Mientras el fuego vuelve a arrasar bosques y viviendas en la Patagonia, una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes del ámbito académico, científico y cultural, denunció que el Gobierno de Chubut y el Gobierno nacional recurren a la estigmatización del pueblo mapuche para eludir su responsabilidad política frente a los incendios forestales. El pronunciamiento, difundido tras los focos registrados en El Hoyo y Epuyén, reunió cerca de 10 mil firmas en menos de 24 horas.

El documento cuestiona con dureza las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades nacionales que atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la intencionalidad de los incendios a comunidades mapuche. Para las organizaciones firmantes, no se trata de un hecho aislado sino de un patrón reiterado: ante cada incendio de magnitud, se construyen culpables sin evidencia, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial ni avances reales en investigaciones que respalden esas acusaciones.

Lejos de aportar claridad, advierte el texto, este tipo de señalamientos vulnera principios básicos del Estado de Derecho y funciona como una estrategia política para desviar la atención del problema central: la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, manejo del fuego y protección ambiental. “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”, resume el pronunciamiento.

Las organizaciones subrayan, además, que determinar la intencionalidad de un incendio forestal es una de las tareas más complejas de la ciencia forense a nivel mundial, y que hacerlo de manera responsable requiere procedimientos científicos rigurosos y equipos especializados. En ese sentido, contrastan la complejidad técnica del problema con la “ligereza” de los discursos oficiales que, según denuncian, optan por el atajo del racismo antes que por asumir responsabilidades institucionales.

El documento sostiene que esta construcción de enemigos internos impide debatir las verdaderas causas estructurales de la crisis ambiental en la región: el abandono estatal en prevención y restauración, la precarización de brigadistas, la falta de inversión sostenida, la promoción del monocultivo de pinos, la concentración y extranjerización de la tierra y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques nativos. Factores conocidos, advertidos durante años y agravados por el contexto de emergencia climática.

En ese marco, las personas y organizaciones firmantes exigen investigaciones serias, información pública responsable y políticas integrales que contemplen prevención, combate del fuego y restauración de los territorios afectados. Señalan que los incendios no son hechos imprevisibles, sino fenómenos recurrentes cuya magnitud aumenta por decisiones políticas —o por su ausencia—.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones de amplia trayectoria como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, Innocence Project Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación de Abogados Ambientalistas, ATE Capital, No a la Mina, la Confederación Mapuche de Neuquén y muchas otras. También adhieren reconocidas figuras del ámbito político, académico, científico y cultural, entre ellas Myriam Bregman, Dora Barrancos, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Maitena, Darío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Roberto Salvarezza y Moira Millán.

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Gobierno volvió a poner en marcha la segunda etapa de su agenda legislativa. Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal ya aprobados, el objetivo es claro y tiene fecha: reunir los apoyos necesarios para sancionar la reforma laboral, cuyo debate está previsto para febrero. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó esta semana una gira por las provincias que tendrá al menos diez paradas durante enero y que arrancó este miércoles en Chubut, con una reunión con el gobernador Ignacio Torres.

La visita tuvo un doble objetivo. Por un lado, avanzar en la reconstrucción de consensos políticos con los mandatarios provinciales para allanar el camino legislativo de la reforma. Por otro, mostrar gestión en territorio: Santilli y Torres recorrieron El Hoyo, uno de los puntos más críticos por los incendios forestales, para observar los dispositivos conjuntos que Nación y provincia están implementando frente a la emergencia.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el gobernador Torres, Santilli puso el foco en la crisis ambiental que atraviesa la región cordillerana y respaldó de manera explícita el accionar provincial frente a los incendios intencionales. “Estamos frente a hechos de una gravedad absoluta”, afirmó el ministro, al advertir que ya se perdieron más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, con impacto directo sobre los ecosistemas, la propiedad privada y la actividad turística.

En Chubut, Santilli sostuvo que “no se puede tolerar la destrucción deliberada del patrimonio de familias enteras” y reclamó “tolerancia cero” para quienes utilizan el fuego como herramienta criminal. En ese marco, pidió que la Justicia “vaya a fondo contra los criminales que destruyen el medio ambiente”, en un mensaje que buscó combinar respaldo político y presencia territorial.

Diez provincias

El cronograma todavía está en diseño fino, pero desde el Ministerio del Interior confirmaron que la idea es concretar al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. En carpeta aparecen Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como primeras paradas, en función de la disponibilidad de los mandatarios y del equilibrio político que busca construir el Ejecutivo. “Santilli está llevando a cabo una gestión extraordinaria, al igual que todo el ala política”, lo elogió el presidente Javier Milei este martes en una entrevista con Neura.

El caso chubutense no es menor. Aunque Torres comparte espacio partidario con el ministro, su vínculo con la Casa Rosada fue zigzagueante. Durante el debate del Presupuesto 2026 en el Senado, el gobernador insistió con el reclamo por una deuda superior a los 51.000 millones de pesos que ANSES mantiene con la provincia y anticipó que podría judicializar el conflicto ante la Corte Suprema. Aun así, en Balcarce 50 interpretan que el diálogo sigue abierto y que Chubut puede ser una pieza clave en el esquema de apoyos.

Ese despliegue territorial de Santilli también es leído en la Casa Rosada en clave interna: la negociación con los gobernadores se volvió un terreno sensible en la disputa de poder puertas adentro. La última sesión exitosa en el Senado dejó, junto al triunfo legislativo, un mensaje silencioso pero filoso del entorno de Karina Milei, que se ocupó de remarcar que Santiago Caputo no había sido parte de las tratativas con los mandatarios provinciales.

El señalamiento buscó fijar autorías y límites en un gobierno atravesado por tensiones, reforzando la centralidad de la arquitectura política que responde a la hermana del Presidente y al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Desde el círculo del asesor presidencial, en cambio, leyeron ese reordenamiento como un movimiento pragmático: dejar las conversaciones en manos de Santilli y de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich para bajar tensiones internas y aceitar el vínculo con gobernadores de cara a la reforma laboral.

Reforma laboral

En el oficialismo reconocen que, pese al receso estival, el tiempo apremia. El proyecto de reforma laboral todavía presenta diferencias sensibles, especialmente con algunos gobernadores aliados y con el sindicalismo, que mira con recelo varios artículos del texto impulsado por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Por eso, Santilli buscará reactivar el diálogo no solo con los mandatarios de mejor vínculo, sino también con aquellos que quedaron afuera de la primera ronda de contactos que desplegó tras asumir en noviembre. En ese esquema aparece incluso el puntano Claudio Poggi, pese a que no cuenta con legisladores propios en el Congreso.

En paralelo, la Casa Rosada evalúa llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantarlo al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el inicio de febrero. La definición dependerá del pulso político que logre marcar Interior en las próximas semanas.

Mientras tanto, según pudo saber elDiarioAR, Patricia Bullrich y Martín Menem activaron reuniones con los bloques aliados para el cierre de la semana, con el objetivo de acercar posiciones y evitar que la reforma laboral vuelva a empantanarse como ocurrió en Diputados durante otros debates sensibles. En el oficialismo aseguran que existe margen para negociar algunos puntos del capítulo tributario y hasta “mejorar la redacción” de ciertos artículos para contener a los gremios.

No todos, sin embargo, comparten esa flexibilidad. En la mesa chica presidencial hay quienes sostienen que el proyecto ya contempla modificaciones suficientes y que no hay margen para reabrir la discusión. “No hay más nada que hablar. Está bastante consensuada”, lanzó una voz con acceso directo al despacho presidencial.

Con la expectativa de que el equipo legislativo que logró aprobar la llamada “ley de leyes” en diciembre repita el desempeño en el Senado, el Gobierno se prepara para un febrero sin tregua, en medio del avance opositor que pretende voltear el DNU de la SIDE. Sin tiempo para el descanso y con una meta más compleja por delante, la gira de Santilli aparece como la primera jugada de una negociación que recién empieza y que será decisiva tanto para el rumbo legislativo como para el delicado equilibrio interno del oficialismo.

PL/MC

El Gobierno nacional firmó este martes un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, en el marco de una estrategia para dar previsibilidad al sector, incentivar inversiones en cuencas maduras y preservar el empleo.

El acuerdo fue rubricado en una reunión realizada en el Palacio de Hacienda, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

El entendimiento establece un esquema de esfuerzos compartidos: el Estado nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación con foco en la quita de retenciones al crudo convencional; la provincia de Chubut acompañará con una revisión de regalías y cánones; y las empresas deberán sostener la producción y los planes de inversión para garantizar la continuidad de la actividad.

Las medidas buscan incentivar proyectos que reactiven equipos y pozos en zonas maduras, incrementen la producción de hidrocarburos convencionales, mejoren la eficiencia operativa y mantengan el nivel de empleo directo e indirecto vinculado a la industria energética.vuU4FQ

Desde el Gobierno señalaron que esta política se irá extendiendo de forma progresiva al resto de las provincias productoras del país, en línea con la decisión de reducir la carga impositiva sobre la producción y exportación de energía.

El Ejecutivo remarcó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles.

Con información de la agencia NA

El debut de Diego Santilli en el Ministerio del Interior reflejó la nueva prioridad política de Javier Milei: asegurar apoyo para las reformas estructurales que el Gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre. Todavía sin haber jurado formalmente, el flamante ministro recibió este viernes en la Casa Rosada a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Lo hizo junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en lo que fue su primer gesto de gestión y una señal de continuidad en la línea de diálogo con las provincias que firmaron el Pacto de Mayo.

Santilli, que renunciará en las próximas horas a su banca en Diputados para asumir la cartera política más estratégica del Gabinete, será, en los hechos, el encargado de construir los consensos que necesita Milei para aprobar las reformas tributaria, laboral y del Código Penal. “El Colo va a tener el vínculo directo con los gobernadores, pero todo pasa por la Secretaría General”, dicen en Balcarce 50, donde la centralidad de Karina Milei sigue intacta.

Antes de las reuniones, Santilli almorzó en el despacho de Eduardo “Lule” Menem junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luego bajó al Salón de los Escudos, donde lo esperaban Torres y Jalil. En la Casa Rosada evaluaron el debut con satisfacción. “Buen clima, sin reclamos, con agenda productiva”, resumió un funcionario.

Torres fue el único en hablar al salir del encuentro. “La preocupación nuestra era si se iba a sostener el acuerdo para la eliminación de las retenciones, y nos vamos con la tranquilidad de que no solo está vigente, sino que en breve se va a firmar el decreto”, dijo el gobernador chubutense, quien explicó que el entendimiento entre Nación, provincias y operadoras petroleras —que contempla la baja de regalías, la reinversión del ahorro fiscal y un acuerdo de competitividad con los gremios— “va a ser muy bueno para la Argentina, porque necesita producir más crudo pesado”.

El mandatario provincial destacó además la “vocación de diálogo” del nuevo ministro. “Tengo relación con el Colo hace varios años, es una persona de consensos. Me parece una decisión acertada tener a alguien con experiencia, que conoce a los distintos actores de la política y que sabe generar los acuerdos que necesitamos en este momento”, apuntó.

En ese sentido, consultado sobre los debates que vienen en el Congreso, Torres fue claro: “Presupuesto tiene que haber, pero debe ser federal y quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo. Una reforma laboral tiene que existir, porque tenemos 50% del empleo no registrado. Hay que blanquear trabajos garantizando derechos adquiridos”.

A diferencia del chubutense, Jalil evitó declaraciones a la prensa, aunque fuentes de Catamarca confirmaron que habrá una reunión ampliada del bloque norteño la próxima semana.

La llegada de Santilli al Ministerio del Interior se inscribe en la reconfiguración que siguió al triunfo electoral del 26 de octubre y que consolidó el poder de Karina Milei. Su designación fue interpretada como un gesto hacia los gobernadores aliados y como la apertura de una nueva etapa de negociación política orientada a las reformas. “Habló con todos, incluso lo llamaron varios primero”, repiten cerca del Presidente.

El lunes, el ministro recibirá a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), otros dos de los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. La meta oficial es construir un acuerdo político que le permita al Ejecutivo debatir en diciembre el paquete de reformas sin depender del Presupuesto 2026.

PL/MG

El frente de gobernadores y aliados nucleados en Provincias Unidas, que debutó en estas elecciones legislativas, obtuvo apenas ocho bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, con el 7,85% de los votos a nivel nacional y más del 97% de los votos escrutados. Ese resultado los dejará en inferioridad de condiciones a la hora de sentarse a negociar con el Gobierno nacional.

La alianza que encabezaban los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Jujuy y Corrientes quedó así como la tercera fuerza política de la jornada electoral, muy lejos del segundo puesto de Fuerza Patría, que obtuvo más de 16 puntos por encima de Provincias Unidas. Entre sus aliados se encuentran dirigentes de la UCR, el Partido Socialista, el GEN y el PRO, entre otros.

El bloque electoral está integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En la provincia de Buenos Aires, la lista era encabezada por el exministro de Transporte Florencio Randazzo y la diputada Margarita Stolbizer. La fuerza quedó en el quinto lugar, detrás de la izquierda, con apenas el 2,45% y 206.166 votos. No logró ninguna banca.

En la Ciudad de Buenos Aires, su aliado cabeza de lista era el senador Martín Lousteau. Quedó en cuarto lugar, también detrás de la izquierda, con 6,01% y 94.448 votos. Obtuvo una sola banca. El porteño remarcó: “Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora: recorrer, escuchar y proponer. Esperamos que todos los porteños se sientan representados por nuestro trabajo y nuestras convicciones”.

El diputado electo pronosticó que los mercados reaccionarán de manera positiva a los resultados de la elección: “Creo que con la economía de la parte financiera va a tener una buena reacción. La economía real de la gente va a seguir igual que estaba el viernes. Lamentablemente vamos a seguir con una economía que le cuesta crecer, que está entrando en recesión, con el dinero que no alcanza para fin de mes, con familias cada vez más endeudadas, con empresas que le cuesta abrir sus persianas porque están en rojo y cuando se finanzan tienen tasas estratégicas. Y ojalá que el gobierno modifique estas cosas. Tiene ahora un aval de la sociedad para seguir trabajando. Ojalá que la parte que está doliendo tanto a tanta gente lo modifique”.

Corrientes fue la mejor performance de Provincias Unidas: ganó la elección legislativa en la provincia de Valdés con el 33,86% y 182.086 votos. Se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue la única provincia donde ganó la alianza de los gobernadores.

En Córdoba, quedó segunda pero le sumó tres bancas nacionales al gobernador Llaryola, con el 28,28% y 540.435 votos. La lista era liderada por el exgobernador Juan Schiaretti. El diputado electo felicitó a La Libertad Avanza (LLA) por el triunfo en la provincia como los “legítimos ganadores” y aseguró tras conocer los resultados: “Para nosotros es importante contar con más diputados en un país donde, más allá del inocultable triunfo que tuvo La Libertad Avanza a nivel nacional, el Congreso continuará fragmentado. Por eso es relevante que el bloque que representa a nuestra fuerza de gobierno, Provincias Unidas Córdoba, vaya a tener seis miembros”, cuando los diputados electos este domingo se suman a los tres diputados cordobeses que conservan sus bancas.

“A la atomización política que hay en el país, se suma también la importancia de los demás diputados que sacamos en toda la geografía nacional. Eso convierte a Provincias Unidas no solo en el tercer partido político de la Argentina, sino que nos permitirá conformar un bloque de diputados y senadores que será el bloque del interior de la patria”, agregó Schiaretti. “Lo decía muy bien Martín Llaryora: esta fue una elección que se polarizó, y en esa elección polarizada aparece y emerge como nuevo en el país Provincias Unidas. Provincias Unidas es la voz del interior de la Patria”, afirmó.

En Santa Fe, Pullaro fue otro de los derrotados, obtuvo dos bancas con el 18,33% y 303.540 votos. La alianza del gobernador santafesino quedó tercera. Pullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como primera en la lista. Scaglia remarcó que el compromiso de Provincias Unidas será “defender la producción, el campo, el trabajo y el interior productivo”. “Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando. Ojalá haya políticas de sensatez, y ahí estaremos nosotros, con la mirada del interior productivo dando esos debates”, sostuvo.

Jujuy le dio una banca más a Provincias Unidas, donde el gobernador obtuvo el 19.83%, con 79.505 votos, quedando segundo, con el Frente Jujuy Crece. 

Para Torres, en Chubut, la elección fue una derrota contundente: quedó tercero, no obtuvo bancas, a pesar de sacar el 20,13% con 55.011 votos.

Lo mismo sucedió en Santa Cruz: quedó tercera, con el 15,4% y 25.362 votos. No obtuvo bancas.

En Mendoza, donde compitió con Alianza Defendamos Mendoza, Provincias Unidas obtuvo el 2,9%, con 25.698 votos. Quedó en el sexto lugar, después de la izquierda, y sin bancas.

Similar escenario se dio en La Rioja: obtuvo el cuarto lugar y ninguna banca, con el 6,22% y 6.098 votos.

En Tierra del Fuego, obtuvo el quinto lugar, con el 3,18% y 2.971 votos. Ninguna banca.

En Catamarca, la alianza quedó tercera, con el 6,19% y 10.038 votos. Cero bancas.

Tucumán tampoco les dio una buena actuación: 8,03% de los votos, en tercer lugar. Ninguna banca

En San Luis, quedaron cuartos, con el 3,68% y 9.474 votos. No obtuvieron bancas.

Con información de Noticias Argentinas.

ED

Los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007.

“Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, afirmó Torres, quien advirtió que, de ser necesario, acudirán también al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal.

El mandatario chubutense subrayó que “ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió”, en alusión al fallo de la jueza neoyorkina Loretta Preska que ordenó a la Argentina pagar más de 16.000 millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

Torres recordó que el Grupo Petersen se hizo del 25% de YPF apalancado en dividendos futuros y que, tras la expropiación del 51% en 2012, transfirió su reclamo al fondo Burford Capital, que llevó adelante la demanda contra el Estado argentino en Nueva York.

“El 49% de esas acciones expropiadas pertenecen a las provincias productoras de petróleo”, advirtió.

En paralelo a la presentación judicial en Comodoro Py, la provincia de Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco de la apelación al fallo de Preska.

“La jueza no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al Estado nacional”, enfatizó Torres, según se informó en un comunicado.

El conflicto se remonta a diciembre de 2007, cuando el grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, adquirió el 25% de YPF a Repsol; años más tarde, el Congreso aprobó la expropiación del 51% de la compañía y, en 2015, Burford Capital compró los derechos litigiosos tras la quiebra del grupo.

En marzo de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y en junio de 2025 ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF, medida que fue suspendida en julio por la Corte de Apelaciones.

Con información de la agencia NA

Mauricio Macri miró a los candidatos del PRO que estaban reunidos en la sede nacional del partido, ubicado a unos metros de Casa Rosada, y les dijo: “Hasta las elecciones tenemos la misión de acompañar al Gobierno. Pero después de octubre, tenemos que ser la mejor oposición posible”. En la mesa estaban sentados Cristian Ritondo y Diego Santilli, embajadores del acuerdo con La Libertad Avanza. Se sacaron una foto, pero ninguno de los dos terminó apareciendo en la publicación oficial.

En el peor momento del Gobierno, matizado por el salvataje financiero de Donald Trump, Macri empezó a marcar distancia. Ya no espera que Javier Milei lo llame por teléfono para comer milanesas. Observa, incrédulo, que el Presidente no soltará ni a la hermana ni a los Menem tras el escándalo de los audios de las coimas y el tortazo electoral en la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con sus colaboradores, Macri asegura sentirse “decepcionado” con Milei y que, a partir de las elecciones de octubre, el PRO tendrá que empezar a reperfilarse.

“Decían que para ahora íbamos a haber desaparecido, pero no. El contexto cambió, este gobierno es un fracaso, y ahora tenemos que rearmarnos”, saca pecho un dirigente del círculo chico del expresidente que, como muchos de los macristas que se resistieron al acuerdo con La Libertad Avanza, tiene atragantado un “se los dije” desde el día de la derrota bonaerense. 

Macri se mueve con cautela, pero anticipa que las elecciones de octubre también terminarán mal para LLA. Y advierte que, en el caso de una derrota, el préstamo del Tesoro norteamericano podría caerse (y, con él, la frágil paz cambiaria de los últimos días). En público, el expresidente sostiene que hay que ser “prudente”. “Nunca he sido de aquellos que cree en que cuanto peor, mejor”, señaló luego de la reunión partidaria del martes. Por lo bajo, sin embargo, Macri ya habilitó a sus soldados a que empiecen a sondear el terreno. 

Jorge Macri, quien fue corrido del armado de las listas en CABA y ya advirtió que no participará de la campaña, mantiene conversaciones con varios dirigentes que integran “Provincias Unidas”. No solo con los gobernadores que lo integran, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) o el mismo Ignacio Torres (Chubut), que es del PRO. También conversa con radicales y lilitos de la Coalición Cívica, atento a reflotar su plan original para las elecciones en la Ciudad: relanzar Juntos por el Cambio. 

El jefe de Gobierno porteño no es el único que coquetea con Provincias Unidas. Muchos diputados que integran la bancada PRO, que conduce Ritondo, están analizando hacer el pase al bloque de los gobernadores a partir de diciembre. El propio Macri (Mauricio) retomó el diálogo con Juan Schiaretti, que será el jefe de bloque de Provincias Unidas una vez que sea electo. Se reunieron hace unos meses y, ahora, mantienen un diálogo casi permanente.

Algunos de los soldados de Macri van más allá y aseguran que llegó el momento de definir quién será el candidato presidencial para 2027. Para diferenciarse realmente de LLA, insisten, tiene que haber un candidato. Macri no quiere volver a ser presidente, por lo que habrá que elegir un sucesor que permita reflotar la marca PRO tras la derrota de 2023, la fracasada interna fraticida entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y, finalmente, la sumisión absoluta del PRO ante Milei. 

Algunos la proponen a María Eugenia Vidal, que optó por no ser candidata este año como señal de rechazo al acuerdo electoral con LLA. Pero no todos la quieren en el macrismo: la acusan de haber “jugado mal”, de haberse ido de la Provincia a la Ciudad y después de haberse negado a encabezar la lista cuando Macri se lo pidió, antes de terminar ofreciéndole el cargo a Silvia Lospennato. 

Otros proponen que sea alguno de los gobernadores del PRO, “Nacho” Torres o Rogelio Frigerio. El preferido es Torres, que pisa también en Provincias Unidas y suele mantener una relación zigzagueante con la gestión libertaria. A diferencia de Frigerio, el gobernador chubutense no cerró una alianza electoral con LLA y suele poner un huevo en cada canasta. Cuando el Gobierno le pide que lo ayude a boicotear alguna ley opositora, Torres, por lo general, habilita a que alguno de los diputados que le responden, Francisco Morchio y Ana Clara Romero, se diferencie del oficialismo. 

Muchos en el PRO apuestan a endurecer su postura tras las elecciones. El malestar con el Gobierno fue creciendo en el último mes, especialmente entre aquellos que cerraron alianzas con LLA. Muchos de los candidatos se quejan de que Karina Milei y los Menem los aíslan y los dejan afuera del diseño de la campaña. Están preocupados, a su vez, porque ven que la imagen de Milei se derrumba en las encuestas y que el presidente no da muestras de cambiar el rumbo.

Queda abierta una incógnita, sin embargo. Y es qué pasará con la mitad del partido que decidió pintarse de violeta en el último año. 

La descomposición del PRO

Hace un mes, cuando Milei todavía no había perdido en PBA y los coletazos de los audios de Spagnuolo recién estaban comenzando, un peso pesado del PRO bonaerense pronosticó: “El PRO está en proceso de descomposición. Esto termina con Cristian conduciendo, Mauricio yéndose a jugar al bridge y alejándose para siempre, y una pelea final por la presidencia del PRO”. El escenario cambió, pero la descomposición continúa. Así como la batalla por quién terminará conduciendo el proceso.

La derrota en PBA golpeó a Milei con dureza, pero también al ala interna del PRO que jugó a fondo a cerrar un acuerdo con LLA. Ritondo, el artífice de la alianza, quedó mal parado, por más que en su entorno destacan que, de haber ido por separado, el PRO hubiese terminado perdiendo más legisladores. Se abrió una grieta en el triunfalismo del PRO libertario, y muchos de los dirigentes amarillos que habían quedado afuera de la “tábula rasa” de Milei buscan, ahora, su venganza.

Gisela Scaglia, la vice gobernadora de Santa Fe, no fue a la reunión del PRO del martes y analiza sumarse al bloque de Provincias Unidas cuando sea electa diputada. Lospennato está dudando si migrar a la Legislatura porteña, ya que su partida significaría un poroto menos para el macrismo en el bloque de la Cámara de Diputados. Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO y candidato en Santiago del Estero, pretende ordenar el partido y ya echó al bullrichista Damián Arabia de la vice presidencia. 

No hay dudas, para nadie, que el bloque PRO se romperá a partir de diciembre. Algunas, como Scaglia o Romero, se sumarán a Provincias Unidas. El bullrichismo, conducido por Arabia, analiza sumarse a LLA y llevarse consigo a varios de los nuevos conversos del mileísmo (como Sabrina Ajmechet). Ritondo, a este ritmo, podría terminar presidiendo un bloque de solo 8 o 9 diputados. Aunque su verdadera ambición es otra: reemplazar a Martín Menem y presidir la Cámara de Diputados. 

En el ritondismo buscan calmar los ánimos. “Mauricio está especulando. Pasadas las elecciones, si a los que pactamos con el Gobierno nos va para la mierda, se irá con los otros. Eso sí: si nos va bien, a los otros nosotros los vamos a perseguir por toda la ruta 7 hasta Mendoza”, ironizó, con ánimos de revancha. Nada dice de que, si llega a salir el tiro por la culata, los “otros”, los macristas, harán lo mismo con él a partir del 27 de octubre.

MC/MG

El bloque de gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada le marcaron la cancha rápidamente a Javier Milei tras la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires. Los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, del espacio Provincias Unidas, advirtieron sobre un “claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender”.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado. “Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señalaron.

Llaryora agregó: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. Y señaló que las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas“.

En tanto, Pullaro enfatizó que “la gente no quiere más gritos, quiere hechos” y que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”.

Torres, por su parte, consideró que la ciudadanía “le exige al Gobierno Nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó el chubutense.

Por fuera de ese esquema, el peronista catamarqueño Raúl Jalil sostuvo que “gobernar es escuchar y decidir”, y señaló que “Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social”.

“Por eso las provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide. Quiero felicitar al peronismo bonaerense por su unión y compromiso, y al gobernador Kicillof por una gran elección en toda la provincia de Buenos Aires”, publicó en sus redes sociales.

En tanto, el riojano Ricardo Quintela planteó que “el triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”.

“Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables no”, subrayó.

Por su parte, al pampeano Sergio Ziliotto apuntó con ironía que la elección se trató de “un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo” y añadió que “se vienen más temporadas”.

MC

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Con esa frase como estandarte, cinco gobernadores del interior del país presentaron este martes un frente conjunto para competir “mancomunadamente” en las elecciones legislativas de octubre. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes difundieron un documento titulado Un grito federal.

El texto expresa la voluntad de estos mandatarios de representar “la Argentina del trabajo” y sumar “una mirada” auténticamente federal al Parlamento. En una clara señal de posicionamiento político hacia las próximas elecciones, los cinco mandatarios resaltaron que tienen “la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.

El lanzamiento de esta futura alianza legislativa es, además de un frente electoral concreto que competirá contra La Libertad Avanza, una señal política al Gobierno nacional. Los cinco gobernadores, con perfiles diversos y trayectorias propias, comparten una misma preocupación: la falta de representación efectiva del interior en la toma de decisiones a nivel nacional. En un contexto de centralismo persistente, buscan disputar poder territorial y simbólico en un Congreso que suele girar en torno a los grandes centros urbanos.

Además, el mensaje sobre el equilibrio fiscal no puede leerse sin considerar el actual clima económico y político. Al reivindicar el orden de las cuentas públicas pero exigir obras de infraestructura, los mandatarios se diferencian tanto del ajuste sin contemplaciones como del gasto sin plan. Se proponen como una opción pragmática: austeridad con desarrollo, equilibrio con inversión, gobernabilidad sin sometimiento.

Por caso, uno de los ejes centrales del comunicado es la reivindicación del equilibrio fiscal. “Celebramos el esfuerzo de todos los argentinos por alcanzar el equilibrio fiscal tanto en Nación como en las provincias y lo consideramos imprescindible”, expresaron. Pero agregaron que este equilibrio debe contemplar la inclusión de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del interior, lo que consideran como el “único camino para desarrollar el país”.

El documento también alude a una concepción igualitaria del crecimiento. “Es nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos”, sostuvieron los gobernadores, en un mensaje que apunta tanto a lo simbólico como a lo programático.

La decisión de actuar en bloque en las elecciones legislativas representa una jugada política clave: los mandatarios quieren instalarse como una tercera vía, capaz de disputar espacio entre el oficialismo y la oposición nacional. En sus palabras, la propuesta tiene “una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo”.

El documento cierra con un tono esperanzador: “Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”. Así, los cinco gobernadores apuestan a consolidar una identidad común desde el interior productivo, con un mapa político que presenta una alta fragmentación, como pocas veces se vio en la democracia.

JJD, con información de NA.

La provincia de Chubut anticipó este lunes que se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en contra de un fallo que obliga a Argentina a traspasar el 51 % de las acciones de la petrolera YPF a fondos de inversión que hicieron la demanda.

“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, sostuvo en un comunicado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El pasado 30 de junio la jueza superior de Distrito de los Estados Unidos Loretta Preska ordenó a Argentina entregar su 51 % de las acciones de YPF para cumplir con un fallo adverso en un millonario litigio.

Este lunes, la magistrada rechazó una solicitud de Argentina para suspender la orden de entregar las acciones en la mayor productora de hidrocarburos del país.

Preska sólo accedió a dar tres días más a Argentina, hasta el 17 de julio, para cumplir con su orden de entrega de acciones a los fondos Burford Capitol y Eton Park, que demandaron a Argentina por 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012.

Del 51 % de las acciones de YPF involucradas en el fallo, una parte (51 %) es propiedad del Estado nacional argentino y otra (49 %) está bajo la titularidad de las diez provincias argentinas productoras de hidrocarburos, entre ellas, Chubut.

Torres dijo que su provincia pedirá a la Corte de Apelaciones de Nueva York “que levanten el embargo de las acciones de Chubut”.

Afirmó que el fallo de Preska constituye un “atropello” pues, “por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras son accionistas de YPF”.

“En el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut”, sostuvo el mandatario provincial.

El Gobierno de Javier Milei aun no infrmó qué estrategia judicial seguirá tras la decisión de la magistrada de Nueva York de este lunes.

Pese al revés judicial para Argentina, las acciones de YPF subieron un 2,5 % este lunes en la Bolsa de Buenos Aires.

EFE.

IG

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, relacionó el desalojo de un grupo autoproclamado mapuche, que desde 2020 ocupaba ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, con el inicio de incendios.

“Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional ´Los Alerces´, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos”, afirmó Torres hoy en su cuenta de X.

Según el gobernador, ayer también “intentaron incendiar también la 'Estancia Amancay', en la Cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar”.

Fuerzas federales y provinciales habían desalojado el 9 de enero pasado a la formación Lof Pailako, tras agotarse las instancias judiciales previas.

Torres aseguró que “este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas”. Y dio un mensaje a los chubutenses: “No nos vamos a dejar intimidar por ningún violento, y que no vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos”.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adhirió a la denuncia de “brutal atentado” del gobernador de Chubut y lo relacionó con el desalojo en el parque nacional e informó que se inició “una cooperación histórica para enfrentar el terrorismo”, según publicó en su cuenta de X.

“Activamos de manera inmediata los convenios firmados desde el Ministerio de Seguridad con Neuquén, Río Negro y Chubut, sus Ministerios de Seguridad y sus Ministerios Públicos Fiscales para combatir los hechos como este, que están vinculados a grupos terroristas que buscan imponer sus ideas y cumplir sus objetivos a través de la violencia y el terror”, afirmó Bullrich.

EM con información de EFE.

Más de 2.000 hectáreas afectadas, decenas de casas destruidas, 200 personas evacuadas es el saldo a primera hora de este jueves del incendio descontrolado en la zona de Epuyén, Chubut.

El área más dañada hasta este jueves a la noche era el paraje La Rinconada, en cercanías del lago Epuyén y del casco urbano de la localidad del mismo nombre.

Hasta el momento el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut –organismo que concentra la información oficial– no pudo confirmar la cantidad de casas afectadas parcial o totalmente por las llamas. Es que el intenso viento, que llegó a superar los 50 kilómetros por hora y las dificultades en el acceso a algunas áreas obligó a concentrar la tarea en la evacuación de casi 200 personas. Tampoco se pudo determinar el origen del fuego, aunque los especialistas y los pobladores que conversaron con elDiarioAR coincidieron en que fue la acción del hombre –accidental o intencionalmente– la que desató el incendio.

Este jueves, el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, viajó hasta Epuyén. Allí informó que el casco urbano “ya no corre riesgo” debido a que el cambio en la dirección del viento y las condiciones climáticas en general están llevando “la cabeza del fuego hacia la zona de (la localidad de) Cholila”.

Torres confirmó que son “aproximadamente 50” las viviendas afectadas, cuyos vecinos “lo perdieron todo”, y más de 200 las personas evacuadas que aguardan el regreso a sus casas.

“El fuego sigue activo”, dijo durante una conferencia de prensa en Epuyén, al tiempo que explicó que “hubo un viraje (del fuego) hacia otra zona que no está poblada. Podemos llevar tranquilidad, ya no corren riesgo los vecinos de Epuyén”.

El fuego se mantiene activo, consumió unas 2.300 hectáreas, y el pronóstico del tiempo no prevé la caída de precipitaciones. En cambio, anticipa por lo menos cinco días con temperaturas que superarán los 25 grados y vientos de más de 45 kilómetros por hora. Un panorama que los combatientes de incendios consideran muy riesgoso.

Decenas de vehículos de distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía y particulares que trasladaban barriles con agua, dificultaban las últimas horas el tránsito por el camino de tierra que lleva desde la ruta 40 hacia La Rinconada. A un lado y otro de la traza, pobladores mojaban sus chacras y lotes.

Antonio Chacón tiene botas de goma altas, un mameluco blanco ennegrecido por la ceniza y a sus espaldas un tanque fumigador que utiliza para regar. El fuego pasó a menos de diez metros de su casa, ubicada a unos 300 metros de la Escuela 9, que se quemó parcialmente. “Fue una tarea terrible, porque el viento era muy fuerte, era increíble cómo se prendías las plantas y el fuego corría rápido. Esto es una desgracia, un montón de vecinos perdieron sus casas”, dice a este medio durante un alto de su tarea.

Antonio defendió su casa “con mucha garra, amor y gracias a los amigos y la familia, porque más allá de que tengo bomba para estos eventos, después vinieron otras personas a solidarizarse y ayudar”.

Unos metros más por el camino que une el lago con el pueblo de Epuyén, José Torres se acomoda en la tranquera de su lote y mira las llamas rojas que queman la ladera del cerro lindero. El fuego “saltó” su casa, pasó a cinco metros de la construcción. “A la mayoría de los vecinos se les prendieron las casas, aquí a 50 metros a dos vecinos se les prendieron fuego. Fue una locura total, unas llamas de 30 metros de altura”, explica.

“Salí a la una del trabajo y pasé a buscar a mis chicos que estaban llorando acá. Esto fue un milagro”, agrega.

Pasadas las 23 de este miércoles, José explica que, si bien mantiene una guardia para evitar sobresaltos, “la gente de Bosques nos dijo que estuviéramos tranquilos porque ya se había consumido todo, que no hay peligro que se vuelva a prender porque ya arrasó con todo, no tiene más para prender”.

De acuerdo al informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, el incendio afecta una superficie de bosque implantado, bosque nativo, matorrales y pastizales, en el que se intercalan viviendas.

Un total de 115 personas “de línea” –combatientes directos– y otras 180 de apoyo participaron el miércoles de las tareas de contención, prevención y organización. Fueron parte brigadistas de las localidades de Epuyén, Golondrinas, Cholila, Lago Puelo y El Maitén, a del apoyo de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y bomberos voluntarios de Esquel, Ñorquinco, y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Bariloche, entre otras ciudades cercanas.

Cuarenta camionetas, quince autobombas, cuatro camiones cisternas, topadoras, motoniveladoras, tres aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde fueron dispuestos para los trabajos de control del fuego.

Las condiciones de viento intenso “limitaron el uso de los medios aéreos”, se informó oficialmente. Para este jueves el pronóstico es muy negativo: se espera una temperatura máxima de 25 grados y vientos del oeste con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. “Estas condiciones complican las tareas de control y priorizan las labores en zonas de interfase para proteger viviendas”, se indicó desde el organismo a cargo de la información oficial.

Ramiro Matamala, jefe de Bomberos Voluntarios de Esquel -a 125 kilómetros de Epuyén- fue convocado desde la primera hora de la tarde para participar de los trabajos de ataque de las llamas y prevención. Se trasladaron otro Bomberos de esa ciudad, en dos unidades. Pasados los primeros minutos de este jueves, dice a ElDiarioAr que el incendio “no está controlado, tenemos muchos puntos calientes y focos”. Matamala participó de una reunión interinstitucional en la que se acordó sectorizar la zona para definir las formas de abordaje. “Siempre el primer día vamos atacando donde saltan focos y el segundo ya se sectoriza para trabajar en conjunto y más ordenado”, señala.

A sus espaldas una lengua de fuego se acerca a la casa de un vecino, que recibe a los bomberos y brigadistas, les ofrece un descanso, un mate. El jefe del cuartel de Esquel dice que la vivienda “puede estar en peligro, depende de las condiciones del viento y climáticas. Tenemos miedo que ese segundo punto -señala con la mano- baje y nos quiera encerrar en la parte de abajo”.

Entre el humo, Matamala recuerda que estos incendios que se repiten verano tras verano en la Patagonia “en un 95 por ciento son por la mano del hombre, a veces son intencionales y a veces accidentales”.

El origen del fuego

Al igual que hace un año cuando responsabilizó a una comunidad mapuche por el incendio en la zona del Parque Nacional Los Alerces, el Gobernador planteó dudas sobre el origen del siniestro: “Nos llama la atención. Hay un patrón nos dice que es muy extraño, no es común que surjan dos focos en simultáneo (el otro se dio en la zona de Trevelin) y de tan difícil acceso. El año pasado se descubrió que el método era una vela arriba de un rollo de papel higiénico con combustible. Esto está judicializado”, señaló. Pidió que “paguen las consecuencias los que creen que se puede hacer cualquier cosa”. Sobre el caso de Los Alerces, hasta el momento la Justicia no determinó la responsabilidad de la comunidad acusada por el Gobernador.

Torres resaltó el trabajo de brigadistas, bomberos, y personal de diversas dependencias públicas, así como de los vecinos que aportaron su ayuda al combate de las llamas y participaron de la evacuación.

Luego de recorrer el hospital, el gimnasio y sobrevolar zona en helicóptero, informó no hay heridos de gravedad.

Hasta el momento el Presidente Javier Milei no se comunicó con el Gobernador, y sí lo hicieron, entre otros funcionarios, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En este sentido, anticipó que se pedirá al Congreso la declaración de emergencia y que solicitará un aporte del Tesoro para dar respuesta a los vecinos que perdieron sus viviendas.

SR/MG

El Gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad y la Administración de Parques Nacionales, consiguió este jueves que la comunidad ancestral mapuche tehuelche Paillako abandone los territorios en disputa en la zona del Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Fuerzas de seguridad ingresaron en horas de la mañana al lugar con intención de proceder al desalojo ordenado por el Juez Federal Guido Otranto, pero las cuatro familias que integran la comunidad ya habían dejado el territorio.

La ministra Patricia Bullrich, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se hicieron presentes y celebraron la resolución del conflicto. En el lugar la funcionaria de Javier Milei aseguró a la prensa: “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”. Larsen dijo a través de su cuenta en X: “Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, referentes de la comunidad, son cuarta generación de mapuches que viven en la zona. Sus respectivos bisabuelos nacieron en el lugar que ahora la Justicia les ordenó desalojar. La “Investigación e informe antropológico” sobre la “formación histórica y territorial del Lof Paillako” –incorporado al expediente judicial por usurpación, y al que accedió elDiarioAr– da cuenta de la presencia ancestral mapuche en toda la zona y de, por lo menos, cuatro generaciones de las familias Cárdenas y Salinas, integrantes del lof Paillako.

“Fue posible –dice el documento– demostrar la ancestralidad en el territorio de diversas familias que componen la Lof Paillako, hasta por lo menos cuatro generaciones atrás, comprendiendo el periodo anterior a la conformación de la actual Administración de Parques Nacionales. En efecto, es el caso de Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, cuyos bisabuelos ya se encontraban asentados en el lugar”.

El informe de septiembre de 2023 –de 141 carillas– fue realizado por el Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA), dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET).

La presencia ancestral, según se demuestra en dicho trabajo académico, es anterior a la conformación del Parque Nacional Los Alerces, en 1937. A principios de 2020 la comunidad Paillako anunció la “recuperación” territorial y desde entonces mantiene un enfrentamiento con las autoridades del Parque Nacional. A través de un proceso administrativo, Parques Nacionales resolvió la expulsión de las familias –bajo la figura de “intrusos”, de acuerdo a normativa creada durante la última dictadura militar, que no fue modificada hasta la actualidad–, medida que fue ratificada por el juez Otranto. Las distintas instancias de apelación no encontraron eco y la Justicia había fijado para este 9 de enero la fecha del desalojo. En paralelo, se sustancia una causa penal, cuya resolución aún está pendiente.

En noviembre del año pasado se estrenó el documental Pailako-Cosmovisión en Resistencia (disponible en YouTube), de los realizadores Tatiana Conde y Ezequiel Menevichian, donde se revela la historia y mirada de la comunidad, profundizando la línea de que la Lof Pailako Futalafken Mew es una comunidad en proceso de reivindicación de territorio ancestral que lucha, no solo por la defensa de los bienes comunes, sino también por las infancias y su derecho a la vida.

Ya el miércoles, en horas de la tarde, una veintena de vehículos de distintas fuerzas de seguridad comenzaron a acercarse a la zona, mientras que varias decenas de uniformados se desplegaron para participar del operativo. Pero al momento de iniciar el desalojo las familias no estaban en el lugar. Desde la Gremial de Abogados, representantes de la comunidad en la causa penal, informaron a este medio que la decisión buscó evitar hechos de violencia, teniendo en cuenta que entre quienes viven allí hay niños y bebés.

A través de un comunicado, el ministerio de Bullrich señaló que “el operativo, realizado bajo protocolos estrictos de seguridad, a cargo de la Policía Federal Argentina, marcó un hito al ser el primer desalojo en 18 años, con el objetivo de restaurar el orden en la zona”. La información que brindó la cartera libertaria es errónea. El 4 de octubre de 2022 un operativo bajo las órdenes del por entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández, desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu del territorio en Villa Mascardi.

Bullrich, en contacto con la prensa, repasó este jueves que “durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado. La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, planteó.

La ministra insistió: “Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo argentino, que pone como prioridad el orden, la defensa de las libertades y la propiedad privada, con la Constitución Nacional y las Leyes como faro. Este es el primero, pero vamos a hacer tantos procedimientos como sean necesarios, siempre defendiendo al ciudadano de bien que quiere hacer de este país una patria grande, productiva, y con futuro. Con nuestro Gobierno, la tierra es de su dueño legítimo y no de quien se autopercibe su propietario”. 

En una misma línea se expresó el gobernador de Chubut, quien ya había cargado contra quienes, dijo, “se autoperciben mapuches” y reclaman la restitución territorial. La gobernación provincial difundió que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”.

De hecho, hace un año Torres acusó a Cruz Cárdenas y la comunidad de ser responsables de los incendios del Parque Nacional Los Alerces. La investigación judicial no encontró ningún indicio que avale esa denuncia.

Por su parte, Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAr que este accionar “dejará su recuerdo en el pueblo mapuche”. Y destacó: “Tuvimos acompañamiento de todas las comunidades. Es algo que no olvidaremos. No va a ser gratis la devolución”.

Millán concluyó: “Una forma que tenemos de responder a estas decisiones de muerte es vivir. Es el antagonismo: seguiremos existiendo como pueblo, como comunidades. Seguramente volverá Paillako, seguramente volverá Winkul”.

MC

En medio del debate por el Presupuesto 2025, Javier Milei se reunió este mediodía en Casa Rosada con gobernadores aliados, en su búqueda por cerrar filas detrás de su proyecto que tiene como principal eje el déficit cero. Esta vez, los invitados fueron los mandatarios vinculados a Juntos por el Cambio, pero principalmente del PRO, partido que se convirtió en un socio clave del gobierno en el Congreso.

Quienes asistieron al almuerzo fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), que llegaron a Balcarce 50 después del mediodía y se retiraron pasadas las 14.30, sin hacer declaraciones. Fuentes oficiales habían indicado a elDiarioAR que la reunión era con “agenda abierta”, lo que daba a entender que los gobernadores iban a tener espacio para discutir diversos temas.

“Me parece una reunión muy importante”, definió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la previa al almuerzo. “El Presidente quiere tomar contacto con los gobernadores para analizar el impacto de la reforma de la ley Bases y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque hay muchos compromisos de inversiones de varias empresas”, añadió el ministro coordinador, quien también se hizo presente en el encuentro.

De acuerdo a lo dicho por Francos, en relación a los reclamos presupuestarios, “el jefe de Estado no tiene problema de que se reasignen partidas, siempre y cuando quede en claro de dónde salen los fondos con una ecuación que tiene que respetar el déficit cero”.

La cita de este jueves contó además con la participación del vicejefe, Lisandro Catalán; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Mientras tanto, en medio de divisiones internas, los que quedaron afuera del convite fueron los radicales. Ayer, 12 legisladores del bloque de la UCR en Diputados anunciaron su salida para formar una nueva bancada.

Fue la segunda vez en la semana que el Presidente se reunió con mandatarios provinciales. El lunes, cenó en la Quinta de Olivos con los gobernadores dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones), en su mayoría referenciados el peronismo. Las invitaciones no fueron casuales: los diputados que les responden ayudaron a Milei a mantener el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

El desafío del oficialismo es aprobar el Presupuesto 2025 manteniendo satisfechos a los gobernadores, quienes pelean por asegurar fondos para sus provincias, especialmente en lo que respecta a la obra pública y las cajas de jubilaciones. A cambio de eso, busca no solo el respaldo parlamentario necesario de los mandatarios del PRO para avanzar en sus proyectos, sino también para establecer un acuerdo político más sólido de cara a las legislativas del año que viene.

En el Congreso, el Pro y La Libertad Avanza lograron construir una alianza efectiva. Ahora, el Gobierno necesita nuevamente su apoyo para aprobar la denominada “ley de leyes”, confiando en el voto de los legisladores leales a Mauricio Macri, que dejó abierta la posibilidad de una colaboración más estrecha con el espacio libertario.

PL/MG

El obispo de Rawson, Chubut, monseñor Roberto Álvarez, apuntó a las autoridades provinciales sobre el megaproyecto petrolero que abarca la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en Neuquén y Río Negro, que atravesará la meseta patagónica y terminará en un puerto en Punta Colorada, sobre las costas del Golfo San Matías, a unos 30 kilómetros de Península Valdés. 

Haciéndose eco del reclamo de diversas ONG, ambientalistas y vecinos de Chubut, Álvarez le envió una carta el pasado 31 de julio al gobernador Ignacio Torres en la que le pregunta al mandatario o demás autoridades provinciales si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península de Valdez que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

Para el pastor de la iglesia chubutense, “ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, pregunta Álvarez.

Además, cuestiona si “el asunto” es exclusiva responsabilidad de Río Negro, que modificó leyes para darle vía libre al proyecto; o si Chubut también debería estudiar “si el emprendimiento gasífero atenta contra el artículo 99” de la Constitución provincial“.

Según el obispo, “el único objetivo es ayudar a los poderes del Estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial”.

Asimismo, en la carta que, además de tener como destinatario a Torres, también dirige al vicegobernador, Gustavo Menna; al procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena; y a diversos legisladores provinciales, el sacerdote avanza con sus dudas con respecto a vaca Muerta: “¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden?”.

Y concluye: “En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: ”Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente“.

Los reclamos de Álvarez van en sintonía con los que expresó días atrás el obispo de Alto Valle de Río Negro, Alejandro Benna, en el marco de la peregrinación anual a la localidad rionegrina de Chimpay, donde nació el beato Ceferino Namuncurá, cuando, ante la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, les pidió “a quienes no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra, que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

La respuesta de Torres y la insistencia del obispo

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

Además, Torres plantea: “Los intereses sectoriales y las inquietudes que puedan generarse deben encauzarse dentro de estos procedimientos y pautas. No es legítimo imponer una visión por fuera de la institucionalidad y de las normas que organizan el poder del Estado”.

Ante este argumento, en su respuesta del pasado 26 de agosto, el obispo Álvarez parafrasea un fragmento de una encíclica del papa Francisco al sostener que “el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos”, al tiempo que reclama que, como dice el documento del vaticano, “en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida”.

Según el líder de la iglesia de Chubut, “la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, y aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear.”

Más planteos de la Iglesia de Chubut

IG

En medio de la discusión de la Ley Bases en el Congreso, los gobernadores patagónicos mantuvieron conversaciones en las últimas horas para coordinar acciones conjuntas. En las discusiones participaron los mandatarios de Neuquén (Rolando Figueroa), Río Negro (Alberto Weretilneck), Santa Cruz (Claudio Vidal), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), La Pampa (Sergio Ziliotto) y Chubut (Ignacio Torres).

Uno de los puntos principales es la distribución de fondos, pero también la vuelta del impuesto a las ganancias para los trabajadores, que afectaría severamente a los ciudadanos patagónicos que cobran salarios más altos en las industrias petrolera y pesquera. Esas cifras están relacionadas con que el costo de vida es, en esas provincias, también más alto.

Los gobernadores de la región más austral trabajan en bloque desde enero pasado, cuando la versión original de la “ley ómnibus” amenazó con llevarse puesta la industria pesquera, al abrir las aguas jurisdiccionales a licitaciones internacionales.

El viernes pasado, en su última sesión, el parlamento patagónico, integrado por delegaciones rotativas de los cuerpos legislativos de esas provincias, reunido en sesión en Río Gallegos, rechazó de plano el DNU 70 “en todos sus términos”, lo que significa también un mensaje a sus senadores.

Una de las participantes, la neuquina Lorena Parrilli (UxP), sostuvo: “Nos preocupa el impacto negativo que tiene el DNU en la protección y seguridad de los argentinos y argentinas, esta medida desregula, desprotege y ajusta a la clase trabajadora, es innecesaria e injusta”.

MM con información de la agencia NA.

Con el Pacto de Mayo acercándose a pasos agigantados, el gobierno de Javier Milei confía en que los acuerdos alcanzados con los distintos gobernadores de la oposición en los últimos meses se traducirán en votos a favor del proyecto de ley Bases en el Senado. Pero no todo está resuelto. El escenario que se abre en la Cámara Alta es incierto y obliga al oficialismo a reforzar esos intercambios, más aún si se tiene en cuenta un anuncio realizado este lunes por el mandatario chubutense del PRO, Ignacio Torres: la convocatoria al conjunto de los líderes provincial a un “pacto federal” que contemple, principalmente, el reclamo por un reparto más equitativo en el plano fiscal.

Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, la iniciativa de Torres desconcertó al resto de los gobernadores que hasta la tarde de este martes no se habían hecho eco del asunto. Solo fuentes cercanas a Maximiliano Pullaro confirmaron a este medio que existieron conversaciones con el chubutense, pero dieron a entender que el “pacto” todavía es incipiente. El lunes, durante una rueda de prensa en su provincia, Torres aseguró que buscaba coordinar los pasos a seguir para la “presentación formal” del documento con el santafesino y su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ambos referentes de sus respectivas regiones (Centro y Norte).

“Cualquier pacto no tiene que ser declarativo o de adhesión, tiene que surgir de las provincias”, sostuvo Torres, quien además aseguró que el texto se firmará antes del Pacto de Mayo y que contará, entre sus principales puntos, con “la defensa irrestricta de la Educación Pública”. Sin embargo, la intención el gobernador que más tensó la cuerda con la Casa Rosada por la quita de fondos coparticipables a su provincia, lejos está de ser poner en riesgo el acto que tendrá lugar en Córdoba el próximo 25, donde la Casa Rosada pretende escenificar el apoyo de la mayoría de la clase política al rumbo tomado por el presidente Milei.

Envalentonado por el lugar que comenzó a ocupar a partir de sus cruces con el Presidente, Torres tomó la iniciativa política y, en marzo pasado, logró ser elegido por sus pares como el representante de la región patagónica, un rol que busca poner en valor el peso de ese territorio en, por ejemplo, la producción de hidrocarburos. En ese sentido, el gobernador de Juntos por el Cambio también anticipó esta semana que los senadores que responden a los cinco mandatarios patagónicos rechazarían la restitución del Impuesto a las Ganancias cuando el paquete fiscal sea tratado en el Senado, aunque aclaró que acompañarán gran parte de la Ley Bases. “Todos van a votar en contra de Ganancias porque no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto”, indicó Torres en diálogo con Radio con Vos.

Por su parte, fue la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, quien se encargó de afirmar en TN que “el gobierno provincial siempre está dispuesto al diálogo”, aunque aclaró su “oposición” a reponer el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. La neuquina Lucila Crexell, en tanto, aún no definió su voto a la ley Bases y su decisión estará atada a lo que converse con el gobernador Rolando Figueroa. A esas voluntades hay que sumarle lo que vaya a suceder con los dos senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quienes responden al gobernador Claudio Vidal, uno de los que más visitó la Casa Rosada en los últimos meses.

El gobernador Zamora es otro de los mandatarios con los que se reunió el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero ese ida y vuelta no obtuvo el resultado que el oficialismo esperaba: los representantes santiagueños en la Cámara de Diputados finalmente votaron en contra de la ley Bases, lo que convierte en una incógnita lo que podría suceder en el recinto del Senado.

Es que cerca del ministro Francos saben que no deben confiarse ya adelantaron que no descartan “nuevas reuniones” en los próximos días. Sin ir más lejos, según publicó elDiarioAR, tiene previsto visitar algunas de las provincias del NOA, en un nuevo intento por sumar voluntades o garantizar ausencias de opositores a esa sesión que será clave. En la cartera de Interior niegan la existencia de una dinámica de “látigo y chequera” hacia las provincias, pese al acuerdo alcanzado, entre otros, con el gobierno de Misiones para reactivar obra pública a cambio de que los representantes misioneros en el Congreso acompañen la ley Bases. “No hay toma y daca, simplemente contemplamos los intereses de las provincias”, deslizaron, suspicaces.

La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta se encuentran entre las provincias de mayor pérdida de transferencias nacionales en el primer trimestre de este año, de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación. A Ricardo Quintela, por ejemplo, le llegaron un 36,4% menos de recursos, mientras que Gustavo Sáenz tuvo una pérdida del 20,1%. Realidades que, a fuerza de necesidad y pragmatismo político, La Libertad Avanza debió comenzar a tener en cuenta.

PL/JJD

A días del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, que se realizará en la provincia de Córdoba el próximo 25, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció hoy que presentará junto al resto de los mandatarios provinciales un “Pacto Federal”. Aunque todavía no se conoce la fecha en que se hará público, se espera que sea en los próximos días. En cuanto al contenido describió que “no tiene que ser declarativo o de adhesión, tiene que surgir de las provincias”.

“Será interesante lo que va a pasar previo al Pacto de Mayo, las provincias vamos a tener nuestro Pacto Federal”, dijo Torres en rueda de prensa tras la presentación de un convenio entre la cartera sanitaria de la provincia y la obra social Seros, y anticipó: “Estamos terminando la redacción de los puntos y habrá una presentación formal para toda la Argentina contando cuáles son esos puntos y por qué hacemos especial hincapié en el federalismo fiscal”.

Aunque Torres se alzó como vocero de sus pares, especialmente luego de haberse enfrentado rabiosamente a Milei por el reparto de los fondos federales, no está solo en la confección del documento. “Ahí hablé con quien preside la zona Centro que es Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) y quien preside el Norte Grande que es Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero) para terminar de redactar nuestros propios 10 puntos, elevarlos al Gobierno Nacional y que sea consensuada una agenda que necesita la Argentina”, aclaró.

El gobernador patagónico anticipó que en el contenido del Pacto Federal aparecerá con prioridad “la defensa irrestricta de la educación pública”, sobre lo que dijo: “No queremos que se debata más sobre la importancia estratégica de algo que para nosotros es esencial y clave para el desarrollo de nuestro país”.

Asimismo resaltó que “un pacto fiscal tiene que contemplar el federalismo fiscal porque en los últimos 30 años cada vez que se generó un impuesto nuevo con asignaciones específicas, el Gobierno Central abraza la masa coparticipable con voracidad recaudatoria y, en paralelo, le dice a las provincias 'hacete cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad', pero cada vez es más chico el pedazo de la torta que les corresponde”.

Ignacio Torres fue el primer gobernador en enfrentar con ferocidad a Javier Milei, en febrero de este año, cuando el Presidente recortó fondos a las provincias. Por aquel entonces, publicó un comunicado junto a las firmas de sus pares Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Río Negro). En la nota amenazaba con cortar el suministro de petróleo y gas para el resto del país.

El Pacto de Mayo

El 1 de marzo, durante la apertura de Sesiones Ordinarias, el presidente Javier Milei realizó una convocatoria “tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos” a deponer sus intereses personales para reunirse “el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.

“Quiero que me demuestren que estoy equivocado. Quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es. Que podemos aspirar a ser mejores. Que demuestren que a pesar de nuestras diferencias, podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón, y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hace mucho de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación”, dijo Milei, tras lo cual anunció el encuentro de Córdoba.

Los 10 principios del nuevo orden económico que propone Milei son: 1) La inviolabilidad de la propiedad privada; 2) El equilibrio fiscal innegociable; 3) La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% al PIB; 4) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; 5) Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual; 6) Un compromiso de la provincia de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; 7) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; 8) Una reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación; 9) Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados; 10) La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

MM/CRM

En la previa del encuentro con el presidente Javier Milei, gobernadores patagónicos se reunieron hoy en Chubut para unificar posiciones y concretar una agenda común con relación a las principales áreas productivas de la región. Se trató de la segunda cumbre de mandatarios sureños, que se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn y tuvo como ejes centrales una nueva ley de coparticipación, la transición energética, el fomento de la inversión privada y continuidad de la obra pública.

La reunión se llevó adelante en el Hotel Rayentray, ubicado en la costanera madrynense, donde se hizo presente el gobernador chubutense, Ignacio Torres, quien fue el anfitrión del encuentro al que asistieron los mandatarios de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

“La agenda es intensa, tenemos reuniones con los legisladores nacionales, con las cámaras empresarias y la cámara de industria patagónica”, aseguró Torres acerca del encuentro ante la prensa presente durante la previa de la cumbre con sus pares.

En esa línea, el mandatario provincial expresó: “Vamos a trabajar en una agenda común de desarrollo, y uno de los ejes principales será la búsqueda de valor agregado para la producción de cada una de las provincias”.

Al finalizar la jornada se llevó a cabo una conferencia de prensa. Gustavo Melella fue el primer orador y señaló: “La patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, el 87% del petróleo, el 71% de la energía eólica, el 27% de la energía hidroeléctrica; concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras y en sus puertos la mayor parte de los desembarcos en este recurso; cuenta con los principales destinos turísticos de este país, exportaciones diversificadas de recursos agrícolas, ganaderos y forestales. La región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una estructura acorde”.

Melella dijo que “el ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo” y que “la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos” y anunció: “Los gobernadores de las provincias del Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa resuelven asumir en plenitud las potestades reconocidas en la Constitución Nacional y, en tal sentido, proclaman la determinación de llevar adelante un plan regional de desarrollo productivo”.

El gobernador de Tierra del Fuego, agregó: “Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos”. Por su parte, Ignacio Torres, explicó: “Después de muchísimo tiempo donde en campañas políticas se habla de la necesidad de cumplir con el mandato constitucional que establece la necesidad de rediscutir una nueva ley de coparticipación federal hoy estamos en un momento bisagra donde esa discusión es parte de la agenda. Tomamos la decisión de darle una marco organizacional de gobernanza para ponderarlo y para poder organizarnos, ni más ni menos que, con el objetivo de ayudar a la Nación a salir adelante”.

“Acá no venimos a plantar bandera contra nadie ni a favor de nadie, acá venimos a mostrarles a todos los argentinos que hay una Argentina productiva más allá de la General Paz”, lanzó Torres y añadió: “La discusión que tenemos que dar es con una mirada a futuro, de cómo podemos hermanarnos como provincias para que el país salga adelante. Es necesaria una agenda de austeridad, es necesario el equilibrio fiscal y queremos que la macroeconomía se ordene. Es necesaria también una agenda de desarrollo, de crecimiento para generar trabajo, para agregarle valor a nuestros recursos, para tener más densidad de empresas y esta región tiene mucho para seguir dándole a la Argentina”.

MM