Después de meses amenazando con reformular el edificio de la ex-ESMA –donde hoy funcionan distintos organismos de derechos humanos–, el gobierno de Javier Milei anunció que 5.000 metros cuadrados serán destinados a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia de la Nación que, aunque no dio detalles sobre cuál será el alcance de la medida, sí se preocupó de aclarar que el inmueble habia sido utilizado anteriormente para “programas ideológicos y actividades político partidarias”.

El nuevo Código Procesal Penal Federal fija un modelo acusatorio en los juicios penales a nivel federal. En este modelo, el Ministerio Público Fiscal –los fiscales–pasan a tener un rol central en la conducción de la investigación judicial. En cambio, los jueces quedan a cargo exclusivamente de garantizar los derechos y controlar la legalidad del proceso, sin investigar ni acusar.

Si bien fue aprobado en 2014, hasta el momento su puesta en marcha no fue inmediata ni uniforme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde todavía no fue implementado pero deberá entrar en vigencia el próximo 11 de agosto.

“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado, redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”, señala el comunicado del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En otro tramo agrega que ahora jueces y fiscales tendrán “todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes”

Los fiscales venían reclamando hace tiempo un edificio donde poder funcionar. Ahora el Gobierno decidió darles un lugar en la ex-ESMA donde funcionó el mayor centro clandestino de la represión ilegal y que hoy es un sitio emblemático de memoria y derechos humanos en Argentina. Actualmente, en el predio funcionan diversas instituciones y dependencias estatales.

Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Secretaría de Derechos Humanos –que funciona en la ex-Esma– se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”, dijo.

En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.

Dos días despues, el Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Además, en enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, adelantó que el Gobierno planea instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Fue en medio del cierre sorpresivo del Centro Cultural Haroldo Conti.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas. 

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

Javier Milei aceita su operativo de fiscalización a medida que se desarrolla el balotaje presidencial, luego de una semana cargada de tensión donde hasta su hermana Karina presentó una denuncia de un potencial “fraude” que no validó con pruebas en la Justicia. Con los primeros reportes desde las mesas de votación, en La Libertad Avanza cerraron filas esta mañana en su custodia conjunta de los votos con el PRO de Mauricio Macri.

El interés principal pasa por el resguardo de las boletas propias en la provincia de Buenos Aires, donde está un tercio del padrón electoral. Por eso antes del mediodía mantenían una reunión los responsables de fiscalización de cada partido: Sebastián Pareja por los libertarios y Guillermo Sánchez Sterlin, hombre de confianza del macrista Cristian Ritondo.

Según una primera lectura del estado de situación en los cuartos oscuros, habría mesas donde aparecieron papeletas de LLA correspondientes a las PASO o adulteraciones en el número de lista. “Boletas hubo en todos lados, pero estamos viendo de denunciar que nos pusieron boletas de las PASO, así como que tratan de adulterar el número de lista”, aseguró a elDiarioAR un responsable directo de la fiscalización opositora en el conurbano. “Más allá de todo, estamos muy bien”, completó.

El inicio de la jornada electoral encontró a los dos partidos haciendo “un entrecruzamiento” de fiscales porque, según dijeron, “sobraban” voluntarios.

También Córdoba es un distrito clave para esperar el resultado de la elección: es la segunda provincia con más votantes, con cerca del 9%. “Llegamos a reponer tres veces en las escuelas donde nos suelen votar mucho, pero no sabemos si es porque nos votan o nos roban boletas”, señaló a este medio una voz muy importante en la fiscalización cordobesa para el libertario. En la provincia también hubo inconvenientes iniciales para cubrir mesas, que se “solucionaron rápidamente”.

En total Milei llegaba este domingo con unos 135 mil fiscales en todo el país, entre libertarios y del PRO, más un 30 por ciento de suplentes. También tenía un grueso de gente “a la espera” en las distintas sedes partidarias. “Estamos sobrados. Hasta hubo gente que no pudimos llamar”, afirmó una tercera fuente opositora. Hay escuelas donde LLA-PRO pagó a sus fiscales hasta 30 mil pesos para jordana, el triple que lo que pagaba la Justicia Electoral a los presidentes de mesa.13:15

En LLA celebraron temprano este domingo los reportes de las primeras mesas testigos en el exterior a su favor. Recibieron actas de mesas con datos de Australia con un 81% para LLA, de China con 82%, Japón con 76% y Nueva Zelanda con 56%.

MC

Denunciaron al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, Matías Edery, por presuntos vínculos con Mariana Ortigala, una testigo del juicio contra el capo narco Esteban Alvarado, ahora imputada por participar de una trama extorsiva dirigida por “Los Monos”. La denuncia fue presentada ante la jefa de los fiscales santafesinos, Cecilia Vranicich, por el fiscal local Pablo Socca, quien tiene a su cargo la causa que involucra al jefe de la mencionada banda criminal, Ariel “Guille” Cantero y ocho personas más por amenazar e intimidar a un comerciante.

Ortigala había sido amiga de la esposa de Alvarado y su hermano Rodrigo, mano derecha del jefe narco, pero según señalaron los fiscales Socca y Miguel Moreno habría “cambiado de bando” para operar junto a los “Monos”, de cuyo líder es testaferro.

De acuerdo con las partes acusatorias, al menos en un caso de balacera a comercios del oeste de Rosario en 2021, Edery ─fiscal del juicio oral que en junio del año pasado dictaminó la condena perpetua a Alvarado por homicidio, asociación ilícita, lavado de activos y otros delitos─ obtuvo información de Ortigala que no había compartido con el fiscal que investigaba el hecho, Federico Rébola. Así lo confirmaron con chats de los celulares que tenía la mujer en su poder y que fueron secuestrados la semana pasada cuando la detuvieron en su domicilio.

En este marco, Socca planteó que se resguarde la información que tiene en su poder, que incluyen las capturas de pantalla de los mensajes.

Ante las nuevas acusaciones y evidencias, la fiscal general Vranicich ordenó que se inicie una investigación penal por los hechos denunciados.

ACM con información de agencias.

Los fiscales del juicio a los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa dijeron esta tarde sentirse conformes con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. Sin embargo, adelantaron que apelarán la participación secundaria atribuida a tres de ellos, por considerar que fueron “coautores” del crimen como los otros cinco sentenciados a prisión perpetua.

“Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas”, anticipó a la prensa el fiscal Juan Manuel Dávila, al referirse a Ayrton Viollaz (23), Blas Cinalli (21) y Lucas Pertossi (23), quienes fueron condenados a 15 años de prisión por ser “partícipes secundarios” del crimen.

Si bien el fiscal afirmó que todavía no leyó los fundamentos de los jueces, manifestó estar convencido de que Cinalli, Pertossi y Viollaz “son coautores y no que tienen una participación secundaria como dictó el tribunal”. “Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso se presentará ante Casación”, aclaró Dávila, quien tendrá 7 días para apelar.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal coincidió con el tribunal respecto a la imputación por falso testimonio a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo. “Entendemos que las dos personas, de acuerdo a cómo se ubicaban en el momento de los hechos, no pudieron no haber visto lo que ocurrió, como ellos manifestaron. Será remitido a la fiscalía de instrucción para que se investigue”, indicó.

En tanto, Gustavo García, el otro fiscal del juicio, destacó que “hay cinco perpetuas” y que “no hubo penas leves”. En ese sentido, el fiscal general de Dolores Diego Escoda describió las condenas como “muy duras” y aseguró que “se ha hecho Justicia”.

“Tengo que destacar el trabajado realizado por la fiscalía”, dijo Escoda y agregó: “Llegamos a esta instancia luego de tres años con una pandemia en el medio. Las hipótesis de la fiscalía fueron sustentadas en al menos cinco imputados que fueron condenados a prisión perpetua”.

Además, el fiscal general manifestó que “hay una discrepancia” con el tribunal en la parte resolutiva del fallo y que “es común” que los fiscales recurran al fallo. “Sin embargo, quiero resaltar que el tribunal ha llevado el juicio de manera excelente. Todos han podido declarar y se ha televisado”, finalizó.

LC con información de agencia Télam

“La verdad cuando se busca, aparece”. Es la única coincidencia entre la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Así lo destacó durante su alegato el penalista Carlos Alberto Beraldi, principal defensor de la expresidenta en el juicio oral y público por el caso Vialidad. Pero la definición de qué se acerca a la verdad y qué es literalmente mentira los divide por completo.

Fernández de Kirchner enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

La defensa sostiene que la fiscalía creó una “fantasía” en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentar que ese tipo de incidencia no era posible, Fernández de Kirchner y Beraldi describieron las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. 

La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez. Por ejemplo, dijeron Luciani y Mola, a la hora de garantizar el envío de fondos del Tesoro Nacional para enviar las obras que se adjudicaban al empresario amigo.

El rol de Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos (2007-2015) y su alcance legal es uno de los puntos centrales del juicio. En ese marco, la supuesta reunión con Báez a finales de 2015 en medio del plan “Limpiar Todo” es otro de los principales contrapuntos entre la fiscalía y la defensa, y de los más resaltados por funcionarios y aliados de la vicepresidenta en medios de comunicación y redes sociales durante la semana última. “Los fiscales mintieron”, dijo la vicepresidenta. 

“Lázaro Báez” son las palabras menos pronunciadas por la vicepresidenta en público. Fernández de Kirchner evita nombrar al empresario que fue amigo de su esposo y socio comercial de sus empresas, como Hotesur, sociedad en la que la expresidenta tuvo el 45% de las acciones, según las actas de la propia compañía.

En su alegato Cristina Fernández de Kirchner no mencionó a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades). El abogado Carlos Beraldi sí lo hizo: sostuvo que la relación comercial se basó en alquileres de propiedades y hoteles y que eran negocios legales.

La fiscalía sostuvo que Fernández de Kirchner no podía desconocer los beneficios que su socio recibía de su gobierno y que la entonces presidenta firmó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decreto de designación de funcionarios que permitieron la continuidad del esquema que heredó del gobierno de Néstor Kirchner en 2007.

Pero, además, el fiscal Luciani hizo especial hincapié en un supuesto encuentro que rompía, para la fiscalía, la supuesta lejanía entre el empresario y la funcionaria: la reunión del 30 de noviembre de 2015 por la tarde, en Santa Cruz, en la que la entonces presidenta tomó decisiones sobre el “plan huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral. 

El “plan limpiar todo” o “plan huída” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal. “Limpiar todo”, fue la orden del secretario de Obras Públicas, José López, al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, tras una reunión con la Presidenta en Olivos, a finales de noviembre de 2015. La fuente que permitió a la fiscalía reconstruir estas reuniones y decisiones son los mensajes de texto y chats extraídos del teléfono de López; y un video que registró al avión presidencial, Tango 01, aterrizando en Río Gallegos el 29 de noviembre por la tarde.

La defensa sostuvo que la fiscalía mintió, que esa reunión entre CFK y Báez no existió y ofreció como prueba los registros en medios de comunicación que ubican a Fernández de Kirchner en un acto oficial en Bariloche, ese lunes 30 de noviembre por la tarde. No podía, entonces, estar en dos lugares al mismo tiempo. 

En base a información publicada por la Casa Rosada en 2015, por la propia Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter y por medios de Río Negro, y los mensajes del teléfono de López, elDiarioAR pudo establecer que existe una posibilidad fáctica de que Báez y la vicepresidenta se hayan reunido en esas fecha y que no es cierto que es imposible que así haya sido. También surge de un mensaje enviado por Báez a José López el 1° de diciembre a las 21.34 horas que el empresario y la entonces presidenta hubieran conversado, aunque no se hubiesen reunido físicamente.

Para cruzar la información, primero hay que tener en cuenta que en la extracción del contenido del teléfono de López, todos los mensajes y chats figuran con un huso horario distintos al que corresponde a los mensajes, debido a que el programa que extrae el contenido del celular no registra el material en el huso horario de Argentina, sino del Coordinated Universal Time (UTC)+0, equivalente a tres horas más tarde. Es decir que los mensajes registrados a las 15 horas, ocurrieron en realidad a las 12 horas de Argentina, según explicó el fiscal Luciani durante su alegato. En este artículo se transcriben los horarios reales de los mensajes.

El sábado 28 de noviembre, López escribió al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, mano derecha de Báez, que tenga listo la “nómina de empleados y liquidación final”. “Lunes (por el 30 de noviembre) a primera hora para (que) la Señora vea y tome decisiones”. Mendoza les respondió: “Mirá, nos encontramos en RG (Río Gallegos) el lunes mediodía y vemos”.

Ese domingo 29, López viajó por sus medios a Río Gallegos y se hospedó en la casa de su suegra, según le contó en un mensaje a Nelson Periotti, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, quien también debía viajar para estar en la capital de Santa Cruz en la misma fecha. Algo los congregaba en la provincia y según los mensajes gira en torno a Báez.

El Tango 01 aterrizó en Río Gallegos el domingo 29 por la tarde y quedó registrado en video porque el piloto realizó un vuelo rasante sobre el aeropuerto que despertó la curiosidad de quienes se encontraban en la pista y lo grabaron.

El lunes 30, Fernández de Kirchner aterrizó en el aeropuerto de Bariloche a las 17 horas, según el medio Bariloche Opina, y desde allí se trasladó por tierra unos 60 kilómetros hasta la localidad de Pilcaniyeu para encabezar el acto al que se refirió su defensa en el alegato: la inauguración de la producción de uranio enriquecido en una planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), según publicó la Casa Rosada.

El mensaje que presupone que Fernández de Kirchner se reunió con Báez esa tarde fue enviado por Mendoza a López el mismo lunes 30 a las 12:35: “Llega la señora a la tarde y L se junta con ella”.

Para arribar a las 17 horas desde Río Gallegos (o El Calafate, porque no está claro dónde fue la reunión) a Bariloche, el Tango 01 requiere despegar de Santa Cruz alrededor de las 15. El avión presidencial viaja a menos de 900 kilómetros por hora y la distancia es de unos 1.500 kilómetros entre los dos puntos geográficos.

Antes del inicio del acto en Pilcaniyeu, Fernández de Kirchner mantuvo comunicación por videoconferencia con Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Pilar para otras tres inauguraciones virtuales.

El acto oficial comenzó alrededor de las 18.15, según un twitt de la funcionaria, y culminó pasados los 27 minutos, es decir, antes de las 19 horas. Luego, se trasladó en helicóptero hasta el centro que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, consignó Página/12. Ese medio también afirmó que la presidenta había estado en Santa Cruz el fin de semana.

¿Era imposible que se hubiera reunido con Báez ese día? Una posibilidad es que la reunión que niega la defensa y la propia vicepresidenta se podría haber concretado antes de las 15 horas del 30 de noviembre, cuando debió partir hacia Bariloche, ya que se encontraba efectivamente en Santa Cruz, como consignó Página/12 y el aterrizaje del Tango 01 en Río Gallegos.

No está claro dónde pasó la noche. si regresó a Santa Cruz o viajó desde Bariloche a Buenos Aires. Al día siguiente, el 1° de diciembre de 2015, la entonces presidenta estaba en la Casa Rosada al menos desde el mediodía. Almorzó con gobernadores del Frente para la Victoria en la sede de Gobierno y por la tarde se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, según los registros oficiales y de medios.

¿Qué otro indicio hay de que existió un encuentro con Báez? En los mensajes registrados en el teléfono de López,  Mendoza y López se refieren a Fernández de Kirchner como “la señora”. Por eso, la fiscalía sostiene que Báez hablaba de la presidenta cuando le envió a López dos mensajes el 1° de diciembre por la noche con esa misma referencia y en el contexto que aporta el resto de los mensajes previos y posteriores. 

Para ese 1° de diciembre por la noche, el encuentro, haya sido en Buenos Aires, en Bariloche o en Santa Cruz, o la conversación entre ambos, según Báez, ya había ocurrido. Aunque el empresario nunca menciona la palabra “reunión”. A las 21.32, el empresario escribió a López: “José atendeme un minuto Lázaro gracias (sic)”. Dos minutos después, Báez agregó: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora. gracias”. Austral Construcciones había activado el “plan de salida”, dijo la fiscalía.

ED

En los años ochentas y noventas Estados Unidos se auto-asignó el papel de cruzado internacional en materia de drogas. Una versión militante del prohibicionismo se desplegó a nivel mundial con particular énfasis en América Latina. La estrategia represiva de Washington se sustentó en la legislación interna y se proyectó con intensidad en la región. Así, en 1986 el presidente Ronald Reagan firmó la Directiva Presidencial número 221 mediante la cual se declaró que las drogas constituían una amenaza letal a la seguridad de Estados Unidos. Más adelante, en 1989, el entonces Secretario de Defensa, Richard Cheney, anunció que la lucha contra las drogas se convertía en una misión de seguridad nacional prioritaria para el Departamento de Defensa. En diciembre de ese año Washington lanzó la invasión a Panamá que depuso al presidente Manuel Antonio Noriega, quien fue llevado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotraficante.

Mientras tanto, se implementaba lo que se conoció como el proceso de certificación anual y unilateral en materia de drogas que apuntaba a determinar qué países cooperaban con Washington en el combate anti-narcóticos. Ese instrumento era, simultáneamente, un recurso para condicionar, disciplinar, subordinar y sancionar a las naciones en la llamada “guerra contra las drogas”. Una suerte de “garrote” para que los gobiernos—en especial, en América Latina--sintieran el efecto de las acciones punitivas de Washington. Los no cooperantes vivieron el peso de la estigmatización y castigo estadounidense. Una narco-diplomacia coercitiva se impuso en el continente. En ese marco, por ejemplo, la Casa Blanca le canceló la visa de ingreso al país al entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, en 1996, señalando que el mandatario “participó a conciencia en negociaciones” con el llamado Cartel de Cali, al tiempo que afirmó que había “certeza de que ingresaron dineros del narcotráfico en su campaña”.

Pero más allá de advertencias y puniciones el fracaso de la prohibición de drogas se hizo elocuente desde entonces hasta hoy día. En esencia, la geopolítica de las drogas se expandió y complejizó y la cruzada anti-narcóticos ha sido un fiasco en las relaciones interamericanas y a nivel mundial. Sin embargo, Washington—que modificó ligeramente su política interna ante las drogas—no ha variado su enfoque bélico anti-narcóticos en Latinoamérica. En todo caso, su condición de cruzado no ha sido abandonada.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se lanzó a la lucha contra el terrorismo. En ese contexto, se transformó en un gendarme internacional que pretendía acabar con los grupos terroristas y sus santuarios, reordenar Medio Oriente y Asia Central especialmente, y asegurar la expansión global de la democracia. Otra vez, una vasta legislación interna, directivas del ejecutivo y estrategias militares sustentaban ese nuevo rol auto-afijado. La fuerza, el ataque, la retaliación y la agresión fueron la norma. La ocupación de Afganistán e Irak fue el corolario de un enfoque que suponía triunfos inmediatos y definitivos. Creció el uso de drones en Asia (Irak, Afganistán, Pakistán) Oriente Medio (Yemen) y África (Libia, Somalia). Jurídicamente, la estrategia contra el terrorismo derivó en la pos-legalidad: es decir, una situación en la que el derecho interno e internacional se manipuló y se desconoció.

Los resultados efectivos de la ofensiva contra el terrorismo no admiten festejos. Según las investigaciones del Watson Institute for International and Public Affairs de Brown University, después de gastar US$ 8 billones de dólares en las guerras pos—11/9, aproximadamente 979.000 personas (civiles, personal militar, contratistas privados de seguridad, periodistas, miembros de organizaciones humanitarias) murieron de forma directa y 38 millones de personas debieron refugiarse en distintos países o se vieron obligadas al desplazamiento interno. Aunque Estados Unidos—en especial a partir de los fracasos en Irak y Afganistán—se ha ido replegando, su pretensión de gendarme sigue vigente para varios decisores civiles y militares.

En años recientes, y más concretamente con la administración del Presidente Joe Biden, Estados Unidos se ha asumido como fiscal internacional en materia de corrupción en el marco de lo que identifica como la lucha entre las democracias contras las autocracias. En realidad, y respecto a Latinoamérica, el tema de la corrupción venía siendo foco de referencia de los responsables del Comando Sur. Por ejemplo, es una de sus prioridades. En la declaración de la postura del Southcom de 2016 el Almirante Kurt Tidd mencionó el tópico. Más recientemente, en 2019 el Comandante del Comando Sur, Almirante Craig Faller, destacó que “la corrupción es una inquietud de seguridad nacional en el hemisferio”. A su vez desde 2015 se han aplicado sanciones a individuos en Venezuela invocando, entre otros, asuntos de corrupción.

Ahora bien, es desde hace dos años que la corrupción ocupa un lugar cada vez más prominente en la política exterior de Estados Unidos. Por primera, en junio de 2021 y mediante un memorándum, la Casa Blanca precisó que la lucha contra la corrupción constituía un “interés central para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Y en diciembre se anunció la Estrategia Nacional de Estados Unidos contra la Corrupción. El Departamento de Estado designó en julio de 2022 a Richard Nephew Coordinador Global contra la Corrupción: Nephew ha sido Coordinador de la política de sanciones del Departamento de Estado y Director para Irán en el Consejo de Seguridad Nacional. A su vez, es importante destacar que la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado tiene la responsabilidad de la Iniciativa de Transparencia sobre Industrias Extractivas; una iniciativa que busca, entre otras, “combatir la corrupción en los sectores globales de gas, petróleo y minería”.

En este período reciente América Latina ha sido un punto importante de la estrategia anti-corrupción. Con base en la legislación existente, el Departamento de Estado designó personas corruptas a 79 centroamericanos (43 de Nicaragua, 16 de Guatemala, 14 de Honduras y 6 del Salvador), al tiempo que logró la extradición del ex Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández .

A su vez, el 22 de julio de 2022 el Departamento de Estado indicó que el ex Presidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes, estaba involucrado en “corrupción significativa”.

En breve, Washington ha decidido convertirse, desde un sitio de presunta superioridad moral, en un fiscal internacional en materia de corrupción. Sin embargo, esta condición va más allá de una presunta inmodestia ética: se inserta, esencialmente, en la pugna global contra China bajo el leitmotiv de la democracia vs. la autocracia. Esa lucha no cubre todas las autocracias, por supuesto. Entre el 15 de julio y el 2 de agosto el Departamento de Estado aprobó la venta de armamentos por un valor de US$ 20.000 millones de dólares; un tercio de las ventas se hicieron a autocracias. Dicho combate anti-corrupción, además, se viene librando más en América Latina que en otras latitudes; algo que quizás persista no en virtud del avance de autocracias en la región. El doble estándar se irá haciendo evidente con el correr del tiempo.

En el fondo, posiblemente la designación de quién es corrupto/a por parte de Washington tenga más que ver con la proyección de China en la región; la intensificación de las contradicciones ideológicas en Latinoamérica; el auge de modalidades delictivas—algunas de ellas como el negocio de los narcóticos y el emporio de las armas que tienen en Estados Unidos un doble epicentro en cuanto a demanda y oferta, respectivamente--; y la intención de recuperar cierta influencia y prestigio en el área. En todo caso, lo más probable es que Estados Unidos esté comenzando a ejercer su auto-concedida condición de fiscal internacional en cuanto a la corrupción. Ello implica aumentar la capacidad de condicionar, sancionar, intimidar y estigmatizar. Esto, seamos realistas, recién empieza.

Vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella

CC

Los dichos de Alberto Fernández sobre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani tuvieron una fuerte repercusión. Es por ello que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un comunicado repudiando estos comentarios: “Sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario”, indicaron.

“Alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... Hasta acá lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó; espero que no haga lo mismo el fiscal Luciani”, dijo el mandatario este miércoles por la noche en el programa A Dos Voces que se emite por TN.

El comentario surgió luego de que el presidente defendiera a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. En ese sentido, aseguró que ella “no tiene nada que ver” y sostuvo que “no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

Además, manifestó que “al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal” porque le pareció de una “debilidad asombrosa lo que dijo y por mucho que grite Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos”.

El repudio de la Asociación de Fiscales a los dichos del presidente

“La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación repudia enfáticamente los dichos vertidos por el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández”, inició el comunicado.

En el mismo sentido, aclararon que el mandatario “posee un desconocimiento del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman” y sostuvieron que “sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que solo ha cumplido su labor asignada por el artículo 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: ‘Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art. 173 y 210 del Código Penal’”.

Además, citaron el artículo 109 de la Constitución Nacional que expresa: “En ningún caso, el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” y expresaron que “ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo”.

El comunicado, que fue firmado por el presidente de la asociación, Carlos Rívolo, entre otros funcionarios judiciales, concluye con una demanda: “un cumplimiento estricto de la letra establecida desde 1853 y ratificada en 1994 en nuestra Constitución Nacional”.

NB

Tras días de alegatos en los que la Fiscalía que investiga la causa conocida como “Vialidad” en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios y empresarios de estar vinculados a hechos de corrupción por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, y el consecuente pedido de penas de hasta 12 años de prisión, las repercusiones sacudieron el mundo de la política vernácula e internacional, además de manifestaciones ciudadanas de todos los colores. Entre las posturas más tajantes, estuvo la del presidente Alberto Fernández en defensa de la exmandataria. El jefe de Estado manifestó su solidaridad con su compañera de fórmula “frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

Estos dichos generaron el rechazo de la Federación Latinoamericana de Fiscales, organismo que emitió a través de sus canales oficiales un comunicado en el que expresa una “profunda preocupación” ya que, “en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales”.

En el escrito, que lleva las firmas de su presidente, Ronald Segura, y de la Secretaria General, Besy Villafranca Martínez, hablan de “un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales que permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas” de la Justicia.

Para la asociación latinoamericana, “la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo”, al tiempo que sostienen que la democracia “para su existencia, exige del orden estatal el debido respeto a la separación de poderes, que permita el trabajo de los frenos y contrapesos”.

La Federación que nuclea funcionarios judiciales americanos cuestionó a Alberto Fernández por adoptar “la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, además de considerar que dichas expresiones “ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”.

Asimismo, piden a sus pares de “la comunidad jurídica de la región” estar “alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.

El comunicado completo

La “Federación Latinoamericana de Fiscales”, viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación, que, en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales.

Consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los Fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial.

En este sentido, se debe puntualizar que “la independencia judicial constituye un derecho humano”, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la Democracia para su existencia exige del orden estatal el debido respeto a la separación de poderes, que permita el trabajo de los frenos y contrapesos.

La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la Republica, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder.

En este orden de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía.

En ese marco, hemos observado que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público (Caso: 2833, caratulado “Fernández de Kirchner; Cristina y otros s/ infracción arts. 173 y 210 del Código Penal”), después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad…”, adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal.

Dichas expresiones ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores.

Por ello, convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.

Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio.

Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

IG