Javier Milei apunta contra la Gendarmería para instalar cierta idea de “fraude” para el domingo. Victoria Villarruel y su diagnóstico de “¿Cómo pensás resolver un país devastado si no es con una tiranía?”. El siniestro mensaje de “El Falcon pasa la semana que viene” que recibió el presidente de la Juventud Radical porteña. Apenas tres episodios de las últimas horas que reflejan el espeso clima social en el que la Argentina llega al balotaje: “microfascismos”, como los identifica Ezequiel Adamovsky, quien acaba de publicar la serie de ensayos “Del antiperonismo al individualismo autoritario” (UNSAM Edita), un análisis detallado del rasgo ultraderechista que adoptó el país y que en apenas dos días más podría cristalizarse en las urnas con una hipotética victoria de la fórmula de La Libertad Avanza. 

Adamovsky entiende el ascenso de Milei como un proceso abierto en 2015 con la llegada al poder de Mauricio Macri, que se profundiza ahora con la crisis económica del gobierno de Alberto Fernández y el avance de la ultraderecha a nivel global. Un cóctel explosivo que solo puede traer “caos económico” y “más violencia”, advierte en esta entrevista el historiador (Doctor por University College London), profesor en la Universidad Nacional de San Martín, investigador del CONICET y también columnista de elDiarioAR. Un diálogo que busca entender mejor el clima de época, la profundización del individualismo que busca defenderse “a los tiros”, la conexión histórica de la alianza Milei-Macri, el desafío de un potencial gobierno de Sergio Massa y los límites del kirchnerismo.

–Tu compendio de ensayos incluye textos de hace ocho años que podrían haber sido escritos esta misma semana prebalotaje. ¿Estamos inmersos en un clima de ultraderecha?

–Podemos pensar en tres momentos que están eclosionando. En Argentina estamos en medio de una crisis, con un gobierno que ha sido muy malo, dicho por propios y ajenos; y a su vez hay un ocaso del proyecto kirchnerista, muy fuertemente anclado en la presencia del Estado y la expansión de derechos, que genera como reacción contraria el impulso a aferrarse a lo único que parece que queda: el proyecto individual. Pero también hay una expansión de la extrema derecha como fenómeno mundial: está sucediendo en países que no tienen crisis económica o que no vienen de una experiencia como la del kirchnerismo. Eso tiene que ver con el largo plazo, como consecuencia lógica de una prédica liberal de hace ya dos siglos en el mundo, que nos invita a ser egoístas literalmente: ocuparnos cada cual de su propio interés y desentenderse de la comunidad, con la promesa de que cada uno tendrá un espacio individual para desarrollarse. 

–¿El capitalismo ya no puede cumplir su propia promesa del desarrollo personal?

–Esa promesa en verdad siempre fue una fantasía, porque no existe un espacio individual personal: nuestras vidas están interconectadas. Y las personas se sienten invadidas tanto por el Estado como por los vecinos, que reclaman derechos y demás demandas. En este momento el capitalismo está en un momento implosivo, presiona cada vez más, nos aprieta más unos a otros. En ese escenario, esta prédica liberal egoísta se revierte en su lado más oscuro, menos luminoso, que es la disposición a defender ese pequeño espacio personal como sea, incluso a los tiros. Y eso se plasma en la búsqueda de líderes políticos fuertes que prometen restaurar ese espacio personal, si hace falta, pasando por encima del Estado y las leyes.

–En tu libro planteas que lo que más le importa al individualismo autoritario es la seguridad y la propiedad.

–La idea es sostener ese espacio individual que solo se percibe sostenido por la propiedad y con la demanda de seguridad. Y destruir cualquier otra demanda colectiva que pueda interferir con esos dos elementos.

Esta prédica liberal egoísta se revierte en su lado más oscuro, menos luminoso, que es la disposición a defender ese pequeño espacio personal como sea, incluso a los tiros

–¿Desde dónde se construye ese individualismo radicalizado? ¿Desde arriba o desde abajo? ¿O hay una retroalimentación?

–Históricamente este proceso inició desde arriba, no desde abajo. No hay ejemplo histórico de sociedad en el mundo antes del capitalismo que se plantee con eje en el individuo desconectado de la comunidad o por sobre la comunidad. Esa visión ha tenido una pedagogía de 200 años que ha ido penetrando hacia abajo, reorganizando la propia vida material de las personas en un sentido que refuerza esa fantasía de la vida autónoma individual. Si uno piensa en las tecnologías que han marcado el curso de la evolución económica en las últimas décadas, todas apuntan a esa fantasía del individuo autónomo que puede llevar una existencia sin depender de los demás. Desde el automóvil que reemplaza el transporte público, el walkman en su momento, luego el celular y las redes sociales. Incluso laboralmente: los trabajos de la economía de plataformas, como los famosos repartidores, no tienen ningún contacto ni con su patronal, ni con compañeros de trabajo y a veces ni siquiera conocen a sus clientes. Todos esos impulsos generan una subjetividad que alimenta este fenómeno ahora de abajo hacia arriba.

–¿Milei es resultado de ese proceso a nivel político?

–Este escenario no sería posible sin las operaciones político culturales que hizo el macrismo en sus cuatro años de gobierno. Han sido exitosos: un país que no ha conocido partidos de derecha populares, hoy tiene un partido de extrema derecha popular. 

–Milei llega competitivo al balotaje. ¿Supo interpretar mejor este clima?

–Más que encontrar en Milei a un referente con capacidad propia, hay un deseo de toda esta situación individualizante para encontrar y depositar en Milei una serie de expectativas. Pero no veo que él esté a la altura, porque si uno compara con otros dirigentes de extrema derecha, su armado y su propia persona pública son muy precarios. Está sostenido con alfileres. Pero también hay una cuota de ese voto que es bronca, que detesta el peronismo y critica mucho este gobierno que ha sido muy malo. 

–En este escenario, ¿qué pasaría si efectivamente Milei gana el balotaje?

–Imagino que va a abrir un proceso muy rápido de caos económico. Va a intentar fogonear una hiperinflación para justificar luego avanzar con las medidas que propone, como cerrar el Banco Central. En eso coincide con el macrismo, que tienen un proyecto de reformar profundamente la economía en un sentido thatcherista. Pero es una obra puramente destructiva porque no tienen algo para ofrecer a cambio realmente.

–Milei elogió a Margaret Thatcher en el último debate.

–Thatcher podía apoyarse en las finanzas, en el lugar que tiene Inglaterra en el concierto mundial y su alianza con los Estados Unidos. Argentina no tiene nada de eso. Aquí la obra de ese neoliberalismo furioso es puramente destructiva. Destruye el Estado, pero también destruye pequeñas y medianas empresas del sector industrial. Realmente no tiene algo para ofrecer para los dos tercios de la población que viven de la economía industrial, del empleo público o de otro tipo de circuitos económicos. 

Hay una prédica de autodenigración nacional que sitúa una especie de pasado glorioso del país que es cada vez más fantasmático y más lejano, de modo de poder consolidar el desprecio por el país, que es con una apelación a lo que pudo haber sido y no fue

–¿Y por debajo qué podría suceder? Vos advertís también sobre el microfascismo. 

–Me preocupa que ese caos económico se vaya a revertir en más violencia por abajo. Ese tipo de actitudes microfascistas ya las vimos en tiempos de Macri y creo que se intensificará mucho, fogoneada por la violencia desde arriba por el gobierno. No me parece un dato casual que Milei haya elegido como compañera de fórmula a una persona que no le aporta un solo voto, que no tenía un capital político propio y que solo tiene simpatía de las fuerzas de seguridad. Villarruel garantiza ese acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

–En tu libro planteas la idea histórica del “liberalismo conservador”. ¿Cómo se explica que se combinen el rasgo anarcocapitalista y la reivindicación de la dictadura en una fórmula presidencial? 

–Hay un gran malentendido en imaginar que el liberalismo ha sido una corriente más bien progresista, opuesta al conservadurismo. Históricamente el liberalismo ha tenido vertientes progresistas, pero muchísimas ocasiones se ha combinado con un conservadurismo en lo cultural y social muy intenso, además de que en infinidad de casos ha estado asociado a políticas autoritarias. Hay ejemplos muy conocidos, como [el economista ultraliberal Friedrich] Hayek apoyando a Pinochet en Chile. Él mismo decía que prefería una dictadura liberal antes que una democracia no liberal. El sintagma dictadura-liberal no le sonaba disonante en absoluto.

–Imaginas a Milei como “un cuarto ciclo destructivo”, en línea con la dictadura, Menem/De la Rúa, Macri. Al ritmo de la crisis argentina y global que señalaste, ¿esta vez sería más traumática?

–Es un tipo de visión política que ya se ensayó tres veces en el pasado y fracasó las tres veces. Y no hay motivo para pensar que ese fracaso no tiene que ver con que está mal el planteo. A veces se piensa que Macri no pudo hacer lo que quiso porque no tuvo acompañamiento, pero los militares lo quisieron hacer con el país aterrorizado y sin tener que pedirle los votos en el Congreso a nadie y fracasaron. Menem lo hizo con el grueso del PJ a favor y una mayoría muy sólida y también fracasó. Y fracasó Macri con un apoyo internacional impresionante. Es un problema de concepción: para los problemas económicos que tiene este país, ese tipo de proyecto no tiene una respuesta viable. 

–Sin embargo, logra conseguir cierto consenso social.

–Sabe generar consenso. Milei insiste con ese programa, que solo podría funcionar con dos tercios de la población menos. Ese es el problema. Las personas que apoyan este tipo de horizontes políticos piensan que la política es una especie de cosa externa o que molesta. Pero la política es parte de la ecuación. Si no funciona para los dos tercios de la población, no hay manera de que funcione en el largo plazo.

–Si gana Massa, ¿el microfascismo y la radicalización de la derecha van a continuar?

–Los efectos culturales que tuvo el macrismo y que se continúan en esta derecha ultra van a continuar. Las formas de violencia por abajo que esto anima, como vemos que salen de debajo de las piedras personajes muy siniestros llamando a los militares por ejemplo, van a continuar. Probablemente se intensifiquen si pierden las elecciones. 

–¿En ese caso podríamos ver a esa derecha radicalizada como ocurrió en Estados Unidos con la toma del Capitolio o en Brasil asaltando los tres poderes del Estado?

–Ya está anunciando que no van a reconocer una derrota, pero no veo que tengan posibilidad de hacer algo así. Todavía Milei no tiene una presencia de grupos organizados, bien disciplinados, como sí hay en Brasil o en Estados Unidos. Sí van a salir a convencer a sus votantes de que hubo fraude e intensificar ese odio que ya se ve presente.

–¿Y podría Massa contener ese desafío ultra?

–Lo esperable de Massa es que sea un gobierno de ajuste, tanto por el propio perfil de Massa como por la situación del país. Va a ser un escenario muy complicado realmente para gobernar. Pero si consigue ordenar la macroeconomía posiblemente eso desinfle a la derecha de cara a una eventual elección en cuatro años. Y si no lo consigue, en cuatro años vamos a estar en un escenario probablemente parecido al actual, con una derecha renovada en el eje Milei, Bullrich y Macri. 

–En el libro planteas que la única salida ante el ascenso de la ultraderecha es un proceso colectivo, pero eso no está garantizado en este balotaje por el propio perfil de Massa. ¿Qué capacidad tendría o no de hacer efectivo eso?

–Cuando trato de analizar los escenarios siempre me queda como cabo suelto la base votante del kirchnerismo que tiene expectativas de cambios progresivos más profundos, y que ya se vieron frustradas. Esas expectativas vienen siendo sistemáticamente frustradas, pero están allí todavía. No sé dónde va a quedar ese voto si el peronismo frustra esas expectativas nuevamente. La incógnita es si esa base consigue reorientar al peronismo en un sentido distinto o si alimenta algún otro tipo de movimiento político por fuera del peronismo.

A veces se piensa que Macri no pudo hacer lo que quiso porque no tuvo acompañamiento, pero los militares lo quisieron hacer con el país aterrorizado y sin tener que pedirle los votos en el Congreso a nadie y fracasaron

–Fue una campaña también atravesada por el debate sobre la Historia, con Milei y Villarruel incluso reivindicando la dictadura. ¿Es parte de la batalla cultural de la ultraderecha?

–El macrismo arrancó desentendiendose de la Historia, por ejemplo reemplazó los próceres de los billetes; esa fantasía de hacer un país sin Historia. Y a medida que fue fracasando fue volviendo sobre referencias al pasado asociadas a esa campaña de autodenigración nacional muy poderosa que es la de “los 70 años de peronismo”. Esa apelación al pasado sigue hasta la actualidad con un detalle interesante: a medida que se fue derechizando el bloque Macri-Milei, la referencia del inicio de la supuesta decadencia argentina se fue corriendo hacia atrás. Primero, la situaron en la década de 1930 cuando el Estado empezó a intervenir en la economía y en el último tramo Milei la situó en 1916, con la llegada de la democracia. Es una prédica de autodenigración nacional que sitúa una especie de pasado glorioso del país que es cada vez más fantasmático y más lejano, más hacia atrás, de modo de poder consolidar el desprecio por el país, que es con una apelación a lo que pudo haber sido y no fue.

–¿Es llamativo el componente de autodenigración nacional? 

–Esa es una particularidad de la derecha en nuestro país, que realmente detesta al país. No pasa con otras derechas que se embanderan mucho con lo nacional y se presentan como defensoras de algo glorioso, positivo y querido frente a supuestas amenazas.

–¿Y qué sentido tiene discutir los ‘70?

–Esa discusión sobre los ‘70 vuelve una y otra vez. Tiene que ver con la necesidad de intervenir sobre el modo en que esta sociedad procesó la memoria, porque pone límites muy precisos al proyecto cultural que trae la derecha. Nuestro país procesó los ‘70 relacionando las violaciones de los derechos humanos y el golpe de Estado muy estrechamente con los actores civiles que lo acompañaron, fundamentalmente sectores empresariales y el proyecto neoliberal. Eso permitía trazar hacia adelante continuidades en las políticas que siguieron en el último tramo de Alfonsín, en Menem, De la Rúa y Macri. El ataque a esa memoria tiene que ver con la necesidad de que recordemos el pasado de otra manera y la necesidad de garantizar la posibilidad de que el Estado reprima con mayor intensidad.

–¿Puede tener rédito electoral?

–Me da la impresión de que todavía es más la gente que rechaza esa “revisión” del pasado, que la gente que está ansiosa por verla. Pero sí hay un público al que eso le entusiasma, sin dudas.

MC/DTC

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 acaba de emitir un fallo en el juicio por el asesinato de Lucas González a manos de la Policía porteña en 2021. Lucas tenía entonces 17 años y salía de entrenar con sus amigos, cuando, sin motivo alguno, por simple portación de rostro, policías que no se identificaron como tales persiguieron el auto en el que iban. Una de las balas que les dispararon impactó en el cuerpo de Lucas. 

El fallo es una muestra más de que la policía que creó Macri en la ciudad de Buenos Aires, la misma que Horacio Rodríguez Larreta considera “un orgullo para la Argentina”, está fuera de control. Y fuera de la ley. No es solo el hecho de que tres oficiales hayan asesinado sin motivos a un pibe: la investigación dejó también probado que otros tres comisarios, un subcomisario y dos oficiales participaron luego del encubrimiento del crimen y que se aplicaron torturas a los chicos que acompañaban a Lucas. No es una manzana podrida: es la institución entera. 

El fallo es importante porque, además, aplica por fin el causal de agravante de “odio racial” que la justicia argentina sistemáticamente elude en este tipo de crímenes. Recordemos que en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers, el fiscal se había negado a aplicar esa figura, incluso si el homicida le gritaba “villero” y “negro de mierda” a la víctima mientras la ultimaba. En el caso de Lucas, los jueces tuvieron en consideración la dimensión del odio racial que se evidenció en el ataque policial. Si los policías persiguieron a esos chicos y les dispararon sin motivo, fue por su aspecto físico. Lo que además dejaron en claro cuando les gritaron “negros de mierda” apenas los detuvieron, segundos después de haber matado a Lucas y poco antes de aplicarles torturas. Si sus cuerpos fueron objeto de esa violencia absurda, fue porque no eran lo suficientemente blancos. La madre de Lucas lo tiene bien claro: “me lo mataron por el color de piel”.

El caso debería funcionar como un llamado de atención para los medios de comunicación, que reportan lo que la policía les dice, sin chequear la información. Las portadas de los diarios del día siguiente al homicidio son vergonzosas: presentan el caso como un tema de “inseguridad” e informan que “un ladrón fue baleado en la cabeza”.

Pero, sobre todo, debería convocar a la reflexión a quienes, sorprendentemente, siguen negando que exista el racismo en la Argentina o, peor, apañando y justificando a quienes agreden a otros por su color de piel. Nuestros representantes políticos tienen la responsabilidad de esclarecer y alertar sobre este tema. Pero, lamentablemente, no todos están a la altura.

En 2019 una referente del PRO generó un brevísimo escándalo en redes sociales con su afirmación de que “el racismo no es un issue en Argentina” (“issue” significa “tema” o “cuestión” en inglés). Lo decía en referencia a las agresiones que acababa de recibir Brian Gallo, otro joven a quien se había tildado de “chorro” por su mero color de piel. Justamente, la misma presunción que causó la muerte de Lucas. Su notoria falta de contacto con la realidad nacional no fue obstáculo para que resultase electa Diputada de la nación poco después.

En estos días comprobamos que, en la Argentina, ser racista no parece ser impedimento para aspirar a cargos electivos. El PRO postuló a Franco Rinaldi como primer candidato a Legislador porteño. Sus antecedentes de agresiones homofóbicas, misóginas y racistas eran bien conocidos: entre otras linduras, había llamado a “matar a los morochos”, entre otros insultos contra “los negros”. Cuando, como era de esperar, se hicieron cuestionamientos públicos, el PRO no solo lo sostuvo, sino que salió a justificarlo con uñas y dientes. Había dicho esas cosas en su “vida anterior” como youtuber. Como si la “vida anterior” de un político no nos dijese mucho sobre quién es. Y como si no lo hubiesen postulado, justamente, por la notoriedad que se ganó en esa “vida anterior” (que por otro lado duró hasta el minuto anterior a que se conociese su candidatura).

La diputada que había negado que el racismo existiese escribió una nota vergonzosa en su apoyo, en la que lo transforma de victimario en víctima. Rinaldi sería una víctima más de la “cultura de la cancelación” que amenaza nuestra libertad de expresión. En su texto, la diputada convoca a toda una serie de autores académicos prestigiosos como marco teórico de su argumento (los que, sin embargo, no la salvaron de atribuir a Voltaire una frase que se sabe que nunca dijo y de ubicar al filósofo en “el siglo XVII”). 

La polémica ya iba quedando en el olvido cuando Rinaldi finalmente debió bajarse de la candidatura. La DAIA denunció que también había tenido frases de antisemitismo abierto. Rinaldi no fue “cancelado”. Su espacio político finalmente lo bajó porque le restaba votos. Porque –vean qué pretensión la nuestra– preferimos no votar gente racista. Jorge Macri lo despidió con lágrimas, como si viese partir a un patriota.

Invocar la “cultura de la cancelación” en casos como este resulta francamente perverso. Sería legítimo discutir si existen imperativos de “corrección política” que hoy coartan y cercenan el debate público (yo creo que sí). Pero el eslogan “cultura de la cancelación” va más allá y es él mismo un instrumento para censurar y limitar las opiniones de los demás. Porque, quitando las personas a quienes se cuestionó por delitos penales que dieron lugar a condenas judiciales ¿Cuántos casos hubo de personas efectivamente “canceladas” por esas críticas? ¿Cuántas de ellas perdieron realmente sus trabajos o dejaron de tener voz en los medios de comunicación? Los casos son contadísimos. En particular en nuestro país, se puede decir cualquier barbaridad y continuar con el micrófono abierto. Lo contrario es más habitual: quienes se quejan de haber sido “cancelados” continúan con sus carreras o incluso progresan en ellas (como la propia Diputada, que fue premiada con una candidatura y resultó electa a pesar de la “cancelación” que dice haber sufrido antes, por haber reclamado que la Argentina reconozca las Malvinas como territorio legítimo del Reino Unido). El único Diputado que recuerdo que fuese eyectado de su cargo sin mediar delitos fue el kirchnerista que, en 2020, besó el pecho de su pareja sin saber que tenía la cámara encendida. Allí no hubo gritos por la “cultura de la cancelación” y la cosa fue bastante sumaria. Lo que dice mucho de la jerarquía de nuestros valores morales: besar un pecho pensando que nadie lo ve es indigno de un representante, pero llamar abiertamente a matar negros, bueno, no lo es tanto.

Quien grita “cultura de la cancelación” suele ser el que, desde posiciones de poder o reforzando nociones complicadas del sentido común –machismo, clasismo antipobre, homofobia, xenofobia, islamofobia, racismo–, desea continuar con su prédica de odio sin que nadie lo moleste ni le exija que rinda cuentas. Como dice Natalí Incaminato, hoy se llama “cancelación” a cualquier tipo de reacción pública contra algo o alguien. La denuncia de una “cultura de la cancelación” tiene el efecto perverso de cancelar el debate público en nombre de una libertad de expresión que sin embargo cercena. Se puede decir “hay que matar a los morochos”, como Rinaldi. Pero no se puede decir “Rinaldi no debería ser electo legislador porque es racista”. Eso sería “cancelación”.  

Volvamos a poner las cosas al derecho. Tenemos derecho, como sociedad, a ejercer la libertad de expresión. Siempre. Mucho más, a pedir que rindan cuentas por sus palabras y por sus actos quienes aspiran a representarnos. Y no puede escudarse en el derecho a la libre expresión quien incita al odio racial. Porque decir “negros de mierda” en redes sociales es parte del entramado del racismo que hizo que un policía percibiera el cuerpo de Lucas como un cuerpo sin valor y le metiera, por las dudas, una bala en la cabeza. Las palabras pronunciadas tienen consecuencias. Deberían saberlo todos, pero más que nadie quienes ocupan cargos públicos. 

EA

El autoritarismo que viene mostrando Gerardo Morales desde que asumió como gobernador de Jujuy se nos muestra en estos días en un nuevo capítulo. La imposición de un texto constitucional en la provincia en un trámite express, sin debate, entre gallos y medianoche, generó una crisis política con pocos precedentes. El pueblo jujeño está en las calles resistiendo lo que a todas luces es una reforma que tiene poco que ver con el interés de la gente común y mucho con el de las corporaciones mineras transnacionales y las élites locales. Entre otros, dos puntos generaron las mayores resistencias. El primero se relaciona con los artículos que refuerzan las potestades de quienes tienen títulos de propiedad privada y les garantizan una intervención más enérgica del Estado para su defensa. Esa asistencia que se promete al propietario viene de la mano de la vulneración de los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que poseen y más obstáculos para el reconocimiento de otras que les corresponden. El segundo punto, relacionado con el primero, es que el texto constitucional limita severamente el derecho a la protesta. En síntesis: menos derechos para todos salvo para los propietarios y menos derechos para protestar por la privación de derechos.

Detrás de la reforma no cuesta percibir los intereses en juego, que no son otros que la puja por el control del negocio del litio, buena parte de cuyas reservas se encuentra en tierras de pueblos originarios. Como sucede con otros emprendimientos mineros, la extracción de litio compromete las reservas de agua y la calidad de los suelos, lo que afecta no solo el futuro ambiental, sino también las actividades económicas de pastoreo que existen en esas zonas. Como sucede en otras regiones del país, las poblaciones locales sienten, con razón, que se verán perjudicadas en nombre de un negocio que no es para su beneficio.

Todo en el modo en que se viene encarando la explotación del litio lleva un cartel de alarma. El mineral no se extrae mayormente para generar valor agregado local, sino para exportar; es un requerimiento de producción de otros países. La información elemental no está disponible. No es posible saber cuántos recursos está aportando realmente. Los contratos que se celebraron en Argentina con las multinacionales establecen regalías para el Estado mucho menores que las que se convinieron en Bolivia o en Chile. Además, esas regalías, como en el resto de la actividad minera, se calculan no sobre lo que la empresa extrae, sino sobre lo que declara que extrae. Las maniobras para eludir tributación ya se hicieron notar en un caso millonario (vaya uno a saber cuántas más hubo y habrá). Y además las empresas acceden a beneficios fiscales y cambiarios y a obras de infraestructura costeadas por el Estado. 

Como otras supuestas panaceas extractivistas –Vaca Muerta, el petróleo offshore, etcétera– la del litio también se nos ofrece como la salvación, el negocio del futuro, el camino ineludible hacia el “desarrollo”, la varita mágica para terminar con la pobreza. Pero, al igual que las demás, tampoco en este caso tenemos la posibilidad de evaluar en qué medida traerán los beneficios económicos prometidos. Como sostuve en otra de mis columnas, en la cuenta de lo que supuestamente deja como ganancia para el país, nunca se calculan los costos. Puede que sea beneficioso, puede que no, pero el hecho es que no accedemos nunca a la cuenta completa. No hay un cálculo de lo que el Estado pone para desarrollar la infraestructura que la industria necesita y de los incentivos que le otorga. ¿Y si estamos poniendo más de lo que recibiremos? Imposible saberlo. No sabemos tampoco qué pérdidas generará indirectamente en otras actividades (como causa Vaca Muerta, por caso, en la industria frutícola del Alto Valle). ¿Y si lo que ingresa por una nueva actividad es similar a lo que se pierde por el deterioro de una anterior? No lo sabemos. Y tampoco sabemos cuánto pagaremos para recuperar los territorios contaminados, para hacer frente a posibles accidentes ambientales o como costo extra en servicios de salud para la población afectada. Nunca accedemos a la cuenta completa, solo a la promesa de ingresos de corto plazo en las arcas pública. El ingreso bruto, no el neto.

Está claro que las multinacionales y las élites políticas ganan. Pero no es posible saber si al resto, en el mediano y largo plazo, nos queda algún centavo de parte de empresas que, además, levantarán campamento (y se llevarán los pocos puestos de trabajo que generan) apenas se agote el mineral o apenas baje su valor. Dicho sea de paso, todo indica que el litio lo perderá bastante pronto: va siendo cada vez más claro que las baterías que lo utilizan no son una alternativa tecnológica con futuro. Otra vez, apostamos a sectores de patas cortas y no a los que se perfilan como las mejores opciones.

Se supone que la racionalidad de las decisiones económicas se establece por un cálculo de costo-beneficio. En estos casos, los costos que van a “socializarse” y pagaremos todos se nos mezquinan sistemáticamente. No digo con esto que el litio no deba extraerse. Toda actividad económica tiene sus costos ambientales y de otros tipos, claro. Lo que digo es que estamos tomando decisiones sin evaluar cabalmente costos. Y, por ende, no sabemos el costo de oportunidad que nos genera no estar invirtiendo en otras actividades. Estamos a ciegas, mirando solo la caja chica del gobernador de Jujuy.

Pero además existen otros costos, tangibles a intangibles, que la revuelta jujeña nos ayuda a percibir. ¿Cuánto viene costando, en términos estrictamente económicos, sostener una reforma constitucional en contra de la voluntad de los jujeños? ¿Quién paga las horas extra de la policía que reprime, los cartuchos de balas de goma, los gases lacrimógenos, las jornadas de trabajo perdidas, la atención médica de los heridos? Ciertamente esas facturas millonarias no irán a la oficina de los dueños de las compañías mineras en Australia, China u Holanda: las pagaremos los ciudadanos argentinos. Aunque sean ellos quienes generan los gastos.

Pero, acaso, más importantes que esos costos monetarios son los costos intangibles, los que no se pueden calcular en dinero. ¿En qué cuenta ponemos el deterioro institucional que trae imponer proyectos que la gente rechaza? ¿Cuánto nos cuesta, en términos de credibilidad del sistema político, que se sancione una constitución que nadie conoce, de un día para el otro? O puesto al revés ¿Qué ganancia de calidad institucional nos perdimos por no haber hecho, como corresponde, una reforma participativa, que la gente pudiera sentir como propia, que entusiasme? ¿Cuánto nos va a costar que los niños jujeños crezcan percibiendo al Estado como un ente oscuro al servicio de empresas que ni siquiera son de aquí? ¿En qué medida va a empeorar la inseguridad por el hecho de esos niños vean a la policía como una fuerza violenta de ocupación, injusta, en lugar de una institución que los cuida? Claro que la antipolítica es muy provechosa para los empresarios. ¿Pero cuánto nos cuesta a los demás? 

En la cuenta también habría que agregar el miedo y el deterioro de los derechos civiles y humanos elementales. ¿Qué violencias futuras traerá la nueva costumbre de la policía de Morales de disparar perdigones a la cara para dejar ciegos a los manifestantes, de utilizar vehículos sin identificación, de irrumpir en los domicilios sin orden judicial, de maltratar detenidos? ¿Cómo se mide el miedo? ¿Cuáles son los efectos futuros de la rabia que hoy generan? ¿Y cuánto nos cuesta, como sociedad, que la principal fuerza de oposición salga a atacar nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando alerta sobre abusos evidentes? ¿Qué otras violaciones a los derechos humanos se habilitan al desacreditar a las agencias que los vigilan?

El Estado debería tomar sus decisiones racionalmente, haciendo la cuenta completa de los beneficios y de los costos, económicos e intangibles, que cada decisión conlleva. Que eluda sistemáticamente el cálculo y que deba reprimir masivamente para imponer sus decisiones indica que no es a la sociedad a la que representa, sino a intereses que permanecen en las sombras. 

EA

Hay un episodio de la vida del gran sociólogo judeo-alemán Norbert Elias de una tristeza desoladora. En 1933, con el ascenso de Hitler, el joven Elias había decidido irse de Alemania. Recaló primero a París y pronto en Inglaterra, donde desarrollaría el grueso de su obra. Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba instalado en Londres, recibió la visita de sus padres, que habían permanecido en su Breslavia natal a pesar de la amenaza nazi. Consciente del peligro que corrían, Norbert les propuso que no regresaran, que se quedaran con él en el Reino Unido. Les explicó que las cosas pronto podrían ponerse complicadas para los judíos. Pero ellos no entendían razones. “¿Qué podrían hacer conmigo?”, le decía su padre, “Yo nunca hice nada malo”. Estaba convencido de que alguien como él, que no mataba ni una mosca, no tenía motivos para temer. Y además ya estaba grande, no quería vivir en el desarraigo, en un país extraño. Norbert insistió de mil maneras, usó toda la fuerza de la argumentación, pero fracasó. Sin conseguir que cambiaran de opinión, los vio marchar de regreso a Breslavia. Era la última vez que los vería: su padre murió poco después y luego su madre, recluida en un campo de concentración. El trauma de no haber conseguido convencerlos, la pregunta de si acaso pudo haber insistido más, si pudo haberlo intentado mejor, acompañó a Norbert Elias el resto de sus días. Nunca pudo superarlo.

Acaso él mismo no llegaba a imaginarse la magnitud y tenor de lo que se venía con Hitler. ¿Quién sí? Alemania era uno de los pináculos de la civilización occidental. Antes de los nazis, el avance técnico iba de la mano de la modernidad cultural. Berlín era polo de lo más sofisticado de la filosofía, una de las capitales de las vanguardias estéticas e incluso había dado sede, en el cambio de siglo, a la primera revista que reivindicaba abiertamente la homosexualidad. Políticamente también era sitio progresivo: tenía el partido socialdemócrata más poderoso de Europa y un movimiento obrero robusto. ¿Cómo imaginar la bestialidad de lo que se venía?

Norbert Elias se hizo famoso por su obra maestra, El proceso de la civilización, en la que estaba trabajando al mudarse a Inglaterra. Allí analiza el largo camino de las sociedades europeas hacia lo que llamamos “civilización”, que el sociólogo relacionaba, entre otras cosas, con el desarrollo del “autocontrol” personal, la internalización de pautas de buenos modales, de distanciamiento respecto del mundo físico y del cuerpo de los demás, que a su vez fueron limitando las tendencias hacia la agresión abierta de unos con otros. En su descripción, parecía un proceso sólido, irreversible, anclado en lo más profundo de la cultura, incluso en la psiquis humana. Claro que no lo era: como él mismo sostuvo más adelante, a propósito de la barbarie nazi, la civilización podía “retroceder”, incluso colapsar. Es que, por el modo en que aprendimos a imaginar la historia, la barbarie parece residir en el pasado y, según creemos (o más bien creíamos), el futuro es camino de creciente civilización, cada vez más lejos de ese tiempo pretérito abyecto.

La civilización no es un punto de llegada: es apenas una capa delgada, un fino barniz que requiere mantenimiento constante

Todavía luego de la caída de Hitler fue posible sostener esa imaginación. Podía pensarse que lo de 1933 había sido un tropezón, fruto de alguna combinación infortunada de variables o de alguna peculiaridad siniestra de la cultura alemana. Pero, casi un siglo más tarde, esa certeza reconfortante no se sostiene. La barbarie no está en el pasado: nos acompaña en el presente y no hay por qué no suponer que no se enseñoree del futuro. Brota en cualquier momento y en cualquier lugar, con que sólo se debiliten un poco los esfuerzos civilizatorios. Así pasó en 1933, en una de las sociedades más sofisticadas de entonces, cuando el hartazgo de parte de la población por las promesas incumplidas de la República se combinó con el coqueteo del gran capital con el nazismo, por su promesa de limpiar Alemania de izquierdistas y alborotadores obreros, y juntos abrieron las puertas del infierno. 

Uno pensaría que la humanidad aprendió la lección, pero un paneo por el mundo actual lo hace dudoso. Cómo no ser escépticos si en Israel, justamente en Israel, se profundiza un régimen de apartheid racial que ya lleva décadas en pie y vemos a los palestinos segregados y sometidos a vejámenes cotidianos inauditos por parte de un gobierno de extrema derecha que ya es abiertamente racista y ni se preocupa por ocultarlo. O si vemos que en Estados Unidos están limitando los temas que se pueden discutir en clase, prohibiendo libros en las escuelas o shows de drag queens.

La civilización no es un punto de llegada: es apenas una capa delgada, un fino barniz que requiere mantenimiento constante. Hasta hace un tiempo podíamos congraciarnos de que en Argentina no se veían los signos de deterioro que ya se percibían en otros sitios. Pero ya no es el caso. De nuevo, por la combinación del hartazgo social con las orientaciones que asume nuestro empresariado y parte de los elencos políticos, nos asomamos a un abismo. De un día para el otro nos vimos discutiendo si conviene habilitar la venta de niños, si los mapuches son terroristas extranjeros, si corresponde “cárcel o bala” para quien no es de derecha, si hay que rechazar la conspiración del “marxismo cultural” que pervierte a nuestros hijos o si la última dictadura fue realmente para tanto. El espectáculo dantesco de la represión en Jujuy, con policías disparando a los ojos como en Chile, secuestrando gente en autos no identificados, irrumpiendo en domicilios sin orden judicial, es un buen preanuncio de las amenazas que pesan sobre el país. También lo es que el pleno de Juntos por el Cambio haya salido a desacreditar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para respaldar a su sultán jujeño. 

Que nadie crea que el Estado de derecho estará siempre allí para proteger nuestras garantías básicas. Nada más frágil que ese supuesto escudo. (“1985 terminó”, nos susurra la nostalgia que sentimos al ver la película). Todo indica que en el futuro inmediato las fuerzas progresivas y democráticas de la sociedad deberán estrechar filas y renovar el compromiso elemental no solo con el Estado de derecho, sino incluso con el sostenimiento de la vida civilizada. 

EA

Tras su muerte el 25 de mayo pasado, Daniel Toro fue despedido como el excepcional folklorista que fue. Los obituarios destacaron los puntos altos su carrera y su valioso legado en la música argentina. Algunos pocos también recordaron que era un hombre de izquierda, que escribió una canción de elegía al Che Guevara (“El cristo americano”, de 1974) y que estuvo en las listas negras de la última dictadura, con sus canciones prohibidas. Me gustaría destacar un aspecto poco tenido en cuenta, pero de importancia no menor. A través de su arte, Toro fue uno de los artistas que con mayor énfasis pusieron en cuestión la idea de una Argentina blanca y europea. Y lo hizo desde finales de la década de 1960, mucho antes de que en el país hubiese una militancia antirracista, como la tenemos hoy.

Sus canciones insistieron en una revalorización de lo indígena, de lo negro, de lo moreno. Su álbum debut lo hacía de manera sutil, como en “Indiecito dormido” o en el canto a la belleza de la piel cobriza de “Canción para tu piel” (ambos de 1967). En el álbum Canciones para mi pueblo (1969) la reivindicación ya es decidida. Allí, la recordada zamba “El antigal” traía a la memoria “el llanto del indio” y recordaba su “negra piel”. La canción “Hermano moreno” reponía el color de la pobreza. Más tarde vendrían menciones a los afrodescendientes en “El negro sinforoso” (1974) y muchas otras del estilo en canciones posteriores.

Temáticas de este tipo fueron comunes en el folklore de esos años, que buscó acercar más a la Argentina al escenario político y cultural latinoamericano (el cancionero de Mercedes Sosa está repleto de ellas). En el caso de Daniel Toro, el proyecto estético está relacionado con su propia experiencia de vida. Toro era salteño, de familia humilde, y llevaba el mestizaje en el rostro: era de tez morena y rasgos aindiados. Como decía en uno de sus poemas, “Argentino, color de arcilla y honor”. Decía que se consideraba “indio”, pero eso era una sospecha. Como sucede acaso con la mayoría de los argentinos de tez morena, no tenía ninguna información concreta sobre su procedencia étnica. Sólo la que sugería su rostro. Desde ese indicio repuso las referencias étnicas presentes en su música.

El texto de contratapa de Canciones para mi pueblo, escrito por el propio Toro, traía “una pintoresca anécdota”. Contaba allí que en una reunión del ambiente artístico en Buenos Aires se había acercado a saludarlo el actor cómico José Marrone, conocido en el ambiente “por sus frases satíricas”. Mientras le estrechaba la mano, Marrone dijo a gritos, delante de todos: “¡Este grone lleva el país en la cara!”.

Marrone era porteño, blanco, descendiente de italianos. Pero también era de cuna humilde, como Toro, y había crecido en una Buenos Aires multiétnica. La anécdota parecería venida de tiempos remotos. Posiblemente, un grito como el suyo sería considerado hoy, al menos entre académicos o activistas, de una incorrección política inaceptable. Por la importación acrítica de pautas culturales del hemisferio norte vamos perdiendo de vista completamente los códigos del humor plebeyo local y el papel que tienen esas “agresiones jocosas” consentidas a la hora de construir vínculos afectivos entre las clases populares. Toro, en ese momento, entendió perfectamente que lo que superficialmente parecía una agresión era exactamente lo opuesto. Y así lo tomó, como una cucarda: su aspecto físico era, para él, prueba de autenticidad nativa, argentina. De hecho, el texto de contratapa recoge la anécdota para afirmar justamente eso, que era “desde ese país, indio y moreno”, que Toro se proyectaba como artista. 

Como ejemplifica la música de Toro, la cultura argentina tiene una larga historia de voces y de obras que confrontaron con el racismo y se plantaron en contra de los discursos blanqueadores, a veces de manera abierta, otras más sutil y larvada, pero siempre buscando un lugar de enunciación cercano a nuestras propias realidades. Hoy, por suerte, debatimos de manera abierta estos temas y contamos con un movimiento antirracista todavía pequeño, pero creciente. Junto con las referencias inevitables que vienen del norte, existen antecedentes locales de lucha contra el racismo de una riqueza que todavía permanece poco explorada, en buena medida desconocida.

EA

Hace pocos días, hablando ante la Cámara de Comercio estadounidense (AmCham), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pronunció algunas palabras curiosas. Sostuvo que la Constitución nacional no define solamente el orden institucional del país, sino que también “contiene las bases de un programa económico”, que no es otro que “el capitalismo”. Rosatti definió este último como “respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”. En lo que fue una advertencia contra el gobierno, se extendió incluso un poco más y dijo que, ya que la Constitución consigna “la defensa del valor de la moneda” como una de las funciones del Estado, la “expansión incontrolada de la emisión monetaria” significa “traicionar el mandato de la Constitución”. Las palabras llevaban una advertencia: ya que le cabe a la Corte Suprema controlar que el Poder Ejecutivo respete el mandato constitucional, el órgano podría reservarse el derecho de intervenir en la política monetaria. ¿Por qué no?

En verdad, la Constitución no contiene nada parecido a un “programa económico”, al menos no en el sentido que le damos habitualmente a esa expresión. Ni mucho menos otorga al Poder Judicial atribuciones en lo referido a la regulación de la moneda. Que Rosatti sugiera que sí es indicativo de la tendencia a la extralimitación que tiene desde hace unos cuantos años el Poder Judicial argentino y de su politización (derechista) creciente. 

La Constitución tampoco nos impone “el capitalismo”, palabra que no aparece en el texto. Ni siquiera aparece ningún compromiso con el “libre mercado”: la palabra “mercado” solo se menciona una vez, en el marco de una advertencia no contra el intervencionismo estatal sino contra los monopolios empresariales. El texto sí otorga, desde 1853, el derecho a poseer “propiedad privada” y la declara inviolable. Pero no totalmente inviolable: reconoce el derecho del Estado a expropiarla, mediante ley del Congreso, si eso resulta conveniente “por causa de utilidad pública”. Es decir: coloca el bien general y las leyes por encima del derecho a la propiedad. 

Además, nuestra Carta Magna no establece qué cosas pueden o deben ser tenidas por “propiedad”, una cuestión que no debería ir de suyo. No cualquier cosa puede ser apropiada privadamente: eso es materia de discusión política. De hecho, el texto de la Constitución de 1853 retiró del derecho de propiedad un tipo de bien que hasta entonces estaba amparado en ese principio: los esclavos. Antes se podía poseer personas en propiedad, desde entonces ya no. Qué cosa pueda ser apropiable por privados lo define hoy la ley común, no la Constitución. Nuestro país, por caso, no reconoce derechos de propiedad privada sobre cosas que otros países sí, como las costas de los lagos, ríos y mares o los recursos del subsuelo. En otros sitios, los propietarios de un lote lo son también del petróleo que pudiera haber debajo o de la costa de un río, si tocase su tierra.

Por suerte, la Argentina no permitió la privatización de nada de eso. Y nada en el texto constitucional nos impide hoy retirar del derecho de propiedad otros bienes que nos resulte indignante que estén en manos de individuos. ¿Dice nuestra Constitución que un privado tiene derecho a comprar un bono de deuda en default con el único fin de litigar y arrancarle ganancias increíbles al erario público? Claro que no, porque es ridículo que tal posibilidad exista. ¿Dice la Carta Magna que se pueda patentar una semilla y que pase a ser propiedad privada de una empresa? Claro que no, porque es absurdo y conspira contra el bienestar general. Bien haríamos en limitar los alcances de la propiedad en esos casos.

Además, el texto constitucional tampoco dice que la propiedad se pueda acumular de manera ilimitada. Al contrario, la “competencia” está mencionada a cuento de los derechos de los consumidores y su defensa requiere que se impida la acumulación de propiedad si se acerca a un monopolio. La Constitución ni siquiera manda a que la propiedad privada sea heredable, algo que conspira contra la “igualdad real de oportunidades” de la que sí habla su texto en tres oportunidades (art. 75, incisos 2, 19 y 23). Y tampoco establece que la propiedad particular de un empresario deba ser protegida por el derecho a constituir sociedades anónimas que los inmunicen frente a demandas civiles de particulares, algo que se parece demasiado a esos “fueros personales” que la Constitución prohíbe. Nada de esto manda nuestra Carta Magna: lo hacen nuestras leyes comunes. Podríamos cambiarlas en cualquier momento, es nuestro derecho democrático.

La Constitución, dicho sea de paso, también establece otros derechos que los magistrados rara vez recuerdan y que el capitalismo vulnera sistemáticamente. Nos da a los trabajadores derecho a un trabajo en “condiciones dignas”, a una “retribución justa” y, lo que siempre se olvida, a la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección” (art. 14 bis). Este principio viene quedando en la nada desde hace décadas: ningún juez lo toma como un derecho exigible. La Constitución también otorga a las mujeres derecho a “igual remuneración por igual tarea” y, a todos y todas, el derecho de acceso a una “vivienda digna”. Está claro que el capitalismo dificulta o vuelve imposible todo esto.

A los pueblos indígenas, la Constitución les da “derecho a una educación bilingüe e intercultural”, a la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y a la “entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano” e indica “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales” (art. 75 inciso 17). Nada de esto se respeta y está claro que el avance de la frontera agropecuaria lo ha vuelto más complicado. En el mismo sentido, la Carta Magna nos da “derecho a un ambiente sano” e indica que las actividades económicas del presente no deben comprometer las necesidades de “las generaciones futuras”. Manda además a que se “recomponga” el “daño ambiental” que la actividad económica genere (art. 41). Como en todo el mundo, también en la Argentina el avance del capitalismo nos conduce a la catástrofe ambiental.

La Constitución es un texto entero. Se supone que el Estado –la Corte Suprema incluida– debe velar por la vigencia de todo su articulado. Y es un hecho que no lo hace. Hay un sesgo muy evidente en favor de los derechos de los más poderosos, de los propietarios, de los varones, de los blancos. Algunos derechos, como el de propiedad, reciben una protección implacable: ningún juez deja pasar la más mínima violación, tenemos abundantes leyes que lo aseguran y todo un aparato policial y judicial para garantizar que nadie lo quiebre. Por contraste, otros derechos constitucionales languidecen como letra muerta o no generan suficiente interés como para adquirir firmeza. 

Merecemos tener una Corte Suprema menos ansiosa por encontrar en la Constitución argumentos en favor del capitalismo y de las libertades de los empresarios, menos ávida de atribuciones en temas que no le competen, y más dispuesta a atender los pocos derechos que nuestra Carta Magna sí concede, clara y explícitamente, a las mayorías y a los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad.

EA

Hace pocos días nos enteramos de una noticia reveladora. Fox News, el canal de noticias más visto de los Estados Unidos, acordó pagar nada menos que 787,5 millones de dólares como acuerdo para poner fin a una demanda judicial por haber mentido deliberadamente. Fundada por el magnate Rupert Murdoch en 1996, desde el comienzo se propuso colaborar con las agendas políticas de la derecha republicana. La velocidad de su éxito es directamente proporcional a la falta de objetividad de sus noticias. En los últimos años dio aire a presentadores y comentaristas directamente delirantes. El juicio que consiguieron detener era por difamación y lo había entablado la empresa que provee las máquinas de votación que se usan en las elecciones de ese país. Fox News había difundido una serie de mentiras sobre un supuesto fraude electoral en 2020, en sintonía con los dichos en el mismo sentido de Donald Trump, a quien la cadena apoyaba fervorosamente, y la empresa se sintió afectada. Las falsas noticias sobre fraude formaron parte del clima que condujo al asalto al Capitolio por parte de una turba de derechistas en enero de 2021, lo que fue considerado por la comisión investigadora de esa casa como un “intento de golpe de Estado”. Mentiras deliberadas de la principal cadena de TV en función de un golpe de Estado. Nada menos. La buena noticia es que mentir abiertamente no le salió gratis a la Fox. La mala es que con un pago en efectivo se las arregló para quedar impune. Como si mentirle a un país en algo tan serio pudiese reducirse a un mero perjuicio económico compensable en billetes. Billetera mata justicia. 

La anécdota ofrece una buena ocasión para detenerse a reflexionar sobre el estado de una de nuestras libertades fundamentales: la libertad de prensa. El derecho a expresar y difundir las ideas libremente es una reivindicación muy antigua. En los inicios de la era moderna, en Europa, se enarboló fundamentalmente en contra de la tendencia de los monarcas a prohibir aquello que no les gustaba oír. Retomada por la tradición liberal, la libertad de prensa quedó plasmada en nuestras leyes con esa (única) amenaza en mente. El mecanismo de su defensa parecía simple: la decisión de qué decir y qué no, que cosa imprimir, qué noticias transmitir, a qué ideas dar lugar en las páginas de libros o diarios, quedaba enteramente en manos de la sociedad civil. El Estado no debía interferir de ninguna manera. A lo sumo podía generar sus propios impresos, pero nunca condicionar los de los demás. A nadie escapaba el riesgo de que, librado a la espontánea iniciativa de cualquiera, pudieran difundirse falsedades de todo tipo. Pero la idea era que, habiendo libertades amplias para la prensa, existiría una especie de ecosistema de voces que garantizaría un debate público más o menos informado. 

Pues bien, el sistema no está funcionando. En esto, como en todo, la tradición liberal, nos ha dejado a la intemperie frente a otra amenaza tanto o más preocupante: la del autoritarismo corporativo, aquél que surge no de reyes, presidentes o ministros, sino de la actividad privada. Desde la llegada de la televisión y, mucho más, desde la irrupción de las tecnologías de comunicación digital, se produjo un cambio cualitativo en los modos en los que la información se genera y circula. La modesta tecnología de la imprenta habilitaba a casi cualquiera a tener periódicos y panfletos. Incluso los trabajadores y los grupos disidentes podían montar las suyas y salir en busca de una audiencia. Por contraste, las tecnologías digitales parecen haber democratizado más la posibilidad de expresarse –cualquiera puede filmar, escribir, grabar y postear lo que sea– pero los canales por los que circula todo eso están cada vez más en menos manos. El viejo truco del mercado: los tiburones como Murdoch acaban con los demás peces del ecosistema o los aplastan bajo el volumen de su voz.

Las plataformas que dan soporte a las redes sociales y la creciente concentración de los medios de comunicación dan a los pocos empresarios que los poseen una preocupante potestad de intervenir en la libertad de expresión y, más preocupante aún, de difundir falsedades con un alcance incomparablemente mayor que el que tenemos lo humanos promedio. Al estar en manos privadas, son ellos los que tienen el derecho de imponer sus reglas. Y como se supone que el Estado no debe intervenir, su potestad es completa. Tienen literalmente el derecho a definir unilateralmente cómo será el debate público, cuáles serán sus reglas, qué se puede y qué no se puede decir. 

El sesgo derechista que esto trajo en los medios de comunicación es evidente. Pero incluso más preocupante es lo que viene sucediendo en redes sociales: a propósito del “terrorismo” o de la invasión de Ucrania, venimos viendo una creciente tendencia de los dueños de las plataformas a intervenir en lo que se puede o no decir. De manera unilateral, tras haber adquirido Twitter, el magnate Elon Musk decidió bloquear sitios de periodistas que no le gustaban. En los últimos años esa red, Facebook y otras han desarrollado políticas más agresivas para dar de baja sitios, borrar posteos o imponerles a sus lectores advertencias de credibilidad que le ahorran a otros. Muchos sitios progresistas o que simplemente transmiten visiones del mundo que no agradan a las corporaciones se han visto perjudicados. Nadie dice nada porque es una amenaza a la libertad de prensa que no viene desde algún Estado. ¿No te gusta? ¡Cambiate a otra plataforma! El problema es que todas son monopolio de la clase de los súper ricos. 

Y para no cargar todas las tintas en Fox News, hay que decir que un parteaguas en este sentido fue la decisión de otras tres grandes cadenas de TV de Estados Unidos de censurar en vivo una alocución de Donald Trump y la de Twitter de quitarle su cuenta en 2021. No importa lo que uno piense de Trump: el hecho significa que un grupo de hombres ricos, sin otra legitimidad que la que les da su poder, decidió quitarle a un presidente en ejercicio (mal o bien, representante del pueblo elegido democráticamente), el derecho a comunicarse con la ciudadanía. La antipatía que nos genera Trump no puede llevarnos a pasar por alto la gravísima amenaza que eso significa a la libertad de expresión. 

¿Estamos tranquilos con la totalidad de nuestra comunicación circulando por unas pocas plataformas en manos de cuatro o cinco personas que no rinden cuentas a nadie? ¿Realmente tranquilos hoy, que ya hay herramientas de inteligencia artificial que pueden captar e interpretar automatizadamente lo que nuestra voz dice en una conversación telefónica? ¿Vamos a conformarnos con un ecosistema de medios en el que la principal cadena de TV pueda mentir impunemente y nuestra única protección sea la decisión unilateral de otros magnates de contrarrestarlo o no, según se les antoje? ¿A tan poco queda reducida la libertad de expresión y de prensa? 

Haríamos bien en reflexionar sobre todo esto en Argentina. Desde hace años las fake news nos inundan y las noticias funcionan como armas de lucha política. La comunicación en manos de las empresas de medios en nuestro país no es menos tóxica que en Estados Unidos (de hecho, algunas aquí tratan de imitar a la Fox). Garantizar la libertad de expresión y de prensa aquí y en el mundo requerirá una profunda renegociación de los términos del acuerdo entre lo público y lo privado, con límites y posibilidades democráticamente definidos, capaces de conjurar tanto el peligro autoritario de podría venir del Estado como el que ya viene del mercado.

EA

La Constitución nacional aprobada en 1994 incluyó, como novedad, el reconocimiento de los pueblos originarios. Reproduzco, para que lo tengamos fresco en la memoria, el artículo 75 inciso 17, que manda a

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

Nuestro Estado está en violación de una norma constitucional: el reconocimiento de comunidades y restitución de tierras ha sido en cuentagotas y no se ha habilitado realmente su participación en la gestión de los recursos naturales. Por el contrario, siguieron padeciendo nuevos despojos.

Como parte de la reacción derechista que venimos viendo en todos los frentes, el 29 de marzo pasado la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza votó una resolución delirante y profundamente racista, por la que propone que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos″. Literal. La propusieron en comisión las legisladoras Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista) y en el recinto la votó la mayoría oficialista de la UCR y el PRO. La mayoría de los legisladores del peronismo se opuso, pero una buena parte de ese bloque también sumó su voto.

La resolución vino a propósito de un acto administrativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la repartición que debe encargarse de cumplir el mandato constitucional de reconocer tierras. Luego de estudiar el caso durante diez años, el INAI dictaminó en enero pasado que los reclamos de tres comunidades mapuches sobre la tierra que ocupaban informalmente eran atendibles, por lo que debía dárseles carácter legal a esa ocupación. Las tierras en cuestión están en el sur de la provincia, cerca de Malargüe.

El dictamen del INADI desató una reacción histérica de la derecha mendocina, que intentó no solo cuestionar los derechos de esas tres comunidades, sino argumentar que en Mendoza nunca hubo mapuches. Los especialistas mostraron que sí (incluso “Malargüe” es una palabra en mapudungun, así que la demostración no es tan complicada). Pero la derecha mendocina no se inmutó. En la Legislatura avanzaron incluso más y votaron una resolución que no dice que los mapuches directamente no existen como pueblo originario de la Argentina. No de Mendoza: de toda la Argentina. El disparate total.

Al votar ese sinsentido, los legisladores de la derecha ignoraron olímpicamente el saber científico sobre la cuestión y apoyaron la campaña de extranjerización que desde hace un tiempo avanza en los medios y redes sociales, donde se sostiene que “los mapuches son chilenos”. A lo que agrega otras fantasías similares, como que “vinieron de Chile y exterminaron a los indígenas argentinos” o que sus reclamos en verdad son parte de un designio británico para apropiarse de la Patagonia. 

De manera bastante unánime, los especialistas vienen explicando que todo eso es absurdo. Ante la resolución de los diputados mendocinos acaban de emitir una declaración de repudio firmada por la abrumadora mayoría de quienes se ocupan de estos temas. Prácticamente no quedó decano, director de instituto, cátedra o especialista en historia, antropología, lingüística o arqueología que no esté diciendo que todo esto es un disparate. Los mapuches habitan el suelo que hoy ocupa la Argentina al menos desde el siglo XVIII. Y no hubo “invasión” ni “exterminio”: el término “mapuche” incluye diversas parcialidades, cada una con historias específicas y designaciones propias (huilliches, picunches, pehuenches, pampas, etcétera) que fueron confluyendo y ocupando espacios cambiantes. Esto es de hecho lo habitual con los grupos étnicos en la era anterior a los Estados, cuando no había fronteras rígidas ni un sistema escolar que estabilizase una lengua y una identidad única. Los grupos étnicos rara vez se mantenían siempre iguales a sí mismos ni “eran” de un lugar: en todo caso estaban allí en un período determinado. Como los guaraníes, que del Amazonas pasaron a residir, mestizados con otros pueblos, en zonas tan distantes como Salta.

No hay ningún “debate” al respecto: no hay dudas de que los mapuches habitaron de este lado de la cordillera al menos desde el siglo XVIII. Es decir, incluso antes de la independencia de las Provincias Unidas del Sur, mucho antes de que exista “Argentina” y todavía mucho antes de la conquista de la Patagonia, que recién comenzó en 1879. Valentín Sayhueque, el gran cacique mapuche del Neuquén nacido c. 1818, último en ser sometido militarmente, se consideraba argentino y era reconocido como autoridad por el gobierno argentino. Irónicamente, desde su fundación hasta 1776 Mendoza estuvo bajo la jurisdicción de la capitanía de Chile. Todavía en 1835 una parte de la élite mendocina intentó separarse de la Argentina y volver a depender de Chile. Tan cercanos eran los vínculos. Por lo que, si uno usase los argumentos absurdos de la derecha, podría decirse que los mapuches fueron “argentinos” antes que los mendocinos, o que el rechazo a su presencia en Mendoza forma parte de alguna conspiración chilena.

El intento de convertir a los mapuches en extranjeros con una vergonzosa decisión legislativa que quedará en la historia del racismo local, viene de tiempo atrás. No cabe dudas de que se relaciona con disputas sobre tierras, que algunas personas se quieren apropiar aprovechando sus privilegios como blancos y tocando la cuerda de la discriminación. Tierras que tienen valor para el negocio inmobiliario –de eso se tratan las disputas en Bariloche– o para el fracking, como en Vaca Muerta. Los derechos mapuches, su presencia organizada, molestan. Mucho. La prensa colaboró en estos designios con una constante campaña de demonización de un pueblo entero, a cuento de organizaciones o actos “terroristas” incomprobables o trazando distinciones entre mapuches por un lado y “la gente” por el otro. Como si alguien de aquél origen no fuese también “gente”. Cualquier charlatán encuentra espacio en los diarios para decir cualquier cosa.

Deberemos prepararnos para convivir con las “verdades alternativas” –lo que antes llamábamos simplemente la mentira– que, como en otros sitios, se abren camino entre nosotros. La derecha está decidida a destruir una de las últimas limitaciones que encuentra para el avance de sus proyectos: la de la evidencia. Y, junto con ella, los propios saberes de quienes se ocupan de investigarla con el método científico. Si la realidad es un obstáculo, peor para la realidad. Mapuches, académicos, derechos humanos, Constitución nacional: todo sospechoso. Todo extranjero y prescindible. 

EA

Es ya un lugar común notar que, como sociedad, hemos perdido la capacidad de imaginar un porvenir luminoso. El futuro se nos aparece como algo temible, catastrófico, apocalíptico. Lo que no es síntoma de que, en algún lugar de nuestra mente, sabemos que hay algo que está muy mal en nuestro presente, que hay algo en la manera en que vivimos que nos conduce allí irremediablemente.

Un mínimo recorrido por la cultura de masas es buen índice de esa angustia y de su avance. El cine nos provee desde hace décadas de argumentos en los que alguna persona o pequeño grupo pone en riesgo a los demás o al mundo. Los doctores maléficos de la saga James Bond, una banda ecologista en Doce Monos y terroristas de toda calaña, desde el solitario y sin causa aparente en Batman, The Dark Knight, hasta los que siguen alguna bandera política o religiosa en incontables películas. Habitualmente, el cine nos da un alivio frente a esas angustias por vía de la intervención de alguna figura de autoridad que restaura el orden amenazado: un superhéroe, un soldado patriota, un policía dispuesto a romper las reglas, un padre que dice basta. El héroe y la figura maléfica son personajes opuestos, pero gemelos: se trata en ambos casos de individuos que buscan afirmar su ley sin rendir cuentas a nadie. La comunidad, si es que aparece, aparece desdibujada. Da más o menos igual qué cosa sea lo que amenaza la continuidad del orden: activista, delincuente, loco, terrorista, las acciones de cualquiera podrían ponerlo en riesgo. Ante esa amenaza imaginaria, no nos salvamos colectivamente mediante la acción política. La angustia por el orden social convoca a la fantasía de que algún individuo poderoso venga a poner las cosas en su lugar.

La pendiente implosiva que viene siguiendo el capitalismo actual no hace sino exacerbar esas angustias y esas fantasías. Que por otra parte tienen ya sus correlatos políticos. El orden se percibe como frágil. Pero, más importante, el espacio personal se comprime. Los recursos se acaban, la explotación se intensifica. Ya no hay posibilidad de que cada uno desarrolle su proyecto de vida en su espacio personal sin ser “invadido” por las necesidades y requerimientos de los demás. El individuo que se creía autónomo se siente amenazado por la sociedad y enarbola su derecho a defender el ilusorio espacio vital que le habían prometido. Violentamente, si hace falta. La tolerancia frente a las decisiones y acciones de los demás se acaba. Es la hora del individuo con su rifle y del sheriff que pongan orden en el desorden que habilita la política. En estos días hemos visto, de hecho, postulantes a sheriff que nos invitan a armarnos y a votarlos. Que cada cual vuelva a su círculo personal sin molestar a los demás, por las buenas o por las malas. “No me pises”: uno supondría que la frase de la bandera de Gadsen que gustan de utilizar los libertarios lleva implícita la promesa “yo tampoco te pisaré”. Pero lo que uno ve es solo la víbora lista a picar en defensa de su espacio. Propiedad y seguridad: los demás derechos no importan. ¿Ya no hay espacio para todas las víboras? Mala suerte. Predominará la que pique más fuerte.

Volviendo a ejemplos de la cultura de masas, la angustia por el desorden catastrófico y nuestro sentido de indefensión se muestran hoy incluso más que en el pasado, en series como The Last of Us, en las que el fin del mundo finalmente llega y el héroe enérgico ya no puede devolvernos el orden anterior. Ya es tarde. Es el último que queda de un “nosotros” que pertenece al pasado. Pero al menos afirma su control rifle en mano sobre el pequeño espacio de vida que le queda. Incluso, si para ello tiene que matar a todo lo que se le cruce por el camino. Picar como una víbora a cualquiera que se acerque al pequeñísimo y evanescente espacio que queda. Zombie, humano, da igual.

Brillante como es, The Last of Us nos enfrenta a los temores que nos acechan. Y a la vez, al menos hasta ahora, exacerba las fantasías de la vida individual como último refugio, el único espacio legitimo para la existencia que nos queda. Hay pocos antecedentes en la cultura de otras épocas de narrativas de este tipo, en las que nos sentimos identificados con un héroe que niega lo colectivo a tal punto, que decide priorizar su propia pequeña vida a la posibilidad de salvar al mundo. Al revés del superhéroe, decide no salvarnos. Y los espectadores lo entendemos y validamos en su decisión.

Cierto, la narración también contiene otro elemento bastante inédito: nos muestra, al pasar, un pequeño pueblo “comunista” en el que un puñado de sobrevivientes mantiene lo colectivo. Por ahora con éxito. ¿Quiénes son los últimos del “nosotros” moribundo? ¿Ellos o el protagonista? Veremos cómo resuelve la segunda temporada el choque inevitable entre el héroe individual con su ley del rifle y la inesperada supervivencia de un pequeño “nosotros” que, tras el fin del mundo, se ha vuelto comunista. En cualquier caso, la ambivalencia es sugestiva.

EA

En estos días vemos una ola de simpatía por los inmigrantes rusos que llegan al país. Un poco nos halaga que las rusas encuentren deseable tener pasaporte argentino y vengan a parir aquí. O incluso que quieran quedarse. ¿Por qué no? En la prensa leemos notas sobre sus experiencias: que si las engañan para tramitarles los papeles, que si las tratan bien en los hospitales, que si sus hijos son bien recibidos en las escuelas. La simpatía tiene sus raíces en el modo en que nos vemos como sociedad. Somos un país que se imagina como “país de inmigrantes”, siempre hemos acogido a los que llegan, tenemos una legislación benevolente para ellos y ellas. Y, comparativamente hablando, salvo algún episodio puntual, no hemos tenido ni tenemos violencia xenófoba preocupante como la que se registra en algunos países de Europa. 

Cierto que la simpatía hacia los rusos no se replica hacia todas las comunidades. Pareciera un fenómeno masivo, pero en verdad son unos pocos cientos los que han llegado de Rusia recientemente. Argentina recibe un flujo de inmigrantes mucho más numeroso desde Latinoamérica: según datos de 2018, el 84% de los migrantes venía del vecindario, especialmente de Paraguay y Bolivia. Esas comunidades son objeto de menos simpatía, cuando no de hostilidad. No es habitual que veamos notas positivas en la prensa local. Es que Argentina es “un país de inmigrantes”, pero no de cualquier inmigrante: el relato dominante que da solidez a la identidad nacional nos quiere un país blanco y europeo, que llegó a serlo justamente por el ingreso masivo de personas blancas y de Europa. La llegada de inmigrantes de otras procedencias y colores, desde esta visión, supone una amenaza a la nación.

En la década de 1990 tuvimos una breve ola de agresiones xenófobas contra los inmigrantes de países limítrofes. Carlos Menem, Eduardo Duhalde y parte de la dirigencia peronista de entonces, algunos líderes sindicales y la prensa animaron una paranoia por la presencia de “extranjeros indocumentados” que, según decían, les quitaban el trabajo a los argentinos, se radicaban en las villas, cometían delitos. Eran tiempos del desempleo que causaban las políticas neoliberales y a alguien había que culpar. En 2010, a propósito de un reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano, Mauricio Macri reeditó ese tipo de agresiones: relacionó a los migrantes de países limítrofes con la delincuencia y el narcotráfico y se quejó de que se atendiesen en los hospitales públicos. Se había puesto en evidencia la falta de políticas de vivienda en CABA y a alguien había que culpar. Pero nada de eso se puso en marcha a propósito de los rusos. Al contrario, algunas voces de nuestra derecha fueron particularmente cálidas para con ellos.

La dualidad que tenemos respecto de los migrantes dependiendo de su color y su origen está inscripta en nuestro lenguaje. En la época de Carlos Menem, una antropóloga de la Universidad de Georgia realizó una investigación sobre los prejuicios que en Buenos Aires se ponían en marcha contra los pobres. Uno de los que encontró fue la persistente extranjerización: sus entrevistados de clase media imaginaban que las villas eran tierra de “extranjeros indocumentados”. En décadas anteriores se los suponía migrantes, pero del Interior. Cabecitas negras. Sobre los villeros (que eran muy mayoritariamente argentinos) pesaba ahora la “acusación” de ser todos peruanos o bolivianos y, con ello, de ser un catálogo de falencias morales. Como lo eran los cabecitas negras, pero ahora encima extranjeros. La antropóloga notó entonces una curiosa inflexión del lenguaje. Los entrevistados no usaban el término “inmigrantes” para esos sectores. Eran “extranjeros”. Es que, en la Argentina, la palabra “inmigrante” tiene una connotación cálida, afectuosa. Es la palabra que mucha gente usa para referir a sus abuelos llegados de Europa, en esas narrativas morales que solemos construir, y que asignan a esos abuelitos el papel de haber traído con ellos la cultura del esfuerzo y del sacrificio que nos puso en la senda del progreso familiar tanto como del nacional. Los “inmigrantes” (europeos) son lo que está bien. Los otros son “los extranjeros”.

La simpatía o antipatía por los inmigrantes dependiendo de su perfil étnico tiene un componente racista bastante obvio. Que se traslada, además, al modo en que clasificamos y jerarquizamos a la propia población argentina. La extranjerización de los pobres porteños que notó la antropóloga hace algunas décadas continúa y se proyecta sobre otros sectores. La notó por caso una mujer negra, descendiente de una antigua familia afroargentina que está aquí desde tiempos de la colonia, cuando los oficiales de migraciones la detuvieron en Ezeiza porque sospecharon que su pasaporte era falso. La decían que “no podía ser argentina si era negra”. Justo a ella, cuyos ancestros seguramente tenían más antigüedad en el país que la del oficial que la detenía. Y la vemos también en estos días en la persistente campaña antimapuche: las voces de nuestra derecha insisten en demonizarlos de todas las maneras posibles, incluyendo la de expulsarlos de la nación. Son “indios chilenos” que nos invadieron. No importa cuántas veces los mejores historiadores y antropólogos de este país salgan a aclarar unánimemente que eso es un total disparate: la prensa sigue dando lugar a toda clase de charlatanes, alguno de ellos diplomados, que insisten con esa falsedad.

En fin, abuelitos italianos que llegaron ayer, rusos que llegan hoy, hermanos latinoamericanos que siguen llegando, cabecitas negras que migran entre provincias, pobres argentinos de todos los colores y orígenes que siguen acá, como siempre. Todos esos cuerpos tienen el mismo valor. Que nos cueste tanto aceptarlo es otro tema. 

EA

Puede que nunca la sociedad argentina haya discutido sobre su propio racismo tanto como en los últimos dos meses. La nota que The Washington Post publicó en diciembre pasado, preguntándose por la ausencia de negros en la Selección de fútbol, generó un intenso debate en redes y medios de comunicación con posiciones encontradas. Que si hay o no racismo. Que si las categorías raciales de EEUU sirven o no para describir nuestra sociedad. Días antes, cánticos racistas de hinchas argentinos en Qatar habían despertado indignación local e internacional.

Durante el mes de enero, mientras los ecos de estas polémicas todavía no se habían agotado, el juicio oral por el asesinado de Fernando Báez Sosa motivó controversias similares. En particular porque Fernando fue ultimado por una banda de rugbiers al grito de “negro de mierda”, a pesar de lo cual el fiscal se negó a encuadrar el hecho como un crimen de odio racial, figura que existe en nuestro código penal, pero que rara vez se activa cuando se trata de víctimas de tez oscura. Los negacionistas del racismo argentino argumentaron que el de los rugbiers se trataba “solamente” de un desprecio de clase. El padre de Fernando, sin embargo, tiene las cosas más claras. Como declaró en estos días, “Los jóvenes no pueden ir a matar a alguien porque es negro. Creo que esto fue un tema de racismo”.

Mientras seguíamos las alternativas del juicio, desde Mar del Plata llegaron noticias de otra agresión similar, un jugador de básquet golpeado en un boliche entre insultos por su negrura. En este caso la víctima era nacida en África, con lo que la excusa del “simple clasismo” se volvía más complicada. Y cuando el mes terminaba llegó el broche de oro: un militante del PRO del sector de Patricia Bullrich se despachaba en el diario La Nación con una columna de opinión de contenido increíblemente racista. La nota volvía sobre un relato ya muy conocido: en Argentina habría una oposición entre una clase media europea, dotada de las virtudes que vienen con una “cultura del esfuerzo”, y una clase baja “choriplanera”, formada por “haraganes” venidos del interior, mantenidos por el Estado, “impermeables a asumir el desafío de la dignidad” (!), una masa irracional y “disponible” siempre manipulada por el peronismo.

El texto, ya de por sí brutal, iba acompañado de una ilustración todavía peor, que contraponía dos maniquíes, uno blanco coronado por un roll de sushi y otro negro que portaba en cambio un choripán. Lo bueno del asunto es que los colores que el dibujante eligió impedían limitar la cuestión al prejuicio “meramente” de clase: esos maniquíes tenían colores opuestos. Reconoce visualmente que la clase, en Argentina, tiene color. La nota generó tal indignación pública –incluso la vocera presidencial intervino al respecto–  que La Nación se vio en la necesidad de retirar el dibujo (no así el texto). 

Ni el racismo argentino ni la fantasía de que no existe son nuevos. Tampoco lo es el antirracismo: desde hace mucho tiempo hay voces que lo ponen sobre el tapete. A partir de la crisis de 2001 fue ocupando un lugar cada vez más visible en los debates públicos. Pero no tengo registrado ningún momento en el que la cuestión se haya debatido con la intensidad de los últimos dos meses. Sin dudas es un buen augurio. La sociedad argentina se va enfrentando, finalmente, con uno de los lastres que más pesan sobre la vida democrática. Es sintomático que incluso la brutal columna de La Nación haya mencionado el racismo como un problema (incluso si la solución que proponía era que los “cabecitas negras” dejaran de obstinarse en ser inferiores).  

Una coalición antirracista amplia podría ofrecer un espacio de enlace y coordinación entre las iniciativas de cada sector que sin dudas (y sin afectar su independencia) daría mayor fuerza a todas

Si las visiones antirracistas adquirieron este lugar en una cultura tradicionalmente negadora es gracias a las múltiples voces que las vienen reponiendo desde hace décadas. Nuestra cultura popular no ha dejado de hacerlo, entre otras, a través de las de los músicos y artistas populares que tematizaron los sufrimientos de las “razas viejas”, ayudaron a visualizar la presencia afro e indígena, cantaron sobre la “portación de rostro” o simplemente plantearon la alegría y plenitud popular como “cosa de negros”. También lo vienen haciendo desde hace mucho las organizaciones de pueblos originarios y, más recientemente, la militancia afroargentina y la “marrón”. Aunque menos perceptibles, hubo de igual modo voces del campo político y sindical que colaboraron en la denuncia del racismo y lo mismo vale para el mundo de los intelectuales, académicos y periodistas. Último en llegar, desde hace unos pocos años el Estado viene teniendo políticas específicas –cierto que todavía tímidas– para combatir el racismo.

¿Será acaso buen momento para pensar la posibilidad de una coalición de todos estos sectores que, en general, han venido haciendo sus aportes de manera desarticulada? Puede que sea prematuro, pero vale la pena imaginarlo. Una coalición antirracista amplia podría ofrecer un espacio de enlace y coordinación entre las iniciativas de cada sector que sin dudas (y sin afectar su independencia) daría mayor fuerza a todas. ¿Para qué? Los beneficios de una alianza son muchos. Para empezar, la resonancia social del antirracismo se ampliaría, lo que daría mayores herramientas para seguir erosionando el negacionismo que hoy afecta a personas que no necesariamente son racistas en otros sentidos.

Por otra parte, una voz pública articulada, capaz de responder y exigir respuestas, serviría para acabar con la impunidad de la que gozan los medios de comunicación cuando dan aire a expresiones abiertamente racistas, como la de la columna de La Nación o como la constante diferenciación que, por caso, sufren los mapuches entre ellos y los “vecinos” en los titulares de los diarios (para no hablar de la campaña de demonización que vienen padeciendo). Y para exigir que los medios avancen en el sentido en que lo han hecho en otros países, para garantizar pantallas y redacciones que no están ocupadas exclusivamente por personas blancas.

También habilitaría canales de mayor incidencia en las políticas públicas, fundamentales no solo para definir y potenciar los contenidos de las campañas educativas y antidiscriminatorias que el Estado ya viene encarando, sino también para cosas más complejas, como conseguir los cambios necesarios en la legislación y en el Poder Judicial para que crímenes como el de Fernando sean considerados desde su aspecto étnico-racial. El impacto que ha tenido el movimiento feminista en este sentido debería ser una fuente de inspiración. Finalmente, el hueso del asunto: poner en discusión la relación que existe entre la posición de clase y el color o etnicidad de las personas.

Parecería evidente que el salto que ha dado el debate público en los últimos tiempos plantea un horizonte de oportunidad que antes no existía. Pero acaso la oportunidad no sea tan importante como la necesidad. Todo indica que vienen tiempos políticamente sombríos. La radicalización y crecimiento de las derechas autoritarias viene por todas partes –en Argentina tanto como en EEUU, en Brasil o en España– de la mano de discursos de reafirmación de la hegemonía blanca y de ataque a los derechos de los grupos subalternos. Hará falta mucha unión para sobrellevarlos. 

EA