Diputados nacionales del PRO presentaron hoy un proyecto de declaración donde solicitan que la Cámara baja declare “inválido y nulo” el proceso de juicio político contra la Corte Suprema que inició el año pasado el Frente de Todos (hoy Unión por la Patria. Según especificaron, los legisladores que impulsaron tal actuación contra el Máximo Tribunal “violaron las garantías constitucionales” en el marco de un proceso en el que se cometieron “serias irregularidades”.

“La totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados por orden del entonces presidente Alberto Fernández contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti estuvo teñido de reiteradas irregularidades”, establece el texto firmado por el titular del bloque, Cristina Ritondo, y otros legisladores de ese espacio como Damián Arabia y Sabrina Ajmechet.

A su consideración, “no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros”. Debido a esto y las múltiples irregularidades y faltas al reglamento de la Cámara de Diputados, los parlamentarios del PRO buscan invalidar “la totalidad del procedimiento”.

El Frente de Todos inició el proceso de juicio político contra los magistrados el pasado 26 de enero en base a 14 expedientes. Entre ellos, destacan el fallo por la coparticipación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y la presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

Siendo mayoría en la comisión creada para llevar adelante este proceso, el entonces oficialismo emitió un dictamen en contra de la Corte Suprema el pasado 28 de noviembre. La resolución de la comisión debería ahora ser tratada en el recinto, pero su aprobación es prácticamente nula dado que, para ello, se necesitan los votos favorables de dos tercios de la Cámara.

ACM con información de agencias.

En uno de sus últimos actos parlamentarios antes de convertirse en oposición, el oficialismo aprobó este martes el dictamen de acusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia por presunto mal desempeño, culminando un año en el que la tensión permanente entre el kirchnerismo y el poder Judicial alcanzó su máximo esplendor: el impulso de una investigación contra los cuatro integrantes del máximo tribunal en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. 

El nuevo escenario político no hizo que el oficialismo dejara pasar la oportunidad final, aunque fue una decisión discutida internamente y en la que terminó terciando el sector mayoritario. “A diferencia de Sergio Massa, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner tuvieron dudas y decidimos avanzar y dejar el trabajo terminado, a pesar de que algunos creían que podía ser una decisión a destiempo con el clima social”, explicó un integrante de la comisión a elDiarioAR. “No había margen para no votar el dictamen de acusación después de haber escuchado a los testigos, teníamos que tener coherencia”, dijo otro diputado del bloque.

El Frente de Todos tenía tiempo hasta el 30 de noviembre -pasado mañana- para dictaminar sobre la acusación y llegó sobre la fecha. Después del 30, la labor de la comisión perdía estado parlamentario y volvía a foja cero. El Frente de Todos podría haber dejado morir el juicio político pero decidió avanzar para propiciar el dictamen, que tendrá dos años de vigencia en un país gobernado por Javier Milei y un Senado a cargo de Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). 

Para lograr el dictamen de acusación el oficialismo debió recortar de 14 a cuatro los casos contra los magistrados y, además, cambiar a última hora a seis diputados de la comisión que no firmaron el dictamen. Dos de ellos, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, responden al ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, y dieron un paso al costado para permitir el avance del objetivo del bloque, cuya mayoría responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Entraron otros dos diputados en lugar de los massistas: Magalí Mastaler y Carlos Selva, quien también se identifica con Massa. Pero no fueron los únicos. También salieron de la comisión a último momento Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo. Ingresaron Itai Hagman, Mónica Macha, Paula Penacca y Carolina Yutrovic para garantizar que el oficialismo conserve su mayoría en la comisión: 16 de 31 legisladores.

El Frente de Todos dictaminó contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en los cuatro casos analizados durante el último año en la Comisión de Juicio Político: los llamados por el kirchnerismo “2 X 1 - beneficios a genocidas”, “Coparticipación”, “irregularidades en Obra Social de los Judiciales” y “Consejo de la Magistratura”.

El dictamen tendrá vigencia por los próximos dos años, durante los cuales se verá si avanza su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, sin los números necesarios para aprobarlo, tampoco, en el nuevo Congreso.

La oposición presentó a su vez otros dos dictámenes. El primero es el del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), que rechazó los cargos impulsados por el oficialismo pero no incluyó la acusación de la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti por su presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades en el manejo de la Corte y de la obra social de los judiciales. 

El vicepresidente de la comisión y diputado de la CC, Juan Manuel López, sostuvo que no pudieron cumplir con el debido proceso ni avanzar con testigos de dicha acusación, ante la falta de apoyo del oficialismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había pedido expresamente a integrantes del oficialismo evitar tratar la acusación de los aliados de Elisa Carrió contra Lorenzetti, como reveló elDiarioAR. “Se hicieron los distraídos con el hombre que durante doce años fue el más poderoso de la Corte”, dijo López.

El segundo dictamen de la oposición es el del diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), que también rechazó todos los cargos y solicitó “archivar las actuaciones”.

¿Hay estrategia?

Ahora, ya aprobado por los 16 diputados oficialistas en la comisión, el dictamen pasará al recinto para su tratamiento en las sesiones ordinarias de 2024 en un contexto general completamente diferente al que esperaban los diputados del Frente de Todos: un país con  Milei como presidente. Entonces, surge una pregunta: ¿para qué se aprobó este dictamen?

Antes de la victoria del libertario en la segunda vuelta electoral, el dictamen dependía de la voluntad de Sergio Massa, quien en caso de ganar, decidiría qué destino le daría a la embestida parlamentaria contra la Corte. 

El ministro de Economía y entonces candidato presidencial había solicitado a las autoridades del bloque y de la comisión parlamentaria que postergaran el tratamiento del dictamen para después de los comicios. El gobierno ayudó extendiendo las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre. El bloque cumplió y postergó la reunión de la semana anterior al balotaje para este martes 28.

Tras la derrota de Massa en las urnas el domingo 19 de noviembre, ese futuro escenario se disolvió. El oficialismo dedicó casi un año a la embestida contra los jueces del máximo tribunal pero estaban dispuestos a cumplir con el mandato peronista y encolumnarse: si Massa ganaba las elecciones, decidirá los pasos a seguir. Eso incluía la posibilidad de no aprobar el dictamen de acusación y tirar por la borda todo lo tratado en diez meses, 26 sesiones, las declaraciones de 65 testigos -aunque ninguno de los gobernadores que firmaron el pedido de juicio político con Fernández accedió a declarar y tampoco se presentó el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro-, 34 cuerpos de expediente y un dictamen de acusación que ya estaba escrito desde antes de la segunda vuelta y que el equipo de la diputada Carolina Gaillard trabajó incesantemente.

En el nuevo Congreso, ni el oficialismo ni La Libertad Avanza (LLA) tienen los números para promover la acusación contra los jueces en Diputados. El Frente de Todos, que pasaría a llamarse Unión por la Patria (UxP), volverá a ser la primera minoría, con 108 diputados, frente a 38 de LLA. Necesitan los dos tercios de los miembros presentes para elevar la acusación al Senado.

El bloque de Juntos por el Cambio tendrá 94 diputados, pero aún resta saber cómo se dividirá este bloque frente a las internas por la alianza con LLA.

En este nuevo escenario, el oficialismo decidió dejar el juicio político en carrera. Una carta para el futuro presidente a la hora de negociar con la Corte Suprema. Una carta de negociación o de presión que ahora quedó en manos de LLA pero con escasas chances de ganar peso con apenas 38 diputados propios.

Los cargos

La primera de las causales investigadas fue la causa “Beneficio a Genocidas: Fallos Highton, Schiffrin y Muiña” o “2x1”, en la que se investigó a los jueces Rosenkrantz y  Rosatti por haber supuestamente orquestado una maniobra para beneficiar con el “2x1” al genocida Luis Muiña y reducir su pena abriendo la puerta a que decenas de represores también solicitaran beneficios. “Para lograrlo, presionaron a la jueza Highton de Nolasco junto al gobierno de (Mauricio) Macri. También paralizaron la Comisión Interpoderes para ralentizar los juicios por delitos de lesa humanidad, y buscaron beneficiar a los genocidas Amelong y Blaquier”, sostuvieron desde el oficialismo.

 La segunda causa investigada se centró en el juez Maqueda por supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. En este capítulo se investigó la administración de la entidad y el presunto incumplimiento de los deberes que el juez tenía a su cargo como supervisor del organismo entre 2008 y 2021; supuestas irregularidades en la tramitación de compras y contrataciones; sistemas informáticos vulnerables; y la presunta afectación a la salud de sus afiliados y afiliadas, entre otras acusaciones. 

En la causa denominada “Consejo de la Magistratura” o “Fallo Colegio de Abogados”, se investigaron supuestas irregularidades del fallo del 16 de diciembre de 2021 de la Corte Suprema, en el que se declaró inconstitucional la ley 26.080 del Consejo de la Magistratura y se reinstaló la ley 24.937, “todo ello con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura para que la presidencia del organismo quede en manos de Horacio Rosatti, quien se autovotó para ser Presidente de la Corte”, acusó el Frente de Todos.

 En la causa “Coparticipación”, se investigan las presuntas irregularidades del fallo de la Corte que dispuso en diciembre de 2022 que el Gobierno Nacional pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas Administraciones por el porcentaje correcto, y donde la Corte no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En este caso, se acusó al juez Rosatti “por no haberse excusado en la causa cuando era su obligación, a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de parcialidad, debido a los vínculos de íntima confianza entre el Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad”, afirmó el oficialismo.

Los jueces Rosatti y Rosenkrantz rechazaron todos los cargos mientras que Maqueda y Lorenzetti optaron por no responder ante la comisión.

ED/DTC

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, designado por Javier Milei como próximo ministro de Justicia, se reunió esta mañana con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la transición hacia la asunción del nuevo Gobierno el próximo 10 de diciembre.

El encuentro fue informado oficialmente por el máximo tribunal que distribuyó una foto en la que se puede ver al próximo ministro con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.

Si bien las visitas de Cúneo Libarona a los jueces fueron protocolares y aclararon que no fueron de presentación porque todos ya lo conocían, el futuro funcionario criticó el juicio político que desde hace meses se trabaja en comisión en la Cámara de Diputados, impulsado por los legisladores del Frente de Todos“ y dijo que era ”infame“

“Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, expresó Cúneo Libarona. “El juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”, agregó en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

Según el futuro ministro, la Corte es “tan buena y prestigiosa” y precisó que durante el mandato del libertario “va a ser independiente, libre de decisión, sin presión, sin coacciones”.

Asimismo, señaló que el Máximo Tribunal se presentará “sin interferencias de terceros, como manda el Estado de Derecho”. .

“Es algo que esperamos con mucha ansiedad en este país”, remarcó y continuó: “Voy a hacer el mayor esfuerzo después de 42 años que llevo en esto para tratar de contribuir a que tengamos la mejor justicia posible”.

Cúneo Libarona recordó cuando Milei lo contactó para formar parte de su gobierno y dijo que “fueron increíbles las ideas” del ahora presidente electo: “Yo tuve un ofrecimiento formal por parte del futuro presidente. Fue increíble lo que me transmitió, las órdenes que me dio. Y compartí un montón en cuanto a ideología, porque el liberalismo no es solamente económico. Los libertarios tuvieron su aplicación en el Derecho en un montón de normas que evolucionaron en tratados internacionales y convenciones”.

En ese sentido, señaló que el punto de partida del nuevo gobierno “es una cuestión de comunión ideológica y personal” para “buscar una Argentina mejor”.

Antes de ir al Palacio de Justicia, el designado futuro ministro pasó por el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

El futuro funcionario saludó jueces, fiscales e incluso secretarios de la Cámara de Casación en sus primeros pasos por el edificio que conoce al dedillo y luego fue a ver al juez Andrés Basso, juez de tribunal oral que fue recientemente electo como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Esta semana, en declaraciones periodísticas, Milei confirmó que Cúneo Libarona será su ministro de Justicia, a partir del 10 de diciembre.

Al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema, el presidente electo dijo esta semana que su “intención es consultarlo con el ministro (de Justicia), que es Mariano Cúneo Libarona, y la Corte para que sea algo consensuado”.

Con información de agencias.

IG

En la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo se prepara para navegar en otras aguas, las de Sergio Massa. Si es electo presidente este domingo, será quien decida el futuro del proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son objeto de una investigación por presunto mal desempeño desde principios de año. Así lo sostienen algunos diputados del Frente de Todos consultados por elDiarioAR en los últimos días.

El oficialismo dedicó casi un año a la embestida contra los jueces del máximo tribunal pero ahora muchos están dispuestos a cumplir con el mandato peronista y encolumnarse: si Massa gana las elecciones, decidirá los pasos a seguir. Hasta el momento, Massa solicitó a los diputados que postergaran la presentación del dictamen hasta después del balotaje del 19 de noviembre. Lo logró. El documento, que es esencial para seguir adelante con el proceso, iba a ser presentado antes del 17 de noviembre, según había anunciado la Cámara de Diputados en su sitio web.

El oficialismo no sabe si podrá presentar su dictamen acusatorio, sobre el que viene trabajando en los últimos meses. “Se va a definir todo después del balotaje”, respondió, esquivamente, a este medio un diputado de la mesa chica de la comisión parlamentaria.

“Estamos tragando sapos, es verdad”, graficó otro diputado del oficialismo ante la consulta de elDiarioAR. “Somos peronistas -explicó- y después del 19 de noviembre, si nos va bien, va a haber un nuevo jefe. La mayoría está de acuerdo con avanzar con el dictamen de acusación pero la decisión la va a tener él”.

“Nos va a dar mucha lástima tirar a la basura un año de trabajo pero si gana Massa y eso es lo que decida, se debatirá entre nosotros pero el resultado es obvio”, afirmó otro diputado del espacio kirchnerista. “La decisión será del presidente”.

Escenarios

A partir del 20 de noviembre, los escenarios inmediatos son dos: antes del 30 de noviembre, el oficialismo tiene plazo para presentar su dictamen de acusación contra los jueces de la Corte. Si Massa ordena que lo hagan, el proceso sigue adelante. En ese caso, se enviará el documento a Diputados para su debate entre todos los miembros de la cámara baja, que renueva 130 bancas. 

En el mediano plazo, en 2024, si dos tercios de los diputados lo aprobaran, habría juicio político en el Senado. Es improbable que el oficialismo o cualquier otra fuerza reúna esos números. Entonces el juicio político contra la Corte se archivaría. 

Otra posibilidad a mediano plazo en este escenario es que Massa de la orden de seguir adelante pero sólo para tener un dictamen acusatorio con estado parlamentario, que quede boyando por el Congreso por hasta tres años. Es decir, los diputados pueden reflotarlo durante tres años, en el momento que les resulte conveniente. 

El segundo escenario inmediato es que, tras ganar eventualmente las elecciones, Massa de la orden de no presentar el dictamen, dejar cumplir el plazo y archivar todo, ya que si no lo presentan antes del 30 de noviembre, el dictamen de acusación pierde estado parlamentario y todo el trabajo de la comisión vuelve a foja cero. Habría que comenzar todo el proceso nuevamente. 

Las tres opciones, en cualquiera de los dos escenarios, son cartas de negociación para el próximo presidente con la Corte Suprema. O de presión.

¿Qué hará el oficialismo si gana Javier Milei? ¿Dejará morir el dictamen de acusación para evitar que el eventual presidente libertario tenga también esa carta con el Poder Judicial?

Durante 25 reuniones, entre finales de enero y principios de octubre, el oficialismo y la oposición interrogaron a 65 testigos, recibieron y analizaron pilas de documentación y sostuvieron una batalla mediática que, diez meses más tarde podría quedar en la nada.

ED/DTC

Menos de dos minutos reloj y con escándalo de por medio. Así de breve y tensa fue la reunión de este martes de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que tenía en agenda tratar los descargos presenciales de los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en el marco del proceso de enjuiciamiento a toda la Corte Suprema que impulsa el oficialismo. 

Ante la ausencia de los magistrados, el oficialismo levantó la reunión de manera sorpresiva y sin habilitar el micrófono a la oposición, que exigía tomar la palabra a los gritos: querían denunciar públicamente al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, miembro de la comisión y quien quedó involucrado en una red de espionaje ilegal que abarcaba a jueces, políticos y periodistas ,según una investigación del fiscal Gerardo Pollicita.

“El kirchnerismo hoy perdió por abandono, huyó como rata de la comisión de Juicio Político. Justo cuando algunos de sus integrantes, como Tailhade, que fueron los que  impulsaron esta farsa, tienen que ir a tribunales”, dijo el legislador radical Mario Negri tras la finalización abrupta de la reunión de la comisión.

Había sido la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gailard, quien levantó la reunión apenas iniciada por la ausencia de los magistrados, en una formalidad del proceso. Ya la semana pasada Rosatti y su colega Carlos Rosenkrantz habían respondido por escrito a las acusaciones del oficialismo por tres casos: “2x1 - beneficios a genocidas”, “coparticipación” y “Consejo de la Magistratura”. 

Como había anticipado elDiarioAR, el kirchnerismo finalmente pudo dilatar el dictamen de acusación en el proceso de jury a pedido del propio Sergio Massa para evitar coletazos en la campaña electoral. Lo que no esperaba el oficialismo es que su accionar quede eclipsado por el intento de la oposición de ligar el juicio político con la denuncia de Pollicita.

“Decidieron levantarse e irse, abandonaron, no sé qué comisión van a llamar otra vez. Es una vergüenza, huyeron como rata, porque no tenían forma de explicar, los que están presentes, lo que inventaron”, gritó Negri al momento en que Gailard y otros oficialistas se retiraban intempestivamente. 

La oposición buscó sacar provecho político al escándalo que llegó hasta Tahilade, a partir de la revelación judicial de que tenía vínculos con Ariel Zanchetta, un policía retirado que se presenta como periodista. También estaría involucrado Fabián “Conu” Rodríguez, dirigente de La Cámpora, actualmente funcionario de la AFIP. Desde JxC aseguraron que el oficialismo intenta ocultar una “operación de espionaje ilegal a cielo abierto”.

La Justicia encontró en el teléfono de Zanchetta diálogos con Tailhade. En esos chat habría aparecido información sobre los diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, justamente uno de los escándalos que el kirchnerismo buscó ventilar en el marco del juicio político contra la Corte, incluso citando como testigo a Silvio Robles, asesor de Rosatti y quien participó en ese viaje pagado por gerentes del Grupo Clarín. 

“Dijimos durante muchos meses que en esta reunión parecía una reunión del comité de inteligencia donde se pasaban por Whatsapp preguntas y re-preguntas a los testigos, inventaron lo que quisieron, y hoy, cuando íbamos a preguntarle a algunos de los que fueron tan agudos en las preguntas durante tantos meses, se levantan y huyen, huyen como rata, es la primera vez que hay un antecedente de esta naturaleza”, denunció Negri al finalizar la reunión. Gaillard había tomado postura para definir el levantamiento de la comisión: “Esta reunión estaba programada a solo efecto de recibir el descargo de los jueces Maqueda y Lorenzetti. Como no vinieron, la reunión se tornó abstracta”.

MC/DTC

A pedido del candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, el kirchnerismo se encamina a dilatar el dictamen de acusación en el proceso de juicio político contra la Corte Suprema para evitar coletazos en la campaña electoral, según admitió el tigrense y confirmaron fuentes directas de la comisión parlamentaria a elDiarioAR. 

En otra de sus recurrentes marchas y contramarchas de discurso y acción, Massa intentó despegarse de la avanzada del Frente de Todos contra los cuatro ministros del máximo tribunal. “Vamos a ver” si avanza el proceso de juicio político, dijo al periodista Luis Majul en una entrevista en LN+ el domingo por la noche.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 13 para analizar los descargos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y su colega Carlos Rosenkrantz, quienes respondieron a las acusaciones del oficialismo por tres casos: “2x1 - beneficios a genocidas”, “coparticipación” y “Consejo de la Magistratura”. Los integrantes de la comisión también deben cumplir con la formalidad de esperar si los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se presentarán este martes presencialmente a responder los cargos, algo que todos descartan que suceda, tanto en el Congreso como en la Corte. 

El presidente Alberto Fernández ya dio el primer paso para extender el plazo a favor de Massa: decretó que las sesiones ordinarias del Congreso se extenderán hasta el 9 de diciembre, dándole más tiempo al oficialismo: ahora la fecha del 17 de noviembre se extiende hasta el 30 de noviembre, después de la segunda vuelta electoral. El reglamento exige que los dictámenes se presenten hasta 10 días antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

Contrarreloj

El Frente de Todos no tiene salida: impulsó el juicio político en pleno año electoral y los tiempos se acortan. Massa intervino a su favor y cambió los planes del kirchnerismo: la Cámara de Diputados había anunciado oficialmente en su sitio web que el dictamen de acusación contra los jueces de la Corte estaría listo entre el 13 y el 17 de noviembre, la semana previa al balotaje. Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR, fuentes directas del oficialismo en la comisión aseguraron este lunes que “no hay fecha de dictamen”.

El candidato y ministro de Economía dijo el domingo por la noche en una entrevista con Luis Majul, en LN+: “Le pedí a las autoridades de la Cámara (presidida por Cecilia Moreau) y de la Comisión (presidida por Carolina Gaillard) que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque entre otras cosas, la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”. La decisión de postergar el dictamen no podría haber ocurrido sin el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita sino que hace a la vida de la gente.

Sergio Massa — Sobre el proceso de juicio polític a la Corte Suprema.

“Además -dijo- cambia la composición del Congreso”. El dictamen de acusación que debe elaborar la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se presenta luego ante el pleno de la Cámara baja para que todos los diputados analicen las acusaciones y decidan si se inicia el juicio político. 

Massa reconoció también que hizo los planteos durante el jueves y viernes de la semana última y se despegó de las acusaciones contra los jueces que no sólo impulsa el kirchnerismo sino también los dos diputados del Frente Renovador en la comisión, Ramiro Gutiérrez y Micaela Moran.

Cuando Majul le insistió para que definiera si estaba a favor o en contra del juicio político a la Corte, Massa evitó dar definiciones y aseguró: “No conozco los planteos, es un tema del poder Legislativo”. Luego dijo: “Después del 19 de noviembre voy a ponerme a leer los fundamentos” y “voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita sino que hace a la vida de la gente”. 

Siguió: “Once años, un juicio de adopción; cinco años, un juicio laboral; cuatro años, una convocatoria; once años, un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte; cinco años, expediente de juicios en los que el Estado tiene por recaudar US$4.000 millones de impuestos no pagados. A mí el tema que más me interesa mirar es el de la Justicia al servicio de la gente”.

Massa y Milei

“Lo que ambos candidatos tienen que definir es muy simple: si van a dar libertad de acción a la Corte o van a seguir teniendo de rehenes a los jueces con el juicio político”, dijo a elDiarioAR la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica), integrante de la comisión. 

“Va a haber dictamen de acusación, pero ellos saben que no tienen ni tendrán los dos tercios de los votos en el recinto de la Cámara de Diputados. Por eso mismo: si quieren respetar las instituciones, que envíen el dictamen de acusación para que sea tratado por el pleno en marzo de 2024 y se rechace. Se va a archivar y se termina el intento de juicio político”, afirmó Oliveto. “De otra manera, lo que va a suceder es que el kirchnerismo va a dictaminar contra los jueces en la comisión de Juicio Político, va a enviar el dictamen a la Cámara y el próximo presidente va a tener ese dictamen bajo la manga, sin mandarlo al recinto, durante los tres años que le permite el reglamento”, agregó la aliada de Elisa Carrió.

“Massa, con sus diputados, pareciera decir que no cree en la independencia del Poder Judicial”, concluyó Oliveto.

La oposición presentaría otros dos dictámenes. Por un lado, el de Juntos por el Cambio, que tiene su propia interna, no sólo en torno al balotaje y el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei. Dentro del bloque opositor, los diputados de la Coalición Cívica impulsan acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y desmanejos en la Corte contra el juez Lorenzetti, que el resto del espacio no acompaña. A pesar de las diferencias, trabajan en un único dictamen que rechace los cargos impulsados por el oficialismo y contemple un apartado con la posición del espacio que representan Oliveto y Juan Manuel López. Habrá un dictamen individual del diputado “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, lavagnismo), quien rechazará todos los cargos, incluidos los del espacio que representan Oliveto y López (CC).

ED/DTC

Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, respondieron a la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja por los cargos formulados por mal desempeño de sus funciones. Los magistrados tenían tiempo para hacer su descargo por escrito hasta el día de hoy o podían presentarse para hacerlo de manera presencial el próximo martes en el marco de una nueva reunión de la comisión.

Los letrados presentaron dos escritos distintos en los que rechazan las acusaciones en su contra en el marco de la investigación que lleva adelante la comisión encabezada por la legisladora oficialista Carolina Gaillard. Además, advirtieron sobre la “independencia judicial”.

“Las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”, señaló Rosenkrantz.

Y agregó: “Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas y una demonización de mis votos”.

En tanto, Rosatti cuestionó irregularidades en la investigación que afectan la garantía de debido proceso y el derecho de defensa en juicio, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. “La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado ─de ser necesario─ por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin, hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluso el previsto en el artículo 14 de la ley 48”, advirtió el magistrado del Máximo Tribunal.

Ahora, el Frente de Todos buscará el dictaminar antes del 20 de noviembre, último día amparado por el reglamento de la Cámara de Diputados para que las comisiones se expidan sobre asuntos sometidos a su estudio “salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.

ACM con información de agencias.

La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy el informe de formulación de cargos por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes serán citados para que realicen su descargo. Podrán hacerlo de manera presencial ─en una audiencia el 7 de noviembre─ o por escrito en un lapso máximo de diez días hábiles, de modo que que 17 de noviembre la comisión ya se encuentre en condiciones de dictaminar.

“La presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”, explicó Carolina Gaillard, diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de la Cámara Baja.

Los magistrados fueron investigados por el fallo de 2x1 en el cómputo para al conmutación de al pena de represores de la última dictadura militar, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social judicial, el fallo por la coparticipación de recursos federales en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el “asalto” al Consejo de la Magistratura.

Para la jornada de este miércoles, estaban convocados testigos del juicio político contra Ricardo Lorenzetti, impulsado por la Coalición Cívica, pero ninguno de los cuatro citados se presentó en el Congreso. Héctor Marchi, uno de los convocados y cercano al letrado en cuestión, justificó su incomparecencia por vía telefónica y recordó que ya había asistido a la comisión en calidad de testigo en dos oportunidades.

Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, explicó que tampoco pudo concurrir por la agenda de reuniones de su gremio. En tanto, Gustavo Francisco Tita, denunciante de Lorenzetti hace año, y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela (ciudad de nacimiento del juez) también estuvieron ausentes.

De acuerdo a Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, todos los testigos fueron “presionados” para que no se presentasen a declarar en contra del magistrado. “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”, advirtió antes de apuntar también contra el oficialismo por “dejar para el final” la causa presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto.

“Estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer. Hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice 'acá estoy. Fijate lo que soy y fijate de qué lado estás vos'”, agregó en la misma línea Oliveto.

Por su lado, ante las acusaciones de López contra el Frente de Todos por presunta animosidad hacia algunos jueces del Máximo Tribunal, Gaillard explicó que el proceso “se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” ya que todos los pedidos fueron tratados a lo largo de múltiples audiencias.

ACM con información de agencias.

La Comisión de Juicio Político decidió avanzar con la formulación de cargos contra los miembros de la Corte Suprema por los fallos del 2x1 en favor de represores, la reforma del Consejo de la Magistratura y la restitución de fondos de la coparticipación federal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, la etapa de investigación por mal desempeño ya llegó a su fin. Por este motivo, se procedió, conforme a lo solicitado por Rodolfo Taihalde, con la votación para avanzar en la elaboración de los cargos correspondientes.

“Agotada la investigación propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces y que ellos si quieren hacer descargo lo puedan hacer. Esperemos que no pase lo del bochorno de (Juan Carlos) Maqueda, que no hizo ningún comentario”, sostuvo Taihalde en relación a las acusaciones por mala administración de la obra social judicial.

“Estaríamos en condiciones de formular el planteo para que la Presidencia en la próxima reunión presente los cargos y pruebas para que se corran los cargos y se vote para que el martes ponga en consideración”, agregó el legislador oficialista.

La Coalición Cívica, tal como adelantó Juan Manuel López, votó en contra de dicha moción ya que todavía “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados”. “Hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis”, explicó el diputado de la oposición.

Gaillard especificó que este pedido de la Coalición Cívica de ampliar la investigación se abordará el próximo martes 10 de octubre. Allí se tratará el presunto “abuso de poder” contra el ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acusación que ya había sido impulsado por la ex disputada Elisa Carrió.

ACM con información de agencias.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó poco antes de las 11:30 de este jueves su actividad con el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual modificó la conformación del Consejo de la Magistratura. Es una de las causales por las cuales el oficialismo promovió la acusación contra los cuatro jueces del máximo tribunal.

La comisión, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, inició con la discusión sobre el fallo que repuso la ley derogada en 2006 y posibilitó el retorno a la antigua composición de la Magistratura.

El análisis de esta cuestión comenzó luego de haber concluido la discusión acerca de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, al otorgarle una cautelar a ese distrito. En esta ocasión, fueron citados la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

El cuerpo legislativo analiza 14 expedientes de juicio político contra los ministros de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti-, a quienes acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos del 2x1 que benefician a represores de la dictadura, el de modificación de la Magistratura, el de coparticipación a favor del Gobierno porteño y el de funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial.

A dar inicio a la reunión, Gaillard observó que circularían entre los ministros el informe sobre el tema de obra social donde se acusa a Maqueda, y que se comenzará a elaborar un documento sobre el fallo de la coparticipación. En él, se señalará “la responsabilidad compartida” de los jueces de la Corte en esa decisión, detalló la diputada.

La legisladora consignó que esos informes formarán parte de los dictámenes que se analizarán en los próximos meses, ya que se emitirá uno por cada cortesano con la respectiva acusación.

Además, Gaillard anticipó que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura se tratará en esta reunión y en la próxima se analizará el expediente impulsado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti. Otro tema que volverá a estar presente en los debates son los chats filtrados entre el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, estrecho asesor de Rosatti. Se presume que se referían al fallo sobre la Magistratura, del cual el titular de la Corte también es presidente.

En el proyecto del oficialismo, se denuncia que los “chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D'Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 -durante el Gobierno de Néstor Kirchner-, por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.

En ese marco, se repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros y se dejó la titularidad del Consejo en manos de Rosatti.

En el documento del oficialismo, se destaca que en el fallo sobre el Consejo se contó “con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

Se afirma en el proyecto que Rosatti “manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.

También se señala que se “avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”.

LC con información de agencia Télam

El ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D'Alessandro se presentó este martes como testigo en el marco del juicio político que se desarrolla en la Cámara de Diputados y donde evitó responder si conoce al vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y calificó las filtraciones de los supuestos chats entre ambos funcionarios públicos como “una operación de inteligencia”.

“No fue una filtración sino una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho y lo que se ha publicado es una página de internet en la cual se han supuesto distintos chats”, dijo D’Alessandro, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA). 

Tras dos convocatorias fallidas en las que se ausentó por “motivos personales”, y tras un ultimátum del oficialismo que lo convocó bajo apercibimiento judicial, el ex ministro del PRO compareció finalmente en la audiencia de este martes vinculada a la causa “coparticipación”, por la cual se investiga una presunta trama de connivencia y tráfico de influencias entre la Corte y el Gobierno porteño detrás del fallo que benefició a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

D'Alessandro fue citado a raíz de las revelaciones que surgieron del hackeo de su teléfono celular que sacaron a la superficie conversaciones con Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, presidente del supremo tribunal.

La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño al elevar la cuota de coparticipación para la jurisdicción gobernada por Rodríguez Larreta.

Al contestar una pregunta de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, D´Alessandro recordó que la línea de su teléfono celular, del cual se filtraron las presuntas conversaciones con Robles, fue “robada”, hecho por el cual él mismo hizo inmediatamente denuncias ante la Justicia Federal y ante la Justicia de la Ciudad.

“No es una presunción (su versión) sino que hay mucha información de muchas pericias que se han realizado y hay muchas personas que han confesado porque han sido contratadas para estas tareas de inteligencia. Ya se constató que es una operación de inteligencia”, remarcó.

Para D´Alessandro “el tema de los supuestos chats ya los saldó la Justicia” al “haber dictaminado la situación delictual en estos supuestos contenidos que se vieron en una página de internet”. 

“Jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones. Y ésta por suerte ya se pudo comprobar a los autores materiales y ojalá se puede llegar a los autores intelectuales”, continuó.

No conforme con la respuesta, Siley le preguntó si esas causas presentadas en juzgados de distintas provincias del país están cerradas con sentencia definitiva. “Si están cerradas, ¿por qué se ampara en el artículo 18?”, interrogó la legisladora del Frente de Todos. Dicho artículo constitucional garantiza el derecho de no declarar contra sí mismo. La respuesta de D´Alessandro fue ambigua: “Algunas de esas denuncias se han acumulado”, comentó. 

A continuación, se leyó uno de los supuestos diálogos que habría mantenido D´Alessandro con Robles de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación escrito.

La lectura fue impugnada por Juntos por el Cambio, por entender que la Justicia demostró que fue obtenido ilegalmente a través del hackeo a la línea telefónica del teléfono celular de D’Alessandro. 

El diputado del PRO Pablo Tonelli reclamó que se retire la lectura de la versión taquigráfica de la audiencia ya que esos chats no podían ser tomados como prueba en la investigación.

Su par Alejandro Finocchiaro llegó a decir que tomar como válidos esos presuntos chats era equivalente a tomar como prueba una confesión bajo tortura.

“Una cosa es que se haya obtenido ilegalmente y otra cosa es afirmar la falsedad del contenido, algo que no está comprobado”, replicó la oficialista Mara Brawer.

D’Alessandro evitó responder si conoce a Robles, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

En ese punto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que el delito de falso testimonio no aplica solamente a la acción de mentir sino a omitir la verdad.

Por otra parte, ante la pregunta de Siley sobre los motivos de su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad en medio de las filtraciones de los chats o supuestos chats, el testigo respondió que decidió alejarse del cargo “por motivos personales”.

Al respecto, negó haber sido presionado para apartarse del Gobierno. “Bajo ningún punto de vista. A mí nadie me presionó. Son absolutos motivos personales. La función de ministro de una de las ciudades más importantes que tiene Latinoamérica exigen que uno esté 24x7, y la verdad que presentarse como querellante le quita horas a la gestión. Pero a mí nadie me presionó para que yo renunciara”, aclaró.

Tras el testimonio de D'Alessandro, la comisión procedió a tomarle declaración al procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

ED

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Ignacio Mahiques, en el marco del proceso de juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

El grupo de trabajo parlamentario presidido por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político, el 26 de enero pasado.

D'Alessandro es señalado por el Frente de Todos (FdT) por haber intercambiado chats de Whatsapp con Silvio Robles -director general de la vocalía del presidente supremo Horacio Rosatti-, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, el cual benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

El exministro estaba convocado inicialmente para el martes pasado, pero a través de una carta dirigida a la Comisión avisó que no podía concurrir por y solicitó una reprogramación de la cita. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, señaló en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, Mahiques fue convocado por el hecho que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado en el restaurante 'El Secreto del Hotel Four Seasons', D'Alessandro y Robles habrían arribado juntos.

Ignacio Mahiques, exfiscal federal, asumió en mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el hijo mejor del juez Carlos “Coco” Mahiques de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país; y hermano menor de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fue uno de los dos fiscales de la causa Hotesur-Los Sauces junto con Gerardo Pollicita. Ambos trabajaron en los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El principal asesor no letrado del cortesano Rosatti concurrió el martes pasado a la Comisión, aunque se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”. El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados oficialistas.

El artículo 18 dice, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

Asimismo, el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores oficialistas aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

De cara a una nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte, mediante el cual se le pedirá que exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado en la sesión pasada para no responder la mayoría de las preguntas.

Desde Juntos por el Cambio, mantienen el cuestionamiento a la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quienes interactuaron en esos mensajes de Whatsapp.

LC con información de agencia Télam

Cabizbajo, contenido y decidido a no pisar sobre vidrios rotos, Silvio Robles, vocero, mano derecha y director de la vocalía del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, declaró este martes ante la comisión de Juicio Político. Fue una nueva jornada en la investigación contra los cuatro jueces del máximo tribunal por supuesto mal desempeño, en la que se esperaba una tensa reunión entre el testigo, los diputados del oficialismo y los de la oposición. Así fue. La declaración se extendió por casi cuatro horas.

Sin embargo, el balance final de este martes es que la comisión sigue sin hallar pruebas contundentes para elaborar una acusación formal contra los magistrados por el caso de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como el fallo de la coparticipación.

“Testigo renuente”, “manifiestamente reticente”, “mentiroso compulsivo”, fuera de micrófono“ y ”operador“ de Rosatti fueron algunas de las frases utilizadas por los diputados del Frente de Todos para describir a Robles durante el interrogatorio. 

Una opción del oficialismo era solicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que ordene la detención del testigo por haberse negado a responder la mayoría de las preguntas del interrogatorio, pero no fueron por la opción máxima. También podrían haber denunciado penalmente por falso testimonio. 

En cambio, el Frente de Todos votó por mayoría que se le solicite a la Corte la eximición de la confidencialidad como funcionario judicial para volver a citar a Robles y que no pueda apelar al artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder gran parte de las preguntas. También ordenaron un careo con Daniel Marchi, ex administrador de la Corte y uno de los hombres más poderosos en el tribunal hasta abril último, cuando los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron su traslado en medio de una interna ya extendida con el juez Ricardo Lorenzetti.

En la mayoría de las preguntas, las respuestas del funcionario judicial fueron las mismas: “No intervengo en cuestiones jurisdiccionales” y “no voy a contestar”, en base al artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a no autoincriminarse al declarar; y del “artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional”, que obliga a los funcionarios judiciales a guardar reserva de los asuntos vinculados con las funciones de los tribunales.

Robles es uno de los protagonistas de los “supuestos chats” filtrados tras el hackeo al teléfono del exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba citado este martes a declarar en la comisión parlamentaria, pero solicitó reprogramar la fecha. Si no se presentaban o no justificaban su ausencia, el oficialismo podría haber pedido la detención de ambos.

Estas dos declaraciones —la de Robles y la de D’Alessandro— se debían realizar en el marco de uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña. Es el pedido formal de juicio político que presentó el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores oficialistas.

“Me siento hostigado”, dijo Robles —un hombre conocido por su vehemencia, la que no afloró durante la declaración— luego de que el diputado Germán Martínez (Frente de Todos) perdiera la paciencia y le recriminara su reticencia a responder las preguntas, y le recordara: “Usted es funcionario público”. “He recibido acusaciones sin fundamentos reales”, afirmó Robles en la comisión de Diputados. También sostuvo que los oficialistas en la comisión le “faltaban el respeto” y “le imputaban delitos” durante el interrogatorio.

Testigo o acusados

El interrogatorio giró en torno de cuestiones que Robles entendió que si las respondía podían incriminarlo penalmente. Los testigos están obligados por ley a declarar la verdad pero no a declarar contra sí mismos o autoimputarse la comisión de delitos sin presencia de su abogado defensor y en el marco de una declaración indagatoria, en la que puede negarse a declarar. 

Robles no es blanco de la investigación de la comisión ya que por su cargo no puede ser sometido a juicio político, pero sí puede ser denunciado nuevamente por delitos penales en el ejercicio de su función, como, por ejemplo, presunto tráfico de influencias.

“Usted tiene el cargo más alto en la vocalía del doctor Rosatti”, le recordó la diputada Mabel Brawer (Frente de Todos) cuando Robles se negaba a responder sus preguntas sobre el funcionamiento de la vocalía y cargos de otros funcionarios.

“”Si alguien piensa que hay oscuridad o poca transparencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, usted lo ratificó ampliamente aquí. La verdad es que es tan oscura la Corte como su presencia en este lugar. No nos ha dicho absolutamente nada“, le dijo el diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) al testigo antes de interrogarlo. Sus dichos desataron gritos de queja de los diputados de Juntos por el Cambio. ”Me ha discriminado“, le respondió Robles, y con su usual ironía agregó: ”Quiero que conste en acta que un hombre del peronismo me acaba de discriminar diciéndome oscura presencia“.

¿Por qué se las preguntaban entonces? Porque Robles es uno de los platos fuertes de este proceso contra los jueces de la Corte y una de las variables que motivaron el pedido de juicio político que presentaron el presidente Fernández y gobernadores tiene justamente que ver con los chats o supuestos chats entre Robles y D’Alessandro. El Presidente lo negó en entrevistas a principios de año y dijo que la denuncia contra los jueces de la Corte era previa a la filtración, pero la presentación fue justamente posterior a que se dieran a conocer las conversaciones o supuestas conversaciones. 

Estos chats o supuestos chats se filtraron el 30 de diciembre, Fernández anunció el 1° de enero de 2023 que denunciaría a Rosatti y sus colegas Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda; y la denuncia de Presidencia es del 4 de enero.

El oficialismo quiere probar que el fallo contra el Gobierno Nacional se debió a una decisión partidaria, no política o jurídica, aunque demostrar que la decisión jurídica de uno o cuatro jueces es causal de juicio político o motivo de mal desempeño no es fácil; pero es menos difícil demostrar que hubo un presunto tráfico de influencias entre Rosatti y el gobierno de Larreta, vía Robles y D’Alessandro. Eso sí sería causal de mal desempeño de un juez. 

D’Alessandro y el fallo

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o “supuestos chats” en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño intercambiaban información sobre fallos de la Corte, entre ellos el que se centra en el reparto de la coparticipación. Las conversaciones virtuales -según D’Alessandro los chats son falsas-, muestran una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del juez Rosatti y el entonces ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

Robles se negó a responderle al diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) —el encargado de mantener la calma y principal interrogador en la reunión— sobre si conocía a Marcelo D’Alessandro. “Hay cuestiones que están judicializadas”; “no voy a responder a esa pregunta”, afirmó el funcionario judicial.

Al inicio de su declaración, Robles sostuvo sobre Rosatti: “Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos”.

Luego Robles pidió autorización para leer un texto de una carilla en el que dijo que había sido injuriado por integrantes de la comisión, Leopoldo Moreau le señaló que estaba “victimizando al doctor Rosatti”, quien “aún no está formalmente acusado por la comisión de Juicio Político”; e insinuó que el testigo estaba propiciando “un show periodístico”.

“La única causa [penal] que se le inició [por los supuestos chats] está cerrada. Otras denuncias fueron acumuladas material y jurídicamente a la causa. Están todas acumuladas, todas cerradas”, planteó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

“La causa está archivada, no cerrada, lo que no significa cosa juzgada o terminada, no hay sobreseimiento”, lo contradijo Juan Manuel López (Coalición Cívica, Juntos por el Cambio). “Puede ser reabierta por cualquier prueba o hecho que surja posteriormente”, aclaró el diputado opositor.

“Cada vez que una persona interpreta que algo que pueda decir lo incrimine, tiene derecho a no declarar”, dijo Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio).

ED/JJD

Silvio Robles, asesor del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, afirmó este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que ha “recibido acusaciones sin fundamentos reales” por parte de algunos legisladores. Declaró en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

Lo dijo al declarar en la Comisión de la Cámara baja, a la cual fue citado como testigo por la supuesta connivencia con el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en relación al fallo sobre la coparticipación federal de impuestos que habría beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de someterse a las preguntas de los miembros de la Comisión, Robles leyó un escrito donde aclaró que no respondería las consultas de índole personal: “Han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, remarcó.

Acto seguido, diputados del Frente de Todos advirtieron sobre la posibilidad de que, a partir de esa aclaración, el funcionario judicial pudiera ser alcanzado por la figura de “reticencia”, según expresó el oficialista Ramiro Gutiérrez.

Para Robles, el proceso de juicio político impulsado por el oficialismo es “para atacar y presionar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Algunos ya me han acusado falsamente”, apuntó el invitado, para enumerar a continuación una serie de cuestiones que los diputados le habrían marcado y que aclaró que no fueron veraces.

“Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, y es mentira; que estaba prófugo, cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenia citación judicial; que estuve en Miami este año, es mentira; y además, han atacado sistemáticamente a miembros de mi familia”, completó Robles.

Durante las preguntas, consultado sobre si conocía a D'Alessandro, evitó responder y justificó que se amparaba “en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Ese artículo menciona, entre otros puntos, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

LC con información de agencia Télam

Tras varias semanas de bajo perfil, escasas repercusiones y declaraciones políticas postergadas, la comisión de Juicio Político que investiga a los jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño avanzó este miércoles con dos citaciones clave: el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y Silvio Robles, mano derecha y vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. 

El objetivo de los diputados del Frente de Todos es retomar la línea de investigación que motivó la embestida del oficialismo contra el máximo tribunal -el fallo cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos para la policía porteña- y que busca enfocar la contienda en el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Otras declaraciones anunciadas para el 27 de junio último no se concretaron aún y se dilataron: la del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la de algunos de los 14 gobernadores peronistas que acompañaron la denuncia del presidente Alberto Fernández contra los jueces supremos.

Las fuentes políticas consultadas por elDiarioAR en el Congreso coincidieron en que la energía está puesta en otro lado, incluso para el oficialismo, que promueve el juicio político contra la Corte desde diciembre último. La campaña electoral es prioridad para la mayoría, a excepción de un núcleo duro del kirchnerismo que encabeza desde hace años una agenda en torno al poder Judicial, explicó uno de los consultados. “Si no vienen todos, no viene ninguno”, agregó otra fuente sobre las citaciones a De Pedro y los mandatarios provinciales.

En lugar de interrogar a los gobernadores aliados, el oficialismo en la comisión debió conformarse este martes con escuchar las declaraciones de fiscales de Estado de las provincias y secretarios de Finanzas provinciales enviados por los gobernadores para defender la hipótesis de que el fallo de la Corte perjudicó la economía de las provincias. Fueron declaraciones técnicas, sin mucha prensa, pero aportaron información valiosa para el Frente de Todos, dijo uno de los consultados por este medio.

Desde que el fallo de la Corte a favor de la Ciudad desató la mayor escalada de tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal, el 22 de diciembre último, el Ejecutivo Nacional realizó varias presentaciones en la Corte para pedir el apartamiento de los jueces del caso y la revisión de la decisión de los magistrados.

La Corte debía fallar nuevamente sobre el fondo de la cuestión y zanjar la disputa entre el Gobierno y la Ciudad, pero el expediente se congeló tras la puesta en funcionamiento de la comisión de Juicio Político. 

Actualmente, el Ejecutivo Nacional sigue sin acatar la orden de la Corte. El tribunal había ordenado en diciembre elevar el porcentaje de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de 1,4% a 2,95%. Sin embargo, el Ejecutivo porteño continúa recibiendo el 1,4% de la masa de impuestos nacionales recaudados. Desde el 22 de diciembre último, la Ciudad ha dejado de percibir 140.000 millones de pesos para financiar la policía porteña, informó a elDiarioAR una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, el Ejecutivo porteño recibe actualmente menos fondos que antes del fallo de la Corte, cuando percibía, además del 1,4% de la masa de impuestos nacionales, otros 180.000 millones de pesos fijados por una ley de 2020, que estableció que esa suma equivale al costo de funcionamiento de la policía capitalina.

Como el fallo de la Corte dejó sin efecto la ley de 2020, el Ejecutivo Nacional suspendió el pago de los 180.000 millones extra.

Testigos

Esta será la segunda citación a Robles y D’Alessandro, quienes también habían sido citados a la comisión -aunque no notificados oficialmente- para presentarse como testigos el 4 de julio último, una semana después de De Pedro y los mandatarios provinciales. 

Sin embargo, la presidenta de la comisión parlamentaria, Carolina Gaillard, informó en un nuevo escrito a los diputados miembros que deberán presentarse a reunión de comisión el próximo 1° de agosto para escuchar cuatro testimonios, entre ellos los de Robles y D’Alessandro. De no presentarse, la presidenta de la comisión podría solicitar a la Justicia que ordene a la fuerza pública reportarse junto a los citados ante los diputados.

Si bien las citaciones no se efectuaron oficialmente, Gaillard anunció que serán llamados también Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte; y Alejandro Otero, contador público y magister en Administración Pública.

Las citaciones son el marco de la denuncia del presidente Fernández y 14 gobernadores peronistas, quienes acusaron a los jueces de la Corte de mal desempeño por el fallo de diciembre último a favor de la Ciudad.

D’Alessandro y Robles también están citados por la filtración de supuestos chats entre ambos funcionarios en los que habrían intercambiado información sobre el fallo. El caso de los chats, que se filtraron tras el hackeo ilegal a su teléfono celular, le costó al exministro su renuncia al cargo.

Los diputados destinarán unas cinco audiencias al caso de la coparticipación federal y los fondos de la Policía de la Ciudad, informó Gaillard en comisión.

ED/MG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes citar para el próximo martes primero de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y al estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles. Se pretende que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del proceso de juicio político que se sustancia a los cuatro jueces supremos, la presencia de ambos estaba prevista originalmente para el 4 de julio, pero por corrimientos en el calendario llevaron a que finalmente se formalizara para el martes 1 de agosto.

En el análisis que se realiza en Diputados, una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández) benefició al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, luego de supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración capitalina a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno Nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para la Capital Federal.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Resolvió citar a una serie de exfuncionarios, entre ellos a Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Mauricio Macri, y que además se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

La comisión presidida por Carolina Gaillard (FdT) aprobó también una ampliación de prueba, para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía, Silvina Batakis, y al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios de la cartera económica que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

La comisión investiga si los jueces supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno porteño ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno Nacional.

Al dar inicio la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, quien había sido citado a la misma, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, debido de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró la diputada del Frente de Todos, quien apuntó que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

Durante la jornada, los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos y actual precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT).

Por otro lado, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que “no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo”.

“Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”, acusó López al justificar el rechazo de la coalición opositora a la citación del exministro.

Luego de un breve debate, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, a partir de una propuesta de la propia Gaillard y del diputado Leopoldo Moreau (FdT), que sostuvo que “esta citación hay que materializarla después de la elección”.

Los diputados también aprobaron una ampliación de prueba impulsada por Rodolfo Tailhade (FdT), para que se incorpore como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, en una entrevista en el programa A Dos Voces de Todo Noticias.

Esta ampliación de prueba también contempla que se cite en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales, entre ellos ministros de Economía de diferentes provincias, a Batakis, extitular de Hacienda y a Astarloa, así como funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluye la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que “es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles”, este último estrecho colaborador de Rosatti presidente de la Corte.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade.

En aquellas conversaciones, figuran conversaciones que D'Alessandro habría mantenido con Silvio Robles. Además, el diputado oficialista pidió que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D'Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En la Comisión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que “la postura del Gobierno Nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida” y negó que el Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.

“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, explicó Diez, quien destacó que los decretos “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”.

Tras la exposición de Diez, la Comisión recibió también a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, quien explicó lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.

En el trascurso de la reunión, el diputado Pablo Tonelli (PRO) había acusado al Gobierno Nacional de “incumplir” con el fallo que establece que el Estado Nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida en la Ley 23.548 de Coparticipación.

“Esa cosa de la antinomia Ciudad contra el interior da a viejo y no está bueno. Tengamos en cuenta que el Presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación, están incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la Justicia”, sentenció la diputada Paula Oliveto (CC).

Ese planteo fue rechazado por Germán Martínez, titular del bloque del FdT, al destacar que “estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno Nacional le pague al Gobierno porteño el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la Ley 27.606 que le otorgaba el 2,32%.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó este jueves para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, para que expongan sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, acordaron invitar para la próxima reunión de ese cuerpo, el 27 de junio, al ministro del Interior Eduardo 'Wado“ De Pedro, como a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso. Su fue anunciada esta tarde por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT).

Gaillard precisó las citaciones del 4 de julio a D'Alessandro y Robles, en el marco del juicio político a los cuatro ministros de la Corte. Para la próxima reunión de la comisión, serán citados el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, así como fiscales vinculados a la causa sobre la coparticipación.

Con el voto mayoritario del oficialismo, la Comisión decidió citar al juez supremo Juan Carlos Maqueda, para que en 10 días hábiles responda en forma personal o por escrito sobre las acusaciones en su contra por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en su condición de superintendente de ese organismo. El plazo que tendrá el magistrado será hasta el 6 de julio.

La titular del órgano adelantó que se realizarán “4 o 5 audiencias” sobre coparticipación, tras lo cual se continuará con la investigación sobre presuntas irregularidades de la Corte en torno al Consejo de la Magistratura.

Una de las líneas de investigación sostenida por el Gobierno Nacional es que la resolución judicial por los fondos destinados a la Ciudad Autónoma (que habían sido redistribuidos por la administración de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de negociaciones entre él y Rosatti a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

La propuesta del FdT de citar a Maqueda fue avalada por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado donde el oficialismo impuso su mayoría ante el rechazo de la oposición. La resolución de 53 carillas dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político se reúne para continuar con el tratamiento del pedido de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Los citados que brindarán testimonio en la comisión son: Dra. Marta Herrera Alem, (Ex Directora y Vicepresidenta de la OSPJN); Sra. María Guadalupe Burgos(Funcionaria de la OSPJN); Contador Público Iván Nicolas Ritvo; Dr. Néstor Fasciollo (Funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN); Dra. Marcela Carlomagno (Titular afiliada a la OSPJN); y la Dra. María Susana Villaruel (Secretaría Letrada Vocalía Dr. Maqueda).

La actividad se podrá seguir en los siguientes links: