La licencia por paternidad en Brasil comenzará a ampliarse de forma progresiva tras la promulgación de una nueva ley impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma llevará el descanso para los padres desde los actuales cinco días hasta un máximo de veinte en 2029, con el objetivo explícito de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde el nacimiento o adopción de un hijo.

La decisión vuelve a poner en evidencia el contraste con la Argentina, donde el régimen de licencias familiares prácticamente no cambió en décadas. La Ley de Contrato de Trabajo mantiene una licencia por paternidad de apenas dos días, mientras que la licencia por maternidad es de 90 días. El esquema se sostuvo incluso después del debate legislativo que acompañó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ampliación aprobada en Brasil reglamenta finalmente un derecho que ya estaba reconocido en la Constitución de 1988, pero que nunca había contado con una legislación específica que estableciera su duración.

Con la nueva norma, el Estado brasileño buscó consolidar un modelo de cuidado compartido desde el inicio de la vida familiar, una política que en la región viene ganando peso en los debates sobre igualdad de género y condiciones de trabajo.

Un esquema progresivo hasta 2029

El nuevo régimen brasileño establece un calendario gradual de ampliación de la licencia. Según la ley promulgada por Lula, el beneficio se extenderá de forma escalonada en los próximos años.

El cronograma previsto es el siguiente:

La ampliación alcanzará a los trabajadores en casos de nacimiento, adopción o guarda judicial, lo que incorpora también situaciones familiares diversas dentro del régimen de licencias.

Además, la norma introduce un mecanismo de financiamiento que busca evitar resistencias empresariales. El sistema crea el denominado “salario-paternidad”, mediante el cual los empleadores pagan inicialmente el salario durante el período de licencia y luego recuperan ese monto a través de compensaciones en sus aportes a la seguridad social.

De ese modo, el costo del tiempo de cuidado se traslada al sistema de seguridad social y no queda exclusivamente a cargo de las empresas, una decisión que busca garantizar la aplicación efectiva del derecho sin generar presiones económicas sobre la contratación laboral.

La ley también contempla situaciones excepcionales. Si la madre fallece, el padre accede a una licencia equivalente a la de maternidad. Además, el inicio del descanso puede postergarse cuando el recién nacido o la madre permanecen internados, y se prevén extensiones específicas en casos de discapacidad, prematuridad o complicaciones médicas.

El objetivo: repartir el cuidado desde el nacimiento

El fundamento político de la reforma se apoya en una discusión que se consolidó en los últimos años en el mercado laboral: la distribución desigual de las tareas de cuidado entre varones y mujeres.

Según explicó el propio Lula al presentar la ley, el objetivo central es evitar que la maternidad se transforme en un factor de discriminación en la contratación laboral. Cuando el cuidado recae exclusivamente sobre la madre, la inserción laboral femenina suele verse afectada por ausencias prolongadas o responsabilidades domésticas que el sistema productivo no reconoce.

En ese sentido, la ampliación de la licencia para los padres busca equilibrar la carga del cuidado desde el primer momento de la vida familiar, algo que distintos organismos internacionales y especialistas en políticas laborales vienen señalando como un paso clave para reducir brechas de género.

La reforma brasileña se inscribe así en una tendencia regional que comenzó a incorporar licencias parentales más amplias y flexibles, entendidas no sólo como un derecho familiar sino también como una política laboral.

El contraste con la Argentina

En la Argentina, el régimen de licencias familiares permanece prácticamente congelado desde hace décadas. El trabajador tiene derecho a dos días corridos de licencia por nacimiento de hijo, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El plazo, además, no contempla mecanismos de extensión automática cuando el nacimiento ocurre en días no laborales. En la práctica, si el parto sucede durante un fin de semana, la licencia puede reducirse aún más.

Para las madres, en cambio, la ley fija una licencia de 90 días, dividida entre un período previo y posterior al parto. Ese esquema tampoco sufrió modificaciones durante el debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada mantuvo intacto el régimen histórico de licencias familiares, pese a que diversos especialistas y organizaciones laborales señalaron que el debate parlamentario era una oportunidad para actualizar el sistema.

El único capítulo del proyecto original que generó una discusión relevante sobre licencias fue el vinculado a las enfermedades o accidentes no laborales. En su versión inicial, la iniciativa proponía modificar el régimen salarial durante ese período y reducir la duración máxima de las licencias médicas.

Sin embargo, ese punto —conocido como artículo 44— generó una fuerte resistencia sindical y política durante el tratamiento parlamentario. Finalmente fue eliminado o modificado durante la negociación legislativa, lo que dejó sin cambios el esquema vigente de licencias médicas.

Un debate pendiente

Mientras Brasil avanza en la ampliación de derechos vinculados al cuidado, el régimen argentino continúa apoyado en un modelo laboral diseñado en un contexto social muy distinto.

Las transformaciones en la estructura familiar, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado como parte de la organización económica reabrieron en los últimos años la discusión sobre el sistema de licencias. Pero la Argentina de hoy parece no hacerse eco de las últimas tendencias, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

JJD

En el tramo final de su paso por Suiza para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump y tras poner su nombre en el compromiso que promete interceder en diferentes conflictos globales, dio entrevistas a medios internacionales (Bloomberg y The Economist) en los que se explayó sobre la situación económica del país, elogió la estrategia de EE.UU en Venezuela, pidió por la liberación en Caracas del gendarme Nahuel Gallo, maltrató a Lula da Silva y habló de China como “un gran socio comercial”.

Ante la prensa, el Presidente hizo foco en los controles que rigen sobre el régimen cambiario y, si bien remarcó que durante su gestión, su Gobierno “le ha quitado trece ceros a la moneda y tuvo dos hiperinflaciones sin guerra”, dijo que el plan económico apunta hacia un régimen cambiario totalmente libre, sin controles ni restricciones: “El tipo de cambio dentro de la banda es libre, y eso tiene como función mostrale a la gente que el tipo de cambio no va a hacer cualquier cosa y acotar la volatilidad”, explicó, y aclaró que se va a liberar “cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”.

En cuanto a posible la emisión de deuda y bonos en el mercado internacional para hacer frente a los vencimientos que tiene por delante, sostuvo que lo “único que necesita la Argentina es rollear, porque tenemos déficit cero y pagamos los intereses con superávit. La necesidad de tener que recurrir a fondos internacionales va a ser cada vez menor. En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”, explicó el mandatario.

“China es un gran socio comercial”

Asimismo, negó que exista una contradicción entre el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y el comercio con China. “Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, sentenció, aunque aclaró que, al momento de posicionarse en el contexto geopólitico mundial, “no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”, afirmó.

“Estados Unidos comercializa con China. Para nosotros es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados, eso no está en conflicto. Si se fijan en el peso que tiene China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con ellos”, refrendó Milei, al tiempo que insisitió con la idea de una apertura al mundo como eje de su administración: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”, sentenció.

La relación con Lula

Milei lanzó una filosa frase contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque planteó que mantiene una relación “adulta” para el funcionamiento comercial de ambos países. 

“Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos”, sentenció cuando el periodista de Bloomberg sugirió, a tono de broma, que nombrara a uno de sus perros como el mandatario brasileño.

El vínculo entre el libertario y el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se tensó en las últimas semanas, luego de que el último reuniera a las autoridades de la Unión Europea en Brasil, en la previa a la firma del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur en Paraguay. 

Asimismo, tras el dardo, el libertario aclaró: “Al margen de eso, tenemos una relación adulta. No es una cotienda ideológica de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”. 

“Si se fija, seguimos avanzando y le hemos dado mucho impulso adentro del Mercosur para que empiece a ser más dinámico. El mundo actual requiere más velocidad”, sostuvo, y remarcó: “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas. Los calienta asientos que cobran toneladas de dólares para no hacer nada”.

Por su parte, el jefe de Estado aseguró que trabaja para “generar resultados”, y que hará lo necesario para mejorar el comercio. “No voy a romper nada. Si otros países deciden tomar otras decisiones, son soberanos. Trabajo para los 47,5 millones de argentinos”, concluyó.

La “esperanza” por la liberación de Nahuel Gallo

El Presidente se mostró optimista por las negociaciones que emprende Estados Unidos por los presos políticos argentinos en Venezuela y confesó que mantiene la esperanza por la liberación del gendarme Nahuel Gallo. 

“Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en la que vemos cómo evoluciona positivamente la situación tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina”, contó en declaraciones a la agencia Bloomberg desde Suiza. 

La administración libertaria delegó la tarea negociadora a Estados Unidos, país que reclamó en las últimas horas la liberación de los detenidos, en especial de los argentinos. 

Asimismo, el Presidente destacó lo que calificó como “la enorme tarea” de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”.

“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, describió el libertario, y sumó: “No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando a los distintos presos políticos”.

Por su parte, planteó que considera que lo que queda del régimen chavista en Venezuela fracasará y reiteró que los planes de Estados Unidos representan “lo que se puede hacer en este momento”. “Ya habrá lugar, después de la reconstrucción, para la transición democrática y se verá cómo se va a avanzar”, sostuvo. Además, Milei destacó la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio en Venezuela “por extraer al narcotirano, dictador y asesino de Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”.

También remarcó su aprecio y valoración a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la que definió como “una amiga y gran defensora de la libertad”, y con quien admitió que mantiene contacto, pero no se privó de reafirmar su alineamiento con Trump. “Al margen del aprecio y la valoración que tengo de María Corina, una amiga y gran defensora de la libertad, se necesita que este procedimiento sea exitoso. No sea cosa que por apurarse se terminen retrocediendo”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

En una columna de opinión de alto impacto publicada este domingo en el diario The New York Times, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una durísima crítica contra el gobierno de Donald Trump, a quien acusó de intentar revivir el neocolonialismo en América Latina tras la intervención militar en Venezuela.

Bajo el título “Este Hemisferio nos pertenece a todos”, el mandatario brasileño sentó una posición de soberanía regional frente a la denominada “Doctrina Donroe”, término con el que analistas y el propio Lula identifican la reedición de la Doctrina Monroe de 1823, que buscaba establecer la hegemonía estadounidense sobre el continente.

Crítica a la invasión y captura de Maduro

Lula calificó el bombardeo en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, ocurridos el pasado 3 de enero, como el capítulo más “lamentable” de la erosión del derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

El uso de la fuerza jamás nos acercará a los objetivos de paz y seguridad“, sentenció Lula, calificando de ”prácticas obsoletas“ la división del mundo en zonas de influencia.

Aunque evitó defender la gestión de Maduro, subrayó que “no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de hacer justicia” y que el futuro de Venezuela debe estar solo en manos de su pueblo.

Resaltó que esta es la primera vez en 200 años que América del Sur sufre un ataque militar directo de Estados Unidos, diferenciándolo de las intervenciones indirectas del pasado.

¿Qué es la Doctrina Monroe y su versión “Donroe”?

La Doctrina Monroe (1823) establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión contra EE. UU. (“América para los americanos”). La versión actual atribuida a Trump sugiere un derecho de intervención directa para asegurar recursos y orden bajo intereses de Washington.

Para el líder del PT, las acciones unilaterales de Washington desorganizan el comercio mundial, aumentan los flujos de refugiados y debilitan la lucha contra el crimen organizado al ignorar a las instituciones multilaterales.

“No seremos sirvientes”

Lula fue enfático al declarar que Brasil no será “servil” a proyectos hegemónicos. Hizo un llamado a las grandes potencias para que comprendan que un mundo de hostilidad permanente no es viable y que no pueden apoyarse únicamente en el miedo y la coerción para liderar.

El artículo se publica en un momento de máxima tensión diplomática, pocos días después de que Brasil retirara su protección a la embajada argentina en Caracas, lo que confirma que el Palacio del Planalto busca erigirse como el contrapeso regional a la influencia de la Casa Blanca en el Cono Sur.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó este martes la condena de nueve militares de élite del Ejército y un agente de la Policía Federal involucrados en el intento de golpe de Estado de fines de 2022 y comienzos de 2023, un complot que, según la acusación, contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los procesados actuaron en dos frentes. El primero era presionar a la cúpula de las Fuerzas Armadas para garantizar respaldo al golpe encabezado por el saliente presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y, el segundo, ejecutar acciones de campo destinadas a desestabilizar el sistema constitucional y provocar la ruptura institucional.

El grupo habría intentado poner en marcha el plan llamado “Puñal Verde y Amarillo”, que incluía el secuestro, la detención e incluso el asesinato de las principales autoridades del país.

Según Gonet, los procesados utilizaron sus “conocimientos técnicos y posiciones estratégicas para llevar a cabo operaciones sobre el terreno con el fin de neutralizar a las autoridades centrales del régimen democrático y promover la inestabilidad social necesaria para la ruptura institucional”.

El fiscal citó grabaciones del agente de la Policía Federal Wladimir Matos Soares, en las que este reconoce que su equipo estaba dispuesto a usar “fuerza letal” y que “mataría a medio mundo” si era necesario para evitar la asunción de Lula da Silva, vencedor de las elecciones de 2022 frente a Bolsonaro.

Los acusados forman parte del comando de élite de inteligencia y acción rápida del Ejército, conocidos como los “kids pretos” (jóvenes negros). El proceso que se inicia en el Supremo Tribunal Federal corresponde al Núcleo 3 de la trama golpista, luego de que, en su primera fase, Bolsonaro fuera condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar el intento de golpe.

De acuerdo con Gonet, “las investigaciones revelan la declarada disposición homicida y brutal de la organización criminal, que para este fin orquestó y llevó a cabo acciones coercitivas debidamente armadas”.

Entre los procesados figuran el general retirado Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira y los coroneles Bernardo Romão Corrêa Netto, Fabrício Moreira de Bastoss, Márcio Nunes de Resende Jr. y Hélio Ferreira Lima. Así como los tenientes coroneles Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Jr. y Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, además del agente de la Policía Federal Wladimir Matos Soares.

La fiscalía general solicitó que nueve acusados sean condenados por cinco delitos, incluido el de tentativa de golpe de Estado, mientras que en el caso del teniente coronel Ronald Ferreira, Gonet pidió que sea juzgado únicamente por incitación al crimen, por haber tenido una participación solo de apoyo. Hasta ahora, el Supremo Tribunal Federal ha condenado a 15 personas por el intento de golpe de Estado que buscó mantener en el poder a Bolsonaro.

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal confirmó la condena a 27 años y tres meses a Bolsonaro en la acción penal por el complot golpista tras perder las elecciones de 2022, al rechazar la apelación presentada.

Además de Bolsonaro, también se les denegaron las apelaciones al exministro y candidato a la vicepresidencia en la fórmula para 2022, Walter Braga Netto ; Almir Garnier , excomandante de la Marina; Anderson Torres , exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno , exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira , exministro de Defensa; y Alexandre Ramagem , exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

La cumbre del clima de la ONU tiene un elefante en la sala: el petróleo. El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), autorizó a la empresa Petrobras a perforar un pozo de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. A pesar de estar a 175 kilómetros de la costa, el llamado 'bloque 59' está dentro de la cuenca hidrográfica del mayor río del mundo. “Aunque haya sido una decisión difícil, se impuso el criterio técnico. Haberlo anunciado después de la COP30 habría sido hipócrita”, aseguró hace unos días Rodrigo Agostinho, presidente del IBAMA, en una entrevista a Folha de São Paulo. La decisión, que llega tras fuertes presiones del gobierno de Brasil, queda en entredicho por un informe negativo de 29 técnicos del propio IBAMA, que alertan de posibles daños ambientales serios. “Yo ya había dicho que no es posible abrir la mano del combustible fósil de un día para el otro”, afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado martes.  

A las puertas de la COP30, que arranca el próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém, la decisión ha caído como una bomba. Ocho grandes organizaciones de la sociedad civil han recurrido la decisión a la Justicia, alegando que la licencia de perforación ignora los impactos ambientales. El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), aliado izquierdista de Lula, ha criticado con dureza la decisión. “Necesitamos salir de la dependencia del uso de combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, ha declarado Marina Silva, ministra de medio ambiente, a la Agência Brasil, sin atacar directamente la decisión del IBAMA.

La explotación petrolífera profundiza la división del gobierno de Lula. Además de hacer frente al rechazo de la ministra Marina Silva y a Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas), Lula tendrá que dirimir sus diferencias con Guilherme Boulos, el recién nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Su partido, el PSOL, ha presentado un proyecto de ley en el congreso para prohibir la explotación de petróleo en la denominada margen ecuatorial (franja oceánica que incluye la desembocadura del río Amazonas).

El presidente brasileño ha reunido este jueves a jefes de estado y de gobierno antes del inicio de la Cumbre del Clima de la ONU, y ha se ha referido a este asunto, aunque sin mencionarlo explícitamente: “Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos un itinerario para, de forma justa y planeada, revertir la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para esos objetivos”.

Sabotaje a la COP30

La decisión de autorizar la explotación petrolífera en la región amazónica, además de quitar legitimidad ambiental a Brasil, puede dificultar los posibles acuerdos sobre transición energética de la COP30. “Es una especie de sabotaje a las discusiones en relación con el petróleo. Se anuncia en el peor momento posible. Se podrían haber esperado unos días para que no influyera en la conferencia”, asegura Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, en entrevista telefónica con elDiario.es. La nueva frontera petrolífera de Brasil en aguas ecuatoriales enfría la aplicación del compromiso que firmaron todos los países en la COP28 de Dubai para abandonar los combustibles fósiles. Araújo, que rechazó hasta en cinco ocasiones la explotación de petróleo en proyectos similares al del 'bloque 59', sostiene que la decisión del IBAMA tiene “problemas técnicos” y “problemas jurídicos”.  

La denuncia colectiva presentada en la Justicia contra el IBAMA, la empresa Petrobras y el gobierno de Brasil argumenta que para la liberación de la perforación era necesario un estudio detallado sobre un posible derrame de petróleo. Además, debería haberse presentado un plan de emergencia. “En caso de accidente, el petróleo podría llegar a la Guayana francesa en 12 horas. Existen corrientes profundas que también llevarían petróleo hacia la costa brasileña, que es riquísima en biodiversidad, está llena de manglares y de puntos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes”, afirma Araújo. 

Rodrigo Agostinho defiende en la citada entrevista que el IBAMA autorizó la perforación, que había sido rechazada en mayo de 2023, porque Petrobrás aceptó todas las exigencias de seguridad. Sin embargo, el Observatorio del Clima, que engloba a más de 130 organizaciones, acusa a Petrobras de usar datos obsoletos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, de las corrientes marinas y de los sedimentos arrastrados por el río. En caso de derrame, el 20% del petróleo se hundiría y afectaría al gran sistema amazónico de arrecifes.

Luena Karipuna, líder indígena de la región de Oiapoque, una de las más afectadas por la explotación petrolífera en aguas oceánicas, denuncia que la aprobación de la perforación no ha respetado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas recogido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Recibimos la noticia con mucha indignación, con el sentimiento de que nuestra tierra está siendo violada. Es una falta de respecto para quien vive en el territorio hace milenios”, asegura Karipuna, que es coordinadora Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y del Norte de Pará (APOIANP).

La explotación del bloque 59 tiene consecuencias más allá y abre una nueva frontera petrolífera en Brasil. En una costa que posee la mayor franja continua de manglares del mundo, 27 bloques de extracción esperan su licencia ambiental. En una subasta realizada en junio, Petrobras y la estadounidense Exxon Mobil se adjudicaron diez bloques y Chevron y la China CNPC, otros nueve. Aunque la extracción todavía no haya comenzado, la región ya sufre los problemas de la fiebre del petróleo. “Hemos visto cómo han aumentado la falsificación de títulos de propiedad de la tierra, las invasiones en territorios indígenas, la expansión inmobiliaria y el crimen. Desde 2022, se están construyendo siete barrios nuevos en la ciudad de Oiapoque (tiene unos treinta mil habitantes)”, sostiene Karipuna. 

Frente global anti petróleo

La luz verde a la explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas ha caído también como un jarro de agua fría en el frente internacional de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, del que forman parte casi mil legisladores de todo el mundo. Juan Carlos Losada, diputado colombiano del Partido Liberal, miembro del frente, asegura a elDiario.es que la decisión del gobierno brasileño debilita la credibilidad de la región frente al liderazgo climático que el planeta espera de la Amazonía y de América Latina. “Es un golpe simbólico a la esperanza de que esta cumbre marque el inicio del fin de los combustibles fósiles y la transición hacia economías descarbonizadas”, asegura Losada. A pesar de ello, el diputado colombiano considera que el contratiempo puede transformarse en una oportunidad. “La COP30 deberá convertirse en el espacio donde los países amazónicos definamos una hoja de ruta realista y ambiciosa para abandonar progresivamente los fósiles, proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la bioeconomía, las energías limpias y la justicia social”, matiza.

La explotación del bloque 59 sintetiza, en palabras de Suely Araújo, la gran contradicción ambiental del gobierno Lula. “Hay una decisión bien clara del gobierno de intensificar, y mucho, la producción. El petróleo ya da más dinero que la exportación de soja. Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción, abastecería el consumo interno. Debería dejar de exportar”, asegura. Brasil es el sexto productor de petróleo del mundo (3,9 millones de barriles diarios), según Trading Economics. Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, que quiere que Brasil entre en la Organización de Productores de Petróleo (OPEP), reveló en marzo de 2023 que quiere convertir a Brasil en el cuarto productor de crudo del mundo, gracias al petróleo del margen ecuatorial. 

La ambición petrolera del gobierno Lula choca de frente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que demandan el fin de la extracción de combustibles fósiles. Los países que concedan nuevas licencias de exploración o de subsidios a los fósiles puede llegar a ser acusados por la ONU de cometer “actos internacionalmente ilícitos”.

El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre, exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y, para compensar, crea un tributo mínimo para los “ultrarricos”.

“Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo”, celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter). El mandatario destacó que fue una “victoria de la democracia y de la justicia social” y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. “El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte”, agregó.

Exención para 25 millones de brasileños

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, establece:

Según el gobierno, esta medida beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

“Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más”, declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.

El impuesto a los “ultrarricos”

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.

La reforma fue una de las “promesas estrella” de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este martes que la megaoperación ocurrida la semana pasada en Río de Janeiro fue una “masacre”, al referirse a la acción de las fuerzas de seguridad que dejó 121 muertos entre sospechosos y policías en los complejos Alemão y Penha.

La declaración del mandatario brasileño se realizó esta mañana en una entrevista con agencias de noticias internacionales y reflejó CNN Brasil.

Según Lula, “la orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Creo que es importante examinar las circunstancias en las que sucedió”.

Lula también calificó la operación de “desastrosa”. “La cruda realidad es que, en términos del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero, desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”, dijo el mandatario.

Además, Lula dijo que el gobierno federal impulsará una investigación independiente sobre la megaoperación policial que terminó con 121 personas muertas en Río de Janeiro la semana pasada, incluidos cuatro policías.

“Es importante analizar las circunstancias en las que ocurrió”, declaró Lula en la entrevista con la prensa internacional en Belém.

“Estamos llevando adelante esta investigación. Incluso estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses de la policía federal participen en el proceso de investigación de las muertes, cómo ocurrió, porque hay muchos relatos, hay mucha información”, argumentó.

La denominada Operación Contención del 28 de octubre, que tuvo como objetivo a la facción criminal CV (Comando Vermelho) fue la más mortífera de la historia de Brasil .

Las autoridades de Río de Janeiro calificaron la acción de las fuerzas de seguridad de exitosa, y el gobernador Cláudio Castro (PL) afirmó que las “únicas víctimas reales” fueron los policías muertos, alegando que todos los demás fallecidos eran delincuentes.

Con información de NA

JIB

Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para integrar sus políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que dieron un espaldarazo a la cuestionada operación policial del martes que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.

El llamado 'Consorcio de la Paz' le permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales y discutir acciones y estrategias conjuntas de combate al crimen organizado, según explicaron en una rueda de prensa.

“Con el consorcio vamos a integrar (la seguridad pública) con todos los medios: inteligencia, informaciones, contingentes, apoyo financiero, experiencia, materiales... Podemos comprar equipos de forma conjunta, lo que nos permitirá reducir los precios”, explicó el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

La iniciativa reúne inicialmente a los gobiernos regionales de los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los más poblados y ricos del país, así como a los de Brasilia, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná.

Los impulsores del proyecto, todos pertenecientes a partidos de derecha y algunos precandidatos presidenciales, manifestaron que el consorcio está abierto a todos los 27 estados del país.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que la propuesta busca superar la falta de acción del Gobierno nacional, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en la lucha contra el crimen organizado.

“Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a sus autoridades por esa operación que hicieron sin el apoyo de un Gobierno (nacional) que insiste en no combatir la criminalidad e insiste en no considerar como terroristas grupos criminales que controlan territorios, violan la soberanía y usan armamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas”, expresó Zema.

Según el gobernador de Minas, las organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, con ramificaciones en todo Brasil y hasta en países vecinos, ocupan áreas en donde viven un tercio de las familias brasileñas, a las que les cobran tasas ilegales por servicios públicos como luz, agua, telecomunicaciones y transporte.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, dijo que el consorcio será mucho más efectivo contra el narcotráfico que el proyecto de ley de seguridad pública que el Gobierno de Lula impulsa en el Congreso y que, en su opinión, lo único que busca es quitarle la autonomía a los gobiernos regionales para combatir el crimen.

El respaldo a la operación policial del martes contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro en la que murieron entre 121 y 132 personas, según diferentes fuentes, fue unánime entre los gobernadores que acudieron al encuentro en esta ciudad.

Sin embargo, la misma operación ha sido cuestionada por su violencia y mortandad por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo Gobierno de Lula.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, agradeció el respaldo de sus pares en “momentos de presión y de críticas”, y dijo que todos demostraron preocupación con la seguridad de la población brasileña.

Agregó que, tras la operación del martes, Río puede iniciar una retomada de los territorios actualmente ocupados por bandas criminales y servir como “laboratorio” para el resto de los estados.

EFE.

La operación policial del martes contra una poderosa organización de narcotraficantes en Río de Janeiro que dejó entre 121 y 132 muertos, según diferentes fuentes, hasta ahora la más letal de Brasil, no resuelve el problema de la violencia y tan solo anticipa un debate para las elecciones de 2026, según analistas consultados por EFE.

“Todo indica que la operación tiene fuerte marca política y, considerando que no sirve absolutamente para nada en términos de seguridad pública, está al servicio de las próximas elecciones y de gobernantes que quieren vender la falsa idea de que están combatiendo el crimen”, aseguró Julita Lemgruber, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía.

Para esta socióloga y exdirectora del Departamento Penitenciario regional, la operación poco impactó al Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal de Río de Janeiro, que “en pocos días repondrá los 100 muertos”.

La directora ejecutiva del Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), Samira Bueno, coincide en que, sin una medida efectiva para reducir el poder financiero y descapitalizar a esta organización y sin el uso de inteligencia para combatirla, el Comando Vermelho sale ileso y repondrá “rápidamente” a los muertos.

“Por eso, todo indica que la operación fue conducida por la gobernación de Río con el fin de reforzar a los que defienden la matanza de criminales como práctica en la actividad policial”, afirmó.

Para Bueno, el elevado número de muertes no “autoriza a ninguna fuerza política a calificar la operación como exitosa”.

No obstante, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó que, “exceptuando por la muerte de cuatro policías”, la operación “fue todo un éxito” y un “duro golpe al crimen organizado”.

Castro, un político de derecha, fue el primero en politizar la operación al asegurar que las fuerzas regionales tuvieron que actuar solas en el combate al Comando Vermelho debido a que el Gobierno nacional, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, se viene negando a apoyar sus esfuerzos para enfrentar el narcotráfico.

Castro, que destacó el arresto de 113 supuestos narcotraficantes y el decomiso de 93 fusiles, rápidamente recibió el respaldo de otros gobernadores de derecha, varios ya en campaña electoral, mientras que los políticos de izquierda salieron en defensa de Lula, que la semana pasada anunció su intención de intentar la reelección en las presidenciales de octubre de 2026.

Pese a que el número de víctimas confirmó la operación del martes como la más letal en Brasil, superando la matanza de 111 presos en el presidio de Carandirú en octubre de 1992, el asunto se convirtió en disputa electoral y dividió inmediatamente a izquierda y derecha en las redes sociales a solo un año de las elecciones.

El debate ignoró las denuncias de violaciones a los derechos humanos de una operación que se concentró en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas y cuyos habitantes dicen haber sido masacrados.

Según un estudio del Instituto Democracia en Jaque, la operación generó entre martes y miércoles comentarios en redes sociales de 1.262 políticos e influenciadores de derecha, en su mayoría defendiendo la acción, y de 721 de izquierda, en su mayoría calificándola como “matanza” y “fracaso”.

“La operación se transformó en las redes sociales en un campo de batalla narrativo. Mientras que el campo progresista acusa a la gobernación de Río de defender la vieja política de apilar cuerpos, la extrema derecha instrumentaliza la crisis y responsabiliza al Gobierno de Lula”, dijo el director del Instituto, Fabiano Garrido.

Varios comentarios de la derecha recuerdan las declaraciones de la semana pasada en las que Lula calificó a los narcotraficantes como “víctimas”, pese a que el mandatario corrigió después su comentario.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada y liderada por Lula, sintió el golpe y también acudió a las redes para lamentar que los gobernadores, en su intención de atacar al jefe de Estado, “monten un tablado electoral sobre los cuerpos de centenas de muertos y hagan campaña sobre las lágrimas de centenas de madres que aún no enterraron a sus hijos”.

El debate sobre la seguridad ganó fuerza de cara a las elecciones de 2026. Según una encuesta de la firma Genial/Quaest, los electores brasileños consideran la violencia, con un 30 %, es su principal preocupación.

Por Carlos Moreno, para ñla agencia EFE.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles la integración de las diferentes fuerzas policiales del país en una política antidrogas que no deje víctimas, al comentar la operación policial del martes que dejó 121 muertos en Río de Janeiro, la más letal de Brasil.

“Necesitamos de un trabajo coordinado que impacte la espina dorsal del narcotráfico sin colocar policía, niños y familias inocentes en riesgo”, aseguró el líder progresista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Lula, así como varios de sus ministros, afirmó que, más que enfrentamientos violentos en las favelas contra narcotraficantes, el crimen organizado se vence con medidas para descapitalizar estos grupos y reducirles su poder financiero.

“Fue exactamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, que llegó al corazón financiero de una gran organización involucrada en la venta de drogas, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero”, afirmó en referencia a una reciente acción contra el Primer Comando de la Capital (PCC), una importante mafia nacional.

Lula afirmó que Brasil no puede aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a la población y distribuyendo drogas y violencia por las ciudades.

Agregó que, para combatir las organizaciones en un país federativo como Brasil en que la política de seguridad es de responsabilidad de los gobiernos regionales, es necesario unir las diferentes fuerzas policiales del país.

El jefe de Estado aseguró que esa integración de las fuerzas policiales regionales y nacionales para combatir conjuntamente el crimen organizado será posible con la aprobación de un proyecto de ley de Seguridad Pública que el Gobierno presentó a consideración del Congreso.

Sobre la situación específica de Río de Janeiro, afirmó que le pidió a su ministro de Justicia y al director de la Policía Federal que viajaran a esta ciudad para ofrecerle ayuda al gobierno regional.

Precisamente tras el encuentro que tuvo este mismo miércoles con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció la creación de una entidad conjunta de combate al crimen organizado.

La llamada Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado permitirá que las diferentes fuerzas policiales intercambien informaciones y coordinen operaciones conjuntas.

La medida fue anunciada luego de que Castro afirmara que en la operación policial del martes solo participaron fuerzas regionales debido a que el Gobierno nacional se ha negado a colaborar en el combate al narcotráfico en esta ciudad.

La operación tenía por objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho, la más antigua y poderosa organización criminal de Río, pero que tiene ramificaciones en todo el país.

Aunque el gobierno regional de Río de Janeiro solo ha confirmado 121 muertos, incluyendo a cuatro policías, la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, asegura que fueron 132 víctimas.

La operación se desarrolló el martes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a una zona boscosa en los cerros que bordean estas barriadas.

Durante la operación fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a 10 adolescentes, se decomisaron 119 armas y 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

EFE

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por tramar un golpe de Estado, después de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro recibió una condena de 27 años y 3 meses en régimen cerrado por cinco delitos. Para los otros siete reos declarados culpables, el Supremo dictó las siguientes penas, según el grado de participación que cada uno ha tenido en la trama golpista:

Mauro Cid: teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro. Firmó un acuerdo de colaboración judicial. 2 años de cárcel en régimen abierto.

Walter Braga Netto: general de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro, y candidato a vicepresidente en 2022. 26 años de cárcel en régimen cerrado.

Anderson Torres: fue ministro de Justicia con Bolsonaro. 24 años de cárcel en régimen cerrado.

Almir Garnier: almirante y excomandante de la Marina. 24 años de cárcel en régimen cerrado.

Augusto Heleno: general de la reserva del Ejército y exministro de Seguridad Institucional. 21 años de cárcel en régimen cerrado.

Paulo Sérgio Nogueira: general de la reserva del Ejército y ministro de Defensa con Bolsonaro. 19 años de cárcel en régimen cerrado.

Alexandre Ramagem: dirigió la agencia estatal de Inteligencia con Bolsonaro y es diputado, por lo que algunas de las acusaciones en su contra serán analizadas cuando pierda su condición de aforado. 16 años, 1 mes y 15 días en régimen cerrado por tres delitos y la pérdida de su mandato como diputado, lo que tendrá que ser corroborado.

La Primera Sala del Supremo también impuso una multa de 30 millones de reales (5,6 millones de dólares / 4,7 millones de euros) que deberá ser pagada entre los ocho condenados.

Asimismo, inhabilitó políticamente por ocho años a todos los condenados. Bolsonaro ya había sido inhabilitado en 2023, cuando fue condenado en la Justicia Electoral por abuso de poder político en las elecciones de 2022.

EFE

Los aliados del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han acusado a Donald Trump de lanzar “un ataque directo contra la democracia brasileña” después de que el Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema al que se le atribuye haber ayudado a salvar la democracia brasileña de un golpe de Estado de la derecha en 2022.

La controvertida medida estadounidense fue anunciada el miércoles por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco antes de que Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas mediante la firma de una orden ejecutiva “para hacer frente a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil”.

Trump ha atribuido en parte esos aranceles a su indignación por la supuesta “caza de brujas” política contra su aliado ultraderechista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por intentar supuestamente hacerse con el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

Moraes preside el juicio, que se espera que dé lugar a la condena de Bolsonaro a hasta 43 años de cárcel, así como a varias otras investigaciones penales sobre Bolsonaro y su familia.

Al encuadrar las sanciones balo la Ley Magnitsky, Bessent acusó a Moraes de ser “responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y enjuiciamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”. “Alexandre de Moraes se ha erigido en juez y parte en una caza de brujas ilegal contra Estados Unidos y Brasil”, dijo.

Además, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tuiteó: “Que esto sirva de advertencia a aquellos que pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas judiciales no pueden protegerlos”.

Una declaración de la Casa Blanca que confirmó los aranceles del 50% sobre Brasil —aunque con numerosas exenciones importantes, como el petróleo, el zumo de naranja, la madera y los aviones— afirma que son el resultado de “la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores”.

Cientos de seguidores acérrimos de Bolsonaro han sido juzgados y encarcelados por participar en los disturbios de extrema derecha del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, durante los cuales se asaltaron y saquearon la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial.

Las sanciones fueron celebradas por los familiares y seguidores de Bolsonaro, que ven la presión de Estados Unidos como la única forma de ayudar al expresidente a escapar de una dura pena de cárcel y, tal vez, salvar su futuro político. “Los brasileños nunca olvidaremos esta acción vuestra [Rubio y Trump]”, tuiteó el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. El congresista ha pasado las últimas semanas en Estados Unidos presionando a la Administración Trump para que luche por la causa de su padre imponiendo sanciones.

“Hoy tengo la sensación de misión cumplida, pero nuestro viaje no terminará aquí”, prometió Eduardo Bolsonaro en un vídeo en las redes sociales.

Los miembros del Gobierno de Lula denunciaron la medida como una escalada drástica de lo que consideran la cruzada de Trump para socavar la democracia brasileña.

José Guimarães, congresista del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, al que pertenece Lula, calificó las sanciones como “no solo una afrenta a un ministro de la Corte Szuprema, sino también un ataque directo a la democracia y la soberanía brasileñas”.

“No aceptaremos la injerencia extranjera en... nuestro sistema judicial”, escribió Guimarães en X, calificando las sanciones como “el fruto de una conspiración de la familia Bolsonaro contra Brasil”.

Gleisi Hoffmann, una de las principales ministras y una de las aliadas más cercanas de Lula, calificó la medida de Trump como un “acto violento y arrogante” y expresó el “repudio absoluto” del Gobierno a la “absurda” medida.

También hubo críticas por parte de políticos conservadores. João Amoêdo, uno de los fundadores del partido de derecha Partido Novo, calificó las sanciones como “un intento inaceptable de injerencia extranjera en el sistema judicial brasileño”.

Eduardo Leite, candidato presidencial conservador que gobierna el estado de Rio Grande do Sul, dijo que no puede aceptar “que otro país intente interferir” en las “instituciones” de Brasil.

Una ley para abusos de derechos humanos

Las sanciones Magnitsky reciben su nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso especializado en derecho tributario que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras ser encarcelado por denunciar casos de corrupción de alto nivel.

Se han utilizado desde 2017 para sancionar a personas acusadas de participar en graves abusos contra los derechos humanos. Entre los objetivos anteriores se encuentran representantes saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, representantes nicaragüenses vinculados a una represión mortal destinada a mantener en el poder al dictador Daniel Ortega, líderes del Partido Comunista implicados en la represión de miembros de la etnia uigur en el oeste de China y jefes militares de Myanmar implicados en presuntos actos de limpieza étnica.

Amparo señaló que Trump parecía pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos fuera sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a «tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky».

Expertos jurídicos y activistas de derechos humanos expresaron su asombro y consternación por el hecho de que se hubieran utilizado tales sanciones contra un juez de la mayor democracia de América Latina.

Thiago Amparo, profesor de derecho internacional y derechos humanos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, dice que las sanciones ponen de manifiesto “la visión distorsionada de Trump sobre lo que es una violación de los derechos humanos”.

Amparo señala que Trump parece pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos sea sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a “tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky”.

Brasil está en pie de guerra contra el tarifazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gigante sudamericano, el país de la diplomacia cordial que tradicionalmente abre la Asamblea General de la ONU, ha subido el tono contra la amenaza de aranceles del 50% a sus productos por parte de Washington y está protagonizando una dura reacción a las amenazas de Trump.

Sin renunciar a la negociación, el país presidido por Luiz Inácio Lula da Silva anunció que aplicará la Ley de Reciprocidad Económica, que permite tasar los productos estadounidenses con aranceles del mismo valor. Lula, en un discurso contundente en defensa de la soberanía nacional, argumentó que va a tasar a las grandes compañías tecnológicas de EEUU: “Vamos a juzgar y cobrar impuestos de las empresas estadounidenses digitales. No aceptamos que, en nombre de la libertad de expresión, utilicen (las redes sociales) para agredir, para difundir mentiras y para perjudicarnos”.

No obstante, la principal carta de dicha ley brasileña no tiene que ver con tarifas recíprocas, sino con saltarse las patentes estadounidenses. El artículo 71 de la Ley de Reciprocidad Económica permite la violación de patentes en casos concretos, algo que ya ocurrió en 2007, cuando Brasil y África del Sur fabricaron medicamentos genéricos contra el SIDA. “Sectores como el farmacéutico, el químico, el biotecnológico y el tecnológico serán los más afectados, ya que concentran gran parte de las patentes estadounidenses en el país”, aseguró Rafaella Krasinski, abogada de derecho empresarial, a Uol.com.br.

Por otro lado, el intento de Donald Trump de interferir en la justicia brasileña para evitar la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, ha provocado una escalada diplomática en órganos internacionales. El pasado miércoles, Brasil, aparte de criticar el carácter “arbitrario y caótico” del tarifazo de Trump, denunció el intervencionismo estadounidense en una reunión cerrada de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra. “Estamos presenciando un cambio extremadamente peligroso: el uso de tarifas como herramienta para interferir en asuntos internos de terceros países”, aseguró Philip Fox-Drummond Gough, Secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.

Cerco judicial a Bolsonaro

La Justicia brasileña no solo está demostrando firmeza frente al intento de injerencia de Donald Trump, sino que ha redoblado su presión contra la familia Bolsonaro. Paradójicamente, la suspensión del visado a Estados Unidos ocho ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), que llegó tras la orden de instalar una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro, ha reforzado al poder judicial brasileño. Tanto que Alexandre de Moraes, el “superjuez” del Supremo que está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro y en el epicentro de los ataques de Trump, está más cómodo que nunca aplicando mano dura: el pasado martes amenazó con encarcelar preventivamente al expresidente en caso de que siguiera usando redes sociales.

Por otro lado, Alexandre de Moraes bloqueó todas las cuentas y bienes de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que desde marzo se encuentra en Estados Unidos maniobrando contra el Gobierno y la Justicia de Brasil. Por su parte, Paulo Gonet, fiscal general del Estado, ha manifestado que “la actuación coordinada entre Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro para intimidar a las autoridades brasileñas y obstruir el curso de la acción penal” configuran un delito.

La Justicia brasileña también está investigando a Eduardo Bolsonaro por su posible implicación en la filtración de información privilegiada en una acción orquestada de especulación financiera. La Abogacía General del Estado sospecha que el hijo del exmandatario alertó a agentes del mercado financiero unas horas antes del tarifazo de Trump. El pasado 9 de julio, a las 13.30 horas, alguien compró entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, según un reportaje de TV Globo.

El inversor Spencer Hakinian, fundador del fondo de inversión de alto riesgo Tolou Capital Management, denunció que, tras el anuncio de los aranceles contra Brasil y la consecuente desvalorización del real brasileño, el mismo comprador vendió los dólares, con beneficios del 40% o 50%. La filtración de información privilegiada o insider trading es un crimen tipificado entre uno a cinco años de prisión. “Estoy muy contento al ver a Brasil investigando esta actitud sospechosa. Ojalá Estados Unidos fuera lo suficientemente responsable como para hacer lo mismo”, afirmó Hakimian, según Reuters.

Articulación global

La dura intervención de Brasil en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra sorprendió a EEUU con el pie cambiado. Philip Fox-Drummond Gough, representante de Brasil, denunció que el tarifazo unilateral constituye una violación flagrante de los principios fundamentales de la OMC y del comercio internacional. “Las tarifas arbitrarias, anunciadas e implementadas de forma caótica, están desestructurando las cadenas globales de valor y corren el riesgo de lanzar la economía mundial en una espiral de precios altos y paralización”, alertó Gough.

El representante brasileño fue más allá en sus acusaciones, al afirmar que “las negociaciones basadas en juegos de poder son un atajo peligroso para la inestabilidad y la guerra”. El movimiento de Brasil en la OMC recabó de forma inmediata el apoyo de 40 países, entre ellos, algunos de la Unión Europea, los BRICS, Canadá y Australia. El Gobierno estadounidense afirmó que “tomó nota” de las críticas. Por su parte, Brasil ha comunicado que en caso de que Donald Trump cumpla su amenaza de subir los aranceles al 50%, transformará la crítica en denuncia formal en la OMC.

El veterano periodista Luis Carlos Azedo, en un análisis publicado en el Correio Braziliense, refrenda la estrategia diplomática brasileña y su apuesta por el multilateralismo. “Es necesario reducir la dependencia económica de Estados Unidos y reafirmar al país como un actor relevante del Sur Global. Urge reforzar lazos con la Unión Europea, el mundo árabe y los países asiáticos, especialmente con China, India e Indonesia”, apunta Azedo. En su opinión, la adhesión de Brasil a la acción de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es casual.

El estadounidense Paul Krugman, premio Nobel de economía, ha defendido que Brasil debería aplicar tarifas recíprocas en el caso de que se confirmen los aranceles a partir del 1 de agosto. “Las oportunidades de que [Trump] vuelva atrás son mucho mayores si demuestras que tienes agallas y estás preparado para reaccionar, que si ofreces concesiones”, aseguró Krugman en entrevista exclusiva a la BBC News Brasil.

El general retirado del Ejército Mário Fernandes admitió ser el autor de un plan para asesinar en 2022 al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dentro del supuesto intento de golpe de Estado para mantener en el poder a Jair Bolsonaro, informaron medios locales.

Fernandes, quien fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), confesó estar detrás de llamado plan “Puñal Verde y Amarillo” al ser interrogado el jueves en la Corte Suprema, donde avanza el juicio por la intentona golpista después de que Lula da Silva ganara las elecciones en 2022.

El antiguo asesor de Bolsonaro es reo en la causa, al igual que el ex jefe de Estado, quien es acusado de “liderar” el frustrado complot golpista para anular las elecciones de octubre de 2022 e impedir la investidura de Lula, que terminó ocurriendo el 1 de enero de 2023.

La acusación contra el exmandatario está en una fase más avanzada y se espera que el juicio oral se celebre entre septiembre y octubre.

En el caso de Fernandes, el general de la reserva reconoció que imprimió el documento con el plan para asesinar a Lula, el cual rebajó a “un pensamiento digitalizado” y apenas un “estudio de situación”.

Según las autoridades brasileñas, ese plan también incluía secuestrar o matar al hoy vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor de las causas contra Bolsonaro en el alto tribunal.

La investigación indicó que tres copias de ese documento se imprimieron en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, en Brasilia, y que Bolsonaro tuvo conocimiento del mismo.

“Jair Bolsonaro siguió de cerca la evolución del esquema y la posible fecha de su ejecución total”, señaló la denuncia del fiscal general, Paulo Gonet.

Sin embargo, Fernandes aseguró en su interrogatorio, filtrado por medios locales, que no le enseñó, ni compartió con nadie el documento y que, poco después, lo rompió. “Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, apuntó.

En febrero pasado, la Fiscalía denunció a 34 personas por la trama golpista, entre ellos a Bolsonaro, a quien acusó de ser el “líder” de la organización con el apoyo de antiguos ministros y militares de alto rango.

El exmandatario de 70 años niega que intentara dar un golpe y sostiene que solo buscó “alternativas” dentro de la Constitución, tras ser derrotado por Lula en los comicios de 2022.

EFE

El periodista, profesor universitario, exdiputado y activista político brasileño Jean Wyllys (Alagoinhas, Brasil, 1974) se vio obligado a salir de Brasil en 2019 tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Destacado promotor de los derechos LGTBI, la homofobia rampante del expresidente brasileño y sus huestes lo forzaron a un exilio que en los últimos años ha pasado en Barcelona. Allí ultima ahora una tesis doctoral sobre la desinformación en las plataformas digitales cuya esencia ha vertido en un libro, Falsolatria, todavía pendiente de traducción al español.

Wyllys viaja en los últimos meses entre Barcelona y Madrid tratando de articular una red iberoamericana de periodistas que plante cara a la “internacional fascista” que se mueve a sus anchas por las redes sociales, silenciando al disidente. Recibió con alegría la noticia del procesamiento de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula da Silva —un procedimiento judicial que Donald Trump quiere revertir a través del chantaje económico con una guerra comercial—, pero advierte de que la celebración no será total hasta que el ultraderechista esté “condenado y preso”.

–Para su trayectoria el procesamiento de Bolsonaro fue muy simbólico. ¿Cómo le hizo sentir?

–Muy feliz. De entrada, es la primera vez que notamos una especie de aurora de la justicia. Los criminales por fin están siendo tratados por la justicia como tales. Ya no solo es que se procesara a Bolsonaro, sino también al núcleo central del golpe, en el que estuvieron implicados militares de alto rango.

El Gobierno Bolsonaro, que se instaló en 2019, era un gobierno militar disfrazado de gobierno civil. Tenía muchos más militares que los gobiernos de la dictadura militar. Así que estamos de celebración, pero no será total hasta que esté detenido, condenado y preso. Bolsonaro solo ha sido procesado por tentativa de golpe de Estado y abolición del Estado de derecho, pero sus otros crímenes aún no se han juzgado.

Además del golpe, de toda la violencia, de intentar abolir el Estado de derecho y atentar contra la democracia; de amenazar y acosar a las autoridades de la República; de involucrarse en un plan de asesinato de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin; además de todo eso, su gobierno cometió un crimen contra la humanidad: fue negacionista de la pandemia de la Covid-19. La negaba al tiempo que estimulaba el contagio. Y su ministro de sanidad [Eduardo] Pazuello fue un incompetente que tardó en comprar la vacuna y, cuando lo hizo, se vio involucrado en corrupción. Eso llevó a la muerte de 700.000 persoas. Aunque Brasil sea un país continental, eso es mucha gente.

Lamentablemente, y en eso Lula tiene algo de culpa, no hemos logrado construir liderazgos fuertes que pudiesen garantizar su legado

–Su autoexilio, por así llamarlo, también está vinculado a las amenazas que sufrió cuando Bolsonaro accedió al poder. Entiendo que ha sido un alivio.

–Es un alivio, pero yo no lo considero un autoexilio. Yo no quería salir de Brasil. Me lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2018, que fue un año terrible. Yo suelo decir, parafraseando el título del libro sobre 1968 del periodista Zuenir Ventura, que 2018 fue el año que no terminó. Fue el año en que Lula fue arrestado injustamente, Marielle Franco fue asesinada y los fascistas emprendieron una campaña de acoso y violencia contra sus adversarios con la complicidad de las plataformas de medios sociales.

Así que tuve que marcharme para seguir vivo. Y ahora es muy importante que esas personas sean castigadas, a mí me daría más seguridad para volver a mi país, aunque en España y en Catalunya me hayan recibido muy bien.

–¿Se plantea regresar a la militancia partidaria?

–En este momento, no. Aún sigo muy herido, con muchos traumas, aunque me pidan que me presente en 2026.

–¿Sería por el PT [Partido de los Trabajadores]?

–Sí. Yo pertenecía al PSOL [Partido Socialismo y Libertad], pero lo dejé, sin que hubiese una pelea, cuando Lula recuperó los derechos políticos al salir de prisión. Me sentí en la obligación ética y política de rehabilitar su imagen, porque no teníamos a otra persona para derrotar a Bolsonaro. Otras personas hicieron lo mismo después. Llevé a cabo una campaña internacional en la que invité a Ada Colau, que entonces era alcaldesa de Barcelona, a Geneviève Garrigos, de Amnistía Internacional, y a Dilma Rousseff, entre otros.

–Lula es una figura determinante, pero ya tiene una edad. Cuando desaparezca, ¿habrá un movimiento detrás que sostenga los avances o hay un riesgo de retroceso?

–Lamentablemente, y en eso Lula tiene algo de culpa, no hemos logrado construir liderazgos fuertes que pudiesen garantizar su legado. Me preocupa mucho que sigamos dependiendo tanto de él. Está envejeciendo y no tiene la energía de antaño. Si vuelve a ser candidato, por supuesto que lo votaré, pero me gustaría que fuese otro candidato que él avalase, como Marina Silva [actual ministra de Medio Ambiente] o Simone Tebet. Si el PT apoyase una candidatura con la dupla de Tebet y Geraldo Alckim o Marina Silva y Eduardo Paes, el alcalde de Río de Janeiro, que es un hombre de gran habilidad política, sería lo ideal porque evitaríamos entregar Brasil a la extrema derecha e incluiríamos en el gobierno a un centro derecha civilizado, una cierta derecha no fascista.

–Ha señalado que la política española se parece más a la de Brasil que a la de Portugal. ¿A qué se refiere?

–Encuentro similitudes sobre todo por una falta de luto y de memoria, de encarar el pasado y los traumas. En el caso de España, una guerra civil, que da como resultado una dictadura larguísima. En el nuestro, sucesivos golpes militares. Brasil es una República creada por militares, que desde entonces han sido un factor de inestabilidad política.

Aparte de que en España sigan teniendo rey, lo que para los latinoamericanos y en el sur global resulta muy extraño, la política brasileña se parece mucho a la española. Se ve en el radicalismo político de sectores de la izquierda que rechazan dialogar con una izquierda más pragmática; por ejemplo, cuando la CUP intenta perjudicar al gobierno socialista, o los errores cometidos por Pablo Iglesias. Veo un paralelismo entre el PSOE y el PT.

Los medios de comunicación y el entorno de la comunicación están sufriendo una serie de mutaciones que han llevado a la destrucción de la esfera pública, lo que Hannah Arendt llamaba el mundo común

Luego está el tema de la memoria y la verdad. Ustedes no han formado una verdadera comisión de trabajo sobre la memoria y la justicia de la Guerra Civil y el franquismo, de modo que el franquismo siempre asoma como un fantasma, no como un espectro en el sentido marxista sino en el shakespeariano. Esto es muy parecido a lo que pasa en Brasil, donde se organizó un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff cuando intentó crear una comisión de memoria y justicia.

–Para su último libro ha creado un neologismo, Falsolatría, que sería la idolatría de lo falso.

–Este libro recoge las principales ideas de mi tesis doctoral. Los medios de comunicación y el entorno de la comunicación están sufriendo una serie de mutaciones que han llevado a la destrucción de la esfera pública, lo que Hannah Arendt llamaba el mundo común, en el que un mensaje llegaba a las multitudes. Ahora estamos ante una gran cantidad de medios que ya no configuran una única esfera pública, sino espumas, por usar la imagen del filósofo Peter Sloterdijk.

Esto tiene tres vertientes: la concentración mediática, en la que unas pocas personas controlan toda la comunicación mundial, el surgimiento de Estados-Plataforma por encima de los Estados nacionales, a los que tratan de imponer sus propias reglas, y el propio capitalismo, transformado en capitalismo de la vigilancia, como lo llama Soshana Zuboff, donde toda la información consultada en los teléfonos se recoge y convierte en una mercancía, además de captar constantemente nuestra atención.

Los hechos ya no importan. La gente vive en burbujas en las que consumen desinformación. La inteligencia artificial ha sido entrenada para construir imágenes falsas, de forma que la gente ya no sabe lo que es noticia y lo que es opinión, o que la cámara del teléfono mide cuanto tiempo pasamos atendiendo a determinada información para saber lo que nos interesa.

Ese es el ambiente que yo llamo de falsolatría, que es típico de períodos de crisis, como lo fue la caída del Imperio Romano o la Segunda Guerra Mundial. En esas situaciones hay dos emociones políticas que se vuelven importantes: el miedo y el odio. La extrema derecha sabe esto, y manipula esas emociones con la complicidad de los Estados-Plataforma. Meta, Amazon, X, saben muy bien que este es el combustible de la audiencia.

–Su militancia inicial estuvo muy vinculada a la lucha por los derechos LGTBI y contra el racismo. Pasados estos años, ¿cuál cree que es el principal reto ahora? ¿Estamos en riesgo de regresión? En su experiencia en España, ¿cree que existe una cierta negativa a reconocer que existe discriminación?

–Además del cambio mediático, las mutaciones del capitalismo, la conexión cada vez mayor entre hombre y máquina —vamos camino del cyborg— provocan una cierta ansiedad generalizada. A alguien que haya vivido toda la vida bajo el binarismo y la división sexual, el encontrarse con un hombre trans que es gay y hace porno gay, le provoca ruido en la cabeza, en sus clichés. No lo entiende. Estas transformaciones inevitables —no hay fascismo que pare la rueda del tiempo— generan inseguridad frente al futuro, frente a ese mundo que se acaba.

La extrema derecha se aprovecha de esto, de modo que la comunidad LGTBI vuelve a ser blanco de este pánico moral. Aunque los derechos de los gays y lesbianas empiezan a estar más o menos asentados —no así los de las personas trans— es posible que se produzca una embestida en contra. Pero ninguna ofensiva va a detener los cambios.

Respecto a España, además de que hay mucha más seguridad —Brasil sigue siendo el país donde más gente muere por ser LGTBI—, no está tomada por un fenómeno que en Brasil es determinante del retorno conservador y reaccionario, que es el de las iglesias neopentecostales evangélicas. Creen que son el pueblo elegido y que tienen que convertir a todos, pero como saben que solo con el proselitismo no lo lograrían, están tomando las estructuras de poder para tratar de convertir las leyes que son universales para que se correspondan con sus dogmas religiosos: prohibir el aborto y el matrimonio igualitario, aprobar terapias de conversión.

–Usted ha dicho en alguna ocasión que esos grupos habían proliferado tanto en Brasil porque dotaban a las comunidades de unos espacios sociales que no existían, que el Estado no proveía.

–Nacen de la necesidad humana de estar juntos y dar sentido a la vida. Brasil es un país mayoritariamente católico y durante mucho tiempo los evangélicos estuvieron perseguidos, hasta la Constitución de 1946. Ahora son ellos los grandes perseguidores de las religiones minoritarias. Hay barrios enteros de Río de Janeiro controlados por narcotraficantes evangélicos que expulsan a personas de otras religiones.

La subjetividad de secta pervierte el lenguaje para decir que la libertad de expresión es libertad para ofender a las minorías. Es un despropósito. La derecha se ha apropiado de palabras y expresiones como esta, o como la de exilio, que el hijo de Bolsonaro usa ahora para señalar su situación, cuando si se ha ido de Brasil a EEUU es para conspirar contra el Tribunal Supremo.

–Es como un reflejo tenebroso de su propio proceso.

–Exacto. Se apropia de una experiencia dolorosa como la mía para decir que está en el exilio cuando vive en una mansión, tiene negocios en EEUU y nunca ha dejado de ser diputado. Pero dice que Brasil vive en una dictadura judicial. Es la mentira deliberada y amenaza el pacto social.

–La extrema derecha se está internacionalizando con luchas y discursos comunes. Sin embargo, no hay una respuesta unitaria de la izquierda. ¿Qué se puede hacer?

–Para esto estamos aquí. Estamos intentando crear una plataforma de debate periodístico y político que implique a España, Portugal y el mundo iberoamericano porque tenemos que articularnos contra la internacional de extrema derecha. En 2019 estaba en Alemania con la filósofa Marcia Tiburi, que fue la primera en señalar esto en la fundación Rosa Luxemburgo: hay una internacional fascista. Por ejemplo, Eduardo Bolsonaro fue a EEUU a conspirar con Steve Bannon para articular digitalmente a la extrema derecha en toda Latinoamérica. Utilizar los métodos de mentira, de acoso, enviar a bots en los comentarios en redes, practicar el lawfare para silenciar a la disidencia política...

–Hay un vínculo transatlántico.

–Sí. Por ejemplo la diputada brasileña Bia Kicis tiene relación directa con la extrema derecha de Hungría, de Ucrania, de Rusia y con la de Abascal en España. La extrema derecha está conectada y utiliza la tecnología para impedir las disidencias y cambiar el mundo a su imagen y semejanza.

–Para terminar, quería remontarme a su salto a la fama, cuando participó en el programa Gran Hermano en Brasil. Dijo en su día que había entrado en el concurso para hackear el sistema e introducir una serie de temas que no se trataban públicamente.

–Hace ya 20 años de aquello. La verdad es que entré por un interés académico. Era un programa de mucha audiencia, pero muy criticado en los cuadernillos de cultura de la prensa. Yo, que vengo de la clase obrera, tengo otra perspectiva y creo que las estratificaciones culturales sirven para justificar privilegios. Fue la primera vez que un hombre gay dijo con orgullo en la televisión brasileña que era gay. Después de eso, el desfile del orgullo LGTB llegó por primera vez a un millón de participantes. Fue una revolución. Yo sabía que pasaría, lo que no sabía es que iba a ganar [risas].

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró públicamente que se comunicó telefónicamente con la expresidenta argentina, Cristina Kirchner, luego de que se confirmara su detención domiciliaria en el marco de la causa Vialidad, y que la exmandataria rompió en llanto durante la conversación.

En una entrevista concedida al podcast “Mano a Mano”, conducido por el rapero brasileño Mano Brown, Lula compartió detalles de su conversación con Fernández.

“El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”, manifestó el mandatario brasileño.

Esta declaración tuvo repercusión inmediata en Buenos Aires, donde se han evidenciado crecientes tensiones entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Brasil. La situación se presenta en un momento crucial, ya que Lula tiene previsto llegar a Argentina en los próximos días para asistir a la cumbre del Mercosur, programada para el 3 de julio.

En este evento, Milei, como presidente pro témpore del bloque regional, deberá ceder la presidencia a su homólogo brasileño. Aún no se ha confirmado si la agenda de la cumbre incluirá una reunión bilateral entre ambos presidentes.

Este episodio evocó el viaje que realizó Alberto Fernández en 2019, durante su campaña presidencial, cuando visitó a Lula en la prisión de Curitiba, donde el líder brasileño cumplía una condena por corrupción.

Aquella imagen fue interpretada en su momento como una muestra de alineamiento con los gobiernos progresistas de la región. En el presente, los roles parecen invertirse, con Lula en libertad y ejerciendo la presidencia, mientras que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra condenada y bajo arresto domiciliario.

La expresidenta utilizó su cuenta de la red social X para cuestionar el régimen de visitas impuesto bajo su prisión domiciliaria. Señaló que se exige una autorización previa del Tribunal para cualquier persona que desee visitarla y que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, publicó la expresidenta.

La situación generó un clima de expectativa ante la próxima llegada de Lula da Silva a Argentina y la incertidumbre sobre los posibles encuentros bilaterales en el marco de la cumbre del Mercosur.

MU con información de la agencia NA

A finales de 1989, cuando Mijaíl Gorbachov comandaba los rumbos aperturistas de la Unión Soviética, el Parlamento terminó su sesión antes de lo habitual para que los diputados vieran el final de la telenovela brasileña La esclava Isaura. La historia de aquella esclava brasileña del siglo XIX causó tanto furor que terminó modificando el idioma ruso. Fruto del doblaje, los rusos escuchaban con frecuencia fazenda (hacienda), palabra que incorporaron a su idioma como sinónimo de “propiedad rural”.

36 años después del éxito de Isaura, la economía agropecuaria del universo de la fazenda es el motivo oficial esgrimido por Luíz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, para justificar el primer viaje a Rusia de su actual mandato.

Brasil exporta a Rusia principalmente café, carne (bovina y aviar) y tabaco. Importa adobe, fertilizantes y diésel, claves para el sector agropecuario, versión industrial de la fazenda. “Queremos reequilibrar nuestra balanza comercial con Rusia”, aseguró Eduardo Saboia, secretario para Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, al periódico O Globo.

En 2024, el saldo fue de 9.500 millones de dólares negativo para Brasil. Como efecto colateral de los aranceles proteccionistas de Donald Trump, las exportaciones brasileñas a Rusia aumentaron en el primer trimestre de 2025 un 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Gobierno de Brasil. La presencia de Alexandre Vieira (ministro de Minas y Energía) y de Luciana Santo (ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación) en el viaje de Lula revelan el aspecto económico del mismo.

Brasil como mediador entre Rusia y Ucrania

El viaje de Lula a Moscú tiene otro motivo menos visible: recolocar a Brasil como mediador de la guerra en Ucrania. En septiembre del año pasado, China y Brasil lanzaron en la ONU el Grupo de Amigos de la Paz para buscar una solución pacífica al conflicto. Los intentos brasileños de mediación fueron, hasta el momento, en balde. Volodímir Zelenski exigió una postura más enérgica de Brasil frente a Rusia e intentó, sin éxito, comprar armas al país sudamericano. La mediación de Lula parece difícil tras el ataque de drones contra Rusia lanzado por Ucrania la madrugada del 6 de mayo, un día después de que Janja da Silva, primera dama de Brasil, llegara a Moscú.

Tres días antes del ataque de drones ucranianos, Zelenski declaró que no podía “garantizar la seguridad” de los líderes internacionales que participarán el 9 de mayo en la celebración de los 80 años de la victoria de los aliados contra las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Desde la invasión rusa de Ucrania, el Día de la Victoria dejó de ser una jornada de concordia internacional. En 2006, con Putin ya en el poder, acudieron el presidente estadounidense, George W. Bush, el francés, Jacques Chirac, y el alemán, Gerhard Schröder, así como el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi.

El hecho de que Lula y el presidente chino, Xi Jinping, vayan a estar al lado de Putin en Moscú el próximo viernes emborrona la imagen de aislamiento de Rusia, algo que irrita a las voces prooccidentales. Konstantin Eggert, periodista ruso exiliado en Lituania, acusa a Lula de ser cómplice de los crímenes de guerra rusos en un duro artículo en el periódico Folha de São Paulo: “Putin necesita a personas como Lula, los sudafricanos y otros fantoches del Sur Global para reforzar su propaganda”. Eggert denuncia en su texto la presencia en el evento de líderes autoritarios, como el venezolano Nicolás Maduro.

Para Angelo Segrillo, profesor de Historia de la Universidad de São Paulo (USP) y especialista en Rusia, la presencia del brasileño en Moscú no significa apoyo incondicional a Putin. “Lula no quiere alinearse solo con un campo. No quiere alejarse de Estados Unidos y de otros países occidentales, pero tampoco perder lo que considera el tren del futuro, los BRICS de China y Rusia”, dice a O Globo.

La presencia de Xi Jinping en el Día de la Victoria, así como la cuarta reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Foro China-Celac que se celebra en el país asiático los días 12 y 13 de mayo, refuerza el eje Brasilia-Pekín. Si la economía, el deseo de multilateralismo, la aspiración a ser mediador de paz y la presidencia brasileña de los BRICS durante 2025 son los motivos visibles de la visita de Lula a Moscú, la reubicación del Sur Global en la geopolítica internacional es el leitmotiv de fondo.

El 18 de febrero de 2024, Lula realizó una encendida defensa del Sur Global en Etiopía, durante su visita a la 37ª Cumbre de la Unión Africana: “Ya fuimos conocidos como países pobres, como países del tercer mundo, como países subdesarrollados, como países en desarrollo. Ahora somos la economía del Sur Global. Queremos darnos una oportunidad para hacer que el Sur Global, que tiene parte de lo que el mundo necesita, pueda ocupar su lugar en la economía, en la política y en la cultura”.

China abraza a América Latina

La IX cumbre de la CELAC, celebrada en abril en Honduras, tuvo un indiscutible sabor chino. Mientras Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, declaraba que América Latina es el “patio trasero” que Trump tiene que recuperar, China mandó una nutrida delegación al encuentro hondureño. Qu Yuhui, diplomático veterano que trabajó en Brasilia, mantuvo reuniones bilaterales con la mayoría de los 33 países presentes en la cumbre.

Por si fuera poco, el propio Xi Jinping tendió un brazo a la región, al enfatizar que las relaciones entre China y América Latina “resistieron a los cambios en el escenario internacional y entraron en un nuevo momento de igualdad, beneficio mutuo, innovación, apertura y mejoras tangibles para las personas”. El guante estaba echado. La diplomacia brasileña hizo el resto: convenció a los miembros de la CELAC para celebrar la cuarta reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Foro China-Celac en Pekín.

De momento, tres presidentes latinoamericanos confirmaron su participación: Lula, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric. Petro, además de ejercer la presidencia pro tempore de la CELAC, embarca con el objetivo de unirse oficialmente a La Franja y la Ruta, proyecto económico creado por China para consolidar sus inversiones en infraestructuras por el mundo, conocido como Nueva Ruta de la Seda.

Aunque Lula se resiste a formar parte de La Franja y la Ruta, el eje Brasilia-Pekín es una prioridad de su Gobierno. En noviembre de 2024, después de la cumbre de líderes del G20, China y Brasil firmaron 37 acuerdos de cooperación, que incluían las áreas de tecnología, agropecuaria y educación. Lula y Xi Jinping prevén lanzar la semana que viene una declaración conjunta a favor del multilateralismo y de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.

Como preámbulo al foro de la CELAC en Pekín, Brasil envió la semana pasada una delegación de alto nivel a China. Brasil aspira a que algunas de las principales empresas del país, incluyendo la gigante petrolera Petrobrás, tengan sede en el país asiático. También pretende negociar una mayor exportación de soja a China, primer socio comercial de Brasil. Como contrapartida, el gigante sudamericano está ofreciendo participación china en la construcción de 25 navíos petroleros, así como contratos para proyectos de infraestructura, incluyendo trenes y metros.

La reunión de la CELAC abordará algunos desafíos latinoamericanos. La Ferrovía Bioceánica, que pretende unir Brasil al océano Pacífico peruano, está entre los principales puntos de la agenda. La infraestructura portuaria de Chancay, financiada por China, fue inaugurada el año pasado y aspira a convertirse en el mayor puerto de exportación de América Latina.

Otro asunto crucial del encuentro en Pekín tiene que ver con las “tierras raras”, término usado para aquellas que poseen algunos de los 17 minerales imprescindibles para la industria tecnológica. América Latina, con Chile y Brasil como estandartes, se convirtió en una potencia de dichos minerales, cuyo control mundial está en manos de China. La región, en la que operan tanto empresas chinas como norteamericanas, podría inclinarse tras el foro de Pekín hacia uno de los dos.

A finales de abril, durante la visita oficial el presidente Boric a Brasil, Lula aseguró que la geopolítica no se fragua con “momentos aislados”, sino con una estrategia a largo plazo. Por ello, Lula se ofreció a mediar entre Boric y Xi Jinping para conseguir una reunión bilateral Chile-China durante el foro de la CELAC. Además, invitó a Boric a la cumbre de los BRICS del próximo julio en Río de Janeiro. La alfombra roja está tendida para Chile, país con tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, en el universo geopolítico de los BRICS.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió hoy el alta médica, tras permanecer internado durante tres semanas en un hospital de Brasilia. Horas antes, había expresado su agradecimiento en la red social X, atribuyendo su recuperación a un “milagro”.

El ex mandatario ingresó al hospital el 11 de abril tras experimentar fuertes dolores abdominales y permaneció 17 días en la unidad de cuidados intensivos después de la cirugía, antes de ser trasladado al área de internación.

El alta de Bolsonaro se produce en un momento crucial, ya que se acerca la fecha del juicio en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado al final de su mandato (2019-2023).

El Supremo Tribunal Federal decidió enjuiciar al exmandatario a finales de marzo, y la fiscalía lo acusa de liderar un complot para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

Este juicio marca un hito histórico, siendo el primero en el que un expresidente es acusado de un intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

En un mensaje en sus redes sociales, Bolsonaro agradeció al equipo médico y afirmó regresar a su hogar “renovado”.

Además, anunció que su “próximo desafío” será asistir a una manifestación política el próximo miércoles en Brasilia.

Esta demostración pública tiene como objetivo recabar apoyo para un proyecto de amnistía en el Congreso, destinado a los condenados por el asalto a las sedes de los poderes político y judicial en enero de 2023, perpetrado por militantes bolsonaristas.

Bolsonaro fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas en los últimos años, como consecuencia del ataque con cuchillo que sufrió en septiembre de 2018, durante un acto de campaña previo a su victoria en las elecciones presidenciales.

MU con información de agencia NA

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó este martes al primer ministro canadiense, Mark Carney, por la victoria de su partido en las elecciones legislativas y le instó a avanzar en un acuerdo comercial con el Mercosur.

“Estamos interesados en avanzar en las negociaciones de un acuerdo comercial entre Mercosur y Canadá para diversificar y ampliar nuestros intercambios”, dijo Lula en un mensaje oficial.

Las negociaciones entre Canadá y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, iniciadas en 2018, se retomaron en 2023 después de un hiato de tres años motivado por la pandemia.

En su mensaje de felicitación, Lula deseó a Canadá que la victoria del Partido Liberal suponga el inicio de “un nuevo ciclo de prosperidad” y lo invitó a Carney a trabajar para “fortalecer” las relaciones bilaterales y las democracias de ambos países.

En ese sentido, manifestó que Brasil quiere profundizar su cooperación con Canadá “en áreas de interés mutuo, como la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático”.

El Partido Liberal de Carney ganó las elecciones legislativas celebradas el lunes en Canadá, aunque tras horas de escrutinio es cada vez más evidente que tendrán que gobernar en minoría.

Cuando Carney pronunció su discurso, casi cinco horas después de que cerraran los colegios en las provincias de Ontario y Quebec -donde se decide siempre el resultado por la acumulación de población y de escaños-, las proyecciones daban al Partido Liberal 167 escaños -la mayoría absoluta está en 172-, frente a 145 de los conservadores.

EFE.

IG

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este jueves la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, de quien dijo que “no es el sheriff del mundo”, y amenazó con “reciprocidad” ante los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre las importaciones de acero brasileño.

En una rueda de prensa ofrecida en Tokio durante su visita de Estado, el mandatario señaló que Brasil tiene “dos decisiones por tomar” en respuesta a dichos aranceles del 25 % que entraron en vigor este mes: la primera es recurrir a la Organización Mundial del Comercio, y si esto no da resultado, “recurrir a otras herramientas”.

Lula mencionó en concreto la opción de “subir las tasas sobre los productos estadounidenses” importados por Brasil, lo que definió como “poner en práctica la ley de reciprocidad”.

“Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio, pensando que solo ellos pueden imponer aranceles”, dijo el mandatario.

“Preocupación” por política de EEUU y defensa del multilateralismo

“Estoy muy preocupado por la política del Gobierno estadounidense por esos aranceles a todos los productos y de todos los países”, dijo Lula en su comparecencia ante los medios en Tokio al término de su visita, al ser preguntado por los nuevos aranceles del 25 % para todos los automóviles que importa EE.UU. desde el próximo 2 de abril anunciados en la víspera por Trump.

“Estoy preocupado porque el libre comercio es el perjudicado, porque el multilateralismo está siendo derrotado, y estoy preocupado porque el presidente estadounidense no es el sheriff del mundo, es solo el presidente de los Estados Unidos”, subrayó el mandatario progresista.

En lugar de imponer “medidas unilaterales”, Lula considera que sería más apropiado “conversar con otros líderes” para acordar políticas de precios beneficiosas para todas las partes.

“Sinceramente, no sé cuál es el beneficio de aumentar un 25 % los aranceles para los coches comprados a Japón”, dijo el mandatario brasileño sobre el país asiático, uno de los que se verá más golpeado por las nuevas medidas comerciales estadounidense dado el peso de su industria automotriz.

“Lo único que va a conseguir es que los coches salgan más caros para los consumidores estadounidenses y aumentar la inflación”, dijo Lula, quien señaló también el riesgo de que el encarecimiento de los precios derive en una contracción económica.

Lula llegó el pasado lunes a Japón para una visita de Estado de cuatro días que concluye hoy para poner rumbo a Vietnam, donde tiene previsto reunirse a partir del viernes con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y con el presidente vietnamita, Luong Cuong.

En una cumbre celebrada en la víspera con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, ambos líderes acordaron poner en marcha iniciativas conjuntas de descarbonización y estrechar sus lazos comerciales, con un futuro acuerdo de libre comercio entre el país asiático y el Mercosur en el horizonte y en el contexto actual de guerra comercial y negacionismo climático.

Durante su visita, el mandatario brasileño ha recalcado el mensaje de que la democracia, el libre comercio y el multilateralismo están en peligro a nivel global ante el auge del proteccionismo, el autoritarismo o la “nueva guerra fría” entre Estados Unidos y China.

EFE.

IG