El Gobierno recibe este lunes los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el próximo 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado hace 10 días recién serán girados este 21 de julio al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los diez días para que el Gobierno pueda vetarlos, como anunció el jefe de Estado.

Tras su sanción, las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, trámite que recién se terminó de cumplir este lunes, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2% de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima, de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

Qué dicen los proyectos

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó el 10 de julio y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno -algo que el Ejecutivo ya dijo reiteradamente que no ocurrirá-, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Con información de agencias y Chequeado

IG

En una sesión motorizada por la oposición y a pesar de el anuncio del presidente Javier Milei de vetar todo lo que se aprobara en el recinto, el Senado convirtió en ley este 10 de julio la actualización a $110.000 del bono de los jubilados que cobran la mínima, que pasará a actualizarse mensualmente por IPC, y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios.

Además, se sancionó también una prórroga de la moratoria previsional y convirtió en ley la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

En el cierre de la agitada sesión, le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos. De qué se trata cada ley aprobada en el Senado este 10 de julio.

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó este jueves y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado este jueves, y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Traspaso de recursos a las provincias

La oposición le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos.

Qué son los ATN, el eje de la disputa por fondos entre Milei y los gobernadores argentinos

La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos de parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei.

La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:

1. ¿Qué son los ATN?

Las normas de Argentina establecen que el 42,34 % de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.

Otro 56,66 % es “coparticipable”, es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.

El 1 % restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución-.

Es decir: la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación) pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional.

El fondo ATN ha sido, además, subejecutado desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023 pues no se distribuyó el total de los recursos del fondo.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 % del fondo ATN, mientras que en los primeros cinco meses de este año la ejecución alcanzó el 22 %.

El reparto también ha sido desigual entre los distritos. Desde que Milei es presidente, ocho no recibieron transferencias -entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.

2. ¿Qué cambio impulsan los gobernadores?

El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el alcalde de Buenos Aires -ninguno de ellos oficialista, aunque sí algunos han actuado como aliados del Ejecutivo- establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación.

Los gobernadores también pretenden la eliminación de fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

Esa eliminación de los fideicomisos permitirá que los fondos que reciben las provincias por lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos se incremente del actual 10,4 % a un 58,36 %.

3. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto?

La puja entre los gobernadores y Milei tiene como trasfondo el severo ajuste fiscal que el jefe de Estado puso en marcha a finales de 2023.

Como parte de ese ajuste, las transferencias del Tesoro nacional a las provincias cayeron en forma drástica, incluyendo los giros de los ATN, pero también otras partidas, una situación que ha afectado severamente las arcas provinciales.

La caída en los envío de ATN es evidente: mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, un desplome que en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que ronda el 200 % desde que Milei llegó al Ejecutivo.

4. ¿Por qué el Gobierno de opone?

El Ejecutivo argentino se opone al proyecto porque alega que conspira contra el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno.

Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal.

5. ¿Cuál es el impacto fiscal?

Según los gobernadores, su iniciativa no afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales pues, de acuerdo a sus cálculos, implicaría un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.

De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60 % del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49 % del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30 % del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025.

Otros cálculos, como el realizado por la Fundación Mediterránea, sitúan el coste fiscal del proyecto en 0,05 puntos del PIB.

Con información de agencias y Chequeado

IG

Después de la sesión fallida, después del veto presidencial del año pasado, después de 16 convocatorias de jubilados que, todos los miércoles de 2025, se movilizaron en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un aumento para las jubilaciones. Fueron 142 votos a favor: una mayoría contundente que, sin embargo, no llega a los dos tercios que la oposición necesitará conseguir cuando Javier Milei lo vete. La iniciativa pasará, ahora, al Senado para su sanción, y la oposición tendrá hasta entonces para conseguir el número que falta.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición aprobó un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y un aumento del bono para los jubilados que cobran la mínima, que pasará a ser de $110 mil y se actualizará por inflación. Acompañaron el peronismo, el pichettismo, la Coalición Cívica, la izquierda y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre.

Fue el propio presidente Javier Milei quien dejó en claro que nada de lo aprobado hoy pasará su filtro. En su cuenta de X escribió lo que ya había anticipado a lo largo del día su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el delicado equilibrio fiscal.

El PRO, que está preparando su fusión con LLA, salió en defensa del Gobierno, pero hubo algunos rebeldes. Silvia Lospennato, que reapareció por primera vez desde la derrota porteña, se abstuvo, así como también el resto de la tropa macrista: María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, entre otros. La UCR de Rodrigo de Loredo, mientras tanto, también se abstuvo.

La verdadera sorpresa, sin embargo, fue la aprobación de la moratoria previsional: con 111 votos a favor y 100 en contra, el peronismo logró darle media sanción a una nueva moratoria para los próximos dos años.

El palacio y la calle

La oposición había logrado construir una sesión que era una síntesis, la contracara, del malestar social que había ido intensificándose en los últimos días y llegó a su clímax este mismo miércoles, cuando los feminismos, los jubilados, los médicos del Garrahan, los científicos del CONICET y las personas con discapacidad se convocaron en las afueras del Congreso. Una postal de unidad de la calle y el palacio que la oposición utilizó como ariete durante toda la sesión.

“No podemos vivir en un país en donde los jubilados y pensionados se mueren de hambre todos los días”, comenzó Victoria Tolosa Paz (UxP), que se encargó de defender el 7,2% de incremento para todas las jubilaciones, que fue el incremento que Milei pisó al no incluir la inflación de enero de 2024 cuando modificó la fórmula jubilatoria. “La calle nos lo exige y no hay Patria pegándole a los jubilados, hay Patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”, insistió, y apuntó contra los partidos que no habían dado quórum: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”.

UxP impulsaba, además de la actualización del bono jubilatorio y el incremento para todas las jubilaciones, una moratoria previsional por dos años que permitiera incorporar al sistema a todas las personas en edad de jubilarse que no tenían la cantidad de años de aportes. Sospechaban que no tendrían el número, pero insistieron hasta el final y, finalmente, se aprobó.

“Con la situación actual 7 de cada 10 personas no se van a poder jubilar. Es de sentido común que lo justo es que la gente se pueda jubilar. ¿Qué es lo justo y que lo injusto? Para el Gobierno es justo que los que evadieron impuestos puedan blanquear. Y para los trabajadores nada. Los ricos que fugan son héroes, los pobres que están en la informalidad son villanos”, afirmó Itai Hagman (UxP), quien insistió en corregir una frase que se repitió durante el debate. Es decir, que las jubilaciones a la baja eran responsabilidad de las constantes moratorias. “Es falso porque el sistema previsional se financia más con impuestos regulares que por los aportes y contribuciones”, explicó.

La libertaria Juliana Santillán, que había asegurado en televisión que una familia podía vivir con $360 mil mientras se peleaba con una médica del Garrahan, no tomó la palabra en el debate, pero fue una protagonista del debate. “Parece que los funcionarios del Gobierno viven en una nube, no van al supermercado o no pagan un alquiler. No tienen idea de lo que cuesta vivir”, la cruzó Nicolás del Caño (FIT), en un reclamo que repetirían varios de los diputados de la oposición.

El oficialismo y sus aliados en el PRO y el radicalismo optaron por utilizar el argumento del equilibrio fiscal para justificar su rechazo a los proyectos. “Aquí la oposición se propone volver a un déficit y darle de lleno al plan de estabilización. No engañemos a la sociedad: este proyecto es un parche”, acusó la bullrichista Silvana Giudici, una de las más vehementes defensoras del Gobierno en el recinto.

“Estamos cansados del falso debate. Es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”, los cruzó la radical jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que dio quórum a contramano de lo que definió el resto del bloque que preside de Loredo. Solo ella, Fabio Quetglas y Julio Cobos habilitaron la sesión, el resto de la UCR apostó a boicotearla.

“Dejemos de decir que no hay plata, porque hubo para bajar impuestos a los más ricos y financiar a la SIDE. Los héroes del Presidente que no pagan aportes y contribuciones ahora van a acceder de manera gratuita a consagrar esa evasión mientras los jubilados tienen que elegir en la farmacia qué medicamento compran”, sumó Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que propuso revisar el gasto tributario para costear el costo fiscal de las medidas.

Santiago Santurio, uno de los integrantes de la agrupación de las Fuerzas del Cielo, apostó a una defensa política, apuntando todos los cañones contra el kirchnerismo. “Hablar de empatía es una caradurez. ¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? Ustedes gobernaron”, los cruzó, y agregó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza y de perjudicar a los argentinos de bien”.

El fantasma de un futuro veto presidencial, sin embargo, sobrevoló toda la sesión. La oposición había logrado sortear las presiones del Gobierno, había conseguido el quórum y había aprobado un incremento para los jubilados. La multipartidaria opositora estaba de fiesta, pero la experiencia del año pasado, cuando también sancionó un incremento jubilatorio que fue vetado por Milei, los hacía moverse con cuidado. La pelea recién había empezado.

MC/MG

El domingo 23 de marzo venció la moratoria que permitía a personas en edad jubilatoria “comprar” los años de aporte necesarios para acceder a una jubilación, y el Gobierno ya manifestó públicamente que no la prorrogará ni abrirá una nueva. Así, cada año alrededor de 200.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse, el 70% mujeres. Con facultades extraordinarias en materia previsional hasta diciembre de 2025, expertos alertan que el Ejecutivo podría avanzar en más reformas estructurales por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso.

Según el análisis del informe sobre Densidad de aportes al sistema previsional elaborado por Anses, dentro de la cohorte de varones que cumplió 64 años en 2024 (187.044 personas), solo el 42% accederá a una jubilación por contar con aportes completos. En el caso de las mujeres que cumplieron 59 años (216.022 personas), el panorama es aún más complejo: apenas el 17% tendrá derecho a una jubilación contributiva este año.

“Es una reforma previsional de hecho”, sentencia Víctor, miembro de Jubilados Insurgentes, en diálogo con elDiarioAR. Victor tiene 72 años y trabaja desde los doce en talleres, como cadete, e incluso en fábricas donde sus empleadores no le derivaron los aportes y no logró cumplir los 30 años necesarios a sus 65. Como se jubiló en 2018, cuando Mauricio Macri ya había creado la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y restringió las moratorias previsionales solo a mujeres vía la reforma previsional, no pudo acceder al derecho a jubilarse. 

En marzo, cobró una PUAM de $293.297 ($223.297 más un bono de $70.000) y calcula –dice que no está seguro, que entra la plata y la gasta y no cuenta mucho sus ingresos– que contó con unos $300.000 más por su trabajo como vendedor ambulante. “Debo vivir con $600.000 por mes. Por suerte tengo mi casa y estoy bien de salud, tengo algún problema de próstata, pero cualquier estudio que me hago me desbalancea todo el mes”, agrega y remata: “Es una catástrofe para los trabajadores. Se los quiero advertir, muchos van a tener que trabajar hasta que te den los huesos, como yo”.

Certificado de pobreza

El impacto de la primera moratoria previsional, entre 2003 y 2010, derivó en que la cantidad de jubilaciones y pensiones del sistema nacional pasara de 3,2 millones a 5,6 millones. Posteriormente, se implementaron tres moratorias adicionales en 2014, 2019 y 2023, esta última con vencimiento el 23 de marzo

Caído el régimen vigente, la alternativa para los adultos mayores que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos será aplicar al cobro de la PUAM –creada en 2016 por la Ley 27.260–,  que representa un 80% del haber mínimo. 

Una de las críticas que analistas previsionales le hacen a la PUAM, tiene que ver con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales para su acceso. “Tuve que presentar un certificado de pobreza”, recuerda Víctor. Los aspirantes no deben tener ingresos brutos anuales mayores a $3,5 millones; gastos que no deben superar en más del 30% de ese monto, y vehículos de un valor 1,5 veces mayor que el ingreso permitido.

Además, la PUAM “es un beneficio asistencial, no da derecho a pensión”, asegura el abogado previsional Facundo Fernández Pastor en diálogo con este diario. A diferencia de otras asignaciones sociales, “si una mujer cobra una PUAM y fallece su esposo que cobraba jubilación o pensión, tiene que elegir entre la PUAM y la pensión. Si fallece ella, la PUAM se termina”. 

El investigador principal del CIPPEC Rafael Rofman celebra esta herramienta pero asegura que es insuficiente porque no reconoce aportes. La PUAM no es contributiva, con lo cual una persona con 29 años de aportes tendrá el mismo beneficio que quien no hizo ninguna contribución al sistema previsional. 

Finalmente,  y al ser una opción que recién se habilita a los 65 años, retrasa cinco años la edad de retiro de las mujeres (60 años).

En respuesta a una consulta por este diario, en Anses aseguraron que los turnos que sacados hasta el 23 de marzo guardan el derecho a la moratoria, aunque sean para luego de esa fecha.

Otro golpe para las mujeres

El impacto es doble para las mujeres: por el aumento de hecho de la edad jubilatoria y porque solo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años tiene más de 25 años de aporte, según el cuarto informe de “La cocina de los cuidados”, difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según una encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo realizada por el Indec en 2021 (último dato disponible) la mayor carga de trabajo doméstico no pago recae sobre las mujeres, 90% versus 68% por ciento de los hombres; lo que reduce la posibilidad de sumar años de aporte. Si bien Anses mantiene el programa de Reconocimiento Previsional del Cuidado que otorga un año de aporte por hijo o hija, “carece de sentido si no empalma con una moratoria. El faltante de años de aporte es muy superior a la cantidad de años a computar por hijo, es decir que la vigencia de esta política sola no permitirá jubilarse a nadie”, asegura el informe del CELS.

El verdadero impacto

“La política previsional representa una de las más relevantes políticas públicas de Argentina, tanto por los recursos que gestiona (alrededor del 10% del PIB) como por el número de ciudadanos impactados por el mismo”, asegura la Propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino que elaboraron Rofman y Manuel Mera para CIPPEC y da un primer acercamiento de la obsesión de los sucesivos gobiernos con los y las jubiladas.

La eliminación de la moratoria previsional no solo dejará a cientos de miles de personas sin acceso a una jubilación, sino que también se enmarca en un contexto de reformas económicas que podrían modificar profundamente el sistema previsional argentino.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI, un porcentaje significativo en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto refuerza la hipótesis de que su eliminación responde, en parte, a la necesidad de reducir el gasto público.

Además, con la firma del DNU 70/23, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades extraordinarias en materia previsional hasta diciembre de 2025, lo que abre la posibilidad de profundizar esta reforma sin necesidad de aprobación legislativa. 

Entre las medidas que podrían implementarse, el abogado previsional Facundo Fernández Pastor alerta sobre la posible reducción de la tasa de sustitución, la quita de regímenes especiales (uno de los más significativos son los  beneficios jubilatorios docentes, que representan alrededor del 50%o del gasto total de estos regímenes de excepción); y finalmente volver a incorporar un sistema de capitalización.

La tasa de sustitución es el porcentaje del último salario que un trabajador percibe como jubilación. En Argentina, actualmente ronda el 60%, pero Fernández Pastor advierte que no es suficiente para implantar un sistema de capitalización, que sería el verdadero objetivo. “En Chile, la tasa de sustitución es del 18%, en Perú y Colombia del 20% y en México del 22%. Para avanzar en un modelo de capitalización como el que impulsó Macri en su gobierno, primero deben reducir la tasa de sustitución, que él ya había llevado al 40%”, explicó.

El futuro del sistema previsional queda así en una zona de incertidumbre. Con el fin de la moratoria, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres y el posible avance hacia una reducción de los haberes previsionales, Argentina podría estar transitando un cambio estructural que altere por completo la lógica de su sistema de seguridad social.

Este 23 de marzo vence el régimen vigente para saldar deuda previsional que permitía acceder a una jubilación a pesar de no tener los 30 años de aportes obligatorios. De esta manera, la única posibilidad por el momento de acceder a los beneficios de una jubilación para quienes no hayan podido completar los 30 años de aportes previsionales, es a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asegura a los mayores de 65 años un ingreso mensual, cobertura médica y asignaciones familiares.

Las claves para acceder a la PUAM

A quiénes les corresponde

A personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión. Antes de dar la pensión, la ANSES va realizar una evaluación socioeconómica y patrimonial para asegurar que el beneficio se dé a las personas que más lo necesitan. La pensión universal es no contributiva y por eso podés cobrarla aunque nunca hayas hecho aportes.

Requisitos

Monto

¿Cómo hago?

Acá, la norma completa.

Con información oficial.

IG

 “Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa”, dijo sin que hiciera falta que alguien más le recordara la frase del ex ministro de Seguridad del kirchnerismo. Quien esta vez habló fue el titular de la Anses, Mariano de los Heros, y fue para explicar así que el ajuste que el Gobierno de Javier Milei está haciendo sobre el gasto público, “la motosierra”, es sólo una sensación.

Heros fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann, quien le preguntó: “Da la sensación de que los que mayor motosierra recibieron fueron los jubilados”. El titular de la Anses respondió con la famosa frase de Fernández quien ante el aumento en el índice de delitos durante su gestión explicaba que la inseguridad era solo una “sensación”.

“La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números”, argumentó Heros al explicar porqué no considera que los jubilados estén sufriendo fuertes recortes en sus haberes.

Según el funcionario, los jubilados terminarán el año con un aumento real del 11%. “Se habla de la vulnerabilidad pero nosotros hemos cruzado información y el 25% de los jubilados por moratoria tienen ingresos superiores a $1.800.000, hacen declaración de Bienes Personales, tienen inmuebles y automóviles”, insistió.

En una entrevista con Radio Mitre, el Heros continuó: “Acá lo que tenemos que entender es que el crecimiento es generación de riqueza y eso únicamente lo pueden hacer los privados; el Estado no genera riquezas, el Estado cobra impuestos y gasta. Lo importante es dar las condiciones para que se genere riqueza y eso naturalmente va a mejorar la situación fiscal y ahí podemos discutir cómo asignamos esos recursos extra y los jubilados van a estar en prioridad”.

En ese sentido, continuó: “La primera noticia que es que no van a seguir perdiendo. Los jubilados, como todos los trabajadores, estamos mal, en una crisis que no generó este Gobierno. A partir de esa base tan de emergencia, podemos decir que paramos de caer y estamos empezando a levantarnos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente”.

Heros busco justiciar el recorte en las jubilaciones en la situación del Presupuesto propuesto para el año próximo:  “El gasto de la ANSeS representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023. Entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números, de dedicar los fondos disponibles, que no son infinitos, como dice el Presidente. Pero asignarlos eficazmente sin intermediarios a la población más vulnerable”.

Aumento de la edad jubilatoria

En otro tramo, confirmó que no se renovarán las moratorias vigentes –vencen en marzo– y que el Gobierno tiene intenciones de elevar la edad jubilatoria que hoy es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres: “Yo creo que en el marco de una reforma previsional que se debe la Argentina por tener el sistema quebrado y porque la realidad del mundo laboral ha cambiado en todo el mundo, se deben considerar varias variables, entre ellas la edad de jubilación”.

El titular de la Anses aseguró que la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria está comtemplada en el Pacto de Mayo firmado por los gobernadores y el Gobierno central: “No es un tema que se puede abordar de forma independiente y aislada. No sirve. Tenemos que dejar de hacer parches en el sistema provisional porque por hacer parches permanentemente la hemos terminado quebrando”, señaló.

Sobre la moratoria jubilatoria, agregó: “No la vamos a eliminar, sólo que no está previsto renovarla. Termina el 23 de marzo del año próximo y no está prevista la renovación. No va más”.

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025. Este programa le permite acceder a la jubilación a aquellas personas que tienen la edad reglamentaria (o están cerca de cumplirla), pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley. Es una situación que alcanza a gran parte del universo de los trabajadores, especialmente a las mujeres.

El titular del Anses, Mariano de los Heros, informó anoche ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo no tenía previsto extender ese programa. “La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo de los Heros ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.

El funcionario señaló que la “la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM”. “O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima”.

Al tratarse la ley Bases y a pedido de algunos bloques dialoguistas se eliminó el articulo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral.

La ley de moratoria sancionada el 28 de febrero del 2023 permite acceder a la jubilación a ese universo de 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria –60 años para las mujeres, 65 para los varones– que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado. Junto con su haber jubilatorio, pueden ir saldando el plazo adeudado.

Hoy las moratorias son la gran puerta de entrada de los mayores al derecho de la jubilación. De los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3,3 entraron por esta vía; el 66%. El sistema de moratorias se inició en 2006 y busca dar respuesta a un desafío que es estructural: la alta informalidad del empleo, que hace que apenas un 20% de la población llega a la edad jubilatoria con los aportes completos, aun si trabajó toda la vida.  

El Plan de Pago de Deuda Previsional al que se refirió de los Heros habilita la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre del año 2008 y, según cálculos iniciales de la Anses, preveía la inclusión al sistema de alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en un plazo de dos años, el 60% mujeres. 

MT

En la semana del Día del Trabajador, el Gobierno nacional lejos de conmemorar, llamó a los argentinos “de bien” a continuar sacrificándose por el “beneficio de la Nación”, licuó una vez más el Salario Mínimo Vital  y Móvil (SMVM) y logró la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En el Boletín Oficial de hoy, viernes 3 de mayo, se publicó la decisión de incrementar el SMVM, tras un nuevo fracaso en la reunión del Consejo que debía acordar su monto. Para el mes de abril, se fijó en $221.052 (un 9% más que en marzo) y para mayo $234.315 (un 6% extra). 

Lejos del escenario de recuperación que sostiene el Presidente en su discurso, esto implica continuar en la senda de pérdida del poder adquisitivo del SMVM, que en mayo se ubica 30 puntos por debajo del nivel de noviembre del año pasado. Todo ese derrumbe, como puede observarse en el gráfico a continuación, se produjo en los dos primeros meses del gobierno de Javier Milei y, luego de la licuación, se mantiene prácticamente congelado.

Para recuperar el nivel de noviembre, el SMVM en mayo debiera haberse establecido en $335.200, $100.000 más de lo fijado por el gobierno. De este modo, se deja en un piso este valor que representa la menor remuneración que debe recibir un trabajador en su jornada legal de trabajo. Pero a su vez, impacta negativamente en otras prestaciones: por ejemplo, la prestación por desempleo no puede ser inferior al 50% de dicho monto, y la prestación del Programa Acompañar, para mujeres y LGTBI+ en contextos de violencia de género perciben un SMVM durante 6 meses. El programa Potenciar Trabajo, que implicaba una prestación del 50% del salario mínimo, fue desarticulado en dos programas, cuyos importes no se encuentran ya ligados a la evolución de esta variable.

Otro grupo de afectados por esta licuación del SMVM son las jubiladas y los jubilados. A diferencia de lo que suele repetirse muchas veces para criticar la política de moratorias, que se derogará si el Senado convierte en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, quienes accedieron a la jubilación con más de 30 años de aportes, tienen garantizado un haber equivalente al 82% del SMVM. Si el haber es menor a ese monto, el jubilado recibe un complemento que lo equipara. Esto debería constituir un “extra” que suba el piso del haber percibido. Sin embargo, el atraso del SMVM hace que este monto sea insignificante: $9.980 para abril y $1.997 para mayo. Si el salario mínimo se ubicara a niveles de noviembre, este grupo de jubiladas y jubilados estaría percibiendo un complemento de $84.700. Una vez más entonces, mientras desde el discurso el gobierno dice querer mejorar los haberes previsionales, y premiar a quienes aportaron, en la práctica lleva a cero este extra del 82%.

Esta deslegitimación y cuasi vaciamiento de la herramienta del salario mínimo –y del complemento que garantiza el 82% para jubiladas y jubilados– es una manifestación más del ataque a la clase trabajadora y de la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados del capital. Si repasamos la ley Bases, que obtuvo media sanción el día martes, no encontramos una sola medida, un solo artículo que beneficie a los laburantes. Esta situación quedó más que explícita cuando en los canales de televisión se les preguntó de manera directa a los representantes del oficialismo y no pudieron apelar a un solo artículo.

Lo que sí encontramos en este proyecto de ley son todo tipo de beneficios para los empleadores: un “blanqueo” de trabajadores, que les condona a los empleadores que no realizaron los aportes correspondientes la deuda por capital e intereses, así como las  infracciones, multas y sanciones, los exime de la acción penal y del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), sin ninguna distinción entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. A su vez, no prevé ningún tipo de sanción: en proyectos anteriores de este estilo, se caía el beneficio si, luego de la regularización, se detectaba que había otros trabajadores sin registración o si se reducía la planta de trabajadores.

En lo relativo a la llamada “modernización laboral”, se derogan todo tipo de sanciones por registración deficiente o nula de trabajadores. Si ya no hay castigo por no inscribir a un trabajador, ¿cuál sería entonces el incentivo para hacerlo? Además, crea una nueva figura del “trabajador independiente con colaboradores” que deja sin derechos a dichos “colaboradores” ya que los considera “autónomos” entre sí, negando la relación de dependencia misma, y así, los derechos a ella asociados: ni aguinaldo, ni vacaciones, ni licencias de ningún tipo.

Asimismo, se habilita la extensión del período de prueba (de los 6 meses actuales a 1 año en caso de empresas con hasta 5 trabajadores, u 8 meses para empresas hasta 100 trabajadores) y la creación de fondos de cese (el tan nombrado modelo UOCRA) mediante los convenios colectivos de trabajo. De este modo, se facilita el despido, reduciendo los costos del mismo. Bajo este modelo, en lo que va del año, ya se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la actividad de la construcción según datos de la Cámara de dicho sector.

Si la Ley Bases se aprueba, a la transferencia regresiva de ingresos impulsada desde el Poder Ejecutivo, de la que hemos dado ejemplo en esta nota a través del salario mínimo, vital y móvil, se le incorporaría una herramienta jurídica que consolida la degradación del trabajo en relación de dependencia tal y como lo conocemos, pese a que no hay ninguna evidencia histórica que demuestre que recortando derechos laborales se promueve el empleo registrado. Dependerá de la decisión que tomen Senadoras y Senadores, y eventualmente la Justicia.

Los últimos días, antes de la maratónica sesión para tratar la ley Bases en Diputados, estuvieron plagados de datos económicos: 

Sin embargo, el dato apareció la semana pasada en el Congreso. Tras el fracaso de una sesión impulsada por Unión por la Patria que buscaba dar respuesta a los millones de personas que se movilizaron en defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad, el oficialismo logró dictaminar y convocar para su tratamiento el lunes próximo su tan anhelada ley ómnibus. Esta vez, en dos tramos: un paquete fiscal que beneficia a un sector minúsculo de la sociedad mientras castiga a las mayorías, y una “ley Bases” que consolidaría –quizás para siempre– una Argentina primarizada, extranjerizada y subdesarrollada. Son las dos caras de una moneda: un país para pocos.

Al igual que en su primera versión, el proyecto contiene un sinfín de temáticas: delega facultades en el Presidente, habilita la privatización de empresas, prácticamente confisca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG) –al quitarle los títulos públicos que están en su poder–, cercena los derechos de los trabajadores con una regresiva reforma laboral, otorga cuantiosos beneficios impositivos para “grandes” inversiones –en detrimento de las obligaciones tributarias de las pymes– y suprime el derecho a la jubilación de millones de personas.

La mayoría de las cuestiones han sido discutidas largamente en estos cuatro meses que pasaron desde la primera vez que ingresó el proyecto al Congreso. Por ello, me detendré en una cuestión “novedosa”: la derogación de la moratoria previsional. Este capítulo de la ley, ausente en la versión original, se incorporó –como artículo final– hace un mes, y en esta versión final aparece acompañado de otro artículo que condena a millones de ciudadanos –pero principalmente ciudadanas– a ingresos de miseria. 

La política de moratorias ha sido ampliamente criticada por un sector de la política. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ha mostrado en más de una oportunidad su oposición y hoy sabemos cuál es su propuesta alternativa: si no tenés 30 años de aportes, te corresponde la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), una creación del macrismo. Esta prestación es un 80% de la jubilación mínima: en abril fue de $137.000. Incluso con el bono de $70.000 –congelado desde marzo–, la PUAM no cubre la canasta mínima de una sola persona sino apenas el 75%. 

No sólo el problema es el monto a cobrar, sino que, además, para las mujeres representa una situación bastante más desventajosa que la actual política de moratoria: para acceder a la PUAM deben haber alcanzado los 65 años, en vez de los 60. A su vez, no puede acumularse con otra pensión, por lo cual, por ejemplo, si un/a viudo/a cobra una pensión por fallecimiento del cónyuge, no es susceptible de ingresar a la PUAM. Por último, no es pensionable. ¿Qué significa esto? Que en caso de fallecimiento, a diferencia de una jubilación, su beneficio no se traslada al cónyuge ni a los hijos con discapacidad o menores de 18 años. La PUAM es la precarización de una situación ya de por sí precaria de jubilados y jubiladas de la mínima. Esa es la salida que le ofrece La Libertad Avanza a los millones de personas que están cercanas a la edad jubilatoria pero no cuentan con los años de aporte.

Una vez más, el discurso del gobierno se contradice con la práctica: dicen querer mejorar los haberes jubilatorios, pero en realidad quieren recortarles un 20%, además de haberlos licuado un 31% interanual como se observa en el gráfico precedente y ahora congelado vía modificación por DNU de la fórmula de movilidad previsional.

Más allá de las implicancias prácticas que tendría este apartado de la ley, la cuestión es por qué hizo (y hace) falta una política de moratoria: el punto de partida es el reconocimiento por parte del Estado de un problema estructural que es anterior al momento de la política pública. En el caso de la moratoria hoy vigente, los períodos que se pueden “comprar” de aportes son precedentes al 2008: durante los 15 años anteriores la tasa de desocupación en Argentina superó los dos dígitos y la tasa de informalidad alcanzó picos del 50%. Ese período, paradójicamente, coincidió con una serie de reformas en el mercado laboral que decían orientarse a la inclusión laboral pero que finalmente sólo permitieron reducir costos a los empleadores –en línea con las reformas al mercado laboral que hoy se proponen en este proyecto de ley, y cuyos negativos efectos ya vivimos en Argentina–.

Ante largos períodos de desocupación e informalidad laboral, una buena porción de trabajadores no logra cumplir con el mínimo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria. Esto afecta de manera diferencial a las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad. Por eso, actualmente el 78% de las mujeres que accedió a una jubilación lo hizo vía moratoria. 

Por último, en este contexto de embate contra el pueblo trabajador, es preciso poner en cuestión la lógica de la derogación de la moratoria, que culpabiliza al trabajador sin aportes, castigándolo con una PUAM en vez de una jubilación, mientras sí se realizan moratorias para deudas tributarias, aduaneras, para blanquear capitales. A quienes sí son responsables de no haber cumplido sus obligaciones ante el fisco, facilidades; a quienes trabajaron toda su vida, pero sus empleadores no les hicieron los aportes, pensiones de miseria. 

Desde 1904, cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado y la Jubilada en Argentina. En esta fecha, hace 119 años, se sancionó la primera ley de jubilación que alcanzaba a funcionarios, empleados y agentes civiles estatales y, luego, se extendería a otros sectores.

De la mano de la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la normativa dio origen al sistema contributivo argentino en el que cada uno de los trabajadores alcanzados debía aportar una parte de su sueldo para el momento en que debía abandonar la actividad como consecuencia de la edad. El modelo planteaba un esquema de capitalización individual, que medio siglo más tarde, fue reformado por Juan Domingo Perón para dar lugar a un sistema de reparto que continuó vigente hasta 1994.

Fue precisamente durante la presidencia de Carlos Menem, a 90 años del nacimiento del sistema previsional, que comenzó a implementarse un sistema de contribuciones privadas, popularmente conocido como Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este modelo ─objeto de múltiples críticas─ permitía que empresas privadas gestionaran los aportes de los trabajadores para su eventual retiro.

Este sistema encontró su fin en 2008, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó a un modelo de reparto que se sigue utilizando hoy en día. Con la promulgación de la Ley 26.425, el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación estableció un sistema previsional de carácter público y obligatorio.

El sistema previsional argentino y los regímenes de excepción

El Boletín Estadístico de Seguridad Social elaborado por la ANSES indicaba que, hacia mediados del 2023, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contaba con un total de 5,7 millones de jubilados y pensionados.

Este sistema, que alcanza a los trabajadores registrados mayores de 60 (mujeres) y 65 años (hombres), cuenta con 7 regímenes especiales oficiales para docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial y del Servicio Exterior y trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) en Río Turbio.

Una investigación de Chequeado reveló, sin embargo, que en realidad existen alrededor de 200 regímenes de excepción que representan unos 4,2 millones de beneficios, según datos de la consultora Invecq. A esto se suman las moratorias que permiten que trabajadores que no han alcanzado los 30 años mínimos de aportes puedan tramitar su jubilación y cubrirla con un plan de facilidades de pago.

ACM

La ANSeS comenzó a ofrecer turnos los sábados para iniciar trámites jubilatorios, en el marco del Plan de Pago de Deuda Previsional.

La medida se aplica desde el último fin de semana en aquellas localidades con mayor demanda y continuará durante los siguientes, en el horario de 8 a 14.

Según la ANSeS, más de cien oficinas están abiertas los sábados en distintas localidades del país, “para que más de 3500 argentinas y argentinos que cumplen los requisitos comiencen su trámite jubilatorio de forma simple, gratuita y sin intermediarios”.

Para poder concurrir un sábado, hay que sacar turno en la web del organismo: www.anses.gob.ar, ir a Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional -Asesoramiento.

Ese Plan permite acceder a una jubilación a personas que necesitan regularizar su deuda de aportes previsionales.

Pueden tramitar el haber previsional aquellos que ya alcanzaron la edad jubilatoria (60 años en las mujeres, 65 en los hombres) pero que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos.

Se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, que se descontarán mensualmente del haber jubilatorio.

El Plan es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

Claves del Plan de Pago de Deuda Previsional

Para que las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos, puedan saldar su deuda y acceder al derecho a su jubilación. Recordá que el trámite es simple, gratuito y no necesitás intermediarios.

En qué consiste

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite acceder al derecho a una jubilación a personas que necesitan regularizar su deuda de aportes previsionales.

Quiénes pueden acceder

Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos

Qué períodos podés regularizar

Cómo realizar el trámite

Accedé al Plan de Pago de Deuda Previsional en 3 simples pasos. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Qué podés hacer antes de que llegue el día del turno

En caso de que tengas certificaciones de servicio de actividades laborales que hayas realizado, recordá traerlas.

Si sos mujer y tenés hijas y/o hijos, revisá que tus vínculos familiares estén actualizados y acreditados en mi ANSES. En caso de que no los tengas actualizados, el día del turno vas a tener que traer tu DNI y las partidas de nacimiento de cada una de tus hijas e hijos para poder computar los períodos de aportes por Tareas de Cuidado.

Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria (Próximamente)

Mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

Qué períodos podrán regularizar

Podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Las personas podrán identificar los períodos de aportes a regularizar y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades.

Con información de ANSES.

IG

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya inició 2.290 trámites jubilatorios en el primer día de vigencia del Plan de Pago de Deuda Previsional, aprobado recientemente a través de la ley 27.705.

Así lo informó este martes el ente previsional en un comunicado en el que también precisó que la directora ejecutiva, Fernanda Raverta, acompañó en la jornada de ayer a los trabajadores de la oficina de Anses en la localidad bonaerense de Boulogne.

“Hoy es un día muy importante porque empezamos a jubilar, gracias a la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, a hombres y mujeres que trabajaron toda su vida y tenían la edad de jubilarse, a quienes muchos de ellos sus empleadores no les hicieron los aportes y no reunían los años que pide la Ley”, destacó Raverta.

En ese sentido se dirigió a quienes iniciaron el trámite para jubilarse: “Hoy los abrazamos fuerte y les decimos que lo que estamos haciendo es ni más ni menos que reconocer tanto esfuerzo, tanto trabajo durante toda su vida y que, por eso, merecen jubilarse”, manifestó.

Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, quienes no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.

La Anses informó que quienes quieran solicitar turno deben ingresar con Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar; Turnos y seleccionar la opción Para Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento Jubilación.

El beneficio alcanza a mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos, y en ambos casos podrán regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

El organismo indicó que “el Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021”, y que “el monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente”.

Con información de Télam.

IG

Tras la sanción de la nueva moratoria previsional y su reglamentación, la ANSES fijó los límites para que una persona pueda acceder al plan de pagos.

Mediante una Resolución 5345/2023 firmada por los titulares de ANSES, Fernanda Raverta, y de AFIP, Carlos Castagneto, se determinó que para inscribirse en la moratoria el ingreso bruto promedio mensual correspondiente a los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación, no supere el límite vigente para acceder a la asignación familiar por hijo.

De acuerdo a la última tabla publicada por el organismo ese monto sería de $316.731.

Para este análisis se tendrán en cuenta los sueldos brutos en relación de dependencia, los haberes previsionales brutos y los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias y/o el rango de ingresos brutos anuales declarados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), precisó la resolución.

Además, el patrimonio declarado sobre bienes personales no podrá superar 2,4 veces el importe anualizado de la asignación familia por hijo, es decir, $9.121.852,8.

Asimismo, no podrán tener un automotor informado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor que supere una vez el importe anualizado del referido ingreso, a la fecha equivalente a $3.800.772.

Para este fin se exceptúan las maquinarias agrícolas, que no registren la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de nueve metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina.

No se toman en cuenta para el cálculo de patrimonio los inmuebles que son de residencia permanente.

Asimismo, el gasto y consumo cuyo promedio mensual correspondiente a los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación no puede superar el 80% del límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar. Este valor sería equivalente a gastos y consumos no superiores a los $255.000.

La resolución

Las claves, paso a paso

En qué consiste

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite acceder al derecho a una jubilación a personas que necesitan regularizar su deuda de aportes previsionales.

Quiénes pueden acceder

Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos

Qué períodos podés regularizar

Cómo realizar el trámite

Accedé al Plan de Pago de Deuda Previsional en 3 simples pasos. 

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El día del turno vamos a actualizar y acreditar tus datos personales. Además, vamos a realizar una evaluación socioeconómica sobre tus ingresos, gastos y patrimonio. En función de este resultado y según la cantidad de períodos de deuda que debas cancelar, una trabajadora o trabajador de ANSES te va a explicar a qué tipo de Plan de Pago vas a poder adherir. Si estás de acuerdo, vas a poder aceptarlo y, a partir de ahí, comenzaremos los procesos administrativos necesarios para que puedas acceder a tu jubilación.

Tu jubilación ya fue otorgada

Te vamos a notificar que tu jubilación ya fue otorgada a través de SMS o correo electrónico. También vas a tener la posibilidad de consultar a través de mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social el estado de tu trámite.

Una vez que te hayamos notificado, vas a poder visualizar tu fecha y lugar de cobro en mi ANSES.

Qué podés hacer antes de que llegue el día del turno

En caso de que tengas certificaciones de servicio de actividades laborales que hayas realizado, recordá traerlas.

Si sos mujer y tenés hijas y/o hijos, revisá que tus vínculos familiares estén actualizados y acreditados en mi ANSES. En caso de que no los tengas actualizados, el día del turno vas a tener que traer tu DNI y las partidas de nacimiento de cada una de tus hijas e hijos para poder computar los períodos de aportes por Tareas de Cuidado.

Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria

Mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

Qué períodos podrán regularizar

Podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Las personas podrán identificar los períodos de aportes a regularizar y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades.

Con información de agencias.

IG

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió en las últimas horas que las personas que accedan a la nueva moratoria jubilatoria que aprobó el Congreso a finales de febrero, o que estén cursando un plan de pagos para acceder a una jubilación, no podrán acceder a la compra de dólar ahorro ni de dólar bursátil (MEP o CCL).

La restricción se aplicará sobre el cupo de US$ 200 mensuales para la compra de “dólar ahorro”, que cotiza a $356 por dólar, valor que resulta de sumar el 30% del impuesto PAÍS y un anticipo de 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias al valor del dólar oficial, o el que se obtiene de la compra-venta de títulos en el mercado de capitales, que se consiguen en torno a $391 (MEP) y $402 (CCL).

Según detalló el BCRA en un comunicado, tendrán “restringida la dolarización directa o indirecta, vía mercado de valores, de sus excedentes económicos” aquellas personas que estén “en condiciones de acogerse al plan de pago de deuda previsional dispuesto por la Ley 27705, en la medida que se presenten a requerirlo, u otro plan de regularización de deuda previsional, hasta tanto hayan cancelado la deuda”.

Esta restricción se suma a otra de las condiciones fijada por la Comunicación “A” 7105 de 2020 del BCRA, que no considera admisible el cupo para quién “sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social”.

En octubre de 2020, el Banco Central dispuso prohibir la compra para atesoramiento de divisas para los funcionarios del máximo nivel de la administración pública, los legisladores nacionales y los directivos de entidades bancarias oficiales.

Tampoco pueden comprar dólar ahorro los que accedieron al dólar MEP o CCL en los últimos 90 días, monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada, individuos que gastaron con tarjeta su cupo de US$ 200, personas que tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito, aquellos que refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios, entre otros criterios.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno promulgó la ley de moratoria previsional que, según estimaciones oficiales, beneficiará a unas 800.000 personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes requeridos.

Se trata de la Ley 27.705, que aprueba el “Plan de Pago de Deuda Previsional”, que fue sancionada recientemente por el Congreso y que ahora comenzó a regir tras su publicación, este martes, en el Boletín Oficial.

La promulgación llega horas después de que un comunicado de La Cámpora expresara que el 28 de febrero “logramos la aprobación de la ley que beneficiará a 800.000 argentinos. Esperemos que el Presidente, que solicitó el tratamiento del proyecto en extraordinarias, ahora la promulgue”.

Además, la agrupación kirchnerista apuntó contra el FMI, al señalar que “el mismo organismo que decidió dar el préstamo más grande de su historia en tan corto tiempo habla de una ley de moratoria imprevista de pensiones para asegurar los objetivos fiscales. Pues bien, ¿qué significa imprevisto para la titular del Fondo y sus caros técnicos?”.

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes.

Según la ley, el primer grupo de beneficiarios son quienes ya cumplieron la edad jubilatoria y podrán regularizar las deudas de aportes anteriores a diciembre de 2008; los pagos serán descontados automáticamente de la jubilación que percibirán mensualmente.

Quienes estén a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria, podrán regularizar pagos pendientes anteriores al 31 de marzo de 2012.

El aporte se calculará por una Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) y el monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible, que equivale a unos $5.730 a marzo de este año.

La deuda total se puede cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo con la cantidad de años que se quieran pagar.

El valor de la cuota se irá ajustando según la movilidad jubilatoria, en forma trimestral.

Del los 7,2 millones de jubilados que hay en la Argentina, la mitad obtuvo su haber previsional a través de leyes de moratoria, según indicó la ANSeS.

Ese organismo puntualizó que solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones alcanzan la edad jubilatoria con 30 años de aportes; en promedio, los trabajadores registrados cuentan con apenas entre 14 y 17 años de aportes.

Con información de agencias.

IG

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó una nueva moratoria previsional para aquellos ciudadanos que alcanzaron la edad jubilatoria, pero carecen de los 30 años de aporte correspondientes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estimó que la medida permitirá que 800.000 personas puedan cancelar su deuda previsional para jubilarse este año, mientras que otras 900.000 podrán identificar anticipadamente los aportes que deben.

“En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual, pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y, por eso, no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación”, aseguró Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto. El dirigente peronista también señaló que el 65% de los jubilados de Argentina accedieron a los haberes gracias a una moratoria, lo que permitió que el 95% de las personas con la edad correspondiente estén jubiladas.

Actualmente están vigentes dos moratorias, según indica la página web del gobierno nacional: la Ley 24.476 que cubre el período 01/01/1955 al 30/09/1993 y la Ley 26.970, disponible únicamente para mujeres de entre 60 y 65 años, que cubre el periodo 01/01/1955 al 31/12/2003. La nueva ley de moratoria todavía no ha sido promulgada por el presidente y, hasta entonces, no se podrán iniciar los trámites de inscripción.

Quiénes podrán regularizar la deuda previsional

La nueva ley de moratoria previsional prevé la regularización de la deuda para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más que carecen de 30 años de aporte. En este caso, el artículo 3 de la normativa habilita la regularización de los períodos faltantes anteriores a diciembre de 2008, inclusive. La cancelación de esta deuda se podrá hacer en cuotas mensuales calculadas adhiriendo a la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP), la cual regirá por dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley. El monto a pagar en cada mes equivale al 29% de la remuneración mínima imponible.

La moratoria también estará disponible para mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que saben de manera anticipada que no contarán con los 30 años de aporte al momento de jubilarse. En este caso, se podrán cancelar deudas de períodos anteriores al 31 de marzo de 2012.

ACM con información de Télam

En el medio de la negociación para rever las metas trimestrales de acumulación de reservas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Frente de Todos sorprendió ayer logrando el apoyo de ciertos opositores para aprobar la moratoria previsional y permitir que se jubilen 800.000 personas con la edad necesaria pero sin los aportes suficientes. Fuentes de confianza de los funcionarios del FMI comentaron que la sanción de la ley “al menos compromete” la negociación porque “los dejó desconcertados”. Agregaron que el ministro de Economía, Sergio Massa, les había prometido que no se aprobaría. Pero en el Palacio de Hacienda lo niegan y confían en que en las próximas horas terminará la discusión de su equipo en Washington, con Gabriel Rubinstein a la cabeza, para lograr la adecuación de las metas a un contexto de guerra en Ucrania y a la sequía agravada por la crisis climática.

En las revisiones del programa en 2022, el Fondo ya había advertido contra moratorias que eleven el gasto de la Seguridad Social. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó en octubre pasado un informe que calcula que en el primer año de vigencia de la ley el costo fiscal será del 0,27% del PBI y en el segundo, del 0,42%. Las nuevas jubilaciones implicarán un 0,39% y un 0,54%, respectivamente, pero a eso hay que restarle los aportes adeudados que cancelarán los trabajadores, que equivalen al 0,12% el primer año y al 0,09% el segundo.

El déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) fijado en el presupuesto 2023 y en el acuerdo con el FMI es del 1,9% del PBI. O sea, con esta moratoria se elevaría al 2,17%. Es de prever que el Fondo se mantenga firme en reclamar su meta. Por tanto, habrá que ver de dónde se generarán los ingresos o se recortarán los gastos para atender a los nuevos jubilados.

Ya en 2022, cuando el kirchnerismo impulsó en el Senado el proyecto de ley, con el apoyo de la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la camporista Fernanda Raverta, surgieron chisporroteos con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. El ex jefe del Palacio de Hacienda se oponía a la moratoria no sólo porque lo desviaba de su meta fiscal del año pasado, del 2,5% del PBI, sino porque consideraba que resultaba injusto darle la jubilación a algunos de los 800.000 potenciales beneficiarios que no habían aportado lo suficiente pero sí habían acumulado riqueza durante sus vidas laborales. Por eso, le parecía más justo que se les dé la pensión universal de adulto mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. El gobierno de Mauricio Macri creó la PUAM en 2016, pero en 2019 la limitó a aquellos que estuvieran por debajo de ciertos topes de ingresos en el último año, de patrimonio declarado en el impuesto de bienes personales, de valuación de sus autos y de consumos con tarjeta. A partir de entonces tampoco pudieron obtenerla los dueños de aviones o de barcos de más de 9 metros de eslora (largo). Con el mismo argumento, tanto Guzmán en su momento como ahora Juntos por el Cambio han rechazado esta moratoria recién sancionada.

AR

Tras alcanzar un ajustado quórum en el recinto, el Frente de Todos logró habilitar una sesión luego de tres meses y al cabo de un tenso debate con la oposición consiguió aprobar el proyecto de regularización de deudas previsionales.

Con 134 votos afirmativos y 107 negativos, el oficialismo logró la sanción de esta moratoria previsional que permitirá que cerca de 800.000 personas que no llegan a los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.

A través de un comunicado, Juntos por el Cambio había adelantado momentos antes de iniciarse la sesión su rechazo a la moratoria previsional por considerarla un “parche” que no hace justicia con las personas que aportaron a la seguridad social toda la vida.

Para la principal coalición opositora, “el sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad: debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado”.

El oficialismo había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vilca), dos diputados del Frente de la Concordia (Diego Sartori y Carlos Fernández) y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11hs todavía le restaban cuatro representantes para llegar al número de 129.

A último momento ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguido de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño. Con la sesión iniciada, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto para participar del debate.

La Cámara baja no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, hace más de tres meses: en diciembre hubo tres sesiones que se cayeron estrepitosamente por la reticencia de Juntos por el Cambio a otorgar quórum, en el marco de su pelea pública con el Frente de Todos por el conflicto del Consejo de la Magistratura.

La otra iniciativa que acompaña el temario es la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, que en la medianoche del martes perderá estado parlamentario, por lo que urge su aprobación. Lo mismo sucede con la moratoria previsional, ya que la última caducó el 31 de diciembre pasado, y sin este mecanismo las personas que hicieron 30 años de aportes no pueden reestructurar sus deudas previsionales para ingresar al sistema y recibir las prestaciones jubilatorias y de obra social (PAMI).

Este plenario se desarrolla un día antes de la Asamblea Legislativa que será encabezada por el presidente Alberto Fernández y dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias.

Según se acordó en Labor parlamentaria, la sesión trata 12 cuestiones de privilegio, tres homenajes y dos apartamientos de reglamento. Un apartamiento de reglamento planteado por la diputada radical Carla Carrizo ya fue rechazado. Acto seguido, comenzará primero el debate de los proyectos de moratoria previsional y luego el de digitalización de historias clínicas.

Antes de la sesión, desde JxC ratificaron su decisión de no dar quórum y a través de un comunicado rechazaron “la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados”, a la vez que consideraron que “es urgente abordar con seriedad una reforma integral del sistema previsional”.

Pasadas las 12.30, los diputados comenzaron a tratar los proyectos, cuyo plenario demandará al menos unas 6 horas de debate: 5 de moratoria (por 41 intervenciones individuales) y 1 de historias clínicas (por 10 individuales). La sesión se realiza con la presencia en los palcos de jubilados y asociaciones gremiales y sociales a favor de la ley previsional.

En cuanto a la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, de no ser aprobada antes de la medianoche del martes, perderá estado parlamentario. El programa de regularización de deudas previsionales ya que caducó el 31 de diciembre pasado, y sin su prórroga deja a cerca de 800.000 personas sin los 30 años de aportes fuera de la posibilidad de jubilarse.

La Cámara Baja no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, ya que en diciembre hubo tres sesiones que fracasaron por la falta de quórum por parte de JxC, en medio del conflicto por el Consejo de la Magistratura. En esta ocasión, se sesiona en medio del juicio político a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Raverta: “Esta herramienta no es ni para el ANSES ni para el Gobierno”

Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de la ANSES, destacó ayer lunes la importancia del proyecto de moratoria previsional: “Tengo esperanza de que los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para ANSES ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando”, afirmó.

El plantear una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica) cargó contra el oficialismo por utilizar la “mayoría automática” que detenta en la comisión de Juicio Político para convertirla en “una comisión de inteligencia de hecho”.

Para el opositor, “con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera”.

A su criterio, esta supuesta “comisión de inteligencia” es comandada por (Leopoldo) Moreau“ y tiene como ariete al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, a quien definió como ”el soldado que hace los pedidos de prueba“ de forma indiscriminada.

Por su parte, la diputada del Frente de izquierda Romina del Plá usó una cuestión de privilegio contra su par de Avanza Libertad José Luis Espert por lo que catalogó como un “ataque fascista” al movimiento piquetero. 

La legisladora del partido Obrero se refirió así a la expresión “cárcel o bala” que en varias oportunidades el referente libertario profirió contra el dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, y que desde la izquierda interpretan como una “amenaza de muerte”.

La sesión atravesó otro momento de tensión y zozobra cuando Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) denunció a los gritos la presencia en los palcos del recinto de Carlos Ortega, el gremialista de la seguridad social al que le atribuyó la autoría intelectual de los afiches de escrache hacia los legisladores nacionales que están en contra del proyecto de moratoria previsional.

Los carteles en cuestión, que fueron colgados en distintas dependencias de ANSeS, mostraban los rostros de los diputados opositores, acompañados de la inscripción: “Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Legislan para un pueblo que odian”.

Al identificarlo en una de las plateas del recinto, Camaño reclamó que “ese personaje se retire”.

Tras este incidente, la Cámara de Diputados rechazó tratar sobre tablas un proyecto de resolución impulsado por Juntos por el Cambio para repudiar los carteles de escrache.

El debate por la moratoria previsional 

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, fue el primer orador que intervino en el debate para defender la iniciativa.

El economista puntualizó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% lo hizo a través de las distintas moratorias que se ejecutaron.

“Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, destacó, y resaltó que la razón que motiva este tipo de herramientas es el “gravísimo problema” que tiene el país en materia de informalidad laboral.

Además, especificó que “una inmensa mayoría” de las personas que no llegan a los 30 años de aportes porque trabajaron en la informalidad “son mujeres”.

Y de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares”, especificó, por lo que criticó a quienes dicen que esas personas “no tienen aportes porque no quisieron”. 

El banquero le concedió a Juntos por el Cambio que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

La titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, completó el tiempo del bloque oficialista para defender el dictamen de mayoría. 

La diputada kirchnerista retomó parte de la argumentación de Heller y señaló que “9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres” no puedan acceder al sistema jubilatorio, y ese “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”, dijo sobre el mecanismo que le permite a las personas que estén hasta 10 años de cumplir la edad jubilatoria a adelantar los años de aportes que ya saben de antemano que no van a tener una vez que lleguen a la edad de retiro.

Uceda llamó a “derribar los mitos” que a su entender construye la oposición para desacreditar la moratoria previsional, como por ejemplo que las personas que no trabajaron no merecen acceder al derecho a jubilarse.

“Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado”, aclaró.

Además resaltó las ventajas del haber jubilatorio respecto de la Pensión universal a la Adultez Mayor (PUAM), cuyos beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima.

“Además no es contributiva, no es heredable”, acotó sobre la prestación creada por ley por impulso del Gobierno de Mauricio Macri.

A continuación tomó la palabra el autor del dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace (Evolución Radical), quien sostuvo que esta nueva moratoria tiene un “primer problema que es de equidad contributiva”, ya que “no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene”.

“No hace falta caricaturizar nuestras posiciones y decir que nosotros no queremos que se jubilen, pero lo cierto es que los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio”, alertó el diputado puntano, que precisó que se trata de “medio punto del PBI del déficit que se amplía”, generando “un problema de caja al Estado de forma inmediata”. 

Cacace defendió enfáticamente la PUAM y recordó sus orígenes durante los tiempos en que gobernaba Cambiemos: “Se detectó que dentro de la población había quienes no tenían aportes y se estableció que todos los adultos mayores puedan gozar una pensión universal para garantizar un nivel de vida adecuado”.

Por último, instó a “terminar con los parches” y “establecer una prestación proporcional para que cada uno reciba su beneficio previsional de acuerdo al esfuerzo contributivo que ha realizado y a los aportes efectivos ingresados”.

Completó el tiempo del bloque opositor el presidente del bloque de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, quien cargó contra la lógica misma de las moratorias previsionales y en particular contra la establecida en 2006 cuando se logró incorporar al sistema previsional a 2.500.000 adultos mayores con aportes insuficientes.

“De todas las moratorias previsionales que pusieron en crisis la sustentabilidad sistémica del régimen previsional, la del 2006 aplaudida por ustedes fue la que terminó por quebrar el sistema previsional argentino”, opinó.

El cordobés señaló que a partir de ese año se pasó de una relación de 2,6 activos por cada pasivo a una proporción de 1,5 activos por cada pasivo. 

De esta manera, “pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, vociferó.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó una visión más contemplativa de la situación de las personas que necesitan la moratoria para jubilarse porque durante su vida activa el sistema los expulsó a la informalidad laboral, haciendo hincapié en las asimetrías que padecen las mujeres.

“Especialmente las mujeres más humildes, las de los niveles socio-económicos bajos y muy bajos, son las que más soportan sobre sus hombros la carga del trabajo doméstico no remunerado, en comparación con los hombres pero también con sus pares mujeres de los niveles medios”, sostuvo. 

En este sentido, el diputado de Identidad Bonaerense manifestó que “las mujeres dedican el doble del tiempo a ese trabajo doméstico no remunerado que los hombres; y también hay una discriminación en el acceso al propio mercado laboral, incluso cuando en promedio las mujeres tienen mayor calificación en cuanto al nivel educativo alcanzado”. 

“Las mujeres -más que los hombres- cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación”, afirmó Rodríguez, y graficó las diferencias de ingresos por género: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. 

A su tiempo, Espert (Avanza Libertad) dijo que con este programa en materia previsional “a los jubilados les estamos proponiendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

“Este programa genera un déficit adicional de casi medio punto del PBI para el 2023, según la Oficina de Presupuesto del Congreso”, advirtió en sintonía con Cacace, al tiempo que advirtió sobre la enorme heterogeneidad de los regímenes especiales.

Sin pelos en la lengua, Luciano Laspina (PRO) calificó las moratorias como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”, y opinó que condujeron a “la licuación sistemática de las jubilaciones”, en particular “de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

“Hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”, reiteró.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte. No esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, lanzó el santafesino.

Para el economista opositor, esta nueva moratoria responde a un “mecanismo electoral”, porque a su criterio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Le salió al cruce Itai Hagman (Frente de Todos), quien aclaró que si la moratoria previsional se está tratando en este 2023 tiene que ver con la decisión opositora de bloquear el debate durante el año pasado.

El diputado kirchnerista del Frente Patria Grande también polemizó con el “mito” de que las moratorias atentan contra el trabajo formal, y puso como ejemplo la situación laboral en países de la región que tienen mayores niveles de informalidad pese a contar con sistemas de cobertura jubilatoria más restringidos que el argentino.

“¿Qué es lo injusto? ¿Qué se pueda jubilar o que no se pueda jubilar alguien que trabajó en la informalidad?”, desafió el economista.

Y señaló que alternativas como la reducción de la cobertura jubilatoria y más aún la PUAM, que consagra “jubilados clase B”, lo que hace es “cristalizar las desigualdades del mercado laboral durante la vejez”.

“No quiero resignarme a una Argentina clase A y una clase B”, concluyó.

Con información de agencias

La bancada oficialista en Diputados espera ofrendarle al presidente Alberto Fernández al menos una sesión en extraordinarias, antes de que el Presidente abra la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo. Por eso para el 28 de febrero, apenas un día antes, el Frente de Todos convocó a la Cámara baja a debatir un breve temario parlamentario.

Es a lo máximo que puede aspirar el kirchnerismo, teniendo en cuenta que necesita el apoyo de las terceras fuerzas en Diputados por el el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio a dar cualquier debate mientras esté vigente el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. En el oficialismo confían en tener el aval del Interbloque Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda-Unidad para alcanzar tranquilos el piso de 129 diputados que se necesitan para el quórum. Hoy el oficialismo solo cuenta con 118 legisladores propios.

Ante ese panorama, el temario de la sesión formalizada para el último día de febrero a media mañana tiene solo dos temas que generan cierto consenso político: la moratoria previsional para que unas 800 mil personas puedan jubilarse y la digitalización de las historias clínicas. Son los únicos proyectos parlamentarios que el FdT logró negociar con parte de la oposición, a juzgar por el sinfín de iniciativas que había incluido el jefe de Estado en su llamado a extraordinarias para este verano, desde el jury a los magistrados hasta la ampliación del propio máximo tribunal. Ni siquiera el paquete de incentivos económicos que propuso Sergio Massa fueron debatidos hasta ahora.

La sesión fue solicitada por el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, y se conoció este jueves apenas terminó la cuarta reunión de la comisión de juicio político a los cortesanos. Fuentes de su despacho aseguraron tener el respaldo de las fuerzas provinciales y del trotkismo. De hecho, el proyecto de las historias clínicas tiene el impulso de la socialista Mónica Fein.

“Si el oficialismo garantiza sus 118 diputados, demostrando que tienen acuerdo político propio, va a haber quórum y se van a aprobar los proyectos”, dijo a elDiarioAR una voz opositora, dando a entender que no serán un mero salvavidas del FdT. Una de las espadas antikircheristas que ya avisó que habría que dar quórum es la bonaerense Graciela Camaño.

En JxC ratificaron a este medio que no habilitarán el quórum, pero que su bancada de 116 legisladores bajará al recinto a dar el debate parlamentario una vez que el oficialismo consiga abrir la sesión. Sería la primera en los últimos tres meses, ya que en diciembre fracasaron dos intentos del FdT para abrir la Cámara baja.

Los proyectos de ley

Durante la sesión, el oficialismo buscará en primer término aprobar el proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional a unas 800.000 personas que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a su jubilación. La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

El segundo proyecto a debatir en el recinto de Diputados, el que crea a nivel nacional un Programa para digitalizar las historias clínicas de todo el país, recibió dictamen en octubre pasado en la comisión de Acción Social y Salud Pública del cuerpo, que encabeza Fein, con el respaldo de oficialistas y opositores. La norma busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

La iniciativa, que fue incluida en el temario para el período extraordinario de sesiones y ya había sido aprobada por el Senado en noviembre del 2020, prevé la creación del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina.

La norma establece que se deberá instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales y en los centros de salud privados y de la seguridad social. Además, garantiza que se proveerá de asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir los objetivos de la ley.

El sistema permite a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a éste que la consulta de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado.

MC

“Imprescindible, necesario y absolutamente urgente”, así calificó la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, la necesidad de discutir en la Cámara de Diputados el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional que le permitiría acceder a la jubilación a 800.000 personas a lo largo de este año.

La funcionaria habló este miércoles en el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que convocó a una reunión informativa como una manera de agitar el debate y presionar a los parlamentarios a sesionar, dado que la iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión. En la apertura, la presidenta de la comisión, Marisa Uceda, admitió que se trató de una reunión “poco ortodoxa”, pero argumentó que “ante circunstancias extremas uno tiene que acudir a todas las herramientas que pueda”.

El proyecto tiene media sanción del Senado desde el 30 de junio, pero no fue tratado en la sesión prevista, el 21 de diciembre pasado, por falta de quórum de la oposición. El Ejecutivo decidió incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias que se iniciaron el 23 de enero y busca que sea llevado pronto al recinto. 

El nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional habilita la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre del año 2008 y que, según cálculos de la Anses, le permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, el 60% mujeres. Este plan regiría por dos años y permitiría saldar la deuda de aportes hasta en 120 cuotas descontadas de manera directa del haber jubilatorio que le corresponda. Además, habilitaría a quienes estén a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes ir adelantando el pago.  

Hasta el 31 de diciembre estuvo vigente una moratoria y a partir del 1° de enero 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria –60 años para las mujeres, 65 para los varones– dejaron de tener acceso a la jubilación porque no reúnen los 30 años de aportes requeridos por ley. 

Según aseguraron a elDiarioAR en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), este organismo ya no tiene posibilidad de prorrogar esa moratoria como lo hizo en otras oportunidades y, además, esto haría que fuera perdiendo efecto porque los períodos de aportes que se permite regularizar van quedando muy atrás en el tiempo. Las alternativas que quedan son, entonces, o un decreto presidencial o el tratamiento del nuevo régimen en el Congreso. Si bien la estrategia del Gobierno fue hacerlo avanzar en el Congreso, Raverta señaló en declaraciones a los medios que ahora también estudian la posibilidad de un decreto. 

Para la funcionaria, no se trata de “regalar” jubilaciones sino que un plan de pago implica “saldar algo que debés”. “Cada una de las personas que en su momento se incluyeron en el sistema vía moratoria fueron pagando mes a mes esa deuda”, ilustró. También le respondió a quienes se oponen a la iniciativa arguyendo un aumento de las erogaciones públicas al señalar que la discusión por el Presupuesto 2023 ya fue saldada y que la Anses cuenta con una partida asignada para poder dar cumplimiento a la norma. 

Por otra parte, una moratoria y un plan de pagos no son técnicamente lo mismo. Según explica el tributarista César Litvin, el plan de pagos es solo una financiación de la deuda, un pago en cuotas. La moratoria, en cambio, normalmente condona todas las sanciones y a veces reduce los intereses. Es decir que, en el reemplazo de un instrumento por otro, se reduce el esfuerzo fiscal del Estado. 

Caído el régimen de moratoria que estaba vigente, hoy quedan pocas alternativas. Las mujeres deben esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que paga la Anses a quienes no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que equivale al 80% del haber mínimo. A valores de hoy, son $40.099. También los varones de 65 años o más pueden tramitar este beneficio, que no toma en cuenta los años efectivamente aportados y elimina el derecho a recibir una pensión por muerte del cónyuge.

En la reunión de este miércoles, que se realizó cerca del mediodía en la sala 2 del segundo piso del Anexo A de Diputados, Raverta señaló que “lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar cuando se tenían que presentar”. La situación de falta de quórum en el Congreso es una constante desde el cierre de 2022, una situación que responde en gran parte al repudio de Juntos por el Cambio a la iniciativa de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsa el Gobierno. 

Según datos de la titular de Anses, el 95% de las personas que está en edad jubilatoria cuenta con esa cobertura y lo que se pretende es mantener ese nivel de cobertura. Hoy las moratorias son la gran puerta de entrada de los mayores al derecho de la jubilación. De los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3,3 entraron por esta vía; el 66%.

DT