El secretario de Justicia Sebastián Amerio se enteró este miércoles en vivo de que ya no cumpliría su rol de viceministro, mientras presidía la Comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura. Al confirmar que lo desafectarían de su puesto, abandonó sus funciones al instante.

La situación quedó registrada en la grabación que había iniciado a través de la plataforma Zoom, en la que también participaban otros funcionarios e integrantes de la comisión, y dejó en evidencia que ninguna autoridad del Gobierno le había informado a Amerio sobre la decisión.

Según fuentes oficiales, Amerio se reunió luego con el asesor presidencial Santiago Caputo en sus oficinas de la Casa Rosada.

Entusiasmo por el nuevo ministro

Mientras tanto, el Gobierno se entusiasma con Juan Bautista Mahiques, el designado ministro de Justicia. “Tiene mucho poder en el Poder Judicial, peso propio, un largo recorrido” y proviene de una “familia judicial”, destacaron en la Casa Rosada.

También afirman que “le sobra el piné” para el cargo y que “conoce a fondo” el mundo de la AFA, hoy en el centro de la polémica por la causa contra el titular de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y la repatriación del gendarme Nahuel Gallo.

Con información de la agencia NA

Juan Bautista Mahiques estuvo en el viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022 y en el que participaron otros poderosos del ámbito judicial, como su padre Carlos Mahiques –juez de Casación alineado con el macrismo–, Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Y fue Mahiques el que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

El mismo Mahiques quedó confirmado este miércoles como flamante ministro de Justicia de Javier Milei, quien lo eligió en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en una jugada que tiene mucho de simbólico: mete en el Gobierno a un hombre fogueado por el macrismo, supone un avance de Karina Milei por sobre las acciones de Santiago Caputo –ya que fue desplazado Sebastián Amerio de la Secretaría de Justicia– y confirma la necesidad oficialista de armar un frente judicial de peso para defender al Presidente y su hermana ante las causas sensibles de la criptoestafa $LIBRA y las sobornos en la Andis.

“Somos víctimas de un espionaje ilegal. Para tener guardado debajo del colchón, podríamos averiguar el tema de una facturita. No creo que sea necesaria...”, se lo escucha Mahiques en uno de los audios filtrados en su momento al respecto del viaje a Lago Escondido, donde tiene su mansión el magnate Joe Lewis. Los Mahiques, Ercolini, D’Alessandro y Bergroth compartieron el vuelo el 13 de octubre de aquel año con Pablo Yadarola, juez en lo penal económico; Pablo Cayssials, juez federal de lo Contencioso Administrativo, y Tomás Reinke, empresario especialista en campañas digitales. En el grupo de chat también estaban el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto.

Pero Mahiques y sus compañeros de viaje respiran tranquilos: en diciembre de 2023, apenas diez días después de asumido Milei, el juez federal Sebastián Ramos dictó “la nulidad de todo lo actuado” en la causa. Consideró que aquel vuelo privado y estadía “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura”.

Y en abril del año pasado el favor llegó desde la propia corporación judicial: la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura frenó la investigación por el viaje de jueces a Lago Escondido. La jugada fue coordinada casi quirúrgicamente: tres consejeros jueces que integran la Comisión (Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero) se retiraron al mismo tiempo de la reunión y la dejaron sin quórum. “El restante juez, Alberto Lugones, directamente no participó de la reunión. La resolución para cerrar el caso fue adoptada por esos cuatro jueces que integran la Comisión más el representante de los académicos Hugo Galdersi y el senador radical Eduardo Vischi”, recordó en una nota la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Un detalle es que el correntino Vischi, es un aliado del Gobierno en el Senado: votó recientemente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Los contactos de Mahiques con la justicia y el poder son fluidos y hasta consanguíneos. Su padre –mandamás de la Cámara de Casación porteña– fue también ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La familia tiene su origen en Mercedes, donde el flamante ministro nació en 1980: allí cultivó una amistad con el senador kirchnerista Wado de Pedro, también de la zona. 

Pero también tiene otros enlaces que ahora llaman la atención con su desembarco en el gabinete libertario. El año pasado fue designado por Claudio “Chiqui” Tapia como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa). Según consignó el diario La Nación, Mahiques pidió dejar de integrar la Unafa “inmediatamente después del lanzamiento” y exigió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. 

Otro eslabón llamativo en el marco de la “guerra” entre el Gobierno y la AFA es el propio Carlos Mahiques: el padre del flamante ministro tenía para resolver la disputa por la competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Pero se corrió la semana pasada luego de que se revelara que el camarista festejó el año pasado su cumpleaños en esa quinta. 

Mahiques se recibió como abogado por la UBA en 2007, tiene una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, y se movió desde temprano en los pasillos de tribunales. Fue secretario letrado del Consejo de la Magistratura, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17 y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Su salto a la escena pública llegó en 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

“Coco” Mahiques a su vez es íntimo de Daniel Angelici, el operador macrista-radical en la Justicia. Fue el padrino político del flamante ministro. Según trascendió, el ahora funcionario libertario filtró que está alejado de Angelici, así como de los Macri (Mauricio y Jorge) para tener la bendición de Karina Milei.

Mahiques le debe a los Macri el apoyo que le dio el oficialismo porteño en 2019 para que la Legislatura aprobara su pliego como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, pese a objeciones de organizaciones judiciales que cuestionaban su independencia. Asumió en octubre de ese año y se mantuvo en el cargo hasta su ahora llegada al gabinete de Milei.

Organizaciones independientes cuestionaron también que la Procuraduría porteña adquiriera el año pasado el sistema de reconocimiento facial privado Clearview AI, que fue denunciado y multado en Europa y América del Norte por “apropiarse” fotos de internet . El Ministerio Público Fiscal de CABA pagó US$ 27.588 por el software que recolecta imágenes de redes sociales sin consentimiento y podría generar “falsos positivos”, según la alerta de especialistas consultados por elDiarioAR.

Con esa trayectoria llega Mahiquies al Gobierno, con el objetivo político de delinear la estrategia judicial del Gobierno. Los frentes son varios: completar la Corte Suprema de Justicia así como las cientos de vacantes en juzgados federales. Pero también aceitar la defensa de los Milei, cercados en los tribunales por el caso $LIBRA y de la Andis.

MC

El rumor de una virtual salida de Mariano Cúneo Libarona volvió a circular en la Casa Rosada en medio del clima de jolgorio que dejó la aprobación de la reforma laboral. Envalentonado por haber mostrado capacidad de articulación parlamentaria, el oficialismo ya proyecta la próxima batalla institucional: la reorganización del frente judicial. En ese contexto, y con el fin de las sesiones extraordinarias a la vista, una pregunta comenzó a ordenar las conversaciones internas: si el ministro de Justicia dejará su cargo cuando el Congreso apruebe la Ley Penal Juvenil, abriendo formalmente la pulseada por el control del área desde marzo, en simultáneo con la discusión por la designación de jueces.

El propio Cúneo Libarona ayudó a sostener la incertidumbre. Después de haber evaluado su salida, a comienzos de febrero aseguró en una entrevista radial que continuará al frente del Ministerio por un pedido directo de Javier y Karina Milei, aunque no faltan quienes aseguran que su etapa podría cerrarse una vez sancionada la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. En aquella intervención pública buscó mostrarse sólido: afirmó que seguirá “por el cariño a la justicia” y con la intención de dejar una huella jurídica. “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, remarcó.

Sin embargo, el equilibrio interno es más precario de lo que sugieren esas declaraciones. El ministro ya había manifestado en diciembre su intención de dar un paso al costado, cansado de la exposición y del desgaste de la interna. Pero fue Karina Milei quien lo persuadió de continuar para frenar el ascenso de su viceministro, Sebastián Amerio, hombre del esquema del asesor Santiago Caputo. Esa decisión abrió una tregua que dentro del oficialismo describen como inestable. Cúneo Libarona sigue en funciones, pero con margen político reducido, mientras las dos alas del Gobierno se preparan para disputar la conducción del área cuando se abra la etapa de definiciones.

La experiencia de 2024 funciona como antecedente y advertencia. El intento de impulsar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema terminó con el rechazo del Senado. La derrota no solo expuso la fragilidad de la ingeniería parlamentaria oficialista sino que dejó heridas internas y debilitó la posición de quienes habían conducido esa negociación, con Amerio a la cabeza.

Desde entonces, en la Casa Rosada predomina una lógica más cautelosa: cualquier movimiento en la Corte deberá estar respaldado por un acuerdo político más amplio y una aritmética garantizada, no por apuestas que puedan volver a naufragar en el recinto. En ese marco, el control del Ministerio de Justicia adquiere un valor estratégico: quien conduzca esa cartera será también quien administre la próxima ofensiva judicial del oficialismo y evite repetir el traspié que marcó el primer intento de rediseñar el máximo tribunal.

Es que el Gobierno no solo se encamina a una nueva etapa de designaciones, sino que además vuelve a discutirse la integración de la Corte, que hoy funciona con tres miembros, lo que obliga a fallar por unanimidad o recurrir a conjueces. En Balcarce 50 no descartan ampliarla de cinco a siete sillas como parte de un pacto más amplio con sectores del peronismo y gobernadores. Una modificación que trastocaría la correlación de fuerzas y permitiría negociar no solo los nombres sino el equilibrio interno del tribunal.

En el Senado, sin embargo, La Libertad Avanza ensaya cálculos más ambiciosos. Tras la aprobación de la reforma laboral y el quiebre de alineamientos que dejó esa votación, en algunos despachos especulan con que el Gobierno logró romper el bloque opositor y que, sumando a Consenso Federal y otros aliados provinciales, podría acercarse a los dos tercios sin depender directamente de Cristina Kirchner. Es una hipótesis que circula como demostración de fuerza: la posibilidad de prescindir del kirchnerismo duro en la negociación judicial.

Sin embargo, en la práctica, pocos creen que ese camino sea el más viable. Para la Casa Rosada suele resultar más sencillo negociar con una interlocutora centralizada que con una quincena de senadores con agendas propias, y la desconfianza hacia el PRO como socio estable sigue intacta. El paquete es amplio: no solo los dos lugares pendientes en la Corte, sino también la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo.

El trasfondo es estructural. El artículo 99 inciso 4 de la Constitución obliga al Ejecutivo a remitir pliegos judiciales al Senado, pero desde el inicio del mandato libertario no se envió ninguno nuevo, pese a que el Consejo de la Magistratura elevó numerosas ternas. Mientras tanto, el nivel de vacancias crece: más del 35% de los cargos judiciales están sin cubrir. En la Justicia federal hay 160 vacantes sobre 485 cargos; en la nacional, 177 sobre 517; en el Ministerio Público Fiscal, 163 sobre 368; y en la Defensa Pública, 80 sobre 265.

Hoy la situación de Cúneo Libarona ofrece señales cruzadas. En la Casa Rosada sostenían hasta hace pocas semanas que no existía una búsqueda activa de reemplazo y que el ministro continuaría al frente de Justicia, una versión que se transmitió en diciembre tras su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde ambos repasaron la agenda del área. Sin embargo, en paralelo, distintas fuentes del oficialismo reconocen movimientos reservados y conversaciones informales vinculadas al rediseño del mapa judicial.

La discusión, en realidad, va mucho más allá de un eventual recambio. Se inscribe de lleno en la interna oficialista: Karina Milei procura retener el control político de Justicia, mientras Santiago Caputo busca preservar la gravitación operativa de Amerio, que desde el inicio de la gestión actúa como nexo directo con jueces y fiscales. Convertirlo en ministro implicaría para su entorno resignar margen de maniobra y asumir una exposición que hoy prefieren evitar.

Es que la incógnita sobre el destino de Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia no remite solo a su continuidad personal, sino a una definición más profunda: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en una fase en la que el Gobierno necesita ordenar su frente institucional y gestionar una negociación de alto voltaje político. Lo que se define en esa pulseada no es un nombre, sino la conducción de una de las áreas más sensibles para el equilibrio de poder en la etapa que viene.

PL/CRM

El proyecto de reforma penal juvenil que que lleva la edad de imputabilidad a 13 años ingresó este lunes a la Cámara de Diputados. Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento. 

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas “socioeducativas y penas alternativas”, y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Cúneo Libarona explicó los puntos clave del proyecto

Horas atrás, Mariano Cúneo Libarona confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Justicia, impulsado por un pedido personal del Presidente y su hermana tras haber contemplado el retiro en diciembre. 

El funcionario dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional, afirmando que “vine por el bronce, por el cariño a la justicia” y que su motor es dejar un legado de orden jurídico.

El ministro desestimó las operaciones de prensa que sugerían su salida y se centró en la defensa de sus proyectos estructurales, asegurando que “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”.

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro fue tajante al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. “Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad”, explicó para justificar el límite de edad propuesto en diálogo con Splendid AM 990.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: “A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable”. Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: “Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima”.

Uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como “difusa e imprecisa” desde su creación en 2012. El ministro sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de “hombricidio y femicidio”, basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo. 

“Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de “desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control”, la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. “El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley”, insistió. 

Por último, el ministro descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.

A un año de haber sido anunciado como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc presentó su renuncia. La decisión se formalizó este jueves, luego de que el fiscal federal reuniera a los directores que él mismo había nombrado y les pidiera la dimisión. La escena, inusual y cargada de tensión, coronó una salida que ya se descontaba en los pasillos del organismo antilavado. Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc dejó el cargo por “razones personales” y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un economista con trayectoria en el sector público y privado, que en los últimos años se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería. El Gobierno lo describe como un profesional con experiencia en finanzas y administración, que llega con el objetivo de “consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”. Pero su llegada también tiene una dimensión política: Gaspari es un funcionario con vínculos aceitados en el núcleo más cerrado del poder libertario.

El trasfondo de la salida de Starc es político, técnico y estratégico. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la Casa Rosada le había exigido que adecuara la normativa preventiva de la UIF a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Javier Milei. El titular del organismo se habría resistido a ese pedido, lo que generó fricciones con las máximas autoridades. Las tensiones, sin embargo, no eran nuevas: habían comenzado en julio, cuando Starc se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo.

La crisis se profundizó en un contexto sensible. En los primeros días de enero, Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense que se especializa en la prevención de delitos financieros. Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA, que generó preocupación entre los organismos de control internacional por sus posibles implicancias patrimoniales e institucionales.

La gestión de Starc había comenzado de manera atípica: su designación se formalizó recién en abril, casi tres meses después del anuncio oficial. Su debut fue tan seco como simbólico. Esa misma semana, el Gobierno publicó el decreto 274/2025, con el que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción. La norma no prohibía expresamente esa función, pero en la práctica le quitaba una de sus herramientas clave de intervención judicial.

Para ese entonces, Starc ya había quedado bajo la órbita de Santiago Caputo, el asesor presidencial que impulsó su desembarco tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci en medio de acusaciones cruzadas. Aunque llegó al cargo con un perfil técnico y una carrera de más de tres décadas en la Justicia Federal con fama de “hombre de acción”, su paso por el organismo fue prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y mantuvo a la UIF en una parálisis operativa que derivó en un vacío de poder. De hecho, en los hechos, la conducción estuvo a cargo de su vice, Santiago González Rodríguez.

Su renuncia se produce, además, en un momento clave para el sistema de inteligencia. Desde fines de 2025, la UIF forma parte de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, creada por el polémico DNU presidencial que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado. La salida de Starc y el arribo de Gaspari abren así un nuevo capítulo en la disputa por el control de una de las áreas más sensibles del poder: la información.

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Alberto Baños dejó de ser el subsecretario de Derechos Humanos de Javier Milei. El funcioario renunció a su cargo tras una muy cuestionada gestión: días atrás llegó a negar ante la ONU la cifra histórica de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura.

La salida de Baños la ejecutó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pudo confirmar este medio. Su salida coincide con el ascenso de Alfredo Vítolo, un abogado cercano al macrismo con claras manifestaciones en favor de liberar a los represores. El Gobierno lo nominó como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos el 31 de octubre pasado.

El recambio en DDHH también ocurre días después de que un grupo de negacionistas, familiares de represores y militares retirados exigieran ante la Casa Rosada la libertad de lo que consideran “presos políticos”.

En su paso por el área, el ahora ex funcionario Baños aceptó que se degrase a subsecretaría. Hay que dejar lugar a otros que sigan el camino. Mitad de gestión“, explicaron en DDHH a elDiarioAR. ”Fue un excelente funcionario que cumplió enormes tareas“, citó P/12 de Cúneo Libarona sobre Baños.

En diciembre del año pasado vació la secretaría al despedir a empleados vía WhatsApp y días después anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estuvo en riesgo, incluso, el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

Pero su hito como funcionario libertario llegó hace pocos días. Ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Insistió con la versión negacionista de que ese número fue creado para “hacer negocios” por el accedo a subsidios económicos y acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina”. Y buscó dar la vuelta el señalamiento de “negacionismo” y habló de que el gobierno está cumpliendo las políticas de Memoria de una manera “amplia”.

Los organismos de DDHH repudieron enérgicamente su exposición en la ONU y denunciaron que durante su gestión se “desmantelaron y atacaron políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia que comprobó que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y no una guerra”, según un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La entidad también alerto que en lo que respecta al derecho a la identidad en particular, la gestión de Baños afectó la búsqueda de los nietos y nietas obstruyendo la tareas que lleva adelante la CoNaDI y se intentó modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

MC

El Gobierno asegura ahora que Mariano Cúneo Libarona seguirá al frente del Ministerio de Justicia y que no hay una búsqueda activa de reemplazo. Así lo transmitieron en Casa Rosada luego de la reunión que el ministro mantuvo este miércoles con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde repasaron la agenda del área. En paralelo, voceros oficiales niegan haber retomado las negociaciones por las vacantes en la Corte Suprema y señalan que esos diálogos recién se abrirán con el inicio del período ordinario en marzo.

Pero la situación interna dista de estar cerrada. Distintas fuentes del Ejecutivo admitieron que existe un canal paralelo con el kirchnerismo. “Está habiendo otra rosca, pero que no es del Presidente”, reconocieron esta semana cerca del Salón Martín Fierro, apuntando a negociaciones no oficiales para avanzar en acuerdos judiciales. Las miradas se dirigieron hacia Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores cercanos a Karina Milei. Ambos niegan estar involucrados.

La continuidad de Cúneo Libarona es parte de una tregua frágil. El ministro había manifestado su intención de dejar el cargo tras las elecciones, agotado por la interna y la exposición pública. Milei y su hermana le pidieron que permanezca al menos hasta el verano para evitar una reconfiguración inmediata del gabinete. “Karina le pidió que aguante unos meses más”, sintetizaba una fuente oficial hace un par de semanas. La maniobra buscó bloquear el ascenso de su vice, Sebastián Amerio, operador judicial de Santiago Caputo, o la llegada de un dirigente del PRO.

La disputa es más amplia que un cambio de nombres. En la Casa Rosada admiten que el control de Justicia se convirtió en terreno prioritario para las distintas facciones del oficialismo. Karina busca retener la conducción política del área, mientras Caputo intenta sostener el protagonismo de Amerio, quien hace meses ejerce funciones de facto desde los vínculos directos con fiscales y jueces. Asumir formalmente lo obligaría a perder ese margen operativo y ganar exposición pública.

En las últimas semanas, entre las variantes analizadas, Guillermo Montenegro había aparecido como opción de equilibrio: intendente de General Pueyrredón, legislador bonaerense electo, exjuez y con trayectoria en Seguridad y Justicia, aunque distante hoy del macrismo. Su nombre circuló incluso para una eventual unificación de ambas carteras, idea finalmente descartada. Otra alternativa, según pudo saber elDiarioAR, era designar a un perfil legislativo que facilite acuerdos con gobernadores y bloques aliados, en línea con la estrategia de reconstrucción política que encabezan Adorni y Karina Milei.

Cualquier movimiento, de todos modos, está condicionado al rediseño integral del gabinete previsto para diciembre y la cantidad de decisiones pendientes que se acumularon en los últimos dos años. Casi la mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podrían quedar vacantes antes de fin de año. Amerio impulsó en 2024 un paquete de 150 pliegos que fue frenado por orden del Presidente durante la campaña. El oficialismo ahora evalúa destrabar ese envío. También vuelve la discusión por la Corte Suprema y la Procuración General: en Balcarce 50 no descartan llevar el máximo tribunal de cinco a siete miembros como parte de un pacto de mayor alcance con el peronismo.

Ese entendimiento avanza en reserva. Fuentes del oficialismo y del kirchnerismo confirman conversaciones indirectas entre Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner, mediadas por actores del universo Menem. El eje no son solo los nombres para la Corte, sino la reorganización del mapa judicial y la distribución de poder en Comodoro Py. La aritmética ayuda: entre La Libertad Avanza y el peronismo suman los dos tercios del Senado, suficientes para prescindir de la UCR y del PRO.

Sin embargo, el rol concreto de Karina en ese frente sigue sin clarificarse. Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, es uno de los pocos nexos visibles, con vínculos familiares y profesionales en tribunales. Pero la línea conceptual sigue bajo disputa: Caputo busca mantener la interlocución en manos de Amerio, aun después del traspié de 2024, cuando intentó posicionar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte. Lijo mantiene apoyos entre gobernadores peronistas y Massa volvió a mover su pliego con aval de Cristina, aunque sectores kirchneristas impulsan una candidata mujer, con Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnún entre las opciones.

En paralelo, el Ministerio de Justicia funciona con movimiento restringido. Cúneo Libarona continúa, pero con menor margen político y creciente desgaste. La incógnita sigue abierta y se ordena en un plano mayor: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en la etapa que viene. Lo que está en discusión no es solo un nombre, sino quién administrará las palancas del poder en tribunales en un gobierno que empieza a depender cada vez más de esa arena para sostener su proyecto político.

PL/CRM

El futuro del Ministerio de Justicia volvió a convertirse en el epicentro de la disputa interna que atraviesa al oficialismo. Mariano Cúneo Libarona, el abogado penalista que llegó al gabinete como garantía de nexo con el establishment judicial, ya había adelantado su salida en declaraciones previas a las elecciones. Pero Javier Milei y su hermana lo convencieron de quedarse al menos hasta el verano. “Karina le pidió que aguante unos meses más”, confía una fuente con acceso directo a Balcarce 50.

La continuidad del ministro, sin embargo, se sostiene en un equilibrio precario. En la Casa Rosada saben que su salida es cuestión de tiempo y que detrás de esa silla se esconde una pelea mayor: quién controlará el vínculo del Gobierno con el Poder Judicial. La mira del karinismo está puesta sobre una cartera que se volvió estratégica, no sólo por su peso institucional sino por lo que simboliza en la puja interna con el asesor Santiago Caputo.

Semanas atrás, Cúneo Libarona había puesto su renuncia a disposición. Su desgaste es inocultable. “Está cansado del fuego cruzado”, dicen en su entorno. Pero Karina Milei lo contuvo con un objetivo político preciso: bloquear el desembarco de un dirigente del PRO o de su segundo, Sebastián Amerio, amigo personal y operador judicial de Caputo, figura excluyente del mileísmo en los tribunales de Comodoro Py.

Esa resistencia abrió una nueva fractura dentro del triángulo de hierro. Mientras la secretaria general de la Presidencia intenta preservar el control político del área, Caputo busca preservar a Amerio. En los hechos, el actual vice de Justicia hace tiempo que ejerce como un ministro de facto, aunque prefiere mantenerse en ese rol antes que asumir el primer mando: el cambio de jerarquía lo obligaría a dedicar tiempo a actos protocolares y viajes que lo alejarían de las gestiones que hasta hoy concentró en los tribunales.

En su entorno aseguran que su influencia real radica en ese trabajo silencioso, en contacto directo con jueces y fiscales. La disputa, más que simbólica, define si el Gobierno mantendrá una estrategia judicial autónoma o si el poder real volverá a concentrarse en la figura de Amerio, el funcionario que Caputo logró instalar como su pieza más sólida dentro de la estructura estatal.

Aunque formalmente no hay decisión tomada, los nombres que circulan para suceder a Cúneo Libarona revelan las líneas de tensión interna. Uno de ellos es el de Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y legislador bonaerense electo, a quien se lo ubicó como virtual titular de una cartera unificada de Justicia y Seguridad que a último momento terminó descartándose. De perfil PRO –pero distanciado de Mauricio Macri– y experiencia judicial, hay quienes consideran que Montenegro podría funcionar como una suerte de figura de equilibrio en caso de que la intención sea buscar una salida por el lado de la amplitud.

La Casa Rosada analiza incluso la posibilidad de ungir a una figura con mayor capacidad de articulación con el Congreso, en línea con la nueva etapa de diálogo que Milei intenta reconstruir con los gobernadores y bloques aliados. En cualquier caso, el reemplazo se resolverá después de que se defina el rediseño más amplio del gabinete, previsto para diciembre.

Rosca judicial

Más allá de la disputa interna, lo que se pone en juego en el Poder Judicial excede cualquier recambio personal. Es que casi la mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podría quedar vacante antes de fin de año. En 2024, Amerio había anunciado el envío de 150 pliegos al Senado, pero la decisión se frenó por pedido del propio Presidente, que no quería abrir un frente judicial en medio del año electoral. Ahora, con el nuevo escenario político, el Gobierno busca destrabar ese paquete.

Además, en oficialismo también se evalúa avanzar en nombramientos de extrema sensibilidad, como son los candidatos a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación. El máximo tribunal opera hoy con su integración mínima y en Balcarce 50 no descartan ampliar el número de cinco a siete jueces como parte de una negociación con el kirchnerismo que ya está puesta en marcha.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner mantienen desde hace semanas un canal de interlocución reservado, mediado por emisarios de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La conversación –negada por ambas partes– gira en torno no solo a la designación de magistrados, sino al reparto de influencia en el sistema judicial, con el ministro bonaerense Juan Martín Mena y la senadora Anabel Fernández Sagasti como enlaces del cristinismo.

Ese intercambio inconfesable, nacido en la aritmética del poder, responde a una lógica compartida: juntos, La Libertad Avanza y el peronismo concentran los dos tercios del Senado, suficientes para decidir sin necesidad de la UCR ni del PRO. Desde San José 1111, la expresidenta percibió rápido que esa mayoría eventual podría ser la base de un intento de acuerdo inédito con el Presidente: redefinir el armado de la Corte Suprema y condicionar el mapa judicial sin depender de Mauricio Macri.

El diálogo se da en silencio, sin fotos ni mensajeros formales, y refleja un cambio de tono en el oficialismo: la hermana del Presidente, refrendada como jefa política tras el triunfo electoral del 26 de octubre, busca asumir el control de un área que había dejado librada a los designios delineados por el “monje” del Salón Martín Fierro.

Emisarios misteriosos

Pero aunque el interés de Karina por la rosca judicial comienza a asomar, no termina de quedar claro en qué intermediarios se sostiene. El abogado Santiago Viola es uno de los pocos nexos visibles de la secretaria general con ese mundo. Apoderado de La Libertad Avanza, en los tribunales lo conocen también por sus vínculos familiares: su madre, Claudia Balbín, es una figura mencionada en Comodoro Py y que mantiene una relación de amistad con la jueza María Servini.

El incipiente avance karinista choca de frente con los planes de Caputo, que pretende seguir reservando esas tratativas para Amerio. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales nadie olvida su gran traspié. El verano pasado, el asesor estrella encabezó la fallida negociación para colocar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, una jugada que terminó en derrota legislativa y con un costo político elevado.

Ahora, casi un año más tarde, los mismos nombres vuelven a sobrevolar las conversaciones. Como publicó elDiarioAR, Lijo conserva apoyos entre los gobernadores peronistas, y Massa busca reactivar su pliego con el visto bueno de Cristina. Pero el kirchnerismo discute si volver a apostar por un juez ligado a Ricardo Lorenzetti o impulsar a una mujer propia para completar la Corte, vacante de perspectiva femenina desde la salida de Elena Highton en 2021. En esa lista aparecen la propia Fernández Sagasti y la exsenadora santafesina María de los Ángeles Sacnún.

Mientras esas negociaciones avanzan en silencio, el Ministerio de Justicia atraviesa una parálisis cada vez más visible. En lo inmediato, Cúneo Libarona se mantiene en funciones con un margen cada vez más reducido. Su gestión quedó atrapada entre la inercia administrativa y el fuego cruzado de las facciones internas. “El Presidente ya sabe que se va, pero todavía no quiere abrir otro frente”, admite una fuente con llegada a la mesa chica libertaria.

El Gobierno evita dar señales públicas y prefiere mantener el suspenso. “La orden es mantener todo como está hasta que baje el ruido”, señalan. Detrás de esa espera se mueve algo más profundo: un tablero en plena reconfiguración. En ese juego, el control de la cartera judicial no es un asunto menor, sino la llave de futuras negociaciones que pueden redefinir los equilibrios de poder del nuevo ciclo abierto en la Argentina.

PL/MG

Mariano Cúneo Libarona dejará el cargo al frente del Ministerio de Justicia el próximo lunes, luego de que La Libertad Avanza (LLA) se mida el próximo domingo contra Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional. 

“El lunes se va. Ahora empezó su propio relato”, confirmaron en el Gobierno. De esta forma, la salida de Cúneo se suma a la del canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre pero también para hacerse efectiva la semana próxima. 

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, sostuvo el titular de Justicia en diálogo con Infobae.

Su segundo, Sebastián Amerio, un cuadro del universo Santiago Caputo, figura entre los posibles reemplazantes, aunque desde su entorno lo ven lejano.

Así, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios, como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión. 

También los rumores apuntan a una posible unificación de las carteras de Seguridad Nacional y Justicia.

El posible sucesor de Cúneo pidió debatir una reforma constitucional y una “perpetua real”

El viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, pidió debatir una reforma constitucional para limitar a jueces federales y confirmó que avanzarán rápidamente en la designación de magistrados tras las elecciones del domingo.

El funcionario, que podría suceder a Mariano Cuneo Libarona en el Ministerio de Justica, advirtió sobre “control difuso de constitucionalidad”, que permite a cualquier juez federal suspender la aplicación de leyes o decretos de manera indefinida.

“Cualquier juez federal puede, por una cautelar, frenar una ley o declarar inconstitucional un decreto. Eso es peligroso”, alertó y agregó: “Por supuesto algunos me dirán hay que reformar la Constitución, discutámoslo porque no resulta que un juez pueda tomar esa determinación con tanta liviandad”.

Señaló que esas medidas cautelares pueden prolongarse durante años y que, aunque finalmente el Estado gane la causa, “ya no tiene sentido después de cinco o diez años”.

Con relación al nombramiento de magistrados que demoró en la primera parte Javier Milei, Amerio, quien realizó declaraciones en un canal libertario, afirmó que “es el deber de todo Gobierno nombrar jueces, que es lo que vamos a hacer nosotros después de las elecciones”.

También destacó que la política de nombramientos se basará en la meritocracia, con el objetivo de garantizar la idoneidad y reducir la influencia política en el Poder Judicial.

El viceministro remarcó que el propósito es aplicar una “meritocracia pura”, designando a los postulantes que ocuparon los primeros lugares en los concursos.

Según argumentó, un juez elegido por mérito “es menos propenso a la influencia política” y suele “poner la ideología detrás del Derecho porque tiene una formación más sólida”.

El viceministro confirmó, además, el avance de proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil y a la reforma del Código Penal, en el marco de una política de “tolerancia cero” al delito.

“Ya se presentó en el Congreso la ley de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, precisó.

Explicó que la iniciativa prevé que los menores tengan un juicio “como un adulto” y, en caso de condena, “cumplan la pena como un adulto”.

En paralelo, el Gobierno impulsará modificaciones al Código Penal para elevar las penas de los delitos graves, declarar su imprescriptibilidad y eliminar la posibilidad de libertad anticipada o condicional.

“Queremos que los condenados cumplan la totalidad de la pena. Si no, la condena no tiene sentido”, sostuvo Amerio.

Respecto de la prisión perpetua, adelantó que se establecerá una “perpetua real”, sin reducciones.

“Vamos a modificar esto. El tope será 50 años, pero además existirá la perpetua real: quien reciba esa condena permanecerá en la cárcel. Perpetua es perpetua; si no, no es perpetua”, enfatizó.

Amerio concluyó que el objetivo de las reformas es fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.

“No nos importa la ideología de los jueces, nos importa que cumplan la ley. No queremos más que eso”, finalizó.

Los 20 meses de Cúneo

Cúneo Libarona deja el cargo después de veinte meses de gestión, sin grandes logros a su paso. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia. 

Asimismo, el funcionario se ubicó en el foco de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de “la familia. ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación“, supo declarar. 

Gabinete renovado

Así, por lo menos serán cinco los funcionarios que dejarán su lugar en la gestión libertaria si, a las salidas de Werthein y Cúneo libarona, se le suman las de Patricia Bullrich (Seguridad Nacional), Luis Petri (Defensa) y Manuel Adorni (Vocería), quienes renunciarán a sus cargos para asumir sus roles legislativos después de los comicios.

Sus reemplazos se cocinan en reserva: Alejandra Monteoliva, del riñón de Bullrich, quedaría al frente de Seguridad, así como el número 2 de Adorni, Javier Lanari, pasará a coordinar la comunicación oficial en tanto secretario de Medios. Por su parte, para Defensa suenan los nombres de la jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco, y del brigadier Xavier Isaac, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Qué pasa con Cancillería

En el oficialismo circulan varios nombres para reemplazar al canciller saliente, aunque todos dependen del resultado del domingo. Uno es el del jefe de Gabinete Guillermo Francos. ¿Podría mudarse al Palacio San Martín y dejarle su silla al asesor más influyente del Presidente? Milei lo considera indispensable para sostener la relación con los gobernadores, pero Francos no disimula cierto fastidio por el poder informal de Caputo. “Hay algunos que firmamos resoluciones y otros que asesoran”, dijo días atrás, en una frase que cayó como un tiro de advertencia.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una hipótesis que hasta hace poco parecía descabellada: que el propio Caputo asuma en el lugar de Werthein. En su entorno niegan la posibilidad, aunque reconocen que la idea lo seduce. “Le permitiría mostrarse, viajar, tener glamour internacional sin costo político”, ironiza un funcionario libertario. Otros, en cambio, se limitan a confirmar que el destino del asesor es el de finalmente ser funcionario: “El Presidente ya lo decidió. Caputo va a tener firma después del domingo. Falta definir dónde”.

Milei trabaja en el recambio

“El 26 a la noche con los números veré qué necesito”, dijo Milei en una entrevista con la TV Pública conocida este martes. “De cara al segundo tramo de este mandato voy a acomodar el gabinete para lograr los objetivos de segunda generación”, anticipó el libertario.

Para el Gobierno desde el lunes habrá una suerte de “relanzamiento” de la gestión hacia el segundo tramo del mandato. El oficialismo espera sumar fuerza en el Congreso para avanzar en reformas impositivas y laborales, pero deberá ampliar el juego político para tener votos suficientes, ya que ni siquiera con buenos resultados en los distrito más importantes (Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe) conseguiría superar el tercio de las bancadas.

En ese sentido Milei aspiró a que el domingo La Libertad Avanza alcance el ansiado tercio de las bancas propias tanto en Diputados como en el Senado. “Un tercio en la cámara es una pared de defensa”, dijo el Presidente en la entrevista, en alusión a la mínima cantidad de legisladores que necesita. Con ese porcentaje podría defender los vetos presidenciales y evitar también un potencial juicio político en su contra.

Un video de una cámara oculta que difundió C5N muestra al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo sus servicios y contactos a Tim Ballard, un polémico activista y exagente federal estadounidense conocido por la película “Sonido de Libertad”.

El informe fue difundido por el canal de noticias C5N. Según la señal, la reunión tuvo lugar en Nueva York. En la grabación, se escucha al ministro del gobierno de Javier Milei ofrecerle a Ballard ayuda para “cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país” sobre su figura.

Para lograrlo, Cúneo Libarona le promete aceitar su relación con la prensa argentina. “Puedo hablar con Rolando”, afirma, en una presunta alusión al periodista Rolando Graña, para “armarle algo lindo”.

En un pasaje del video, además, el ministro le ofrece su influencia directa en otros poderes del Estado. “Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos”, se lo escucha decir, y a eso le suma la posibilidad de contactarlo con legisladores e incluso de revisar un proyecto de ley que él mismo habría escrito antes de enviarlo al Congreso.

Mariano Cúneo Libarona, figura entre los miembros más acaudalados del gobierno de Javier Milei. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, en 2024 informó un patrimonio de 18 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 47% con respecto al año anterior.

De acuerdo a un relevamiento de Chequeado, la mayor parte de sus activos está depositada en cuentas bancarias fuera del país: declaró casi 14 millones de dólares distribuidos entre entidades financieras de Estados Unidos, Suiza, Puerto Rico y Uruguay. En el rubro inmobiliario, el funcionario reportó la tenencia de 27 propiedades: 24 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en la provincia de Buenos Aires y 1 en la provincia de Neuquén. A estas se suman un departamento en Miami y una casa en Punta del Este, según consta en la documentación oficial.

Pedido de “juicio político”

Esteban Paulón, diputado nacional Encuentro Federal, hizo declaraciones en Radio 10 donde dijo: “Pedimos el juicio político a Mariano Cúneo Libarona”.

Según el legislador, este es un tema que desde su espacio siguen desde hace tiempo. “Primero se vieron en la CPAC y otra vez en Buenos Aires”, declaró. Y agregó: “Se habló después de convenios con Ballard. Ballard es el que se vende como caza pedófilos, filtraba a las mujeres en redes de trata y abusaba de ellas”. “El vínculo entre Ballard y Milei es Laura Arrieta”, completó.

“Cúneo Libarona debe renunciar, ser removido por el Presidente o enfrentar juicio político”, expresó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. “Un escándalo de proporciones que exhibe tráfico de influencias, violación a la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses”, agregó. “El ministro no puede seguir ni un minuto más en su cargo. Lo de hoy se suma a un historial y prontuario oscuro que lo inhabilita moral y políticamente para ejercer cualquier función pública: detenido por encubrimiento en la causa AMIA, defensor de Alperovich en un caso de abuso sexual, abogado de empresarios imputados en Cuadernos y en la tragedia de Time Warp, y promotor de discursos misóginos y homofóbicos”, completó.

Quién es Tim Ballard

Es un activista conservador estadounidense que dice haber salvado a miles de niños de la explotación, personaje hoy ya algo caído en desgracia por acusaciones de abuso y fraude. En 2023 realizó la película Sonido de Libertad (Sound of Freedom), inspirada muy libremente en su vida, repartía una pauta inusual para la época.

Timothy Ballard creció en California pero nació en Provo, Utah. Como la mayor parte de su población es un hombre de fe, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habla perfecto español, tiene nueve hijos y asegura que fue agente del departamento de Homeland Security por más de una década. También, según su propio perfil en LinkedIn, fue oficial de la CIA por unos meses en 2001, aunque esto jamás pudo probarse e incluso ha dado información contradictoria sobre su paso por la agencia. Dos constantes van a mantenerse en su vida pública: la vulnerabilidad frente al escrutinio y la necesidad de alimentar el mito individual como paladín ungido por fuerzas divinas.

Según él mismo declaró a una publicación mormona, no quería investigar crímenes contra niños pero su jefe en Seguridad Nacional lo asignó a la fuerza especializada en ese tema porque sintió que su bagaje religioso “iba a ser una protección”. Con el tiempo dijo haberse sentido frustrado frente al accionar limitado que tenía como empleado del gobierno de los Estados Unidos, creyó que podría conseguir más desde lo privado y así fue como en 2013 nació Operation Underground Railroad (O.U.R.), una organización en contra del tráfico sexual que le permitió accionar en otros países, sin limitaciones estatales.

En una época en la que gracias a terrenos fértiles como reddit y 4chan las teorías conspirativas sobre los crímenes más atroces posibles se disparaban para todos lados O.U.R. y Ballard organizaban “operativos” en diferentes países, “encontrando niños y mujeres por todos lados”. Su estilo pseudo-militar espectacularizado, filmado estratégicamente para el show, lo hacía irresistible para el paladar mediático y, sobre todo, para las abultadas donaciones en búsqueda de una limpieza de conciencia y deducción de impuestos.

Sonido de Libertad lo presenta como un ejército de un solo hombre, de una ética impenetrable y una empatía voraz. Sin embargo fue denunciado pública y judicialmente por ex miembros de O.U.R. por acoso sexual. Las mujeres relataron varios hechos supuestamente sucedidos en operaciones encubiertas en las que tenían que hacer de su pareja. Después de una investigación independiente la organización decidió apartarlo tras llegar a la conclusión de que “se involucró en un comportamiento poco profesional que violó nuestras políticas y valores”. En la actualidad dos de las denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas (pueden volver a realizarse) pero el resto se mantiene en pie, mientras que él se defiende con demandas por difamación.

Hoy Tim Ballard pasea por el mundo dando charlas, juntando fondos, sacándose fotos con políticos y famosos. Desde sus redes sociales da a entender que a su paso deja cientos de niños rescatados, como le aseguró meses atrás a Viviana Canosa, como adelantó que podía hacer con Loan, gracias a un software exclusivo y una supuesta ayuda que dicen los expertos muchas veces entorpece y no es tal.

En el pasado Ballard dijo a Fox News que quienes criticaron Sound of Freedom trataban de “normalizar la actividad sexual con menores” y que “los pedófilos se están salivando” con las críticas negativas. Tal vez repita algo similar si se entera de los cuestionamientos que surgieron en Argentina de parte de quienes hasta ayer le pedían notas y fotos por derecha y por izquierda, ya sea por fanatismo o desconocimiento. Su laxa relación con la verdad y su capacidad para pivotear retóricamente son herramientas de supervivencia básica en esta coyuntura. Habrá que ver si la jungla mediática local lo deja llevarse la marca o si hace un mea culpa.

MM con información de agencias.

Una semana después de que en EE.UU empezaran a bloquear las cuentas en donde se alojan las ganancias de la criptoestafa de $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió el pasado 5 de junio que el presidente Javier Milei no “infringió” la Ley de Ética Pública por la “difusión” de la memecoin $Libra.

Según detalla el artículo 1, Milei “no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei”.

El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la Oficina Anticorrupción utiliza la palabra “difusión”, y no “promoción”, para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.

La causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa en la Justicia Federal.

El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de los hermanos Milei y otros tres investigados en la causa $LIBRA: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Críticas al dictamen

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó a la Oficina Anticorrupción (OA) por desligar del denominado Criptogate al presidente Javier Milei y aseguró que ese dictamen es de “una nulidad clarísima”.

“La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como ´ciudadano´ y no como Presidente”, resaltó Ferraro.

“Es decir: el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado… y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ´otro ´. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica”, consideró el legislador nacional.

En su cuenta de la red social X, advirtió que “la gravedad es aún mayor si se considera que el dictamen repite exactamente lo que Milei dijo en su primera entrevista posterior al escándalo —el lunes 17 de febrero— con Jonathan Viale: que había apoyado un emprendimiento privado sin ser parte, desde su cuenta personal, y que por eso no correspondía ninguna responsabilidad institucional”.

“La OA no investiga. Transcribe”, recalcó Ferraro.

MP

Después de meses amenazando con reformular el edificio de la ex-ESMA –donde hoy funcionan distintos organismos de derechos humanos–, el gobierno de Javier Milei anunció que 5.000 metros cuadrados serán destinados a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia de la Nación que, aunque no dio detalles sobre cuál será el alcance de la medida, sí se preocupó de aclarar que el inmueble habia sido utilizado anteriormente para “programas ideológicos y actividades político partidarias”.

El nuevo Código Procesal Penal Federal fija un modelo acusatorio en los juicios penales a nivel federal. En este modelo, el Ministerio Público Fiscal –los fiscales–pasan a tener un rol central en la conducción de la investigación judicial. En cambio, los jueces quedan a cargo exclusivamente de garantizar los derechos y controlar la legalidad del proceso, sin investigar ni acusar.

Si bien fue aprobado en 2014, hasta el momento su puesta en marcha no fue inmediata ni uniforme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde todavía no fue implementado pero deberá entrar en vigencia el próximo 11 de agosto.

“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado, redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”, señala el comunicado del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En otro tramo agrega que ahora jueces y fiscales tendrán “todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes”

Los fiscales venían reclamando hace tiempo un edificio donde poder funcionar. Ahora el Gobierno decidió darles un lugar en la ex-ESMA donde funcionó el mayor centro clandestino de la represión ilegal y que hoy es un sitio emblemático de memoria y derechos humanos en Argentina. Actualmente, en el predio funcionan diversas instituciones y dependencias estatales.

Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Secretaría de Derechos Humanos –que funciona en la ex-Esma– se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”, dijo.

En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.

Dos días despues, el Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Además, en enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, adelantó que el Gobierno planea instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Fue en medio del cierre sorpresivo del Centro Cultural Haroldo Conti.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas. 

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

Una asamblea de 50 mujeres discute en ronda en La Lagunita, uno de los barrios más pobres de Rosario. Hablan del desborde de los merenderos y comedores, la falta de changas, las que salen a cirujear, las que viven en la calle, la seguridad y el transporte que no llega al barrio. Incluso sale el tema sobre una nueva culpa con la que tienen que cargar: son las supuestas responsables de la baja de la natalidad. Lo que más se repite es que todas ven más situaciones de violencia de género pero sienten que ya no se habla de femicidios. 

—Ya no circulan números. Antes las mujeres sabían cuántos femicidios había por año —dice Maria José Poncino, referente territorial del Movimiento Evita de Rosario. La mayoría de las mujeres son promotoras de género. Lo eran antes de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad las reconociera como tal, con un carnet y un cuadernillo. Y lo siguen siendo ahora con un Gobierno que les dice que lo que hacen es ideología y no una política pública.

El 16 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas que habían sido promovidos por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que eran “programas ideológicos kirchneristas, financiados por todos los argentinos”. Incluso se burló porque había uno que se llamaba MenstruAR. “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, dijo en redes. 

Unos meses antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido con un mensaje similar. Publicó un listado de 127 áreas dadas de baja y casi el 25% eran políticas de  género y diversidad. “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, dijo la misma sintonía de Cúneo Libarona de equiparar los derechos con la idea de curro. 

En los dos casos lo que seguía era una lista de nombres de programas sin ninguna explicación de para qué era cada uno y a quiénes estaba dirigido.

Ni los estudiaron

Lucia Cirmi Obón es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Varios de los programas eliminados estaban a su cargo. Piensa que el anuncio fue una forma de hacer campaña en medio de la veda por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los  programas de género ya estaban desfinanciados y desarmados: lo que hicieron fue eliminar la estructura. 

—Lo que anuncian como un ahorro de $6.000 millones es cuestionable porque gran parte de esos programas no tenía presupuesto propio y tampoco se estaban ejecutando, así que no hay ahorro. Pero además hay que cuestionar el número: $6.000 millones para el Estado es poco, es un quinto del impuesto a la transferencia de inmuebles que derogaron porque, según su argumento, recaudaba muy poco.

Cirmi Obón también forma parte de Futuros Mejores, un espacio de discusión que nació después de la marcha antifascista con otras referentes transfeministas. Uno de los datos que revelaron dice que las políticas de género y diversidad alcanzaban a 1 millón de mujeres y diversidades y costaban 32 millones de dólares por mes. 

“¿Es mucho o poco eso? Es poco para la riqueza de la Argentina. Con la criptoestafa del Presidente, nueve personas ganaron en una noche 87 millones de dólares, o sea tres veces el presupuesto mensual destinado a políticas de género para toda la Argentina”, dice el documento de lanzamiento.

La ex funcionaria agrega otro dato: por cada 100 pesos que gastaba el Estado solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres. Para ella, desde el Gobierno eliminaron los programas sin estudiarlos ni saber para qué era cada uno ni cuánto presupuesto tenían cada uno. Algunos ni siquiera tenían partidas asignadas. 

El programa que más alcance tenía era el Acompañar, que daba ayuda económica por seis meses a mujeres víctimas de violencia de género que no se podían ir de la casa porque dependían de su agresor. Llegaba a 500.000 mujeres. 

—El Menstruar para el Estado no significaba nada en términos presupuestarios porque solo distribuía copitas y daba educación sexual. Y para las mujeres era un ahorro muy grande. También entregábamos kit de lactancia para mujeres en situación de vulnerabilidad que querían sostener el trabajo y la lactancia –explica Cirmi Obón

La concejala salteña, Malvina Gareca, presentó esta semana un estudio sobre el costo de la Canasta Básica Menstrual (CBM) y reveló que aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona. El programa Menstruar buscaba reducir esos costos repartiendo copitas menstruales pero además tenía un impacto ambiental por la reducción de residuos descartables. 

Cirmi agrega que lo mismo pasó con el programa que ayudaba a las personas trans, las más excluidas de los trabajos y de las escuela. Eran montos que para el Estado no eran significativos y a ellas les solucionaba parte de la vida.  Había otros programas que ni siquiera tenían costo. El  Igualar, que estaba a su cargo, consistía en acompañar y guiar a las empresas en qué tipo de políticas tenían que hacer para ser espacios de trabajo más inclusivos. 

—No leyeron de qué trataba cada programa. Pueden tener nombres similares pero son políticas distintas. 

Generar era para que los municipios y comunas crearan sus propias áreas de género, que es a donde tocan el timbre las mujeres que sufren violencia porque el Estado nacional no llega a todos lados. Producir apuntaba a mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y las ayudaba a emprender para tener autonomía económica. El Sembrar era con mujeres en la ruralidad, que se trabajaba sin presupuesto porque nunca se consiguió que les asignaran presupuesto. 

La Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona.

Para Cirmi, el Estado nunca estuvo tan ineficiente como durante esta gestión: las pocas trabajadoras del ex Ministerio que quedan están sin tareas, a otras las reubicaron y la mayoría fueron despedidas. Todo este achique de políticas abona a la feminización de la pobreza y a que muchas mujeres se quede en la casa con sus agresores. Y también derrama en las provincias y municipios. 

No hay plan 

—Lo que falta es la propuesta —dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA). —El Poder Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que está pasando. 

Gherardi explica que es una obligación del Estado nacional tener un plan contra la violencia de género. Está en las leyes y en los tratados internacionales: “Podrá tener más o menos presupuesto, hacerlo con un Ministerio o con una Secretaría, todo se puede discutir, lo que no puede es no hacer nada. El Gobierno desarma todo lo que había sin proponer ni implementar una estrategia para abordar un tema que sigue existiendo. Y las provincias están absorbiendo lo que el Estado no hace de manera muy despareja”.

El Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones.

Natalia Gherardi — Directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA)

Y agrega que la eliminación de las políticas de género se hizo de manera intempestiva y sin voluntad de mitigar el daño que se genera. Para ella, las consecuencias de estas políticas las pagan las mujeres con sus vidas, su salud física y mental, y la de sus familias. Y da el ejemplo del Programa Acompañar, que desde el gobierno anunciaron que lo iban a continuar pero en el presupuesto le asignaron cero pesos.  

Desde ELA sostienen que siempre tuvieron una mirada crítica y constructiva de los programas del Ministerio. Varias veces le dijeron al gobierno anterior que se podían mejorar y había lugar para esa discusión. Ahora no hay nada, ni en la propuesta ni en los hechos. 

—Si creían que había una malversación de fondos o una forma irresponsable de usar el dinero público, lo tenían que probar con una auditoría y presentar un uso más racional de los recursos. Pero eso no se hizo. Se están eliminando las políticas solo por la animosidad contra ellas.

Para Gherardi un punto a tener en cuenta es el rol del Poder Judicial. Hace un año desde ELA presentaron una acción para que la Justicia proteja los derechos de las mujeres y diversidades e inste Gobierno nacional a dar certezas acerca de cómo los van a garantizar. Todavía no tuvieron una respuesta. 

Ya era poco, ahora es nada 

María José Poncino piensa que las políticas públicas del ex Ministerio de Mujeres se construyeron gracias a la lucha del movimiento transfeminista. Fueron de abajo hacia arriba. También cree que la ejecución no tuvo la suficiente sostenibilidad económica. Porque como dijo Cirmi Obón, el Ministerio tenía poco presupuesto. 

El Registro de Promotoras de Género fue uno de los que vivió de cerca. Era una demanda de los propios movimientos sociales. Acompañaron la política pública y dieron los debates para pensarla desde el territorio. Pero la implementación costó. 

—Ese programa tenía un rol central porque hacía a la prevención de la violencia, desde acercar información a los territorios, posibilitar la escucha hasta detectar una situación extrema. Y no tenía presupuesto. Cuando asumió Milei quedó el título y ninguna ejecución. 

Con el Acompañar costaba la articulación. En Rosario lo bajaba el municipio y fue difícil ejecutarlo de manera rápida cuando eran situaciones de violencia donde estaba en riesgo la vida. 

—Eso no significa que con la excusa de reducir el déficit haya que sacar todo lo que habíamos conseguido. Hay una clara definición de erradicar por completo las políticas de género y es una hipocresía decir que $6.000 millones de pesos modifica el déficit. 

Para ella, el gobierno busca construir un imaginario donde todas las políticas de género son calificadas como ideológicas y partidarias. Los anuncios como los de Cúneo Libarona o Sturzenegger, con la lista de los programas puesta sin explicación, forman parte de esa narrativa. 

—Todos estos programas eran fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El feminismo tiene el rol de romper ese prejuicio porque por algo es elegido como el enemigo junto con los movimientos sociales. La derecha tiene un proyecto político claro y saben que ahí hay mayor resistencia. 

En los barrios las promotoras de género están atendiendo las urgencias. Saben que el Estado no está y les cuesta el triple. En la asamblea también hablaron de eso, de las prioridades. Si el hambre o la violencia. Si conseguir más comida para las familias que llenan los comedores o atender a la vecina que hay que sacar de la casa porque el marido le pega. Sí tuvieron una certeza. En el feminismo todavía encuentran un lugar desde donde romper con el sálvense quien pueda. Y el próximo 3 de junio estarán juntas, como hace 10 años, en la calle. 

AB/MG/DTC

¿Cómo se sigue escribiendo cuando este espacio ya no parece una columna, sino un diario de la crisis? Una bitácora del desconsuelo, donde cada semana se acumulan las mismas palabras, los mismos reclamos: vaciamiento, exclusión, desamparo. ¿Sirve de algo seguir?

Estas columnas nacieron como un espacio para hablar de nosotrxs, de nuestras luchas, de la memoria, del amor. Pero hoy, cada vez que me siento a escribir, tengo la sensación de que solo puedo repetir lo mismo: que están desmantelando nuestras redes de cuidado, que los derechos conquistados se esfuman uno a uno, que hay una cacería habilitada desde el poder. ¿Sirve de algo seguir escribiendo cuando lo único que hay para analizar son malas noticias?

El 17 de mayo, Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y en plena veda electoral, el gobierno eligió anunciar la eliminación de 13 programas que protegían derechos de mujeres y personas LGBTIQ+. Lo hizo a través del Ministerio de Justicia, con un tuit del propio ministro Mariano Cúneo Libarona, que incluyó burlas sobre uno de los programas: MenstruAR, que simplemente acercaba copas menstruales a personas de escasos recursos de todo el país, brindando información sobre su uso, capacitación, acompañamiento. Un programa que no era un gasto, sino una inversión: en salud, en autonomía, en dignidad. ¿Cómo se puede ridiculizar algo tan necesario? ¿De qué se ríen los que festejan de que eso ya no exista?

El tuit celebraba también la eliminación de otros doce programas, todos orientados a garantizar derechos, acompañar procesos, tejer redes allí donde el Estado llegaba tarde o nunca había llegado. Programas de formación, de asistencia urgente ante situaciones de violencia extrema, de inclusión laboral para personas trans, de fortalecimiento de organizaciones territoriales, de capacitación con perspectiva de género en el sector rural y privado. Todos fueron barridos de un plumazo, como si fueran un lujo innecesario y no herramientas concretas para evitar que la exclusión se vuelva destino.

Se habla de “eliminar programas”, como si se tacharan renglones de un Excel. Pero lo que se multiplica es el abandono, la violencia, la desigualdad. Nos dicen que es por “ahorro”, pero nadie calcula cuánto cuesta el daño: el que produce la falta de asistencia, el que generan las muertes evitables, el que deja el desamparo cuando no hay a quién acudir. Las políticas públicas que hoy se desarman no eran un gasto, eran herramientas para intentar un país menos fragmentado, pero estamos ante una ofensiva contra todo lo que tenga olor a empatía, a justicia, a comunidad.

En estos días se viralizó un video de anapologyx en el que le pregunta a ChatGpt cuáles son los pasos históricos para borrar una minoría, el resumen y la contundencia me dejó impactada:

1. Quita sus derechos legales

2. Haz que parezcan peligrosos

3. Controla su lenguaje

4. Borra su historia

5. Convierte su identidad en debate

6. Cubre todo de moralidad

7. Si se resisten, di que exageran. 

Y entonces, vuelvo a la pregunta: ¿qué decir frente a un presente de ajuste y desprecio por la vida ajena? Tal vez esto: que seguir escribiendo, seguir nombrando, seguir recordando, es una forma de resistencia. Intentan generar una unión desde el odio, imponer enemigos inexistentes, desarmar lazos y colectivos. Siempre es más fácil inventar culpables que hacerse cargo de las injusticias reales. Lxs niñxs, lxs jubiladxs, lxs estudiantes, cualquier persona de escasos recursos, cualquier persona que se manifieste, en contra somos esxs enemigxs funcionales al miedo y al control. Se nos acusa, se nos persigue, se nos expulsa. Pero el hecho de seguir, a pesar de todo, sigue siendo un gesto de esperanza.

MBC/DTC

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró hoy que está en estudio un proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia a siete miembros.

Al participar del evento de Amcham 2025, el funcionario nacional sostuvo que actualmente el máximo tribunal “se da maña” para sacar fallos llamando a conjueces.

“Lo ideal es que esté la Corte completa. Se está estudiando el e, hay un proyecto del senador Juan Carlos Romero pidiendo una ampliación a siete jueces”, subrayó Cúneo Libarona.

A título personal, señaló: “Yo hace mucho que digo que en mi opinión académica no es para descartarlo. Pero está en estudio”.

Además, el ministro de Justicia afirmó que existen “algunas resistencias de parte de los fiscales” para la implementación este año del nuevo sistema acusatorio.

Al respecto, destacó que con ese esquema se pueden dar “condenas en 48 horas”. “Nunca hubo en este año y medio tanta independencia judicial como hay ahora”, agregó el funcionario nacional.

Dólares en el colchón

Consultado por el periodista Ignacio Girón, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el plan del gobierno para que los argentinos “saquen los dólares del colchón”, no se trata de un “sistema improvisado”.

“En mi lápida va a estar el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Nosotros estábamos con serios riesgos de caernos de su lista, lo cual hubiese implicado una merma del 7% del PBI. Este deseo legítimo de que vuelva el dinero de los colchones. No de cualquier manera, se está estudiando hace más de un mes el mecanismo para que sea legítimo y que no controvierta las normas GAFI, normas OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), no se trata de un sistema improvisado”.

MU con información de la agencia NA

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes el cierre de 13 programas “ideológicos” que habían sido promovidos por el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el Gobierno de Alberto Fernández.

“Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos, entre los que se encontraba el insólito ‘MenstruAR’”, indicó el jefe de la cartera judicial. 

Según Cúneo Libarona, “eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”. 

“Ninguno de los 13 programas, creados entre 2020 y 2023, contaba con evidencia contrastable de impacto real, criterios de evaluación o control de resultados”, agregó.

A través del Programa MenstruAR se entregaban copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual. 

Además, se promovía el cuidado del ambiental a través de la utilización de productos sustentables como toallitas reutilizables, copas menstruales, entre otras.

“El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al Presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos”, celebró Cúneo Libarona.

Los 13 programas que dejaron de funcionar son:

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL MENSTRUAR

•⁠ ⁠REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORAS Y PROMOTORES TERRITORIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD A NIVEL COMUNITARIO

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL ARTICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL GENERAR

•⁠ ⁠PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS EN EL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN IGUALAR

•⁠ ⁠PROGRAMA PRODUCIR

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD EN EL DESARROLLO RURAL ‘SEMBRAR IGUALDAD’

•⁠ ⁠PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS DE GÉNERO

•⁠ ⁠PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A DERECHOS PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO

•⁠ ⁠PROGRAMA ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD ́MACACHAS Y REMEDIOS ́

•⁠ ⁠PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO ‘FORMAR IGUALDAD’

•⁠ ⁠PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Con información de agencias.

IG

En medio de la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, emitió una acordada en la que reclamó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la “previsión responsable” para garantizar el adecuado funcionamiento del nuevo sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal.

La acordada fue suscripta por todos los jueces del cuerpo: Daniel Petrone (presidente), Diego Barroetaveña (vicepresidente), Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Carlos Gemignani, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos.

En el documento, los magistrados advirtieron sobre la necesidad de contar con “recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos” adecuados para asegurar la operatividad del nuevo esquema procesal.

Además, se dispuso la conformación de los Colegios de Jueces que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, como paso organizativo clave para la implementación progresiva del sistema previsto por el Código Procesal Federal.

La acordada enfatiza que estos recursos deben responder a las necesidades relevadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, remarcando la importancia de que el Ministerio de Justicia actúe con responsabilidad y previsión en la transición hacia un nuevo paradigma en la administración de justicia penal.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy en la Cámara de Diputados que el presidente Javier Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”. Durante su interpelación en el recinto de la Cámara baja por el criptogate, el ministro coordinador dijo que “es necesario aclarar que conforme lo ha expresado el propio presidente de la Nación las cuestiones relativas al criptoactivo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno”.

“No existe ni existió relación de ninguna índole entre el Presidente o los funcionarios del gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos”, siguió el funcionario. Y añadió que “del mismo modo, no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto mencionado, ni hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole”.

 Según expresó Francos, tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Estado para “replicar, promover o coordinar la difusión de este emprendimiento ni se establecieron pautas oficiales para su tratamiento”. “En otras palabras, el Estado nacional no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso, ni beneficio respecto de este proyecto, sus promotores o sus resultados y como consecuencia de ello, muchos de los pormenores del proyecto que aquí se consultan son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo”, concluyó.

La Cámara de Diputados sesiona desde las 14.21 para interpelar a Francos, sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA. Finalmente se bajó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, luego de que ya se confirmara el faltazo del ministro de Economía, Luis Caputo.

La sesión especial fue abierta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de verificar que se había alcanzado el quórum de 129 legisladores opositores, pese al intento del oficialismo de echar por tierra la sesión.

La interpelación a Francos es la primera a un funcionario del Ejecutivo en 30 años. La última vez había sido a Domingo Cavallo, en el 1995, y terminó con el exministro de Economía del menemismo denunciando a Alfredo Yabrán como jefe de una “mafia enquistada en el poder”.

Tres décadas después, la oposición busca un impacto similar a partir del criptoescándalo que comenzó en el Día de los Enamorados, con un tuit de Javier Milei promocionando una memecoin que se derrumbó a las pocas horas, y que hoy empapa a toda la cúpula del poder libertario, sobre todo a su hermana Karina, secretaria de la Presidencia.

“Asistiré yo en representación de todo el Poder Ejecutivo. Los ministros de Economía y Justicia se ponen a disposición para responder por escrito, advirtiendo que no tiene ninguna vinculación con el tema en particular”, apuntó Francos antes de la sesión.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 8 de abril la interpelación a Francos, Caputo, Cúneo Libarona y el titular de la comisión de Valores, Roberto Silva, quien tampoco asiste hoy. A nivel parlamentario hay dudas que tenga en este caso obligación de asistir al Congreso. Francos se atajó en la previa al decir que dará “todas las explicaciones que ya el presidente dio”. “No hay mucho nuevo para aportar”, afirmó el ministro coordinador.

La sesión comenzó con una discusión de formas sobre cómo desarrollar la interpelación a Francos. En la previa a la exposición del jefe de Gabinete, la oposición tenía intención de votar una moción de Cecilia Moreau (Unión por la Patria) apoyada por el bloque Democracia para Siempre y el espacio de Miguel Pichetton para que cuando finalice Francos se pase a cuarto intermedio hasta el 13 de mayo a las 14 para que asistan al recinto los ministros Caputo y Cúneo Libarona. 

MC/CRM

Por primera vez en 30 años, la Cámara de Diputados será escenario de una interpelación a un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. La última vez había sido a Domingo Cavallo, en el 1995, y terminó con el exministro de Economía del menemismo denunciando a Alfredo Yabrán como jefe de una “mafia enquistada en el poder”. Tres décadas después, la oposición busca un impacto similar en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. ¿El motivo? El criptoescándalo que comenzó en el Día de los Enamorados, con un tuit de Javier Milei promocionando una memecoin que se derrumbó a las pocas horas, y que hoy empapa a toda la cúpula del poder libertario.

Guillermo Francos viene preparando su testimonio hace días. Todo lo que diga podrá ser utilizado en la causa judicial que investiga la presunta estafa cometida por el Presidente con la cripto $LIBRA. Tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, en donde un exfiscal federal del Departamento de Justicia, llamado Timothy Treanor, viene trabajando en una demanda colectiva. Por este motivo es que la exposición del jefe de Gabinete será clave en el desarrollo de la investigación judicial. Así como en el tenor de la campaña electoral.

El discurso de Francos girará en torno a dos ejes: la inexistencia de delito y al hecho que el derrumbe del valor de $LIBRA, que generó pérdidas por más de US$200 millones, no causó un perjuicio económico para el Estado argentino. En la Jefatura de Gabinete, sin embargo, mantienen el secretismo sobre los detalles. Francos sostiene que es porque “desde el punto de vista público a nadie le interesa el tema”, tal como afirmó a Radio Splendid en la previa de la sesión. Insiste en que el criptogate “tiene poco que ver con la administración pública”, pero que igual asistirá a las 14 horas, cuando comience la sesión, a dar explicaciones.

En la oposición lo esperan con la guardia en alto. Esperan que haya fair play, pero sospechan que pueda haber juego sucio. La interpelación de funcionarios nacionales está amparada por el artículo 71 de la Constitución, pero existen muchas lagunas en el reglamento de la Cámara de Diputados que podrían abrirle la puerta a la creatividad reglamentaria. El mayor temor es que, en un exceso de reglamentarismo, Francos y Cúneo Libarona se nieguen a participar de la sesión si, por ejemplo, no hay quórum. 

El reglamento nada dice sobre la necesidad de que haya quórum, pero tampoco lo decía para las sesiones informativas del jefe de Gabinete. Y Francos, hace un par de semanas, apostó hasta último momento a que no hubiera quórum para dejar el informe de gestión escrito e irse, sin hablar. Esta salida, cuya autora intelectual es la bullrichista Silvana Giudici (PRO), podría replicarse el martes, por lo que la oposición se concentra también en porotear tener 129 presentes. A pesar de que, desde el despacho de Martín Menem, advierten que no será un problema.

Desafío opositor

Para la oposición nucleada en el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre, así como la Coalición Cívica y la izquierda, la interpelación es una prueba de fuego. No solo la gestión libertaria juega sus fichas en la sesión: la oposición también. Y esto es así porque lo que suceda el martes definirá si el criptoescándalo queda en el olvido —como pasó, entre otros casos, con la visita de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para fotografiarse con el genocida Alfredo Astiz— o si se convierte, en cambio, en un escándalo que pueda agrietar la coraza comunicacional que blinda a Milei. 

Es un desafío. No fue fácil conseguir la mayoría parlamentaria para forzar a los funcionarios nacionales a dar explicaciones al Congreso. Hubo que sacrificar muchos nombres —como el de Manuel Adorni y Karina Milei— para hacerse con el número e, incluso así, hubo dos que anunciaron que no asistirán: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Raras veces la oposición tuvo la posibilidad de sortear el blindaje que Milei —con la ayuda de sus aliados en el PRO, los gobernadores y el radicalismo— logró construir a su alrededor. Y necesita aprovecharlo.

Es por este motivo que los alfiles de la oposición, como la camporista Paula Penacca, el pichettista Oscar Agost Carreño, la radical Carla Carrizo y el lilito Maximiliano Ferraro, vienen trabajando un plan de labor que organice la sesión. Hace tres décadas que el Congreso no interpela a un funcionario e, incluso entonces, el oficialismo tenía que lidiar con un un sistema bipartidista: un escenario muy distinto al caos de atomización partidaria que predomina hoy en el Congreso. 

El plan de labor diseñado por la oposición presenta tres etapas. En la primera, los funcionarios interpelados tendrán de 60 a 90 minutos para realizar una defensa conjunta. Luego será el turno del interpelador, que realizará las preguntas y repreguntas a Francos y Cúneo Libarona. Será un ida y vuelta de pregunta-respuesta y estará en manos de un grupo de diputados específicos, que cada bloque opositor que impulsó la interpelación designará internamente. No habrá lugar para el oficialismo ni el PRO ni ninguna de las bancadas que votaron en contra de la interpelación: estos bloques recién podrán intervenir en la tercera etapa.

La última etapa será más similar a un clásico informe de gestión. Los diputados y diputadas intercalarán preguntas con discursos y, cada cinco o seis intervenciones, los funcionarios responderán de modo global. Los discursos de los jefes de bloque se dejarán para el cierre, ya que el objetivo es priorizar las respuestas de los funcionarios, más que las alocuciones políticas. 

Será una sesión larga. En la oposición especulan que durará más de 10 horas, aunque los detalles se terminarán de definir el martes por la mañana en una reunión de labor parlamentaria con Menem y el resto de las bancadas. 

Si bien la mira opositora se encuentra, por estas horas, en ordenar la sesión y conseguir la mayor cantidad de respuestas posibles de los funcionarios, hay otro tema que estará revoloteando durante la jornada: la comisión investigadora $LIBRA. El miércoles a la mañana, apenas unas horas después de que finalice la interpelación, se reunirá por primera vez la comisión que la oposición logró aprobar para investigar el criptoescándalo. Debido a una serie de maniobras de Menem, que creó interbloques a piacere para hacerse con más sillas, la comisión se encuentra al borde de la parálisis. Y la oposición aprovechará la sesión del martes para desbloquearla.

MC/JJD

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC