, dado que representan una buena parte de los más importantes empresarios y empresarias argentinos (tanto en los listados de Forbes como de la Revista Mercado), con firmas principales ampliamente conocidas. Prácticamente todos los perfiles analizados incluyen entre las y los accionistas a sus propios familiares.

En primer lugar, todos operan en posiciones estratégicas en cada sector de actividad, lo que les otorga el manejo de los precios del mercado interno y les permite una mayor capacidad de apropiación de la renta.

Madanes Quintanilla detenta el monopolio del negocio del aluminio.

Entre Coto y Braun manejan buena parte de la comercialización en nuestro país a través de las cadenas de supermercados Coto y La Anónima.

Magnetto y Noble representan el mayor grupo de medios de la Argentina, y a otra escala lo siguen Belocopitt (América) (adicionalmente, con una porción significativa del negocio de la salud con Swiss Medical) y Pierri (Canal 26).

En la industria alimenticia, Pagani a través de Arcor (que adquirió Bagley y Mastellone) controla gran parte del rubro, al que se suma Blaquier en el mercado del azúcar con la centenaria Ledesma.

Rocca tiene el monopolio de tubos sin costura con el gigante Techint. Bulgheroni y Rey figuran entre los principales exponentes del pequeño puñado de empresas que controlan la energía del país.

Eurnekian concentra un buen número de aeropuertos, particularmente en la Argentina. En el negocio financiero, Braun y Brito tienen gran incidencia a través del Grupo Galicia y Macro, respectivamente.

Caputo y Chernajosvky dominan la fabricación de electrónica de consumo con base en Tierra del Fuego.

Cavazzani, en lo referido a los videojuegos, ocupa un lugar central en el mercado. Tienen inserción exportadora, lo que les permite manejo y disposición de divisas.

La familia Pagani (vía Arcor), la familia Blaquier (con Ledesma), Chernajovsky (Newsan Food), Madanes Quintanilla (con Aluar), y Rocca (con Techint) dedican gran parte de su producción a la 197 exportación.

Máximo Cavazzani se dedica sobre todo a la exportación de servicios tecnológicos, aunque en este último caso, la sede hoy se encuentra en Uruguay.

Blaquier participa con exportaciones de cítricos y bioetanol, mientras que Braun y Coto hacen lo suyo con sus respectivos frigoríficos.

En general, la inserción exportadora se encuentra concentrada en productos primarios o industria básica. Los casos estudiados son representativos de diversas estrategias de integración vertical y al mismo tiempo de diversificación productiva.

Un ejemplo de ello es Madanes Quintanilla, dueño de FATE y Aluar. En la medida que fue expandiéndose, Madanes llevó adelante una estrategia de integración vertical en la cadena del aluminio, tanto en la producción (de extruidos y laminados) como en la comercialización y distribución (generación y transporte de energía eléctrica, a través de Hidroeléctrica Futaleufú y Transpa S.A) e incluso en energías renovables (a través de INFA S.A.).

A la par, diversificó actividades: comenzó a desarrollar actividades financieras (CIPAL S.A., Estancia San Javier de Catamarca S.A. y Pecerre S.C.A) y operaciones en el sector de servicios (con Tales S.C.A. y Heidam S.A.).

En la estructura del grupo comandado por la familia Belocopitt se destaca la integración vertical de sus servicios asociados a la salud: la medicina prepaga con la participación en sanatorios e institutos médicos, en conjunto con compañías de seguros y aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), acompañada de la pata inmobiliaria donde el grupo desarrolla sus actividades relacionadas. La diversificación se da por su participación en medios de comunicación y productoras de contenidos audiovisuales mediante SMG Media S.A.

La familia Caputo se ha caracterizado por una importante diversificación en su etapa expansiva, para luego pasar a un entramado societario menos diverso. El Grupo contaba con cierto grado de diversificación con sus participaciones en empresas dedicadas a la construcción y a la generación eléctrica, pero al desprenderse de dichas participaciones la diversificación se encuentra hoy bastante limitada.

En el caso de Blaquier, en cambio, predomina la integración vertical: el aprovechamiento del ingenio azucarero y la producción de azúcar para la producción de papel (aproximadamente el 40% de la producción nacional), alcohol y bioetanol, y biomasa para la generación eléctrica. Además, ha diversificado en un mix de productos, con producciones agrícolo-ganaderas de granos, carnes y cítricos.

En el caso de la familia Coto la estrategia predominante radica en la integración del negocio de la carne. Desde la producción ganadera, pasando por la cadena frigorífica, la logística y los supermercados.

Distinto es el caso de la familia Cherñajovsky, en la cual la diversificación parece ser la estrategia predominante. Encabezado por Newsan S.A. con el ensamblado y producción de artículos de línea blanca y electrónica, se dedica también a la producción de alimentos, con actividades agrícologanaderas y pesca de exportación.

La estructura del Grupo de las y los herederos de Jorge Brito es la que presenta quizás de manera más clara la convivencia de estrategias de integración vertical y diversificación. El Grupo tiene cuatro grandes “cabezas”: Banco Macro (financiera), Inversora Juramento (agro), Genneia (energía), y Anglia (bienes raíces). Y dentro de cada rama que se desprende de estas sociedades se dan las estrategias de integración vertical y horizontal. Genneia participa en distintos centros de generación eléctrica renovable con cierto grado de diversificación (solar y eólica), también en generación térmica y provee de servicios de transporte de gas natural. Con Anglia participa de desarrollos inmobiliarios y su explotación comercial. Con el Banco Macro y sus subsidiarias interviene en la renta financiera mientras que con Inversora Juramento se dedica a cultivos agrícolas y al negocio ganadero, integrado con el Frigorífico Bermejo.

El caso de Pagani es de integración horizontal. La estructura del entramado se caracteriza por un diseño mediante el cual a través del control de casi la totalidad (99,68%) de las acciones de Arcor S.A.I.C., la familia Pagani posee acciones de las distintas sociedades entre las que sobresale el 51% de Bagley Latinoamérica S.A. (a su vez, con esta empresa poseen el 23,69% de Mastellone Hermanos S.A., el 50,84% de Bagley Chile S.A., 51% de Bagley Do Brasil Alimentos Ltda., y 50,64% de Bagley Argentina S.A.) y el 23,69% de Mastellone Hermanos S.A. de manera directa.

Todos los entramados estudiados en el presente trabajo responden a esta lógica. No obstante, el caso que mejor refleja dicha realidad es el Grupo Clarín, en tanto en sus orígenes comenzó siendo un diario, y a lo largo de los años se constituyó en uno de los multimedios más poderosos de América Latina. Así, a lo largo de su evolución no solo desarrolló y adquirió señales televisivas del interior del país, señales de cable y de radio, sino que además luego de la compra del paquete accionario de Telecom Argentina, avanzó en la concentración de los servicios de telefonía fija, celular y provisión de internet que le garantizó dicha empresa, así como posteriormente a través de la adquisición de la empresa Cablevisión se adentró en el sector de la televisión por cable y la provisión de servicios de telecomunicaciones e internet por medio de la estructura técnica y comercial de Fibertel.

En esta expansión hacia arriba y los costados que cada entramado presenta como característica, no es casual encontrar sociedades con participaciones cruzadas. Por ejemplo, Rocca comparte con Clarín las inversiones en Impripost. Por su parte, Ledesma es socio de Mindlin en algunos de los proyectos y empresas energéticas“.

El informe completo

IG