Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este martes al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen, que no es vinculante para el Tribunal, se entregó a media mañana de hoy y los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” a la expresidenta, de 72 años.

“La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, agregaron, mientras que con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

A partir del análisis de las constancias del expediente y de la presentación de la defensa, el Ministerio Público sostuvo que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadió. En el informe socioambiental del 12 de junio, Cristina dijo estar bien de salud a nivel general, remarcaron.

“La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, analizaron.

Y compararon, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, denegó ese beneficio al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, condenado y preso en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once, quien también argumentó haber cumplido 70 años y razones de salud. En el caso de que a CFK se le conceda la prisión domiciliaria, Luciani y Mola exigieron que sea con tobillera electrónica.

En cuanto a los motivos de seguridad por el intento de asesinato que sufrió y por su rol institucional como ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, los fiscales remarcaron que el Ministerio de Seguridad garantizó en su informe que puede ser “preservada” en un establecimiento carcelario.

José López se entregó en Comodoro Py

El exsecretario de la Obra Pública del kirchnerismo José López se entregó esta mañana ante el Tribunal oral Federal 2 para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Según confirmaron fuentes judiciales, López llegó ayer desde Santa Cruz y pidió el arresto domiciliario, lo cual tiene que decidir el tribunal y dar garantías de seguridad por ser arrepentido en el caso Cuadernos.

Con información de agencias.

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal Jorge Gorini dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la exvicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común “ de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Con información de agencias.

IG

El Tribunal Oral Federal número 2 absolvió este viernes a los militares Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferner, acusados de integrar un circuito de corrupción en la Armada que tuvo lugar al menos durante el primer trimestre de 2011. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz habían solicitado tres años y seis meses de cárcel para los acusados. 

El juicio había dado un giro durante los alegatos de mediados de septiembre, cuando la fiscalía reveló unos 80 audios que nunca habían sido analizados, en los que quedó expuesta la maniobra orquestada en la compra de alimentos para la Escuela Naval Militar, como informó en septiembre elDiarioAR.

Aún así, los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a los dos imputados y darán a conocer los fundamentos de su decisión el próximo 21 de noviembre. En la fiscalía, adelantaron a este medio que recurrirán la sentencia ante la Cámara Federal de Casación confiados en que podrán revertir las absoluciones en base a la contundencia de la prueba presentada durante el juicio. 

Los acusados se mostraron sonrientes y emocionados al final de la audiencia virtual, ambos vistiendo sus uniformes militares. Estaban imputados como coautores del delito de administración infiel en perjuicio de la Administración pública calculado en más de $13.000.000.

Los audios describen cómo los militares habían realizado un acuerdo con los proveedores de alimentos que eran destinados a  los cadetes de la escuela. El pacto implicaba que los privados sólo entregaban entre el 20% y 25% de la comida contratada o incluso menos, pero se pagaban la totalidad de lo acordado. El 75% o 80% de los alimentos restantes volvían a manos de los proveedores y el dinero, de los militares. Les daban espinazo a los cadetes pero ingresaban al sistema que habían comprado roast beef, literal, según surgió de uno de los audios. “Se simulaban ingresos con remitos falsos”, explicó Luciani

En los audios, los militares hablan de “peajes”, “protección”, “evitar salir en los diarios”, “aparecer en una zanja”, “negocios” y apuntan hacia arriba, aunque la causa nunca avanzó más allá. “Hay que participar a todo el mundo” y “no hay que ser demasiado ambicioso en los negocios” porque “no hay una fortuna para repartir”, dice uno de los capitanes involucrados. “Si el jefe se va al tacho, no se va solo. Si yo me voy al tacho, no me voy solo”, se escucha al decapitán Rivero en uno de los audios.

Cadena de mando

Uno de los acusados admite en los audios que “recaudaba para la corona” y proponía en la conversación ser parte del negocio a su interlocutor, que grabó en secreto las charlas y las presentó luego ante la Justicia. “No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores”, había dicho el fiscal Luciani durante su alegato. En los audios también hablan de otros negocios en otras áreas de la Armada de entonces en los que habrían recaudado el equivalente a un millón de dólares.

Los fiscales solicitaron entonces al tribunal que ordene la investigación de otros involucrados nombrados, entre ellos los proveedores y otros jefes de la fuerza armada, además de otros hechos descriptos en los audios. Este viernes, el tribunal aceptó ese pedido y ordenó enviar la totalidad de la prueba al Ministerio Público Fiscal, pero no consideraron suficientes las pruebas para condenar a los acusados.

Los audios habían sido aportados por un oficial de la Armada que grabó las conversaciones con los involucrados y las presentó ante la Justicia. Sin embargo, Luciani detalló que nunca habían sido analizados en la instrucción de la causa, entonces a cargo del fiscal Patricio Evers y fueron desestimados por la propia Armada en una investigación interna. 

Denuncia

La causa se inició el 29 marzo de 2011 por una denuncia del capitán de navío y director de la Escuela Naval Militar, Juan José Iglesias, ante una serie de irregularidades en el suministro de alimentos para la institución.

En la denuncia, “Iglesias señaló la existencia de remitos de recepción de mercaderías -emitidos por Ferner y suscriptos por Rivero-, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2011, de los que surgía que se habían recibido grandes cantidades de alimentos que excedían la cantidad de consumos habituales, y cuyo ingreso y almacenamiento en la institución no pudo verificarse”, informó la fiscalía.

Rivero era entonces responsable de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, un lugar descripto en los audios por el capitán Rivero como “un lugar donde podemos hacer unos pesitos”. Ferner oficiaba como jefe de la División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.).

No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores.

Fiscal Diego Luciani.

Rivero también sostiene en uno de los audios que si él cae, se “lleva puesto al jefe de Departamento. El jefe de Departamento se lleva puesto al director y algún lado se corta la cadena”. “Yo pago por estar acá”, afirmó Rivero en un audio.

El acusado aseguró en un audio cuáles serían las consecuencias si las ganancias espurias no se repartían: “Me ponen un voleo en el orto”, afirmó. “Cuando me lleven puesto a mí, yo lamentablemente me llevó puesto a la DIAB -por la Dirección de Abastecimiento Naval- y alguno termina en una zanja”, dijo el capitán de Corbeta después de pedir “protección” al suboficial que lo estaba grabando en secreto y que cumplía parte de las tareas en la recepción de los alimentos. El suboficial denunció la amenazas pero éstas fueron desestimadas por la Armada y la Justicia de instrucción, sostuvo Luciani.

La DIAB tenía a su cargo la confección del menú para toda la Armada y elaboraba los pedidos de víveres para que se labraran los pliegos para las licitaciones, sostuvo la fiscalía ante el tribunal. Luego, la División S.A.U. podía recibir la mercadería en los depósitos de la Armada o directamente en los destinos asignados.

ED/MG

Unos 80 audios revelados en parte esta semana dejaron expuesto un circuito de corrupción en la Armada que tuvo lugar al menos durante el primer trimestre de 2011. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz presentaron las pruebas, que nunca habían sido analizadas, durante su alegato en un juicio oral y público contra dos capitanes de Corbeta, en el que describieron un explícito circuito de corrupción en la compra de alimentos para la Escuela Naval Militar.

Los acusados son los militares Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferner, quienes presenciaron el alegato de los fiscales conectados de manera virtual y vistiendo sus uniformes militares. Están imputados como coautores del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública calculado en más de $13.000.000.

Uno de los acusados admite en los audios que “recaudaba para la corona” y proponía ser parte del negocio a su interlocutor. “No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores”, dijo el fiscal Luciani al comienzo de la audiencia ante el Tribunal Oral Federal número 2, con sede en Comodoro Py 2002 e integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Los fiscales solicitaron al tribunal que ordene la investigación de otros involucrados nombrados, entre ellos los proveedores y otros jefes de la fuerza armada, además de otros hechos descriptos en los audios.

Los audios describen cómo los militares habían realizado un acuerdo con los proveedores de alimentos para los cadetes de la escuela que implicaba que los privados sólo entregaban entre el 20% y 25% de la comida contratada o incluso menos. El 75% o 80% de los alimentos restantes volvían a manos de los proveedores y el dinero, de los militares. Les daban espinazo a los cadetes pero ingresaban al sistema que habían comprado roast beef, literal. “Se simulaban ingresos con remitos falsos”, explicó Luciani, quien pidió tres años y seis meses de cárcel para los acusados.

Hablan de “peajes”, “protección”, “evitar salir en los diarios”, “aparecer en una zanja”, “negocios” y apuntan hacia arriba, aunque la causa nunca avanzó más allá. “Hay que participar a todo el mundo” y “no hay que ser demasiado ambicioso en los negocios” porque “no hay una fortuna para repartir”, dice uno de los capitanes involucrados. Los fiscales de juicio solicitaron este viernes al Tribunal Oral Federal número 2 que se investigue a todos los responsables en la cadena de mando. En los audios también hablan de otros negocios en otras áreas de la Armada de entonces en los que habrían recaudado el equivalente a un millón de dólares.

“Si el jefe se va al tacho, no se va solo. Si yo me voy al tacho, no me voy solo”, se escucha al capitán Rivero en uno de los audios.

Los audios habían sido aportados por un oficial de la Armada que grabó las conversaciones con los involucrados y las presentó ante la Justicia. Sin embargo, Luciani detalló que nunca habían sido analizados en la instrucción de la causa, entonces a cargo del fiscal Patricio Evers y fueron desestimados por la propia Armada. 

La causa se inició el 29 marzo de 2011 por una denuncia del capitán de navío y director de la Escuela Naval Militar, Juan José Iglesias, ante una serie de irregularidades en el suministro de alimentos para la institución.

En la denuncia, “Iglesias señaló la existencia de remitos de recepción de mercaderías -emitidos por Ferner y suscriptos por Rivero-, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2011, de los que surgía que se habían recibido grandes cantidades de alimentos que excedían la cantidad de consumos habituales, y cuyo ingreso y almacenamiento en la institución no pudo verificarse”, informó la fiscalía.

Rivero era entonces responsable de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, un lugar descripto en los audios por el capitán Rivero como “un lugar donde podemos hacer unos pesitos”. Ferner oficiaba como jefe de la División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.).

Rivero también sostiene en uno de los audios que si él cae, se “lleva puesto al jefe de Departamento. El jefe de Departamento se lleva puesto al director y algún lado se corta la cadena”. “Yo pago por estar acá”, afirmó Rivero en un audio.

El acusado aseguró en un audio que si las ganancias espurias no se repartían: “Me ponen un voleo en el orto”. “Cuando me lleven puesto a mí, yo lamentablemente me llevó puesto a la DIAB -por la Dirección de Abastecimiento Naval- y alguno termina en una zanja”, dijo el capitán de Corbeta después de pedir “protección” al suboficial que lo estaba grabando en secreto y que cumplía parte de las tareas en la recepción de los alimentos. El suboficial denunció la amenazas pero éstas fueron desestimadas por la Armada y la Justicia de instrucción, sostuvo Luciani.

La DIAB tenía a su cargo la confección del menú para toda la Armada y elaboraba los pedidos de víveres para que se labraran los pliegos para las licitaciones, sostuvo la fiscalía ante el tribunal. Luego, la División S.A.U. podía recibir la mercadería en los depósitos de la Armada o directamente en los destinos asignados.

ED/JJD

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé, mantuvo la apelación contra la sentencia de en la causa Vialidad, presentada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para revocar la absolución de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y demás imputados por el delito de asociación ilícita. La ex mandataria, a pesar de esto último, ya había sido condenada a seis años de prisión por defraudación y exigió su absolución también respecto a este delito.

El fiscal Luciani también reclamó a Casación la revocación de las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

Casación ya recibió las apelaciones de todas las partes involucradas y, ahora, el veredicto deberá ser revisado por la sala IV de Casación. Sin embargo, uno de sus integrantes, el juez Javier Carbajo, se excusó de intervenir dado que su participación podría poner en jaque la garantía de imparcialidad.

El magistrado había confirmado la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa de “Austral Construcciones”, en la que sostuvo que dicho delito tenía como precedente el direccionamiento de la obra pública que se juzga ahora en el caso por el que fue llamado a intervenir.

A pesar de la decisión de Carbajo, los abogados defensores de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, lo recusaron junto a los otros dos jueces que integran la sala IV de Casación. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recursar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo ─más allá de la inhibición ya postula por este último─, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron.

Carbajo fue recursado por haber adelantado su opinión sobre el tema mientras que esgrimieron dos argumentos contra Hornos y Borinsky: por un lado, que ya intervinieron en la causa y, por otro, su falta de independencia y parcialidad resultantes de sus encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando todavía se encontraba en funciones.

La defensa, además, exigió la absolución de la ex mandataria en la causa por defraudación ya que consideran que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades”. “Nos hallamos en presencia de un supuesto enorme de gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, explicaron.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá ahora resolver las presentaciones realizadas contra la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por las distintas partes, quienes deberán presentar los fundamentos cuando Casación convoque a audiencias antes de tomar una decisión.

ACM con información de Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación por el juicio de la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución. Fue tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

En tanto, el fiscal Diego Luciani solicitó que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta, y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que en su momento fue descartada por el Tribunal Oral Federal 2.

La petición de la expresidenta fue realizada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”. En diciembre pasado, Fernández de Kirchner obtuvo la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.

Los letrados dijeron en su presentación que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”. “Y a su vez, nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

Beraldi y Llernovoy anunciaron que “mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”. Sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.

Los abogados de la exmandataria argumentaron que en el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, y “los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”.

La defensa sumó que “se violó el principio 'ne bis in ídem' (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”. Aseveraron además que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, en particular, pues la mayoría de las pruebas de descargo ofrecidas por esta defensa fueron rechazadas y se fundó un reproche penal en orden a presuntos hechos y pruebas que nunca habían sido debatidos en el juicio, en abierta vulneración al principio de congruencia”.

Remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”. Otra supuesta irregularidad destacada fue que “se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.

Continuaron diciendo que “se violó el principio de legalidad sustantiva, pues se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal en trato (arts. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5 del Código Penal)”.

De esa manera, los Beraldi y Llernovoy pidieron que “se tenga por presentado en tiempo y legal forma el presente recurso”. En ese contexto, solicitaron “al tribunal oral, que conceda esta impugnación y eleve las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite” y a la “Cámara Federal de Casación Penal, que case la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de impugnación”.

Concluyeron: “y, por corresponder disponga: absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.

LC con información de agencia Télam

Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, escribió otra carta desde la cárcel y denunció que lo “quieren hacer desparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri”.

La misiva, tiene fecha del martes 14 de marzo, y se conoce luego de que trascendieran los detalles de su carta anterior y de que un productor televisivo del canal de C5N lo entrevistara a través del teléfono que él dejó de contacto en el escrito judicial para que el fiscal Diego Luciani lo llamara.

La carta, que arranca con la frase “Pronto despacho”, está dirigida a los jueces que condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión por la causa de la Obra Pública.

“Me dirijo a la Cámara Oral en lo Criminal Federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Les pido que recusen a María Eugenia Capuchetti”, escribió.

El pedido de recusación lo motorizó la querella de la ex presidenta, que asegura que la magistrada no quiere investigar las vinculaciones políticas del atentado. Sabag Montiel le pidió a los jueces del tribunal oral que “tomen la causa ya que hice el habeas corpus”. El acusado reiteró que la magistrada quiere que le saquen a sus abogados, los defensores oficiales que lo asisten, y a los que él se niega a recibir.

“Están comprados por CFK. Me rompieron el celular en la PSA y me robaron mis instrumentos musicales y mis tres automóviles. Coimearon a Leandro Ulliarte, el padre de Brenda Ulliarte. CFK le dio una casa para tenernos secuestrados”, indicó.

El joven también aseguró que a Gabriel Carrizo, el sindicado como jefe de los “copitos” y preso como partícipe secundario del ataque, le “plantaron un arma” y agregó “como (Diego) Lagomarsino en el caso (Alberto) Nisman”.

Además, aseguró que “arreglaron” con su inquilino y al que le alquilaba para quedarse con sus propiedades. Y repitió: “Lo de Revolución Federal es falso. Están armando una historia falsa para los medios y me tienen secuestrado y no me dejan comunicarme con nadie ni que reciba visitas”.

“Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri. Llamenmé (y vuelve a dejar su número de teléfono). Gracias”, expresó.

El lunes pasado, Sabag Montiel había escrito una carta para el fiscal Luciani, que nunca llegó a sus manos y se incorporó al expediente. La misma era del 3 de marzo, antes de que la Cámara Federal instara al elevar a juicio oral la situación de los tres detenidos en el ataque contra Cristina Kirchner: Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

La jueza Capuchetti le pidió a la fiscalía cumplir con las instrucciones del tribunal, pero el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la causa, entendió que aún faltan una serie de medidas para dar por cerrada esta parte de la investigación.

“Sí, (el arma) estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma”, confirmó Sabag Miontiel respecto al ataque fallido contra la Vicepresidenta.

Con información de NA.

IG

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

El juez Andrés Basso pasará parte de la feria judicial escribiendo sus argumentos sobre por qué el Tribunal Oral Federal número 2 debería haber condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y elevar su pena por encima de los seis años de prisión, confirmó a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado.

Basso integra el tribunal que juzgó a la expresidenta y a otros doce acusados por el caso Vialidad y que determinó que la vicepresidenta administró de forma fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante sus dos presidencias al formar parte de una maniobra para direccionar 51 obras viales a su socio comercial, el empresario Lázaro Báez. Por este delito, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en imponer la pena máxima a Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo públicos.

Sin embargo, los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, consideraron que la fiscalía no había demostrado que la vicepresidenta haya sido la jefa de una asociación ilícita o que los hechos incluso probaran la conformación de una organización especialmente pensada para delinquir.

Por esa razón, el tribunal condenó a 9 de los 13 acusados a penas de entre 3 y 6 años y por dos votos a uno absolvió a todos por la presunta asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación junto a su colega Sergio Mola, había solicitado en agosto último penas de entre 2 y 12 años de prisión para los trece acusados por dos delitos: asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

A partir del 9 de marzo, cuando los jueces presenten los argumentos del fallo, Luciani acudirá a un tribunal superior para recurrir (apelar) la absolución de la vicepresidente y del resto de los enjuiciados por asociación ilícita, lo que implica reclamar al tribunal revisor de la sentencia que eleve las penas. 

voto Basso

“El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”, sostuvieron los fiscales Luciani y Mola en un artículo publicado tras la sentencia en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal. “Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”, aseguraron en relación al delito por el cual el tribunal absolvió a todos los acusados.

“En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”, anunció la fiscalía en el mismo artículo.

Fernández de Kirchner, López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) y el empresario Báez (beneficiado en el direccionamiento de las obras) fueron condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.

Los jueces condenaron por el mismo delito a Juan Carlos Villafañe y Rául Gilberto Pavesi ( ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. José Rául Santibáñez (otro ex director general del organismo provincial) y Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito en Vialidad) recibieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Cómo sigue

¿Quiénes son los jueces que deberán revisar la sentencia? Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que se encarga de revisar las decisiones de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones. Es el paso previo a la Corte Suprema. 

La Sala IV está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros han sido denunciados públicamente por la vicepresidenta y acumulan presentaciones en su contra por haber visitado al expresidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno (en el caso de Hornos) o por haber compartido partidos de tenis en la Quinta de Olivos (en el caso de Borinsky).

La defensa de la vicepresidenta ha realizado planteos en los que sostiene que el caso Vialidad debe ser analizado por otra sala de la Casación, integrada por otros jueces, pero la Corte ya falló sobre esa disputa y confirmó a la Sala IV. Beraldi ya planteó que los dos jueces cuestionados por CFK deberían apartarse del caso. Si lo hicieran, otros integrantes de la Casación deberán acompañar a Carbajo en el caso.

De Vido

Además, los fiscales recurrirán la absolución por ambos delitos del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ex titular de la cartera que dirigió las políticas de obras públicas entre 2003 y 2015 no sólo fue absuelto por la presunta asociación ilícita sino también por defraudación a la Administración pública. 

Después de Fernández de Kirchner, el tribunal atribuyó la mayor responsabilidad penal por el direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz al ex secretario de Obras Públicas José López (en la práctica, el segundo de De Vido) en el ministerio. Sin embargo, la fiscalía le había asignado a De Vido un rol central en la maniobra. Sólo entre 2007 y 2009, el exministro firmó 25 resoluciones que terminaron garantizando a las empresas de Báez obras por $509 millones de ese momento, de acuerdo con la documentación pública analizada por la fiscalía y a la que accedió elDiarioAR.

Los fiscales analizarán también los argumentos de los jueces para absolver de este último delito a otros exfuncionarios de menor rango: Abel Fatala (ex subsecretario de Obra Pública) y Héctor René Garro (uno de los cuatro exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz juzgados por este caso.); y para declarar prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner. El exfuncionario encargado del control de las operaciones fue sobreseído por el incumplimiento de sus deberes.

La absolución de De Vido es una carta central para la defensa de Fernández de Kirchner, según explicó el principal abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, en una entrevista con C5N. Si el ministro a cargo del diseño de la obra pública a nivel nacional durante 15 años no es considerado culpable por el direccionamiento de las obras a Báez, ¿cómo puede el tribunal encontrar culpable del mismo hecho a la Presidenta, quien supuestamente, por su función, no intervenía directamente en la toma de decisiones del ministerio?

La defensa solicitará que Fernández de Kirchner sea también sobreseída por el delito de administración fraudulenta, como De Vido, y evitará así que la sentencia quede firme.

La principal diferencia entre la acusación contra De Vido y la de Fernández de Kirchner es que el exministro fue acusado por sus decisiones en el cargo que habrían estado dirigidas a beneficiar al empresario Báez. Pero en el caso de la expresidenta, los fiscales resaltaron que, entonces, la unía a Báez un vínculo directo comercial, a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

“Eran negocios legales”, afirmó Beraldi durante su alegato en el juicio. ¿Con qué argumento? “Estaba todo bancarizado”. Sin embargo, el resultado más evidente de esa relación es que el empresario más beneficiado en la provincia de los Kirchner por la asignación de licitaciones públicas en obras viales era el socio de la Presidenta en ejercicio, sin contar las explicadas irregularidades en la asignación de esos contratos: procesos públicos en los que Báez competía contra Báez, por ejemplo.

La fiscalía tuvo bajo la lupa varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Fernández de Kirchner para fondear a Vialidad o para la designación de un hombre de Báez en el organismo. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, Fernández de Kirchner firmó siete DNU que permitieron el movimiento de al menos $1.447 millones investigados por la maniobra, según la información que analiza la fiscalía para su recurso ante Casación.

Beraldi también sostuvo que, técnicamente, la fiscalía no debería recurrir la sentencia, basándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal. “Pidió 12 años de pena y el tribunal le impuso 6 años. Entonces como sólo puede recurrir cuando la pena que se le impone es inferior a la mitad de la solicitada, no puede recurrir. Pero si quiere recurrir, que recurra”, dijo Beraldi tras la sentencia.

En el noveno piso de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal Luciani, hacen una interpretación muy diferente ante la consulta de elDiarioAR sobre las declaraciones de Beraldi. Sostienen que la fiscalía sí puede recurrir al tribunal revisor de la sentencia por los jueces dictaron absoluciones.

ED

La titular del PRO Patricia Bullrich se solidarizó con el fiscal Diego Luciani tras las agresiones que sufrió en Mar del Plata. “Todos somos el fiscal Luciani. ¡No queremos más violencia!”, publicó a través de sus redes sociales la exministra de Seguridad.

Durante el fin de semana largo, el magistrado asistió junto a sus amigos a un restaurante ubicado en Avenida de los Trabajadores, zona portuaria de la ciudad, donde fue interceptado por una mujer a los gritos, lo que hizo que decidiera abandonar el lugar. 

El episodio se dio a días de la condena por corrupción contra la vicepresidenta en la Causa por la Obra Pública.

A su turno, la diputada María Eugenia Vidal cuestionó la agresión y se mostró en defensa de la república. “La agresión al Fiscal Luciani merece el repudio de todos los que valoramos la justicia, comprendemos la división de poderes, y defendemos la República. La impunidad no es un sistema de gobierno”, sostuvo por el mismo canal.

En la misma línea, el senador radical Alfredo Cornejo expresó su repudio a la situación vivida en Mar del Plata. “La agresión al fiscal Luciani es muy grave. El fanatismo ciego es peligroso y autoritario”, señaló. 

Por su parte, el referente de la UCR, Luis Petri, pidió “bancar” a Luciani, y responsabilizó al Gobierno por “su seguridad y la de su familia”. “Se tiene que terminar la Argentina de las mafias y los aprietes. Justicia primero y siempre!”, indicó. 

Desde el espacio Avanza Libertad también criticaron el suceso, y apuntaron contra el kirchnerismo por las agresiones. “La violencia que padeció Luciani muestra el legado K: puro relato, intolerancia, resentimiento y odio. Mi apoyo, como siempre, al fiscal y a todo funcionario judicial comprometido con su labor”, afirmó la diputada Carolina Píparo.

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, Artemio López retwitteó un mensaje del periodista Pablo Duggan que aseguraba: “Escándalo en Mar del Plata. El Fiscal Diego Luciani y un acompañante agredieron a una mujer que cuestionó su conducta, éste la insultó y amenazó. Su acompañante la agredió físicamente. Ocurrió en un restorán y hubo reacciones airadas contra ellos por atacar a una mujer”.

El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fue insultado en un restaurante en Mar del Plata por una mujer que acompañaba al politólogo Artemio López, habitual encuestador del Gobierno, según confirmaron fuentes allegadas al abogado. Por el incidente no se radicó ninguna denuncia policial.

De acuerdo a lo que contaron a elDiarioAR las fuentes, al ver a Luciani, la mujer de López expresó en voz audible “qué vergüenza”, dan ganas de vomitar“.

El hecho ocurrió el sábado en torno a las 22 en el restaurante Lo de Fran, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 100, de la ciudad de Mar del Plata.

Artemio López y su mujer, Clara, estaban cenando cuando ingresó Luciani, con otras cinco personas, y se sentaron a una mesa cercana.

En ese momento -de acuerdo a la versión que Luciani dio a sus allegados- algunas personas comenzaron a aplaudirlo. Fue entonces cuando la mujer “se abalanzó en forma violenta” contra el fiscal. Una de las personas que lo acompañaban -siempre según el relato del fiscal- interpuso un brazo para evitar que lo golpearan. Como respuesta, otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer.

La agencia Noticias Argentinas informó que el episodio estuvo a punto de desmadrarse cuando Luciani reaccionó respondiendo: “A vos también te vamos a juzgar”.

En un clima de tensión, Luciani y su grupo pidieron la cuenta sin ordenar plato principal y le manifestaron al mozo que los atendió que se habían “sentido incómodos” por la situación. Además, le reprocharon la familiaridad con que el mismo mozo había atendido a la pareja López.

El encuestador reveló luego a sus allegados que era la primera vez que concurría al restaurante y que su diálogo con el mozo -quien estaba sorprendido por la situación- sólo se refirió a la comida.

Luciani se quejó ante el mozo porque Artemio López “se estaba riendo a carcajadas” y su mujer lo “había insultado”.

IG

Provista de un mar de pruebas sobre arbitrariedades judiciales en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se habilita ahorrarse la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Lázaro Báez pasó de ser un ejecutivo bancario a contratista casi excluyente de la obra pública de Santa Cruz desde el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner se mudó a la Casa Rosada? Y otra. ¿A una pareja tan obsesiva con los números como los Kirchner, cómo se les escapó la tortuga con las fortunas acumuladas por Báez, José López y Ricardo Jaime, producto de sus negocios con y/o desde el Estado?

Las respuestas a dudas tan básicas tampoco surgen de las dos o tres personas que hablan en nombre de la vicepresidenta. Consultado por Báez, Andrés Larroque apela a frases multiprocesadas para sugerir que los cuestionamientos surgen como vendetta de amos y señores de la obra pública que resistieron un nuevo competidor, como si Techint, Roggio, Odebrecht, Macri y Eurnekián hubieran dejado de facturar al Estado durante los años del kirchnerismo.

Los interrogantes que Cristina deja abiertos son políticos y éticos. También, obviamente, judiciales, pero allí entran a correr otros requisitos que van más allá de las deducciones del sentido común. Se necesitan pruebas obtenidas con garantías: Igualdad ante la ley, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, identificación del objeto procesal, imparcialidad de los jueces, objetividad de los fiscales, exclusión de la extorsión y el espionaje como herramientas probatorias, respeto al tribunal natural, etcétera. Allí cambia la ecuación. Tan encandilado por la imagen que le devolvía el monitor, el fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la “ruta del dinero K” —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles, Panamá y las cámaras ocultas que se dejó hacer el arrepentido Leonardo Fariña.

El macrismo, conmovido

El martes a las seis de la tarde, mientras el Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Py hacía pública la condena a Cristina, las carrioístas Mariana Zuvic y Paula “Negrita” Oliveto se hacían filmar conmovidas frente a la pantalla. El community manager de Franja Morada gugleaba fotos de Alfonsín e Illia, el ejecutivo del Grupo Clarín Pablo Casey monitoreaba redes por si hacía falta encargar “alguna notita”, Horacio Rodríguez Larreta pulía el tuit de manual que reproducirían los medios que lo siguen, el arrepentido Alejandro Vandenbroele chequeaba las reservas para el hotel en Mendoza que le montó el Estado y Mauricio Macri extendía la sobremesa en alguno de los hospedajes seis estrellas que frecuenta.

El fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la ruta del dinero K —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles

Javier Iguacel, artífice de la reapertura de la investigación judicial sobre Báez, celebraba su conquista, a la espera de una cita más importante en tribunales federales. Techint lo presentó como testigo en la demanda que el grupo inició contra el Estado por US$ 642 millones, originada en un contrato de extracción de gas orquestado durante el Gobierno de Cambiemos. La audiencia todavía no tiene fecha.

Es esperable que nadie en la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica reclame garantías procesales en las causas que apuntan a Cristina. Mediante infinidad de decisiones —remoción de jueces no controlados, traslados a dedo de sus reemplazantes, negocios para arrepentir testigos y operaciones de prensa—, esa fuerza cinceló la red de magistrados, espías y periodistas que reina en Comodoro Py, tan útil para apuntar a adversarios como para administrar la impunidad de los propios.

La intoxicación de los tribunales federales no nació con Cambiemos, aunque la potenció mucho más allá de lo conocido en democracia, al punto de que, si alguien saca los pies del plato, cae al abismo. Así se explica que los aliados-espiados por la SIDE de Macri se esmeren en garantizar que los expedientes de la inteligencia ilegal descansen en Comodoro Py. Profundizar el reclamo equivaldría a autoinculparse.

Ante la expectativa de que un cambio de liderazgo en la alianza de derecha tenga voluntad y capacidad de modificar las cosas, la temeridad expuesta por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y las gestiones ofrecidas por el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, ante sus amigos de Lago Escondido brindan una respuesta concluyente.  

Equilibrismo

Una tercera vertiente encuentra en las lógicas sospechas que despierta la relación Báez-Kirchner una razón para ratificar su preocupación por el equilibrio y la República. Como en la causa Vialidad hubo un período de instrucción, Cristina pudo designar abogado, los fiscales acusaron, los defensores replicaron, los testigos declararon, otros jueces resolvieron recusaciones y habrá instancias de apelación, la Tercera Vía concluye que “la Justicia” hizo su trabajo: el viaje de los huemules a Lago Escondido es un oprobio, pero la fortuna de Báez no cierra y Cristina no puede explicar los negocios en común; por lo tanto, el veredicto es válido. Corea del Centro parece tratar esos razonamientos como asuntos separados, como si el vandalismo judicial que se exhibe sin disimulo desde hace años marchara escindido de la legitimidad de la condena o absolución de un imputado.

La vara queda un poco baja si el debido proceso se reduce a formalidades en un papel y ausencia de secuestros nocturnos. ¿Hubo decenas de prisiones arbitrarias en causas serias o inventadas desde que Macri asumió la presidencia? Sí, pero Báez, Amado Boudou, Jaime y compañía eran bastante impresentables y el país necesita ejemplaridad. 

Con un bisturí analítico peculiar, voces de la Tercera Vía afirman que Luiz Inácio Lula da Silva fue víctima de las arbitrariedades del juez Sergio Moro —hasta hace poco, cuando el político brasileño permanecía en desgracia, lo negaban—, pero el caso de Cristina, encausada principalmente por Claudio Bonadio y Julián Ercolini, sería muy distinto (?). El jurista Roberto Gargarella firmó en este medio que el expediente Vialidad se dio en “pleno respeto de todas las garantías de los acusados”, más allá de “los mojones” de Cristina, y que el “excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces” permitió un “proceso judicial histórico”. “Histórico”, como titularon los medios que se dejan editar desde Lago Escondido.

¿Qué Justicia?

En la Argentina, hablar de “la Justicia” como sinónimo de Poder Judicial, específicamente su fuero federal, supone aludir al fiscal que maquinó con un lumpen cómo plantarle droga al exmarido de su actual pareja, al camarista que creó una doctrina sobre el “poder residual” exclusivamente para privar de la libertad a kirchneristas, a su colega que se dejó hacer un gol de tiro libre pateado por Macri en Los Abrojos, al juez de Casación que visitaba Olivos horas antes de emitir fallos que le convenían a Cambiemos, al supremo que aceptó ser designado por decreto y luego se autovotó para presidir el cuerpo, a su colega de la Corte que falla en causas que atañen a sus exclientes, al fiscal mencionado por testigos como gestor de la mesa judicial del macrismo, a la dupla que se dedica sistemáticamente a laudar a favor de la impunidad de quien los trasladó a dedo a la Cámara Federal, ahorrándoles el concurso para el puesto... Los etcéteras son infinitos.

Todos ellos tienen entre sus funciones controlarse mutuamente; en los hechos, ocurre lo contrario. El integrante de Casación federal Carlos “Coco” Mahiques protegió a su colega Mariano Borinsky por sus visitas indebidas a Macri en Olivos, y éste protegerá al primero cuando lleguen las recusaciones por la excursión a la estancia patagónica.

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo

La causa Vialidad aporta sus particularidades al panorama desolador de Comodoro Py. El hecho de que el juez que instruyó la causa durante tres años, Ercolini, sea la misma persona que habría tramado delitos desde Lago Escondido en connivencia con Mahiques padre e hijo, un funcionario de Larreta y directivos de Clarín exige un alto grado de violencia intelectual a quienes alaban la “sentencia técnica”, “con base documental”, que la “Justicia probó” con “indudable imparcialidad”. Si el elogiado tecnicismo jurídico se refiere sólo a la fase de juicio oral, retorna la violencia intelectual para creer en la asepsia de un integrante del tribunal y el enfático Luciani que se tentaron con jugar al fútbol en la quinta de Macri.

En otra vida, Ercolini dispuso que carecía de competencia para investigar contratos otorgados por la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Con Macri en la Rosada, consideró lo contrario. No es objeto de esta nota repasar las fragilidades de la causa. Algunas serán debatibles, probables artilugios defensivos de los imputados. Tomadas en su conjunto, conforman un oprobio.

Jugadas maestras

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo. El ejemplo paradigmático de ese comportamiento fue que Néstor Kirchner, pese a que se enojaba con las tapas de Clarín, firmó en 2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiendo que el volumen del negocio de la TV paga alcanzara una escala que con los años se demostraría irreversible.

Cuando se pregunta el porqué de esa recurrencia a pegarse tiros en el pie, que se traduce en habilitación de negocios, apoyos políticos a la persona equivocada en muchas provincias y designaciones de jueces y fiscales que tarde o temprano viajarán a la estancia de Joe Lewis, la respuesta llega en forma de sonrisa pícara, como si hubiera razones pragmáticas profundas que quien consulta no entiende.

Los intercambios entre los huemules de Lago Escondido dejaron en un papel deslucido a un hombre que almorzó con Alberto Fernández muchos de los días que transcurrieron desde diciembre de 2019 hasta la semana pasada, incluso en encuentros reservados con personalidades que el Presidente valora, como el español Felipe González. Hace un mes, sentados a la misma mesa, Alberto, Felipe y Julián Leunda debatieron sobre la realidad nacional e internacional.

La ofrenda del asesor presidencial a los directivos de Clarín y a D’Alessandro para acallar el viaje impúdico a Lago Escondido en los medios del Grupo Indalo habrá sido otra movida magistral de realpolitik, pero el chat de Telegram dejó claro el desprecio que generan en el poder real las actitudes medrosas de quienes buscan agradar desde la vereda kirchnerista.  

La saga continúa. Pablo Ibáñez informó en elDiarioAR que el vehemente ministro de Justicia, Martín Soria, designado en el cargo por presión de Cristina, excluyó a Casey, sobrino de Héctor Magnetto, de la denuncia penal por el viaje a Lago Escondido. El resto de los excursionistas, incluido el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fueron debidamente apuntados en la presentación penal del ministro. Razones insondables en continuado.

Escarmiento

La venalidad y la mediocridad forman parte de la lucha política desde siempre, pero la descomposición absoluta de Comodoro Py representa un desafío de otro orden. Primero, desde una perspectiva de derechos humanos: entre muchos valores vulnerados, está en juego la libertad de las personas. Luis D’Elía, Carlos Zannini, Fernando Esteche y otros pasaron años en la cárcel por la causa del Memorándum con Irán, originada en la fraudulenta denuncia de Alberto Nisman de enero de 2015, por citar uno de los casos más flagrantes en los que Comodoro Py violentó todas las garantías procesales. Como recordó esta semana Javier Timerman, su hermano Héctor Timerman dedicó los últimos esfuerzos de su vida a defenderse de esa acusación basada sobre la tergiversación flagrante de un audio obtenido de forma ilegal. Una vez más, cabe recordar que no importa la simpatía o antipatía que genere el imputado para saber que no debe ir preso si la ley no lo estipula, y menos si median métodos espurios como los validados por Claudio Bonadio, la Cámara y la Casación.

En segundo lugar, estos tribunales federales intoxican el funcionamiento del sistema. No resulta inocuo, por su impacto en la opinión pública, la repercusión internacional, el poder inhibitorio sobre las personas y el veto implícito a determinadas políticas, que Cristina sea condenada con estos procedimientos y Macri elija desde qué palco verá el Mundial de Qatar. Queda configurada una cancha inclinada que distorsiona el juego democrático.

La casta que mueve los hilos de Comodoro Py se dedica a garantizar su supervivencia mediante la administración de persecución e impunidad. Mientras ese sistema siga en pie, la democracia argentina permanecerá condicionada. 

SL

El día después del juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública, encontrará al Tribunal Oral Federal número 2 en una audiencia virtual por un caso de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, el veredicto contra la expresidenta -que se espera para este martes por las tarde- incidirá en otras dos acusaciones cuyos casos atraviesan etapas clave: Hotesur-Los Sauces y el caso de los cuadernos, según la información corroborada por elDiarioAR de fuentes directas de estos expedientes.

Los fiscales que trabajan en los juicios pendientes contra la vicepresidenta ya debaten a puertas cerradas las consecuencias de una posible condena por asociación ilícita, una imputación criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política. Vialidad no es la única causa en la que Fernández de Kirchner es acusada de integrar una supuesta organización montada con fines delictivos.

En Vialidad, el único juicio oral y público en su contra que vio la luz hasta el momento, la vicepresidenta tiene un pedido de pena de la fiscalía de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita organizada con funcionarios durante sus dos gobiernos y el empresario Lázaro Báez para defraudar al Estado Nacional y desviar fondos del Tesoro hacia las constructoras del entonces socio de la familia presidencial a través de licitaciones direccionadas. 

La asociación ilícita debe cumplir con ciertos requisitos penales: debe estar integrada por una estructura organizada que permanezca en el tiempo y que a lo largo de su existencia cometa reiteradamente delitos. Pero, ¿puede una misma personas integrar o liderar distintas asociaciones ilícitas? Es lo que discuten los fiscales de juicio Luciani, Diego Velázco (Hotesur-Los Sauces) y Fabiana León (cuadernos) de cara a los próximos juicios orales y públicos que podría enfrentar Fernández de Kirchner, de acuerdo con la información obtenida por elDiarioAR.

Los tres fiscales mantuvieron reuniones de cara al veredicto de este martes para analizar los escenarios que deberán habitar cuando comience el juicio de los cuadernos, sin fecha de inicio; y en el caso de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordene la realización del juicio de Hotesur-Los Sauces, un fallo que se espera para el próximo 22 de diciembre, pero que podría dilatarse para comienzos de 2023. 

En el caso Cuadernos, Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita para recaudar sobornos o pagos ilegales de empresarios contratistas del Estado. En Hotesur-Los Sauces, la imputación también la colocaba en el rol de la jefa de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

En noviembre de 2021, la ex presidenta y el resto de los imputados de Hotesur-Los Sauces fueron sobreseídos antes del juicio por dos de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Daniel Obligado y Adrián Grunberg sostuvieron en su fallo que tanto Fernández de Kirchner como Lázaro Báez eran objetos de “una múltiple persecución penal referida a un mismo hecho concreto; esto es, la presunta asociación ilícita de la que ambos habrían formado parte, la primera como ‘jefa’ y el segundo como ‘organizador’” en referencia a la imputación en el juicio de Vialidad. 

Ese mismo razonamiento podría ser aplicado por jueces de otros tribunales o de la Casación si la condena en el caso Vialidad incluye el delito de asociación ilícita. Esta posibilidad abre otros escenarios que aún no están claros: ¿cómo incidirá en las imputaciones del resto de los acusados en Cuadernos y Hotesur-Los Sauces? Por ejemplo, el exfuncionario Roberto Baratta (acusado en Cuadernos) y el diputado Máximo Kirchner (sobreseído por el momento en Hotesur-Los Sauces) no están acusados en el juicio de Vialidad. Si la imputación contra Fernández de Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita se cae, ¿sucederá lo mismo con los otros imputados que son juzgados por ese delito por primera vez?

Además, la exclusión de la figura de supuesta jefa de una asociación ilícita en futuros juicios incidirá en el peso de las penas. Este delito tiene un máximo de diez años de prisión, mientras que el cohecho pasivo alcanza los seis años de pena. En el caso de una eventual condena por lavado de activos agravado, el castigo de la ley contempla penas mayores.

ED

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Estos son todos los pedidos de pena de la acusación

Con información de agencias.

IG

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la última oportunidad este martes 29 a las 9.30 de la mañana de dirigirse al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la juzga por supuestos delitos en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto a otros 12 imputados. Y según anticipó ella misma en su cuenta de Twitter, hará uso de ese derecho.

“Mañana a las 9:30 en el juicio de Vialidad: 'últimas palabras'. Así le dicen...”, escribió la titular del Senado sobre el juicio que lleva más de tres años y donde Luciani pidió una condena 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita.

La exmandataria se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom, cuando se le preguntará si desea exponer sus últimas declaraciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Este es un derecho de los imputados en juicios orales, y pueden optar por no hacerlo.

Si como todo indica, la vicepresidenta hará uso de ese derecho, será entonces la tercera vez que hable en este juicio. Lo hizo por primera vez durante su indagatoria en diciembre de 2019. La segunda oportunidad fue el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, valiéndose de su condición de abogada. 

En la audiencia de mañana martes, podrán también declarar el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López y Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz.

Esa misma jornada, la segunda de las palabras finales dispuesta por el Tribunal, se dará la posibilidad de hablar a los últimos cuatro imputados: los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti. De ahí se sabrá cuándo los jueces se pronunciarán en su veredicto, el cual debe ser emitido en la mismo día que hable el último de los acusados.

“Mi condena está escrita”, había dicho tiempo atrás al referirse al juicio, el primero en el que se llega a instancias finales. El mismo la encuentra en el centro de la escena política, con su entorno pidiendo por su candidatura a la Presidencia en el 2023.

Recuento del juicio por la causa Vialidad

El juicio donde se juzga el presunto fraude al Estado Nacional entre 2003 y 2015 por el otorgamiento de obra pública vial al empresario Báez comenzó en mayo de 2019. Según la acusación, se trata de 51 obras viales las cuales algunas no se terminaron pese a que se cobraron, en otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular. La fiscalía apunta a la existencia de una asociación ilícita, ubicando a su cabeza a la vicepresidenta.

El juicio arrancó durante el último año de mandato del ex presidente Mauricio Macri, que tenía en ese momento a Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional, aunque parte de los hechos ya estaban bajo la órbita de tribunales por una presentación que la Coalición Cívica había hecho en 2008. A lo largo de más de tres años de juicio, interrumpidos por la pandemia y sin recuperar nunca la presencialidad plena, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

La expresidenta intervino varias veces ante los jueces a lo largo de proceso: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019 y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa. En esa ocasión, refutó la acusación y volvió a hablar de lawfare, teoría que sostiene la coexistencia de una conspiración por parte de sectores políticos y judiciales para perjudicarla.

El 23 de septiembre pasado, luego de haber sido víctima de un intento de homicidio, Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro caso de prevaricato”, y que “la acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”. Además, responsabilizó al Poder Judicial y a los medios de crear un “clima social” que provocó el atentado en su contra. 

El pedido de condena de los fiscales

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta, así como a Lázaro Báez por ser el presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Pidieron diez para Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, para José López, exsecretario de Obras Públicas y para Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional. Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad, la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión, respectivamente.

Para Abel Fatala, ex funcionario de Planificación Federal, pidieron cuatro años. Reclamaron tres años para Héctor Garro; seis para Juan Carlos Villafañe; cinco para Raúl Pavesi y cuatro para José Santibáñez: todos ellos de la Dirección de Vialidad del distrito Santa Cruz.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita, pero una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

LC con información de agencias

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió hoy en la reanudación de la causa “Vialidad” que durante los alegatos su defensa dejó “constancia histórica y documentada de la refutación jurídica y fáctica de todas y cada una de las mentiras expuestas por los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola”.

La exmandataria compartió vía Twitter el video donde se observa hoy al fiscal federal Diego Luciani negándose a agregar comentarios a su alegato tras las objeciones de las defensas y como respuesta consideró: “Vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio de Vialidad, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales...Fijate lo que ahora dice Luciani, cuando le toca replicar”.

Después compartió una recopilación de videos que se encuentran en su canal de Youtube ironizando: “Ah! No lo viste? Acá te dejo los 12 capítulos que dejan constancia histórica y documentada de la refutación jurídica y fáctica de todas y cada una de las mentiras expuestas por los fiscales Luciani y Mola”.

Los videos compartidos recorren punto por punto las argumentaciones dadas por los abogados de la Vicepresidenta durante el juicio, respondiendo a cada una de las acusaciones.

“Desde reuniones que nunca existieron, hasta registros telefónicos donde sólo aparecen empresarios macristas hablando de licitaciones y redeterminaciones de precios”, describió Fernandez de Kirchner, y finalizó: “El Partido Judicial a full”.

En la audiencia de hoy Luciani desistió de su derecho a replicar el contenido de los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados y consideró que la acusación en la causa Vialidad se mantiene “incólume”. Lo dijo en la reanudación del juicio durante la cual rechazó planteos de nulidades de algunas de las defensas de los 13 acusados.

De esta forma, Luciani descartó responder sobre los numerosos argumentos de los abogados defensores, quienes hicieron pidieron absoluciones por inexistencia de delito.

DA con información de Télam

El juicio en la causa Vialidad se reanuda este lunes con la respuesta de la fiscalía a los planteos de nulidad hechos en el debate y seguirá, en caso de requerirlo, el derecho a réplica a los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto un receso de dos semanas al finalizar la última audiencia de alegatos defensores y este lunes, desde las 9.30, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola responderán nulidades planteadas.

Además, tendrán que informar si hacen uso del llamado derecho a réplica al contenido de los alegatos de las defensas.

En caso positivo, deberían fijarse audiencias para ello y se abriría la oportunidad para que los abogados soliciten luego hacer sus “dúplicas”.

Si la fiscalía no hace uso de esta opción, tras la respuesta a los planteos de nulidad el juicio entrará en la etapa de últimas palabras de todos los procesados, para lo cual el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fijará un cronograma.

Luego será el momento del veredicto que se espera para antes de fin de año.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que en la audiencia de hoy los fiscales podrán responder a planteos de nulidad parcial de su alegato de la defensa oficial de uno de los acusados, el exsecretario de Obra Pública José López, vinculados al uso de tramos de su declaración indagatoria en otra causa penal.

También se cuestiona la incorporación como prueba de las transcripciones de sus mensajes obtenidas de su teléfono celular en la causa que lo investigó por enriquecimiento ilícito.

Además, responderán por nulidades que planteó la defensa del también imputado empresario y dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez por supuesta violación a su intimidad porque fue escuchado de manera ilegal en la cárcel cuando estuvo preso, y se introdujeron a la acusación “elementos novedosos” que no fueron parte del requerimiento fiscal de elevación a juicio leído en mayo de 2019, cuando se inició el debate.

Tanto los fiscales como la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán responder a otro planteo, el de excepción de cosa juzgada hecho por la defensa de Báez.

El Tribunal prepara un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta; Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y José López.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Los pedidos de condena

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de “asociación ilícita” y administración fraudulenta.

La fiscalía también pidió 12 años de prisión para Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periott; y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo, Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia, Juan Carlos Villafañe.

Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Con información de Télam.

IG

La Cámara Federal de Casación ratificó este miércoles a los jueces y los fiscales que intervienen en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, al rechazar las recusaciones planteadas, entre otros, por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El máximo tribunal penal, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, recordó que “por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia”.

Tras conocerse las fotos del juez Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, la defensa de Cristina Kirchner –a cargo del abogado Alberto Beraldi- recusó a ambos.

A esas recusaciones se sumaron luego la del fiscal Sergio Mola y del juez Jorge Gorini, a las que se adhirieron o directamente presentaron las defensas de los imputados Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti.

El 22 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio (que se encuentra en su etapa final) rechazó todas las recusaciones.

Ahora, la Cámara ratificó ese criterio, “pues la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en la resolución impugnada”.

Pese a invocar el “temor de parcialidad” que generaron aquellas circunstancias que motivaron las recusaciones, la Casación entendió que la defensa de la ex presidenta “no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada”.

Cuando planteó las recusaciones Beraldi expuso una serie de elementos que, según su criterio, generan temor de parcialidad en relación a los magistrados que intervienen en el proceso, como el hecho de haberse enterado a través del diario Página/12 que el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu comparten un equipo de fútbol llamado La Liverpool que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

“El juez Gorini y el juez Giménez Uriburu también visitaban a la Lic. (entonces Ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones”, recordó el abogado de la expresidenta en otro tramo del recurso que había presentado.

“¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta”, afirmó Beraldi.

Con información de NA y Télam.

IG