El juicio oral y público por el intento de homicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llega este miércoles a su fin. Desde las 9, el Tribunal Oral Federal número 6 da a conocer el veredicto contra los tres imputados en el caso.

Según la investigación, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron asesinar a Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, el 1° de septiembre de 2022 por la noche, en las inmediaciones del domicilio de la exfuncionaria, en el barrio porteño de Recoleta.

En la primera instancia de la jornada, se les dio la posibilidad de hablar a los imputados. En primer lugar, Sabag Montiel, principal acusado, reclamó que la causa “estuvo armada y eso se sabe” y que el arma “fue plantada” por Gastón Marano, abogado defensor de Nicolás Carrizo, otro de los coimputados, sindicado como líder de “los copitos”, pero que ni la fiscalía ni la querella pidieron que se lo condene.

Brenda Uliarte no quiso hablar y Nicolás Carrizo se limitó a agradecer al Tribunal por el trato recibido. Después, todo pasó a un cuarto intermedio hasta las 13.

La causa

Ambos jóvenes están acusados de tentativa de homicidio agravado. La fiscal Gabriela Baigún solicitó la pena de 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte. Además, pidió unificar las condenadas del imputado central por otros delitos, como es la tenencia y distribución de material de abuso infantil. Por eso, en total, pidió 19 años de prisión para Sabag Montiel.

En el caso de Uliarte, se tomaron en cuenta atenuantes como la falta de antecedentes penales y la precaria red de contención social, por ejemplo, cuando sufrió la pérdida de un hijo sin el acompañamiento psicológico adecuado.

En el caso de Sabag Montiel, la acusación lo señala como autor penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, por violencia de género y con motivación política, además de portación ilegítima de arma de fuego.

Los peritajes psiquiátricos confirmaron que ambos imputados estaban en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. Sabag Montiel no presentaba signos de psicosis ni rasgos delirantes, mientras que Uliarte tampoco evidenció afectación en su discernimiento. Los especialistas concluyeron que ninguno de los acusados padecía un cuadro psicopatológico que los eximiera de responsabilidad, lo que refuerza la hipótesis de que actuaron de manera deliberada.

Los abogados de Fernández de Kirchner solicitaron que los dos principales acusados sean condenados a 15 años de prisión, la pena máxima para tentativa de homicidio. El abogado Marcos Aldazabal, integrante de la querella que representa a la expresidenta, atribuyó a Sabag Montiel la autoría material y a Uliarte el rol organizativo, en base a la investigación.

Tanto la fiscalía como la querella decidieron no acusar a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de la llamada “banda de los copitos”, y pidieron su absolución. Carrizo se encontraba entonces detenido y recuperó su libertad durante el último tramo del juicio. Según explicó Aldazabal, tras dos años de investigación, “no existen elementos suficientes para imputarlo”.

La acusación

La fiscal Baigún afirmó durante su alegato: “Sabag Montiel sabía apuntar, gatillar y dar muerte a una persona a escasa distancia”. Luego, agregó: “Sabag Montiel tenía un arma de fuego de verdad, no era un arma de juguete o pistola de agua”. Baigún aseguró que ambos acusados “actuaron de acuerdo común, con la decisión de matar a la entonces vicepresidenta”.

Según la fiscalía, los dos principales acusados se infiltraron entre la multitud que aguardaba en la esquina de Juncal y Uruguay, en la puerta de la casa de Fernández de Kirchner, con un arma calibre .32, cargada con cinco municiones aptas para el disparo. El hecho no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad: Sabag Montiel gatilló a centímetros de la víctima, pero la bala no salió y, cuando intentó volver a disparar, fue reducido por militantes.

En su alegato, la fiscalía incorporó la perspectiva de género y cedió un tramo del debate a Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Labozzetta fundamentó el agravante de violencia de género en el atentado, al sostener que el ataque no solo estuvo dirigido contra una figura política, sino también contra una mujer en ejercicio del poder, en un contexto atravesado por estereotipos y discursos misóginos.

La planificación

La fiscal presentó pruebas que acreditan que Sabag Montiel y Uliarte estuvieron juntos desde el 30 de agosto hasta el día del ataque. El propio acusado reconoció que pasaron ese tiempo juntos, desde un viaje a Quilmes hasta un paseo por el shopping Abasto, donde fueron filmados por las cámaras de seguridad.

La premeditación también quedó reflejada en audios y mensajes de ambos. En uno de ellos, Sabag Montiel advertía: “Si saco el fierro ahí me van a agarrar entre varios… tendría que sacar el cargador porque me lo van a sacar”. Uliarte respondió: “La onda es que metas el corchazo y te escapes”. Para Baigún, estas conversaciones, sumadas a la intención de alquilar un departamento cerca de la casa de CFK, demuestran la planificación del ataque.

En paralelo, se registraron búsquedas en Google de Sabag Montiel sobre “Carta astral CFK” y “Gobierno de CFK” pocos días antes del hecho. Consultado en la indagatoria, explicó que buscaba referencias astrológicas sobre la muerte, lo que la fiscalía interpretó como una confirmación de que semanas antes ya había tomado la decisión de matar a la expresidenta.

El hecho

Aquel 1° de septiembre de 2022, cuando Fernández de Kirchner se acercó a saludar a la militancia en la puerta de su domicilio, Sabag Montiel extrajo el arma de su campera y gatilló. Ninguno de los testigos presenció el instante exacto en que apuntó, pero varios aseguraron haber escuchado un “clic metálico”. Diego Bermúdez, secretario de CFK, fue uno de ellos, mientras que Gabriel Corona declaró que vio el arma caer al piso y decidió pisarla hasta que llegara la custodia.

Al ser reducido por los militantes, Sabag Montiel intentó disimular su accionar diciendo: “Yo soy compañero, no hice nada, aguante Cristina”.

El arma calibre .32 pertenecía a Sabag Montiel desde 2021, cuando incluso se fotografió con ella. En un video hallado en su celular, fechado en julio de 2022, se lo ve practicando cómo recargarla. Aunque en la indagatoria dijo que “no sabía disparar”, los peritos concluyeron que conocía el mecanismo básico.

ED/MC

A tres años del intento de magnicidio que sacudió a la política argentina, el juicio por el ataque a Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su etapa definitiva. Este miércoles a las 9 de la mañana empiezan los alegatos de las defensas, la última instancia antes del dictado de la sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6. Es el cierre de un proceso que mantuvo en vilo a la opinión pública desde el 1° de septiembre de 2022, cuando el arma de Fernando Sabag Montiel no se disparó a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta.

El juicio está en su recta final. Tras la exposición de la fiscal Gabriela Baigún de hace dos semanas, y los pedidos de pena de la querella, hoy es el turno de las defensas de Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Se trata de la etapa que antecede directamente al veredicto: los jueces analizarán las posiciones de las partes y emitirán una sentencia que, según fuentes judiciales, podría conocerse en octubre. Los fundamentos se presentarían un mes después.

Durante la audiencia, que se desarrolla desde las 9 de la mañana, está prohibida la obtención de imágenes, grabaciones o filmaciones. Los posicionamientos de las defensas serán claves para el tribunal, que definirá la responsabilidad penal de los acusados en el intento de asesinato más grave contra una figura institucional desde el regreso de la democracia.

La fiscalía pidió 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, 14 para Brenda Uliarte y la absolución de Nicolás Carrizo. La querella que representa a la expresidenta coincidió en solicitar la absolución para Carrizo, aunque durante la instrucción había sido considerado uno de los principales acusados. Sabag Montiel fue quien accionó el gatillo del arma Bersa calibre .32, que no se disparó por una falla mecánica. Uliarte, su pareja, lo acompañó ese día y lo había hecho también en vigilias previas.

El caso llegó a juicio bajo la carátula de tentativa de homicidio doblemente agravado. Se trató de un hecho que provocó un repudio generalizado, conmoción social e interrogantes sobre el grado de organización de los atacantes. A pesar de las solicitudes para ampliar la investigación hacia posibles conexiones políticas, por ahora no se han establecido vínculos con estructuras partidarias o actores institucionales.

En ese marco, la situación de Carrizo dio un giro decisivo la semana pasada. Alias “el jefe de los copitos”, pasó dos años y once meses detenido, acusado por sus mensajes en redes sociales posteriores al atentado. En uno de ellos decía: “Recién intentamos matar a Cristina”. Su defensa sostuvo desde el inicio que se trató de una broma privada, dirigida a amigos kirchneristas, que fue sacada de contexto.

“Esa joda me salió carísima”, dijo Carrizo en una entrevista con el programa de Sergio Farella, en Radio Con Vos. El joven fue liberado luego de que tanto la fiscalía como la querella pidieran su absolución. “Desde el primer día sostuve que Carrizo no tuvo absolutamente ninguna participación en el atentado, ni en la planificación ni en el suministro de un arma”, explicó su abogado, Gastón Marano.

Durante su detención en el penal de Marcos Paz, Carrizo estuvo bajo custodia especial. “Te desnudan, te filman, te revisan todo. Después te gritan: ‘Eh, copito, ¿quisiste matar a Cristina?’”, relató. Dijo haber sido hostigado por un celador y afirmó que vivió con miedo por su vida durante toda su estadía en prisión. “El encierro te afecta psicológicamente. No necesitás estar en población para que te haga mal.”

La relación con los otros acusados fue ocasional y comercial, según su testimonio. “A Uliarte la conocí porque cayó a una fiesta en mi casa. A Sabag, igual. Después vinieron con la excusa de un saco perdido. Ahí empezaron a vender copitos y yo les vendía la materia prima. Nada más.” Consultado sobre si alguna vez le comentaron un plan para atacar a Cristina Fernández de Kirchner, fue tajante: “Jamás. Me enteré por la tele.”

En su reconstrucción del vínculo entre Sabag Montiel y Uliarte, Carrizo sugirió una dinámica enfermiza: “Él quería demostrarle que era valiente. Ella lo humillaba. Le decía que no era como El Presto. Yo creo que él quiso hacerse famoso para impresionarla.” A pesar de haber compartido algunas actividades, aseguró que no mantenía una relación cercana con ellos.

Incluso durante el juicio, Sabag Montiel lo acusó de haberlo “entregado”. “Un personaje. Está completamente desconectado de la realidad”, dijo Carrizo. Agregó que, en uno de los cruces en la sala, Sabag lo acusó de ser “un pagado por Cristina”. Las tensiones entre los acusados reflejan un entramado de relaciones frágiles y versiones contradictorias.

Sobre el final de la entrevista radial, Carrizo expresó arrepentimiento. “Si Cristina leyó mis mensajes, me da vergüenza. No pienso eso que dije. Pero si la ofendí, le pido disculpas. De verdad.” Reconoció que fue un intento de provocar a su entorno, sin medir las consecuencias. “Se hizo un quilombo. Algunos mensajes se malinterpretaron. Me arrastraron. Me arrepiento.”

Liberado pero aún expuesto al fallo judicial, Carrizo dijo que camina por la calle “con un ángel al lado”. Aunque espera con esperanza el veredicto, no logra dejar atrás el encierro. “Quisiera caminar tranquilo, pero no puedo. Estoy siempre atento. Es como si no pudiera salir del todo de la cárcel.”

El juicio por el intento de magnicidio avanza hacia su desenlace. Tras los alegatos de las defensas, el tribunal deberá resolver si condena a Sabag Montiel y Uliarte con las penas solicitadas o si adopta otra calificación. También deberá decidir si confirma la absolución de Carrizo y si ordena nuevas medidas, como investigar irregularidades en la instrucción o posibles vínculos políticos aún no esclarecidos.

Con los alegatos en marcha y el proceso en su instancia final, el juicio entra en sus últimos capítulos. La sentencia será un pronunciamiento clave sobre un hecho que dejó una marca profunda en la democracia argentina.

JJD

Por el apodo, por los chats, por las fotos, por la narrativa. Por todo eso, Nicolás Gabriel Carrizo fue durante casi tres años uno de los principales acusados por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Detenido desde septiembre de 2022, se lo señalaba como el presunto “jefe de la banda de los copitos”, y se lo investigaba como parte del círculo que habría planificado el ataque. El miércoles de la semana pasada recuperó la libertad, tras un giro clave: la fiscal Gabriela Baigún y los abogados de la querella que representa a la expresidenta pidieron su absolución.

“Tengo miedo. Cada vez que salgo, estoy muy atento a todo”, contó Carrizo en una entrevista que le concedió al programa del periodista especializado en temas judiciales Sergio Farella, que se transmite en Radio Con Vos los domingos. El juicio sigue abierto, pero la acusación en su contra se desinfló hasta desaparecer. En cambio, la fiscalía pidió 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel —quien gatilló el arma a centímetros del rostro de la exmandataria— y 14 años para su expareja y cómplice, Brenda Uliarte. Ambos continúan detenidos. Carrizo, alias “el jefe de los copitos”, ya no lo está.

“Una joda que me salió carísima”

Carrizo estuvo detenido dos años y once meses. Ya excarcelado, cuando habló con el programa de Farella, no tardó en mencionar la ironía cruel que lo llevó a la cárcel. “Yo jodía con que había participado [del atentado]. Quería hacer enojar a unos amigos kirchneristas. Después me reía. Esa joda me salió cara”, dijo.

Durante la instrucción de la causa, el peso de la acusación en su contra estuvo sostenido principalmente por una serie de mensajes de WhatsApp, enviados los días posteriores al ataque, en los que Carrizo aseguraba haber estado involucrado en el intento de magnicidio. “Recién intentamos matar a Cristina”, escribió en uno de ellos. Según declaró más tarde, se trataba de mensajes en tono de broma, enviados a amigos cercanos con la intención de provocar una reacción.

Su abogado defensor, Gastón Marano, explicó a elDiarioAR: “Desde el primer día sostuve que Carrizo no tuvo absolutamente ninguna participación en el atentado, ni en la planificación ni en el suministro de un arma. Los mensajes que lo complicaban se dieron en el contexto de una broma privada. Eso es lo que finalmente reconoció tanto la fiscalía como la querella”.

Marano aseguró que Carrizo estuvo detenido “pura y exclusivamente por lo que había conversado en privado en redes sociales”. Y agregó que, si bien el juicio todavía está en curso, la absolución parece inminente: “Faltan los alegatos finales de las defensas (empiezan esta semana), pero el tribunal debería pronunciarse en menos de un mes”.

“Adentro son más kirchneristas que otra cosa”

Durante el reportaje radial, Carrizo narró su paso por prisión: fue alojado en una celda individual, bajo custodia especial, en el penal de Marcos Paz. Ese encierro, dijo, lo marcó profundamente.

“El ingreso fue terrible. Te desnudan, te filman, te revisan todo. Después te gritan: ‘Eh, copito, ¿quisiste matar a Cristina?’, ‘Eh, gato’. Cuando pasaba por los pasillos del complejo, se escuchaban esos gritos de lejos”, recordó. “Tuve custodia por miedo a represalias. Adentro son más kirchneristas que otra cosa”.

Carrizo relató también un episodio puntual con un celador que, según dijo, lo hostigaba por su supuesta vinculación con el intento de magnicidio. “Me golpeaba la puerta, me tiraba agua, me decía: ‘Cuando estés en pabellón común, te la vas a tener que bancar’”. Por ese motivo, pidió ser trasladado.

A pesar de no haber sufrido agresiones físicas, Carrizo confesó haber tenido miedo por su vida durante toda su detención. “El encierro te afecta psicológicamente. No necesitás estar en población para que te haga mal”, explicó.

“Jamás planifiqué nada, jamás quise hacerle daño a nadie”, dijo Carrizo, quien aseguró que no tuvo relación estrecha ni con Sabag Montiel ni con Brenda Uliarte, más allá del vínculo comercial que los unía por la venta ambulante de algodón de azúcar. “A Uliarte la conocí porque cayó a una fiesta en mi casa. A Sabag, igual. Después vinieron con la excusa de un saco perdido. Ahí empezaron a vender copitos y yo les vendía la materia prima. Nada más”, dijo.

Consultado sobre si en algún momento alguno de ellos le comentó un plan para atacar a Cristina Fernández de Kirchner, respondió con énfasis: “Jamás. Jamás me mencionaron nada. Me enteré por la tele. Fue un golpe verlos detenidos. No lo podía creer”.

Para Carrizo, el origen del atentado puede estar vinculado a una dinámica enfermiza entre la pareja. “Él quería demostrarle que era valiente. Ella lo humillaba. Le decía que tenía el miembro chico, que no era como El Presto (Eduardo Miguel Prestofelippo, un influencer antikirchnerista). Yo creo que él quiso hacerse famoso para impresionarla”, aventuró.

También contó que, incluso detenido, Sabag Montiel lo acusó de haberlo “entregado”. Según Carrizo, cuando se cruzaron en el juicio, Sabag le dijo que él era “un pagado por Cristina” y que lo había “complicado a propósito”. “Un personaje. Está completamente desconectado de la realidad”, opinó.

Las disculpas y el arrepentimiento

Casi al final de la entrevista, Carrizo dijo algo inesperado: “Si Cristina leyó mis mensajes, me da vergüenza. No pienso eso que dije. Jodía con amigos [...] Pero si la ofendí, le pido disculpas. De verdad”.

Reconoció que “fue una joda cruel, un invento para hacer enojar”. También que nunca imaginó que esos chats privados pudieran llegar tan lejos. “Se hizo un quilombo. Algunos mensajes se malinterpretaron. Otros no tenían nada que ver con el atentado. Pero ahí quedaron. Me arrastraron. Me arrepiento”, dijo.

Hoy, Carrizo camina por la calle “con un ángel al lado”, como dice él. Teme ser reconocido. Se muestra agradecido con su abogado y esperanzado con el veredicto. Pero no deja de mirar por encima del hombro.

“Quisiera caminar tranquilo, pero no puedo. Estoy siempre atento. Es como si no pudiera salir del todo de la cárcel”.

JJD

La fiscal Gabriela Baigún solicitó este miércoles la pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 años para Brenda Uliarte, principales acusados por el intento de homicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, solicitó unificar las condenadas del imputado central por otros delitos: tenencia y distribución de material de abuso infantil, entre otras. En total, pidió 19 años de prisión para Sabag Montiel.

En el caso de Uliarte, se tomaron en cuenta atenuantes como la falta de antecedentes penales y la precaria red de contención social, por ejemplo, cuando sufrió la pérdida de un hijo sin el acompañamiento psicológico adecuado.

Durante su alegato, Baigún calificó los hechos como homicidio agravado en grado de tentativa. En el caso de Sabag Montiel, la acusación lo señala como autor penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, por violencia de género y con motivación política, además de portación ilegítima de arma de fuego.

Los peritajes psiquiátricos confirmaron que ambos imputados estaban en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. Sabag Montiel no presentaba signos de psicosis ni rasgos delirantes, mientras que Uliarte tampoco evidenció afectación en su discernimiento. Los especialistas concluyeron que ninguno de los acusados padecía un cuadro psicopatológico que los eximiera de responsabilidad, lo que refuerza la hipótesis de que actuaron de manera deliberada.

Uliarte fue considerada partícipe necesaria del mismo delito: homicidio agravado por idénticas causales y en grado de tentativa. La fiscal remarcó que el disparo no se concretó por circunstancias ajenas al atacante y subrayó que el arma era auténtica y plenamente funcional. “Sabag Montiel sabía apuntar, gatillar y dar muerte a una persona a escasa distancia”, sostuvo la representante del Ministerio Público. Concluyó subrayando que “Sabag Montiel tenía un arma de fuego de verdad, no era un arma de juguete o pistola de agua”.

Baigún aseguró que Sabag Montiel y Uliarte “actuaron de acuerdo común, con la decisión de matar a la entonces vicepresidenta”, y pidió que se los considere responsables del intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

La semana pasada, los abogados de la expresidenta pidieron 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, calificados como coautores funcionales del atentado, por el delito de “homicidio agravado” en grado de tentativa, mientras que solicitaron la absolución de Nicolás Carrizo, conocido como el supuesto jefe de la “banda de los copitos”.

La fiscalía, al igual que la querella, resolvió retirar la acusación contra Carrizo al no poder acreditar su participación en el atentado. Durante la investigación no se hallaron mensajes que lo vinculen con el plan criminal, ni en las conversaciones entre Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel ni en otros registros. Incluso Sabag Montiel, en su declaración indagatoria, lo desincriminó al afirmar: “No tengo una charla con Carrizo en la cual nos implique en algún plan criminal”.

Tras los alegatos de la querella y la fiscalía, el abogado defensor de Carrizo, Gustavo Marano, solicitó la excarcelación de su cliente. Baigún expresó que, en caso de que los jueces dispusieran adelantar la excarcelación, no presentará objeciones. En la misma línea, el querellante José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Fernández de Kirchner, adhirió a la postura del Ministerio Público, allanando el camino para que Carrizo recupere la libertad en el transcurso de la jornada.

Según la fiscalía, los dos principales acusados se infiltraron entre la multitud que aguardaba en la esquina de Juncal y Uruguay, en la puerta de la casa de Fernández de Kirchner, con un arma calibre .32, cargada con cinco municiones aptas para el disparo. El hecho no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad: Sabag Montiel gatilló a centímetros de la víctima, pero la bala no salió y, cuando intentó volver a disparar, fue reducido por militantes.

En su alegato, la fiscalía incorporó la perspectiva de género y cedió un tramo a Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Labozzetta fundamentó el agravante de violencia de género en el atentado, al sostener que el ataque no solo estuvo dirigido contra una figura política, sino también contra una mujer en ejercicio del poder, en un contexto atravesado por estereotipos y discursos misóginos.

La planificación

La fiscal presentó pruebas que acreditan que Sabag Montiel y Uliarte estuvieron juntos desde el 30 de agosto hasta el día del ataque. El propio acusado reconoció que pasaron ese tiempo juntos, desde un viaje a Quilmes hasta un paseo por el shopping Abasto, donde fueron filmados por las cámaras de seguridad.

La premeditación también quedó reflejada en audios y mensajes de ambos. En uno de ellos, Sabag Montiel advertía: “Si saco el fierro ahí me van a agarrar entre varios… tendría que sacar el cargador porque me lo van a sacar”. Uliarte respondía: “La onda es que metas el corchazo y te escapes”. Para Baigún, estas conversaciones, sumadas a la intención de alquilar un departamento cerca de la casa de CFK, demuestran la planificación del ataque.

En paralelo, se registraron búsquedas en Google de Sabag Montiel sobre “Carta astral CFK” y “Gobierno de CFK” pocos días antes del hecho. Consultado en la indagatoria, explicó que buscaba referencias astrológicas sobre la muerte, lo que la fiscalía interpretó como una confirmación de que semanas antes ya había tomado la decisión de matar a la expresidenta.

El momento del atentado

Cuando Fernández de Kirchner se acercó a saludar a la militancia en la puerta de su domicilio, Sabag Montiel extrajo el arma de su campera y gatilló. Ninguno de los testigos presenció el instante exacto en que apuntó, pero varios aseguraron haber escuchado un “clic metálico”. Diego Bermúdez, secretario de CFK, fue uno de ellos, mientras que Gabriel Corona declaró que vio el arma caer al piso y decidió pisarla hasta que llegara la custodia.

Al ser reducido por los militantes, Sabag Montiel intentó disimular su accionar diciendo: “Yo soy compañero, no hice nada, aguante Cristina”.

El arma calibre .32 pertenecía a Sabag Montiel desde 2021, cuando incluso se fotografió con ella. En un video hallado en su celular, fechado en julio de 2022, se lo ve practicando cómo recargarla. Aunque en la indagatoria dijo que “no sabía disparar”, los peritos concluyeron que conocía el mecanismo básico.

El peritaje balístico confirmó que tanto el arma como las municiones eran aptas: se dispararon 50 cartuchos en prueba y todos funcionaron correctamente. La fiscalía subrayó que, a diferencia de lo ocurrido con el celular del acusado, el arma fue preservada y y custodiada en condiciones, lo que permitió confirmar su idoneidad.

Nota del editor: este artículo se corrigió el 21 de agosto a las 7:33 para modificar la pena soliictada por la fiscalía contra Sabag Montiel.

MPL/ED/JJD

El juicio oral y público por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su etapa final. Este miércoles será el turno de la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún, para presentar su alegato. Se espera que mantenga la acusación contra los principales imputados y podría reforzar su planteo de octubre pasado, cuando solicitó que se sumara un agravante por considerar que el hecho fue perpetrado “con violencia de género en la modalidad de violencia política”.

Este miércoles, los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo estarán sentados frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6. A diferencia de lo ocurrido durante el último año, la audiencia no se hará en la sala AMIA, sino en el SUM del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002. Cada uno estará acompañado por su abogado.

El pedido de los abogados de CFK

Los abogados de Fernández de Kirchner solicitaron el miércoles pasado que los dos principales acusados sean condenados a 15 años de prisión, la pena máxima para tentativa de homicidio. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron señalados como coautores del atentado contra la expresidenta.

El abogado Marcos Aldazabal, integrante de la querella que representa a la expresidenta, sostuvo las acusaciones contra Sabag Montiel, quien gatilló el arma a centímetros de la cabeza de la exmandataria en septiembre de 2022, y contra Brenda Uliarte, quien cumplió un rol organizativo, según la investigación.

Sin embargo, la querella decidió no acusar a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de la llamada “banda de los copitos” y pidió su absolución. Según explicó Aldazabal, tras dos años de investigación, “no existen elementos suficientes para imputarlo”. Carrizo está preso por su presunta participación secundaria en el intento de homicidio. “Cristina no usa el derecho penal para hacer política”, sostuvo el abogado durante el alegato de este miércoles.

La querella calificó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores funcionales del atentado, figura que no exige la participación física directa en todos los actos, sino la contribución esencial a la ejecución del plan. Uliarte estuvo en el lugar, coordinó movimientos previos y puso en marcha el plan de escape tras el ataque fallido, sostuvo el querellante. Según la acusación, ambos compartieron la decisión de atentar y actuaron de manera conjunta para concretarlo.

Durante el alegato de la querella, la actuación de la jueza María Eugenia Capuchetti fue cuestionada por presuntamente “encubrir y obstaculizar” líneas clave de investigación, especialmente las vinculadas a posibles conexiones políticas. La Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón a la querella en cinco oportunidades durante la etapa de instrucción, al considerar que la magistrada había actuado de forma “gravemente arbitraria” y ordenándole medidas que ella había rechazado, afirmó Aldazabal.

Aldazábal dedicó un extenso tramo de su alegato a detallar lo que consideró “maniobras de obstrucción” por parte de la jueza Capuchetti, con especial foco en el manejo del teléfono celular de Sabag Montiel. Según el abogado, luego de los intentos fallidos por peritar el dispositivo en el juzgado, se dio la orden de guardar el teléfono en un sobre de papel madera y no en las bolsas Faraday que exige el protocolo para preservar la evidencia electrónica. La magistrada siempre ha rechazado las acusaciones y señalamientos de la querella.

El peritaje quedó en manos de un técnico de la Policía Federal que, aseguró, no contaba con el equipamiento adecuado y solo pudo extraer los de la memoria externa. Según el relato del querellante, el teléfono, que había sido guardado y apagado en una caja fuerte del juzgado, apareció luego encendido, con un mensaje de error y el envoltorio abierto. “En 24 horas se arruinó la prueba más importante”, sostuvo Aldazábal.

La querella planteó dos agravantes en su alegato: violencia de género, basada en testimonios que señalaron que la condición de mujer de Fernández de Kirchner era un motivo de hostigamiento, y uso de arma de fuego. Aldazabal recordó que el Código Penal fija que en casos de tentativa de homicidio la condena no puede superar los 15 años y reclamó la pena máxima. “Matar a alguien que representa a millones de personas atenta contra la democracia”, concluyó.

ED

Nicolás Carrizo, integrante de ‘La Banda de los Copitos’, declaró hoy en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), en la segunda jornada del juicio por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se quebró, dijo que “no tiene nada en contra de Cristina” y entre lágrimas aseguró que le quiere pedir perdón.

Asimismo, sostuvo que “nunca tuvo un arma en la mano y que no mataría a una persona” y que “estaba esperando un montón para hablar” frente al tribunal.

“Pensé que esto iba a resolverse antes y nunca llegaba el día. Por fin llegó y puedo dar mi versión. No tengo anda en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes”, señaló.

Por otro lado, remarcó que “le quiere pedir perdón” a Cristina Fernández porque “nunca se imaginó” que iba a terminar involucrado en este caso, aunque la causa tenga como principal imputado a Fernando Sabag Montiel.

“En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso”, confesó.

El juicio se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py. Todos los miércoles habrá audiencia y se estipula que la expresidenta podría prestar declaración después de la feria judicial de invierno.

CRM con información de la agencia NA

El juicio por el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Kirchner continúa este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py, donde están imputados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Tras la jornada inicial de la semana pasada, cuando declaró Sabag y admitió su intención de matar a la expresidenta, ahora es el turno de Uliarte y Carrizo frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6.

Con distintos roles, los tres están acusados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.

Uliarte, entre dudas, confusiones y arrepentimiento

En el inicio de la jornada, Brenda Uliarte manifestó su intención de declarar y optó por que el tribunal le realice preguntas. Pero la acusada solo respondió con dificultad algunas preguntas básicas. Esa parte de la audiencia no pudo verse por el canal de YouTube del TOCF N°6 porque no funcionaba.

De acuerdo a lo que relata el sitio Infobae, la joven dijo que tenía 24 años, aunque ya cumplió 25 días atrás, dudó al responder sobre la fecha y el lugar de su nacimiento, afirmó que trabajaba de kiosquera y cuando la jueza le preguntó “¿en Capital?, contestó ”se podría decir que sí“. Además, Uliarte aseguró tener estudios secundarios y el CBC para la carrera de Medicina, aunque no recordaba si había aprobado alguna materia. Sobre con quién vivía al momento del hecho, el 1 de septiembre de 2022, respondió mirando hacia Sabag Montiel: ”Con un convicto y un manipulador“.

La fiscal Gabriela Baigún quiso saber si no trabajaba también vendiendo “contenido erótico”. “Sí, también”, afirmó. “¿Ganó dinero con eso?”, le consultó. “Sí, he ganado”. “¿Va a declarar?, le preguntó la jueza. ”Sí, voy a declarar“, dijo Uliarte, aunque aclaró que solo iba a responder preguntas. Entonces, la jueza Sabrina Namer le consultó sobre su rol en el intento de magnicidio, dijo que era ”partícipe y encubridora“, aunque de inmediato agregó: ”No soy“. Se quedó en silencio, se tomó la cabeza y el Tribunal decidió conversar en privado con la fiscalía y los abogados de las partes.

Acto seguido, Namer le explicó a Uliarte que su declaración se trataba “de un acto de defensa. El tribunal le está tomando declaración porque usted decidió declarar. Esto que diga acá es muy importante porque hace a su defensa. Es importante que sea clara, que se acerque al micrófono, que conteste lo que se le pregunta, pero lo que es importante es que usted, que pidió declarar, trate de ser lo más clara posible. De lo que usted diga pueden desprenderse consecuencias. ¿Le queda claro que es importante este acto y que es para mejorar su situación?”, le preguntó. “Sí, no más preguntas”, respondió la acusada, lo que generó la reacción de la magistrada: -“¿Cómo no más preguntas?”. “No, no declaro, anulo”, sostuvo la acusada, pero la magistrada quiso saber los motivos de su repentino cambio de idea. “No me siento en condiciones de declarar”, argumentó y dio por finalizado su testimonio.

Más temprano, el abogado defensor de Uliarte, Alejandro Cipolla, les había dicho a los periodistas presentes en Comodoro Py que su clienta no iba a declarar porque no estaba “en condiciones” ya que “supuestamente” había “tomado pastillas que alteraban su lucidez”. Y aunque la joven lo contradijo instantes después, al final cambió de idea y no declaró.

Carrizo: “Estoy preso por una joda”

En sus primeras palabras de su testimonio, el jefe de “Los Copitos” se desligó del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y, en medio de lágrimas, aseguró estar detenido “por una joda”, al tiempo que dijo haberse enterado del atentado de 1 de septiembre de 2022 “por televisión”. “Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso”, dijo. Según Carrizo, está preso “por error. ”Nunca tuve un arma en mi mano“, declaró.

Con respecto a su vínculo con Sabag Montiel y Uliarte, relató que los conoció “una noche en la que estábamos de fiesta con un grupo. Al otro día volvieron y me dijeron que se habían olvidado una campera. La busqué en la casa de Checho (el lugar donde trabajaban con el algodón de azúcar), porque él los dejó pasar, y en un momento entraron a la pieza de Checho. Ahí fue cuando hablé por primera vez con Sabag Montiel, mientras esperábamos a los dos. Me dijo que trabajaba con los coches, que los tenía rotos y quería arreglarlos. Ese fue el día que me presenté, porque el día anterior fue un hola y chau”, explicó Carrizo. Y siguió con su relato: “Un día empezaron a vender copitos y volvieron sin nada. Ahí se me ocurrió que nos fuéramos a la Costa a vender. Algo que les copó a todos. Ahí hice un grupo de trabajo, estaban Sabag, Uliarte y todos los chicos que trabajan conmigo. Unos días después ellos dos fueron a Tigre y ahí se cruzaron con un canal de televisión y hablaron por primera vez. Ese día, Sabag en el grupo de WhatsApp, mostró un link donde habían salido”, contó.

Asimismo, Carrizo dijo que al ver que empezaron a salir varias veces en medios de comunicación y a dar entrevistas de forma recurrente, Sabag y Uliarte le dijeron que lo hacían “para publicitarse”. Y agregó: “Yo les avisé a ellos por chat que nos íbamos a quedar sin trabajo por unos días por el tema del alquiler del lugar para trabajar, y no sé si Uliarte o Sabag me respondieron que no había problemas. Conseguimos lugar y el 1° de septiembre me había acostado tarde, me levanto, miro un resumen de fútbol y cuando llegó la noche, estaba con el celular y un amigo me dice que intentaron asesinar a la vicepresidenta. En ese momento no le presté atención. Y me dice, fue un tal Sabag Montiel. Prendí la televisión y lo vi entre la multitud intentado gatillar cerca de la cabeza de Cristina Kirchner”, detalló y aclaró que enseguida llamó “a Brenda para preguntarle qué había pasado” y que “ella dijo que no sabía nada”, que hacía “dos días” que no veía a Sabag.

“En un momento le dijimos a Brenda que la acompañábamos a la televisión para hablar, porque ella estaba mal. Fue al día siguiente del atentado que dimos la entrevista. El 4 de septiembre estaba llevando una garrafa para trabajar. Prendo la televisión a la noche con unos amigos y vimos a unos inquilinos que supuestamente le alquilaban la casa a Sabag Montiel. Ahí la llamé y me contó que en realidad ella sabía todo desde el principio, pero que por miedo no quiso decir nada. Ahí me enojé, porque siempre me mintió. Yo ni los conocía y les di trabajo. Tuve una buena intención con ellos, y al resto de los chicos también y les allanaron la casa. Después me enteré de que la habían detenido”, declaró Carrizo.

Ahí, dijo, junto al resto de sus amigos decidieron ir a la policía para explicar lo que había pasado. “Declaré ante el fiscal (Carlos) Rívolo, conté todo y entregué mi celular. Fuimos a la casa de uno de los chicos. Vuelvo a mi casa y le conté todo a mi hermano. Unos días después empezó a venir una cámara a casa. Se había filtrado un estado que yo había subido contra Alberto Fernández. A las horas me detuvieron. Después de eso, me llevaron a Ezeiza y ahí después de unos días vi a mi abogado”, aclaró.

“Cuando pasó lo del atentado, yo empecé a abrir mi celular y aparecían muchos memes, cosas para el chiste. Yo me sumé a eso. Estabámos tomando un fernet, algo cotidiano en la casa de Sergio. Estaba entonado y empecé a mandar mensajes, primero a la hija de la pareja de mi papá, le dije que éramos una organización. Quería que se comieran el verso. Y al hijo de la pareja de mi papá también le mandé, le dije que ‘la íbamos a matar’, que ‘estaba todo organizado’. A otro amigo también le mandé. Era una joda. Nunca me lo tomé en serio. A mi prima, que también era kirchnerista, le mandé. Era para caerle mal y hacer que ella explotara. Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso. Pensaba que se iba a solucionar. Nunca me dieron domiciliaria. Nunca tuve un arma en mi mano. Nunca disparé”, dijo Carrizo en su testimonio, durante el cual se quebró más de una vez y la jueza Namer tuvo que hacer pausas para que el acusado se recompusiera.

Qué pasó en la primera audiencia

En la primera audiencia, se cruzaron la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, y la defensora de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, ya que la primera pidió ampliar la calificación para incluir “violencia de género” como agravante.

Por el lado de Uliarte, sus abogados pidieron la suspensión del juicio, al señalar que no habían podido reunirse con la imputada en privado, ya que denunció que eran grabados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La jueza y presidenta del Tribunal Oral Federal 6, Sabrina Namer, rechazó el pedido y consideró que era un planteo que ya había sido descartado.

En tanto, la defensa de Carrizo cuestionó la composición del tribunal y evaluó que era juicio que debía ser por jurados.

En este juicio se intentarán esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner y para ello el TOF 6 convocó a casi 300 testigos.

Entre los citados a declarar se encuentran la propia Cristina Kirchner, quien también es querellante en la causa, y miembros de su equipo de seguridad que estuvieron presentes durante el intento de magnicidio. La lista también abarca a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.

Qué dijo Sabag

Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma sobre la cabeza de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, declaró este miércoles, en el inicio del juicio por el atentado, y reconoció que su intención fue matarla. 

Argumentó que lo quiso hacer porque, a su criterio, la ex vicepresidenta del Frente de Todos es “corrupta, roba y hace daño a la sociedad” y aseguró que “cualquier persona siente lo mismo”. “Yo el día del atentado apunté a la cara”, aseguró. “Gatillé una vez, no dos, y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado”, completó.

Sabag Montiel, principal acusado del intento de magnicidio, aseguró además que es apolítico, que no es libertario ni antikirchnerista y que el atentado no tuvo connotación política. “Yo soy apolítico antes que nada, el incentivo por las cuales cometí el atentado no es por tener una posición en las antípodas del kirchnerismo o estar en un sector contrario. Mantengo mi calidad de apolítico, es por un tinte personal. El atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político”.

Cuando le pidieron que se explayara, señaló: “Son cuestiones de incomodidad con lo establecido. No habría que redundar mucho. La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”.

Consultados sobre qué efecto creía que podía generar el crimen, anticipó “una desestabilización, una temida guerra civil, un enojo grande de la sociedad”. “A veces es mejor que no haya pasado de que haya pasado (sic)”, completó. 

Sabag aseguró que gatillar en la cabeza de la expresidenta fue un acto “en contra de su voluntad”. “En el momento en que lo hago sentí que no lo quería hacer pero lo tenía que hacer”, dijo frente al tribunal. Fue consultado sobre si se siente arrepentido de lo que hizo. “Me sentiría más arrepentido si hubiera pasado. Con cargar a mis costas que me hubiera manchado las manos (sic)”. 

Sabag mencionó entre sus motivaciones que el gobierno de Fernández de Kirchner lo “empobreció”, sin embargo era dueño bienes y autos. “Mis autos estaban rotos y no los podía reparar”, replicó. “Mientras más quería comprar las cosas más caras se volvían”.

Sabag Montiel, que se presentó al juicio con un cartel que decía “me tienen secuestrado”, desligó además a su entonces pareja Brenda Uliarte, otra de las acusadas, y a Nicolás Carrizo, integrante junto a Uliarte de la llamada “Banda de los Copitos” porque vendían esa golosina. “Con Brenda nunca compartimos la decisión de perpetrar el atentado (...) Yo la quería matar y ella quería que muera. Pero yo nunca le planteé o le ordené que lo haga, ni le di el arma diciéndole ‘hacelo vos’. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe”.

Dijo que “le tenía afecto por su situación de vulnerabilidad”. “La quería ayudar porque sufría amenazas. Amor, no sé. Sería cariño, compañerismo. Amor.. tendríamos que haber estado más tiempo y el atentado fue una interrupción. Ella empezó a mentir, es muy mentirosa”.  

En relación a Carrizo, dijo que le plantaron un arma. “Mi relación con Carrizo fue breve, fugaz y corta. Lo conocí en una fiesta y solo tuvimos 4 o 5 meses de vínculo y solo por una cuestión laboral”.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo son los principales acusados. Sabag Montiel está acusado como autor material de los hechos; Uliarte, como coautora; y Carrizo, como supuesto coordinador del atentado.

En el celular de este último fueron halladas comunicaciones vinculadas con la agresión en las que los acusados hablaban de su 'modus operandi'.

Supuestamente, Sabag, Uliarte y Carrizo simularon ser vendedores de “copitos” para urdir la trama.

Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari son los encargados de dar el veredicto del caso.

El caso

Sabag Montiel, un ciudadano brasileño que tenía 35 años en el momento del atentado, se acercó a la vicepresidenta del Gobierno de Alberto Fernández mientras ésta saludaba a un grupo de seguidores que la apoyaban desde hacía varios días frente a su domicilio, en respuesta a un alegato de la Fiscalía contra la exmandataria por presunta corrupción durante sus dos períodos presidenciales.

Según pudo verse en las imágenes captadas por las cámaras de televisión, Sabag Montiel trató de disparar una Bersa Thunder 32 contra Fernández, sin que el proyectil saliese del cañón del arma.

Acto seguido, Fernández fue puesta a resguardo por miembros de su custodia mientras sus simpatizantes capturaron a Sabag Montiel y lo entregaron a la Policía.

Horas después de que se produjese el intento de magnicidio, el presidente Alberto Fernández convocó a los argentinos a manifestarse contra la violencia y tildó el atentado contra Cristina Fernández de “ataque a la democracia”.

Casi 300 testigos llamados a declarar

En un esfuerzo por esclarecer los hechos del 1º de septiembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 6 convocó a casi 300 testigos. Este extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.

Entre los citados a declarar se encuentran la propia Cristina Kirchner, quien también es querellante en la causa, y miembros de su equipo de seguridad que estuvieron presentes durante el intento de magnicidio. La lista también abarca a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.

El papel de los acusados y la “Banda de los Copitos”

Los principales acusados enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque. Uliarte, su novia, y Carrizo, líder del grupo de vendedores de copos de azúcar conocidos como la “Banda de los Copitos”, son acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.

La “Banda de los Copitos” utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la residencia de Kirchner, integrándose en las concentraciones de apoyo a la vicepresidenta. Este grupo es objeto de minucioso escrutinio durante el juicio, con testigos clave proporcionando información sobre sus actividades y conexiones.

Un juicio extenso y detallado

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año. Las audiencias se llevarán a cabo cada miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

La fiscal Gabriela Baigún liderará la acusación, respaldada por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Las defensas de los acusados argumentan diversas estrategias, desde la incapacidad mental de Sabag Montiel para enfrentar el juicio hasta la alegada falta de conocimiento de Carrizo sobre el plan de asesinato.

Con información de agencias.

IG

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio oral, en forma parcial, de la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre pasado. Según fuentes judiciales, es el tramo que atañe a las tres personas detenidas.

Se trata de la parte central del caso, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, el supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La magistrada lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar la elevación a debate oral.

Telleldín, quien estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes pasado, luego de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, también avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, escribió Capuchetti en la resolución.

Esta mañana, la defensa del detenido Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado. “Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Marano.

El abogado respondió de esa manera a la jueza Capuchetti, quien le había pedido opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después, Uliarte cambió de abogado al designar a Telleldín.

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación, vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

Por su parte, la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio, al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

Sin embargo, la querella de Fernández de Kirchner reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación de Gerardo Milman, diputado del PRO, o integrantes de la agrupación Revolución Federal. De todos modos, se aclaró que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”. Aclaró también que el pedido de elevación a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

LC con información de agencia Télam

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina kirchner, el pasado 1 de septiembre en inmediaciones de su departamento de Recoleta. También insistió en que vaya a juicio el denominado “jefe de los copitos”, Nicolás Carrizo, como partícipe secundario.

La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es quien hizo el pedido en momentos en que la Vicepresidenta, quien es querellante en la causa, solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición como ser el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.

Es que 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión enter Milman y dos asesoras suyas, y en el que el legislador le dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica “cuando la maten” a la Vicepresidenta.

Si bien Milman no fue imputado sí se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.

En el pedido hecho ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal aseguró que los acusados actuaron de forma “premeditada”, esto es que “habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato” de Cristina Kirchner. 

“Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, detalló la fiscalía.

La acción de Sabag Montiel fue interrumpida primero por los militantes que aguardaban saludar a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, y luego por los custodios de la Policía Federal a cargo del cuidado de Cristina Kirchner.

Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad y de las tantas que ese día estaban presentes frente al departamento de la Vicepresidenta, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas. Entre ellas, los mensajes que Sabag Montiel y Uliarte se mandaron planificando el hecho desde muchos días antes, incluso con la idea de llevarlo a cabo antes, y de los contactos que ellos tuvieron con terceras personas. 

Tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la Vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que finalmente desistieron según surge de esas conversaciones. 

Respecto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.

“Estamos decididos a matarla a la puta esa”, dijo Carrizo quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho. 

“Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, concluyó la fiscalía.

“Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos, dijo el fiscal y tuvo en cuenta que el arma utilizada incluso pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.

“En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública. 

“Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”, indicó la fiscalía.

También Rívolo se refirió a la posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. “No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, dijo.

“Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, sostuvo.

Ahora la jueza correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen, y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los 3 detenidos. No obstante, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante. 

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal de Casación confirmó que Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, detenido por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, seguirá detenido.

El máximo tribunal penal confirmó una decisión adoptada el 8 de marzo pasado, cuando rechazó un pedido de “detención domiciliaria”.

Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que “las circunstancias favorables a Carrizo resaltadas por la defensa no lograron desvirtuar los elementos objetivos valorados” para ratificar que continuara en una celda común.

Esas circunstancias “hacen necesario, al menos por el momento, el mantenimiento de la detención cautelar de Carrizo en un ámbito intra muros”, sostuvieron los jueces Yacobucci y Slokar.  No obstante, dejaron la puerta abierta para revisar esa situación en el futuro.

La jueza Ledesma, por su parte, consideró insuficientes los argumentos de la defensa para pedir la prisión domiciliaria. “Con respecto a su hermano, Carrizo ha manifestado que ‘por razones de salud este no se encontraría en condiciones de poder brindarle algún tipo de contención o colaboración en la actualidad’”, subrayó.

“Tampoco se advierte un sostén emocional de parte de su madre, pues del informe mencionado se desprende que Carrizo se encontraría distanciado de ella”, añadió.

En cuando a una relación de pareja que garantizaría su prisión domiciliaria, la jueza evaluó que “de las circunstancias descritas precedentemente se infieren dudas sobre la solidez del vínculo”.

“No se advierten elementos contundentes que permitan neutralizar los riesgos procesales derivados del caso concreto. Las circunstancias descriptas, analizadas en contexto con el estadio procesal de las actuaciones y los indicadores de riesgos procesales permiten sostener que -de momento- no están dados los presupuestos necesarios para conceder la prisión domiciliaria a Gabriel Carrizo”, resumió el fallo.

Con información de NA

Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, escribió otra carta desde la cárcel y denunció que lo “quieren hacer desparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri”.

La misiva, tiene fecha del martes 14 de marzo, y se conoce luego de que trascendieran los detalles de su carta anterior y de que un productor televisivo del canal de C5N lo entrevistara a través del teléfono que él dejó de contacto en el escrito judicial para que el fiscal Diego Luciani lo llamara.

La carta, que arranca con la frase “Pronto despacho”, está dirigida a los jueces que condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión por la causa de la Obra Pública.

“Me dirijo a la Cámara Oral en lo Criminal Federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Les pido que recusen a María Eugenia Capuchetti”, escribió.

El pedido de recusación lo motorizó la querella de la ex presidenta, que asegura que la magistrada no quiere investigar las vinculaciones políticas del atentado. Sabag Montiel le pidió a los jueces del tribunal oral que “tomen la causa ya que hice el habeas corpus”. El acusado reiteró que la magistrada quiere que le saquen a sus abogados, los defensores oficiales que lo asisten, y a los que él se niega a recibir.

“Están comprados por CFK. Me rompieron el celular en la PSA y me robaron mis instrumentos musicales y mis tres automóviles. Coimearon a Leandro Ulliarte, el padre de Brenda Ulliarte. CFK le dio una casa para tenernos secuestrados”, indicó.

El joven también aseguró que a Gabriel Carrizo, el sindicado como jefe de los “copitos” y preso como partícipe secundario del ataque, le “plantaron un arma” y agregó “como (Diego) Lagomarsino en el caso (Alberto) Nisman”.

Además, aseguró que “arreglaron” con su inquilino y al que le alquilaba para quedarse con sus propiedades. Y repitió: “Lo de Revolución Federal es falso. Están armando una historia falsa para los medios y me tienen secuestrado y no me dejan comunicarme con nadie ni que reciba visitas”.

“Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri. Llamenmé (y vuelve a dejar su número de teléfono). Gracias”, expresó.

El lunes pasado, Sabag Montiel había escrito una carta para el fiscal Luciani, que nunca llegó a sus manos y se incorporó al expediente. La misma era del 3 de marzo, antes de que la Cámara Federal instara al elevar a juicio oral la situación de los tres detenidos en el ataque contra Cristina Kirchner: Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

La jueza Capuchetti le pidió a la fiscalía cumplir con las instrucciones del tribunal, pero el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la causa, entendió que aún faltan una serie de medidas para dar por cerrada esta parte de la investigación.

“Sí, (el arma) estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma”, confirmó Sabag Miontiel respecto al ataque fallido contra la Vicepresidenta.

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal porteña instó este miércoles a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar hacia la elevación de la parte principal del caso por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a juicio oral y público. Además, rechazaron el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo, detenido y procesado como partícipe secundario, para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación, según fuentes judiciales.

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones resolvieron “confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo”. Esto es porque consideran que aún se encuentra “configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación”, según surge del fallo.

En la misma resolución, a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza federal Capuchetti a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho del primero de septiembre pasado por el que, además de Carrizo, considerado como jefe de “Los Copitos”, están detenidos los acusados de ser autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron mediante un voto conjunto “instar a la a quo -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, lo que implicaría que el caso avance a un juicio oral y público.

Por su parte, el camarista Mariano Llorens sostuvo que “más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”.

En el último tiempo, la querella realizó diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte. La causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta está delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo.

LC con información de agencias

Nicolás Gabriel Carrizo, detenido y procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a decir hoy que eran “bromas a kirchneristas” los mensajes hallados en su teléfono celular en los que se atribuía cierta participación en el ataque fallido.

El jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos” insistió en que los chats hallados en su teléfono en los que se adjudica participación en el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron “bromas” dirigidas a conocidos que tenían militancia kirchnerista.

Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, Carrizo declaró hoy durante unas cuatro horas, en una ampliación de indagatoria a raíz de la aparición de nuevos chats.

Se trata de una serie de mensajes situados temporalmente en la madrugada posterior al intento de magnicidio y los días subsiguientes, en los que se ufanó de haber planificado el ataque y vaticinó que la vicepresidenta “ya está muerta”.

Carrizo fue trasladado esta madrugada a los tribunales de Comodoro Py desde el penal de Marcos Paz y en la indagatoria explicó los chats.

En ese sentido, refirió que fueron provocaciones dirigidas a personas que integraban un grupo de Whatsapp conocido como “Los Girosos”, a quienes les reconocía simpatías o afinidades con el kirchnerismo.

Su abogado, Gastón Marano, relató que Carrizo declaró que envió esos mensajes “porque sabía que los que los iban a recibir iban a reaccionar”, a raíz de su pertenencia política.

Marano insistió en que el procesamiento que pesa contra Carrizo fue “apresurado” y que el imputado deberá esperar a la realización del juicio oral y público “para que quede claro que es inocente”.

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de Whatsapp en su teléfono.

 “Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados”, dijo la Cámara al ordenar la ampliación de la declaración.

La ampliación de indagatoria celebrada hoy debió haberse realizado, en rigor, a principios de enero, pero se pospuso en dos oportunidades en el contexto de la feria judicial.

Sobre el final de la declaración, Carrizo aceptó responder preguntas que le formuló el fiscal Rívolo, además de las de su propio defensor.

Por razones procesales, la querella –que representa a Cristina Kirchner- no puede preguntar, ni siquiera estar presente, durante la indagatoria.

DA

Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos” y detenido por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, declara este martes en Comodoro Py en una ampliación de la indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

“Va a declarar, quiere aclarar toda la situación”, anunció su abogado, Gastón Marano, sobre la audiencia de este martes.

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en su teléfono.

Esos chats parecen incriminatorios sobre la presunta participación de Carrizo en el intento de magnicidio, pero el imputado argumenta que se trataron de “bromas” a amigos y conocidos, con quienes se vanagloriaba de conductas en las que no participó.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados”, dijo la Cámara al ordenar la ampliación de la declaración.

La indagatoria se pospuso en dos oportunidades a la espera de que la jueza y el fiscal regresaran de sus vacaciones de enero, durante la feria judicial.

Según la defensa de Carrizo, el imputado “va a explicar a quién le mandó esos mensajes y por qué lo hizo” y, además, sugerirá nuevos elementos de investigación a la jueza Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal.

Con información de NA.

IG

El oficialismo logró asegurarse que un juez federal ordenara a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la entrega a las autoridades de sus teléfonos celulares, pero el expediente y la eventual incautación de los dispositivos y el análisis de sus contenidos quedará en manos de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, segundo foco de conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. El caso vuelve a exponer los cruces entre los hackeos a funcionarios, denuncias por espionaje ilegal y sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

La medida contra Robles no se había concretado al cierre de esta nota, dado que la Policía Federal Argentina (PFA) no había ubicado al funcionario de la Corte en los domicilios donde fue a buscarlo para solicitarle la entrega de los dispositivos. Sin embargo, por el momento, sigue vigente y debe ejecutarse, informó a elDiarioAR una fuente judicial con conocimiento directo del expediente.

En diez días, el juez Rosatti deberá regresar de sus vacaciones para reincorporarse a la Corte. Se estima que Robles tenía planeado retomar sus actividades en la misma fecha. Si lo hace, la Policía Federal deberá presentarse en la sede del máximo tribunal para exigirle que entregue los teléfonos. Robles podría pedir la nulidad de la medida dictada por el juez de Santiago del Estero, aclaró la fuente consultada. Este medio intentó durante los últimos cuatro días comunicarse con el funcionario de la Corte y su defensa pero no obtuvo respuestas sobre su situación judicial.

¿Puede un juez de Capital Federal dejar sin efecto la orden ya librada por su colega santiagueño? “Sí, puede, pero sería muy extraño que eso sucediera”, respondió la misma fuente ante la consulta. Otra fuente judicial afirmó que la Justicia no podría obligar a Robles a entregar una prueba que podría eventualmente incriminarlo en la comisión de un delito.

La orden judicial había sido emitida este lunes por el juez federal número 1 de Santiago del, Guillermo Molinari, tras una denuncia y pedido del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, para supuestamente determinar si son veraces los chats filtrados que Robles habría mantenido con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el fallo que el máximo tribunal dictaría a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. D'Alessandro sostiene que los chats filtrados fueron supuestamente adulterados y, tras ser denunciado penalmente, se pidió licencia del cargo.

El juez Molinari hizo lugar la pedido del gobernador Zamora y este miércoles se declaró incompetente -ni los hechos ni las personas denunciadas están relacionados con Santiago del Estero-, tras lo cual envió el expediente a los tribunales de Retiro. 

Allí, se acumulan al menos dos denuncias presentadas durante este semana contra Robles por los mismos hechos y que cayeron por sorteo en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo. Uno de los denunciantes es Gustavo Marano, abogado de Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” procesados y detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según consta en los registros de sorteos y confirmó el letrado a este medio.

El juez Lijo se encuentra de licencia hasta febrero. El fiscal de turno, Carlos Rívolo, se excusó de intervenir debido a que figura en los supuestos “contactos frecuentes” de D’Alessandro que filtraron quienes hackearon u obtuvieron el contenido de la línea hackeada. Rívolo sostuvo en un escrito que sólo habló por teléfono con el funcionario porteño dos veces por cuestiones oficiales.

Lijo no sólo acumula las denuncias contra Robles. Desde diciembre también quedó a cargo de las denuncias realizadas por D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad y Justicia porteño) por los hackeos de sus líneas de teléfono; y la denuncia realizada por otro de los jueces involucrados en los chats filtrados por presunto espionaje ilegal.

El vocero

Silvio Robles es formalmente el vocero de Rosatti pero es mucho más que eso. El funcionario es la mano derecha del presidente de la Corte, en quien derivó la gestión y filtro de reuniones, diálogos, mensajes y conflictos con la política, el Poder Judicial y el periodismo, entre otros sectores. 

Robles es también es encargado de representar a Rosatti en los encuentros y conversaciones en las que el juez prefiere no estar en cuerpo y mente. Quiénes han dialogado con ambos sobre las mismas temáticas han percibido que sus discursos y premisas son casi idénticos, aunque sus estilos son diferentes, a excepción del gusto por la ironía.  

Un golpe a Robles es un golpe directo al presidente de la Corte, quien también preside el disputado Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y sanción de los jueces nacionales y federales. Las acusaciones contra Robles podrían incluso ser utilizadas por el oficialismo en el pedido de juicio político a Rosatti.

El expediente que definirá el futuro de los teléfonos de Robles está en una etapa inicial e incierta. Como Lijo está de licencia por vacaciones, la jueza María Servini está a cargo de su juzgado, pero este miércoles la magistrada se excusó de intervenir al asegurar que había mantenido un vínculo personal y familiar con uno de los involucrados: el ministro D’Alessandro. También, dijo la jueza, porque denunció a la Policía de la Ciudad, que en 2022 estuvo a cargo de su custodia cuando Servini fue víctima de un robo en su domicilio. 

Tras la excusación de Servini y Rívolo, el caso debe cambiar de juez hasta el regreso de Lijo dentro de más de tres semanas y de fiscal de manera permanente.

Antecedentes

Los hechos que motivaron la denuncia del gobernador Zamora, aliado de Alberto Fernández, se enmarcan en la presunta participación de Robles en una serie de chats supuestamente extraídos del teléfono celular del ministro D’Alessandro, filtrados en un sitio web luego de que el funcionario porteño denunciara el hackeo ilegal de su línea.

El lunes último, el gobernador de Santiago del Estero denunció penalmente a Robles ante la fiscalía federal de su turno en su provincia por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó una medida cautelar para que el juez federal número 1 de Santiago del Estero exigiera a Robles la entrega de sus teléfonos con el objetivo de peritarlos y supuestamente determinar si los chats son veraces. 

“El juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, escribió el juez Molinari en su fallo.

“En dichos diálogos habrían hecho referencia al fallo que con posterioridad emitiría la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en contra del Estado Nacional, con motivo de la coparticipación” , sostiene el fallo del juez Molinari, quien resaltó que Zamora considera esos chats una “infidelidad” que, “de ser cierta, por parte de un funcionario de la Corte Suprema, atenta contra la administración de justicia en beneficio de una las partes del proceso”.

El gobernador de Santiago del Estero también solicitó que se indague “sobre las consecuencias o influencia que pudiera tener (Robles) en la decisión” de su jefe, Rosatti, debido a que, según Zamora, “se encuentra comprometida la imparcialidad de la decisión”.

La denuncia de Zamora fue presentada el mismo día en que el Presidente reunió a un grupo de gobernadores para impulsar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres jueces de la Corte, una medida que no prosperará más allá de la primera etapa del proceso parlamentario (la investigación y publicidad de la acusación) que el oficialismo podrá promover desde la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, ya que es el único espacio del Congreso en el que el Frente de todos (FdT) cuenta con los números necesarios para avanzar con el jury. 

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a denunciar hoy la resistencia de los tribunales de Comodoro Py a investigar el intento de magnicidio en su contra, en un mensaje por Twitter al que adjuntó una nota de Página 12 publicada bajo el título “La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK”.

“¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio?”, preguntó Fernández de Kirchner en su posteo y agregó: “Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo”.

Robles, funcionario judicial allegado a Rosatti, aparece en conversaciones con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en diferentes chats que se difundieron en los últimos días, que provocaron el pedido de licencia del funcionario de CABA, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

A raíz de eso, Robles fue denunciado por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y se abrió una causa federal en esa provincia.

La nota replicada por la Vicepresidenta, firmada por el periodista Raúl Kollman, sostiene que Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo (procesado como partícipe secundario del intento de magnicidio) y exasesor de JxC en la Bicameral de Inteligencia, denunció luego a Robles en Comodoro Py por “negociaciones incompatibles”.

La nota periodística manifestó que esa “movida busca traer a los tribunales macristas de Buenos Aires la causa que avanza con un juez santiagueño”.

Asimismo, amplía que “la movida del letrado Gastón Marano objetivamente termina jugando a favor de Silvio Robles porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, quien arrancó con todo: le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro”.

DA

La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que se hallaran en su celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.

El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos a favor de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ante un planteo de la querella de la propia vicepresidenta, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Mariano Llorens votó en contrario.

En un fallo de 6 páginas, los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, refiriéndose a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente, lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los coautores del ataque.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron.

“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron los jueces.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son solo algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, el jefe del grupo de supuesto vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los agresores de la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

Hasta el momento, Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido de todos modos. Al pedir ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que, además de intentar matar a la exmandataria, buscaban desestabilizar al gobierno.

En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (...) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen “urgente” nuevas medidas de prueba, en la causa por el intento de homicidio en su contra del 1 de septiembre último, tras detectarse una seguidilla de mensajes de WhatsApp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

En el escrito presentado hoy, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de sus interlocutores de confianza, a quien le decía: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”.

De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam, los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, cuestionaron además a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, por su “nula iniciativa” en la investigación, y resaltaron la relevancia de evidencias surgidas durante el último mes para luego solicitar que se tomen las medidas probatorias y procesales urgentes.

En el escrito, los abogados pidieron que se ordene una ampliación de la declaración indagatoria de los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo con base en nuevas evidencias surgidas en la causa.

Precisamente, los letrados entienden que hay pruebas para procesarlos como coautores de asociación ilícita, algo que reclamaron a la magistrada.

También requirieron que Carrizo pase de ser considerado partícipe secundario a “coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas”.

Para ello se refirieron a nueva prueba incorporada a la investigación a raíz de informes realizados sobre dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y se halló “material que amerita nuevas medidas de prueba”

En cuanto a Carrizo, advirtieron sobre la aparición de mensajes que no le fueron atribuidos en su primera declaración indagatoria y que “hacen imperante una ampliación de la imputación”.

Por ejemplo, remarcaron que luego del atentado, a las 23.17 del 1 de septiembre, Carrizo escribió a uno de sus contactos agendado como Kevin Bargas 2:

-“Recién intentamos matar a Cristina” (23: 17 hs.)

-“Mi empleado” (23:17 hs.)

-“Le quiso disparar” (23:17 hs.)

-“Va a ir preso” (23:17 hs.)

-“El arma es mia amigo” (23:18 hs.)

-“Te lo juro por dios” (23:18 hs.)

-“Estamos con el grupo” (23:18 hs.)

-“Todos juntos” (23:18 hs.)

DA

Nicolás Carrizo, el denominado “jefe de la banda de los copitos”, y la joven Agustina Díaz apelaron sus procesamientos en el marco de la causa que los tiene sindicados como partícipes del atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Ambos acusados, quienes incluso están con prisión preventiva, apelaron el procesamiento que la semana pasada impuso la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Ahora será la Cámara Federal la que determine si confirma o no esas acusaciones, donde se les imputa ser “cómplices” del tirador Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte.

Para la jueza, quedó “demarcada la intención previa, preordenada y directa que han tenido los imputados de acabar con la vida de la víctima”.

Carrizo es el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar con la cual trabajaban Sabag Montiel y su novia: de ahí deriva el apodo de “jefe de la banda de los copitos”. En tanto, Agustina Díaz, de 21 años, es amiga de Brenda Uliarte.

Tanto Carrizo como Díaz tuvieron justamente comunicaciones que quedaron registradas con Uliarte, después del fallido atentado, donde demostraban tener conocimiento del hecho.

Incluso Carrizo, en diálogo con otra persona, dijo que ofreció un arma calibre 22, pero la misma nunca apareció pues en el atentado se constató que se usó un revólver calibre 32.

El “suceso contó con la participación de Agustina Mariel Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, quienes deben responder como partícipes secundarios. Ambos conformaron junto a Sabag Montiel y Uliarte el acuerdo premeditado para darle muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, según el procesamiento de la jueza con prisión preventiva.

Con información de NA.

IG

Cómo y por qué una pareja de flamantes vendedores de copos de azúcar terminó protagonizando un intento de magnicidio; cómo pasó Fernando Sabag Montiel de intentar vender un colchón por 2.000 pesos a apuntar y gatillar un pistola a centímetros de la vicepresidenta; por qué Brenda Uliarte mutó de hija de un kirchnerista a presunta instigadora del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner; o por qué el acto criminal fue frustrado y la expresidenta logró salvar su vida. 

A un mes del hecho que casi le cuesta la vida a la principal líder política del país, la causa tiene cuatro procesados con prisión preventiva, aunque aún resta responder varias preguntas. Existen pericias informáticas y psicológicas pendientes. En los tribunales de Comodoro Py, una causa de cuatro semanas está en pañales. Pero el expediente por el atentado a Fernández de Kirchner tiene plazos diferentes: se mueve rápido, con tropiezos, pero veloz.

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó como coautores de homicidio calificado en tentativa a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Este viernes, además, dictó los procesamientos de dos allegados a la pareja, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, como partícipes secundarios. Ninguno de los cuatro ha reconocido su autoría en el hecho. Ni siquiera Sabag Montiel, arrestado in fraganti.

Los cuatro acusados pertenecen al mismo estrato social, una clase media baja experta en rebuscarselas en la economía informal. Sabag Montiel y Uliarte tenían algo más en común: mientras buscaban formas de ganar dinero, ambos aspiraban a la notoriedad y al protagonismo entre sus pares. “Aires de grandeza”, “fabulera”, “agrandado”, “mentirosos”, los calificaron algunos testigos e los otros dos imputados. 

Carecían de contención familiar y social. Uliarte desprecia tanto a su padre como a Fernández de Kirchner, a quienes ve reflejados en un espejo, según surge de una de las conversaciones extraídas del celular de Carrizo y a las que accedió elDiarioAR. Sabag Montiel nunca conoció a su padre, por quien también mostró un grado de desprecio, según aclaró en su primera declaración indagatoria, afirmó una fuente directa del caso a este medio.

La causa parece haber entrado en una meseta que, por el momento, gira sobre el entorno de los acusados, con resultados periféricos.

Fernández de Kirchner y el oficialismo insisten en que los detenidos serían sólo los “autores materiales” del atentado. Durante su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta sugirió que el Poder Judicial y los medios eran instigadores indirectos de sus homicidas -“dan licencia social para cualquier cosa”, dijo en referencia al intento de homicidio-, pero enfatizó que existirían “autores intelectuales”, a quienes no puede identificar. 

La pericia sobre el arma realizada por la Policía federal determinó que la pistola Bersa calibre 32 era apta para el disparo al igual que las cinco balas halladas en el cargador. Si bien, los peritos detectaron una falla en la corredera afirmaron que esa no era la razón por la que la bala no había sido disparada. “Yo sí sé disparar”, dijo Uliarte en una conversación sobre el intento fallido de Sabag Montiel.

En el gatillo, corredera y empuñadura de la Bersa detectaron dos muestras de ADN: una es compatible con el de Sabag Montiel; la segunda pertenece a un segundo individuo no identificado, de acuerdo con el informe citado por la jueza en los procesamientos de este viernes.

Más allá de la oportunidad política que la oposición le pueda adjudicar a esa teoría, los perfiles de los acusados que surgen de las pruebas acumuladas en el expediente generan la sensación de que creer que Sabag Montiel y Uliarte habrían estado al borde de un magnicidio que pondría en riesgo la estabilidad política y social de un país es pecar de inocente. Sin embargo, la Justicia aún no encuentra ningún indicio certero de la existencia de un “cerebro” detrás del intento criminal que supere la figura de Uliarte.

En la última semana, la jueza ordenó una serie de allanamientos al hermanastro de Carrizo y a uno de sus contactos telefónicos, a pedido de la querella que representa a la vicepresidenta. Se secuestraron más teléfonos y dispositivos electrónicos. 

Desde hace tres días, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentra realizando una nueva pericia del teléfono celular de Sabag Montiel, el Samsung A50 que se le secuestró tras el hecho y que apareció formateado de fábrica y sin poder acceder a su contenido. Sólo se recuperó hasta el momento el material de una tarjeta de memoria externa y del chip.

En otro expediente iniciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tras el atentado, el fiscal Gerardo Pollicita investiga a grupos de libertarios que podrían haber estado vinculados a Uliarte. En las últimas horas, el juez Julián Ercolini ordenó una batería de medidas solicitadas por el fiscal, informaron dos fuentes del caso a elDiarioAR. La causa está en secreto de sumario.

La “banda”

Sabag Montiel vivía de los alquileres de su vivienda familiar en Paternal y de tres autos viejos. Presenta “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, establecieron dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo evaluaron después de su detención. “Fue un flash como si apagaran la luz”, dijo a las especialistas cuando describió el momento en el que intentó matar a la vicepresidenta. “No entiendo nada”, agregó.

Tiene 35 años pero evidencia “inmadurez afectiva la cual compensa con tendencia a la actuación la cual puede afectar la capacidad de reflexión”, explicaron en otro informe la psicóloga Mónica Herrán y Maximiliano Luna, coordinador del Departamento de Psiquiatría Forense del Cuerpo Médico Forense (Poder Judicial), según publicó La Nación. “Está en condiciones de declarar” y descartaron que sea inimputable.

Durante su primera declaración indagatoria, en la alcaldía de la Policía Federal de la calle Cavia, parecía no comprender la gravedad de su escenario. Sabag Montiel quería hablar -es difícil callarlo, aseguran quienes lo trataron en el último mes- pero su defensor oficial, Juan Martín Hermida, le recomendó que no lo hiciera para garantizar su defensa. 

Aún así, tras escuchar la imputación en su contra, el detenido quiso “hacer algunas aclaraciones” ante la jueza y el fiscal Carlos Rívolo: afirmó, ofendido, que no fue ni es chofer de Uber; que no conoce a su padre; y que quería que la Justicia identifique a quienes lo golpearon durante los forcejeos que se produjeron tras el hecho. Tenía un ojo morado. 

Cuando la PSA lo trasladó el 23 de septiembre último para ingresar en una cárcel federal, Sabag Montiel todavía llevaba puesta la misma ropa del día de su detención, 22 días antes. “Chau, chicos, gracias por todo”, dijo mirando a la cámara oficial que registró el operativo (ver video en esta nota).

Durante su primera entrevista con su abogado, Hermida le preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que le acercara ropa. “Ámbar”, respondió, en referencia al sobrenombre de Uliarte. No tenía a nadie más. Días después, su novia también quedó detenida cuando la jueza la identificó en una imagen que corroboraba que había estado en el lugar y momento del hecho. 

Cuando la policía ingresó al monoambiente que alquilaban en San Martín, encontró el lugar sucio y revuelto. Hallaron restos de placenta y de un cordón umbilical.

“Quiero hablar del Hombre Gris”, dijo a uno de sus interlocutores en las últimas semanas. Del otro lado, lo frenaron. Sabag Montiel no tiene tiempo para teorías esotéricas -enfrenta una posible condena a 15 años de prisión-, pero quería hablar sobre la premonición del artista Benjamín Solari Parravicini: un supuesto “hombre gris” que llegaría para liberar a Argentina.

Uliarte, de 24 años, no terminó el colegio secundario. Vendía contenido sexual por internet y según Carrizo tuvo al menos una vez sexo por dinero con uno de sus colegas vendedores de copitos. Tuvo un hijo, pero según ella, falleció siendo bebé.

En los mensajes extraídos de su celular (que se transcriben en esta nota sin errores de tipeo, puntuación y ortografía, pero se replican las mayúsculas y expresiones coloquiales utilizadas), se adjudica haber sido la ideóloga del intento de magnicidio. La jueza también lo determinó en base a las conversaciones analizadas. Uno de los copitos o vendedores ambulantes que integraba el grupo manejado por Carrizo declaró en la causa que el padre de Uliarte la había echado de la casa, enemistado con su hija porque él es “ultrakirchnerista y ultraperonista”, según el testigo. De los chats también surgen declaraciones de Uliarte contra su padre.

Otro de los copitos, Miguel Ángel Castro Riglos, declaró en la causa que Uliarte tenía convicciones contrarias al kirchnerismo pero que Sabag Montiel carecía de convicciones políticas, “ni tenía intención de agredir a nadie, menos a Cristina Fernández”, dijo el testigo. Uliarte sí tenía “una idea radical contraria al peronismo” y aunque nunca le dijo que quería “matar a Cristina”, hablaba de su deseo de que la vicepresidenta muriera. Otro testigo lo contradijo y contó que en uno de los grupos de Whatsapp que integra, Sabag Montiel había manifestado su deseo de matar a Fernández de Kirchner.

“Fernando tenía aires de grandeza”, “quería el puesto de líder y dar órdenes”, “quería ser famoso”, agregó Castro Riglos.

Carrizo tiene 27 años. Conoció a la pareja a mediados de año en una de las fiestas que el “jefe de los copitos” -así se presentó ante la Justicia cuando fue a declarar como testigo- suele organizar. Maneja el grupo de Whatsapp “Girosos” para las convocatorias. Es quien proveía a Sabag Montiel y Uriarte de algodones de azúcar o copos de nieve para venderlos en las calles.

La jueza lo procesó como partícipe secundario en base al contenido de su teléfono celular y en particular por las conversaciones en las que sostuvo que le había entregado a la pareja un arma calibre 22 -que no es la que usó en el hecho, una pistola calibre 32- y que estaba orgulloso de lo que había hecho Sabag Montiel. También afirmó que su colega se había apurado porque el atentado estaba planeado para la semana siguiente. Ante la Justicia, sostuvo que todo lo que dijo fue en el marco de una broma, un “show”.

Tras el atentado le escribió a Uliarte: “Ya saben todo igual. Lo que hizo Nando. LO APLAUDO. ESTUVO A UN SEGUNDO DE SER HÉROE NACIONAL”. “SI YO TAMBIÉN ME PARECE EL SAN MARTÍN MODERNO. EL QUISO LIBERAR A UN PAÍS DE LA ESCLAVITUD. Lptm como le pudo fallar el tiro”, escribió en respuesta la novia de Sabag Montiel. 

“Amigo te lo digo hoy acá, creo que yo voy a terminar ese trabajo”, le manifestó Carrizo a uno de sus contacto sobre lo que había hecho Sabag Montiel.

Díaz tiene 21 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Su madre declaró ante la Justicia que su hija dedica sus días a estudiar, ir al gimnasio, y a sus gustos por la lectura, los gatos, los comics de Marvel y DC y el animé. Conoce a Uliarte porque cursaron el secundario juntas hace años. Díaz también negó cualquier vinculación con el hecho pero la jueza la procesó como partícipe secundaria del intento de homicidio por el contenido de los chats que mantuvo con Uliarte. En especial, por haberle sugerido que descartara su teléfono tras el hecho.

Uliarte le escribió a Díaz tras un supuesto intento fallido de matar a Fernández de Kirchner, a finales de agosto: “Hoy me convierto en San Martín (…). Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí (sic). Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Díaz le respondió: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?” Uliarte replicó: “No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”.

Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada“, se ufanó Uliarte. Lo cierto es que nunca existió un plan de salida. 

“¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”, le dijo Díaz. “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”, respondió Uliarte.

Tierra de oportunidades

La “banda” se conoció en una fiesta a medidados de este año, organizada por Carrizo. Al día siguiente de la fiesta, la pareja regresó al departamento de Montes de Oca, donde solían reunirse los copitos y donde vive uno de ellos, Sergio Orozco, con la excusa de buscar una campera olvidada, pero según Carrizo fue para que Uliarte tuviera sexo con Orozco a cambio de dinero. Mientras “eso sucedía” Carrizo se puso a hablar con Sabag Montiel y tras un segundo encuentro, semanas después en la casa de una conocida, les ofreció trabajo como vendedores de copos.

El hombre que apuntó con un arma a la vicepresidenta comenzó a trabajar en el rubro de los copitos a finales de julio último.  

Carrizo fue quien les aportó dos certificados falsos de discapacidad supuestamente expedidos por la Junta Evaluadora de Quilmes. La Justicia investiga si la falsificación de estos carnets eran una fuente de financiamiento pero hasta el momento la hipótesis más firme es que los utilizaban para no pagar transporte público.

Carrizo preparaba los copos de azúcar en el departamento de la calle Montes de Oca y los vendedores debían presentarse a retirarlas. Funcionaban como un grupo de trabajo. 

El jefe de los copitos se molestó en alguna oportunidad porque Sabag Montiel y Uliarte llegaban tarde o no llegaban, cuando se habían comprometido a retirar el producto. Les había preparado los palos, que lleva una ranura para insertar cada palito con su respectivo algodón de azúcar. El costo, en agosto, era: “Hasta 50 copos por 600 pesos”, de acuerdo con las conversaciones extraídas de los teléfonos.

A la pareja le tomaba dos horas llegar hasta el departamento de Barracas a retirar el palo de copos.

Sabag Montiel decía tener planes para hacer crecer el negocio de los algodones de azúcar. Brenda Uliarte era su musa para el marketing y su iniciativa parecía generar rispideces entre los copitos, que no era un grupo ameno. “Se pelean mucho”, surge de los mensajes.

“Yo sé que soy un bardo, yo reconozco que llego tarde, pero en ciertas cosas soy estructurado y creo que vamos a impulsar… a… a…. levantar la calidad de trabajo que vamos a tener para que todos estemos bien”, se disculpó Sabag Montiel con Carrizo en un audio de Whatsapp, en agosto último.

La aparición de la pareja en Crónica TV habría sido planificada con fines comerciales, según surge de los mensajes que intercambió con Carrizo. Sabag Montiel y Uliarte aparecen en un supuesto móvil espontáneo criticando la política de planes sociales y Uliarte se cruza con una beneficiaria de un plan social que está siendo entrevistada en otro móvil, discuten en torno al tema y Uliarte dice que prefiere trabajar antes que cobrar un subsidio. 

El 17 de agosto último, Sabag Montiel le envió un audio de Whatsapp a Carrizo para comentarle que a raíz de la aparición de Uliarte en el móvil de televisión tenía el presentimiento de que la nota televisiva iba a rebotar en una “venta masiva en Corriente y el Obelisco cuando la reconozcan a Brenda estos días”, según surge de la transcripción en el expediente. Le ofreció a Carrizo pagarle “cinco veces” más de lo habitual: en lugar de 40 copos, 200 copos. “Debemos estar preparados ante algo masivo”, le comentó, y quería regalar copitos en entrevistas televisivas que vendrían en el futuro.

Carrizo no le dio entidad. Le respondió el audio recién al día siguiente: “Amigo, yo te cobro por persona, si te llevas un palo son 600, hasta 50 copos son 600. Después de eso ya son 600 más. Lo que necesites te lo armo. Ojalá eso de Brenda te sume mucho”.

Sabag Montiel, “Nando” o “Tedy”, como lo llaman, no calificaba como amigo de los copitos. De los mensajes extraídos del teléfono de Carrizo surgió que no lo incluían en las reuniones sociales y limitaban su relación a lo laboral. 

A veces conversaban de cuestiones cotidianas. El 21 de julio, Sabag Montiel y Carrizo conversaron sobre un colchón, que Nando vendía a dos mil pesos. El jefe de los copitos dijo que le interesaba comprarlo pero que primero quería pasar a verlo y Sabag Montiel le pasó la dirección del monoambiente que habitaba en la calle Uriburu, en San Martín.

Carrizo y Uliarte sí hablaban de cuestiones políticas. El 23 de agosto último, al día siguiente del pedido de doce años de prisión solicitados por el fiscal Diego Luciani contra Fernández de Kirchner en el juicio por Vialidad, el jefe de los copitos le escribió a la mujer (se transcribe la versión presentada por los técnicos de PSA en el expediente):

-Ya se les acabó la joda.

-Sí, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende -, respondió Uliarte.

-Y bueno, date cuenta cómo les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea, siempre en el fondo hay bajeza, envidia y choreo.

Inmediatamente después, Uliarte criticó a su padre por ser “peroncho”, le propinó calumnias y lo comparó con la vicepresidenta: (Éñ ss) como Cristina“.

-La verdad nosotros vamos a salir adelante con el trabajo y esfuerzo -afirmó Carrizo.

-Sí, así se sale adelante -confirmó Uliarte para después aseverar: “Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”.

-Sí, ¿no? -reaccionó Carrizo.

-Si, re hace falta.

Carrizo cambió de tema: “Decile a Nando que invente una bebida”.

Faltaban nueve días para el intento de homicidio.

ED/MG