La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició hoy una nueva audiencia sin la presencia del exministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano; del senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, ni del prófugo Fabián Rodríguez Simón, exasesor judicial del expresidente Mauricio Macri, que habían sido citados por ese cuerpo en el marco del proceso contra la Corte Suprema.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT) precisó que los testimonios de esta nueva audiencia estaban vinculados con “una de las hipótesis relativa a la causa Muiña, y el posible acuerdo o encubrimiento entre la Corte Suprema y el entonces Gobierno de Macri de una política que cambie el paradigma para beneficiar a genocidas y represores”.

Gaillard precisó que Garavano presentó una notificación, en la que manifestó la “imposibilidad de concurrir” a la reunión y pidió reprogramar la audiencia, al igual que el exviceministro de Justicia Santiago Otamendi y Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación.

En cuanto a Rodríguez Simón, la diputada del FdT informó que el exfuncionario envió una nota a la comisión, donde expresa su situación particular por las cuáles está en Uruguay y en la que afirmó que “no tiene nada para aportar en la causa”.

La citación está vinculada con el fallo del “2x1” en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuáles son acusados los ministros del máximo tribunal.

Al iniciar la reunión, Gaillard informó además la ausencia de Torello, quien envió una nota desacreditando la potestad de la comisión para citarlo y dijo que el senador “tiene la obligación de concurrir”.

“No lo estamos convocando en calidad de imputado sino de testigo”, aclaró Gaillard y dijo que se le va a reiterara la citación y si volviera a ausentarse “se le va a elevar a la presidencia del Senado que tome las medidas pertinentes”.

En su nota, Torello dijo que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.

En ese sentido, el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, sostuvo que Torello “es un senador de la Nación que tiene que decir la verdad y contraponer los hipotéticos fueros” y afirmó que “este es un juicio político, no penal”.

A su turno, el diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, expresó: “Acá hay que aplicar la doctrina impulsada por el legislador del PRO, Pablo Tonelli”. Y explicó que consiste en pedir al Senado “la dispensa de la inmunidad: una suspensión momentánea de la inmunidad funcional”, al anticipar que plantearía esa medida más adelante en el transcurso de la reunión.

Para esta tarde y en el marco de esta nueva audiencia, también, se convocó a Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.

Estos testimonios fueron solicitados en el marco del proceso que sustancia la comisión que analiza la conducta de los jueces de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Desde la oposición, los diputados de JxC enviaron una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, donde advierten sobre supuestas irregularidades cometidas en el marco del proceso que se sigue en la comisión y denunciaron “hostigamiento” a los testigos que concurrieron a las audiencias.

En tanto, los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del '2x1' emitido por la Corte durante el Gobierno de JxC sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, volverán a ser citados por el cuerpo en una nueva audiencia donde presten testimonio únicamente periodistas.

CRM con información de la agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva audiencia en la que se resolvió volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli, quien no asistió a exponer ante ese cuerpo, bajo la advertencia de hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Stornelli había sido convocado como testigo, para explicar los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.

Sin la presencia del fiscal, la comisión presidida por Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT), continuó con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de los jueces supremos, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Gaillard dio inicio a la reunión y avisó que la Comisión pediría volver a citar al fiscal y advirtió que “si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”. “Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente”, anunció Gaillard al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.

El planteo del oficialismo para citar nuevamente a Stornelli fue votado en la comisión y aprobado por 16 votos. También se aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos, por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, según la propuesta del FdT.

Ramos, quien brindó testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión, archivó a instancias de Stornelli una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D'Alessandro con Robles, con el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

En el desarrollo de la reunión, se produjeron fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, la cual le atribuyó al FdT “un manejo ilegal de la comisión” y aprovechó la audiencia para cuestionar al Gobierno Nacional por la situación de violencia e inseguridad en Rosario.

El diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López rechazó en la reunión la actitud de Gaillard de, según dijo, tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” para pedir la concurrencia presencial de Stornelli y sostuvo que el fiscal “no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito”, por lo que afirmó que “no es un testigo reticente”.

Además del fiscal Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, aunque pidió reprogramar su presencia.

En tanto, se espera para el resto de este martes las exposiciones del exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla, y los secretarios judiciales de la Corte: Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.

LC con información de agencia Télam

El fiscal federal Carlos Stornelli ratificó en las últimas horas a la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados que no declarará como testigo ante los legisladores de manera presencial y reiteró que lo hará por escrito, confirmó a elDiarioAR una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Stornelli está citado para este martes, en el marco de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño. El fiscal promovió durante la feria judicial de enero el archivo de una denuncia basada en las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles, en las que habrían intercambiado información sobre el fallo del tribunal que favorecería a la Ciudad en la coparticipación.

La mayoría del kirchnerismo en la comisión de Juicio Político decidió citarlo para que explique los pormenores de su dictamen.

Stornelli informó a través de la Procuración General de la Nación que declararía por escrito, en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard, le respondió con un oficio que debía presentarse a declarar personalmente ante los diputados, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la comisión parlamentaria para los fiscales federales y nacionales.

En contraposición, la Ley Orgánica a la que apeló Stornelli sostiene que están exentos del deber de declarar ante los tribunales en caso de ser citados como testigos. Si así lo fueran, deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes, dice la ley. Citando esta normativa, votada por el Congreso, es que Stornelli sostiene que debería presentar un escrito en base a un pliego de preguntas que debería enviarle la comisión de Juicio Político, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal a elDiarioAR.

“Hay un conflicto de normas que incluye un conflicto de poderes”, admitió la fuente. Si bien la ley no habla de citaciones como testigos ante una comisión parlamentaria, en el Ministerio Público Fiscal consideran que debería aplicarse este artículo de la norma por encima del reglamento de la comisión.

La misma “contradicción” ocurre entre el reglamento de la comisión y el Código Procesal Penal para los integrantes del Poder Judicial de la Nación.

Mientras avanza la investigación del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político, los cuatro ministros del máximo tribunal mantienen en reserva si asistirán a la tradicional apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este miércoles 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dará su discurso, sentado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco habían recibido invitación al cierre de esta nota.

Las invitaciones para el 1° de marzo son enviadas por el Senado, presidido por la vicepresidenta, pero los invitados son elegidos por el Poder Ejecutivo. Usualmente, se cursan a último momento. Este año no es la excepción. El Senado comenzó a enviar las invitaciones este viernes, tras la publicación de la convocatoria oficial en el Boletín Oficial, y la nómina incluye a los jueces de la Corte, de acuerdo a una fuente de la Cámara alta consultada por elDiarioAR. 

El acto oficial, con el pleno de Diputados, el Senado y el Gabinete en el recinto, además de expresidentes, es la oportunidad de Fernández para anunciar el envío de proyectos de ley al Congreso o solicitar la sanción de leyes pendientes, pero es también el momento en el que el Presidente tendría a los jueces de la Corte de cuerpo presente frente a sus críticas al máximo tribunal y el Poder Judicial. 

Este año, la habitual tensión entre ambos poderes alcanzó su pico máximo con el pedido de juicio político del Gobierno a los cuatro magistrados y la apertura de una investigación en la comisión parlamentaria por presunto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Habrá que esperar para ver si asisten a la convocatoria o dan un faltazo histórico, respondieron dos fuentes con acceso a los ministros de la Corte ante las consultas de este medio. Desde que el oficialismo aumentó la presión sobre el tribunal, el habitual hermetismo de los magistrados supremos se potenció y son escasas las decisiones institucionales que trascienden en el Palacio de Justicia.

En los últimos tres años, no todos los magistrados estuvieron presentes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En 2020, sólo acudieron Rosenkrantz y la entonces cortesana Elena Highton de Nolasco, quien renunció a su cargo a finales de 2021. Entonces, Lorenzetti se reportó enfermo y no trascendieron las razones de ausencia de Rosatti.

En 2022, cuando el clima de tensión escalaba entre el Gobierno y los supremos por el fallo del tribunal que modificó la composición del Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona y controla a los jueces nacionales-, los cuatro jueces asistieron. 

Ocho horas

El jueves, mientras se celebraba la sesión de la comisión parlamentaria, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda mantuvieron una reunión de acuerdo y firmaron sentencias. Rosenkrantz se encontraba de licencia pero regresará esta semana a sus funciones.

El jueves último por la mañana, el clima en la Corte se tensó más de lo habitual de los últimos meses. Un ex funcionario del tribunal y cinco letrados que trabajan codo a codo con los jueces debieron presentarse ante la comisión de Juicio Político para declarar como testigos frente a los diputados, en una sesión que se transmitió en vivo y se extendió por casi ocho horas.

Sin embargo, el resultado de la sesión hacia dentro de la Corte terminó amortiguando, al menos temporalmente, la inquietud. Desde la perspectiva del tribunal, en la mayoría de los interrogatorios, los diputados demostraron “desconocimiento sobre a quiénes estaban interrogando y sobre el funcionamiento de la Corte” y una “evidente falta de preparación” para las entrevistas a los testigos.

En muchos casos no sabían exactamente qué funciones cumplían los funcionarios del tribunal citados, en qué causas habían intervenido ni para qué jueces habían trabajado en los últimos años. 

A casi seis horas de iniciada la sesión del jueves, el diputado José Luis Gioja (San Juan) comenzó a interrogar a Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, para consultarle cuál había sido el criterio adoptado por la Corte para determinar que el Estado Nacional debe entregarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. “Desconozco porque yo no participé del proyecto de esa sentencia”, respondió Rodríguez.

“Ah, estamos muertos, entonces.. estamos cagados”, se lamentó en voz alta y con espontaneidad el sanjuanino, ante las risas de sus colegas y la mirada sorprendida de la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), y el rostro inmutable del testigo. Es que el cuestionario de Gioja se basaba en la presunta participación o conocimiento de Rodríguez en el expediente que motivó el pedido de juicio político a la Corte.

Rodríguez terminó explicando cuál es el procedimiento ante los juicios que se originan en la Corte. La situación se repitió con otros testigos, como el último de la lista del jueves, Roberto Miguel Ángel Saggese, interrogado por el diputado Ricardo Herrera (La Rioja), quien comenzó leyendo las preguntas. “Bueno, se nos ha encomendado una serie de preguntas respecto del caso Muiño (en referencia al fallo Muiña, que aplicó la Ley del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad)”. “No puedo contestarle porque no participé en ese caso”, respondió el funcionario de la Corte. El resto de sus respuestas al interrogatorio fueron variantes de esa frase.  

La “obsesión Robles”

Como balance, en la Corte se inquietaron más porque los funcionarios del tribunal debieron informar públicamente sus domicilios y permanecer a disposición de la comisión durante casi ocho horas que por las preguntas que debieron responder. 

Hay otro hecho que inquieta a muchos en el tribunal: la citación a María Burdín, vocera del juez Lorenzetti, para declarar como testigo el martes 7 de marzo ante la comisión parlamentaria. La funcionaria mantiene un enfrentamiento con otros funcionarios de la Corte que responden a los colegas de su jefe.

En el tribunal también se preguntan por qué el oficialismo dedicó la mayor parte de los interrogatorios a la “obsesión con Silvio Robles”, como definió una de las fuentes consultadas por elDiarioAR a los reiterados intentos por obtener información sobre Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, presidente de la Corte, e involucrado en la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En el oficialismo, apuestan a que, como mínimo, la exposición a Robles en la comisión alimente sospechas sobre Rosatti a través de los medios de comunicación.

Además, el oficialismo debió dar marcha atrás con una de las medidas más duras que votó su mayoría en la comisión hace diez días: admitió que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamadas entre el asesor de Rosatti y el ministro D’Alessandro.

La Corte cree que a través de Robles no habría posibilidad de avanzar en la investigación contra presunto mal desempeño de Rosatti. Las preguntas de los diputados oficialistas giraron en torno a si Robles accede a los secretarios letrados de los jueces; si recibe informes de los fallos del tribunal; si integra grupos de chats con funcionarios de la Corte; si una inundación ocurrida a finales de enero en el Palacio de Justicia afectó la oficina del vocero -suspicacias sugeridas por el diputado Leopoldo Moreau porque el episodio sólo afectó el despacho y antedespacho de Robles, incluyendo su computadora-; entre otras cuestiones sobre el protagonismo y nivel de toma de decisiones de Robles en la Corte.

El día anterior al acto del 1° de marzo en el Congreso, la Corte tomará juramento a los senadores que deben asumir como consejeros de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales, en medio de la polémica por la decisión de tribunal de no tomar juramento a Martín Doñate, uno de los senadores elegidos por Fernández de Kirchner para asumir en el Consejo en representación del oficialismo en el Senado. 

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó este jueves un planteo de nulidad de la acordada de la Corte que excluyó a Doñate de asumir en el Consejo, donde se debate quién será juez y quién no. A su vez, la asunción de Doñate quedó cuestionada judicialmente por la oposición y el tribunal declaró invalido que el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta se haya partido en dos para que el oficialismo nombre representantes por la mayoría y la minoría en el organismo.

ED

Luego de un miércoles de reuniones, pase de mensajes y consultas entre los integrantes de la comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados, los distintos interbloques están listos para presentar este jueves a partir de las 11 sus respectivos informes con respecto a los 14 proyectos de juicios políticos contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las fuentes legislativas de las distintas fuerzas políticas consultadas por elDiarioAR.

En el Palacio de Justicia, casi en simultáneo, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantendrán la primera reunión de acuerdo del año y dictarán sentencias, aunque no trascendió qué casos tratarán. El jueves último, los magistrados tuvieron un plenario para tratar la agenda del máximo tribunal en 2023, según una fuente de la Corte, que mantiene un hermetismo extremo desde que el gobierno de Alberto Fernández motorizó el tratamiento de los pedidos de juicio político durante enero.

En esta etapa del proceso en la comisión, tras escuchar los argumentos de los firmantes de los pedidos de jury contra los ministros del máximo tribunal del país, los 31 integrantes deben decidir si abren una investigación contra todos o algunos de los jueces acusados -paso previo a la acusación formal en el recinto de Diputados- o si, en cambio, estas acusaciones se archivan.

La prioridad para el oficialismo es que este jueves se vote su informe de admisibilidad para abrir una investigación sobre los cuatro jueces de la Corte y el Frente de Todos tiene los votos suficientes para lograrlo, ya que necesita una mayoría simple en la votación y tiene 16 de los 31 diputados de la comisión.

Es el máximo al que apunta el kirchnerismo: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la segunda etapa del proceso, ya que necesita los dos tercios de los votos en el recinto de Diputados para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Informes

Dos fuerzas políticas presentarán dos informes de admisibilidad, es decir que argumentarán por qué deben abrirse formalmente sumarios contra los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Por un lado, el oficialismo presentará un informe de admisibilidad contra los cuatro magistrados, los 14 proyectos presentados y buscará promover la destitución de todos los jueces de la Corte por presunto mal desempeño. Incluirá los dos pedidos de juicio políico contra el juez Lorenzetti que había presentado años anteriores la Coalición Cívica (CC) que lidera la opositora Elisa Carrió.

El segundo informe de admisibilidad que se someterá a votación este jueves es el de los diputados de la CC, que contó con la participación y seguimiento de Carrió, afirmó una fuente directa del bloque. 

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, y la diputada Paula Oliveto tienen listo un documento de casi 20 páginas en el que analizan las razones por las cuales consideran que debe abrirse un sumario contra Lorenzetti e iniciar su pedido de juicio político por presunto mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), principal fuerza opositora, tiene desencuentros en este último punto. Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, que lidera Mario Negri) y el PRO (que preside Cristian Ritondo) que integran la comisión no acompañarán los pedidos de juicio político contra Lorenzetti presentados por la CC, pero los legisladores no se mostrarán divididos y presentarán un único informe con dos posturas: plantearán el rechazo in limine de los pedidos de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte y en el mismo documentos los diputados Lago y López declararán la apertura del sumario de investigación respecto de Lorenzetti, pero exclusivamente en relación a los hechos previstos en los expedientes que impulsaron con Carrió y no por los que argumentó el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández.

Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados.

Juan Manuel López y Paula Oliveto — Diputados de la Coalición Cívica.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal que responde a Roberto Lavagna, presentará su propio informe, separado de Juntos por el Cambio pero en el mismo sentido general: rechazará in limine las solicitudes de juicio político a los cuatro jueces de la Corte, de acuerdo con un documento que publicó el miércoles la periodista Silvina Brandimarte en Twitter.

Cómo se votará

Durante este miércoles, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), definió junto a su bloque cómo se llevará a cabo la votación de los informes este jueves. La decisión era central y debía estar definida antes del inicio de la comisión. 

La CC había planteado que la votación fuera por expediente (son 14), lo que le permitía votar únicamente a favor de iniciar una investigación contra Lorenzetti solo por los dos expedientes que impulsa esta fuerza política y rechazar el resto de los cargos contra Lorenzetti y sus colegas, ya que las acusaciones que plantea el oficialismo contra el juez de Rafaela son diferentes a las de la CC. El espacio liderado por Carrió apunta al manejo de los fondos millonarios del Poder Judicial durante las presidencias del magistrado, entre otros hechos.

Sin embargo, el miércoles por la tarde, Gaillard confirmó a la oposición que se votará el paquete completo de expedientes contra los cuatro jueces, sin diferenciarlos. Incluirá los dos expedientes iniciados por los diputados aliados de Carrió.

Argumentos del FdT

El oficialismo promoverá la apertura de sumarios contra los cuatro jueces por alrededor de 60 hechos. Entre las principales causas de presunto mal desempeño se encuentra el fallo de la Corte en diciembre, en el que ordenó a Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. 

El pedido de juicio político contra la Corte se activó luego de la filtración de chats entre Silvio Robles (vocero del juez Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, a quien le hackearon el teléfono), en el que el asesor del presidente de la Corte supuestamente anticipaba el resultado de la sentencia que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. 

Otro hecho por el que el kirchnerismo busca enjuiciar a los ministros de la Corte es la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el organismo que nombra y remueve jueces– y que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner en 2006. El fallo del máximo tribunal retrotrajo la composición del organismo a 20 miembros y puso al presidente de la Corte como cabeza del Consejo que maneja la designación y sanción de los jueces. 

Un tercer hecho es la sentencia que otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña en 2017, que votaron Rosenkrantz y Rosatti, entre otras acusaciones relacionadas por derechos humanos.

Lorenzetti

A diferencia del oficialismo, la Coalición Cívica no basó las acusaciones contra el ex presidente de la Corte (2007-2018) en sus fallos, sino en los manejos internos del máximo tribunal durante sus consecutivas presidencias, un período en el que Lorenzetti supo construir y concentrar poder como cabeza del tribunal.

En el informe que presentarán este jueces ante la comisión, los diputados López y Oliveto explican las dos causales del juicio político: el mal desempeño o la mala conducta, que “no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.

Pero además, López y Oliveto acusan a Lorenzetti de supuestos delitos penales: “Queremos dejar en claro que en el caso hay conductas que pueden constituir ilícitos penales. En algunos casos incluso existieron expedientes que fueron archivados, pero sin haber sido dictado sobreseimiento alguno”, argumentaron.

Acusan al juez de Rafaela de haber sido “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia que condicionara el accionar en la magistratura”; “evidente falta de transparencia en su gestión en la Corte, como presidente del Tribunal”; “eventual comisión de delitos por cooptar las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y del manejo de los fondos de la justicia”; entre otros argumentos.

“Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados. Y desde que dejó de ser presidente del Tribunal, sus energías estuvieron dirigidas en minar la imagen de los ministros de esa misma Corte que integra pero que ya no puede dominar a su gusto”, sostienen López y Oliveto.

Los diputados aliados de Carrió también acusan a Lorenzetti por “la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia”, que “se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas muy allegadas al expresidente de la Corte”.

Carrió y sus aliados vienen sosteniendo desde hace años que Lorenzetti centralizó las decisiones de tipo presupuestario en la Corte Suprema y propicio “el desbaratamiento de todo mecanismo de control interno y externo por parte del Consejo de la Magistratura” sobre estos fondos.

También lo acusan por los “sospechosos sorteos de causas e irregularidades en el sistema de informatización del Poder Judicial” y citan las denuncias de dos empresas, Indra y Thompson-Reuters (La Ley), por supuestas irregularidades en una licitación para informatizar todos los tribunales del Poder Judicial durante la presidencia de Lorenzetti. 

“Durante la presidencia de Lorenzetti, la Corte Suprema contrató a una empresa investigada en la Justicia por irregularidades en convenios con ANSeS y el Ministerio del Interior para la provisión de una cartelería digital durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la empresa Dinatech SA”, cita el informe de admisibilidad de la Coalición Cívica.

También alegan “irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución presupuestaria” de la propia Corte; la “designación y asignación arbitraria del personal” en el máximo tribunal; y el “incumplimiento a la ley de Ética Pública en relación a la presentación de Declaraciones Juradas”, ya que Lorenzetti, “para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública —por la ausencia de transparencia en su patrimonio—, modificó el contenido de las Declaraciones Juradas previstas en la norma y dispuso así la creación de un sistema complejo para obtenerlas, que, en la práctica, no funciona correctamente”.

El informe también apunta al “manejo irregular y discrecional de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.

El resto de los bloques que conforman Juntos por el Cambio (la UCR y el PRO) no votarán a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti por estos hechos, pero el oficialismo sí lo hará, confirmó una fuente del Frente de Todos.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

ED

Carolina Gaillard preside la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Dirigente del Frente de Todos, electa por Entre Ríos, forma parte del grupo de legisladores que llevará adelante la investigación impulsada por Alberto Fernández contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. Sobre el trámite, las eventuales diferencias en el Frente de Todos, el momento político para la decisión y el destino del trámite charló con elDiarioAR.

-¿Por qué ahora el juicio a la Corte?

-El momento se definió a partir de que tomó estado público que existieron conversaciones entre una persona de máxima confianza de del presidente de la Corte, que es Silvio Robles, mano derecha de (Horacio) Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Horacio Rodríguez Larreta, en las que hablaron sobre fallos que estaban siendo cuestionados por arbitrarios como la coparticipación para CABA o decisiones de la Corte sobre el Concejo de la Magistratura, que son una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo.

Los chats son la gota que rebalsa el vaso, y a partir de ahí se decide impulsar el juicio político porque configuraba un escándalo institucional. Todos sospechaban que había algún tipo de inclinación de la Corte hacia un sector de la oposición, en este caso hacia el gobierno porteño, cuando falló el tema coparticipación y en las decisiones que tomo sobre el Concejo de la Magistratura, pero lo de los chats termina de confirmar que existieron tratativas para que eso sea así. Eso nos da muchos motivos, le da al Presidente de la Nación, para terminar de definir que se impulse el juicio para denunciar el mal desempeño de los jueces de la corte y, luego, pedir su apartamiento.

-Desde distintos sectores del oficialismo, hacía tiempo se pedía una acción sobre la Justicia y al Corte. ¿Se tardó demasiado? ¿Se tendría que haber actuado antes?

-Considero que ante el conocimiento de los chats no podíamos hacernos los distraídos. No solo porque, claramente, configuraba una situación irregular, sino porque podría configurar un delito, que es el tráfico de influencias. Además, ponía en cuestión el equilibrio de una institución tan importante como la de la Corte, y ponía un manto de oscuridad sobre el cuerpo que debe administrar Justicia. A través de este fallo, con los chats, demostraba que claramente tenía una inclinación.

Se tomó la decisión de impulsar un juicio político porque hay causales suficientes y razones fundadas para hacerlo

-Cuando se habla de los momentos, se hablaba de ese debate interno del FdT sobre la relación de fuerzas. A priori, no se tenía número para avanzar. ¿Eso cambió?

-Se tomó la decisión de impulsar un juicio político porque hay causales suficientes y razones fundadas para hacerlo. Me parece que antes no había razones fundadas, o las que había no eran suficientes. Hoy hay indicios muy fuertes de que efectivamente hubo connivencia del Poder Judicial con el Gobierno de la Ciudad y eso es grave. Como es institucionalmente muy grave, hay una denuncia fundada y hay una motivación clara para poder iniciar este proceso que está establecido en la Constitución, aunque sea lo último a lo que se recurre cuando hay situaciones de irregularidad en los poderes.

-Se enfoca mucho sobre los chats entre Robles y D’Alessandro. Pero el juicio es contra todos los integrantes de la Corte. ¿Es probable que, tras la investigación, se acuse a unos y a otros no? Las acusaciones, luego, son individuales.

-Correcto. En la medida en que se sustenta el proceso, el sumario y se produzca la prueba se va a ir determinando cual es el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la Corte. Hay algunos de los integrantes acusados por unos hechos y por otros no. En el caso de Lorenzetti, por ejemplo, no firmó el fallo del Concejo de la Magistratura. Es más, fue muy crítico respecto a resucitar una ley derogada y que pueda tener vigencia. Pero sí firmó el resto de los fallos por eso está siendo también denunciado.

-¿Tiene conocimiento sobre si en algún momento se analizó no incluir en el juicio político a Lorenzetti?

-No. Además, en la comisión tenemos pedidos de juicio político a Lorenzetti, proyectos exclusivamente al Juez Lorenzetti por parte de la Coalición Cívica. Por lo cual, una vez que se trata el Juicio Político a los integrantes de la Corte se tratan todos los proyectos que hay en la comisión, independientemente si es a uno o a todos los integrantes. Después se individualizan los expedientes a cada uno de los integrantes

La Constitución es muy clara: un poder no puede arrogarse facultades o competencias de otros

-¿Cuál es el objetivo último? ¿La remoción de los jueces?

-Da la sensación de que el Poder Judicial no respeta el principio de división de poderes, que es el principio esencial, pilar fundamental de la República. La Constitución es muy clara: un poder no puede arrogarse facultades o competencias de otros. Hay sentencias reiteradas donde el Poder Judicial arrogándose facultades propias del legislativo, como el tema del Consejo cuando hasta le impone un plazo al Congreso para sancionar una nueva ley, que si no lo hace resucita una ley derogada, lo que es muy cuestionable. Es, además, discutible si una ley derogada puede volver a tener vigencia y una que, no casualmente, pone al presidente de la Corte como presidente del Consejo, es decir: como juez y parte Entonces hay muchas cuestiones, está lleno de fallos de la Corte, de pronunciamientos e incluso manifestaciones del presidente de la Corte muy polémicas sobre la su respecto a la división de poderes, como aquella declaración en el encuentro de tribunales orales de Catamarca donde dijo que ninguna reforma puede prosperar sin la aquiescencia de la Justicia.

-Pero el objetivo final, ¿cuál es?

-El objetivo es iniciar un juicio político a partir del conocimiento público de muchísimas irregularidades, A partir de eso se va a investigar. Nosotros vamos a producir la mayor cantidad de prueba posible para fundar, o desestimar, la acusación en el dictamen final de la comisión. Si se avanza y formula un dictamen de acusación, será tratado en el pleno o no. Sino tendrá vigencia de tres años y ser tratado en el momento oportuno. A nosotros, la dirigencia política, nos genera asombro y estupor el escándalo que involucra a los miembros de la Corte, y las instituciones están para funcionar y la Constitución estableció la herramienta del juicio político cuando se configura el mal de desempeño. La cámara de diputado tiene que acusar, el rol de fiscal.

-¿Qué actitud cree que tendrá la oposición?

-La oposición debe participar, no puede mirar para el costado. Hay graves irregularidades en la Corte, eso tomó estado público y la oposición, teniendo proyectos de juicios políticos a algunos miembros del tribunal, y teniendo responsabilidad institucional, la oposición no puede mirar para otro lado. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad, ante el conocimiento de un caso de mal desempeño, de investigar y analizar. En todo caso, si no están de acuerdo, pueden hacer un dictamen propio, tienen herramientas dentro de la comisión para manifestar su desacuerdo. Y tienen la posibilidad de presentar la prueba que consideren para refutar los pedidos de juicio político.

Nosotros no estamos en contra de la Corte, defendemos a la Corte y por eso llevamos adelante este proceso

-De fondo, parece más una discusión matemática que de argumentos: ver si están o no los votos, si hay o no quórum.

-Nosotros tenemos el quórum para sesionar y para firmar el dictamen. Y no me parece responsable por parte de la oposición decir que van a bloquear el Congreso porque no le interesa que se discuta el juicio político. Hay una responsabilidad y es que ante una denuncia grave y fundada no podemos mirar para el costado y decir que eso no pasó. Está en nosotros garantizar el funcionamiento de las instituciones. Por un lado, que el poder judicial sea independiente.

Nosotros no estamos en contra de la Corte, defendemos a la Corte y por eso llevamos adelante este proceso. Además debemos defender el funcionamiento del Congreso trabajando, sancionando las leyes que le pueden mejorar la vida de la gente. Es muy irresponsable sujetar una cosa de la otra, eso de si van al juicio político pero no dan quórum para otros temas. La sociedad nos está mirando, está pasando por un momento muy difícil, y nosotros debemos estar debatiendo todos los temas. Los de gravedad institucional, como el juicio político, como la creación de universidades o la moratoria previsional.

-Se especuló sobre la posición de los diputados ligados a Massa. Y sobre cierta distancia del sector ligado a Cristina. ¿Hay diferencias entre distintos sectores del FdT sobre el juicio?

-No. Percibo unidad y homogeneidad de todos para llevar adelante el juicio.

PI

El oficialismo buscará este miércoles avanzar en la estrategia para llevar a un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de justicia. Por un lado, en una reunión de los diputados que integran la comisión encargada de juzgar a los jueces, el Frente de Todos (FdT) intentará asegurarse que no haya deserciones. Por el otro, comenzaron a anticipar lo que podría ser el tono del debate en el Congreso: Quieren llevar a declarar al ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro -quien se encuentra de licencia- y al asesor del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, Silvio Robles, ambos involucrados en los chats de espionaje ilegal.

Así, los diputados del FdT que conforman la Comisión que quiere juzgar por mal desempeño a los magistrados, como anunció el 1° de enero por el presidente Alberto Fernández, mantendrán una reunión virtual para ampliar la investigación sobre  Rosatti y el resto de los integrantes del máximo tribunal. Su objetivo es incorporar el contenido de casos penales que tramitan o tramitaron en Comodoro Py producto de la interna entre los cuatro supremos.

La reunión servirá también para dejar en claro con cuántos legisladores cuentan. Aunque dan por descartado que el juicio tenga alguna chance de avanzar en el recito, el FdT quiere que al menos el debate garantice una plataforma para ventilar los trapos sucios de la Corte.

Por eso, desde hace cinco días, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, mantiene reuniones con los 15 diputados propios que integran la comisión. Allí también se discutió uno de los puntos del reglamento interno de la propia comisión. Es el que establece que toda persona que sea llamada a declarar está obligada a hacerlo. Los únicos excluidos son los propios acusados quienes tiene derecho a decidir si se presentan o no.

Por eso, el objetivo del oficialismo es reunir toda la información antes de comenzar con las citaciones. Pero ese punto tiene un objetivo en particular. Así lo explicó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.  “La idea es proponer la citación de D'Alessandro y de Robles, ya que no están alcanzados por esta inmunidad que da el reglamento de no venir. Ellos van a tener que venir”, dijo en declaraciones a Diputados TV.

En caso de negarse a asistir a Diputados, la comisión tiene la facultad para pedirle a un juez que ordene su traslado por la fuerza pública.

En diálogo con elDiarioAR Tailhade había anticipado la estrategia: “Mi posición y la de varios de los integrantes, la que creemos que va a prevalecer, es la de poner en consideración de la comisión la mayor cantidad de expedientes posibles contra los jueces de la Corte. Es decir, no sólo la presentación del Presidente sino también otras denuncias que se acumulan contra los ministros del máximo tribunal”, había afirmado a este medio.

De esa manera, también quedarían habilitadas para el tratamiento otras iniciativas previas, como un pedido de la Coalición Cívica contra el juez y expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti o una de Vanesa Siley (Frente de Todos) contra el también extitular de la Corte Carlos Rosenkrantz.

“El Presidente presentó el pedido de juicio político al jefe del bloque (Germán Martínez) y a la presidenta de la comisión (Carolina Gaillard) para que sean ellos quienes lo presenten a su vez en la comisión de juicio político. Eso permite, según el reglamento, darle estado parlamentario de tres años en lugar de sólo un año, que es la diferencia de plazos entre un pedido de jury realizado por un diputado y otro ciudadano”, explicó.

Y agregó: “Eso también implica que la investigación de la comisión puede llegar al recinto dentro de un año o dos”. De esta manera, el oficialismo se asegura una batalla pública a largo plazo contra los supremos, incluso más allá de la actual composición en Diputados y Senado, donde ninguna fuerza política tiene los dos tercios de los votos, necesarios para destituir a un juez de la Corte.

La estrategia de la oposición

La cúpula de Juntos por el Cambio (JxC), por otro lado, acordó este martes utilizar una herramienta habitual en el pulseo legislativo: el quórum. Así esperarán que sea el FdT el que junte el número necesario de legisladores para que la comisión se reúna y luego acuse, y si llega al recinto, intervenir para impedir que se apruebe la elevación que debería, eventualmente, tratar el Senado.

“Que ellos consigan el quórum, si lo tienen. Si lo logran, nosotros tenemos que dar la discusión en la comisión y si van al recinto, tenemos que participar porque se aprueba con los 2/3 de los presentes”, explicó este martes a elDiarioAR uno de los participantes de la mesa de JxC que conoce, al detalle, el procedimiento del juicio político.

La cuestión del recinto es más específica. Como la elevación a juicio en el pleno del cuerpo, requiere la aprobación de 2/3 de los presentes, si JxC no participa de la sesión, facilita que FdT con su propio número logre que el juicio avance y siga el camino hacia el Senado. Por eso, la cúpula cambimieta acordó que los diputados bajen “a dar el debate” y hacer valer su número para que el oficialismo, con sus aliados, no pueda lograr tener los 2/3 de los presentes.

Por su parte, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque Evolución Radical que responde Martín Lousteau, anticipó ayer JxC  pedirá el alejamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político. En su cuenta de Twitter, el diputado señaló: Las declaraciones vertidas a la prensa dan cuenta que no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso“.

MB con información de Télam

“Si alguno tiene dudas, que avise y lo reemplazamos”. El mensaje baja de la cima del Gobierno y marca el pulso de la reunión virtual que este miércoles, a las 11 AM, mantendrán los 16 diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión de Juicio Político para ajustar los tiempos y la estrategia con que llevarán adelante el “jury” contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás integrantes del tribunal.

El planteo que deja flotando la frase inicial es un punto clave: con una mayoría ajustada, de 16 sobre 31 votos, el oficialismo no puede correr el riesgo de que algún legislador o legisladora se desmarque de la postura y deje sin número al FdT. La charla de este miércoles, que será por Zoom, tiene como objetivo implícito “blindar” los 16 votos para evitar sorpresas y tropiezos en el trámite del juicio.

Es un factor esencial porque así como el oficialismo sabe que no tiene los 2/3 para aprobar el pedido de juicio en el recinto, sabe que tiene el número suficiente -aunque muy ajustado- para habilitar la investigación, hacerla y luego emitir un dictamen para dar lugar al juicio. Este martes, vía Zoom, la cúpula de JxC definió qué estrategia utilizará para enfrentar el juicio político que impulsó Alberto Fernández junto a gobernadores del peronismo, a la vez que se descartó la idea de “vaciar” la comisión, una alternativa que circuló en la coalición opositora pero no prosperó.

Número

Las dudas sobre algunos diputados creció en la última semana, en particular sobre tres legisladores que forman parte del Frente Renovador de Sergio Massa: se trata de Ramiro Gutiérrez, Vanessa Massetani y Micaela Morán. Como el ministro de Economía no emitió, todavía, posición respecto al juicio a la Corte y en su momento deslizó algunas diferencias sobre la postura respecto al fallo cortesano que dispuso aumentar los fondos que se entregan al gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, desde el FR se confirmó que los tres legisladores se mostrarán en línea con el objetivo establecido por el FdT. Así y todo, el Zoom de este miércoles funcionará como una instancia donde los diputados que plantean alguna duda o crean, por algún motivo, que no van a poder acompañar el juicio, lo notifiquen, así se designa un reemplazo.

Sobre ese contexto, el scrum de 16 de la comisión, que preside Carolina Gailard, fijará un calendario para avanzar con las distintas instancias del trámite de juicio político. En la reunión de este miércoles, se fijará un cronograma cuya primera escala será el 26 de enero, donde ahí empezará a discutir el proceso de enjuiciamiento. Eso no significa que ese mismo día se aprobará el pedido de juicio político pero esa instancia servirá para conocer cómo será el clima en el Congreso.

Así como hay diputados con rodaje y roce político, como Germán Martínez, Leopoldo Moreay, José Luis Gioja y Rodolfo Taihlade, también por el lado de la oposición hay diputados con protagonismo como el radical Mario Negri, el lilito Juan Manuel López, o Pablo Tonelli y Alvaro González, ambos del PRO, aunque el primero tiene vínculos fluidos con Patricia Bullrich y el otro tiene como terminal política a Horacio Rodríguez Larreta.

Así mismo, en JxC no hay matices respecto a rechazar el juicio a la Corte.

PI/MG

La diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, indicó hoy que ese cuerpo parlamentario convocará a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, una vez que se avance en la investigación, para “garantizar el derecho a la defensa” de los magistrados, pero que quedará en “ellos” asistir o no.

“Vamos a convocarlos y está en ellos venir o no”, sostuvo Gaillard en declaraciones a Radio 10.

La legisladora precisó que “en estos días estamos ingresando el proyecto” que entregó el presidente Alberto Fernández y que, una vez que esté la convocatoria a sesiones extraordinarias, se convocará a la Comisión de Juicio Político para “tratar el tema”.

En torno al proceso, la diputada del FdT indicó que “se hace una primera reunión donde se analiza el índice de verosimilitud de las denuncias, se dictamina abrir la etapa de pruebas, se abre investigación, se producen las pruebas y se formula la acusación o no, que es el que va al recinto y debe aprobarse por mayoría de los dos tercios”.

Ante una consulta, Gaillard señaló que en el marco de ese proceso “se pueden pedir pruebas, inspecciones oculares, pruebas testimoniales, careos”.

“Se puede solicitar la presencia de los magistrados y, respecto a los denunciados, son convocados una vez producidas todas las pruebas para informales y para que hagan su descargo. Pueden ir o no; en el caso de que no lo hicieran, no obstaculiza el proceso. Es para garantizar el derecho de defensa de ellos”, añadió.

El Presidente entregó el 4 de enero último a Gaillard y al jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores, y requirió su “pronto tratamiento legislativo”.

CRM con información de la agencia Télam