Tamara Milagros Molina volvía a su casa en la tarde del 14 de marzo cuando una persona todavía no identificada la asesinó a balazos. Tenía 18 años y había crecido en medio de la violencia y las bandas que se disputan la venta de drogas en Tablada, un barrio de la zona sur de Rosario. Ella misma registraba una causa por portación de armas siendo menor, había sobrevivido poco antes a un intento de asesinato y sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios. Pero la vida y la muerte de Tamara no son excepcionales en una ciudad donde “las economías ilegales avanzan mientras el Estado se retira de los barrios”, como advierte el politólogo Luciano Vigoni.

“El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas”, dice Vigoni, exdirector del Programa Nueva Oportunidad durante el gobierno de Miguel Lifschitz en Santa Fe. En ese escenario, “los pibes no solamente venden casinitos, también guardan armas, prestan plata y reparten bolsitas (con drogas)”.

. El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas

Luciano Vigoni — exdirector del Programa Nueva Oportunidad

“Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas”, confirma el juez penal juvenil Alejandro Cardinale. “Me cuesta ver que en esas vidas haya transgresión. No la hay, en realidad, porque no existe una norma. Son pibes que han sufrido distintas violencias, que perdieron padres o hermanos y donde la comida de cada día llega por la actividad delictiva. Una transgresión hubiera sido ir a la escuela o no agarrar un arma, esos serían actos de rebeldía”, reflexiona el juez.

Tamara Milagros Molina fue asesinada el pasado 14 de marzo. Tenía 18 años. Sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios.

El crimen de Tamara Milagros Molina fue precedido el 31 de diciembre por el otro vecino de Tablada, Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años en situación de pobreza extrema que se había vinculado al narcomenudeo. Un tirador no identificado baleó a Valentino por la espalda mientras otro menor lo distraía. Uno de los hermanos de Tamara, por otra parte, fue involucrado en tres crímenes y detenido después de tirotear un colectivo del transporte urbano en septiembre de 2024 siguiendo órdenes de Juan Carlos “Pelo Duro” Fernández, un preso de la cárcel de Coronda que se inició en el consumo de drogas a los 11 años, registró su primera detención a los 15 y en 2019 fue condenado a dieciocho años de prisión por homicidio y otros delitos.

Otro hermano de Tamara, a los 12 años, junto con otros de 10 y de 14, provocó la muerte de un hombre que vivía en la calle, Hugo Silva Viera, al arrojarle una botella con combustible y una mecha encendida el 6 de marzo de 2025. La tragedia ocurrida en una esquina de Villa Manuelita, un sector de Tablada, reunió así a niños atravesados por situaciones de violencia y un adulto sumido en el alcohol y la indigencia después que un accidente le imposibilitó trabajar como estibador. El padre está ausente de la casa donde se criaron los niños y la madre registra antecedentes vinculados con el narcomenudeo.

“Los espacios para menores privados de la libertad en Rosario no hacen otra cosa que reproducir la violencia. No hay tecnología de gestión nueva, es lo del Siglo XX y peor: los pibes pasan la mayor parte del tiempo encerrados, con tratamientos donde prima la lógica penitenciaria. Los pibes no pueden salir de ahí en mejores condiciones de las que entran”, afirma Luciano Vigoni.

“Hay varias barreras que deconstruir para pensar en una sanción en el sentido de la resocialización –dice el juez Cardinale–. En los casos graves, cuando les empieza a caer la ficha de lo que hicieron, hay que sostener esas subjetividades porque el pibe se derrumba y se sigue exponiendo al mata o muere y a otras conductas delictivas para volver a la cárcel más por una necesidad culposa que de rebeldía al sistema. Cuando podemos identificar eso, con un diálogo real, interdisciplinario, no resolviendo sobre la letra de un informe, la posibilidad de la intervención tiene un sentido formativo. Se sanciona a alguien que es parte de la comunidad”.

Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas

Alejandro Cardinale — Juez penal juvenil

Cardinale intervino cuando Tamara fue detenida por portación de armas: “Estuvo alojada en la División de Asuntos Juveniles Femenina, la cárcel de menores. La estrategia fue que saliera del núcleo familiar y del barrio; había una hermana mayor en Villa Gobernador Gálvez, pero la chica volvió a su casa. Hubo una falta de refuerzo estatal en la medida”. 

La economía ilegal como forma de subsistencia

La descripción de bandas criminales suele invisibilizar la situación de familias rosarinas dedicadas al narcomenudeo como forma de subsistencia o para saldar deudas. Fue el caso del allanamiento realizado el 9 de enero en una casa de Las Flores al 3500, en la zona sudoeste de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación descubrió a unas mellizas de 6 años que hacían de pasamanos para la venta de drogas. A esa edad, además, las niñas ya presenciaron otros operativos policiales en su domicilio y salieron ilesas de balaceras. El secuestro fue ínfimo: 10 gramos de cocaína.

“La economía ilegal es cada vez mayor frente a los restos del Estado en los barrios de Rosario, que son las escuelas, los centros de salud y algo de lo social –dice Luciano Vigoni–. Los clubes son la única estructura no estatal con presencia en el territorio, pero están muy debilitados. El gobierno provincial proyecta el encarcelamiento masivo de los jóvenes y el municipal de Rosario habla de buenos y malos, pero nadie mira una sociedad fragmentada y con mayores y múltiples niveles de violencia. En una recesión como la actual, con la falta de trabajo y hasta de changas, las economías ilegales son para muchas familias la posibilidad de generar un ingreso”.

La venta de drogas, el casinito y los préstamos informales de dinero funcionan entonces como alternativas para la subsistencia y el consumo, dice Vigoni, ex militante del Partido Socialista y ahora parte del Frente Amplio por la Soberanía: “Los pibes quieren consumir, quieren la moto, las llantas, la gorra. Obviamente están los clanes familiares (dedicados al narcomenudeo) pero ellos se conocen entre sí, van cambiando de un lugar a otro”.

El MPA y el gobierno de Maximiliano Pullaro contabilizan 109 puntos de venta de drogas “desactivados” en los últimos dos años. Sin embargo la comercialización de drogas no disminuye en Rosario: las transacciones se realizan en espacios abiertos –entre ellos el terraplén de barrio Las Flores donde fueron asesinados tres compradores el 23 de diciembre pasado– y el bunker se traslada a los propios domicilios de las familias. En otro procedimiento del mes de enero, los fiscales se encontraron con un niño de 10 años que asistía a su familia en la venta de drogas.

Los puntos de venta y la situación de los menores suelen quedar expuestos con los hechos de violencia. Una nena de 7 años llamada Pía resultó baleada el 28 de diciembre en el ataque de una banda contra su casa en Génova y Cabal, barrio Empalme Graneros. “Esta es una zona de balaceras. El bunker funciona hace cuatro o cinco años”, dijo entonces una vecina a Radio 2. 

“La criminalidad en su más amplio espectro –bandas, violencia, narcomenudeo, intervención corrupta de la policía– es un factor de vulnerabilidad para cualquier persona y más para un pibe que todavía se está criando –afirma el juez Cardinale–. Una medida de protección puede ser alejar al menor de ese ámbito. A veces hay opciones dentro del entorno familiar y a veces no. Ahí es donde queda limitada la respuesta estatal, y es también lo que muchas veces se entiende como que no se hace nada. Pero la herramienta legal, institucional, está”. En los casos de menores no punibles, “la gran protagonista por acción o por omisión es la Secretaría de Protección de Niñez de la provincia”.

Como la disputa por el mercado de drogas, el prestamismo informal asoma en la superficie cuando deriva en represalias. El 16 de marzo una familia del barrio Empalme Graneros denunció un ataque incendiario contra su casa por no afrontar una deuda. “El prestamista puede prestar por un día, por un fin de semana, por un mes, a un interés que se negocia en la desesperación por consumir o de cubrir una necesidad básica –explica Vigoni–. Si no se devuelve con billetes se paga con un bien o en el límite con la propia casa. No son necesariamente los narcos, también lo hacen familias o personas a las que le sobra algo de plata”.

La investigación sobre Los Menores, la banda narcopolicial que desafió la tradicional hegemonía de Los Monos en Rosario, reveló la explotación de casinos virtuales y apuestas ilegales. “Es una diversificación del negocio menos riesgosa en términos de violencia –apunta Vigoni–. Se hace a través de plataformas que ofrecen todos los juegos de un casino. Un administrador provee el usuario para jugar, carga las fichas, recibe el dinero y hace los pagos. Ahí hay un negocio en ascenso que no se ve, pero es masivo”. La investigación de la fiscalía de Rosario identificó las plataformas Zeus y Rojo23 utilizadas por una rama de Los Menores que habría organizado Fernando Cappelletti.

Los Menores deben su nombre a la utilización de menores de edad como sicarios y custodios de puntos de venta. Lautaro Nicolás Brest tiene hoy 20 años, pero su trayectoria está ya marcada por la muerte violenta: siendo menor presenció los asesinatos de dos amigos de 14 y 15, en la zona oeste de Rosario, y de su propio padre, un taxista de 38 años. El 25 de marzo Brest fue imputado como parte de Los Menores, banda a la que se atribuye entre otros crímenes el de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

“En quince años de trabajo nunca escuché a nadie decir ‘es menor no punible, no se puede hacer nada’ –enfatiza Vigoni-. La situación en Rosario es abordable aún hoy, pero el nuevo Régimen Penal Juvenil va a profundizar el problema. Necesitamos instituciones que tengan restricciones pero donde el tránsito cotidiano pase por lo cultural, lo deportivo y la atención de salud mental”.

Al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años se suma la nueva ley de organizaciones criminales, que por su parte incrementa penas e iguala la responsabilidad de los integrantes de bandas más allá de la función de cada uno. “Pero en un bunker tradicional, un espacio completamente cerrado con una mirilla por donde se despacha la droga, donde un pibe, una pibita están encerrados vendiendo, hay una situación de trata evidente dentro de la organización criminal –destaca el juez Cardinale-. Así lo definió la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. El menor es en esos casos una víctima más que el autor de un delito”.

Cardinale define como “terraplanismo punitivo” al Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. “Los problemas son complejos y la respuesta es falaz, simplista y no va a generar ninguna incidencia en la tasa de criminalidad ni en el estándar de seguridad comunitaria –señala el juez–. En Santa Fe los homicidios dolosos disminuyeron de una manera llamativamente abrupta sin ninguna ley agregada, supuestamente alcanzó con un patrullaje organizado y con cortar la comunicación desde la cárcel. El Régimen Penal Juvenil se aplicará además a una población que tiene una incidencia ínfima en la criminalidad”.

OA/MG

—Si a mí se me hubiese ocurrido levantar la voz, esta ciudad se daba vuelta.  

En la casa no hay nadie, pero Daniela Romero habla bajito. Como si el rebote de su voz sobre las paredes pudiera alterar el descanso en paz de las cenizas de Bruno, su hijo, que reposan sobre un aparador en el living. Dice que algunos se inquietan cuando ven la urna, pero a ella ya no le importa. Tampoco que el asesinato se haya reproducido una semana entera por todos los noticieros del país, o que permanezca colgado en la web. Como arrastrando una culpa dice que quiso, pero nunca pudo terminar de verlo.  

El 9 de marzo de 2024, Bruno Busanich salió apurado de su casa, porque llegaba tarde a cubrir el turno noche en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600, en el oeste de la ciudad de Rosario. Hasta hace un mes, había trabajado desde su casa para un call center que ofrecía préstamos bancarios. No le gustaba. La puteada de los clientes, la soledad del home office. Quería cambiar de trabajo y la decisión se precipitó los primeros días de enero, cuando llegó un aviso de despido. Su madre creyó que se tomaría el verano para descansar, pero unas semanas después lo vio partir de casa con su uniforme de playero. En la mochila le puso un termo con café y dos bananas, para que comiera cuando no lo vieran los jefes. Con el tiempo reconstruirá esa imagen en su memoria: es la última que tiene de él con vida.  

Aquel sábado fue la segunda noche consecutiva de Bruno cubriendo la franja que va de las diez de la noche a las seis de la mañana. La estación de servicio está prácticamente debajo de Circunvalación, la autopista en altura que bordea a Rosario. El frente mira a calle Mendoza, iluminada y siempre transitada por ambas manos; un espasmo de continuación de lo urbano, como si la ciudad hubiese estornudado unas cuadras más allá de sus fronteras. Pero sus inmediaciones no. El alrededor es barrio. Es techo de chapa, es música fuerte, es parrillero en la vereda y cartel de chori por mil quinientos pesos. Durante la noche andan pocos.

Una muerte en loop

El video se estructura en tres planos, tomados por distintas cámaras de seguridad, que en simultáneo reconstruyen la secuencia. 

23 horas, 41 minutos, 55 segundos. La cámara 16, que está adentro del cubículo, muestra a Bruno parado, se lo escucha silbar mientras maniobra algo con sus manos. En el lugar no entra una silla.   

23 horas, 42 minutos, 01 segundo. La cámara 13, que registra las afueras de la estación, detecta movimiento del otro lado de la calle. De entre dos autos sale alguien que camina con las manos metidas en un buzo canguro. Va encapuchado, con media cara cubierta.  

23 horas, 42 minutos, 06 segundos. La cámara 5, que toma al cubículo desde afuera, es la primera que pone a los dos en la misma escena. Bruno sigue parado con la cabeza gacha, mientras la otra persona se acerca a paso sigiloso. Cuando llega a la vereda de la estación, acelera con un sprint final: uno, dos, tres pasos y desenfunda.   

23 horas, 42 minutos, 08 segundos. El cuadro final. Desde adentro, la cámara 16 muestra dos movimientos en uno: un revólver que sale, un papel que se cae. Bruno lo ve cuando lo tiene encima, pero ya es tarde. Los tres disparos retumban en el cuarto. El cuerpo de Bruno queda tendido en el piso, blureado bajo un alerta de imágenes sensibles.

Toda la escena dura 46 segundos, pero ocupó horas de aire en los canales de televisión. Durante semanas, las imágenes también circulan por celulares y redes sociales. Tres planos, tres pasos, tres disparos, miles de reproducciones. Un asesinato que se repite todo el tiempo. Una muerte en loop. La muerte del playero ejecutado por el narco rosarino. 

Dos días después, el móvil de La Nación+ recorre el barrio del asesinato. El medio es porteño, pero la noticia está acá. El título es narcoterrorismo en Rosario. El periodista busca hablar con los vecinos en una zona oscura, alumbrada apenas por el foco de la cámara. En esa búsqueda, un hombre irrumpe en la escena sin pedir permiso. Agarra el micrófono y deja un mensaje: pide que dejen de pasar el video donde asesinaron a su sobrino. El tío paterno de Bruno no vive cerca, pero llegó hasta el lugar a transmitir el mensaje. Desde el estudio, impostando solemnidad, se comprometen con el pedido.  

Al igual que el video, también se filtrará a la prensa el papel tirado en el suelo durante el asesinato. Tiene un mensaje: dice que la guerra no es por el territorio, sino contra la política carcelaria del nuevo gobierno que limitó visitas y aisló a los presos de alto perfil. También deja una advertencia: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. Las cifras refieren a 2023, cuando Rosario cerró el año con una tasa de homicidios cinco veces mayor que el promedio del país. La nota está firmada: zona norte, zona sur y zona oeste unidos.  

La muerte de Bruno coronó una saga de crímenes que conmocionó a Rosario. Comenzó el martes 5 de marzo, cuando Héctor Raúl Figueroa manejaba su taxi por las calles del barrio Las Delicias, en el sur de la ciudad. Ni bien llegó a destino con su pasajero a bordo una persona se paró frente al Fiat Cronos y disparó. El conductor recibió nueve balazos y murió en el instante. Tenía 43 años, dos hijos y una esposa, también taxista. Se casaban en dos días. Los vecinos del lugar vieron al pasajero huyendo junto al asesino. En la escena del crimen quedó una zapatilla blanca como prueba. 

Al día siguiente, Diego Alejandro Celentano, de 32 años, fue atacado en el barrio Saladillo, cerca del Parque Regional Sur. También era taxista, también fue a eso de las once de la noche, también fue una emboscada, también el pasajero huyó corriendo, también quedó una zapatilla en el lugar. Las vainas encontradas en los dos asesinatos pertenecían a la Policía de Santa Fe.  

Dos taxistas muertos en dos días, cuatro en los primeros siete días del mes. El gremio tachero se declaró en estado de alerta y cortó el servicio esa misma madrugada. Por la tarde del jueves concentraron frente al Concejo Municipal de Rosario, donde la plana política local se preparaba para dar inicio al año legislativo. No pudo ser. Los trabajadores pedían ser recibidos, pero solo les abrían la puerta a los concejales, asesores, dirigentes y funcionarios que llegaban vestidos de gala para la ocasión. Los ánimos estaban caldeados y quisieron tirar la puerta abajo. Los concejales que buscaron calmar las aguas enardecieron aún más el reclamo. Iban unos pocos meses del gobierno de Javier Milei y la idea de “casta” estaba más vigente que nunca. Se oyó un grito de guerra: que se vayan todos.

El acto de inauguración quedó suspendido, pero el día no terminaba. A las siete de la tarde, un pasajero encapuchado frenó la línea K en México y Mendoza. Cuando se abrió la puerta, disparó contra el conductor. Marcos Daloia, de 39 años, llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con dos heridas de armas de fuego en la cabeza. Murió cinco días después. En el lugar de los hechos también encontraron una nota amenazante. 

Fueron cuatro asesinatos en cinco días. Todos trabajadores de servicios esenciales: dos taxistas, un colectivero, un playero. Por eso, el lunes siguiente a la muerte de Bruno la ciudad funcionó como un feriado: las escuelas no abrieron, los recolectores de residuos no pasaron, taxistas y colectiveros limitaron su actividad, las estaciones no cargaron nafta de noche, los centros de salud cerraron, los hospitales públicos hicieron guardias mínimas. Los fiscales hablaban de una nueva modalidad delictiva en la ciudad. Muertes al azar, muertes al voleo. Los medios nacionales informaban desde Rosario, porque la noticia está acá y parecía que le podía tocar a cualquiera. 

Daniela

La casa de Daniela está en el último barrio del oeste rosarino, a unas pocas cuadras del Estadio Mundialista de Hockey. Dieciséis años atrás, en esa misma barriada, Las Leonas conquistaron su segundo mundial, capitaneadas por quien le da nombre al estadio: Luciana Aymar. El lugar es una suerte de zona en disputa, entre las franquicias que responden al capo narco Esteban Lindor Alvarado y a Guille Cantero, el líder de la banda de Los Monos. El primero está detenido en Ezeiza, sentenciado a 15 años de prisión. El segundo, acumula condenas por 113 años, que cumple en el penal de Marcos Paz. Sin embargo, en los últimos meses las fronteras del mapa del delito parecen más desdibujadas.

Daniela vive en una esquina. Cuenta que algunas cuadras a la redonda, la cosa está tranquila, pero que más al norte se pone bravo. Tiene el vidrio de su puerta roto, pero cree que solo es una maldad de los pibitos que corretean por el barrio. “Ni ganas de gastar plata en eso ahora”, dice justificando la postergación del arreglo. Señala que desde que no está Bruno, la casa se vino abajo. Las paredes descascaradas por la humedad, una puerta que rechina, el televisor, el lavarropas y la heladera que dejaron de funcionar. “Capaz es una señal de que me tengo que ir”, suspira.  

La noche que mataron a Bruno estaba mirando la tele. Intuyó un mal augurio cuando sonó el teléfono fijo, ya nadie llama por el teléfono fijo. Primero, una voz joven que se presentó como un compañero de trabajo, le dijo que vaya a la estación, que le había pasado algo a su hijo. Pensó que era una broma. Cuando le pasaron con una mujer que se presentó como la encargada creyó un poco más. Nadie le decía qué había pasado. Era un sábado a la madrugada y no tenía en qué ir. Le tocó la puerta a su vecino, pero no estaba. Entonces, golpeó en la casa siguiente: el hombre ya sabía que habían matado a un playero, en una estación de servicio. La noticia viajaba por los celulares con emojis de alerta.  

—Yo no grité, no pataleé, no me enloquecí, no quise matar a nadie. Estaba como en otro mundo. Me quedé tiesa. Sentada. Me acerqué hasta donde me dejaron. Pero ya no había más nada por hacer. 

En el aparador hay varias fotos de Bruno. En todas se lo ve sonriente y con los ojos achinados. La mira y, con ojos de madre, lo describe como un buen hijo, un buen hermano, un buen nieto, un buen ahijado, un buen novio, un buen amigo y un buen compañero. Recuerda, también, que en su graduación de quinto año lo coronaron “Mister Risa”.

Daniela reconoce que la difusión del video de la muerte de Bruno le hizo mal a toda su familia. A ella también, pero hoy se inclina por la positiva: piensa que, quizás, pueda servir para tener presente lo que le pasó a un chico que estaba trabajando y que lo mataron de la nada. Sí le molesta que en los medios lo recuerden como el playero. “Era una persona. Era mucho más que su trabajo”, sostiene.

Durante la charla se muestra entera. Solo se levanta a buscar un pañuelo cuando recuerda la escena. Pero no llora, ni se le entrecorta la voz. Apenas los ojos rojos humedecidos, que contrastan con su tez morena. En un respiro, toma un mate dulce y se recoge los pelos negros y largos que le cuelgan sobre la cara. Y suelta:  

—Todas las muertes tenían mensajes para el gobernador. Lo que no entiendo es cómo nadie previó que esto podía pasar. No es algo partidario contra nadie. Diría lo mismo de cualquier gobernador, del partido que sea. 

Los familiares y amigos de los trabajadores asesinados al azar esa primera semana de marzo de 2024, decidieron mantener el perfil bajo. Casi no hubo diálogo con la prensa, mucho menos una marcha en reclamo de Justicia. Dice que esquiva dar notas, porque le ganan el dolor y la bronca. Algunos coincidieron en la audiencia imputativa: el asesino de Bruno también ejecutó a otras tres de las cuatro víctimas de esa semana. Tenía 15 años.  

 —En ese momento había otra mirada de la situación. Nos vendieron que eran las superbandas narcos y terminaron siendo chicos menores de edad. Nosotros somos personas calmas y lógicamente había miedo. Por nuestras familias, por los que quedaban. 

 Cada tanto, Daniela rememora algunas discusiones con su hijo. Discutían por política. Bruno era un seguidor de Javier Milei desde que era un fenómeno de redes sociales. Fiscalizó para La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales y el 10 de diciembre de 2023 viajó al acto de asunción. Su madre piensa distinto. Se acuerda de un almuerzo, cuando en el noticiero hablaban de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Ella se indignó, pero su hijo le retrucó: “Cuando a vos te pase vas a ver”. A ella ahora le pasó, pero asegura que sigue pensando lo mismo. A finales de febrero, el Senado sancionó la Ley Penal Juvenil que el gobierno incorporó en el temario de sesiones extraordinarias. La iniciativa establece la imputabilidad desde los 14 años. 

 Dos años después, Daniela casi no sale de su casa. No sabe si la ciudad está más segura, pero sí cree que se habla menos del tema. Dice que se ven más policías, pero también cree que eso tendría que haber pasado antes. Casos como el de Bruno no se vieron más. Antes las bandas se enfrentaban entre ellas, pero a su hijo lo mataron para enviar un mensaje. 

 —Yo no considero que Rosario fuera la culpable de lo que pasó. Todos los medios venían a hablar mal de Rosario, pero a mí no me gusta que digan esas cosas de la ciudad donde vivo. En ese momento, si a mí se me hubiese ocurrido levantar la voz esta ciudad se daba vuelta. Yo no quería hacer una marcha, ni involucrar a la ciudad en eso. Además, también era peligroso para nosotros.  

 De aquellas jornadas frenéticas de marzo de 2024, aún conserva la tristeza y el enojo por la muerte absurda, sin sentido. La vida que se apaga de un momento para otro, silbando una canción en un cubículo de una playa de estacionamiento. 

 —Como madre, una siempre está preocupada porque le pueda pasar algo a su hijo, pero nunca imaginé esto. No fue un robo, no le sacaron nada, no chocó con el auto. Solo estaba trabajando. Eso es lo que más bronca me da.  

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.

Lucía Uberti dormía con su novio en una casa del barrio Acindar cuando la detuvieron a fines de 2018. Tenía 24 años y la acusaron de ser la instigadora de balaceras contra edificios de la Justicia y casas de jueces de Rosario. Tres años después, la condenaron a 20 años de prisión. Al novio también. Cientos de mensajes y audios de WhatsApp probaron que los dos respondían a las órdenes que les mandaban desde la cárcel Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, y Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno. 

Cuando entró a la cárcel de mujeres de Rosario, Lucía Uberti estaba embarazada y tenía un hijo chiquito. Las mujeres con niños y niñas menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria, pero a ella se la negaron porque consideraron que era peligrosa. Tenían como argumento no solo la condena por balaceras: ya en la cárcel Uberti sumó otra causa en la Justicia Federal por un delito de narcotráfico.

Estando presa quiso estudiar. Se acercó a las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que trabajan en la cárcel e hizo los trámites para empezar la licenciatura en Trabajo Social. No pudo. El Servicio Penitenciario y la Justicia le rechazaron todos los pedidos para salir al aula universitaria de la cárcel. 

Tampoco le permiten aprender oficios, ni trabajar. Las visitas de sus familiares son restringidas, sin contacto físico con nadie, ni siquiera con sus hijos. Solo puede verlos a través de un blindex media hora a la semana. Desde enero, tanto ella como las otras presas de la cárcel de mujeres de Rosario calificadas como las más peligrosas están en celdas individuales y la única salida es al patio. Sus días, las 24 horas de todos los días de 20 años de condena, los pasa en una celda aislada sin hacer nada. 

—Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana —dice José Nanni, su abogado defensor y quien tiene como clientes a otros presos en la misma condición— Se terminan volviendo locos. Lucía está en una habitación de tres por dos sin contacto con el exterior y sin posibilidades de hacer nada, llega un momento en que la cabeza te explota. No favorece una reinserción social.

Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana. Se terminan volviendo locos

José Nanni — Abogado defensor de Lucía Uberti

Uberti tiene ahora 30 años y es una de las 73 mujeres presas bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Se empezó a usar en 2015 como una clasificación dentro del Sistema Penitenciario y se legitimó apenas asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro con la nueva Ley de Ejecución Penal. En total hay 587 internos bajo esa condición y representan apenas el 5% de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos. 

La categoría de preso alto perfil se instaló con la premisa de que varios de los jefes de las bandas narcos de Rosario seguían operando desde la cárcel, algo que se comprobó en varias causas judiciales. Poco se dice, sin embargo, de la presunta complicidad o colaboración del personal del sistema penitenciario con esos delitos. Si bien el número de presos de alto perfil es bajo, sobre ellos se montó toda una estrategia de comunicación y una política de seguridad de mano dura que en marzo de 2024 tuvo una de sus imágenes más recordadas. 

Un video con fotos de unos veinte presos en cuero, sin zapatillas, sentados uno detrás del otro en fila con la cabeza rapada y entre las piernas. Alrededor, la misma cantidad de policías con uniformes azules camuflados, pasamontañas, cascos y armas largas. Una estética y una forma de comunicación que calcaba la política de seguridad de Nayib Bukele. 

En total hay 587 internos bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Representan apenas el 5 por ciento de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos.

Lo que siguió también es conocido. Cuatro homicidios al hilo. Cuatro trabajadores elegidos al azar pero con oficios que paralizaban la ciudad: un colectivero, dos taxistas y un playero de una estación de servicio. Rosario estuvo en silencio y sin movimiento durante varios días, casi como en pandemia pero sin barbijos ni alcohol en gel.

Nanni fue uno de los abogados que en 2024 presentó habeas corpus por las requisas a lo Bukele. Varios abogados y la Defensoría Pública denunciaron que en esos procedimientos hubo torturas y maltratos. Todos los recursos fueron rechazados por la Justicia. 

—Con argumentos infantiles. Los abogados del servicio penitenciario negaban todas las torturas y golpizas cuando estaban los informes forenses del médico de Gendarmería que demostraban que había gente picaneada, con quemaduras y golpes. Lo peor es que la Justicia avala todo eso. Hoy no hay un juez provincial que se le atreva al Servicio Penitenciario cuando son los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y el Servicio Penitenciario hace lo que quiere. 

Cárceles por todos lados 

En los primeros tres meses del gobierno de Pullaro, la Legislatura aprobó un paquete de leyes para implementar la política de seguridad que había anunciado en campaña. El gobernador tenía mayoría en las dos cámaras y no tuvo grandes trabas para que se declarara la emergencia en seguridad con más presupuesto para aumentar salarios policiales, incorporar uniformados retirados, construir cárceles y comprar equipamiento. 

También obtuvo la ley de Inteligencia, con la que Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en tener una. Y adhirió a la ley nacional de microtráfico de drogas, una normativa que habilita a la Justicia provincial a perseguir el narcomenudeo, el eslabón más bajo de la cadena de venta de drogas. En relación a las cárceles, la Legislatura sancionó una nueva ley de ejecución penal donde apareció por primera vez un capítulo sobre presos de alto perfil. 

Los define bajo cuatro circunstancias bastante amplias. Uno: un preso puede ser de alto perfil si participó o tuvo algún contacto con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico. Dos: si hay indicios de que participó en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos o en hechos de violencia por medio de allegados y organizaciones criminales. Tres: Si tiene antecedentes de resistencia a la autoridad o si participó en un motín o tumulto. Y cuatro: si tiene recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hagan presumir alguna de las circunstancias anteriores. 

Uno de los puntos más criticados de la ley es que no es el Poder Judicial el que determina quien es un preso o presa de alto perfil si no el Ejecutivo. Y lo hace a través del Sistema Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Un artículo escrito por Mauricio Manchado, doctor en comunicación social que trabaja desde hace años en las cárceles de Rosario en los espacios universitarios, explica que la categoría de alto perfil se convirtió “en el argumento central para fortalecer la lógica de la cárcel depósito y la negación o restricción del ejercicio de los derechos humanos bajo el argumento de la peligrosidad”. Dice que hay discrecionalidad a la hora de definir qué es un preso de alto perfil: conviven jóvenes tiratiros que entran por primera vez al sistema penal con líderes de organizaciones criminales y todos son tratados por igual. 

Los presos de alto perfil se clasifican en tres categorías y la más alta es la que tiene más restricciones. Van desde usar uniformes naranjas como en las cárceles norteamericanas hasta requisas sorpresivas y aleatorias. Tienen prohibido salir del pabellón o la celda salvo en dos momentos del día, tienen restringidas las llamadas telefónicas y el uso del celular, no pueden salir a aulas universitarias y no participar de otras instancias educativas o de trabajo. 

Una de las restricciones más duras es con las visitas. Son de media hora y solo se pueden recibir dos familiares directos y por separado. Recién a los seis meses pueden cambiar de familiar. Solo pueden verse a través de un blindex, sin tocarse. En el caso de las mujeres, se les permite una vez por mes una visita con contacto físico con los hijos e hijas de hasta seis años. Si son más grandes, toca verlos a través del vidrio. Las madres tienen prohibido vivir con sus hijos chiquitos, con excepción de bebés que estén tomando la teta hasta los seis meses. 

La ley dice también que los presos de alto perfil tienen que estar en una celda con patio individual enrejado o mallado, inhibición de señal celular, de internet y personal de custodia permanente. Pero la realidad es que en la cárcel no hay lugar para eso. Ahí es cuando las condiciones de detención de varones y mujeres de alto perfil son distintas. En el caso del Nivel 1, los varones en Piñero, por ejemplo, están en un pabellón común donde pueden tener una vida un poco más comunitaria, tomar mate, hacer algunas actividades. Las mujeres no. Están completamente aisladas en celdas individuales. 

La política del alto perfil choca con una realidad: las cárceles santafesinas están superpobladas, con un 40 más de su capacidad. Esto se traduce en hacinamiento, presos que duermen de a tres en una celda, déficit en la atención médica y otros problemas. Según el Observatorio de Seguridad Pública, la población carcelaria casi se triplicó entre 2008 y 2025: pasó de 3800 a 10.834 reclusos. La tasa de presos por cada cien mil habitantes se duplicó. El 96% son varones jóvenes de menos de 30 años, en su mayoría de sectores populares. 

Hasta 2023 la tasa de homicidios de Rosario fue la más alta del país. El gran cambio fue en 2024, cuando Pullaro se anotó el triunfo político de bajar un 65 por ciento los homicidios. Entre las causas que da el Ejecutivo está la política carcelaria. Desde otros sectores se habla de que es imposible controlar el delito sin un pacto entre policías y bandas. 

En su discurso, Pullaro habla de que llegó para terminar con los privilegios de los presos y planea construir seis cárceles nuevas. La que más marketing tiene en la comunicación gubernamental es El Infierno, una cárcel de alta seguridad que ya desde el nombre promete ser una tortura para quienes estén ahí alojados. Costará $109.000 millones y tendrá capacidad para 1.152 internos, el doble de los que hay hoy. Desde el gobierno aseguran que los presos de alto perfil crecen en un 20% por año. Estarán repartidos en cuatro módulos, uno de ellos para mujeres. 

Cárceles sin aulas

María Chiponi trabaja desde hace más de 15 años en las cárceles de Rosario. Entró por una política pública nacional y hoy coordina el Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuando salió la nueva ley de ejecución penal santafesina algo le llamó la atención. 

–Todo el capítulo destinado a la educación desapareció, lo borraron. Lo que vemos es que esta lógica de encarcelamiento del alto perfil derrama sobre el resto, que es el 95 de la población carcelaria. 

El derecho a la educación es universal y está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es fundamental no solo para la reinserción social sino para un tránsito por el encierro menos doloroso. En todos los años en la cárcel, Chiponi vio pasar distintas gestiones y sabe que los derechos no son letra muerta. Se construyen en un tira y afloja, en un diálogo que no siempre es fácil. 

La educación en las cárceles es fruto de esa construcción, de un ensayo y error. Desde la universidad lograron tener aulas equipadas y desarrollaron un dispositivo pedagógico para acompañar a quienes quieren estudiar una carrera. Tienen libros y diccionarios, material digitalizado, computadoras, acceso a aulas virtuales, exámenes con docentes por videollamada y un aprendizaje en grupo con otros compañeros y compañeras.

Los presos y presas de alto perfil no pueden acceder a nada de eso. Tienen prohibido salir a las salas universitarias. Una de las cuestiones que plantean desde el Sistema Penitenciario es que no pueden tener acceso a internet pero Chiponi explica que hay recursos de seguridad informática que se podrían implementar.

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que la educación depende también de la capacidad de las cárceles y que hay lugar para que apenas el 4% vaya a las aulas universitarias. Pero lo cierto es que tampoco son tantos los que llegan a estudiar. Por ejemplo, en Piñero son siete presos y en la de mujeres nueve. 

En el caso de alto perfil, desde el Ministerio aseguran que acceso a la educación se garantiza bajo la modalidad a distancia. Los presos y presas reciben el material de estudio en el pabellón o en la celda y hacen los exámenes en boxes de visita con blindex de por medio. Pero lo que dice la teoría es imposible de aplicar en la práctica. 

Chiponi explica que lo intentaron durante años. Docentes iban a la puerta del pabellón a leer los textos con cada uno de los estudiantes pero el sistema no funcionó. Estaban con chalecos de seguridad puestos, rodeados de fuerzas de seguridad, materiales rotos, en una escena que era difícil para el estudio y para el acompañamiento pedagógico. 

–Es imposible tener una persona que vaya todas las semanas a la puerta de cada pabellón con un estudiante cuando tenemos aulas donde el proceso de aprendizaje funciona. Tampoco podemos sostener una ficción de solo llevarles el material. El estudio en soledad no funciona, lo sabemos porque probamos muchos métodos y por eso dotamos a las salas de recursos y materiales. 

A eso se suma que la universidad está en un momento de recorte y congelamiento de salarios. No tienen docentes de sobra para mandar a la cárcel a tomar examen a través de un blindex. Pero además, Chiponi defiende un método de trabajo, un aprendizaje adquirido. 

–Cuando insistimos con la salida a la Sala Universitaria no es caprichoso o arbitrario. Ahí están dadas las condiciones pedagógicas para que suceda el proceso educativo. 

No importan las explicaciones. El Sistema Penitenciario responde siempre que no. Y la Justicia lo apoya. Cada vez que presentan un habeas corpus los jueces lo rechazan bajo el argumento de que “hay proteger a la sociedad del delito”. Chiponi cree que detrás hay una idea de la cárcel como un lugar de sufrimiento, no de reinserción. 

–Es muy fuerte ver a esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos salvo que tengan menos de siete años. Lo mismo con la cárcel El Infierno, ¿a qué remite? ¿a un espacio donde las personas se quemen y ardan? Pareciera que la respuesta al reclamo de seguridad de la sociedad es con la expansión del dolor y el sufrimiento. 

AB/MG

El hecho ocurrió cuando Ferreyra estaba acompañado de un amigo, quien dio la alerta policial después de que el referente recibiera dos disparos en uno de sus pómulos y uno en el abdomen.

El asesinato se perpetró en el domicilio de la víctima, en la calle Ameghino al 500, a donde se acercó un sicario junto con un acompañante, que lo trasladaba en moto.

Al bajarse del vehículo, el sicario llamó a “Chicha” a través de un ventanal de su cocina que da a la calle, y cuando la víctima se apersonó recibió disparos en uno de sus pómulos y en el abdomen. Luego de esto, el sicario abandonó la escena del crimen rápidamente junto a su chofer.

El cadáver de Ferreyra fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizó la autopsia que determinó las heridas de muerte, mientras que la Policía Nacional incautó el celular de la víctima y las vainas servidas, además de hacer relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona.

El caso está a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra, quien recibió el aviso del crimen en el momento que sucedió, pasadas las 22 horas. Con móviles policiales trabajando en la zona, todavía no hay detenidos.

MU con información de la agencia NA

Invocó sus fueros para negarse a declarar y tuvo el respaldo de los senadores de Santa Fe que por voto de la mayoría impidieron su indagatoria como presunto protector de una red de casinos clandestino extendida en cinco departamentos de la provincia. Cuatro años después, el senador provincial Armando Traferri (peronismo) comparecerá este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario para ser imputado en una causa que implicó a jueces, fiscales, policías retirados y en actividad, operadores políticos y otros legisladores provinciales, aunque el tiempo transcurrido parece desdibujar esa trama.

Traferri atribuyó las acusaciones a una campaña de Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia (2019-2021) durante el gobierno de Omar Perotti, y señaló a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como alfiles de esa supuesta operación. Los fiscales terminaron apartados de la causa, conforme a sus deseos, pero la citación a audiencia proyecta sombras inquietantes. Tanto el senador como su abogado, Oscar Romera, dijeron a elDiarioAR que no harán declaraciones hasta conocer los cargos en su contra.

“Traferri pudo elegir qué fiscales no lo deben imputar, lo cual es una barbaridad. Hay una enorme cantidad de pruebas en su contra. Su tesis es que yo lo armé, pero la causa antecede a mi llegada al ministerio”, dice Marcelo Sain. El exministro se refiere a la investigación iniciada en abril de 2017 por el fiscal Matías Merlo, que puso en la mira de la Justicia al principal protagonista de la historia: el empresario de juego legal e ilegal Leonardo Peiti.

La investigación comenzó por una denuncia del presidente comunal de Hughes, el pueblo natal del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde entonces, las declaraciones de Peiti son citadas tanto para acusar a Traferri como para fundamentar la persecución en su contra. El empresario colaboró con la investigación de Schiappa Pietra y Edery como arrepentido y en ese marco reveló encuentros con el senador peronista, el pago de coimas mensuales a los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad –ambos destituidos–, “atenciones” de pago efectivo para el juez de Reconquista Gonzalo Basualdo –la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un jury de enjuiciamiento– y el aporte de “algo más de doscientos mil dólares” para la campaña de Perotti en las elecciones de 2019, con la ilusión de obtener el monopolio del juego en la provincia.

Sain no tiene mayores expectativas sobre la citación del martes que firmaron las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. “Creo que va a servir para la impunidad de Traferri. Pero me interesa en función de la causa nuestra”, dice el exministro, que por su parte está imputado como jefe de una asociación ilícita que desarrolló tareas de inteligencia ilegal en la provincia entre 2019 y 2021.

La investigación contra Sain y otros siete exfuncionarios del Ministerio de Seguridad está a cargo de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Patricio Grimberg y no registra avances desde el 22 de noviembre de 2022, cuando se realizó la audiencia imputativa en la capital provincial. “La función de esa causa fue sacarme de la provincia y mostrar qué pasa cuando se investigan estructuras de poder en Santa Fe”, dice el también investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El hoy gobernador Pullaro fue uno de los querellantes en la causa, junto con el empresario de medios y turismo Gustavo Scaglione. Los trascendidos constantes a los principales medios de comunicación de la provincia sedimentaron una acusación de espionaje que terminó por imponerse en la difusión pública. Los fiscales Hernández y Grimberg no utilizaron esa calificación en las imputaciones sino la de “acciones de inteligencia ilegal” a través de la recopilación y sistematización de datos sobre dirigentes de la oposición, empresarios, fiscales y periodistas.

“Dos fallos de la Cámara de Apelaciones dicen claramente esto no es ni podría ser espionaje, y si lo fuera debería ser investigado por la Justicia Federal. Esa calificación solamente se entiende a partir de una especulación de impacto periodístico del término”, dice el abogado Juan Lewis, defensor de seis de los acusados, para quien “la fiscalía estuvo y está alineada con Pullaro”.

Ex ministro de Justicia de la provincia, Lewis resalta que los fiscales santafesinos “echaron a correr la calificación de espionaje en trascendidos de los que no se hicieron cargo” y cuestionó la filtración de videos y audios “que no tenían nada que ver” y fortalecieron la condena social. “En esta causa todo se maneja con un secreto inadmisible e inexplicable desde el punto de vista de la publicidad que deberían tener los juicios”, dice el abogado, y de hecho el responsable de prensa de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Gustavo Risso Patrón, no contestó los pedidos de información para esta nota.

De amigo a enemigo

Miguel Lifschitz había ganado las elecciones para gobernador de Santa Fe cuando se presentó en la casa de Marcelo Sain y le propuso trabajar en la provincia. El dirigente socialista lo visitó después en la sede de la Escuela Nacional de Inteligencia, esta vez acompañado por un joven diputado provincial al que presentó como su próximo ministro de Seguridad: Maximiliano Pullaro.

Sain llegó así a Santa Fe como director del Organismo de Investigaciones, cargo que obtuvo por concurso y que perdió a continuación de la renuncia al Ministerio de Seguridad. Su gestión provocó resistencias crecientes y sin retorno, que alcanzaron incluso a los dirigentes del peronismo y al resto del gabinete de Perotti: un proyecto de reforma policial quedó huérfano de apoyos y no llegó a tratarse en la legislatura provincial. “Unifiqué a todos en mi contra”, reconoce el ex funcionario.

Autor de estudios que son de referencia en seguridad pública, Sain dedicó un libro a los problemas de la criminalidad de Rosario –Ciudad de pobres corazones (2023)– y prepara otro al que define como “ciencia política en primera persona” y tiene como título La camarilla mafiosa, política y crimen en Santa Fe.

Sain argumenta que la causa por acciones de inteligencia ilegal respondió a “dos investigaciones fuertes” que impulsó como ministro en el ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia y la Unidad Regional II, la policía de Rosario. La primera surgió de una denuncia del ex funcionario Luis Enrique Pueyo “por malversación de fondos y acuerdos para ingreso de droga y celulares a las cárceles” y habría afectado al actual ministro de Seguridad, Pablo Coccoccioni; la segunda, también por malversación de fondos, comenzó por una presentación del policía Cristian Güemes y en su desarrollo “estaba siendo investigada la empresa Printing SRL, de Damián Marcelo Pullaro”, uno de los hermanos del gobernador de Santa Fe.

En enero de 2020 el asesinato del contador Enrique Encino en el Casino City Center de Rosario derivó inesperadamente en la causa por juego clandestino que llevaron adelante los fiscales Schiappa Pietra y Edery y por la cual esperan juicio el ex fiscal Serjal y Nelson Ugolini, empleado judicial por otra parte imputado como integrante de una banda de estafadores. “Nadie armó nada ni hubo una orden de Perotti, una cosa llevó a la otra hasta llegar a Traferri”, afirma Sain.

“La queja que tenía Perotti con esa causa era la que tenían todos en su gobierno. En el peronismo me reprochaban que los fiscales iban contra Traferri pero no contra Pullaro. Los testimonios de Peiti y de Ponce Asahad fueron también contundentes contra el ex jefe de la Policía de Investigaciones de Pullaro, Daniel Corbellini, pero no se avanzó en esa línea”, recuerda Sain.

“Si yo hubiera manejado la causa, hoy Corbellini estaría imputado. Lo que sí, y si me llaman a testimonial lo voy a decir, es que los fiscales se respaldaron en mí no solamente para que yo los ayudara a través del Ministerio y financiara la investigación”, agrega el exministro, que renunció después de que Perotti le impidió asistir a una interpelación en la Legislatura provincial. Sain define al ex gobernador y actual diputado provincial como “un tipo mediocre que no tuvo una estrategia política”: elegido con la promesa de llevar “paz y orden” a la provincia, Peroti terminó su gobierno con los peores índices de homicidios dolosos de la última década y el eslogan de “cortar los vínculos de la política con el delito” quedó en el vacío.

El cristal con que se mira

Sain destaca a Pullaro como “el político más audaz e importante de Santa Fe”, señala –aunque no necesariamente como una crítica– que “logró el control del Ministerio Público de la Acusación” y le adjudica empujar la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario, en agosto pasado. El gobernador, además, “tiene una prensa adicta en la provincia”.

Las estadísticas sobre homicidios en Santa Fe muestran un contraste impactante entre el gobierno anterior y el actual: entre enero y fines de septiembre de 2023 hubo 302 crímenes en la provincia, mientras en el mismo período del año en curso se registraron 132. Es además la cifra más baja de la última década. Voceros del Ministerio de Seguridad atribuyen la merma a un conjunto de factores: la concentración de fuerzas federales e intervenciones focalizadas en zonas calientes de Rosario; el endurecimiento de las condiciones de detención en las cárceles; y el incremento de la presencia policial en la calle, con la recomposición de una flota de patrulleros que estaba en ruinas.

Sain y voceros de la oposición en la provincia agregan en cambio otro factor como determinante: un supuesto acuerdo entre sectores de la policía santafesina y bandas criminales. “No hay ninguna política que logre semejante descenso de los crímenes en tan poco tiempo –enfatiza el exministro–. El mercado de la droga sigue en expansión. La razón fundamental de la caída de los homicidios tiene que ver no con los homicidios interpersonales en la provincia sino con el gatillo en Rosario. Alguien dio la orden de que las bandas dejen de gatillar”.

“No lo veo a Pullaro en una situación tan cómoda –agrega Sain–. Hay que ver qué pasa a partir del asesinato de Samuel Medina [yerno de Ariel ”Guille“ Cantero, el referente de la banda Los Monos, acribillado el martes pasado en la zona norte de Rosario]. Esto lo digo por experiencia: dentro del Ministerio Público de la Acusación o de la Justicia Federal ya deben tener audios donde se ventile el acuerdo con los narcos, porque todo se escucha y se graba”.

Además del crimen de Medina otros episodios resquebrajan la imagen de la seguridad pública en Santa Fe: el asesinato del subinspector Andrés Farías, en un asalto tipo comando; la captura por orden de la Justicia Federal de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica, acusados de robar 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal; la investigación contra jefes antinarcóticos del departamento Las Colonias por organizar una red de narcomenudeo. Mañana se verá si la citación del senador Armando Traferri introduce otra fisura en ese cuadro.

OA/MG

Samuel Niqueas Medina, más conocido como el “Gordo Samu”, era yerno de Ariel “Guille” Cantero. Lo acribillaron poco antes de la medianoche de este martes cuando conducía un auto en el que también iba otro joven que resultó herido. Los agresores dispararon al menos 16 veces contra el vehículo en la colectora de Circunvalación Juan Pablo ll y Dr José Maria Fernández, en la zona norte de Rosario. Medina tenía 24 años. Una foto lo hizo conocido en plena pandemia: la que se sacó, haciendo ostentación de armas largas en plena pandemia, con el trapero Zaramay y tras viralizarse le valió una condena condicional.

Numerosas detonaciones se escucharon alrededor de las 23.50 cerca de la Plaza Lomas de Alberdi. Por las denuncias al 911, personal policial que llegó hasta el lugar encontró un Volkswagen Polo blanco con varios impactos de proyectiles, un hombre tendido al lado y otro en el interior, del lado del volante. El segundo era el Gordo Samu. Los médicos del Sies –el servicio de emergencia médicas de la ciudad– que arribaron en los primeros minutos de este miércoles constataron que había muerto. Su cuerpo presentaba 14 heridas de bala. Quien estaba fuera del vehículo fue identificado como Mateo Julián D., de 18 años. Había recibido un disparo en el brazo izquierdo, pero estaba vivo y lo trasladaron hasta el hospital más cercano, el Eva Perón de Granadero Baigorria.

El sobreviviente del ataque alcanzó a relatar que fueron varias personas en dos motos las que se les acercaron y comenzaron a dispararles.

El caso quedó en principio a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Luis Schiappa Pietra, quien ordenó las medidas de rigor. Personal de la Policía de Investigaciones levantó de la zona 16 vainas servidas de calibre 9mm, dos plomos deformados y dos encamisados.

Entre las pertenencias secuestradas figuran 35 mil pesos, un reloj inteligente, un celular iPhone, una gorra negra, dos frascos de perfumes de alta gama, la llave del auto, una cadena y dos anillos dorados (uno con el escudo de Rosario Central y el otro con una piedra roja) y dos entradas para el partido en el que poco antes Rosario Central había goleado a Vélez tres a cero.

La figura de Medina se hizo conocida cuando, en enero de 2021, se sacó una foto portando armas largas de guerra junto al trapero Zaramay y otros jóvenes, entre ellos Luis “Lucho” Cantero, hijo del asesinado “Pájaro” Cantero, como parte de la promoción de un trabajo del músico Agustín Carlos Roberto García que se publicó al mes siguiente. Todos los identificados en la imagen fueron condenados entonces, en un juicio abreviado, a dos años de prisión de ejecución condicional.

El “Gordo Samu” estaba en la mira de algunos enemigos. El 27 de noviembre de 2023, la gomería de bulevar Seguí al 3400 que se le adjudicaba aunque figuraba a nombre de un testaferro, fue baleada en un hecho en el que resultó herido un hombre de 70 años que llevaba viandas al comercio.

El 16 de enero siguiente, el mismo negocio fue tiroteado por dos hombres que arribaron en una moto, circunstancia en que seis de los disparos alcanzaron a Ramón de la Cruz Navarro, un cliente de 55 años que se había acercado para reparar una cubierta de su vehículo y resultó muerto.

El “Gordo Samu” era pareja de Paula Bay, hija de Vanesa Barrios, la mujer del actual líder de Los Monos.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, a principios de septiembre Rosario acababa de cumplir un récord sin homicidios desde 2013. Llevaba todo un mes sin un asesinato. Según el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Patricia Bullrich el descenso en la tasa de homicidios se debió a la implementación del llamado Plan Bandera.

Hoy, en declaraciones a Cadena 3, Pullaro dijo: “Este caso está en pleno proceso de investigación. (Medina) era una persona que había tenido una condena en un juicio abreviado por exhibición de armas de fuego, en 2021, y (su homicidio) se va a investigar”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Ciudadano Web https://www.elciudadanoweb.com/

Al volante del taxi, va un hombre que apenas entra en el asiento. Tiene una remera negra ajustada al cuerpo, el pelo rapado y la mirada dura. Unas gotas de sudor corren por su nuca en un mediodía de pleno invierno, sol y pesadez. “No puedo contestar esa pregunta. Vine de Paternal hace 25 años,  terminé de seguridad en un supermercado chino y ahora hago taxi. No, no sé por qué sigo viviendo en Rosario. Supongo que por pelotudo”, dice.  

Rosario tiene su historia independizada de todo relato nacional. Un camino de décadas pujantes en la industria, una caída y un laberinto de inseguridad y narcotráfico muy distinto al resto de la provincia y del país, con sus casos policiales sin resolver y las mafias organizadas impartiendo terror a plena luz del día. Algunos vecinos dicen desconfiar de los taxistas, los taxistas odian a los Uber y los Uber le piden a los pasajeros que viajen adelante para no tener problemas. En Rosario hay parques con árboles de copas frondosas y lagos artificiales parecidos a los bosques de Palermo. Hay tráfico, villas miseria y ruidos de escapes de moto a pocas cuadras de las casas más pintorescas y tradicionales. Hay dolor no resuelto, rock nacional y sonidos urbanos que brotan de las radios locales que siguen sonando.

Por primera vez en once años, la noticia desde Rosario fue una buena noticia. El ministerio de Seguridad informó que no hubo asesinatos en la ciudad durante el último mes. Se trata del período más largo sin homicidios desde que se comenzó a medir el crimen. Para el taxista, que elige mantener el anonimato, ahora todo está más tranquilo pero solo en la superficie. 

–No se matan a cielo abierto, pero la red de pibes está haciendo boludeces“. ”Los que se disputan los bandos ahora no tienen códigos, por eso hacen cualquiera. El que ordenaba a la manada está preso y ese fue el verdadero error –suelta.

En marzo de este año una oleada de disparos, asesinatos y robos en pleno día y a la vista de toda la comunidad llevó a Rosario a un verdadero estallido interno. A partir del asesinato del playero Bruno Bussanich, que recibió tres disparos un sábado por la noche mientras estaba trabajando, los rosarinos comenzaron a creer que esto podía pasarle a todos, a cualquiera.  

Tras el asesinato del segundo taxista en una semana, también mientras trabajaban, la ciudad se “autositió”: la gente no salió a trabajar, los chicos no fueron a la escuela, los comerciantes no levantaron las persianas. El rotundo miedo a ser asesinado en un bar, caminando por la calle o comprando tomates en una verdulería, diagnosticó a los rosarinos uno de los peores males: el encierro por temor al exterior. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a la ciudad y dijo que había que terminar con “el hormiguero” y no ir hormiga por hormiga. Además, prometió un refuerzo de fuerzas federales con un operativo de inteligencia diferente que “corte con las mafias y la inseguridad”. Aseguró también que enviaría al Congreso la “ley antibandas” que, según dijo, sigue el modelo aplicado en Italia, Estados Unidos y en El Salvador de Nayib Bukele.

Al día siguiente, el 14 de marzo, a través del Boletín Oficial, anunciaron la creación de la Unidad Antimafia (UA) en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada del Ministerio de Seguridad. “Endurecer penas para mafias organizadas” se contaba entre los propósitos de un proyecto de modificación de ley que envió el Gobierno al Congreso unos días después. Durante las semanas siguientes llegaron a la ciudad policías de otras provincias y la Gendarmería, con un operativo que al día de hoy sostiene su despliegue, sobre todo por las avenidas más céntricas de Rosario.

De la semana con doble asesinato a taxistas ya pasaron cuatro meses. Es un día de sol contundente y colores vivos. Cruza por el monumento a la bandera Cintia Lares, de remera gris y chalina fucsia. Es la viuda de Diego Celentano, el taxista de 33 años asesinado en el mes de marzo. Cintia explica que entre los trámites por el auto, el fallecimiento de su marido y los problemas de salud de algunos miembros de la familia, apenas le queda resto para contener a su hija frente a la pérdida de su papá. 

“Esa noche yo le dije a mi marido que no tome ese viaje. Fue raro todo. Le llega a la radio de la aplicación que nosotros pagábamos, ese viaje que no era en la zona de él, y veníamos del asesinato del otro taxista. Yo le dije que no vaya, pero él quería hacer unos pesos más para festejarle el cumpleaños a la nena, entonces lo tomó. Tomó ese viaje”, explica Cintia mientras llora y se ahoga con su propia angustia. Dos hombres se subieron al taxi de su marido y lo asesinaron con cinco disparos. 

“Hay Policía en muchos lugares donde antes no había, por eso está todo más tranquilo. Pero bueno, lo de siempre, después se van y todo vuelve a la normalidad. Y nuestra normalidad es un desastre”,  afirma un comerciante furioso, de mirada agotada. “Le dije a mi hija el otro día que vaya viendo si se muda a un monoambiente con alguna compañera de la facultad, y si se busca un trabajo, porque yo no puedo más. El mes que viene el alquiler se me dispara al doble y no lo puedo pagar. No me alcanzan las horas del día para generar más plata y ya no puedo pedir ni un pollo por delivery porque te cobran 1.500 pesos el envío. Todo es un disparate tan grande que, preocupados por la inseguridad, no nos dimos cuenta que no se puede comer”. 

Un hombre de gorra azul acomoda cajas de pizza vacías en un carrito, mientras cinco personas esperan el colectivo a menos de medio metro. De los cinco, cuatro mantienen la mirada baja en dirección al celular. La conexión virtual y la desconexión real es absoluta en esa esquina. Algo muy notorio en los barrios y en el centro de Rosario: hay carteles de vende y alquila cada 20 metros aproximadamente. La ciudad está a la venta. Uno de los locales del barrio Echesortu que alquila su espacio ahora está vacío, pero hace unos meses fue uno de los bares baleados durante una tardecita cualquiera en plena jornada. Cuentan los comerciantes de la cuadra que la gente salió corriendo de la parada del colectivo cuando vio cómo dos jóvenes, arriba de una moto, se subieron a la vereda, frenaron en el local y lo bajaron a tiros. Había cerrado hacía pocos minutos. El episodio fue solo un aviso, una señal, una expresión de violencia. Los encargados del bar volvieron a abrir un tiempo después, hasta que se fueron. En menos de dos días lo vaciaron y desaparecieron. Ahora se alquila, pero según un comerciante de la cuadra “ese comercio ya tiene mala prensa”. “Y acá la cosa es así: si no te metés en líos y te mantenés tranquilo, no pasa nada. Pero si te metés en quilombos, encontrás quilombos”. 

A pocas cuadras del local, un edificio blindó su entrada con doble puerta de acero tras un tiroteo en un episodio que nunca se aclaró. En la esquina de esa cuadra, Carlos tiene un café: “Pan comido”. Se trata de un pequeño espacio con tres mesas y un mostrador que exhibe billetes de todas partes del mundo. Al costado, seis bandejas donde deberían ir las facturas están vacías. “Vinieron las chicas del geriátrico de acá nomás y me vaciaron. Me quedan alfajores de maicena y café, nada más”. En la tele, la NBA juega el pase por la final de los Juegos Olímpicos, y Carlos grita, aplaude y comenta. Jugó al básquet toda su vida. “Ahora está más tranquilo todo. Hace unos meses me rompieron el vidrio para robarme, pero seguro era un ratero medio boludo porque hizo un agujerito, no podía meter la mano, ¿ves? Entonces estalló todo el vidrio. Hizo un ruido bárbaro y me avisaron los vecinos. Se llevó dos pavadas, no pasó nada. También le robaron a una vecina el otro día acá, y a otro a la vuelta. Pero nada, no pasó nada”. 

Lorena Arroyo es cronista de calle y productora audiovisual. Camina Rosario todos los días. Cuenta que en el club donde empezó Messi, Abanderado Grandoli, al sureste de la ciudad, se encontró con nenas jugando a la pelota. La directora del club se siente orgullosa, cuenta que todas las niñas y niños del barrio construyen comunidad. También habla del hambre y de la vergüenza que sienten algunas familias por tener que ir a buscar comida cuando antes no lo hacían. El mismo día que Lorena visita el club que vio patear las primeras pelotas al 10, Scaloni visita el Shopping Alto Rosario y la gente se abalanza. Las radios locales lo cuentan y la locura del pueblo es total: Argentina salió campeón otra vez y las estrellas son santafesinas. 

Es jueves, el frío azota durante una de las tardes más heladas del invierno y, a pocos días del clásico rosarino, los hinchas de Newell´s se congregan a metros del estadio para hacer su ya clásico banderazo en apoyo al equipo. Los rodea un importante operativo policial. Hace menos de 72 horas se desató un tiroteo contra el estadio. Vecinos de la zona manifestaron haber escuchado “al menos tres detonaciones” frente a la puerta de ingreso N.° 6, junto al parque Independencia. Según  explican los medios locales,  el club se encuentra bajo una polémica disputa por el mando de una de sus barras bravas. El frío de esa tardecita es tan húmedo que cala los huesos. Al volante de un auto por servicios de app va Federico, un estudiante de psicología que cuestiona el banderazo: “Llevan más de 15 clásicos sin ganar. Es evidente que el banderazo no les está dando buena suerte”, suelta con ironía. 

Ya en el parque, un grupo de hinchas toma vino y canta canciones. Alrededor pasa la gente, pero ellos lo ignoran. Quien no esté ahí para alentar, no existe. Habitan su propio microclima con gritos, risas y algarabía, hasta que se dispersan. La ciudad lentamente se apacigua. Mañana no hará tanto frío, mañana todo volverá a la normalidad o no, pero Rosario seguirá allí, con sus laburantes, las baldosas que lo homenajean a Fito, las risas de los chicos a las salidas de las escuelas. Con la vida que sigue incluso y a pesar de todo lo que se va perdiendo en el camino. 

AB/DTC

Comparten el mismo discurso de mano dura, pero tienen diferencias. Y hoy quedaron expuestas. En pleno acto por el Día de la Bandera, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien jugó de local, aprovechó para reclamarle al visitante, el presidente Javier Milei, más dinero para las obras de insfraestructura.

“Señor Presidente, mire a este país, mire al interior productivo, nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país”, le dijo Pullaro frente al monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario

También hizo referencia al tema seguridad en la ciudad y aunque agradeció el apoyo recibido desde el Gobierno central, le recordó que es un tema nacional. “Cuando el narcoterrorismo atacó a la población civil de Rosario allí estuvieron sin especular a lado nuestro”, recordó. Y agregó: Quiero decirles a todos los argentinos que acá estamos poniendo orden en la cárcel y orden en la calle“.

Pullaro también expresó: “Estamos los tres poderes del Estado juntos y los tres niveles del Estado juntos porque aquí somos un pueblo que quiere vivir en paz y tranquila”.

Luego el gobernador de Santa Fe le pidió al presidente Javier Milei “obras de infraestructura” para “que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el universo productivo”, sostuvo.

“Es necesario es equilibrio fiscal y desde la provincia acompañamos el esfuerzo que hace el gobierno nacional pero también necesitamos desarrollo, crecimiento. Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, el río, es nuestro puerto pero también las universidades”, concluyó.

Con información de El Ciudadano Web

Las coincidencias de fondo entre ambos son más importantes que las diferencias en las formas pero todavía no alcanzan para una reunión personal. El presidente Javier Milei estará hoy en Rosario por los festejos del Día de la Bandera y abandonará la ciudad después de pronunciar un discurso, sin encontrarse a solas con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Desde el debate entre los candidatos a la presidencia, cuando afirmó erróneamente que en Santa Fe no había policías presos ni muertos por la lucha contra el narcotráfico, Milei se ha referido a la provincia y en particular a Rosario a propósito de los problemas de seguridad. Se trata de la bandera de gestión del gobernador santafesino.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente (5 cada 100 mil habitantes), y en una alusión transparente puntualizó que “una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”. El 29 de marzo, después de la captura de un menor de 15 años por el crimen del playero Bruno Bussanich, el Presidente lanzó una consigna que ahora es el leitmotiv para la baja de la edad de punibilidad: “Delito de adulto, pena de adulto”.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente

Con esos antecedentes es probable que la seguridad sea un tema del discurso presidencial de hoy. Después de una celebración prematura del éxito del Plan Bandera, en febrero, y de la crisis desatada por los crímenes de cuatro trabajadores, en marzo, Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich coincidieron la semana pasada en destacar los avances del dispositivo de seguridad en la provincia, refrendados por la baja en los homicidios dolosos.

La coincidencia en la mano dura contra las bandas criminales y los presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales no excluye diferencias entre el Gobierno nacional y el provincial. El gobernador de Santa Fe exhibe un perfil propio como dirigente del radicalismo y también en la gestión de gobierno, como mostró en su encuentro con el gobernador Axel Kicillof y con la defensa que hizo en X de su ex correligionario y siempre amigo Leandro Santoro, cuando Milei lo descalificó en las redes sociales.

Pullaro no dejó de reconocer el aporte de logística y de recursos humanos que hizo la provincia de Buenos Aires a Santa Fe durante la crisis de marzo. Como extensión de ese acercamiento, el 17 de mayo firmó con Kicillof un convenio para trabajar en conjunto “en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y análisis de actividades criminales, con el objetivo de facilitar la investigación de las actividades ilícitas”. Ambas provincias se comprometieron “a cooperar en materia de investigación del delito complejo y el crimen organizado, mediante el intercambio de datos e información”.

El gobernador de Santa Fe parece disputar con el Gobierno nacional el protagonismo en la aplicación de la mano dura. La consigna de “poner orden”, que esgrime en sus discursos, no se restringe a los problemas de seguridad y aplica tanto para bandas criminales como para reclamos salariales de los gremios estatales, en particular los docentes de Amsafé, y justificar entre otras medidas el descuento de los días de paro y la reinstalación del presentismo de los tiempos de Carlos Reutemann como gobernador.

“Quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, a ellos les queremos decir: llévenselos a sus casas”, dijo Pullaro el 16 de mayo, en un acto en la ciudad de Santa Fe donde presentó nuevos patrulleros de la Policía. En el mismo acto fustigó “algunas cosas intelectuales que alejan a la realidad de lo que está pasando” y dijo que “algunos nos critican en este momento, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y con las garantías”. Se refirió así a una denuncia por apaleamientos y torturas a presos en la cárcel de Piñero, después de una balacera contra un colectivo que transportaba agentes penitenciarios.

Una lejana reivindicación a Alfonsín

Los presos denunciaron la aplicación de picana y submarino seco, y peritos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia constataron lesiones. Pullaro suele reivindicar su formación como politólogo especializado en ciencias sociales y celebra periódicamente en X el legado de Raúl Alfonsín, en particular la creación de la Conadep. En su discurso actual dramatiza sin embargo un viejo tópico de la mano dura, el incremento del punitivismo entendido como aquello que la sociedad quiere: “cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar”, proclamó ante la formación de policías en la capital provincial.

El cambio asumido por Pullaro se expresa en su política de seguridad. Una semana después de aquel discurso, al exponer ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior del Congreso, respaldó la Ley Anti Mafias aunque aclaró que encontraba “un exceso de garantismo” en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que contempla un incremento exponencial de la población carcelaria. Si el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el Gobierno nacional estudia bajar la edad de punibilidad a los 13 años, el gobernador de Santa Fe va también más allá y sostiene que no debe haber edad mínima para imputar a alguien por un delito grave.

En la exposición en el Congreso se apreció otro giro significativo en el discurso de Pullaro. El gobernador autorizó su palabra en la experiencia de la historia reciente de Santa Fe, “con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos quince o dieciséis años”, es decir incluso en el período en que fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz; pero al mismo tiempo se presentó como exponente de otra situación en la cual “con algunas reformas importantes que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”. Santa Fe se encontraría entonces en la transición de haber sido ejemplo de un fracaso estrepitoso a convertirse en modelo de intervención política sobre la inseguridad, según Pullaro.

El gobernador tiene estadísticas para acreditar sus argumentos. Durante los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 92 víctimas de homicidios en la provincia. Se trata de la cifra más baja de la última década y contrasta en particular con el año anterior, cuando hubo 192 homicidios en el mismo período de 2023. Según el Ranking Interprovincial de Gobernadores, que elabora CB Consultora Opinión Pública, el funcionario con mejor imagen entre los habitantes de su provincia en junio es Pullaro, con un el 64,2 % de imagen positiva contra un 32,7% de percepción. 

El gobernador construye su imagen de gestión sobre las ruinas de la gestión anterior, mientras el peronismo no se recupera de su derrumbe electoral. El ex gobernador Omar Perotti, ahora diputado, consiente en silencio las afirmaciones de Pullaro sobre “el Estado bobo” y “el aval a las organizaciones narco del poder político” que él encarnó, quizá consciente de lo indefendible de su gestión. El que calla otorga, aunque aquello que Pullaro describe como reacción ante su política carcelaria –los crímenes y las balaceras contra escuelas– remite por lo menos a 2021.

La reducción de los homicidios dolosos y de los delitos contra la propiedad deja en segundo plano, por otra parte, problemas como la baja tasa de esclarecimiento de los casos –en los crímenes de trabajadores en marzo apenas se avanzó más allá de los autores materiales–, la corrupción policial y penitenciaria –reiterada en la circulación de celulares en las cárceles– y la invisibilización del circuito financiero asociado a las bandas.

En los primeros cien días de gobierno la Legislatura santafesina aprobó quince leyes del Ejecutivo prácticamente sin debate y sin más oposición que los votos de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía. Entre esas leyes, la de Inteligencia autoriza tareas de inteligencia sin control judicial y por otra parte las reformas al Código Procesal Penal devuelven a la policía la autonomía perdida frente a los fiscales, un viejo reclamo de la fuerza. “Hay actores de la política que, cuando tomás un café con ellos, te dicen que los proyectos son una barbaridad. Sin embargo van y votan la ley que encarna esa barbaridad por temor a la censura del público que visualizan como mayoritario”, señala un destacado especialista en temas de seguridad de Santa Fe.

Las reservas del gobernador de Santa Fe ante la Ley Anti Mafias conciernen en realidad a la definición de las zonas especiales de investigación, que habilitarían la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal y en consecuencia lo despojarían de la gestión directa de la seguridad. En ese punto podría abrirse una diferencia más importante entre el gobierno nacional y el provincial: si la situación en Rosario es la justificación reiterada por la ministra Bullrich para el proyecto de ley Anti Mafias y la ciudad podría ser el primer ámbito de aplicación, para Pullaro constituiría un tiempo pasado que llega a su fin con su gestión de gobierno.

Los hechos ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Entre tres y cuatro personas pasaron a pie frente al Jardín de Infantes número 209 Noemi Fontana, de Felipe Moré al 2200, casi esquina La Paz, en la zona sur de la ciudad de Rosario y dispararon contra el frente de la institución. Luego se conoció que también dispararon contra la Escuela Nº 1202 “Gendarmería Nacional” ubicada en Constitución al 3200.

En ambos lugares dejaron notas amenazantes pero no trascendió su contenido.

En el caso de la escuela, vecinos de la cuadra señalaron que personas en moto pasaron por el lugar y dispararon. Según las primeras informaciones fueron entre tres y cuatro disparos que realizaron cuando la institución se encontraba con las puertas cerradas.

“Los tiros fueron a la 1.30 ó 2 de la mañana”, contó una vecina al móvil de Cadena 3. Y añadió: “Después se sintió una moto que arrancó”. “Acá nunca pasó”, destacó la mujer, y confesó: “no llama la atención que pasen estas cosas porque ha ocurrido en otras escuelas”.

En el caso del jardín de infantes el hecho ocurrió alrededor de las 23 de este jueves. Según los testimonios iniciales, entre tres y cuatro personas pasaron a pie frente al Jardín de Infantes número 209 Noemi Fontana, de Felipe Moré al 2200, casi esquina La Paz, en la zona oeste de la ciudad de Rosario y dispararon contra el frente de la institución.

En principio, gatillaron cinco veces, a juzgar por las marcas de proyectiles en la pared y un gabinete del centro educativo.

Los primeros que llegaron al lugar tras las detonaciones fueron agentes de Gendarmería Nacional. Según las versiones iniciales sobre el hecho, los agresores dejaron una nota con amenazas en el lugar. En principio, las actividades educativas se realizarpnn con normalidad este viernes.

Los testimonios de los vecinos recogidos por medio de comunicación son confusos. “Eran tres o cuatro que iban caminando. Vivo hace 50 años en el barrio y nunca pasó algo así” dijo una habitante del barrio. “Mi nieto vio que 3 ó 4 individuos llegaron caminando y balearon el jardín”, relató otra.

Ya sea por balas perdidas o ataques directos, no es la primera vez que la violencia narco ataca a las escuelas.

Los ataques se producen luego de que el gobernador Maximilano Pullaro arremetiera contra las organizaciones criminales y las acusara de seguir manejando sus bandas desde las cárceles.

El pasado 19 de marzo, el propiol ministro de Defensa, Luis Petri, llegó a la ciudad de Rosario para monitorear el despliegue del operativo a cargo de las Fuerzas Armadas con intención de combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. 

Tanto Petri como la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, visitaron la ciudad en plena ola de homicidios con sello narco en manos de sicarios, a principios de marzo, para unirse a la línea de combate del Estado contra el crimen organizado, y anunciar el respaldo del Gobierno. Sin embargo, la violencia parece no tener fin.

Con información de El Ciudadano Web

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue amenazada en la madrugada de este viernes antes de su llegada a Rosario donde, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, darán a conocer resultados de la detención de un ex testaferro de un jefe narco. Y la funcionaria no tardó en responder a través de sus redes sociales.

“Patricia Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”. Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario. Los vamos a meter presos a todos. Se les acabó la joda“, posteó la titular de Seguridad en la red social X, junto a la foto de la tela escrita con pintura roja y negra que apareció en un puente ubicado en Circunvalación entre Mendoza y Eva Perón.

Pullaro: “Los presos dejaron de estar de fiesta”

En el mismo sentido que Bullrich, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró este viernes que las organizaciones criminales “nos tienen acostumbrados a este tipo de amenazas. Están muy molestos porque, desde el 10 de diciembre en adelante, en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina los presos dejaron de estar de fiesta”.

Para el mandatario, “los presos aquí y en Buenos Aires tenían teléfonos celulares, visitas íntimas, pedían comida por delivery y la recibían todos los días porque no querían comer lo que les daba el Servicio Penitenciario. Los presos que cometían delitos desde las cárceles no estaban en aislamiento. Y eso cambió claramente”.

“Si se creen que nos van a detener con amenazas, les decimos que vamos a seguir profundizando las políticas públicas en el marco que nos permite la ley y las constituciones nacional y provincial. Se terminó la fiesta en el Servicio Penitenciario de provincia de Santa Fe y en el Federal”, concluyó.

El mensaje amenazante que colgaba de un ´puente, firmado por “Los Rosarinos”, expresa el enojo con la funcionaria de la Nación al poner a presos en un mismo pabellón y por este motivo “tomarán represalias” en Rosario y Buenos Aires. Personal policial de la Unidad Regional II se acercó al lugar cerca de las 7 de la mañana, bajaron la bandera y comenzaron con la investigación para dar con quienes la colgaron.

Bullrich brindará este viernes detalles de la detención de un testaferro de un jefe narco de Rosario. La cartera conducida por la referente del PRO afirmó que se trata de un “megagolpe al lavado de activos del narcotráfico en Rosario”.

En conferencia de prensa, la funcionaria nacional dará detalles acerca de uno de los operativos más importantes hasta la fecha, donde se detuvo al ex testaferro de Esteban Alvarado y actual de Julio Andrés Rodríguez Granthon, un peligroso narcotraficante detenido en el Penal de Ezeiza.

En la sede de la cartera policial, Bullrich estará acompañada por los secretarios de Seguridad, Vicente Ventura Barrerio, y de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier.

Quién es Alvarado y de qué se lo acusa

El líder criminal Esteban Alvarado estaría detrás de los crímenes de inocentes que sacudieron en marzo a la ciudad de Rosario, según confirmaron fuentes allegadas al caso al explicar que los detenidos están conectados con el hombre que está preso en el penal de Ezeiza con prisión perpetua.

Según el diario La Capital, los elementos obtenidos durante la investigación confirman que Alvarado es el ideólogo de los asesinatos de los dos taxistas, el colectivero y el playero, así como también las balaceras en distintos establecimientos.

Asimismo, destacan que bajo el mismo rol aparece Alejandro Núñez, conocido como “Chuky Monedita”, que cumple condena por un homicidio en el penal de Piñero.

Aun así, destacaron que no hay indicios elocuentes que permitan implicar a Alvarado en los hechos mencionados, pero sí aseguraron que son de suma importancia para poder darle cierre al cruce de información y liderazgos.

Los investigadores creen que estos tipos de atentados fueron canalizados durante los encuentros íntimos por lo que el Ministerio de Seguridad busca restringir este tipo de beneficio para ciertos presos.

Con información de agencias.

IG

Patricia Bullrich fue amenazada antes de su llegada a Rosario donde, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, darán a conocer resultados de la detención de un extestaferro de un jefe narco.

La tela escrita con pintura roja y negra apareció en un puente ubicado en Circunvalación entre Mendoza y Eva Perón. 

“Patricia Bullrich metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a dejar negro a Rosario y Buenos Aires”, indicaba el mensaje, firmado por “Los Rosarinos”, y que expresa el enojo con la ministra de Seguridad de la Nación al poner a presos en un mismo pabellón y por este motivo “tomarán represalias” en Rosario y Buenos Aires.

El hecho es investigado por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal local, que realiza relevamiento de cámaras de la zona.

La ministra volverá en la tarde de este viernes a Rosario para mostrar resultados con la detención de un ex testaferro de un jefe narco. La cartera conducida por la referente del PRO afirmó que se trata de un “megagolpe al lavado de activos del narcotráfico en Rosario”.

En conferencia de prensa, la funcionaria nacional brindará detalles acerca de uno de los operativos más importantes hasta la fecha, donde se detuvo al extestaferro de Esteban Alvarado y actual de Julio Andrés Rodríguez Granthon, un peligroso narcotraficante detenido en el Penal de Ezeiza.

En las últimas, en sus redes sociales, la titular de Seguridad posteó: “MEGAGOLPE AL LAVADO DE ACTIVOS DEL NARCOTRÁFICO EN ROSARIO: 10 DETENIDOS”. En uno de los operativos más importantes de la PFA cayó el narcolavador Jorge Benegas, extestaferro del poderoso Esteban Alvarado, y actual del peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon. La investigación conjunta de PFA y PROCUNAR logró identificar la estructura narcocriminal, integrada también por Francisco Rodríguez Villarreal, padre de Granthon. En 12 allanamientos realizados en Rosario y Funes, la red quedó desmantelada. Además de los 10 detenidos, se secuestraron 22 vehículos de alta gama, boletos de compraventa, producto del lavado de activos, dinero, armas y cocaína con el relieve del Delfín. Vamos a cercarlos hasta que no tengan margen de acción. No nos van a frenar. NI UN PASO ATRÁS“.

Bullrich estará acompañada por los secretarios de Seguridad, Vicente Ventura Barrerio, y de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier.

Quiénes son los detenidos

De acuerdo al portal El Ciudadano, “un conocido testaferro de narcos y el padre de uno de los proveedores más importantes de cocaína en la región fueron detenidos este jueves junto a ocho personas por estar sospechados de integrar una organización criminal dedicada al lavado de activos y el narcotráfico. Estas personas cayeron en el marco de una docena de allanamientos llevados a cabo por la Policía Federal y ordenados por el titular del Juzgado Federal 3 de Rosario Carlos Vera Barros en nuestra ciudad, San Lorenzo, Roldán y Funes. Entre lo secuestrado hay autos de alta gama, celulares, armas de fuego, alrededor de 3 millones de pesos y seis kilos de cocaína de máxima pureza que estaba dispuesta en bolsas y en los conocidos panes amarillos que llevan el bajorelieve del delfín”.

Se trata de Jorge Benegas, de 47 años, y Francisco Rodríguez Villarreal, de 63, quienes están sospechados por formar parte de una red de narcotráfico que operaba en la zona. Benegas había sido identificado como testaferro de Esteban Alvarado y, posteriormente, del Peruano Rodríguez Granthon, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz y es hijo del otro principal sospechoso.

Benegas había sido condenado en octubre de 2021 por la Justicia provincial a purgar la pena de 5 años de prisión efectiva y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado estimado en la suma de 62.200.000 de pesos por ser uno de los organizadores de la asociación ilícita del capo narco Esteban Alvarado, quien luego terminó con una pena a perpetua por esta misma causa.

En este expediente también fue penada a 3 años de prisión por los mismos delitos la esposa de Benega, Valeria Nasca, a quien el tribunal le impuso una multa equivalente a dos veces el monto del lavado, siendo la suma de 51.600.000 de pesos.

Nasca tenía 45 años cuando fue asesinada el 7 de mayo de 2023 de 15 disparos en la frente a su esposo en la puerta de un galpón ubicado en Liniers al 2600.

Con información de agencias.

IG

Se realizaron 30 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Rosario que finalizaron con seis detenidos en relación a la investigación por los homicidios de los taxistas, el colectivero y el playero, así como también la balacera a la Comisaría 12 y abuso de arma hacia colectivo.

Los procedimientos fueron ordenados por Patricio Saldutti y Adrián Spelta, fiscales de la Unidad de Homicidios Dolosos; Franco Carbone, fiscal del Equipo para el Abordaje de Delitos cometidos con Armas de Fuego; Luis Schiappa Pietra y Marisol Fabbro, fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada (Acodeco); y Fernando Dalmau, Fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, todos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción. 

Fuentes del caso informaron que la investigación la llevó adelante PDI y los procedimientos se llevaron a cabo con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

“Se solicitó secuestro de todo material de interés para las causas en investigación y la aprehensión de personas sindicadas”, destacaron. 

En este sentido, se confirmó que seis personas fueron aprehendidas por los crímenes que sacudieron a Rosario a principios de marzo, cuando fueron asesinados Héctor Figueroa (taxista), Diego Celentano (taxista), Marcos Daloia (chofer de la Línea K de colectivos), Bruno Bussanich (playero de una estación de servicio). 

Desde la ciudad santafesina destacaron que con el avance de la investigación se habría logrado detectar el hilo conductor de “cómo se tramaron y ordenaron los cuatro asesinatos y la amenaza a la familia Di María”.

“Con los allanamientos y las personas que eran seguidas y escuchadas se completarían la investigación que tendría como resultado desde dónde y quiénes pergenearon estos ataques en Rosario”, señalaron. 

Desde su cuenta de X, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el operativo: “Se hicieron 30 allanamientos en Rosario con resultados importantes por causas de terrorismo. Quiero destacar el profesionalismo de nuestra policía y el compromiso de los fiscales. El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables”.

“Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante, con una fuerte coordinación y respaldo federal. Sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias”, subrayó.

“Seguimos en nuestra lucha incansable, nación y provincia de Santa Fe, contra el narcoterrorismo en Rosario. Quiero felicitar el trabajo de los fiscales, la Policía de Santa Fe y las Fuerzas Federales por las masivas detenciones que se llevaron a cabo en estas horas de aquellos responsables de sembrar terror en la población”, expresó en sus redes sociales Patricia Bullrich. 

Con información de NA.

IG

21 de marzo de 2024. Por fin es primavera en Roma y un sol maravilloso da la bienvenida a las más de 100.000 personas que han elegido participar en el evento organizado por Libera, una red de asociaciones italianas implicadas en el compromiso contra las mafias, la corrupción y el crimen organizado, para celebrar la XXIX Jornada de la Memoria y Compromiso para las víctimas inocentes de las mafias. La larga marcha recorre lentamente las calles del centro de la ciudad eterna, hasta llegar al majestuoso escenario del Circo Máximo. Aquí, desde el escenario, se suceden los discursos de las personas invitadas y representantes de las instituciones, pero el momento más importante y emotivo es sin duda el de la lectura de todos los nombres –que se conocen hasta el momento– de las víctimas de la mafia, desde principios del siglo XX hasta hoy. Son 1.081 nombres leídos todos en voz alta por personalidades, familiares y amigos. En los rostros de los familiares sentados en las primeras filas, los signos del sufrimiento están superpuestos con los de la fuerza que los llevó hasta estar allí, sosteniendo la foto de un ser querido que ya no está. 

El derecho a la verdad es un concepto relativamente nuevo en Italia, aún en construcción. En este sentido, para las víctimas y los familiares italianos se vuelve fundamental tener acceso a otras experiencias como las de Argentina, con la capacidad para construir, incluso jurídicamente, el derecho a la verdad a través de juicios contra delitos como nunca se había visto, los cuales han llevado a la condena de los principales imputados. Juicios que aún hoy están en curso y otros que seguramente se abrirán en el futuro, gracias a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad.

Así como hemos tomado estos aprendizajes de Argentina, tal vez ahora sea nuestro turno de hacer algunos aportes. ¿A qué me refiero puntualmente? La escena descrita anteriormente podría parecer muy lejana si no fuera porque en Argentina el crimen organizado ya tiene su propia lista. Por poner el ejemplo más conocido, la ciudad de Rosario se ha convertido en el escenario de asesinatos crueles a sangre fría, en su mayoría vinculados con venganzas y ajustes de cuentas. En el año 2022 se registraron 287 asesinatos; en 2023 hubo 260 homicidios; y, entre enero y febrero de 2024, ya se registraron 24 víctimas.

Hace tan solo unos días, el Papa Francisco se pronunció sobre esta situación: “Dado que en todo sistema mafioso los pobres son el material descartable, los invito a aunar esfuerzos para que el Estado y las instituciones intermedias puedan brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables. Los mismos pueden crear condiciones para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan un desarrollo humano integral para un futuro superador al que tuvieron sus padres y abuelos. Todas las organizaciones sociales, civiles y religiosas debemos estar unidas para hacer lo que mejor sabemos hacer, y entre todos crear comunidad”, añadió.

En Argentina, ya existe ese proyecto y se lo llama Bien Restituido, una iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil, que busca que bienes (autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros millones de cosas), que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales. Actualmente, los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por la Justicia, pero el sistema está funcionando deficientemente, lo que perjudica a la sociedad en su conjunto. Se estima que los bienes que tiene hoy la Justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de 100.000 millones de pesos. En su mayoría, esos activos se están deteriorando, perdiendo no sólo valor económico sino también simbólico.

Bien Restituido se inspiró en la reutilización social de bienes decomisados a la delincuencia organizada y que rige en Italia desde hace más de 25 años. Actualmente, en Italia, la Agencia Nacional para la administración y la destinación de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada (ANSBC) administra, junto a los diferentes gobiernos regionales y municipales y las organizaciones sociales, más de 24.500 bienes inmuebles que antes pertenecían a las organizaciones mafiosas. La ANSBC ha logrado recuperar más de 40.000 millones de euros del crimen organizado, que son destinados a la prevención y reparación del daño ocasionado.

En la actualidad, el recupero y la administración de los bienes en Argentina se lleva adelante de manera parcial y depende de la buena voluntad de quienes los administran temporalmente. Por eso es clave y necesario contar con una ley que sistematice y aproveche hasta el último de los recursos materiales recuperados al crimen organizado; que transparente la cantidad y la gestión de esos activos; que desarrolle programas para ser gestionados por el propio Estado o por organizaciones sociales con los recursos recuperados; y que garantice el cuidado de los bienes para preservar su valor, tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales, entre otras acciones.  

¿Cómo podrían ayudar estas medidas a combatir al crimen organizado? En primer lugar, si las organizaciones criminales siguen contando con recursos pueden ser actuando y generando los desastres que hoy ocasionan. En segundo lugar, el Estado y la sociedad en su conjunto contaría con una cantidad hasta el momento incalculable de recursos para prevenir el accionar de estas organizaciones, por un lado; y por el otro, dispondría de recursos materiales y simbólicos para reparar el daño producido a las víctimas directas e indirectas del crimen organizado.

Si bien es cierto que el modelo de antimafia italiano tiene muchos aspectos replicables en otros países, como se intenta hacer en Argentina, es igual de cierto que ninguna experiencia, por madura que sea, tiene la capacidad de ser autosuficiente. Por ello es necesario a nivel general desarrollar redes orientadas a difundir y profundizar los conocimientos aplicados a la lucha contra este flagelo mundial. Es clave tener la convicción de que el único horizonte posible del antimafia social es la dimensión colectiva y que sólo si tenemos la capacidad de caminar juntos y juntas, también a nivel internacional, podremos construir el mundo que soñamos y merecemos.

*Referente de Libera para América Latina

ED

En un caso fue un piedrazo contra la ventanilla de un ómnibus que transportaba policías. En otro, la discusión entre el conductor de un colectivo y un automovilista por cuestiones de tránsito. En un tercero, otro chofer escuchó un disparo que en realidad no se produjo. Hechos que en cualquier contexto pasarían como incidentes menores en Rosario conmocionan a la población, trastornan la vida cotidiana de la ciudad y realimentan el miedo a la violencia narco.

 El miedo tiene una razón inmediata: los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich. “Pero la construcción de un sentido de crisis, no ahora sino desde hace una década, ha contribuido a generar ese sentido de hartazgo, temor e inseguridad en gran parte de la población”, afirma el criminólogo Máximo Sozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral.

Sozzo manifiesta su desconcierto ante la violencia narco: “No se entiende cuál es la lógica de los que producen esos hechos ni qué resultados pretenden alcanzar. La serie de ataques contra trabajadores son una excusa perfecta para escalar en una respuesta de carácter punitivo”.

Desde la constitución de un comité de crisis entre el gobierno de la Nación y el de Santa Fe, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich parece encontrar en la situación de Rosario la oportunidad para concretar promesas de la campaña electoral: el proyecto de una ley antimafia, la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del narcomenudeo y ahora “la ley de imputabilidad” para menores, a partir de la detención de un adolescente de 15 años como sospechoso del crimen de Bruno Bussanich.

La ministra anunció anteayer en la red X que la ley de imputabilidad “ya está entrando en el Congreso”. La “deriva militarizada de la seguridad”, como la define el investigador de la UNL, tiene también su expresión en Santa Fe, donde la Legislatura provincial aprobó el miércoles una reforma del Código Procesal Penal que concede más poderes a una policía cuestionada por su complicidad con el delito y el gobernador Maximiliano Pullaro dijo que estudia un indulto para policías condenados por la Justicia.

Tanto Bullrich como la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic recomendaron en 2023 que se retirara a la policía de Santa Fe del patrullaje en la calle. Pullaro argumenta que los indultos –entre ellos a Luciano Novelli, “el Chocobar rosarino”, condenado por rematar a dos personas que estaban en el piso– serían un respaldo para la alicaída fuerza provincial. Mientras tanto, el gobierno de Santa Fe no hace comentarios sobre el hecho de que los crímenes de los taxistas y los tiroteos contra un colectivo del transporte urbano y la comisaría 19 fueron perpetrados con balas de la propia policía.

El endurecimiento de la política de seguridad en Santa Fe parece correlativo con las versiones sobre una alianza entre bandas para desestabilizar al gobierno de Pullaro. “De acuerdo a la información que se maneja en organizaciones sociales de los barrios y en fiscalías”, según dice el diputado provincial Carlos Del Frade, “hay diez bandas narcopoliciales que se pusieron momentáneamente de acuerdo para no seguir disputando el dominio territorial y que decidieron matar a jóvenes trabajadores a partir de las condiciones de detención en las cárceles provinciales”.

Máximo Sozzo no suscribe la hipótesis de la alianza entre bandas, a falta de certezas en las investigaciones judiciales. “Lo que está claro –afirma– son los resultados de los hechos: por un lado efectos de temor y de angustia que se difunden socialmente y producen las dinámicas negativas que vemos en la relación de los ciudadanos con el espacio público, y por otro efectos de carácter político, los discursos acerca de la presencia del terrorismo y las propuestas que creíamos conjuradas desde la transición hacia la democracia, como recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el delito”.

Sozzo relaciona la anhelada reforma de la ley de Seguridad Interior con la actualización de la teoría de los dos demonios: “Para un sector extraordinariamente conservador que forma parte del Gobierno nacional hay una reivindicación de las Fuerzas Armadas, como acabamos de ver con la lectura de los excesos en la lucha contra la subversión. Se busca recrear una imagen de las Fuerzas Armadas como salvadoras de la patria, ahora frente al delito en Rosario. La propuesta es romper con un consenso de la transición hacia la democracia”.

Hay además una idea simplista de que la multiplicación de la presencia armada en el espacio público va a generar por sí misma un efecto positivo en la reducción de la criminalidad

Máximo Sozzo — Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral

Los helicópteros del Ejército que comprometió el ministro de Defensa Luis Petri sobrevuelan periódicamente el cielo sobre Rosario, pero el aporte parece insuficiente para la intendencia local que quisiera al personal armado en la calle. “Hay además una idea simplista de que la multiplicación de la presencia armada en el espacio público va a generar por sí misma un efecto positivo en la reducción de la criminalidad”, agrega Sozzo, también integrante del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.

Los factores del miedo

La nota con amenazas a Ángel Di María activó en la madrugada del lunes una nueva oleada del miedo a la violencia narco en Rosario. En el lapso de veinticuatro horas se sucedieron cuatro atentados con piedras y amenazas contra colectiveros, el hallazgo de casquillos de bala y de un explosivo en escuelas de Villa Gobernador Gálvez, una nota con amenazas múltiples en un supermercado y, como coronación de la saga, una intimidación en una estación de servicio YPF frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde dos motociclistas hicieron escuchar un mensaje grabado a través de un parlante: “Esta noche pasamos y vamos a tirotearlos”.

La coincidencia de los hechos sería el indicio de una planificación, según el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. No obstante, cualquier suceso parece susceptible de ser atribuido a las bandas: la discusión entre un automovilista y el chofer de un colectivo porque uno encerró a otro en la calle terminó el jueves en un fuerte operativo policial en el centro de Rosario ante la presunción de una amenaza mafiosa.

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni admitió que los ataques contra el transporte urbano son difíciles de anticipar. La prevención resulta imposible ante una amenaza que parece capaz de concretarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El miedo erosiona además la creencia de que ciertas zonas de Rosario pueden ser más seguras que otras.

Cualquier suceso parece susceptible de ser atribuido a las bandas: la discusión entre un automovilista y el chofer de un colectivo porque uno encerró a otro en la calle terminó en un fuerte operativo policial ante la presunción de una amenaza mafiosa

El martes, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación por la reiteración de amenazas contra el periodismo en Rosario y también advirtió sobre las prácticas que contribuyen a la propagación del miedo como “el afán de obtener una primicia” que puede resultar “funcional al crimen organizado” y la retransmisión de las amenazas: “Las fotos de las notas con amenazas que dejan los narcos no agregan información a la población y pueden en cambio ser mensajes que los delincuentes quieren hacer llegar más allá de su espacio cercano” (https://fopea.org/alarma-en-rosario-nuevas-amenazas-del-crimen-organizado-al-periodismo/).

El sustrato del miedo en Rosario aparece como un terreno consolidado por el incremento sostenido de los homicidios dolosos, la baja tasa de esclarecimiento de casos en la Justicia, los casos de corrupción policial y cierto sentido común sobre la impunidad del delito de guante blanco asociado a las bandas, como el lavado de dinero. “Es indispensable entender que la desconfianza de los ciudadanos en la policía provincial, por su participación en distintas prácticas delictivas, juega un rol central en el temor al delito. Y es difícil que se restablezca la confianza ante la ausencia actual de cualquier idea de transformación de esa policía”, advierte Sozzo, que subraya “el silenciamiento de la agenda de la reforma policial” en el gobierno y en el conjunto de los partidos mayoritarios en Santa Fe.

La detención de una pareja por las amenazas a Di María, una pista que en ese caso conduce a presos en cárceles provinciales y la captura del presunto homicida de Bruno Bussanich, por investigaciones y procedimientos de fiscales provinciales y federales y de la Policía Federal, conjuraron en el inicio de la Semana Santa lo que se configuraba como un nuevo estado de conmoción. La policía provincial, en cambio, volvió a mostrarse negligente: el fiscal Pablo Socca acusó a dos policías de la ciudad de Funes por entorpecer las investigaciones al filtrar imágenes del auto utilizado en la intimidación contra el jugador de la selección argentina.

El ministro Cococcioni dice y repite que los crímenes y balaceras se producen como respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Sin embargo, ese tipo de hechos como forma de presión sobre la Justicia y la política tiene un antecedentes en los atentados a domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial de 2018 y se suceden de forma periódica desde los ataques contra escuelas y estaciones de servicio previos a las elecciones de noviembre de 2021. En esta saga, que replica la lógica del enfrentamiento entre bandas por el control de puntos de venta, fue imputada como instigadora Patricia Celestina Contreras, madre de Ariel “Guille” Cantero y referente de la banda Los Monos.

“Balear un edificio tiene una enorme gravedad, pero los últimos asesinatos son un salto cualitativo en la violencia –señala Sozzo– y eso también explica los altos niveles de temor en la población. Uno tiende a a pensar que en los que producen estos hechos crueles hacen el juego al incremento de la deriva punitiva y militarizada. Ahí hay un interrogante difícil de responder”.

Según Carlos Del Frade, “las bandas narcopoliciales existen en las principales ciudades de Santa Fe”. El diputado del Frente Social y Popular y su compañero de bancada Fabián Oliver fueron los únicos legisladores que votaron en contra de la reforma al Código Procesal Penal de la provincia, que entre otras disposiciones devuelve a la policía santafesina la autonomía respecto de los fiscales en las investigaciones. “En base a información judicial y de medios de comunicación de la provincia registramos a fines del año pasado 147 bandas en Santa Fe, de las cuales 46 están en el departamento Rosario. Una de las que ha tomado mayor relevancia es la llamada Banda de los Menores, en el barrio 7 de septiembre”, puntualiza Del Frade.

“Lo que está completamente ausente es el debate acerca de qué policía tenemos y cómo podemos modificarla –destaca Máximo Sozzo–. Cuando miramos el conjunto de iniciativas que el gobierno provincial ha producido desde diciembre, leyes sancionadas en tiempo récord con el consentimiento de casi todos los legisladores, no encontramos ninguna con respecto a la fuerza. Parecería que la policía santafesina no es un problema sino la solución”.

OA/MG

El menor fue apresado en un allanamiento que llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) de la fuerza provincial en la llamada Zona Cero, en el noroeste de la ciudad. El acusado se había teñido el pelo, luego de que su imagen había sido captada cuando mataba a Bruno Bussanich, de 25 años, de un disparo en la cabeza.

Por su edad -15 años-, el presunto asesino no es punible y su situación será derivada a la Justicia de Menores, mientras a la par buscarán pistas para dar con cómplices y responsables intelectuales.

El crimen ocurrió el 10 de marzo en la estación de servicio ubicada en la esquina de las calles Mendoza y Rojas, cuando una persona vestida con un buzo con capucha, llegó hasta el lugar donde estaba trabajando el playero y le disparó sin darle tiempo a reacción alguna.

Previamente había dejado caer una nota en la que amenazaba al gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”, decía el mensaje.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había difundido una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bussanich el 10 de marzo último en calle Mendoza al 7600 y solicitó colaboración a la población para identificarlo. Además, el gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran datos.

Inmediatamente tras conocerse la noticia, Javier Milei se expresó al respecto por las redes sociales para afirmar que “el que las hace, las paga”, mientras que su vocero, Manuel Adorni, indicó: “Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto”.

El Gobierno va por la baja de Imputabilidad

En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno envió al Congreso la Ley de Imputabilidad en la que trabaja junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de que los menores de edad puedan ser condenados a partir de los 14 años.

“Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia”, señaló la funcionaria en redes sociales.

En la misma línea, precisó: “Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

La intención del Gobierno de Javier Milei es modificar la vigente Ley 22.278, sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, en plena dictadura militar, modificada en mayo de 1983 y que detalla que el Régimen Penal de Minoridad, en su artículo uno establece que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación".

El ministro Cúneo Libarona manifestó que “el tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años” y que la Ley 22.278 fue sancionada cuando “la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora”.

“El Estado no le presta atención a los menores, no es un tema de ahora”, puntualizó el funcionario en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) y advirtió que el proyecto contempla modificaciones en los métodos para lograr que los jóvenes puedan ser reinsertados en la sociedad. "No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no ésta porquería (institutos de menores)", concluyó.

DM con información de agencia NA

El auto en el que iban las personas que amenazaron a Ángel Di María en Rosario apareció en zona oeste de la ciudad santafecina y el fiscal Pablo Socca ordenó la detención de policías al sostener que la difusión del material de las cámaras de seguridad de los movimientos que hizo el vehículo entorpeció la investigación.

El automóvil se encontró en la madrugada de este miércoles en la intersección de las calles 1818 y Espinoza, zona oeste de Rosario.

Mientras la investigación avanza, el fiscal determinó la aprehensión de policías de la causa, el jefe del Comando Radioeléctrico de Funes y el jefe del Centro de Monitoreo de Funes por difundir los videos de cómo el Renault Megane gris realizó las amenazas.

“La circulación de la imagen entorpece la investigación y configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, detallaron en Cadena 3.

Además, el fiscal manifestó que la difusión de la patente en el comunicado que realizó el country Funes Hills también fue perjudicial para el caso.

En el video que circuló por redes sociales y los medios de comunicación se observa al auto mientras circula por Ruta 9 y Funes.

Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, habló sobre el momento que viven como familia tras las amenazas y expresó: “No puedo hablar ni contar, es mucho más grave que lo que saben por las noticias”.

De Paul contó la reacción de Di María tras las amenazas

Con información de NA

IG

El Papa Francisco lamentó la violencia que sufre la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, y llamó a “rehabilitar la política” e investigar la corrupción que permite esta situación.

“En un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de las fuerzas de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas e integrales, con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad”, sostuvo el pontífice en un video difundido este martes por el canal de YouTube de la Santa Sede.

Francisco sigue con atención la situación que se vive en esta ciudad de su país natal, en donde el recrudecimiento de los delitos asociados al narco en las últimas semanas obligó al Gobierno a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad nacionales.

El Papa alegó que “todo pueblo tiene en sí mismo las herramientas para superar aquello que atenta contra su propia integridad” y, por ello, cree que “nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser exluido” de la tarea para hacer que Rosario sea un lugar seguro.

No obstante denunció que “sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación” actual.

“Es necesario rehabilitar la política, que es 'una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común'” instó, aludiendo a un pasaje de su encíclica 'Fratelli tutti' (2020).

Y agregó: “Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. La alternancia de las gestiones debe sostener la continuidad de los procesos de cambio”.

Así, Francisco abogó por “trabajar no sólo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia”.

“El silencio del Estado en esta materia sólo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las mismas”, apuntó.

El Papa argentino cree “necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente” y pueda “investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico”.

“Cada miembro del poder judicial es responsable de custodiar su integridad, la que comienza por la rectitud de su corazón. Asimismo, es de agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que, con su compromiso silencioso con la justicia, muchas veces ponen en riesgo su propia vida”, agradeció.

Por otro lado, en su mensaje también apunta al mundo financiero asegurando que, así como “no hay una buena economía sin un buen empresario”, tampoco hay “una mala economía sin la complicidad de una parte del sector privado”.

“Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no sólo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social”, defendió, poniendo como ejemplo a Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y en proceso de canonización.

Francisco recordó que “en todo sistema mafioso los pobres son el material descartable” por lo que pidió al Estado argentino esforzarse para “brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables”.

“Los mismos pueden crear condiciones para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan un desarrollo humano integral, para un futuro superador al que tuvieron sus padres y abuelos. Todas las instituciones sociales, civiles y religiosas debemos de estar unidas para hacer lo que mejor sabemos hacer: crear comunidad”, sostuvo.

Porque, dijo, “Rosario cuenta con una gran riqueza de instituciones al servicio de los demás”.

Por último el Papa destacó que la Iglesia esta llamada a “acompañar espiritual y orgánicamente” a los damnificados por la violencia“, los enfermos, los adictos y sus familiares, los presos por esta situación y quienes viven una vulnerabilidad extrema.

“Queridos hermanos y hermanas rosarinos, estoy cerca de ustedes. La Virgen del Rosario intercede día y noche por todos sus hijos, sobre todo, como suelen hacerlo las mamás, con diligencia especial por quienes tienen mayores fragilidades. Que Dios los bendiga, un abrazo”, terminó.

Con información de EFE.

IG

Un total de cuatro ataques a diferentes colectivos se registraron este lunes en Rosario, sin heridos que lamentar, lo que derivó en un paro de choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en esa ciudad santafesina, al cual se plegaron también los taxistas.

De esta manera, este martes no habrá medios de transporte ni urbano ni interurbano, tras la medida adoptada por la UTA alrededor de las 23:00.

Un rato después, los taxistas anunciaron que se sumaban a esta medida de fuerza al menos hasta las 6:00, momento en que harán una asamblea para determinar cómo continuarán con el reclamo. 

En total hubo cuatro ataques a colectivos, alrededor de la misma hora y presuntamente en forma coordinada.

Entre ellos, un Expreso en Las Flores, un coche de la línea 143 en Saladillo, una amenaza dejada en el asiento del fondo de un colectivo 110 y una colectivera de la 126 que escuchó tres disparos cuando circulaba por las calles Crespo y Virasoro. 

Esos ataques se sumaron a la amenaza escrita este lunes a la madrugada en otro micro, lo que derivó en un parate de varias horas en el transporte urbano de Rosario.

Este lunes por la noche, una vez decretada la huelga, los choferes decidieron guardar los colectivos en los galpones.

Una nueva nota con un mensaje intimidatorio, esta vez en una unidad de la línea 110 se sumó al que dejaron a la mañana en un 153 afuera del galpón de Provincias Unidas y Rueda.

Durante la noche, casi en simultáneo se denunciaron otros dos ataques: a un interno del Expreso interurbano sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, cuando el chofer circulaba solo, sin pasajeros, ya que se dirigía al lugar donde comenzaría su recorrido nocturno.

El hecho ocurrió a la altura del arroyo y en principio se habló de piedrazos, pero luego se dijo que fue una balacera que afectó una puerta y un vidrio, sin personas heridas.

Asimismo, un colectivo de la 143 urbana también fue agredido en Oroño y Batlle y Ordónez, barrio barrio Las Flores, y se intentaba confirmar de qué eran los impactos que tenía en la carrocería.

Por último, una conductora de un coche de la línea 126, denunció que escuchó tres disparos de arma de fuego cuando circulaba por Crespo y Virasoro. 

Con información de NA.

IG

La familia del futbolista de la Selección argentina Ángel Di María fue amenazada esta madrugada en la ciudad de Funes, situada a pocos kilómetros de Rosario, al recibir un mensaje intimidatorio en su vivienda.

El hecho, según consignó el medio Cadena 3, ocurrió alrededor de las 2:30 de este lunes, cuando los autores bajaron de un vehículo y dejaron un escrito en el ingreso de los barrios privados de Funes Hills Miraflores.

La Justicia investiga el caso dado que el cartel decía “Familia Di María”, en medio de la escalada de los episodios de violencia en Rosario y de la expectativa por un posible regreso cercano de “Fideo” a Rosario Central. De acuerdo a las informaciones, el cartel, que estaba envuelto en un nylon negro, decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Días atrás, el campeón del mundo expresó: “Sería un sueño poder volver, lo voy a decir siempre. Últimamente estuve viendo lo que pasó en Rosario, eso te influye mucho en la familia. Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo de volver siempre están”, había ilusionado a la hinchada del club del cual es fanático, Rosario Central.

En esa línea, remarcó: “Es un poco todo lo que a uno se le mete en la cabeza, pero estoy tranquilo, esperando que se termine el contrato con el Benfica”.

Amenaza en una empresa de colectivos

Una nueva nota amenazante fue hallada por el chofer de la línea 153 de la empresa Movi que estaba por iniciar el recorrido en el colectivo estacionado sobre la puerta del galpón y los trabajadores determinaron llevar a cabo un paro momentáneo a la espera de una decisión del gremio.

Según informaron los medios rosarinos y santafecinos, el mensaje, escrito a mano en una hoja de papel madera y con el dibujo de una bala, contiene una amenaza contra el personal de empresa y fue encontrado alrededor de las 4.30 en el interno 326 de la línea 153 de la citada empresa.

De inmediato, los choferes volvieron a los galpones y se resintió fuertemente el servicio de colectivos en Rosario, mientras que, más tarde, se sumaron los conductores de las restantes firmas del transporte urbano de pasajeros, entre ellos los colectiveros de la línea Rosario Bus.

En tanto, los medios señalaron que el personal de la empresa Movi se enteró del hallazgo que hizo uno de los colectiveros a través de un audio que se viralizó a través de WhatsApp y, en el mensaje, el chofer contaba que, al tomar el servicio, encontró en el micro a su cargo una nota que aseguraba que hoy iba a haber “uno menos” en la Movi de la zona oeste.

El coordinador del gabinete municipal, Rogelio Biazzi manifestó que la Justicia investiga el hecho y se espera una reunión con el Ministerio de Seguridad para tratar de que el servicio pueda retomarse.

“A partir del hecho que se produjo hoy se encontró un papel con una nota, aparentemente, amenazante en una unidad de la 153 que estaba esperando para hacer le servicio. Los choferes decidieron no salir y los que estaban en circulación volver al galpón”, dijo en diálogo con La Barra de Casal por Radio LT3 AM 680 - Rosario.

En tanto, añadió: “Estamos trabajando con el gremio y con las autoridades que están investigando el hecho y armando una reunión con alguien del Ministerio de Seguridad de la provincia para que se vuelva retomar el servicio”.

“Aparentemente, es una nota con un mensaje intimidante, pero no puedo decir el contenido porque está bajo investigación lo tiene la Fiscalía y hay que tomar este hecho con seriedad. Habría alguna cámara que podría haber captado alguna imagen”, expresó.

Además, dijo: “El gremio no tomó una determinación de anunciar un paro. Por ahora no hay servicio en espera que avanza la investigación y la reunión con el Ministerio de Seguridad para que los choferes se sientan con garantías de retomar el servicio. Estamos en un momento grave respecto al tema de seguridad, hay que tomar con seriedad estas cosas”.

Con información de agencias.

IG