La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal Jorge Gorini dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la exvicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común “ de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Con información de agencias.

IG

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

El juez Andrés Basso pasará parte de la feria judicial escribiendo sus argumentos sobre por qué el Tribunal Oral Federal número 2 debería haber condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y elevar su pena por encima de los seis años de prisión, confirmó a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado.

Basso integra el tribunal que juzgó a la expresidenta y a otros doce acusados por el caso Vialidad y que determinó que la vicepresidenta administró de forma fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante sus dos presidencias al formar parte de una maniobra para direccionar 51 obras viales a su socio comercial, el empresario Lázaro Báez. Por este delito, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en imponer la pena máxima a Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo públicos.

Sin embargo, los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, consideraron que la fiscalía no había demostrado que la vicepresidenta haya sido la jefa de una asociación ilícita o que los hechos incluso probaran la conformación de una organización especialmente pensada para delinquir.

Por esa razón, el tribunal condenó a 9 de los 13 acusados a penas de entre 3 y 6 años y por dos votos a uno absolvió a todos por la presunta asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación junto a su colega Sergio Mola, había solicitado en agosto último penas de entre 2 y 12 años de prisión para los trece acusados por dos delitos: asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

A partir del 9 de marzo, cuando los jueces presenten los argumentos del fallo, Luciani acudirá a un tribunal superior para recurrir (apelar) la absolución de la vicepresidente y del resto de los enjuiciados por asociación ilícita, lo que implica reclamar al tribunal revisor de la sentencia que eleve las penas. 

voto Basso

“El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”, sostuvieron los fiscales Luciani y Mola en un artículo publicado tras la sentencia en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal. “Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”, aseguraron en relación al delito por el cual el tribunal absolvió a todos los acusados.

“En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”, anunció la fiscalía en el mismo artículo.

Fernández de Kirchner, López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) y el empresario Báez (beneficiado en el direccionamiento de las obras) fueron condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.

Los jueces condenaron por el mismo delito a Juan Carlos Villafañe y Rául Gilberto Pavesi ( ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. José Rául Santibáñez (otro ex director general del organismo provincial) y Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito en Vialidad) recibieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Cómo sigue

¿Quiénes son los jueces que deberán revisar la sentencia? Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que se encarga de revisar las decisiones de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones. Es el paso previo a la Corte Suprema. 

La Sala IV está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros han sido denunciados públicamente por la vicepresidenta y acumulan presentaciones en su contra por haber visitado al expresidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno (en el caso de Hornos) o por haber compartido partidos de tenis en la Quinta de Olivos (en el caso de Borinsky).

La defensa de la vicepresidenta ha realizado planteos en los que sostiene que el caso Vialidad debe ser analizado por otra sala de la Casación, integrada por otros jueces, pero la Corte ya falló sobre esa disputa y confirmó a la Sala IV. Beraldi ya planteó que los dos jueces cuestionados por CFK deberían apartarse del caso. Si lo hicieran, otros integrantes de la Casación deberán acompañar a Carbajo en el caso.

De Vido

Además, los fiscales recurrirán la absolución por ambos delitos del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ex titular de la cartera que dirigió las políticas de obras públicas entre 2003 y 2015 no sólo fue absuelto por la presunta asociación ilícita sino también por defraudación a la Administración pública. 

Después de Fernández de Kirchner, el tribunal atribuyó la mayor responsabilidad penal por el direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz al ex secretario de Obras Públicas José López (en la práctica, el segundo de De Vido) en el ministerio. Sin embargo, la fiscalía le había asignado a De Vido un rol central en la maniobra. Sólo entre 2007 y 2009, el exministro firmó 25 resoluciones que terminaron garantizando a las empresas de Báez obras por $509 millones de ese momento, de acuerdo con la documentación pública analizada por la fiscalía y a la que accedió elDiarioAR.

Los fiscales analizarán también los argumentos de los jueces para absolver de este último delito a otros exfuncionarios de menor rango: Abel Fatala (ex subsecretario de Obra Pública) y Héctor René Garro (uno de los cuatro exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz juzgados por este caso.); y para declarar prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner. El exfuncionario encargado del control de las operaciones fue sobreseído por el incumplimiento de sus deberes.

La absolución de De Vido es una carta central para la defensa de Fernández de Kirchner, según explicó el principal abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, en una entrevista con C5N. Si el ministro a cargo del diseño de la obra pública a nivel nacional durante 15 años no es considerado culpable por el direccionamiento de las obras a Báez, ¿cómo puede el tribunal encontrar culpable del mismo hecho a la Presidenta, quien supuestamente, por su función, no intervenía directamente en la toma de decisiones del ministerio?

La defensa solicitará que Fernández de Kirchner sea también sobreseída por el delito de administración fraudulenta, como De Vido, y evitará así que la sentencia quede firme.

La principal diferencia entre la acusación contra De Vido y la de Fernández de Kirchner es que el exministro fue acusado por sus decisiones en el cargo que habrían estado dirigidas a beneficiar al empresario Báez. Pero en el caso de la expresidenta, los fiscales resaltaron que, entonces, la unía a Báez un vínculo directo comercial, a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

“Eran negocios legales”, afirmó Beraldi durante su alegato en el juicio. ¿Con qué argumento? “Estaba todo bancarizado”. Sin embargo, el resultado más evidente de esa relación es que el empresario más beneficiado en la provincia de los Kirchner por la asignación de licitaciones públicas en obras viales era el socio de la Presidenta en ejercicio, sin contar las explicadas irregularidades en la asignación de esos contratos: procesos públicos en los que Báez competía contra Báez, por ejemplo.

La fiscalía tuvo bajo la lupa varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Fernández de Kirchner para fondear a Vialidad o para la designación de un hombre de Báez en el organismo. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, Fernández de Kirchner firmó siete DNU que permitieron el movimiento de al menos $1.447 millones investigados por la maniobra, según la información que analiza la fiscalía para su recurso ante Casación.

Beraldi también sostuvo que, técnicamente, la fiscalía no debería recurrir la sentencia, basándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal. “Pidió 12 años de pena y el tribunal le impuso 6 años. Entonces como sólo puede recurrir cuando la pena que se le impone es inferior a la mitad de la solicitada, no puede recurrir. Pero si quiere recurrir, que recurra”, dijo Beraldi tras la sentencia.

En el noveno piso de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal Luciani, hacen una interpretación muy diferente ante la consulta de elDiarioAR sobre las declaraciones de Beraldi. Sostienen que la fiscalía sí puede recurrir al tribunal revisor de la sentencia por los jueces dictaron absoluciones.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

“Mentiras”, “mala praxis”, construcción de una “fábula” y de una “fantasía”, prevaricato, desconocimiento del Derecho. Son algunas de las réplicas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su defensa al alegato de la fiscalía en el juicio oral y público por el caso Vialidad.

En un debate que ha girado en torno a “verdades” y “mentiras”, una fuente allegada a la fiscalía que encabeza Diego Luciani dijo a elDiarioAR que “el alegato de la fiscalía se mantiene inalterable e incólume” y que el Ministerio Público Fiscal no ha podido ser contradecido con argumentos válidos. 

“Se asistió a una tergiversación del alegato de los fiscales y de las pruebas documentales y testimoniales del juicio, que la defensa expuso de forma parcializada y segmentadas”, como cuando refirió que los fiscales habían sostenido que todo lo actuado por los gobiernos kirchneristas eran acciones de una asociación ilícita, agregó la fuente consultada ante las críticas de los abogados de la vicepresidenta y de la propia funcionaria. 

La defensa de Fernández de Kirchner, que alegó alrededor de 20 horas durante tres audiencias (lunes, martes y este viernes), sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola fueron los que tergiversaron las pruebas y solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que “saque testimonio” de esas supuestas “mentiras” que la fiscalía sostuvo como verdades durante su alegato, es decir, planteó formalmente a los jueces que denuncien penalmente a ambos fiscales por la comisión de un presunto delito: actuación infiel a sus funciones.

Los alegatos de la fiscalía y la defensa han girado durante decenas de horas en torno a aspectos jurídicos, de Derecho administrativo, vericuetos del funcionamiento de la Administración pública, la ley de Presupuesto, los procesos de licitaciones públicas, las reglas y normas del Estado y las competencias de los funcionarios públicos. Un compendio teórico que para la fiscalía fue utilizado en la práctica como herramienta del delito. Para la defensa, en cambio, garantizó la legalidad de los actos cuestionados porque la práctica no se alejó de la teoría. El intento de dilucidar quién miente y quién dice la verdad refleja la complejidad del juicio. Serán los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quienes deberán establecer en su sentencia quién mintió.

A pesar de la acusación a los fiscales de haber cometido un delito (prevaricato), ni la vicepresidenta ni sus abogados solicitaron este viernes la nulidad del alegato de la fiscalía, lo que habría implicado la apertura de un nuevo capítulo en el juicio, en el que los fiscales deben responder a las críticas y supuestas mentiras y exponerlas en una audiencia pública. La expresidenta enfrenta un pedido de sentencia de doce años de prisión e inhabilitación perpetua.

La estrategia de defensa se centró en dos ejes centrales que Fernández de Kirchner planteó en su exposición de poco más de una hora este viernes: primero, desmentir la existencia de una supuesta asociación ilícita creada para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de obras viales al empresario Lázaro Báez, socio y amigo de su familia; segundo, establecer que además, no tuvo como presidenta competencia para tomar las decisiones que terminaron favoreciendo al empresario Báez en la adjudicación de obra pública.

La vicepresidenta pudo alegar en su propia defensa por ser abogada y expuso como tal en un tramo de su alegato:dijo que la causa Vialidad es anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal.

ED

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner inició hoy su última jornada de alegato refutando uno de los últimos puntos de la acusación fiscal: la presunta demora injustificada de las empresas de Lázaro Báez en realizar las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.

El abogado Carlos Alberto Beraldi recordó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola justificaron parte de la acusación en que las obras adjudicadas a Báez tenían demoras que, según un reporte de mediados de 2016, tenían un nivel de cumplimiento del orden del 50 por ciento en promedio.

“Esto hay que mirarlo en contexto, no aisladamente”, propuso Beraldi, y comparó el grado de cumplimiento de otras empresas adjudicatarias de obra pública en el resto del país evaluadas en ese mismo período.

“Las obras de la empresa IECSA también estaban al 50 por ciento de cumplimiento”, especificó Beraldi, tras recordar que esa firma es la que históricamente estuvo vinculada con la familia del ex presidente Mauricio Macri. Beraldi aclaró que el ejemplo no tenía “ninguna intención de chicana”.

Ahora es el turno de Cristina Fernández de Kirchner, expone a 22 días del intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló con una arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara. Por la causa hay cuatro personas detenidas.

Vale destacar que luego de los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden solicitarla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Finalizada esa etapa, vendrán las últimas palabras de los acusados. 

El veredicto final se estima que sea antes de fin de año.

NB con información de la agencia NA.

La vicepresidenta Cristina Kirchner asumió este viernes el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública, siendo la principal acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos. “Esta declaración que voy a hacer no es una graciosa concesión del Tribunal sino que me asiste el 104 del código de procedimiento. Si no tuviera la suerte de ser abogada estaría en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, arrancó su intervención la ex mandataria.

Y pidió que investiguen a los fiscales: “Se desmontaron las increíbles mentiras de Mola y Luciani”. Y apuntó más duro contra este último: “La intervención del fiscal Luciani fue artística”. Además, para CFK, el juicio es “anti-inconstitucional, anti-republicano y anti-federal”.

Para la Vicepresidenta, el juicio es una “fábula” y acusó a los jueces dar “licencia social para hacer cualquier cosa”.

“Yo pensé que este juicio era para difamarme o calumniarme, pero a partir del 1° de septiembre (día del atentado en la puerta de su domicilio), creo que puede haber otra cosa”, dijo hacia el final de su alocución, al tiempo que recordó los afiches que aparecieron en distintos puntos del país meses atrás con una imagen suya y la inscripción “asesina”. Y puso en duda que “la banda que está detenida como autores materiales del ataque en la que dispararon a 15 centímetros de mi rostro (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo), sean los autores intelectuales”.

En su exposición en su despacho del Senado, la expresidenta adelantó que pedirá “que extraigan los testimonios de las mentiras de los fiscales. No se puede creer por qué este juicio se llevó adelante. Las pruebas tienen que estar en el expediente”, exigió, al tiempo que remarcó que subirá todos los elementos recogidos durante el juicio “a las redes, porque quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio” y que hará “el pedido formal al tribunal para que extraiga testimonio sobre las mentiras de la Fiscalía contrastadas con pruebas documentales y testimoniales”. Antes, felicitó a sus abogados por “el ejercicio profesional del derecho” y por “la claridad” durante sus alegatos.

Al fundamentar sus argumentos para pedir, como lo hizo desde el comienzo de la causa que investiga la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, la nulidad de la causa, Cristina Fernández consideró que los principios del derecho “están contenidos en los primeros artículos del Código Civil. Allí se establece cómo debe ser interpretada la ley y el principio de inexcusabilidad, es decir, nadie puede justificar el incumplimiento de la ley por no conocerla”.

Asimismo, sostuvo que en la vida política argentina “nunca hubo ninguna fuerza política que tuviera 3 períodos consecutivos de gobierno; sólo nosotros fuimos elegidos en dos oportunidades más. Sin embargo, la Fiscalía dice que esta asociación ilícita fue pergeñada para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz. Es ilógico, absurdo y ridículo pensar que militamos toda una vida para esas 51 obras viales. Nos eligió el pueblo, no podemos ser una asociación ilícita”, subrayó.

“Yo recuerdo que la llegada de Kirchner a la presidencia fue una de las cosas más aleatorias en la historia. Llegó de chiripa, en un momento de crisis monumental, con fuerzas políticas divididas. La realidad de lo que pasó en la historia no resiste esta acusación”, dijo.

Para la exmandataria, “me trajeron de los pelos a este juicio; lo que se discute aquí es un disparate, al borde del ridículo. La acusación de los fiscales Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución Argentina, es decir, la forma de gobierno adoptada por la Argentina, Representativa, Republicana y Federal. Un gobierno elegido bajo esta forma no puede ser una asociación ilícita”, dijo, y disparó fuerte contra el sistema judicial: “Ustedes, la Justicia, creen que son más que nosotros. Los jueces violaron tres veces la Constitución”.

Cristina Kirchner también dijo vivir “en un estado de sitio permanente, porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde diciembre de 2015”, cuando finalizó su segundo mandato presidencial.

Otras frases de Cristina Kirchner

La fiscalía pidió 12 años de prisión para la Vicepresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La audiencia comenzó a las 9:30 de modo virtual y Cristina Kirchner empezó su alegato pasadas las 11.30.

Primero fue el turno de su abogado Carlos Beraldi para continuar con las respuestas a la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, y, después de las palabras de la expresidenta, el mismo letrado cerrará el alegato con el pedido formal de absolución para su clienta.

La última vez que la vicepresidenta se pronunció sobre la causa fue el 23 de agosto pasado, sin autorización y fuera del ámbito del tribunal, previo al intento de magnicidio.

El alegato completo de Cristina y Beraldi

Qué dijo Beraldi

La defensa de Cristina Kirchner inició su última jornada de alegatos refutando uno de los últimos puntos de la acusación fiscal: la presunta demora injustificada de las empresas de Lázaro Báez en realizar las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.

El abogado Carlos Alberto Beraldi recordó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola justificaron parte de la acusación en que las obras adjudicadas a Báez tenían demoras que, según un reporte de mediados de 2016, tenían un nivel de cumplimiento del orden del 50 por ciento en promedio.

“Esto hay que mirarlo en contexto, no aisladamente”, propuso Beraldi, y comparó el grado de cumplimiento de otras empresas adjudicatarias de obra pública en el resto del país evaluadas en ese mismo período.

“Las obras de la empresa IECSA también estaban al 50 por ciento de cumplimiento”, especificó Beraldi, tras recordar que esa firma es la que históricamente estuvo vinculada con la familia del ex presidente Mauricio Macri. Y aclaró que el ejemplo no tenía “ninguna intención de chicana”.

Qué había dicho al principio la expresidenta

Esta es la segunda vez que la vicepresidenta habla en el juicio, ya que la primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria.

Ante los tribunales de Comodoro Py, había sentenciado: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo”, desafió aquella vez.

Además, en su primera intervención sostuvo que la causa “fue un plan ordenado por el Gobierno saliente” en referencia al de Mauricio Macri, habló de su relación con Lázaro Báez y de cómo se confecciona el presupuesto nacional para las obras públicas.

El discurso de hoy se hace a 22 días del intento de homicidio que sufrió el primero de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló con una arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara y por la causa hay cuatro personas detenidas.

Los alegatos de los demás acusados

En los últimos días la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales, advirtiendo que se construyó “un relato” que no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.

Por su parte, la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió la absolución por inexistencia de delito. Su abogado Lucio Simonetti explicó al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación. El letrado señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa, a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

El argumento de la defensa de Cristina

El lunes, pasado la defensa de la vicepresidenta comenzó a refutar los argumentos de la acusación fiscal. En una exposición que duró cerca de seis horas, el abogado Beraldi arremetió contra los fiscales: “A contramano de lo que marca la ley, hay que demostrar la inocencia”. Denunció un “apagón informativo” en torno al caso, contraponiendo las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron en los tres años del juicio.

El abogado se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. Según su interpretación, este hecho demuestra que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.

Para Beraldi, la Fiscalía hizo un “intento desesperado” por mantener la acusación, para lo que “se falsearon pruebas y se introdujo un supuesto plan 'limpiar todo'”,que incluía una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en la obra pública. El letrado negó que esa reunión haya existido, y señaló que la entonces mandataria estaba encabezando un acto político en la provincia de Río Negro, lo cual justificó mostrando imágenes.

Por último, el abogado de Cristina Kirchner en su alegato recordó que tanto la vicepresidenta como el expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales ya cerradas por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez. Asimismo, sostuvo que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública.

Para la fiscalía, 12 años de prisión para CFK

El 22 de agosto pasado, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.También, y en un hecho inédito, solicitó al tribunal que la inhabilite de manera perpetua a ejercer cargos públicos. El fiscal la caracterizó como jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado, en lo que ha sido, dijo, “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral las condenas a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez; a diez años para el exministro De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López y a cuatro años para el ex subsecretario Fatala, entre otros presuntos organizadores de la asociación ilícita. Además, pidió que se decomisen bienes por casi mil millones de dólares.

El fiscal Luciani no había terminado de hacer su alegato cuando el presidente Alberto Fernández, quien declaró como testigo en la causa, manifestó su rechazo a la condena pedida para la vicepresidenta. “Hoy es un día muy ingrato” tuiteó Fernández y transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” con la ex presidenta. En ese mensaje, adjuntó un comunicado del Gobierno Nacional que califica el juicio como una “persecución judicial y mediática”.

“Derecho de Defensa”

Luego que el fiscal Luciani presentara sus pruebas y pidiera las condenas, la exmandataria solicitó ampliar su declaración indagatoria. Sin embargo, el Tribunal decidió rechazar el pedido, al sostener que las ampliaciones sólo pueden realizarse antes de que comiencen los alegatos. El abogado de la vicepresidenta argumentó que su pedido se basa en que durante el alegato de la fiscalía se expusieron cuestiones que no habían sido “ventiladas” durante el juicio.

El 23 de agosto, Cristina Kirchner habló durante más de una hora y media por su canal de Youtube desde su despacho del Senado, donde dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios”, aludiendo a la teoría del lawfare que articula su defensa política ante la justicia. Además, leyó mensajes de texto entre el ex secretario José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Además, apuntó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, otro miembro de Cambiemos cercano a Macri prófugo de la justicia, y al “partido judicial”, el cual, dijo, “confunde asociación ilícita con gobiernos populares”. En esa línea, identificó al presidente del tribunal Giménez Uriburu como el “arquero del Liverpool” que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “el mismo que juega en Los Abrojos (la quinta de Macri) con Luciani, que es el fiscal”.

El atentado

Tras la declaración pública de Cristina Kirchner, comenzó una vigilia en la puerta de su domicilio en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. También hubo manifestaciones en su contra, que derivaron en incidentes y represión por parte de la Policía de la Ciudad. La vicepresidenta apuntó al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de idas y venidas por la seguridad del lugar, de la vicepresidenta y los vecinos del barrio, la noche del jueves 1º de septiembre, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces un arma pero no salió ningún disparo. En su primera aparición pública después del hecho, Cristina Kirchner dijo, emocionada: “Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”.

Cómo sigue

Luego de los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden solicitarla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Finalizada esa etapa, vendrán las últimas palabras de los acusados y el veredicto final se estima que sea antes de fin de año.

Los alegatos de la defensa en el juicio por la causa Vialidad que tuvieron lugar esta semana continúan hoy viernes en el Tribunal Federal Oral 2, ante el cual la expresidenta Cristina Kirchner presentará sus argumentos como abogada en una transmisión que podrá seguirse por YouTube.

“Mañana (por hoy) continúan las audiencias de la causa 'Vialidad'. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”, tuiteó anoche la vicepresidenta a modo de anuncio.

La última vez que la vicepresidenta se pronunció en la causa fue el 23 de agosto pasado, sin autorización y fuera del ámbito del tribunal, previo al intento de magnicidio. Fuentes del oficialismo esperan que ocurra “algo parecido a lo del alegato público”, en referencia a la manifestación espontánea de ese día en las inmediaciones del Congreso en favor de la ex presidenta . El sindicalista Pablo Moyano recordó que la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en estado de “alerta y movilización” y anticipó que cuando Cristina Fernández intervenga ante el tribunal habrá presencia de la CGT en las calles.

Hay expectativa en Comodoro Py por el tono que tendrá el alegato de la vicepresidenta. Se espera que, al igual que en su intervención del mes pasado, su defensa será de naturaleza política. El abogado Carlos Beraldi tomó durante esta semana una posición técnica para intentar desarmar el alegato de la fiscalía, cuestión sobre la que avanzará hoy.

Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia

Cristina Fernández de Kirchner — Vicepresidenta de la Nación

En los últimos días la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales, advirtiendo que se construyó “un relato” que no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.

Por su parte, la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió la absolución por inexistencia de delito. Su abogado Lucio Simonetti explicó al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación. El letrado señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa, a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

El argumento de la defensa de Cristina

El lunes, pasado la defensa de la vicepresidenta comenzó a refutar los argumentos de la acusación fiscal. En una exposición que duró cerca de seis horas, el abogado Beraldi arremetió contra los fiscales: “A contramano de lo que marca la ley, hay que demostrar la inocencia”. Denunció un “apagón informativo” en torno al caso, contraponiendo las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron en los tres años del juicio.

El abogado se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. Según su interpretación, este hecho demuestra que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.

Para Beraldi, la Fiscalía hizo un “intento desesperado” por mantener la acusación, para lo que “se falsearon pruebas y se introdujo un supuesto plan 'limpiar todo'”,que incluía una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en la obra pública. El letrado negó que esa reunión haya existido, y señaló que la entonces mandataria estaba encabezando un acto político en la provincia de Río Negro, lo cual justificó mostrando imágenes.

Por último, el abogado de Cristina Kirchner en su alegato recordó que tanto la vicepresidenta como el expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales ya cerradas por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez. Asimismo, sostuvo que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública.

Para la fiscalía, 12 años de prisión para CFK

El 22 de agosto pasado, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.También, y en un hecho inédito, solicitó al tribunal que la inhabilite de manera perpetua a ejercer cargos públicos. El fiscal la caracterizó como jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado, en lo que ha sido, dijo, “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral las condenas a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez; a diez años para el exministro De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López y a cuatro años para el ex subsecretario Fatala, entre otros presuntos organizadores de la asociación ilícita. Además, pidió que se decomisen bienes por casi mil millones de dólares.

Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión

Diego Luciani — Fiscal

El fiscal Luciani no había terminado de hacer su alegato cuando el presidente Alberto Fernández, quien declaró como testigo en la causa, manifestó su rechazo a la condena pedida para la vicepresidenta. “Hoy es un día muy ingrato” tuiteó Fernández y transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” con la ex presidenta. En ese mensaje, adjuntó un comunicado del Gobierno Nacional que califica el juicio como una “persecución judicial y mediática”.

“Derecho de Defensa”

Luego que el fiscal Luciani presentara sus pruebas y pidiera las condenas, la exmandataria solicitó ampliar su declaración indagatoria. Sin embargo, el Tribunal decidió rechazar el pedido, al sostener que las ampliaciones sólo pueden realizarse antes de que comiencen los alegatos. El abogado de la vicepresidenta argumentó que su pedido se basa en que durante el alegato de la fiscalía se expusieron cuestiones que no habían sido “ventiladas” durante el juicio.

El 23 de agosto, Cristina Kirchner habló durante más de una hora y media por su canal de Youtube desde su despacho del Senado, donde dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios”, aludiendo a la teoría del lawfare que articula su defensa política ante la justicia. Además, leyó mensajes de texto entre el ex secretario José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Además, apuntó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, otro miembro de Cambiemos cercano a Macri prófugo de la justicia, y al “partido judicial”, el cual, dijo, “confunde asociación ilícita con gobiernos populares”. En esa línea, identificó al presidente del tribunal Giménez Uriburu como el “arquero del Liverpool” que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “el mismo que juega en Los Abrojos (la quinta de Macri) con Luciani, que es el fiscal”.

Cuando el fiscal Luciani dice 'donde uno aprieta, sale pus' tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas. Esto es lo que sale y no investiga

Cristina Fernández de Kirchner — Vicepresidenta de la Nación

El atentado

Tras la declaración pública de Cristina Kirchner, comenzó una vigilia en la puerta de su domicilio en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. También hubo manifestaciones en su contra, que derivaron en incidentes y represión por parte de la Policía de la Ciudad. La vicepresidenta apuntó al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de idas y venidas por la seguridad del lugar, de la vicepresidenta y los vecinos del barrio, la noche del jueves 1º de septiembre, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces un arma pero no salió ningún disparo. En su primera aparición pública después del hecho, Cristina Kirchner dijo, emocionada: “Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”.

LC

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este martes que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública y recordó que la exmandataria fue sobreseída por inexistencia de delito en causas ya cerradas por sus vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.

“No hay ninguna norma que imponga a la Presidenta o Presidente el deber de controlar procesos de adjudicación. Acá no existe ninguna norma, no hay deber de actuar”, remarcó el abogado Carlos Beraldi en un tramo de su alegato.

Por ello “una imputación construida de esa manera es absolutamente incorrecta e ilegal. Es imposible que el Presidente ejerza el control de una licitación y lo que va pasando después, es imposible”, remarcó.

Beraldi sostuvo que se debe “descartar cualquier tipo de responsabilidad por acción u omisión” de la Vicepresidenta.

Pero además recordó que tanto ella como el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales que investigaron hechos similares.

Se trata de jueces y fiscales que entre 2008 y 2015 no hicieron “lo que en esos años les pedía algún poder político” pero “las cosas después cambiaron y no cambiaron para bien”, advirtió al remarcar el “nivel grotesco” de lo ocurrido.

Por otro lado, y en cuanto a las “relaciones comerciales” con el empresario Lázaro Báez, la defensa entendió que fueron “legales, legítimas y están sobreseídas”, al repasar las diferentes causas judiciales abiertas desde 2008.

Con el foco puesto en las acusaciones por lo ocurrido en Santa Cruz, Beraldi advirtió también una “gravedad institucional inédita” en la postura fiscal porque “se acusó a todo un gobierno provincial, se lo convirtió en un vehículo para cometer delitos”.

Con información de Télam.

IG

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, acusó que el día en que la fiscalía señaló que ella tuvo una reunión con Lázaro Báez en el marco de un plan para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en obra pública, la entonces mandataria estaba encabezando un acto político.

De esta manera, el letrado negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

Primero, Beraldi recordó que el fiscal había señalado que el avión presidencial TANGO 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz.

Según el abogado, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Diego Luciani en su alegato.

Luego aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces Presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro.

En ese sentido, mostró imágenes de una acto político que realizó la vicepresidenta en la ciudad rionegrina de Bariloche.

“Intento desesperado”

Para Beraldi, la fiscalía de la causa Vialidad hizo un “intento desesperado” para mantener la acusación que tenía “certificado de defunción” y para ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan “limpiar todo” en base a llamados de otro acusado, José López.

La Vicepresidenta “no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas”, sostuvo Beraldi en su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron “un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio”, analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como “limpiar todo” en su alegato final.

En base a estos mensajes de López, “más de 26.000” de los cuales los fiscales “usaron cuatro o cinco” se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.

“Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros”, enumeró sobre esa acusación fiscal.

Esto “iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata”

Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como “voy a ir a ver a la señora”.

“El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario”, evaluó

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta “jefa” de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Ayer, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalía; afirmó que incurrió en “mala praxis” para sostener una “fantasía” y aseveró que la acusación quedó “fulminada” ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado “en forma documentada” que los fiscales Luciani y Mola “mintieron descaradamente”.

Asimismo, invitó a “seguir mirando” la segunda jornada de alegato que presentaban hoy sus abogados y que “continúa con la demolición de la escandalosa acusación” de los fiscales.

Dalbón tildó a los fiscales de la Causa Vialidad como “dos delincuentes”

El abogado Gregorio Dalbón destacó la exposición de su colega Carlos Beraldi, quien defiende a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en los alegatos por la causa Vialidad, a la vez que cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien”, subrayó Dalbón al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de “una consecuencia de su actuar”.

“Lo que hizo Beraldi fue mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que, cuando termine el juicio, van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito”, amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, añadió que “son dos delincuentes que van a quedar fuera de la Justicia”, mientras que dijo que se trata de un “tribunal del lawfare” compuesto por “los jugadores de fútbol”, en referencia a los partidos que disputaron durante un certamen que se realizó en una quinta del ex presidente Mauricio Macri.

“Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa.

Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi, deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda, deben estar con el imputado no con la fiscalía“, cruzó.

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con las autoridades a cargo de investigar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, vinculó a la jueza María Eugenia Capuchetti con el diputado del PRO, Cristian Ritondo y referenció a Carlos Rívolo como “el fiscal del lawfare”.

“A mí Capuchetti no me va ni me viene y sus antecedentes me hacen acordar a Ritondo. Carlos Rívolo es un fiscal del lawfare, a mi criterio, todo lo que digo es mi opinión personal y creo que están llevando la causa a un intento de homicidio cuando todo es mas grave”, manifestó. .

Por último, Dalbón opinó sobre un dibujo de Nik publicado en La Nación, y reveló que presentará su demanda ante la justicia.

“Hablé con Juliana Di Tullio y lo voy a demandar. No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen eso ridiculizando a la víctima, revictimizándola y tomándole el pelo al Presidente (Alberto Fernández). Se está naturalizando que cualquiera pueda tomarle el pelo al Presidente y a la vice”, concluyó.

Con información de NA.

IG