La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno empezó a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en distintas comunidades autónomas. Génova 13 utiliza la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al Gobierno central a hacerse cargo de esos niños y jóvenes como un elemento más de su permanente campaña de desprestigio, descrédito y ataque al Ejecutivo progresista, pero no para oponerse a su reparto por centros estatales como hizo Ayuso, maniobrando con el único objetivo de que ninguno de ellos llegue a Madrid.

A finales de julio, uno de los feudos más importantes del PP de Ayuso, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenó el cierre del centro de refugiados de la ciudad precisamente por el rechazo del equipo de la presidenta de la Comunidad a la posibilidad de que dichas instalaciones pudieran ser el destino de algunos de los menores solicitantes de asilo tras la orden del Supremo al Gobierno central. Se trata de un centro de dependencia estatal pero el consistorio alegó que no dispone de licencia de uso residencial pese a que allí viven desde hace años casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, acogidas por el Estado.

Ayuso y sus colegas de partido en Madrid no opusieron resistencia a que el mencionado centro acogiera a esas personas ucranianas, pero sí rechazan la llegada de los menores que ahora se encuentran en Canarias, que son de origen africano y que huyen de los conflictos bélicos y económicos en sus respectivos países.

En una actuación coordinada, además, el Ayuntamiento de la capital, también en manos del PP, busca seguir los pasos de Pozuelo respecto a otro centro de acogida estatal situado en el distrito de Carabanchel de Madrid. Y en Alcalá de Henares el ayuntamiento de PP y Vox aprobó en julio una iniciativa para tratar de cerrar otro centro de acogida estatal que desde hace meses lleva siendo el objetivo de ataque de grupos neonazis y de extrema derecha, todo ello con el apoyo de la propia Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de “castigar” a Madrid por atender a niños y jóvenes migrantes en centros situados en la Comunidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en las últimas semanas que el centro de Pozuelo que el PP madrileño quiere cerrar es un edificio de la Seguridad Social que se cedió a Migraciones en 2022 “para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania”. “Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, sostiene el equipo de Elma Saiz.

El PP gobierna en coalición en Canarias

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro de acogida de la ciudad cuando estaban a punto de llegar esos jóvenes africanos es un ejercicio de “racismo preventivo”. “Nosotros pensamos en los individuos, en cómo solucionar los problemas de las personas”, le respondió Fátima Matute, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, que defendió su intento por cerrar los centros de Pozuelo, Carabanchel o Alcalá al considerar que “no tienen las condiciones adecuadas para que habiten personas” aunque son residencias para migrantes desde hace años.

Aunque Feijóo, en su comparecencia de balance del curso político, sí apoyó la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo para cerrar el mencionado centro, tanto él como su equipo se han distanciado del Gobierno de Ayuso sobre la acogida de niños y jóvenes migrantes en sus comunidades autónomas y defienden que esas administraciones en sus manos reciban a menores provenientes de Canarias en centros estatales, en cumplimiento del mandato del Supremo. Se da la circunstancia de que uno de los principales interesados en que se produzca ese reparto es el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que gobierna precisamente en coalición con el PP.

“Yo no tengo toda la información, pero lo que he leído es que quien ha decidido no autorizar ese centro por incumplimiento de la legislación urbanística es el Ayuntamiento de Pozuelo, no la señora Ayuso. Por lo tanto, cada gobierno tendrá sus responsabilidades. Un alcalde, un concejal de urbanismo que acepte que se utilice un centro para una actividad que no está habilitado urbanísticamente, tiene que actuar. Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente”, aseguró Feijóo, ciñéndose a considerar el cierre del centro de Pozuelo como un acto administrativo y sin tener en cuenta que esas mismas instalaciones acogen a migrantes ucranianos desde hace años.

A renglón seguido, en cambio, Feijóo pedía al Gobierno que iniciara el reparto en otros centros. “Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente”, aseguró. “El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1.000. Y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo”, afirmó, antes de matizar: “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”.

Este lunes, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a criticar al Ejecutivo porque, según él, “parece que habla de paquetes cuando habla del reparto”. “Son personas y en este caso menores. Yo creo que debería tener una sensibilidad especial”, añadía. “El Gobierno ni tiene política migratoria ni tiene política de respuesta”, apuntaba, antes de matizar que el Ejecutivo “tiene que dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo”, sin referirse a la postura de Ayuso.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó que “ha sido el Tribunal Supremo el que le ha dicho al Gobierno de España que se tiene que hacer cargo con sus propios medios de la atención de estos menores”. “Esa es la prioridad en estos momentos: comprobar que efectivamente el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, atiende a sus propias responsabilidades y a sus propias competencias”, apuntó, defendiendo el reparto ordenado por el alto tribunal.

“Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad y, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del Gobierno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de menores, que es la prioridad en estos momentos”, añadió, limitándose a pedir más información al Ejecutivo, pero sin oponerse al reparto de los menores, como hace el Gobierno de Ayuso.

“Nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un Gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno fuera de los consensos comunitarios, fuera de los consensos internacionales. Tenemos un gobierno irresponsable y se puede encontrar más responsabilidad en la oposición que en sí mismos”, agregó Tellado, defendiendo a sus propias administraciones.

El Gobierno de Ayuso habla de “macrocampamentos”

En cambio, el Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de ese cumplimiento por el resto de las administraciones del PP. En su última comparecencia pública, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pedía el “cierre inmediato” de los que denominaba como “tres macrocampamentos”, en alusión a los ya citados centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. El portavoz de Ayuso criticó que “la única medida de política migratoria que ponga en marcha” el Ejecutivo central sea “repartir en las distintas comunidades autónomas a personas”. “Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas”, remarcó.

Ayuso y su equipo no han escatimado en palabras en las últimas semanas para tratar de vincular a migrantes con delincuencia, en una estrategia idéntica a la extrema derecha de Vox y de otros partidos ultras del resto del mundo. En julio, la propia presidenta dijo que la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. Y en los últimos meses ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes.

Su gobierno mantiene además sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 658/2025 con el que el Gobierno reguló el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas en casos de saturación de los territorios habituales de acogida, como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas, que también han presentado sus propios recursos.

Con todo, el Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Por el momento se ha desplazado tan solo a diez y Migraciones ha explicado que esos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio, aunque ante lo ocurrido con el cierre del centro de Pozuelo el Ejecutivo no tiene previsto incluir a Madrid en este primer reparto.

El Ejecutivo recuerda que los menores solicitantes de asilo presentan un perfil “altamente vulnerable”, ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras y que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recogió en su barómetro de julio una caída histórica del PSOE. Los socialistas perdieron siete puntos en estimación de voto en un solo mes y se quedaron empatados prácticamente con los populares, que aunque bajaron unas décimas, estaban en condiciones de disputarles esa primera plaza. Vox se disparó y subió más de cinco puntos.

El barómetro del mes de julio, el último del curso político, llegó después de que el Tribunal Supremo envió a prisión al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, acusado de ser el cabecilla de la trama que supuestamente obtuvo mordidas a cambio de adjudicaciones junto con José Luis Ábalos y Koldo García.

Los datos recogidos en ese barómetro señalaron que el PSOE se dejó 7,3 puntos en estimación de voto en un solo mes, una caída nunca antes registrada en la legislatura. El encarcelamiento de Cerdán asestó un duro golpe a las expectativas electorales de los socialistas, que están muy lejos de sus mejores datos y cuatro puntos por debajo de los resultados del 23J. Ahora mismo se quedarían en un 27% de los votos.

El PP, por su parte, no aprovechó esa caída, según el CIS. Los populares se quedaron prácticamente empatados con los socialistas pero por la caída de estos últimos, porque los de Feijóo perdieron ocho décimas respecto al mes pasado. Ahora obtendrían un 26,5% de los votos, lejos del 33,1% de las elecciones generales.

Ese medio punto, que entra dentro del margen de error probable del sondeo, hizo que ambos partidos se encontraran en un empate técnico.

En la tercera plaza, Vox se disparó en este barómetro y pasó del 13,2% de la anterior entrega al 18,9% de esta, una subida enorme en medio de la tensión política derivada del caso Cerdán. Mientras lo de Feijóo no pareció que lograran rentabilizar la situación, el partido de Santiago Abascal rozó el 20%, se situó muy por encima de sus resultados del 23J y se quedó a poco más de siete puntos del PP.

Sumar, por su parte, experimentó una ligera subida de ocho décimas para quedarse en un 7,8% de estimación de voto, muy lejos aún de sus mejores datos. Podemos, por su parte, subió dos décimas hasta alcanzar un 4,4%.

Ya por debajo, el CIS estimó que ERC alcanzaría el 2,1%, el partido de Alvise Pérez un 1,7%, Junts un punto, Bildu un 0,9% y el PNV un 0,8%.

Con esos datos, el CIS mostró que el PSOE solo fue capaz de retener al 65% de sus votantes de 2023, y perdió hacia distintas formaciones, pero sobre todo hacia la abstención. El PP mantuvo al 72,8% y tuvo a Vox como principal vía de escape de sus votantes.

El partido de extrema derecha que dirige Abascal retuvo al 79,2% y vio cómo algunos de sus electores se marcharon al PP, pero sacó un 21,3% de gente de la abstención. Sumar solo retuvo al 45,4% y vio cómo casi un tercio de sus antiguos votantes se fueron ahora a Podemos.

Sánchez empata con Díaz

En cuanto a la valoración de líderes, esta también se vio afectada por el caso Cerdán. Pedro Sánchez cayó al 3,99 y se quedó prácticamente empatado con Yolanda Díaz, que obtuvo un 3,97 de nota, la misma que el mes pasado.

Alberto Núñez Feijóo sí rentabilizó aquí el escándalo de corrupción y subió del 3,51 al 3,83. Y Santiago Abascal, el peor valorado y siempre con muy malos datos en este apartado, pasó del 2,70 al 3,15.

Los espejismos a veces no sólo se viven en el desierto. Hay ilusiones ópticas que no tienen que ver con las desviaciones de los rayos de luz y con las temperaturas extremas. En política, se producen como consecuencia de las encuestas. O de no ser capaz de ver más allá de las burbujas de los partidos y los medios. En un caso o en otro, la imagen resulta distorsionada. Le pasó a la derecha en julio y le pasó ahora a la izquierda este febrero. Nada resultó como proyectó en su imaginario. Ni Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP) se estrella en su tierra ni el resultado del 18 de febrero ahondará en la crisis de liderazgo de su partido ni hay posibilidad alguna de bipartidismo que arrebate al PP la Xunta (gobierno) de Galicia. 

En estos comicios se la jugaba Feijóo y ganó. De forma rotunda, por mucho que su campaña fuera un despropósito a ojos de propios y extraños. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusa el primer golpe tras las generales de junio y nada cambia en Galicia porque el PP mantiene la mayoría absoluta. Será la quinta. El el partido nacionalista de izquierdas BNG sigue en segunda posición y los socialistas gallegos (PSdeG-PSOE), en caída libre. Y la sempiterna crisis de la izquierda alternativa al PSOE deja además a Sumar sin representación en Galicia y a Podemos en la irrelevancia absoluta. Vox se queda con las ganas de remontar el vuelo en medio de una profunda crisis interna.

El presidente del PP salva el match point del que tanto se ha hablado, después de que los gallegos hayan indultado sus errores de campaña y le salvaran así del más que seguro debate interno que hubiera abierto un escenario adverso.  Habrá este lunes en Génova, seguro, un cierre de filas con el liderazgo de un Feijóo al que las elecciones gallegas darán un balón de oxígeno frente a quienes cuestionan su hiperventilada y errática estrategia.

A pesar del retroceso en número de diputados, a pesar de su estrafalaria campaña y a pesar de que las aguas del PP bajaban revueltas a la espera de los resultados electorales de este domingo, Feijóo consiguió mantener el principal feudo histórico del partido, donde la marca gobernó 36 de los 42 años de autonomía. Y todo indica que dará así por buena y mantendrá, por tanto, la hiperbólica estrategia contra Sánchez, contra sus alianzas parlamentarias y contra la tramitación de la ley de amnistía que el gobierno español negocia con los independentistas catalanes.

Por contra, el presidente del Gobierno acusa un duro golpe en los primeros comicios tras las generales de julio, su dependencia del independentismo y la polémica tramitación de la ley de amnistía. Y es que la marca gallega del PSOE se desploma y desciende hasta su mínimo histórico tras perder 5 de los 14 diputados que obtuvo hace cuatro años cuando ya había registrado su peor resultado. Una muestra más del retroceso territorial del socialismo, tras la pérdida de prácticamente todo el poder territorial que le llegó tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

En la sede nacional creen que a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, le faltó tiempo, “que la campaña no ha sido buena”, que el BNG fagocitó gran parte del voto socialista, que la marca tiene “un problema a nivel regional, aunque  no a nivel municipal o provincial”.  Lo que no comparten es que el resultado tenga que ver con la amnistía, ya que los votos  que pierden los socialistas los gana el BNG, un partido que también está a favor del olvido penal. Su lectura ahora es que los gallegos anteponen otras cuestiones y que ni siquiera el error de Feijóo sobre el indulto a los independentistas ha tenido efecto alguno en estas elecciones.

También hay quien defiende que  los populares querían aprovechar la campaña para hurgar en la dependencia del PSOE del independentismo y que es obvio que lo han conseguido. Son los que reconocen que de haberse producido un cambio de gobierno en Galicia,  los socialistas podrían haber soslayado un mal resultado con el argumento de que los electores habían respaldado su proyecto de coalición progresista apoyado por los nacionalistas.

Lo que está por ver en todo caso es si, tras el hundimiento del socialismo gallego, Sánchez seguirá en la misma senda o responderá con más firmeza y menos concesiones al independentismo, con quien tiene aún que negociar los detalles de la amnistía, después de que la norma  fuera devuelta a la comisión de Justicia tras el “no” de Junts. 

Las catalanas, la verdadera prueba para el PSOE

El 18F ha sido en todo caso el primer asalto de un ciclo electoral que culminará en Cataluña en 2025 y hasta entonces quedan por despejar muchas dudas. La primera de todas es si habrá o no finalmente ley de amnistía y los efectos que todo ello puedan tener en los resultados del PSC de Salvador Illa. Esa es la verdadera prueba a la que se enfrenta Sánchez, más allá de los resultados en Galicia.

En peor situación incluso que el PSOE quedan Sumar y Yolanda Díaz, que se estrella en su tierra natal al no obtener ningún diputado y queda incluso en número de votos por detrás de Vox. El del 18F era su primer examen electoral autonómico y al obtener poco más de 25.000 papeletas no sólo queda como fuerza extraparlamentaria, sino que fracasa en el intento de territorializar su proyecto nacional. Por su parte Podemos, que concurrió por su cuenta tras la fractura con Sumar, sigue el desplome que arrastra desde 2019 y se sitúa en la irrelevancia en Galicia al obtener apenas 3.500 votos, por debajo incluso de PACMA. 

El resultado es un golpe para la coalición, que no logra sus mínimas expectativas de conseguir dos escaños y diluye además el liderazgo de Díaz, tras el divorcio de la formación que fundó Pablo Iglesias y tras perder el apoyo que sumó en  generales en Galicia, cuando logró 178.691 votos que le dieron dos escaños por las circunscripciones de Pontevedra y A Coruña. Todo en pleno proceso de asentamiento de Sumar en su fase organizativa y a pocos días de que se celebre la primera asamblea de la marca el próximo 23 de marzo.

Vox también se queda fuera del Parlamento gallego, tal y como auguraban todas las encuestas. De hecho, Galicia permanece como la única comunidad autónoma en la que todavía no ha conseguido representación, después de no haber mejorado siquiera el resultado de hace cuatro años y quedarse muy lejos de la barrera del 5% necesaria para obtener escaño. Las expectativas de Santiago Abascal para este 18F no eran muy altas, pero sí creyeron en la posibilidad de ser necesarios para que el PP llegara a la mayoría absoluta que ha retenido por sí mismo Alfonso Rueda.

Así las cosas, la pregunta que sobrevuela en la escena nacional, además de si Sánchez mantiene o no su hoja de ruta intacta, es si Feijóo cambiará la estrategia de situar en el eje de su discurso nacional los pactos con el independentismo, ante la próxima cita electoral, que será el próximo abril en Euskadi. Y desde Génova responden que “en absoluto porque el 18F ha avalado su discurso”, pese a seguir siendo un partido irrelevante en aquella comunidad. Seguimos, pues, donde nos quedamos antes del 18F. Con el PP en la Xunta y con una derecha convencida de que la polarización, la deslegitimación de las instituciones y la confrontación permanente le rentan en las urnas.

Pedro Sánchez volverá a ser presidente el jueves si no hay sorpresas de última hora. El secretario general del Partido Socialista se someterá de nuevo a la confianza del Parlamento después de haber conseguido salvar una mayoría en las generales cuando todas las encuestas daban por segura la victoria de la derecha. Y después de una ardua negociación con los partidos independentistas catalanes para una ley de amnistía que trata de poner fin al procés. La inminencia de un nuevo gobierno progresista levantó a la derecha y a la extrema derecha en las calles y esas protestas llegarán este miércoles a las puertas del Congreso, ya blindado con un fuerte dispositivo policial.

Solo hay un precedente de un despliegue para una investidura como el que protegerá el Parlamento durante los próximos días. En octubre de 2016, era la izquierda la que salía a las calles a protestar contra las políticas de recortes del Gobierno del PP. La Delegación de Gobierno autorizó una manifestación de ‘Rodea el Congreso’ precisamente el día del debate de investidura de Mariano Rajoy, que salió adelante gracias a la abstención de los diputados del PSOE. Esa decisión se gestó tras una rebelión interna en el partido que acabó con la dimisión del líder que este miércoles se somete a su cuarta investidura. Antes, derrotó a Rajoy en una inusitada moción de censura y lideró el primer gobierno de coalición de la historia que ahora aspira a revalidar.

Este miércoles, a diferencia de hace siete años es la extrema derecha la que amenaza con llenar los alrededores del Congreso para protestar contra el nuevo Gobierno. Tanto Vox como numerosos agitadores ultras y algunos dirigentes del PP alientan desde hace días protestas frente a las sedes del PSOE. Muchas de ellas han acabado con fuertes disturbios, quema de contenedores y cargas policiales. Aunque el motivo de las manifestaciones es protestar contra la ley de amnistía por los delitos del procés, en las convocatorias de los últimos días muchos de los asistentes han terminado coreando himnos falangistas y agitando banderas preconstitucionales. 

Por eso y ante la previsión de que esas marchas rodeen el miércoles y el jueves la Cámara Baja, la Delegación del Gobierno previó un fuerte despliegue de más de 1.600 agentes antidisturbios, un dispositivo similar al de partidos de fútbol de riesgo con presencia de ultras. En el debate de investidura de 2016, la Policía colocó a un millar de agentes de la UIP. Para este miércoles, la Policía también limitó el acceso a la Cámara: la entrada por la Plaza de las Cortes permanecerá cerrada. El Congreso difundió una circular a los funcionarios para detallar las restricciones durante las jornadas del debate.

La agitación de las calles, alentada por Vox, pero también por el Partido Popular, fue avanzando a medida que Sánchez consiguió atar los apoyos para su investidura, que ha llegado a caminar sobre el alambre en varios momentos en las últimas semanas. Los socialistas amarraron en estos tres meses el apoyo de 179 diputados: Sumar, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, el PNV, el BNG y a última hora Coalición Canaria comprometieron su apoyo para la votación del jueves. Si todo va según lo previsto, el líder del PSOE saldrá elegido con más apoyos que Felipe González en 1989, José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, o Rajoy en 2016. 

El candidato intervendrá a partir de las 12 del mediodía sin límite de tiempo. En su discurso, según las fuentes consultadas Sánchez se esforzará en explicar los acuerdos a los que llegó con las distintas fuerzas que conformarán el nuevo bloque de investidura, especialmente el pacto para la ley de amnistía con ERC y Junts, para evidenciar, explican fuentes del equipo del presidente, que no tiene nada que ocultar de esos acuerdos. 

Sánchez transmitirá desde la tribuna su plan para un Gobierno de cuatro años, una legislatura de “estabilidad” como la anterior, en la que, recuerdan esas mismas fuentes, se aprobaron tres presupuestos y más de 200 leyes, con un índice de cumplimiento de los pactos comprometidos superior al 85% según las cuentas del propio Ejecutivo. Será un discurso “muy político” en el que expondrá su idea de una coalición, esta vez con Sumar, que ofrezca “cuatro años más de ampliación de derechos”. 

El presidente aprovechará también para confrontar con Alberto Núñez Feijóo y para comparar su investidura “real” con la derrota que el líder del Partido Popular protagonizó hace apenas un mes. Entonces, el candidato salió derrotado al ser incapaz de reunir más apoyos que los de la extrema derecha de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro y el de Coalición Canaria, única fuerza que alcanzó pactos a ambos lados del arco parlamentario para esta investidura. 

Después de Sánchez, previsiblemente ya después del almuerzo, intervendrán los portavoces de los grupos por orden de mayor a menor representación parlamentaria. Primero el Partido Popular, luego Vox, Sumar, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco y por último los integrantes del grupo mixto UPN, CC y el Bloque Nacionalista Galego. 

En el caso de Sumar, la encargada de defender la posición del grupo será Yolanda Díaz, que no delegará la réplica en su portavoz, Marta Lois, como hizo durante el debate de investidura de Feijóo, ni tampoco repartirá minutos entre ninguno de los portavoces de los diferentes partidos que integran la coalición electoral. 

De hecho, los únicos votos que Sánchez todavía no tiene asegurados al cien por cien son los de uno de esos partidos. Podemos sometió su decisión para esta investidura a las bases del partido, que están votando desde el sábado y pueden hacerlo hasta las 22.00 de este martes sobre si dar el ‘sí’ o no al candidato socialista. Aunque la secretaria general de la formación, Ione Belarra, pidió a su militancia un voto afirmativo, las pocas probabilidades de que vuelvan a entrar en el Gobierno y el distanciamiento del partido con Sumar elevaron el temor entre algunos miembros de la coalición a que el porcentaje de ‘noes’ sea elevado. 

En cualquier caso, la consulta está formulada para abrir la puerta a que los diputados de Podemos decidan abstenerse si el resultado es contrario a apoyar a Sánchez. En ese caso, la investidura del candidato socialista saldría adelante en una segunda votación que se celebraría el sábado, previsiblemente con 174 votos a favor y 171 en contra. 

Todo el mundo cuenta no obstante con que no haya sorpresas de este tipo y Sánchez sea elegido por mayoría absoluta el mismo jueves, sin necesidad de acudir a una segunda votación. El líder socialista logrará así un objetivo que hace apenas unos meses parecía imposible, cuando la derrota de su partido en las municipales y autonómicas lo llevó a adelantar unas elecciones que según la mayoría de las encuestas daban por descontado un gobierno de las derecha.

Seis años después de que el Govern de Junts y ERC convocara un referéndum fuera de la ley, de que Carles Puigdemont se fotografiara con los cinco autos del Tribunal Constitucional que iba a desobedecer y de que proclamara una independencia que se autodestruyó en ocho segundos, su partido firmó un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez que incluye una mención expresa y aportada por Junts al artículo 92 de la Constitución.

Si alguien quiere entenderlo como un adiós a la unilateralidad, ese fetiche conservado por el independentismo como si fuera un arma secreta, no estará muy equivocado, aunque tampoco conviene sacar el mantel de las grandes celebraciones. A fin de cuentas, sólo es un acuerdo para arrancar la legislatura.

Para terminar de aclarar las dimensiones del pacto, Puigdemont lo celebró metiéndole varios viajes a Esquerra. Llegó él a la fiesta y solucionó lo que sus torpes aliados y sin embargo enemigos no consiguieron hasta ahora. “Perdimos cuatro años fundamentales”, dijo para criticar la colaboración de ERC con los socialistas en la anterior legislatura. “Vosotros sí que sabéis, no como los botiflers de Esquerra”, le respondió irónicamente Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso.

Para confirmar que el ambiente entre las fuerzas independentistas que hicieron posible el referéndum del 1-O está por todo lo alto, Dolors Feliu, presidenta de la ANC, calificó los pactos de Junts y ERC con el PSOE de “españolización de Catalunya”.

El acuerdo se hizo público en Bruselas en el día de la patrona de la villa de Madrid, una coincidencia que sólo se le podía ocurrir a un guionista dispuesto a todo con tal de que hagan la película. En otro asunto en el que se le fue la mano estuvieron las reacciones del Partido Popular, donde hubo una auténtica carrera por aparecer ante los micros o dejar la huella en Twitter. Furia general, como era de esperar, pero también discrepancias muy básicas sobre el sistema político español.

Ya estamos en una dictadura, dijo por la mañana Isabel Díaz Ayuso ante una presentadora de Antena 3 muerta de miedo. “Somos una democracia fuerte, plural y con principios”, opinó unas horas más tarde Alberto Núñez Feijóo. Una cosa o la otra, pero las dos al mismo tiempo parece un poco complicado. No se ponen de acuerdo ni en qué país viven.

Con la amnistía en el saco, de la que sorprendentemente se sigue sin conocer su alcance, se creía que Junts presionaría para obtener algo más sobre un futuro referéndum de independencia, al menos con la intención de sacar pecho frente a ERC. Lo único que aparece en el texto es que Junts propone “un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Lo de que querían otro referéndum ya lo sabíamos. Lo del artículo 92, no exactamente.

Ese breve artículo permite la convocatoria de referendos consultivos “de todos los ciudadanos”. Cada uno de ellos será “convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. No es extraño que en la ANC vayan a sacar el excel con la lista de botiflers para añadirle nuevas filas.

“Entramos en una etapa inédita”, aseguró Puigdemont. Ahí tiene razón. Junts ha abandonado la estrategia de confrontación permanente con todo y contra todos de los últimos cuatro años y que terminó llevándose por delante al Gobierno de coalición en la Generalitat. Los ataques que siguen dedicándose ambos partidos hacen pensar que no hay planes de resucitarlo. Sin un acuerdo político básico de ERC y Junts, cualquier estrategia para ganar la independencia está muerta antes de nacer.

Esa etapa puede llegar a ser muy corta. El acuerdo de legislatura podría calificarse de mínimos en la medida en que los firmantes se han dedicado a plasmar por escrito sus discrepancias. En el momento en que Puigdemont crea que el desgaste que sufre es mayor que los réditos, y con la amnistía ya aplicada, se pensará si merece la pena mantenerlo vivo. Al menos en esta ocasión no le caerá en toda la cara un tuit con las 155 monedas de plata. Eso que lleva ganado.

La derecha y la extrema derecha no están para tales sutilezas. Toca golpear los tambores de guerra. Tampoco es una novedad. Los indultos ya fueron un ataque al Estado de derecho y una quiebra de la separación de poderes, así que la amnistía sólo puede ser categorizada como lo mismo, pero multiplicada por cien.

Feijóo declaró que el pacto niega que “España sea un Estado de derecho” y que “los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”. Esto último ya lo dijeron en abundantes ocasiones en la campaña electoral y no les sirvió de mucho.

¿Qué dijo Pablo Casado cuando se aprobaron los indultos? “Del Partido Socialista histórico ya no quedan ni las raspas”, afirmó. El entonces líder del PP estaba convencido hace dos años de lo que iba a pasar inmediatamente después: “Los independentistas volverán a realizar un segundo procés después de que Sánchez haya debilitado al Estado”.

Aún se está esperando el segundo procés. El Estado sigue estando donde estaba. La verdad es que el argumentario del PP no se renueva mucho.

A la hora de buscar algo de originalidad en el éxtasis patrio, conviene ir sobre seguro y prestar atención a lo que diga Díaz Ayuso. Después de decir por la mañana que ha llegado la dictadura, pasó revista a todas las instituciones que, según ella, lo solucionarán todo. Tomen nota: “El rey Felipe VI, los poderes legislativo y judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Unión Europea”. Los ve como el Dream Team que colaborará con la derecha, lo que en su mente quiere decir con España.

“No hay una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma”, dijo. Es curioso que uno de los mayores amantes de la presidenta madrileña en la prensa –Salvador Sostres en ABC– haya escrito que es “un mal día” para el independentismo, porque Sánchez se ofrece a negociarlo todo, pero no se compromete a nada.

“Por ofensiva que resulte la impúdica desfachatez presidencial, desde el lado independentista éste es un pacto de rendición de banda que sabe que ha perdido y busca un aterrizaje en la realidad sin que se note que claudica”, escribe Sostres. Puigdemont ha hecho lo mismo que hizo Oriol Junqueras, dice. Ha obtenido una salida personal que le convierte en “una pieza más del engranaje del Estado”.

La independencia de Catalunya está tan lejos como lo estaba antes de las elecciones de julio. Si esto es una victoria rotunda de los independentistas, la verdad es que se han visto funerales más animados. Si esto es el inicio de una legislatura que durará cuatro años, habrá que verlo para creerlo.

El presidente del Gobierno español en funciones llamó a los socialistas europeos de visita a España a asistir “en tiempo real” a la derrota de “la propuesta reaccionaria de PP y Vox”. “Esa derrota tuvo su expresión electoral el 23 de julio y esta semana se consumará en el parlamento”, dijo.

Pedro Sánchez, que no intervino en ningún momento durante el debate parlamentario de la primera votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo, anunció a sus compañeros del parlamento europeo que, una vez consumada la derrota de la derecha, será el turno de afrontar su propia investidura. “España se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Ese es el mandato de la mayoría social que se expresó en las urnas”, aseguró. 

Sánchez definió la situación actual como “un duelo entre el extremismo reaccionario y la respuesta social y democrática” porque, ha dicho, la derecha tradicional fue “parasitada” por la ultraderecha y asumió sus postulados.

“Así están las cosas tras la rendición de la derecha tradicional a los postulados de la ultraderecha. O prevalece la socialdemocracia o se impone una ola reaccionaria y eso sería el comienzo del fin de la Unión Europea tal y como la vivimos, la pensamos y la sentimos”, advirtió.

El líder del PSOE calificó el papel de Alberto Núñez Feijóo durante la investidura como el de un “candidato fallido” y presentó su fórmula de coalición como la única alternativa para la gobernabilidad de España.

La mayoría absoluta del Congreso español rechazó este miércoles la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. El candidato del PP designado hace más de un mes por el jefe del Estado no sumói un solo voto a los que ya tenía antes de la decisión del rey. Tampoco logró ningún acercamiento en el debate celebrado ayer y hoy. Feijóo obtuvo 172 apoyos, los propios más los de Vox, Coalición Canaria y UPN. Y más de 176 en contra. El resultado anticipa, además, la derrota definitiva del líder de la derecha en la segunda votación, prevista para el viernes.

La primera votación de las dos que se prevén para las investiduras terminó con el resultado previsto. En las dos jornadas que duró el debate todos y cada uno de los portavoces ratificaron las posiciones que ya estaban definidas desde hace semanas. Antes incluso de que Felipe VI comenzara la ronda de consultas con los partidos, pero también inmediatamente después.

Feijóo necesitaba la mayoría absoluta para ser investido presidente a la primera. Pero sus 137 diputados, los 33 de Vox y los dos que le aportan CC y UPN quedan a cuatro de los 176. Una distancia corta, numéricamente, pero insalvable políticamente. Tanto, que la segunda votación, prevista para el próximo viernes, se saldará con toda probabilidad con el mismo resultado.

Aunque al líder del PP le bastaría en esa segunda votación con una mayoría simple (más síes que noes), Feijóo tampoco lo logrará y su investidura será definitivamente derrotada. El candidato lo tenía claro desde el principio. “Me debo a quienes clamaron 'igualdad' en Madrid”, dijo en su intervención inicial.

Se abrirá así el tiempo de Pedro Sánchez. De hecho, la constatación previa de que la investidura de Feijóo era, y es, imposible, empujó al candidato del PP a plantear su discurso inicial del martes, y sus réplicas, a construirse como líder de la oposición, a exponer más una moción de censura contra el presidente del Gobierno en funciones.

Pero la estrategia del PP se derrumbó cuando el PSOE optó por el diputado Óscar Puente para lanzar una dura réplica y, a la vez, defender a Sánchez de un 'cara a cara' para el que Feijóo estaba preparado. La idea era provocar un debate sobre la amnistía. Pero el 'plot twist' de los socialistas desubicó al candidato del PP, que trufó sus intervenciones con otros portavoces de continuas referencias a Puente y al silencio de Sánchez.

El guion de la investidura se mantuvo este miércoles, con la intervención de EH Bildu y el PNV. Los dos grupos vascos ratificaron su rechazo a la investidura de un Feijóo visiblemente molesto con el PNV, a quien llegó a calificar como el “clínex” del PSOE, después de intentar cortejar sus cinco votos desde hace semanas. Feijóo aseguró no entender cómo es posible que ambos partidos, que compiten por el voto y tienen elecciones previstas para el año que viene, comparten estrategia en Madrid

Su portavoz, Aitor Esteban, le había reiterado su 'no' previamente y despejó las posibles dudas de Feijóo, además de torpedear la idea del PP de que Feijóo no gobierna porque no quiere ceder ante los independentistas. “Hay una ballena en la piscina. Los 33 votos de Vox son imprescindibles. Además esos 33 votos seguirían siendo imprescindibles durante la legislatura. La ballena tiene un tamaño imposible de esconder”, dijo Esteban desde la tribuna. “Tiene que empezar descontando 33”, agregó.

Aunque el debate con Esteban fue agrio, el enfrentamiento de Feijóo con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, fue más duro. En él, el líder del PP volviói a confirmar su alianza con Vox y a defender sus pactos con la extrema derecha. “Bildu es el único partido en España al que habría que hacer un cordón sanitario”, sostuvo. “Respeto al PNV, a Bildu no”, apuntó.

El candidato cerró su intervención en el debate en el Congreso con un breve discurso en el que ha reafirmado la alianza de su partido con la extrema derecha. Feijóo agradeció “a los integrantes de Vox” y al “señor Abascal” el “voto favorable anunciado” para hacerle presidente del Gobierno. Un apoyo, según Feijóo, que demuestra “que se puede llegar a acuerdos entre distintos sin renunciar a los programas electorales”. “Seguiremos siendo partidos distintos. Se demuestra que en España hay un proyecto alternativo, que se construye sobre lo que nos une en lugar de cimentar lo que nos separa”, reflexionó.

También aprovechó para arremeter otra vez contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por no defender ayer la posición del PSOE y delegar en el diputado Óscar Puente. “Ha preferido escapar para no decir la verdad”, dijo. “La verdad sobre sus negociaciones, las exigencias a las que está sometido, su posición en la amnistía, el independentismo y la financiación ideológica de todo ello”.

“Quien calla, otorga”, afirmó. “Veremos la intensidad de su silencio, lo que otorga y lo que exigen. No ha querido salir a la tribuna porque no podría defender ayer lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles”, añadió. Y concluyó: “Mi propuesta sigue vigente, también para corregir los efectos negativos. Seguirá Vigente para los españoles, solo a ellos me debo”.

El viernes se celebrará la segunda votación, y se abrirá el tiempo de Pedro Sánchez. Pero Feijóo ya comenzó a hacer oposición al presidente en funciones.

El momento de Alberto Núñez Feijóo llegó. Año y medio después de llegar a Madrid, el líder del PP pedirá este martes la confianza del Congreso para ser presidente del Gobierno. El problema es que la respuesta será negativa. Un mes después de recibir el mandato del jefe del Estado, Feijóo no ha sumado un solo voto a los 172 que tenía comprometidos antes de visitar al rey. El PP agotó todos los llamamientos, directos e indirectos, al transfuguismo. Y ya solo le queda la opción de usar el enorme protagonismo que tendrá estos días para lanzar su oposición a un Pedro Sánchez que se ve ya a un paso de la reelección.

La estrategia no es un secreto, la dejó muy clara el lunes la secretaria general, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa. “Feijóo va a explicar lo que haría si tuviera la confianza, pero también lo que no hará para lograr ser presidente del Gobierno”, sostuvo. Dicho de otra forma por la misma persona: “Se podrá comparar un proyecto de país para 48 millones, lo que Feijóo quiere hacer, y lo que no está dispuesto a hacer porque supone defraudar a España”.

El líder del PP expondrá así durante la hora y media de discurso inicial en la que ha estado trabajando los últimos días no solo su programa para un Gobierno que no será, sino todo aquello que rechaza de lo que, supuestamente, está negociando Sánchez. O de lo que el PP dice que hará si consigue un tercer mandato en el Palacio de la Moncloa.

El nudo central de la propuesta de oposición de Feijóo será la crítica a la amnistía. Es el pegamento que encontró el líder del PP para unir a su partido después del buen resultado de las municipales y autonómicas de mayo, y el fiasco de expectativas de su leve victoria en las generales de julio.

El poder del PP descansa, más que nunca, en los barones territoriales. Doce de ellos, con mando en plaza. Todos acudieron el pasado domingo a respaldar a su jefe de filas en el multitudinario acto de Madrid, precisamente contra la amnistía. Y casi todos volverán a la capital este martes para apoyar desde el Congreso el fallido intento de investidura de Feijóo.

Sánchez se defenderá en la tribuna

La escenificación del cierre de filas comenzó el domingo, con el mitin-protesta en la Plaza de Felipe II, desbordada de asistentes. Decenas de miles de personas acudieron al llamado. Y allí, Feijóo ya dejó claro delante de los suyos que quiere liderar la oposición a Pedro Sánchez. De momento, cuenta con el respaldo de todos los que en el PP tienen algo que decir.

Fue la muestra de la impotencia del PP, y de su candidato, que volverá a verse este martes en el Congreso. Feijóo gozará de todo el protagonismo durante la semana. Primero, su discurso. Luego, el previsible ‘cara a cara’ con Sánchez.

Aunque nadie en el PSOE confirmó que el presidente en funciones participará en alguna de las réplicas al candidato del PP, fuentes parlamentarias socialistas lo dan por hecho y explican que se tomará la sesión plenaria como algo parecido a una introducción de su propia investidura. El plan es que Sánchez dispense a Feijóo un trato de “líder de la oposición” y no de candidato a ser investido, ya que en Ferraz consideran que es el propio PP quien tiró la toalla antes siquiera de someterse a la confianza del Congreso.

El líder de los socialistas asume que, ante la inviabilidad de ganar la votación, Feijóo intentará centrar el grueso de su intervención no tanto en desgranar ningún programa de Gobierno sino en arremeter contra el presidente en funciones y en hacer de la amnistía el eje de su discurso. Y el contraataque del PSOE pasará por retratar la soledad de un líder político incapaz de entablar alianzas con ninguna fuerza más allá de la extrema derecha. 

“La España contemporánea es abierta, diversa y plural en sus calles y en sus lenguas, y volverá a ponerse de manifiesto esta semana en el Congreso”, dijo este lunes Sánchez durante la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas en el Instituto Cervantes. El principal argumento del PSOE durante las sesiones de investidura de este martes será que ni el PP ni Feijóo tienen proyecto para esa España diversa. 

Primer Pleno plurilingüe

Porque el de esta semana será el primer Pleno del Congreso plurilingüe en el que el objeto de debate no sea precisamente el uso de otras lenguas oficiales distintas al castellano. Es decir, se hablará en gallego, euskera y catalán de asuntos que no tienen que ver con los idiomas. En el PP no han querido revelar cómo abordará Feijóo esta cuestión. En el debate sobre el uso de los otros idiomas oficiales, el PP se rehusó a utilizar la traducción simultánea. Vox incluso abandonó el Hemiciclo entre gritos y aspavientos en una ‘performance’ que repitieron cuando el diputado del PP, Borja Sémper, usó el euskera levemente en su intervención.

Pero, ¿cómo lo hará Feijóo esta semana, en la que él será el protagonista? ¿Cómo podrá responder a los portavoces que empleen lenguas que no domina? ¿Los ignorará? ¿Intentará seguir su discurso en las pantallas con subtítulos que despectivamente él mismo llamó “karaoke” el pasado domingo? Lo único que señalaron desde el PP es que Feijóo usará el castellano en sus réplicas. Preguntados y repreguntados, en público y en privado, sobre los pinganillos, silencio, pero la semana pasada algunos dirigentes sí dijeron que el PP “nunca” los iba a utilizar.

La idea de Sánchez es evitar entrar al trapo de las críticas a una ley de amnistía de la que aún no se tienen detalles, e insisten en que será después del intento de Feijóo, y una vez se consume su fracaso, cuando el propio presidente afrontará una ofensiva comunicativa para dar cuentas del acuerdo político que aspira a alcanzar con el independentismo.

Hasta entonces, Sánchez se limitará a las líneas maestras esbozadas estos días respecto a la necesidad de pasar página del conflicto político en Catalunya. “El tiempo terminará dando la razón al progreso y la convivencia. En lugar del ruido transitorio del presente, la esperanza del mañana”, añadió en su palabras de este lunes en el Instituto Cervantes.

Gamarra anticipó este lunes que Feijóo hablará de los “problemas reales” de la gente porque, según la secretaria general del PP, la amnistía de la que no para de hablar su partido no es lo que realmente interesa a los españoles. El domingo esbozó levemente algunos de esos elementos que el candidato abordará en su discurso.

Agregará también lo que los presidentes autonómicos le hayan pedido en esa ronda de contactos que solo sirvió para mostrar el aislamiento del PP en el bloque de poder que formó con Vox.

Un bloque de poder que ha permitido al PP gobernar sobre millones de personas, pero que dejó a Feijóo sin opciones de llegar al Palacio de la Moncloa. Los 172 votos que previsiblemente obtendrá en las dos votaciones de esta semana en la sede de la soberanía popular no son su suelo, sino su techo.

Así se lo explicaron aquellos a los que intentó convencer de que le apoyen, como el PNV. A ellos se dirigirá también este martes, según anticipó Gamarra. “Feijóo va a apelar de manera directa a la conciencia de los dirigentes de partidos nacionalistas” en un último intento de mover algún voto. Pero es que el hipotético acercamiento de los vascos supondría el alejamiento inmediato de Vox.

Mucho más el de otros posibles aliados del PP que podrían sumar esos cuatro diputados que le faltan a Feijóo. La secretaria general dijo también este lunes que “Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos”. El problema es que lograr esos pocos votos de más le supondría perder decenas.

La decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, de fijar el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre –ese último día tendría lugar la primera votación– hará que empiece a correr el tiempo legal de dos meses para una repetición electoral que solo se celebraría en el caso de que fracase esa primera oportunidad del líder del Partido Popular (PP) y todos los demás intentos de investidura –de Pedro Sánchez o, de nuevo, de Feijóo– que se produzcan en ese periodo. Los comicios tendrían lugar el 14 de enero.

Esa fecha viene determinada por la Constitución española, que en su artículo 99 establece que “si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”.

Y también por la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) señala, además, que en ese supuesto recogido por la Constitución “las elecciones habrán de celebrarse el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria”. Poniendo la fecha a finales de septiembre, Armengol evita que los nuevos comicios sean en plenas fiestas, algo que habría ocurrido si hubiera fijado la primera votación de un intento de investidura entre el 8 y el 20 de septiembre.

Con las fechas anunciadas por la presidenta del Congreso, el debate de investidura empezará el martes, 26 de septiembre y la primera votación, en la que Feijóo requiere de mayoría absoluta, será un día después, el 27. La LOREG establece que en el caso de que ese intento fracase, se celebrará una segunda votación a las 48 horas, por tanto, el viernes 29, donde el líder del PP solo necesita mayoría simple, más 'síes' que 'noes'.

De cara al primer debate de investidura de esos 26 y 27 de septiembre, por el momento Feijóo cuenta con 172 votos seguros, a cuatro de la mayoría absoluta. Son los de PP (137), Vox (33), UPN y CC, con uno cada uno. Pero son más los 'noes' que los 'síes' a su investidura, ya que el resto de grupos suman 178 escaños. Con todo, ese previsible fracaso pondrá en marcha la cuenta atrás de dos meses antes mencionada.

Un proceso electoral reducido desde 2016

La LOREG establece, además, unos plazos distintos que los de unas elecciones ordinarias en el caso de que los comicios se tengan que adelantar una vez transcurridos los dos meses tras la primera votación de una investidura. Esas especificidades responden a la reforma del texto que se puso en marcha en 2016, cuando tuvieron que repetirse las elecciones precisamente porque se agotó ese plazo de dos meses sin que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez lograran ser investidos. El objetivo fue “reducir la duración del proceso electoral”.

Por ejemplo, las agrupaciones de electores y los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieren obtenido representación parlamentaria en ninguna de las Cámaras no necesitarán recabar de nuevo las firmas que exige la LOREG para presentar candidaturas “cuando ya las hubieran presentado para las elecciones inmediatamente anteriores a Cortes Generales y el número de firmas válidas hubiera superado el número exigido”.

Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a las elecciones “deben comunicarlo a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral Provincial si el ámbito de la coalición se reduce a la circunscripción, en los cinco días siguientes a la convocatoria”. Y en el caso en que se desee mantener en los mismos términos el pacto de coalición con el que se concurrió a las elecciones generales inmediatamente anteriores, “bastará con comunicar expresamente dicha voluntad mediante escrito dirigido a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral Provincial si su ámbito se reduce a la circunscripción”.

Las candidaturas se tienen que presentar ante la Junta Electoral Provincial entre el octavo y el decimotercer día posteriores a la convocatoria. En este mismo plazo, los representantes y promotores podrán manifestar mediante escrito dirigido a la Junta Electoral Provincial su voluntad de mantener las candidaturas presentadas para las elecciones a Cortes Generales inmediatamente anteriores. “Al escrito de mantenimiento de las candidaturas debe acompañarse declaración de aceptación de la candidatura mantenida, así como los documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad”, explica la LOREG.

En el caso en que se presenten nuevas candidaturas o se modifiquen en algún extremo las candidaturas presentadas para las elecciones a Cortes Generales inmediatamente anteriores, los representantes deberán presentar esos cambios también entre el octavo y el decimotercer día posteriores a la convocatoria.

Las candidaturas deben ser publicadas el decimoquinto día posterior a la convocatoria y las Juntas Electorales Provinciales realizarán la proclamación definitiva de candidatos 20 días después de que se convoquen los comicios, teniendo que ser publicadas en el BOE al día siguiente.

Ocho días de campaña en lugar de las dos semanas

A diferencia de las dos semanas de campaña de las elecciones ordinarias, en caso de adelanto por fracasar las investiduras la campaña electoral dura ocho días. Además, la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que estos tengan, se reduce a la mitad del previsto en unas elecciones como las del 23J.

La repetición electoral también costaría menos al erario público. La LOREG establece que las cantidades previstas para subvencionar los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los votos y escaños obtenidos por cada candidatura, en un 30%. Y el límite de los gastos electorales se reducirá en un 50%.

LC

La presidenta del Congreso español, Francina Armengol, confirmó que el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo será los días 26 y 27 de septiembre. Armengol acudió este martes al palacio de la Zarzuela tras la ronda de contactos del rey, que le comunicó que le encargaba la investidura al candidato del Partido Popular (PP) a pesar de no tener los apoyos garantizados, aunque no quiso concretar la fecha hasta hablar con el propio Feijóo.

“Es una decisión tomada tras acordarla con el candidato propuesto por el rey ayer por la noche y esta mañana. Es un tiempo prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones con los representantes de las formaciones”, dijo la presidenta del Congreso en una comparecencia este miércoles para anunciar la fecha.

El líder de los populares había asegurado expresamente en su comparecencia del martes en el Congreso que no deseaba que la sesión se celebrase la próxima semana porque aseguró necesitar más tiempo para entablar unas negociaciones, que dijo que no arrancarán hasta el próximo lunes.

Esos deseos de Feijóo chocaban con un calendario electoral muy complejo, en caso de que nadie consiguiera conformar Gobierno. Si hay repetición electoral, un escenario no descartable en el caso de que Pedro Sánchez no logre concretar sus negociaciones con el independentismo catalán, planean en el horizonte los festivos de las próximas fiestas navideñas.

La Constitución fija que desde la primera votación de investidura se disuelven automáticamente las Cortes si en un plazo de 60 días no hay presidente del Gobierno, a lo que habría que sumar 47 días para una nueva convocatoria electoral. En resumen, para que una hipotética repetición electoral no coincidiera con Navidad, la primera votación de la investidura no tendría que producirse en ningún caso entre el 7 y el 21 de septiembre. Con la fecha elegida por Armengol, una repetición electoral se produciría el 14 de enero.

En su comparecencia tras visitar a Felipe VI, el líder del PP aseguró que su intención es iniciar los contactos con los grupos a partir del lunes, dado que el plazo para que estos se constituyan termina el viernes. Un argumento que choca con el hecho de que Feijóo ya haya alcanzado acuerdos con UPN, CC y Vox antes de que se cumpliera esta formalidad.

LC

Una “costumbre”. Es el motivo esgrimido por el rey Felipe VI para justificar su decisión de proponer a una investidura que apunta al fracaso al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y el principal argumento, casi el único, planteado por la derecha para exigir una designación que está llamada al fracaso. De hecho, esta misma martes lo defendió como una “condición inexcusable”. Feijóo reunió 172 votos a favor de su investidura, pero salvo improbable cambio de opinión de algún grupo, en concreto el PNV, tendrá 178 en contra, por lo que decaerá su candidatura.

En un comunicado remitido a los medios este martes a primera hora de la noche, el jefe del Estado asegura que el líder de la derecha “ha trasladado (...) su disposición a ser el candidato”, y recuerda que el PP fue “el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños” en las elecciones del 23J.

“En ese sentido”, añade, “conviene señalar que, salvo en la Legislatura XI [la legislatura corta de 2016], en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno”.

El comunicado de la Casa del Rey concluye: “Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre”. El rey asegura en el comunicado: “En el procedimiento de consultas llevado a cabo por su majestad el rey no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre”.

Lo que no indica la nota remitida por Zarzuela es que en 2016 Felipe VI postuló a Pedro Sánchez, que había quedado segundo en las urnas y sin tener tampoco atados los apoyos necesarios. Hasta el punto de que el secretario general del PSOE fracasó en la investidura y se produjo la primera repetición electoral de la democracia.

La diferencia con lo ocurrido entonces es que Mariano Rajoy (también del PP) le comunicó al rey que no contaba con los apoyos y que, por lo tanto, no podía asumir el reto de la investidura. Algo que Feijóo no ha hecho esta vez. Pero, además, en 2016 Sánchez todavía tenía margen para negociar un acuerdo con Ciudadanos y Podemos que le permitiera ser investido presidente, pero el líder del PP tiene ahora un techo de 172 'síes' frente a 178 'noes', según las declaraciones públicas de los portavoces y dirigentes de los partidos implicados.

Feijóo y la “condición inexcusable”

Este mismo martes por la tarde, en su comparecencia en el Congreso ante los medios, Feijóo informóde que reclamó ante el rey ser el candidato por su condición de “ganador de las elecciones”. Una “condición inexcusable” para ser el elegido “que debería mantenerse”.

Feijóo ha dicho en su rueda de prensa que al postularse sin tener opciones cumple con su “deber”, pese a ser “consciente de las dificultades que entraña el logro de una investidura” ya que “ningún partido dispone de mayoría absoluta”.

“Los españoles merecen conocer en la sede de la soberanía la propuesta de la formación más votada en las urnas”, ha asegurado Feijóo, quien ha reconocido no tiene “garantizado lograr” ser designado presidente del Gobierno.

Felipe VI asume el riesgo de “nuevas elecciones”

El el comunicado, el rey asume que Feijóo tiene difícil lograr la investidura y, en un apartado que Zarzuela llama “consideraciones”, constata el hecho de que la elección del líder del PP conlleva poner en marcha la cuenta atrás de dos meses para que el Congreso elija al presidente del Gobierno y evitar así una repetición electoral.

“De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 99 de la Constitución, si don Alberto Núñez Feijóo obtiene la confianza de la Cámara, será nombrado Presidente del Gobierno”, apunta la nota, que añade: “De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 99, de no obtener la confianza de la Cámara, su majestad el rey tramitará sucesivas propuestas en la forma prevista en dicho artículo para que el Congreso de los Diputados pueda decidir si otorga o no otorga la confianza al candidato propuesto”.

El texto zanja: “Y en ausencia del otorgamiento de esa confianza, su majestad el rey procedería, en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales con el refrendo de la Presidenta del Congreso de los Diputados”.

Alberto Núñez Feijóo entró este martes en Zarzuela reclamando su “derecho” a intentar la investidura como candidato más votado en las elecciones y salió de palacio con el encargo del rey bajo el brazo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicó formalmente la decisión que le trasladó Felipe VI después de una ronda de contactos con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios que determinó que, a día de hoy, el líder del Partido Popular (PP) cuenta con más apoyos seguros que los del candidato del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, a pesar de que su elección como presidente por el parlamento pareciera difícilmente viable.

Aún así, Feijóo se someterá a una sesión en el Congreso para intentar recabar los apoyos parlamentarios necesarios para ser investido. Un éxito que, lejos de tener garantizado como él mismo reconoció, está supeditado a una carambola política a priori imposible por requerir apoyos tan incompatibles como los de Vox y el PNV, algo expresamente descartado por los nacionalistas vascos.

A pesar de no tener esos apoyos amarrados, el jefe del Estado lo eligió candidato a una investidura aún sin fecha, tal y como comunicó la presidenta Armengol en una comparecencia en el Congreso pasadas las ocho de la tarde de este martes. “Su majestad el rey, finalizadas las consultas con los grupos con representación que han querido asistir, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo”.

La presidenta de la Cámara Baja prefirió, por el momento, no dar detalles de cuándo será el debate y la votación de investidura. “Me pondré en contacto con el candidato para conocer su opinión. Una vez hablado con él, tomaré la decisión que crea más adecuada”, concluyó.

La de la fecha de esa investidura, en principio, fallida amenaza con convertirse en el próximo encontronazo político entre el PP y el PSOE. El líder de los populares aseguró expresamente en su comparecencia en el Congreso que no desea que la sesión se celebre ya la próxima semana porque, aseguró, necesita más tiempo para entablar unas negociaciones que dijo que no arrancará hasta el lunes que viene.

Sin embargo, los deseos de Feijóo chocan con un calendario electoral endiablado. En caso de repetición electoral, un escenario no descartable en el caso de que Pedro Sánchez no logre concretar sus negociaciones con el independentismo catalán, planean en el horizonte los festivos de las próximas fiestas navideñas. La Constitución fija que desde la primera votación de investidura se disuelven automáticamente las Cortes si en un plazo de 60 días no hay presidente del Gobierno, a lo que habría que sumar 47 días para una nueva convocatoria electoral. En resumen, para que una hipotética repetición electoral no coincidiera con la Navidad, la primera votación de la investidura no tendría que producirse en ningún caso entre el 7 y el 21 de septiembre. De esta forma, y a pesar de las preferencias de Feijóo, la semana que viene se perfila como una de las fechas más viables para que tenga lugar su intento de investidura.

Feijóo no negociará antes del lunes

El líder del PP, quien compareció también en el Congreso en la tarde de este martes, aseguró que su intención es iniciar los contactos con los grupos a partir del lunes, dado que el plazo para que estos se constituyan termina el viernes. Un argumento que choca con el hecho de que Feijóo ya haya alcanzado acuerdos con UPN, CC y Vox antes de que se cumpliera esta formalidad.

En su cita con Felipe VI, el expresidente de la Xunta reclamó al jefe del Estado que lo designara candidato. “Quiero anunciar mi disposición a ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno si así lo considera el rey”, dijo en una rueda de prensa en el Congreso tras salir de Zarzuela.

A su llegada a la ronda de consultas, a las cuatro de la tarde, ya estaban claro los votos que habían conseguido recabar por el momento los dos candidatos. El líder del PP tiene asegurados 172, después de que Vox no haya cumplido la amenaza de retirarle su apoyo tras dejarles fuera de la Mesa del Congreso la semana pasada. Sánchez, por su parte, solo puede confirmar 152 votos favorables de momento, ya que ERC, Junts, EH Bildu y el BNG no acudieron a la cita con el jefe del Estado.

El PNV sí insistió, pero no reveló el sentido de su voto y desde la formación vasca se limitaron a señalar que “ningún candidato” lo tiene. Lo que sí dejaron en claro es que no tienen intención de apoyar a Feijóo mientras eso suponga unir sus votos a los de Vox, un planteamiento que desbarata cualquier opción de investidura para el líder del PP.

Feijóo tiene así 172 votos seguros, a cuatro de la mayoría absoluta que le garantizaría la investidura. Pero suma más en contra: 178. Ese número es el objetivo de Sánchez y, aunque no los consiga para él, en teoría no serán para Feijóo, por lo que el gallego no podrá ser investido presidente en primera ni en segunda vuelta, cuando es suficiente la mayoría simple: salvo sorpresas, por tanto, tendrá más 'noes' que 'síes'.

Sánchez, a Feijóo: “Una investidura no es un trámite de exhibición”

Antes de que Felipe VI encargara oficialmente la investidura al líder del PP, Pedro Sánchez había remarcado que “sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado cuenta con el respaldo y el respeto del PSOE”. Sin embargo, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras su paso por la Zarzuela, el presidente del Gobierno en funciones había enviado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo: “Una sesión de investidura no es un trámite de exhibición, tiene como única finalidad reunir el respaldo parlamentario necesario para la formación de un nuevo gobierno”. En ese sentido, el candidato del PSOE añadió que, aunque el líder del PP “está en su derecho” la investidura sería, en cualquier caso, “fallida”.

“No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso que consolide los avances de estos últimos años” insistió, para recordar que “quienes se presentaron con un proyecto derogatorio no obtuvieron ni los votos ni los escaños suficientes” para formar Gobierno. “Sus esfuerzos y contorsiones para optar a una investidura son perfectamente legítimos, pero baldíos”, remarcó.

Yolanda Díaz critica que Feijóo “aboque” a España a una investidura fallida

Desde Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, lamentan que vaya a producirse una investidura “que todo el mundo sabe que fracasará”. Fuentes de la formación consideran que Feijóo “aboca” a la ciudadanía española a una investidura que “no irá de los problemas de España, sino sobre los problemas” del líder del PP.

“Fue derrotado el 23 de julio, fue derrotado en la Constitución de la Mesa y volverá a serlo”, aseguran desde la formación que lidera Díaz sobre el candidato del PP. Mientras esto sucede, en Sumar aseguran que seguirán trabajando “con discreción, con responsabilidad y al máximo nivel”, en lo que consideran es “la única vía posible: un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional”. “Un gobierno que se forme cuanto antes para trabajar y hacer más fácil la vida de quienes lo tienen más difícil”, añaden, informa Fátima Caballero.

LC

Nueve rondas de consultas en nueve años de reinado. La proclamación de Felipe VI coincidió exactamente en el tiempo con la irrupción de Podemos en el tablero político y, por tanto, con el comienzo del fin del bipartidismo. La inestabilidad parlamentaria que se ha instalado desde entonces en el sistema español ha dado mayor protagonismo político que nunca a la figura del monarca, pero a partir de este lunes su papel dejará de ser una mera formalidad: será la primera vez que dos candidatos le pidan someterse a la investidura y la decisión quedará en sus manos.

Las conversaciones para la nueva investidura comenzaron este lunes a las 10.30 en el Palacio de la Zarzuela. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, trasladó el pasado viernes al rey una lista con siete formaciones políticas. Felipe VI se verá durante el día con Unión del Pueblo Navarro, con Coalición Canaria, con el Partido Nacionalista Vasco y con Sumar. Este martes lo hace con Vox, PSOE y PP. El rey no hablará ni con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ni con las fuerzas independentistas. Junts, Esquerra Republicana y EH Bildu han declinado participar en esta ronda. 

La aritmética parlamentaria salida de las urnas arroja un escenario difícil para articular una mayoría de investidura, aunque no imposible, como demostró la negociación que tejió el PSOE con Junts y ERC para garantizarse la presidencia del Congreso. Pero si Pedro Sánchez quiere volver a ser presidente, coinciden todas las fuentes, las conversaciones que ya están en marcha serán todavía más difíciles: algunas líneas rojas ya están sobre la mesa en la que se verán los socialistas con los independentistas catalanes.

La disyuntiva de Felipe VI parte de una paradoja. Feijóo tiene hoy por hoy más apoyos asegurados que Pedro Sánchez. Cuenta con sus 137 diputados, los 33 de Vox y en principio el de CC y UPN: 172. Del otro lado, Sánchez cuenta con 152 síes fijos (los suyos y los de Sumar). Podría alcanzar los 164 si confirma los de EH Bildu, PNV y el del BNG. La única forma de alcanzar una mayoría absoluta o de superar los ‘noes’ en segunda vuelta es convencer a Esquerra Republicana y a Junts. Según fuentes del Gobierno, Sánchez comunicará al rey este martes que está en disposición de que le encargue la investidura y de buscar los apoyos necesarios para sacarla adelante al considerar que es “el único candidato posible”.

El problema es que a pesar de que el líder del PP tenga más apoyos atados para el martes, cuando hable con el rey, sus 172 apoyos son también su techo: no tiene capacidad de negociar con otras fuerzas políticas tras el portazo del PNV y la ruptura total de puentes con Junts. Sánchez, por su parte, demostró la semana pasada con la negociación de la Mesa del Congreso que tiene capacidad de negociar y alcanzar acuerdos no solo con ERC, más cercana, sino con la formación de Carles Puigdemont. 

Ahí está el dilema al que se enfrentará Felipe VI, una decisión inédita en democracia. Hasta ahora, no se había dado una situación en la que dos candidatos acuden a la ronda de consultas con la intención de presentarse a la investidura. En tiempos de bipartidismo, los números nunca ofrecieron esta posibilidad. Solo hubo un precedente en el que esta situación se podría haber dado: después de las elecciones de 2015, tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez tenían opciones para pactar una investidura, pero el expresidente salvó entonces al rey del entuerto y decidió dejar a Sánchez que lo intentara. Fracasó y la repetición electoral dejó el camino libre a Rajoy para esta vez sí someterse a una investidura que consiguió en un segundo intento gracias a la abstención del Partido Socialista. 

El PP insiste en que es Feijóo quien debe presentarse a la investidura y no es ni mucho menos descartable que el rey lo designe como candidato. En el partido defienden que Feijóo fue el ganador de las pasadas elecciones y aseguran que trasladará al rey que esos 172 apoyos lo sitúan en mejor posición que su rival para intentar vencer en esa votación. “Tiene las mismas oportunidades hoy que ayer, con una horquilla de respaldo de 171 o 172 escaños”, aseguró el viernes el presidente del Senado y aún dirigente del PP, Pedro Rollán, en una entrevista en Antena 3. Los barones del partido también están a favor de que se presente. 

Feijóo tiene muy difícil arañar algún apoyo más a su cuenta, pero la votación del pasado jueves en el Congreso lo deja todavía más tocado. Cuca Gamarra, la candidata que propuso para presidir la Cámara Baja, obtuvo únicamente 139 apoyos, esto es, los de su propio partido más UPN y CC. Vox decidió a última hora votar a un candidato propio tras constatar que los populares no les dejarían un sitio en la Mesa del Congreso. Si bien el gesto de la extrema derecha parece más una muestra de enfado que una ruptura de las relaciones y en el PP están convencidos de que sí tendrán su apoyo en una eventual investidura, Santiago Abascal dejó el jueves en el aire su refrendo a una candidatura del líder conservador. 

Aunque Feijóo fracasase en el intento, su paso adelante provocará que se active el reloj de las negociaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes. La Constitución establece dos meses de margen entre la primera votación de investidura y la convocatoria de nuevas elecciones si ningún candidato consigue lograr los apoyos suficientes. Tras la ronda de esta semana, el rey anunciará su decisión y estará en manos de la presidenta del Congreso poner fecha a esa primera sesión, que dará comienzo a la cuenta atrás. 

En esa decisión hay dos claves interesantes. La primera es la Diada, el 11 de septiembre. Una fecha esencial para las fuerzas independentistas catalanas. Es probable que si Sánchez sale designado como candidato en esta primera ronda esos partidos se nieguen a celebrar una votación de investidura en esos días. La otra clave es más prosaica: si la primera sesión se celebrase a mediados de septiembre y el proceso culminase en una repetición electoral, la próxima campaña electoral podría celebrarse en pleno periodo navideño.

Los socialistas, sin embargo, trabajan ahora mismo en un estado de optimismo tras la votación del jueves. “Sin prisa pero sin pausa”, es la consigna que lanzan en las filas del partido sobre las negociaciones que se pondrán en marcha a partir de ahora con el principal desafío de acercar a Esquerra Republicana y a Junts al ‘sí’. La decisión que tomó Junts la semana pasada ha sido recibida como una buena señal: están dispuestos a negociar. Es una diferencia esencial después de una legislatura en la que los de Carles Puigdemont decidieron no entrar en el bloque de partidos que sostuvieron al Gobierno en el Parlamento. 

Durante la semana pasada, al calor de las negociaciones para la presidencia, esos partidos catalanes pusieron sobre la mesa la “desjudicialización” del conflicto, que incluso entró de forma ambigua dentro de los papeles que firmó ERC con el PSOE para sellar el acuerdo. Pero el viernes, los republicanos concretaron esa exigencia de cara a la investidura. “Se ha hablado de ley de amnistía, obviamente (...) No solo que (el PSOE) la deje tramitar, que eso es vital, que hasta ahora no ha pasado, sino que además vaya adelante”, dijo en una entrevista en RAC1 la diputada de ERC Teresa Jordà. Esa ley, aseguran, esa una “línea roja”.

Es por eso que desde Sumar también han apostado por el reconocimiento de un “conflicto político” en Catalunya que precisa de una “desjudicialización”. Así lo afirmó en público Yolanda Díaz el pasado jueves en unas declaraciones tras la votación de la Mesa del Congreso en las que afirmó que la ley de amnistía era una herramienta que tenía el visto bueno de juristas de “prestigio”, aunque sin entrar a valorar si esa es una vía que su fuerza política defiende como forma de facilitar la negociación con las fuerzas independentistas. La ley de amnistía no es solo una fórmula que facilite la vuelta de los líderes del procés que hoy están fuera de España sino que permitiría que muchos cuadros involucrados en el referéndum del 1-O pendientes de juicio pudieran evitar la cárcel. 

Las primeras incógnitas se empezarán a resolver este lunes por la mañana con el inicio de la ronda de negociaciones de Felipe VI y una decisión que por lo pronto activará la cuenta atrás para una repetición electoral, que ser convertiría en la tercera en menos de una década. Todo apunta a que esta vez se podría evitar pero los puntos de partida de los actores son tan alejados que el diálogo volverá a poner a prueba la capacidad negociadora de los socialistas y también del independentismo catalán, hoy tan debilitado en las urnas como decisivo para la gobernabilidad del país. 

El partido español de ultraderecha Vox anunció hoy estar dispuesto a apoyar la investidura como presidente del Gobierno del líder del derechista Partido Popular (PP) sin exigir ministerios a cambio, a fin de evitar la reelección del jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “avance” institucional la nueva postura de Vox para apoyar su investidura sin exigir entrar en un eventual Gobierno y manifestó que buscará “un acuerdo amplio y constitucional” para poder gobernar en solitario, pese a no contar aún con el apoyo necesario.

España se enfrenta a un posible bloqueo político luego de que las elecciones generales del mes pasado no dieran ni al PP ni al partido socialista PSOE de Sánchez una mayoría clara en el Parlamento como para formar Gobierno solos o junto a sus más probables aliados potenciales, Vox y la coalición de izquierda Sumar, respectivamente.

Aunque el PP fue el más votado en los comicios, Sánchez, en el poder desde 2018, se encuentra técnicamente más cerca de volver a ser investido una vez que se instale el nuevo Congreso, este mes, con el apoyo de partidos independentistas de las regiones de Cataluña, País Vasco y Galicia.

Feijóo, sin embargo, insiste en que, por haber ganado su partido las elecciones, debería ser investido presidente, pese a que, según la forma de Gobierno parlamentaria de España, gobierna aquel partido o alianza de partidos que reúne una mayoría de 176 bancas en el Congreso, independientemente del resultado de los comicios.

Complica los planes de Feijóo el rechazo que generan en buena parte de España y Europa las políticas nacionalistas, euroescépticas y antifeministas de Vox, y la posibilidad de la llegada al Gobierno español de un primer partido de ultraderecha desde el fin de los casi 40 años de dictadura de Francisco Franco, en 1975.

Feijóo intentó alejarse de Vox antes de las elecciones de julio, pero la cercanía entre ambos se hizo evidente, en plena campaña para las generales, con negociaciones y pactos para gobernar comunidades autónomas de España cuyas autoridades se renovaron en comicios regionales en mayo.

Hoy, días después de trascender una reunión secreta entre su líder, Santiago Abascal, y Feijóo, el partido Vox dijo estar dispuesto a apoyar la investidura del líder del PP sin exigir entrar en el Gobierno, para evitar un nuevo Ejecutivo del PSOE de Sánchez en alianza con partidos independentistas a los que calificó de “enemigos de España”.

“No seremos un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional”, dijo la formación liderada por Abascal en un comunicado, en el que agregaron que sus 33 diputados en el Congreso respaldarían “una mayoría constitucional”.

Feijóo reaccionó rápidamente al anuncio y lo calificó de “avance en el ámbito del constitucionalismo”.

En declaraciones al asistir a un feria en la ciudad de Cambados, en la norteña región de Galicia, donde nació, el líder “popular” dijo que buscará “un acuerdo amplio y constitucional” para poder gobernar en solitario.

“La propuesta que hago es de un gobierno en solitario del Partido Popular. Es necesario un partido para un gobierno y no 24 partidos gobernando en España. Tantos partidos para gobernar, con ideologías distintas e intereses políticos contradictorios, es lo contrario de la gobernabilidad de nuestro país”, aseguró, informó la agencia de noticias Europa Press.

“Voy a intentar ese acuerdo constitucional, ese acuerdo amplio, con humildad (...) Creo que es más importante la humildad del que gana, que la arrogancia del que pierde”, agregó, en alusión a Sánchez.

Una vez que se instale el Congreso, el 17 de agosto, el rey Felipe VI deberá proponer al Congreso un candidato a presidente del Gobierno, que será investido si logra una mayoría absoluta de los votos en una primera votación o una mayoría simple en una segunda. Ese presidente del Gobierno nombra luego a sus ministros de entre los diputados.

Si nadie logra ser investido, las elecciones deberían repetirse dentro de los seis meses posteriores.

Antes de reunirse con el líder de Vox en un encuentro que se suponía secreto pero que se filtró a la prensa, Feijóo intentó primero convencer a Sánchez de que apoyara su investidura, pero el PSOE lo rechazó.

Para ser investido otra vez, Sánchez necesita los votos de Sumar, que ya los tiene asegurados, y los de varios partidos regionales, entre ellos Juntos por Cataluña (JxC), liderado por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Puigdemont huyó a Bélgica para no ser juzgado en España por el delito de desobediencia por una declaración de independencia unilateral adoptada por Cataluña cuando él era presidente de la comunidad norteña, en 2017.

El PP y Vox han expresado temores de un avance hacia la independencia de facto de Cataluña y otras regiones en caso de que Sánchez asuma con el apoyo de formaciones secesionistas, pese a que muchas de éstas ya votaban junto al ahora Gobierno en funciones en esta última legislatura que había comenzado en 2018.

En su comunicado de hoy para anunciar su apoyo a una investidura de Feijóo sin reclamar ministerios, Vox manifestó su preocupación ante la posibilidad de una investidura de Sánchez con el apoyo “del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont”.

CRM con información de la agencia Télam

En días recientes, voces prominentes de Juntos por el Cambio (JxC) pusieron sobre la mesa temas que consideran cruciales para la Argentina que viene. Ninguno estuvo relacionado a la recuperación del nieto 133 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. La identidad del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, del hermano de Camilo, Miguel y Florencia, del nieto de Nélida Navajas, del primo y sobrino de tantas víctimas de una misma familia, se mantuvo secuestrada durante 46 años, hasta horas atrás.

Por algún motivo que la historia juzgará, la coalición conservadora decide que los asuntos vinculados a los crímenes de lesa humanidad no son de su incumbencia —ni siquiera los esperanzadores, como una identidad recuperada— , mientras le dedica energía a personajes como Roberto García Moritán, o temas como los siguientes.

Uno: Varios de sus dirigentes se prendieron a la versión de que la ministra Carla Vizzotti autorizó que una conocida despidiera a su marido antes de morir de COVID-19, en agosto de 2020, cuando visitas de ese tipo, según la denuncia, estaban prohibidas. El caso transitó una ruta conocida. Los portales y diarios de mayor difusión dieron aire a la denuncia, los canales de noticias y las radios oficiaron de altavoz de la “polémica”, y líderes de JxC prometieron el fin de los privilegios inaceptables.

Dos: María Eugenia Vidal creyó ver “otro relato K” en el precario acuerdo con el FMI anunciado por Sergio Massa y arriesgó que “el peronismo” negoció más préstamos con el organismo multilateral que “los militares” y cualquier otro Gobierno. En el cómputo de la exgobernadora bonaerense, el mérito mayor se lo lleva Cambiemos, que solamente contrajo un único crédito con el Fondo, en 2018.

Tres: Uno de los precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, hizo de la baja en los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires uno de los ejes de su campaña. Atribuye el logro a su “gestión”. El lema “la capital más segura de América Latina” resuena decenas de veces por semana.

La conversación

Con intermitencias, cuando quedan estacionadas promesas de cárcel, combates a todo o nada contra las “mafias” y alegorías eliminatorias del adversario, el imaginario de JxC se ilusiona con un ágora pacífico y civilizado: “la conversación pública”. Una discusión en torno a datos, argumentaciones elaboradas y ejemplos de virtud. Es decir, una Argentina de debates cordiales en el MALBA, no ocupada en historias de desaparecidos, sin peronismo ni una izquierda más disruptiva que la corporizada en el Partido Socialista de Santa Fe.

No es objeto de esta nota abundar en los ejes mencionados (Vizzotti, FMI, homicidios en CABA), pero algunas aclaraciones básicas son ilustrativas para enmarcar la verdadera calidad de la “conversación pública”. 

La ilusión de una Argentina de debates cordiales en el MALBA, no ocupada en historias de desaparecidos, sin peronismo ni una izquierda más disruptiva que la corporizada en el Partido Socialista de Santa Fe

En el momento en que Vizzotti supuestamente habilitó el privilegio excepcional para su conocida (el marido de la mujer en cuestión murió el 24 de agosto de 2020), ya era pública la vigencia de protocolos para acompañar a pacientes graves de coronavirus. El dato es crucial, porque echa por tierra la intención de reeditar el justificado enojo colectivo ante el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos o la vacunación de algunas decenas de personalidades VIP cuando comenzó la inmunización.

Sobre la deuda externa, el macrismo dio muestras de una osadía difícil de medir. El 40% de los votos con el que se despidió Cambiemos de la Casa Rosada en 2019 permitía prever que continuaría dando batalla, pero cabía esperar que sus dirigentes evitaran hablar del endeudamiento, dado el traumático experimento de Macri. La intuición fue errónea. No bien dejaron el Ejecutivo, los dirigentes de JxC sacaron a relucir todo tipo de alquimias para denunciar que el verdadero “endeudador serial” era Alberto Fernández. ¿Mercados de deuda en pesos y dólares cerrados, con un default prácticamente consumado? ¿FMI con la cuota de endeudamiento excedida en 1.000% por el préstamo a Cambiemos? ¿Pandemia? ¿Guerra en Ucrania? Pequeños detalles.

La inercia llevó a Vidal a tuitear sobre acuerdos con el FMI sin considerar que el único que contrajo Macri, por US$ 57.000 millones (de los que se efectivizaron US$ 44.500 millones), fue el mayor de la historia del organismo y largamente superior a la suma de todos los préstamos otorgados al país hasta entonces, que además habían sido, en su mayoría, refinanciaciones de créditos anteriores.

La bandera sobre la baja en los homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires es algo más sofisticada. El descenso es real. Los 89 asesinatos cometidos en la Capital Federal en 2022 fueron menos que los 96 de 2019 (-7%), o los 185 de 2014 (-50%). Ocurre que ese descenso es consistente con lo que viene ocurriendo en todo el país tras el máximo histórico de homicidios dolosos en 2002. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, que es utilizada por Rodríguez Larreta para marcar el contraste con su “gestión”, hubo 740 homicidios en 2022, frente a 877 en 2019 (-15%) y 1.496 en 2014 (-50%). Son datos del Sistema Nacional de Información Criminal. ¿Se trata, entonces, de una excepcionalidad disparada por la eficiencia del precandidato presidencial, o es más bien un patrón nacional que merece explicaciones más detalladas?

La mentira, al galope

La antropóloga estadounidense Eugenie Scott, exdirectora del National Center for Science Education, confrontó durante buena parte de su carrera con el creacionismo, andamiaje que busca refutar con literalidad bíblica las teorías evolucionistas sobre el origen del universo y el ser humano. Preocupada más por el cómo que por el qué discutir con ese movimiento —le interesaba llegar a su público, no dar entidad a sus teorías—, Scott creó el concepto “Gish gallop”, o “galope de Gish”, que remite al bioquímico Duane Gish, mentor del creacionismo.

La prédica de Gish consistía en combatir a la ciencia tradicional con una metralleta de datos, algunos ciertos, muchos falsos, todos hilvanados de forma antojadiza en un loop infinito en el que la certeza pareciera imposible. Mediante el aprovechamiento de hitos inexplicados por el evolucionismo, deslegitimaciones personales (el enemigo tiene intereses ocultos o, directamente, no es persona) y falacias de composición, Gish encontró sus “verdades”.

Preocupada más por el cómo que por el qué discutir con ese movimiento —le interesaba llegar a su público, no daba entidad a sus teorías—, Scott creó el concepto “Gish gallop”, o “galope de Gish”, que remite al bioquímico Duane Gish, mentor del creacionismo

El secreto del galope de Gish radica en que su refutación requiere explicaciones áridas, o tal vez simples, pero que no están a mano en el momento del debate. Bajo el reino de las redes sociales y la comercialización de datos privados para hurgar en las preferencias personales más recónditas, los impulsores de las teorías conspirativas se hacen un festín.

Feijóo naufraga en la repregunta

Aunque la política es mucho menos nítida que la ciencia, el concepto Gish se trasladó de terreno y en las últimas semanas abrevó en España.

El conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular, PP) comenzó la campaña con viento a favor, seguro de su victoria. Así llegó al debate televisivo “cara a cara” con Pedro Sánchez. El gobernante socialista creía que tendría allí una oportunidad de revertir la ola, pero perdió. Según la opinión unánime, el conservador manejó mejor el tono, la actitud, golpeó de entrada y descolocó a su rival. “No es cierto”, “no es así”, atinó a defenderse Sánchez, desencajado, ante datos disparados a repetición por Núñez Feijóo.

El postulante conservador mintió. Maquilló o malversó cifras, citó documentos y fallos judiciales inexistentes, inventó pasados. Lo hizo con convicción; dio mejor en cámara. Fue el “galope de Gish”, identificó el escritor y periodista Guillem Martínez.

La mentira enseñoreada en política tiene un aliado fundamental en el periodismo, sea por complicidad, mala praxis, recursos insuficientes o la vocación equilibrista para dar lugar a las dos campanas. Ya lo dijo el poeta. Si nada es verdad porque a cada uno le cabe un poco de razón, terminamos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos.

Una periodista del canal público Televisión Española no dejó pasar una falsedad del candidato en cuanto a los aumentos jubilatorios durante los gobiernos del PP. Ante esa experiencia inédita (la repregunta), el galope de Gish-Feijóo tropezó. El candidato se ofuscó y las redes conservadoras pidieron la cabeza de la cronista.

A partir de allí se desencadenó una seguidilla de episodios que sacaron de libreto a Núñez Feijóo. Algunas voces sostienen que la victoria del conservador en el debate le terminó propinando una derrota. Que el KO a Sánchez haya sido tan notorio hizo que los argumentos del Núñez Feijóo quedaran demasiado expuestos y, con ellos, su falsedad. Por esa u otras causas, se produjo una oscilación en el voto de los españoles que permaneció imperceptible para las encuestas y alejó al opositor de derecha de un puesto para el que ya se había calzado el traje.

Se llama “galope de Gish” porque la antropóloga Scott no conoció a Jaime Durán Barba.

El manual del buen mentir

“Pobreza cero”, “un tercio de los argentinos son pobres” (2015), “la mitad de los argentinos son pobres” (2023), “catorce toneladas de piedras”, “se robaron un PBI”, “sus únicos aliados son Irán y Venezuela”, “hace cuarenta años que Argentina no crece”, “setenta años de populismo”, “sumamos 110 hectáreas de espacios verdes”, “cada vez viaja menos gente en subte, no tiene sentido construir más”, “rechazaron las vacunas de Pfizer, las mejores, por ideología”.  

Se llama 'galope de Gish' porque la antropóloga Scott no conoció a Jaime Durán Barba

Todas ellas son frases rectoras, de comprensión inmediata, algunas de las cuales parecen contener un dato. Allí hay una combinación de falsedades rotundas y aseveraciones que requerirían una explicación de método y contexto. Las definiciones sobre períodos largos (cuarenta años, setenta, un siglo) son un atajo útil para saltearse lustros virtuosos y otros lacerantes.

Federico Sturzenegger explicitó en una conferencia académica los cuatro consejos de Durán Barba a la hora de enfrentar un debate, que se pueden resumir en una palabra: mentir. .

Según se cansó de explicar el asesor ecuatoriano del PRO, el ciudadano vota de acuerdo a emociones, y la estrategia proselitista debe estar destinada a conmoverlas. No importa la verdad ni la razón. Llegado el punto, si el rival quiere debatir sobre pruebas y planes concretos, “hablá de tus hijos”, aconsejó Durán Barba a Sturzenegger.

Esa reducción de la política a un mero artificio es, además de nefasta, muy poco sólida. Probablemente el propio Durán Barba, un hombre con lecturas en su haber, difunda esos consejos, pero no los crea del todo. Por lo pronto, está demostrado que el galope de Gish puede ser efectivo un tiempo, hasta que se transforma en pólvora mojada. Durán Barba probó ser más efectivo para ayudar a ganar elecciones que para mantener a presidentes a salvo de crisis terminales o de derrotas categóricas cuando intentan la reelección. “Cuando seas Gobierno hacé lo que quieras, pero no lo digas” en la campaña, dijo el consejero en aquella memorable lección al inexperto candidato. Quizás allí hay un indicio de ciertas performances.

Para falsear, mejor el INDEC

Hacer frente a un galope de falsedades favorecidas por el sistema mediático dominante supone todo un desafío. El kirchnerismo tiene un largo recorrido en dar la batalla de manera poco lúcida, retirándose de los debates o enviando representantes poco prestigiados a lo que considera territorio hostil, mientras se recluye en sus propios ámbitos de discusión. Sopor endogámico autosatisfactorio.

Ninguna acción fue tan dañina y deslegitimadora para la voz kirchnerista como malversar la inflación medida por el INDEC, entre 2007 y 2015. Esa acción venal orquestada durante largos años por el actual candidato presidencial del sello Principios y Valores y continuada por otros no sólo causó un daño enorme al Estado, sino que restó al cristinismo capital simbólico para argumentar sobre el que había sido uno de sus principales logros: el descenso de la pobreza.

El creacionista Gish habría cruzado el Mar Rojo de rodillas si hubiera podido probar que Charles Darwin había inventado especies para construir la teoría de la evolución. Los Gish criollos tuvieron un regalo servido en bandeja que les da oxígeno hasta hoy.

Las huellas del Grupo Petersen

Esa forma vulgar de administrar el Estado tuvo un correlato que puede salir caro al país. En semanas se sabrá si la jueza estadounidense Loretta Preska condena a la Argentina a pagar US$ 4.920 millones o US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigar al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. La sentencia, obviamente, será apelable.

Que un juzgado federal de un distrito de Nueva York tenga la potestad de dictar una sentencia por un monto equivalente al presupuesto anual de varias provincias argentinas, en una causa originada en empresas fantasma creadas por los Eskenazi en España y vendida a un fondo radicado en Londres, dice mucho sobre la seguridad jurídica del caso. Ante la tendencia a admirar la seriedad de sistemas judiciales de países del norte, cabe consignar la opinión de Joseph Biden y los máximos dirigentes demócratas frente a la andanada de fallos cavernícolas dictados por la Corte Suprema estadounidense: un tribunal capturado por el trumpismo. Con esos bueyes hay que arar.

Un dato. Esta trama jurídica, por cuestionable que sea, existía en el momento de la expropiación del 51% de YPF, y la letra del estatuto de de la empresa aprobado con la privatización, en 1993, le dio las líneas suficientes a la jueza Preska para otorgar la razón al demandante.

Uno de los aspectos cruciales del caso no logra cobrar vuelo, pese a su enorme relevancia. Detrás o al lado de Burford están los Eskenazi, la familia introducida en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar los desmanes de Repsol.  

La trama jurídica de EE.UU., por cuestionable que sea, existía en el momento de la expropiación del 51% de YPF, en 2012, y la letra del estatuto de YPF le dio las líneas suficientes a la jueza Preska para otorgar la razón a Burford

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por USD 15,1 millones, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios y Petersen, 30%.

Será cuestión de investigar qué queda y dónde terminan los sellos creados por los Eskenazi en España, pero no parece haber muchos interesados. Al kirchnerismo, el asunto le resulta inabordable. Muestra su peor faceta por su concepción del capitalismo de amigos, cuando auspició el fraudulento ingreso de los empresarios santacruceños a YPF, y por la forma incorrecta en que llevó a cabo una estatización estratégica y positiva para el futuro de Argentina.

Un poco más llamativo es el poco énfasis de los aguerridos dirigentes de JxC en iluminar a los Eskenazi, al parecer, sus nuevos amigos.

El elemento sórdido es que la defensa legal del Estado argentino corre a cargo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el mismo que ocupó la silla del Estado santacruceño en el directorio del Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, durante los años de Macri en la Casa Rosada.

SL

Un día después de celebrar elecciones generales el 23-J, la figura del futuro gobierno de España lucía su contorno rígido pero nítido. El popular Alberto Núñez Feijoo ganó las legislativas, pero perdió las elecciones. El aspirante a vicepresidente de una coalición derechista, el ultra Santiago Abascal, fue el gran perdedor del penúltimo domingo de julio. La suma de los votos de Feijoo y Abascal es insuficiente para formar gobierno. El socialista Pedro Sánchez salió segundo en las legislativas, pero puede ganar la reelección.

El presidente suma los votos de su socia y actual vicepresidenta segunda, la izquierdista Yolanda Díaz, y los de sus aliados electorales catalanes y vascos. También son insuficientes. A menos que el catalán Carles Puigdemont  ordene a sus diputados que se abstengan en la votación del presidente en el Congreso. Sin Puigdemont no hay gobierno, ni de izquierda, ni de derecha. A nadie escapa la ironía de que la gobernabilidad del Reino de España dependa de un líder independentista, fugado del país, refugiado en la ciudad belga de Waterloo, sentenciado como criminal y cuya extradición reclama la Justicia de Madrid.

Los números no mienten pero desmienten

Cuatro veces presidente de Galicia, el candidato opositor fue el primer candidato de derechas español en lograr en su primera postulación que su partido ganara en las legislativas. Pero con 136 bancas es aritmética, parlamentaria y políticamente imposible que el líder del Partido Popular (PP) logre reunir para el bloque derechista los 176 votos de la mayoría. Llega hasta 171, sumados los 33 de la derecha extrema de Vox, el partido que se derrumbó el penúltimo domingo de julio.

Después de cada elección de la democracia española, dos bloques ideológicos antagónicos se enfrentan a la misma, reiterada realidad. En España, ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios: dependen de un Sí o un No independentista.

Con 122 bancas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuenta con hasta 172 votos sumando los 31 de su socio de izquierda Sumar y las voluntades de sus aliados electorales regionalistas vascos y catalanes. Le es indispensable, pero no imposible, la abstención de los 7 diputados de Junts x Catalunya (JxC), el partido separatista cuyo líder está en el exilio.

La Vox a ti debida

Vox perdió 600 mil votos, 19 escaños, casi la mitad, más de un tercio de los que tenía. La posibilidad de llegar a la vicepresidencia del gobierno quedó por completo trunca. Hay algo de sumo interés para Vox, pero que excluyen de la jeremiada de la derrota, porque sería demasiado iluminador de sus malas costumbres. Y que de su dependencia, para ganar y retener votos. y es una de las áreas más rutilantes de sus similitudes con Trump, Bolsonaro y el difunto Berlusconi, de las artes del espectáculo político.

Vox se quedó sin escaños suficientes como para presentar recursos de inconstitucionalidad, con los que templó abundantemente sus dotes de showmanship en la anterior Legislatura, ni para presentar en solitario mociones de censura, como hizo en dos oportunidades. Se descuenta la participación de Vox en toda aventura de investidura del PP, pero los números y el aislamiento ideológico le auguran un futuro período de irrelevancia folk. “¿Has oído la Vox, Giorgia?”, tuiteó el ex premier centro-izquierdista italiano Matteo Renzi, apostrofando a la actual premier post fascista, Giorgia Meloni, que había viajado a España para hacer campaña por su “amigo” y “hermano de Italia”, Santi Abascal.

Las tribulaciones de un gallego en Madrid

Una de las paradojas de Vox, partido de centralismo de estricta observancia, es el haber sido fundado por vascos y catalanes. Junto a los medios y los sondeos, el bilbaíno Santiago Abascal incluyó en la lista de causas de la derrota al auriense candidato del PP, al que reprochó escabullir el último debate presidencial.

Gallego como el caudillo Francisco Franco, a Núñez Feijoo tocó presidir el amargo festejo pírrico de sonrisas perfectamente bien forzadas de la noche del domingo 23-J en la sede partidaria madrileña, y constatar lo que sabía de sobra, que en el Reino no se ganan mayorías absolutas como él las ganó por cuatro veces consecutivas en su Xunta autonómica. En el balcón de victoria de la calle Génova 13,  donde se celebran los triunfos populares, todos de blanco. Menos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid con mayoría absoluta ganada el 28-M, toda de rojo. Debajo del balcón, el pueblo madrileño no gritaba Feijoo, perdedor del verano, coreaba el apellido de la gran ganadora de primavera: “¡Ayuso, Ayuso!”.

El martes, en la reunión de la cúpula del PP en Madrid, todos los altos mandos populares cerraron filas en torno al ganador de los 136 escaños que había creído que iba a ganar 150 ó 160, el gallego que había venido a Madrid para triunfar y derogar al sanchismo, y que la noche anterior, desde el balcón, le había pedido al sanchismo que por favor tuviera a bien derogarse. Y que lo dejara gobernar a él, a Alberto Núñez Feijoo, porque había ganado más bancas. El pedido resulta desconcertante, porque aún si el madrileño Sánchez tuviera la deferencia que le piden, con 136 bancas no es posible gobernar en solitario.

En la reunión popular cumbre, preguntaban los medios a los barones si Feijoo debía seguir siendo el líder del PP, dadas las cirncunstancias. Todos exclamaban: '¡Desde luego!'. Como lo había hecho nocturna en balcón, también se diferenció aquí, diurna, Ayuso, que respondió: “No creo”.

Los dilemas de un catalán en Waterloo

La gobernabilidad del Reino de España está a la merced de un partido que es la quinta fuerza política en Cataluña, y que el 23-J hizo la peor elección de su historia. Este último dato de mal y deteriorado desempeño electoral de JxC es el más importante. Aquel que influirá sobre la decisión final que medite Puigdemont en su 'embajada catalana' de Waterloo, localidad belga donde se libró la batalla de la derrota final napoleónica.

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) hizo una brillante elección, y se colocó como primera formación política en la Autonomía. Barcelona no quiere a Vox en Madrid. ¿Lo quiere Waterloo? Si JxC vota consistentemente No a la posibilidad de que el PSOE forme gobierno, habrá nuevas elecciones. ¿Y cómo saldrá en ellas JxC, que ve sus votos menguar, y ganar en cambio, relativamente, a su rival independentista de izquierda, Esquerra Republicana (ER)? Además de la fatiga ciudadana y del gasto público de una nueva elección, ¿quiere quedar en la foto y en la historia como el partido que dio una nueva oportunidad a la derecha? ¿En la misma foto que Vox, un partido en cuya plataforma refulge como una misión histórica, ratificada después del 23-J, el ilegalizar para siempre a JxC? (Y al propio destino judicial del propio Puigdemont, encausado por el referéndum independentista catalán de 2017, ¿no le es más provechoso un gobierno progresista?).

Además, JxC concesiones puede obtener, de un gobierno PSOE-Sumar, a pesar de que en la pasada Legislatura sistemáticamente votó en contra de todas sus iniciativas. Porque, y es otra paradoja, si los catalanes que forman el electorado de JxC no fueran catalanes, fueran castellanos, votarían Vox o PP. Porque la base social de JxC (heredados o recaudados de Convergencia y Unión, el partido de Xordi Pujol), es anti socialista y anti izquierdista por antonomasia, como también es xenófoba.

Las tres regiones de España que ganó enteras el PSOE, las únicas pintadas de rojo en un mapa azul, son Cataluña, el País Vasco, y Navarra. Tres regiones independentistas. Cuando se han contado los votos, se ha cantado el “¡No pasarán!”, se ha prohibido el “De cara al sol”, España, sin embargo no ha ajustado todas sus cuentas. Debe seguir con el ábaco en la mano. En España, ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios.

AGB

El susto fue mayúsculo pero el peligro parece haberse alejado. En principio, el PSOE cuenta con más posibilidades de repetir un gobierno progresista, aunque el PP logra un número algo mayor de votos (en torno a 300.000) que intenta le sirvan para gobernar con su curiosa interpretación de la democracia representativa, basada en mayorías como el propio PP ha demostrado en Extremadura.

De momento, se alivia la preocupación de los demócratas a la total invasión ultra de las instituciones, aunque son muchos los problemas por resolver y muchos los temas que negociar. Feijóo apenas puede contar sino con Vox. Los socios de Sánchez en la legislatura que acaba, en cambio, siguen aportando una cifra significativa de votos. Con algunos cambios: el triple empate en Euskadi entre el Partido Socialista, el PNV y EH Bildu; la subida de esta última formación, que no deja de ser curioso dados los ataques del PP, o la caída de ERC en Catalunya a costa del espectacular ascenso del PSC de Salvador Illa. También exigirán los independentistas contrapartidas a su apoyo que difícilmente serán asumibles para la derecha dura del PP. Junts de Puigdemont en particular.

Notable desgaste ha sido el de los medios y las empresas demoscópicas y habrá que darle un par de vueltas. Oír los lamentos de un buen número de tertulianos por el fallo de las encuestas no hace sino acrecentar el desprestigio de esta profesión, al menos de quienes se sientan a pontificar muy pegada la piel al asiento y los ojos fijos en pantallas. Otros, con perdón, entendemos el periodismo como una observación de la realidad y estos días se han visto demasiadas cosas para no tenerlas en cuenta. Y se las hemos contado. Ahora, tras los resultados, se han apuntado a la palabra: bloqueo. Por favor, qué grima.

PP y PSOE andan pues muy cercanos en porcentaje de voto (otra cosa es la atribución de escaños con la dichosa ley D´Hondt que se los resta al segundo: el PSOE). En el tercer y cuarto puesto también son los datos muy parejos. Vox ha sufrido un batacazo importante, perdiendo casi 20 escaños. El PP le dio un regalo superlativo en las locales para la representación que obtuvo y ahora intentará seguir cobrando su apoyo, pero ya no sirve no le alcanza a Feijóo para la Moncloa. Y no podemos obviar que, para este viaje, Sumar (posible cuarta posición) no necesitaba desmantelar las alforjas de Podemos.

Esta campaña electoral -que se ha prolongado durante varios años en realidad- ha tenido un ingrediente decisivo y transgresor: la comparecencia como actor político -no informativo sino todo lo contario- del poder mediático. Así que también sufren un suspenso profundo. Desde el principio el gobierno de coalición sufrió un verdadero acoso e intento de derribo. Sin razones objetivas para ello. Por supuesto que se pueden hacer mejor las cosas, se deben, pero el rechazo era de raíz. Demasiadas medidas sociales, demasiados avances en libertades. Traigo de nuevo el articulo de The Economist, poco sospechoso de izquierdista, asombrados por la situación de “el exitoso presidente español” que podría perder estas elecciones. Cuando Pedro Sánchez asumió el Gobierno predominaban tres preocupaciones: la economía, la corrupción y Cataluña. Puede argumentar que ha mejorado los tres, dice.

Y fíjense hasta dónde llegan los tentáculos de la manipulación informativa española que, por el contrario, el Wall Street Journal alienta el triunfo en España de “los centristas moderados”. ¡Feijóo y su PP con Vox, centristas moderados! Y es que el diario propiedad del magnate norteamericano Rupert Murdoch tiene como asesor a José María Aznar, al que lleva pagados ya 4 millones de dólares por su labor.

 Las municipales y autonómicas les salieron a pedir de boca. A pesar de las buenas cifras económicas, la situación vivida en esta legislatura con una pandemia y una guerra que incrementa drásticamente la inflación, ha influido en el nivel de vida de muchas personas y en su malestar y no todo ha podido paliarse con medidas que sí se adoptaron. Bastaba al parecer con hablar de la libertad de las cervezas y atacar al gobierno para que algunos tragaran dar a esas políticas mayoría absoluta. La prensa aclamaba la moción con portadas denigrantes para la verdadera información.

Tras el éxito de mayo, se quitaron por completo las caretas. Es curioso que Antonio Caño, el director que hundió el prestigio del que hasta su llegada fue el mejor periódico de España, El País, se haya preocupado por el papel del periodismo en estas elecciones, claro que… desde su punto de vista.

Y no se refería a él o a los medios donde ahora escribe y similares. Las criticas del sector se dirigieron a Silvia Intxaurrondo por su rigurosa entrevista a Alberto Nuñez Feijóo. Venia tras la encerrona del “cara a cara” en Atresmedia y sus presuntos moderadores que adquirieron el protagonismo de su silencio ante la avalancha de mentiras del candidato popular, minando el prestigio que les quedara. Esos dos hitos han sido esenciales en el giro dado en la campaña. Un ametralladora de falacias sin respuesta, y una entrevista en la que el candidato popular quedó en evidencia simplemente por el ejercicio del periodismo que se documentó y preguntó. Las elusiones de errores y actuaciones discutibles de Feijóo tambien han influido. Que hasta The Telegraph hable de su amistad con el narco Marcial Dorado y aquí no importe es muy grave.

Debemos pensar profundamente en todo esto. La desinformación no puede seguir a este nivel que sobrepasa todo escándalo. Porque éste ha sido el marco. Hasta hoy mismo. Se dispararon en unánime actitud partidista las portadas habituales de la prensa escrita y el inefable Francisco Marhuenda se frotaba las manos en un editorial de La Razón soñando con la vuelta a ese “necesario retorno a la normalidad institucional”. ¿A cuál? ¿Saquear las arcas públicas según costumbre? ¿consoliden el secuestro del Poder Judicial que han conseguido dilatar 4 años más de su tiempo constitucional? ¿gestionará para los ricos con la connivencia de millones de abducidos? Lo normal en España. Lo que el gobierno progresista desbarató de alguna manera estos años.

Por todo ello y más, en mi artículo de ayer mismo, concluí así: “Creo que es más que posible que Feijóo pierda en las urnas. Las elecciones de nuestra vida pueden ser las que arranquen las caretas y cojan el impulso para empezar de nuevo. Votar progresismo una vez más es ineludible, exigiendo que ésta sea la definitiva para acometer la obra de limpieza que impida la incertidumbre de hoy. Más izquierda, más democracia. Más conocimiento, total decencia, más responsabilidad”. Pero en serio; más sustos de este calibre, no.

Se habían equivocado los sondeos de intención de voto, estaban equivocadas las encuestas de boca de urna. El penúltimo domingo de julio fue la revancha de Pedro Sánchez. El socialismo se recuperó y en las elecciones generales del 23-J ganó dos bancas más que en las de 2019. Los populares crecieron más, se acomodaron en el lugar de primer partido en el Congreso, pero no arrasaron. El ultraderechismo perdió casi la mitad de sus escaños. El neofranquismo no pasó.

Como había planteado elDiarioAR, la enérgica estrategia del Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) era la correcta. Después de la derrota abrumadora sufrida por su aliado más-a-la-izquierda Unidas Podemos en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, Pedro Sánchez sorprendió por la velocidad e inmediatez de sus reacciones. Disolvió las Cortes y convocó a elecciones anticipadas.

En las elecciones del 28 de mayo, en las autonómicas la derecha del Partido Popular (PP) se impuso en seis de las diez regiones donde la izquierda había vencido en 2019. En las municipales, con 7 millones de votos el PP quedó 800 mil arriba del PSOE e invirtió los resultados de 2019, cuando ésa había sido la cifra de la ventaja de los socialistas sobre los populares.

Si fraccionamos y distribuimos los números de aquel último domingo de mayo al interior de los dos bloques, de izquierda y de derecha, advertimos una o dos asimetrías secantes en la composición de la derrota y de la victoria. Salta a la vista que el gran perdedor de la jornada, el protagonista de su propia catástrofe, fue Unidas Podemos. Su mal desempeño, parejo al de formaciones izquierdistas ultra y radicales, dejó en minoría a la coalición gobernante que integran. Los resultados decepcionantes de la nueva izquierda contrastan con los muy razonables y en nada desestabilizadores del socialismo obrero.

Los extremos no me tocan

El avance espectacular de la derecha popular en mayo había sido el correlato perfecto del retroceso no menos dramático de las izquierdas extremas. Si el PP ha ganado votos, los ha drenado de un electorado centrista, y aun progresista, entre el cual había un núcleo que siempre se había inclinado por el PSOE.

El centrismo huido al PP el 28-M, regresó al PSOE el 23-J. En mayo, ese centrismo castigó a la coalición gobernante (y en consecuencia, pero no por causa, al PSOE): un voto rechazo contra las derivas internacionalistas y contra los desaciertos tácticos y técnicos de iniciativas legislativas de Podemos -que en virtud de la alianza el presidente del Gobierno debía defender como propias- sobre violencia e identidad de género. Los debates parlamentarios que concluyeron en la sanción de nuevas leyes, consumieron un tiempo escamoteado a otros asuntos de gobierno. A medida que crecía la litigiosidad ambiente, bendita por los medios, las 'batallas culturales' crecieron en la atención de un público que así fatalmente la desvió de los méritos del gobierno de coalición en la economía. la recuperación del poder adquisitivo de los menos pudientes con el mayor aumento europeo del monto del salario mínimo, la inflación europea más baja y muy baja tasa de desempleo.

Un socialismo genuino pero genuinamente centrado

El presidente Sánchez adelantó un calendario electoral que fijaba las legislativas hacia fin del año. De mayo a entonces, había calibrado el presidente del Gobierno Español, toda labor legislativa y gubernamental sufriría el boicot de la derecha del PP y de la ultra derecha de Vox. La ingobernabilidad habría crecido. La imagen del PSOE se habría dañado fatalmente porque la Presidencia sería vista cotidianamente en compañía de la Vicepresidencia desaparecida. Liberado del lastre de la nueva izquierda de agenda social, cultural y de género de Unidas Podemos, el PSOE volvía a ser el partido de centro izquierda económica y política. Que podía recuperar los votos drenados al centrista PP y que podría consolidarse en su oposición democrática a Vox, un partido tan desacomplejado en su relación con la herencia histórica de la dictadura franquista.

Y así fue cómo ocurrió. Si España iba a ser el laboratorio de un gobierno de derecha y de ultraderecha, el experimento salió mal. O fue abortado. La llamada 'España profunda' le dijo no al acuerdo de populares y conservadores. Los socialistas movilizaron sus territorios tradicionales. Andalucía, de donde es Sánchez, antigua fortaleza de la izquierda, ahora gobernada por la derecha, se movió en favor del socialismo. Lo mismo ocurrió en Cataluña, donde cayó la izquierda independentista radical de Esquerra Republicana (ER) y donde incluso los separatistas de centroderecha de Junts per Catalunya (JxC) cedieron votos al partido socialista. Barcelona no quiere a la derecha en el gobierno de Madrid.

El empate catastrófico de un bipartidismo complacido

Las elecciones autonómicas y locales del 28-M resultaron nacionalizadas, como un referéndum sobre el gobierno en general y sobre el presidente en especial. El socialismo, y en particular el sanchismo, fueron castigados por la alianza estratégica con la extrema izquierda y por los acuerdos tácticos con las izquierdas nacionalistas catalana (cripto independentista) y vasca (pro -buena- memoria etarra). El voto de mayo penalizó al gobierno presidido por el PSOE, pero sobre todo a la vicepresidencia izquierdista del gobierno. Unidas Podemos, que en 2015 había podido atisbar, sin excesiva megalomanía, un futuro en el cual sus fuerzas superaban a las del PSOE, fue privado de sus bancas regionales, y desaparecido de la autonomía de Madrid.

Deslastrado de extremismos e intransigencias, el pragmático PSOE pudo volver a consolidar su preeminencia en el bloque político de las izquierdas. En las elecciones generales del 23-J, llegó el turno del castigo para el PP, penalizado por su alianza estratégica con la extrema derecha de Vox. Que no murió el penúltimo domingo de julio, pero fue mutilado de una mitad. Aunque entre uno y bloque haya un empate catastrófico, en cada uno de ellos respiran PP y PSOE. El bipartidismo había muerto, viva el bipartidismo.

AGB

'En una democracia, al presidente lo elige el pueblo'. ¿Verdadero o falso? En la Argentina, verdad; en España, no. En nuestra República americana, para ser presidente hay que ser el candidato más votado; en el Reino europeo, no hace falta. En nuestro régimen electoral presidencialista, elegimos directamente al presidente; en un régimen parlamentario, elegimos a quienes lo eligen. El régimen de gobierno del Reino de España clasifica en el género parlamentario, en la especie bicameral, en la subespecie de bicameral imperfecto.

En las elecciones legislativas del 23 de julio un padrón 37, 4 millones elige en España quién ocupará los 350 escaños de Diputados y 208 de los 265 curules de la de Senadores. Sistema bicameral, estas dos Cámaras integran el Congreso en las Cortes del Reino. El pueblo elige a los diputados y senadores, y los diputados eligen el presidente del gobierno. Es decir, sólo una cámara de las dos, la llamada 'Cámara baja'. Del Poder Legislativo nace el titular del Ejecutivo. Para ser presidente, es necesario el voto de los diputados: la mitad más una de las 350 bancas de la Cámara. No importa si el partido de este candidato obtuvo pocos o muchos votos populares este penúltimo domingo del mes. Para ser presidente, al candidato le basta con ser votado en la Cámara de los Diputados por los titulares de 176 escaños. Con mayoría propia, o no. (Llegado el caso, ni siquiera le haría falta ser el partido con más voto popular entre los de su bloque, podría ser incluso el partido con menos bancas). Basta que entre las alianzas logradas que consolidan el bloque se obtenga la mayoría absoluta requerida.

Aun si la ventaja del Partido Popular (PP) que anticipaban los sondeos de intención de voto se reflejara en el resultado efectivo de las urnas, esto no proyectaría de modo directo e inmediato al gallego Alberto Núñez Feijo a la presidencia. Porque esas mismas encuestas predecían que esa ventaja lo dejaría no obstante lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar a solas, sólo gracias a votos propios. Para alcanzar esa mayoría, según pactos previos que todos ven pero que no reconocen los implicados, habría ya una alianza entre el centroderechismo del PP y el ultraderechismo de Vox. Lo que proyectaría a esta formación conservadora postfranquista, del estilo tradición-familia-propiedad nunca-seremos-carne-bolchevique dios-patria-hogar a ser un partido de gobierno. Y al líder de Vox, el vasco y bilbaíno Santiago Abascal, a la vicepresidencia de gobierno.

Desbloqueos alternativos, paternidades deseadas o indeseables

Por fuera de los bloques, también ganan diputados los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Si fueran suficientes las bancas ganadas, y se abstuvieran de votar los derechistas entre ellos, y si Vox, un partido creado en 2013, viera drenados sus votos al PP, del que es una escisión, también podría gobernar un PP así revigorizado. Esta hipótesis requiere de muchas condiciones, y de cambios no radicales pero sí nítidos respecto a los números de los sondeos.

En el primer debate televisivo anterior a las elecciones legislativas, que fue un cara a cara entre los dos líderes de los dos partidos que gobernaron España en las cuatro décadas siguientes a la muerte en 1975 del caudillo Francisco Franco, Alberto Núñez Feijóo dio un golpe de teatro. El gallego sacó de su galera un contrato, firmado por él, y ofrecido al madrileño Pedro Sánchez. Lo presentaba como un acuerdo democrático aunque en verdad fuera un armisticio de neutralidad. Que gobernara el partido que hubiese ganado más votos, fuere el Partido Popular (PP), fuere el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Que en la Cámara de los Diputados el partido menos votado por el pueblo (entre los dos más votados), se abstenga, y permita gobernar al otro en solitario.

El gallego Núñez Feijóo enfrentó al madrileñoSánchez con una paradoja. O un sofisma. Le propuso un pacto si PP necesitara de Vox: que gobierne el partido más votado. Puso al socialismo de árbitro: podría frenar el ingreso de Vox al gobierno de España.

El acuerdo de Núñez Feijóo representaría una humillación para el PSOE, que pondría de manifiesto que el partido presuntamente más ligado a los intereses más genuinos de las masas populares no era, sin embargo, el predilecto por estas. Porque al PSOE no le alcanzan los votos ni para primera mayoría relativa. Así le ocurrió en la anterior Legislatura, cuando gobernó con el ahora sumergido Unidas Podemos, y como le ocurriría en la próxima Legislatura donde de ganar sólo gobernaría gracias al apoyo de Sumar, liderado por la gallega Yolanda Díaz, a la izquierda del PSOE. El acuerdo de Núñez Feijóo significaría una legitimación para el PP, porque le permitiría gobernar sin ese aliado un tanto incómodo que es Vox. Además, hace emerger una paradoja. Finalmente, quien decide si Vox entra o no entra en el gobierno de España, es el PSOE. El socialismo es el árbitro que puede frenar a la ultraderecha. Basta con que el PSOE se abstenga al elegir gobierno, y Vox nunca llega al gobierno de España.

Otros bloques desbloqueándose.

El socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, representó a su país en la cumbre UE-CELAC iniciada en Bruselas, Bélgica, el 17 de julio de 2023. Entre los 27 socios europeos, es a España que toca la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE). Si las izquierdas, actuales dueñas del poder español, obtienen la reelección gracias a una victoria de su bloque en las elecciones legislativas de este domingo 23 de julio, por seis meses Sánchez será a la vez presidente de España y de la UE. Si, en cambio, el triunfo electoral fuera del bloque de la oposición derechista, y el popular Alberto Núñez Feijóo fuera declarado presidente español por las Cortes del Reino que iniciarán su Legislatura el 17 de agosto, la UE vería durante un semestre su presidencia ejercida por un gobierno sostenido gracias a la ultraderecha conservadora de Vox.

AGB

Los españoles votaban hoy para elegir a su nuevo Gobierno en comicios en los que el derechista Partido Popular (UE) es favorito a vencer al partido socialista del presidente saliente Pedro Sánchez y sus aliados, aunque para ello podría tener que asociarse con una fuerza de extrema derecha nacionalista, euroescéptica y antifeminista.

Pese a un intenso calor en medio del verano en Europa, la participación electoral alcanzó el 40,48% a las 14, superando por 2,5 puntos al 37,92% registrado a esa misma hora en las elecciones generales de noviembre de 2019, informó el Ministerio del Interior español en su página web.

Esta cifra no incluía todavía el voto por correo, por el que optaron casi 2,5 millones de personas, una cifra récord. Los 37,5 millones de electores habilitados para votar tenían hasta las 20 (las 15 en Argentina) para depositar sus boletas,

Sánchez, en el poder desde 2018, anticipó las elecciones luego de que su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio de coalición, la agrupación de izquierda Unidas Podemos, sufrieran una dura derrota en comicios locales y regionales en mayo.

La mayoría de los sondeos muestran al opositor PP, que ganó las elecciones de mayo, con la mayor intención de voto, aunque necesitando probablemente al partido de extrema derecha Vox para formar Gobierno.

“Lo que vaya a suceder hoy aquí va a ser muy importante, no solamente para nosotros, lógicamente, sino también para el mundo y para Europa”, afirmó Sánchez, el presidente del Gobierno saliente, tras votar en Madrid.

“Tengo buenas vibraciones”, afirmó Sánchez, quien pidió “una participación histórica” para que el próximo “sea un gobierno fuerte para que España pueda avanzar”.

Bajo un calor sofocante, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que España estaba a las puertas de un cambio.

“España puede iniciar una nueva época y espero y deseo que los españoles decidan en libertad, como lo estamos decidiendo hoy, a pesar insisto de las condiciones climatológicas”, dijo Núñez Feijoó a periodistas luego de votar.

Santiago Abascal, jefe de la formación de extrema derecha Vox, auguró para su partido “un resultado heroico”, al tiempo que llamó a la participación para que “se produzca un cambio de rumbo”, informó la agencia de noticias AFP.

Una coalición entre el PP y Vox implicaría un retorno de la extrema derecha al Gobierno de España por primera vez desde que el país hizo su transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco luego de casi 40 años en el poder, en 1975.

También daría un firme giro a la derecha en otro país de la Unión Europea (UE), siguiendo una tendencia vista ya recientemente en Suecia, Finlandia e Italia.

Países como Alemania y Francia están preocupados por lo que este viraje podría significar para las políticas inmigratorias y climáticas del bloque europeo.

El PSOE y Unidas Podemos, de centroizquierda e izquierda, respectivamente, son pro-UE. En el bando de la derecha, el PP también es europeísta, pero Vox se opone a lo que describe como interferencia de la UE en los asuntos de España.

Vox, además, cuestiona la noción de violencia de género, es escéptico frente al cambio climático, abiertamente antiaborto -como el PP- y rechaza el movimiento LGTBI.

Los comicios llegan en momentos en que España ejerce la presidencia temporal de la UE.

Los votantes renovarán el Parlamento, que a su vez elige al Ejecutivo y a su primer ministro.

España tiene una forma de Gobierno parlamentaria, así que ejerce el poder el partido o la alianza de partidos que logre mayoría en el Parlamento, es decir 176 bancas del total de 350.

Por lo general, la agrupación más votada es la primera en tener la oportunidad de formar Gobierno. Si no llegó a los 176 escaños, podrá aliarse con otro partido para hacerlo.

Desde 1982, el PSOE y el PP ocuparon alternativamente el Gobierno de España, con mayoría absoluta o con el apoyo externo de otros grupos políticos menores, y con el otro partido como principal grupo de la oposición.

El bipartidismo comenzó a horadarse en 2013 con la aparición de Podemos y luego en 2014 con la del partido de centroderecha Ciudadanos, y el Gobierno saliente de Sánchez es el primero de coalición desde el retorno a la democracia.

El PSOE y un nuevo movimiento llamado Sumar que incluye a 15 partidos de izquierda esperan poder hacerse con el poder. Sumar es liderado por la vicepresidenta segunda saliente, Yolanda Díaz, la única mujer entre los cuatro principales candidatos.

Como ningún partido llegaría a la mayoría absoluta, las alternativas son, básicamente, otra coalición progresista o una alianza entre la derecha y la extrema derecha.

Abascal dijo que esperaba una “movilización masiva (de votantes) que permita a España cambiar de dirección”. Su partido, Vox, es una escisión del PP surgida en 2013.

Tras las elecciones de mayo, PP y Vox pactaron gobiernos locales y regionales en los que la extrema derecha mantuvo sus posturas más polémicas.

En los días previos a las elecciones, Feijóo dijo que una coalición con Vox “no es lo óptimo”.

Sánchez ha dicho que tal posibilidad sería “un retroceso para España”, con la derecha y la extrema derecha prometiendo revertir buena parte de los logros legislativos de estos últimos años.

Podemos, el socio incómodo de Sánchez desde inicios de 2020, fue absorbido y sustituido este año por Sumar, la formación de Díaz, que es comunista y fue ministra de Trabajo en el Gobierno saliente.

Ciudadanos, que tiene nueve diputados en el Parlamento saliente, está en franco declive, y no presentó candidatos.

CRM con información de la agencia Télam