Todo lo que el Gobierno y las patronales con la complicidad de diputados y senadores pretenden echar por tierra con la ley que aprobaron la semana pasada, costó mucha lucha. Nadie nos regaló nada. Cada derecho que tenemos lo conseguimos reclamando: con diálogo, pero sobre todo con movilizaciones y huelgas. La regresiva reforma laboral viene a destruir todo eso. 

Hace cien años, los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos lograron la jornada laboral de ocho horas, mayores salarios, el fin del trabajo a destajo y mejores condiciones laborales. Sólo pudieron conquistar esos derechos después de una huelga y una toma de planta, que hicieron después de agotar todas las instancias de negociación. Pero la huelga no le gustó ni a la patronal ni al gobierno y el conflicto pasó a la historia como la Semana Trágica aunque en realidad no fue una tragedia, fue una masacre.

Después de un mes de protestas y de la solidaridad obrera creciente, los dueños de Vasena se propusieron romper la huelga y contrataron matones armados que tuvieron el apoyo de la policía para desalojar la planta y lanzar una cacería que terminó con cuatro trabajadores asesinados, tres a balazos y uno por los sablazos de la policía montada. 

Dos días después, el 9 de enero de 1919, una manifestación acompañó el cortejo fúnebre para enterrar en el cementerio de Chacarita a los asesinados por la represión. Esa movilización también fue reprimida y la policía dejó casi 100 obreros muertos y más de 400 heridos. La respuesta del conjunto de los sindicatos fue una huelga general por tiempo indeterminado. 

Finalmente, una semana después, el gobierno aceptó los reclamos obreros: redujo la jornada laboral, concedió el aumento de salarios y liberó a los trabajadores detenidos. También Vasena reincorporó a todos los despedidos durante el conflicto.

Esa huelga y el reclamo colectivo fue un gran paso para que las y los trabajadores de este país tengamos derecho a la jornada de 8 horas. Los dueños de la empresa Pedro Vasena e hijos apenas redujeron un poco sus ganancias. 

Nunca nadie nos regaló nada. Nosotros aprendimos de esos obreros y sus familias, por eso las y los aceiteros usamos la huelga como principal herramienta. Muchos dicen: “Ustedes cobran bien y encima hacen huelga”. La formulación es equivocada: ganamos bien porque hacemos huelga. Antes de hacer huelga éramos pobres trabajando en empresas multimillonarias y teníamos condiciones laborales deplorables.

Esa experiencia de las aceiteras la llevamos a las desmotadoras de algodón, que son empresas más chicas, sin puerto, metidas en el campo profundo, empresas pequeñas que son el primer eslabón de la industria textil. Una industria con mucha menos rentabilidad que las gigantescas cerealeras. Allí también logramos duplicar el salario de las y los trabajadores. Las empresas desmotadoras pasaron a pagar el doble de salario y ninguna se fundió.

La semana pasada, un grupo de políticos, que en su mayoría nunca han trabajado bajo patrón o son patrones o responden directamente a los patrones que los pusieron ahí, votaron para terminar, entre otras cosas, con la jornada de 8 horas y con el derecho a huelga. Tiraron por el inodoro del Congreso la lucha y nuestro esfuerzo para tener derecho a una vida digna a cambio de nuestro trabajo. 

No logramos frenar en el Congreso esa ley nefasta, pero vamos a seguir luchando hasta que volvamos a conquistar nuevamente los derechos que necesitamos para vivir dignamente de nuestro trabajo. Nadie nos regaló nada, ahora tampoco. Tengamos memoria para recordar nuestra historia y también para recordar a los que votaron y votaran en contra de la clase trabajadora.

*El autor es secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón

“Los gobernadores son cagones”. El jefe del gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar, no buscó medias tintas en la protesta de más de 100 sindicatos en Córdoba contra la reforma laboral del Gobierno. Este jueves ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros, movilizaron en el centro de la capital cordobesa para presionar contra Martín Llaryora y el resto de los mandatarios provinciales que acompañarían al oficialismo en la votación del próximo miércoles.

La protesta de los gremios duros buscó también enviarle un mensaje a la CGT, que recién este viernes reúne a su mesa directiva para definir qué hacer la semana que viene. Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con gobernadores y legisladores opositores aliados para asegurarse los votos para la media sanción.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizó un acto en Córdoba y marchó por varias calles céntricas. “Son cagones, su cobardía nos está llevando puestos a los argentinos”, planteó Aguiar, que se mostró junto con Abel Furlán, jefe de los metalúrgicos y quien presiona dentro de la CGT para que haya un paro general el día de la sesión. “Le temen y se subordinan a quien quiere exterminarlos. Después de (Martín) Llaryora y (Maximiliano) Pullaro, tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer”, completó el referente sindical, en referencia a quienes conducen los destinos de Córdoba y Santa Fe. El martes el frente volverá a manifestarse, esta vez en Rosario.

De acuerdo el titular de ATE, “todas las provincias están quebradas por culpa del modelo económico de Javier Milei, pero resulta que los gobernadores piensan que se van a salvar entregando los derechos de los trabajadores. Se trata de una iniciativa que no sólo va contra los trabajadores, sino contra toda la Argentina. Una modificación parcial de este proyecto o su posterior judicialización si resulta aprobado no sirve de nada. Se tiene que caer completa. Son la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina), o nosotros. No hay término medio”, concluyó el gremialista.

Ya en el acto, también se expresó Furlán: “No podemos seguir naturalizando que la Secretaría de Trabajo nos imponga pauta para discutir paritarias por debajo de la inflación”.

Plan de lucha

El frente sindical continuará su plan de acción el martes 10 de febrero en Rosario, Santa Fe. Además, ATE anunció un paro nacional de los estatales con movilización al Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado.

Desde el gremio de los trabajadores estatales señalaron que el capítulo fiscal de la reforma laboral daña directamente a las provincias, ya que la reducción de las alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, tiene un impacto anual de 1,9 billones de pesos menos en las recaudaciones, de los cuales al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inicia hoy una ronda de negociaciones con otras bancadas para destrabar el tratamiento del proyecto de reforma laboral que el oficialismo busca sancionar en febrero. Según fuentes legislativas, los primeros intercambios se realizarán de forma virtual, y forman parte de una estrategia conjunta con el Ministerio del Interior para sumar adhesiones de gobernadores y legisladores provinciales.

El proyecto, bautizado por el Gobierno como “Modernización Laboral”, fue incorporado al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso junto con otras iniciativas como la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la baja de la edad de imputabilidad penal. La intención de La Libertad Avanza es avanzar en bloques temáticos que permitan acelerar los tiempos de debate y votación.

Mientras Bullrich coordina con senadores y referentes de otros bloques, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encarga de la negociación territorial. Esta semana viajará a Corrientes y Misiones para reunirse con los mandatarios Gustavo Valdés y Hugo Passalacqua. De concretarse esas adhesiones, el Gobierno contaría con el apoyo de diez provincias para respaldar la reforma.

Hasta el momento, ocho gobernadores manifestaron públicamente su aval al proyecto: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El objetivo de la Casa Rosada es garantizar la mayoría en el Senado sin depender del bloque completo de la oposición dialoguista.

El proyecto de reforma laboral incluye una serie de cambios regresivos sobre derechos vigentes, denunciados por diversos sectores gremiales y especialistas en derecho laboral. Entre los principales puntos se encuentran la ampliación del período de prueba, modificaciones en el cálculo y pago de indemnizaciones, legalización del banco de horas unilateral, y nuevas restricciones al ejercicio del derecho de huelga.

La iniciativa también propone la derogación de la Ley de Teletrabajo y la supresión de artículos del régimen de asociaciones sindicales, lo que representa, según advierten los gremios, un intento de desestructurar la negociación colectiva. La CGT expresó su rechazo parcial al texto y algunos de sus referentes, como Jorge Sola, advirtieron que el nuevo esquema “coloca al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional”.

En paralelo, gremios no alineados con la conducción de la CGT comenzaron a organizarse por fuera de la estructura tradicional. La semana pasada, más de 20 sindicatos, entre ellos Aceiteros, APA, APLA, Luz y Fuerza, la Federación Obrera Ceramista y la UOM, se declararon en estado de alerta y preparan una jornada de protesta para el día en que el Senado trate el proyecto.

Uno de los gremios más activos es la Federación de Aceiteros, cuyo secretario general, Daniel Yofra, aseguró que su sindicato irá a la huelga si se aprueba la reforma. “Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores. No tenemos esperanzas en el Congreso, por eso hay que salir a la calle ahora”, sostuvo en declaraciones públicas.

La pérdida del poder adquisitivo añade presión al conflicto. Según el Indec, entre enero y noviembre de 2025 los salarios del sector privado registrado subieron 25,6%, frente a una inflación de 27,9%. Eso representa una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en los sectores con mayor cobertura sindical.

En el caso del empleo público nacional, el retroceso fue mayor: los salarios subieron apenas 19%, sin paritarias activas ni bonos compensatorios. En este marco, la reforma aparece como una avanzada que busca consolidar un mercado laboral más precario y menos regulado.

Aunque Bullrich y Santilli aceleran las negociaciones legislativas, ninguno de los funcionarios del oficialismo convocó a representantes sindicales a una mesa de diálogo. Tampoco hubo instancias formales de consulta con las organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de sectores críticos.

La ausencia de debate social y la velocidad del tratamiento parlamentario profundizan el malestar en las bases gremiales. Para los sindicatos movilizados, la reforma laboral no solo vulnera derechos adquiridos, sino que también se tramita a espaldas de quienes serán directamente afectados.

JJD

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recibirá esta tarde en su sede porteña a una veintena de gremios que exigen una respuesta activa frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. El encuentro, convocado por el secretario general Abel Furlán, busca coordinar una estrategia común entre sectores sindicales que se consideran marginados por la conducción formal de la CGT.

Participarán sindicatos como Aceiteros, Luz y Fuerza, Personal Aeronáutico (APA), Pilotos (APLA), la Federación Obrera Ceramista (Focra), Viales, Mineros y Gráficos, entre otros. También se sumarán representantes de ATE y de organizaciones que no integran la estructura de la CGT pero que rechazan los términos de la reforma.

El encuentro surge como continuidad de una primera reunión celebrada la semana pasada, donde se declaró un “estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei”. En esa oportunidad, los gremios manifestaron su desacuerdo con la estrategia que sostiene el triunvirato de la CGT, que privilegia negociaciones con legisladores y gobernadores, y cuestionaron la falta de movilización ante una ofensiva que consideran estructural contra los derechos laborales.

Los sectores convocantes sostienen que el proyecto oficial busca facilitar despidos, debilitar la negociación colectiva y avanzar en una “flexibilización por goteo”. La iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso en diciembre de 2025 propone, entre otros puntos, modificar el régimen indemnizatorio, ampliar el período de prueba y recortar el derecho de huelga.

Además, se introducen figuras como el banco de horas, cuestionado por dirigentes como Jorge Sola, de la propia CGT. Según denunció, ese esquema “lo decide el patrón, no el trabajador”, y representa una quita de previsibilidad para las y los empleados.

En este contexto, la reunión de hoy podría servir para definir una primera acción conjunta: la adhesión al paro nacional convocado por ATE y otros gremios estatales para el día en que el Senado trate el proyecto. La fecha exacta dependerá del avance del tratamiento legislativo, previsto para después de la primera semana de febrero.

Entre los asistentes hay coincidencia en la necesidad de actuar desde tres frentes: jurídico, legislativo y político. No obstante, la divergencia sobre las formas sigue generando tensiones internas. Según trascendió, la participación de Furlán en estas instancias causó malestar en la conducción de la CGT, que considera que su accionar es “inorgánico”.

En declaraciones recientes, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, confirmó que su gremio irá al paro si la ley avanza. “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”, sostuvo, y llamó a ocupar las calles antes de que se vote la reforma.

Mientras se intensifican los debates, el deterioro del salario real amplifica el malestar en los sectores organizados. Según el Indec, los salarios registrados subieron 25,6% hasta noviembre de 2025, mientras que la inflación acumulada fue del 27,9%. La caída real afecta incluso a los segmentos con mayor cobertura sindical.

A la pérdida generalizada se suman casos críticos. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída del 61,87% de su salario real en dos años y siguen sin acuerdo paritario. La dirigencia de la UTA, señalaron delegados, no solo evitó convocar al debate interno, sino que no informó sobre el impacto de la reforma en las condiciones del sector.

La jornada de hoy podría consolidar un polo sindical que desborde la estrategia oficial de la CGT. Sin definiciones unificadas, pero con señales crecientes de coordinación, el espacio que gira en torno a la UOM aparece como el punto de encuentro para quienes rechazan la reforma y exigen una respuesta más confrontativa.

Hasta el momento, la CGT no convocó a nuevas acciones colectivas ni confirmó si acompañará el paro del día del tratamiento legislativo.

JJD

“Cuando se trate la ley, vamos a la huelga”, anticipó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La decisión está tomada. Frente al inminente debate de la reforma laboral en el Congreso, el gremio ya definió un paro nacional como respuesta. La medida se contrapone con la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que hasta ahora optó por enviar sus objeciones al Senado en un documento y continuar las conversaciones con el oficialismo.

Yofra alertó que, si se aprueba la reforma, el impacto para la clase trabajadora será irreversible. En una entrevista con AM 530, explicó que su gremio actuará como en 2024, cuando convocó a una huelga en rechazo al capítulo laboral de la ley Bases. Ahora, ante la continuidad de la “ley de modernización laboral”, la postura es la misma: movilizar y paralizar tareas para frenar un paquete que, en sus palabras, representa una “aberración” contra los derechos laborales.

Mientras tanto, la comisión técnica del Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich, recibe hasta el lunes 26 las propuestas de modificaciones. Aunque la CGT fue convocada a exponer, decidió no asistir y presentar sus reparos por escrito. El oficialismo ratificó que no habrá nuevo dictamen ni se alterará el “espíritu” del texto: sólo se analizarán cambios puntuales para asegurar votos en el recinto a partir del 11 de febrero.

“No podemos quedarnos inmóviles”, insistió Yofra, que también señaló que otras organizaciones gremiales podrían sumarse si la CGT no convoca a un paro. En ese sentido, valoró el impulso de sectores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general Abel Furlán convocó a reuniones para coordinar medidas. “Nosotros damos la posibilidad de que se sumen a nuestra lucha”, dijo el dirigente aceitero.

En paralelo, varios actores empresariales también marcaron diferencias con el proyecto. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) planteó objeciones a cinco artículos —especialmente los referidos a la ultraactividad de los convenios colectivos y los aportes patronales— por considerar que podrían generar inestabilidad y conflictos legales. Ricardo Diab, presidente de la entidad, advirtió que los cambios “no pueden aplicarse de un día para otro”.

Yofra, sin embargo, enfatizó que los objetivos reales de la reforma no se corresponden con los argumentos oficiales. “Con la ley Bases hubo reforma laboral y aumentó el trabajo no registrado. No hay más empleo por cambiar leyes”, afirmó. A su juicio, lo que se busca es debilitar la capacidad de defensa de los trabajadores y limitar la acción gremial.

Sobre el Congreso, expresó desconfianza: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”. Cuestionó que la discusión se lleve adelante sin la participación formal de las centrales obreras, y denunció una estrategia de presión por parte del Gobierno nacional sobre los gobernadores. “Negocian a espaldas de los trabajadores”, acusó.

En ese marco, la CGT desplegó una doble estrategia: mantener negociaciones con los referentes del oficialismo —entre ellos Santiago Caputo, Martín Menem y Diego Santilli— y enviar a sus dirigentes a recorrer provincias para convencer a gobernadores de frenar el proyecto. Aún así, en su conducción reina la cautela: no hay garantías de que las críticas se traduzcan en cambios concretos.

Para Yofra, esa actitud es insuficiente. “Hay que salir a discutir en la calle qué tipo de reforma laboral queremos”, señaló. En lugar de flexibilizar condiciones, propuso debatir cómo garantizar mayores salarios y más seguridad para quienes trabajan. “Esa es la función que tenemos como dirigentes sindicales”, remarcó.

La comisión técnica del Senado definirá en las próximas semanas si toma o no alguna de las objeciones. Pero, hasta el momento, el oficialismo mantiene su hoja de ruta: no dividir el proyecto ni retroceder en los ejes centrales. En ese contexto, los gremios que ya definieron parar apuntan a generar presión directa con acciones concretas.

JJD

“Algunos me preguntaban: ”¿Por qué no nos van a dar el aumento si nos corresponde?“, y yo les decía: ”Porque no quieren. ¿Qué piensan ellos? La plata es mía, ¿por qué te la voy a dar a vos?“  (Daniel Yofra)

El 2015 iba a ser un año de definiciones. La Federación había ido consolidando la lucha por el salario digno y fortaleciendo varios sindicatos de base. Hacía dos años que profundizaban una construcción sindical que jerarquizaba el rol de los delegados de base y estimulaba el debate en las asambleas. Al mismo tiempo, continuaron desarmando los bolsones de trabajadores tercerizados, que sólo servían para generar división entre obreros y volver más precario e inseguro el trabajo dentro de las plantas. Ese recorrido les permitió empezar a hablar de la salud dentro de la fábrica.

En ese clima de desarrollo interno llegaron al Sexto Plenario de Delegados Aceiteros y Desmotadores de Algodón, que se hizo en febrero, en Villa Mercedes, San Luis. Ahí aprobaron la nueva metodología de cálculo para el salario mínimo vital y móvil, que se basaba en la composición del gasto de los hogares para una familia con un hijo que contemplaba la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares (ENGHO) del año 2012/2013. Ese número se había ido actualizando año a año.

El cálculo para 2015 daba 14.931 pesos para la categoría inicial y significaba un aumento del 42,2% (el salario promedio de los trabajadores industriales registrados era de 7.697 pesos, según la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el INDEC). Lo anunciaron el 12 de marzo, cuando faltaban veinte días para el vencimiento del acuerdo paritario de 2014. Iba a ser una discusión difícil porque implicaba seguir mejorando los salarios, que habían tenido una recuperación importante. Sin embargo, ese incremento seguía siendo un tema menor para las finanzas de las patronales: la totalidad de la masa salarial representaba entre el 0,5 y el 1,8 % de las ventas declaradas del sector aceitero. “Desde 2004 en adelante pudimos ver incluso que no había significativas diferencias entre lo que ocurría en las grandes empresas y en las medianas, a partir de lo que decían sus balances. Todas manifestaban un escaso peso de la masa salarial respecto de las ventas que declaraban o de la totalidad de sus costos”, analizaron los asesores económicos de la Federación.

Esos cálculos, que mostraban claramente la capacidad de pago —sin tomar en cuenta prácticas de triangulación de exportaciones como las que habían denunciado con pruebas en 2004—, no iban a conmover el corazón patronal. Todo lo contrario. A diferencia de lo que había pasado en la última década, los hombres de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) habían abandonado sus posiciones individuales y decidieron actuar en bloque. Las mayores productoras y exportadoras de aceite y también las empresas de menor tamaño instruyeron a sus cuadros profesionales para trazar la nueva estrategia. La fueron puliendo entre enero y marzo, y para abril, cuando venció el acuerdo paritario, estaban abroquelados detrás de una consigna: “Poner un límite a una metodología inaceptable de negociación”. 

* * *

Las empresas ofrecieron 24% de aumento. Insistían, en línea con el gobierno, en que la inflación iba a ubicarse en torno a ese porcentaje para 2015. Se apoyaban en datos del INDEC, que mantenía intervenido el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y en mediciones de consultoras privadas. Pero lo que los aceiteros discutían era otra cosa: pedían lo mínimo que necesitaban un trabajador y su familia para vivir dignamente gracias a su trabajo. Además, reclamaban el aumento de un 6% en los turnos rotativos, un 10% adicional para los que rotan tercer y cuarto turno, mil doscientos pesos por trabajador para la obra social, la constitución de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene y el nombramiento de un delegado en plantas con menos de diez trabajadores.

Esos pedidos chocaban de frente con la decisión tomada por las patronales. No querían discutir más con esa conducción obrera integrada por “ex operarios de plantas importantes”, que estaban asistidos por abogados “con vasta experiencia en el asesoramiento de sindicatos”. 

“Todos ellos tienen un marcado pensamiento de izquierda con una concepción polarizada del capital y el trabajo. Su forma de tomar decisiones es a través de asambleas en las fábricas. Palabras como ‘lucha’, ‘arrancar’, ‘lucha de clases’, ‘explotación’, ‘guerra’, ‘ganadores’, ‘perdedores’, ‘conquista’ son comunes en su glosario. Todos ellos son negociadores duros que conciben la negociación como un ‘ganar-perder’, es decir, son altamente competitivos. Utilizan las subidas de tono, las chicanas, los golpes en la mesa y, sobre todo, las medidas de fuerza inmediatas, como estrategias de negociación”, los describió el gerente de Asuntos Legales y Laborales de la CIARA, Martín Brindici, en un paper donde analizó esa negociación que encabezó por el lado patronal. Casi todo lo que marcaba como aspectos negativos o bien eran enseñanzas directas de Horacio Zamboni o el producto del encuentro entre él y esos dirigentes sindicales criados en fábricas donde no podían tomar mate, hacían horas extras para mejorar su pobre salario y trabajaban bajo precarias condiciones de seguridad.

***

En la puerta

“Sin acuerdo salarial, aceiteros lanzan paro por tiempo indeterminado”, tituló El Cronista el miércoles 5 de mayo. Esa madrugada, cuando el diario empezaba a llegar a los quioscos de diarios y revistas, los trabajadores habían realizado los procedimientos de parada segura porque se esperaba que la huelga durara varios días y las puertas de las plantas empezaban a cambiar de aspecto: se montaban carpas para sostener la protesta.

Permanecer en la puerta de las fábricas durante una medida de fuerza permite que las y los trabajadores tengan un lugar donde reunirse mientras se lleva adelante el reclamo. Van cada día, mientras dura la disputa, a cumplir su horario de turno laboral, pero manteniendo la huelga. También es una forma de visibilizar que existe un conflicto en marcha, de generar solidaridad en otros sectores, de mantener la llama ardiendo.

En los días previos, el curso que tomaron las negociaciones paritarias había ido generando interés en los medios de comunicación. No era una cuestión que discutía solamente aceiteros, el tema atravesaba a los diferentes gremios: bancarios, metalúrgicos y empleados de comercio, entre otros. Ninguno pensaba en aumentos por debajo del 30%. La UOM, por ejemplo, pedía una suba del 36% y el sindicato de Comercio había logrado un acuerdo con las cámaras patronales por un 30%, pero el Ministerio de Trabajo se negaba a homologarlo.

En ese contexto, el reclamo de los aceiteros tenía brillo propio y empezaba a crecer. Lo habían notado claramente el 12 de marzo cuando anunciaron que irían a la paritaria a pedir un aumento del 42,2%. Ese mismo día, Yofra fue entrevistado por Jorge Lanata e Ismael Bermúdez en el programa Lanata sin filtro, que se emitía por Radio Mitre y lideraba muy cómodamente la segunda mañana: lo escuchaba el 46,6% de las personas que sintonizaban alguna radio AM durante los días de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

“Lo que pedimos es simplemente lo que dice la ley: un salario que nos garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones. Todo lo que dice la ley. Si no es así, si no se puede dar ese salario, ¿cuál de esas necesidades tenemos que sacar de la ley?”, dijo al responder las preguntas. Y Bermúdez indagó.

—¿Los empresarios les van a dar lo que están reclamando?

—No, no creo —dijo Yofra y atajó una risa porque sabía que a las patronales les cuesta entender las necesidades obreras—. No creo que nos lo den en una negociación pacífica. Seguramente tendremos que ir a una medida nacional. 

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Para ese momento, había puertos paralizados, contratos caídos y un centenar de buques anclados en diferentes puntos a la espera de que se resolviera el reclamo y poder cargar sus bodegas. Cada uno representaba un costo de entre veinte mil y treinta mil dólares por día.

Durante el fin de semana fue más fuerte la presencia de las familias en las puertas de las plantas. Iban a acompañar a los trabajadores. Lo venían haciendo prácticamente desde que comenzó el conflicto. Una de las mujeres que iba a diario era Jaquelina Matteucci, enfermera y esposa de Marcos Gasparri, operario de Extracción. 

Marcos había entrado a Dreyfus en octubre de 1999, cuando ellos iniciaban su noviazgo. Jaqui había empezado a ir sobre el final de la primera semana de huelga. Por un lado, era una forma de “estar con él”, pero también una manera de acompañar el reclamo. Iba a compartir el mate y para que sus dos hijos de dos y siete años se encontraran con el papá. Es que desde que había comenzado la protesta, Marcos iba poco a la casa. Pero cuando llegaba, lo percibían desde que abría la puerta: olía a humo y no a cereal.

El hijo mayor preguntó por qué el papá no volvía todos los días y por qué tenía ese olor a humo. Jaqui le explicó que estaba haciendo una huelga, que era una forma que tenían los trabajadores para reclamar que les pagaran el sueldo que necesitan para vivir dignamente. Su propia vida era expresión de esa pelea: compraron un lote, construyeron una casa, tenían auto. 

***

Cuando Yofra y Dávalos llegaron al quinto piso de Economía, junto a sus asesores Cremonte y Zamboni Siri, los estaban esperando Tomada, el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. En la oficina había varias pantallas donde se veía la cotización de bonos y acciones en tiempo real. Estaban conectadas directamente a la Bolsa de Buenos Aires.

La reunión empezó tensa. Sobre la mesa estaba el diario Clarín, abierto en la doble página que le había dedicado al conflicto. La ilustración de la nota era una foto de los barcos anclados en el puerto y el título decía que había casi cien buques varados. Subrayado con resaltador amarillo, se destacaba el párrafo del final: “Hay una intervención indebida y, por cierto, ilegal a la que nos tiene acostumbrados (el Ministerio de Trabajo). Por un lado, reclama la vigencia de paritarias libres y, por el otro, le opone un techo a los aumentos salariales que se negocian libremente. Resulta paradójico que, queriendo parecerse a Perón en el 45, la presidenta termine asemejándose a Isabelita, cuando en 1975 se opuso a la homologación de los acuerdos salariales conseguidos”.

La discusión volvió sobre el mismo punto de que los salarios podrían disparar la inflación y que eso afectaría al gobierno. Incluso hubo frases como “quieren cagar a Cristina”, que ya habían aparecido durante una reunión de Tomada con Yofra tras el acuerdo con las patronales. Les costaba entender el reclamo sindical, que tenía que ver exclusivamente con cuánto valía la fuerza de trabajo y cuánto era lo necesario para vivir dignamente.

Kicillof argumentó largamente para buscar algún cambio en los aceiteros. No lo logró. Yofra respiró hondo y cerró el debate. 

—El problema que yo tengo es que no puedo cambiar este reclamo. No puedo porque creo que es justo, pero tampoco podría ni aunque quisiera. Vivo en un barrio donde viven otros trabajadores aceiteros. Mis amigos son aceiteros. Mis hijos van a la misma escuela que los hijos de otros aceiteros. Si yo viviera en Puerto Madero, tal vez, podría. Pero no vivo ahí. Vivo igual que el resto de los trabajadores aceiteros.

El aire se tensó otra vez.

—Bueno. Déjennos que lo hablemos en frente. —Kicillof y Tomada se prepararon para cruzar a la Rosada.

Al día siguiente, se hizo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Duró casi todo el día y, finalmente, se firmó la paritaria salarial, pero faltaba resolver quién pagaría los siete días de huelga que continuaron tras el acuerdo inicial. A los obreros no les correspondía perder eso porque la medida de fuerza había continuado debido a la posición del gobierno y las empresas no querían hacerse cargo del pago. En un nuevo encuentro, el viernes 29, se acordó el pago.

La noticia llegó en formato de mensaje de audio a las puertas de las diferentes plantas. Lo escuchaban con los celulares conectados a los equipos de audio de los autos y la voz salía a todo volumen. Algunos lloraban. Casi que no terminaban de creerlo.

Gasparri la llamó a Jaqui. Tenía un nudo en la garganta.

—Jaqui, ya está, terminó. Jaqui, lo logramos.

AR

El Secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA), Daniel Yofra, anunció que aceiteros y desmotadores irán a la huelga para rechazar la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno de Javier Milei y señaló la necesidad de “lograr la unidad sindical y llevar adelante un plan de lucha”. 

Fue durante el cierre del 74° Congreso Nacional Ordinario de la organización gremial, donde participaron los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), que coincidieron con la necesidad de profundizar la lucha para frenar la reforma laboral.

“Nosotros, los aceiteros y los desmotadores, vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales. Esto no es una arenga. Tenemos empatía y solidaridad con el resto de la clase. Y, por eso, tenemos que ir a todos los lugares donde haya conflicto para estar presentes y decirles que estamos con ellos”, señaló Yofra. 

Agregó Yofra: “La batalla que hay que hacer es ir a la huelga. No hay otra. Nosotros cerramos una paritaria bárbara, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que tener empatía con el resto de la clase y tenemos que salir a luchar. No nos podemos quedar con que nosotros estamos bien”.

La semana pasada, la Federación Aceitera alcanzó, junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, una paritaria que llevará el salario inicial a 2.344.000 pesos desde el 1° de enero de 2026 para la categoría inicial.

Boriotti consideró que “la reforma laboral es una realidad en el Estado”, pero sostuvo: “Lo que quieren ahora es ponerle el moño a la reforma laboral. Tenemos que coordinar acciones y el plan que vamos a llevar adelante para vencer la reforma laboral y para vencer a este gobierno y a todos los gobiernos que quieran ir en contra de los derechos laborales”.

“Lo único que nos va a salvar es la lucha colectiva. Estamos dispuestos a continuar el trabajo en la unidad, estamos dispuestos a escribir proyectos que fomenten esta unidad”, agregó Boriotti.

En tanto, Aguiar consideró que “el gobierno no es invencible porque vino por el derecho a huelga y no pudo. Vino por el Día del Estatal y no pudo” y afirmó: “Frenamos la reforma del Estado en la medida en que la había planificado el gobierno”.

“Llegó la hora de discutir la riqueza. El problema de la Argentina no son los pobres sino los ricos y su manera de acumular riqueza”, agregó Aguiar y señaló: “Nosotros no estamos para sobrevivir. Estamos para luchar y construir un camino de crecimiento colectivo para poder vivir felices junto a nuestras familias”.

Además, Furlán dijo: “Necesitamos que el movimiento obrero recupere una centralidad en la discusión de cuál es el modelo de país que queremos para nuestra sociedad. Necesitamos discutir el modelo que nos dé trabajo y salarios dignos”.

“Estados Unidos y China discuten quién se queda con el trabajo calificado. Y Argentina va a contramano de esto. Estamos en medio de un proceso de desindustrialización. ¿Vamos a aceptar ese proyecto de país o nos vamos a rebelar?”, agregó Furlán.

Con información de agencias.

IG

Cuando aún no abonó los salarios de febrero, la compañía agroindustrial Vicentin cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos.

“En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”, indicó.

“Ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda)”, señaló.

El freno de estas operacionas amenaza a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos que están vinculados a la cadena productiva del complejo oleginoso. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza.

Cabe recordar que la justicia de Rosario ordenó la semana pasada la prisión preventiva de cuatro exejecutivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, en un caso que involucra aproximadamente u$s600 millones. Según la investigación, habrían falsificado balances, simulado operaciones comerciales y desviado fondos de manera sistemática, incluso durante el proceso de concurso de la empresa.

MU con información de la agencia NA

La jornada laboral de ocho horas, las vacaciones pagas, el aguinaldo o los elementos de seguridad para realizar el trabajo y no morir en el intento fueron conseguidos con diferentes huelgas. Algunas se hicieron en la Argentina, otras en diferentes partes del mundo. Algunas se hicieron hace 200 años, otras apenas el mes pasado. Pero quienes trabajamos llegamos a cada una de ellas porque las mesas de negociaciones y los pedidos constantes no alcanzaron para que los patrones entendieran nuestras necesidades.

Por ejemplo, en el Buenos Aires de 1906 se desató una huelga de niñas y niños en la fábrica de chocolates Aguila Saint Hermanos. Exigían que se termine con el castigo físico en el trabajo. Doscientos niños-obreros llevaron adelante ese conflicto y lo ganaron. Lograron que los capataces dejaran de tener derecho a pegarles. Pasaron muchos años más hasta que el trabajo infantil dejó de ser legal. 

En los conflictos entre los intereses de los patrones y las necesidades de los trabajadores fuimos consiguiendo muchos derechos ¿Cuáles son? Los podríamos simplificar en unas pocas palabras: tener una vida digna a cambio de nuestro trabajo. Pero también podemos decirlo con mayor detalle: trabajar bajo normas y con elementos de seguridad que garanticen que no perdamos la salud o nuestras capacidades por trabajar, que podamos irnos de vacaciones después de un año de trabajo, poder comprar una casa para vivir, enviar a nuestras hijas e hijos a la universidad o comprar los medicamentos cuando nos enfermamos.

Todo eso se fue consiguiendo a través de diferentes luchas. A veces fueron más cortas, a veces más extensas, a veces fue necesario hacer una huelga o varias huelgas. Porque difícilmente, cuando nos sentamos a dialogar, los empresarios nos dieron la razón o aceptaron las necesidades que debe cubrir un Salario Mínimo, Vital y Móvil, tal como lo describen la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que fue votada y sancionada hace 50 años.

Las y los aceiteros tuvimos que volver a hacer uso de esa herramienta que es la huelga ante la negativa de las cámaras patronales de actualizar el valor del salario inicial a 1.562.000 pesos. Eso es lo que necesita una persona para -según el cálculo realizado en base a información del Indec- cubrir las nueve necesidades enumeradas en la Constitución: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Antes de eso participamos durante un mes de negociaciones paritarias, donde pedíamos un aumento que -medido en porcentaje- representaba una suba del 26 por ciento. Las empresas ofrecieron un 17 por ciento. Tuvimos que hacer una huelga para volver a sentarnos a negociar: logramos una suba del 26 por ciento.

¿Para qué pedimos ese aumento? Lo respondieron las y los compañeras en las asambleas que hicimos en las plantas de todo el país para ratificar el acuerdo logrado: para enviar a los hijos a la universidad, para comprar un terreno para construir la casa propia, para poder irse de vacaciones. Ese aumento va a movilizar la economía de los lugares donde vivimos porque nosotros invertimos la plata que ganamos donde vivimos. No inventamos empresas off shore para fugar divisas ni tenemos cuentas en el exterior. 

Ese aumento lo pedimos para poder vivir con dignidad y, también, para poder pensar en algo más que sólo llegar a fin de mes. Porque cuando no tenés un salario digno no podes tener proyectos y las y los trabajadores queremos (y merecemos) tener proyectos, porque somos quienes producimos la riqueza de este país, de todos los países.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón 

Los trabajadores aceiteros iniciaron este martes un paro sorpresivo por tiempo indeterminado en todas las plantas del país ante la falta de acuerdo en la negociación salarial, afectando la actividad del sector exportador. 

El cese laboral que llevan a cabo la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), desde la primera hora del martes, se da “ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera”.

Los gremios detallaron que la instancia dialoguista fracasó en la jornada del lunes tras ocho horas de negociación, donde especificaron que su reclamo paritario “recibió de parte de los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO una respuesta a la vez insuficiente y provocadora”.

Al respecto, señalaron que “va en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios de todos los productos que consumimos, constituyendo la base de su política económica”.

Además, expresaron que “este proceder empresario, de un sector que ha acumulado ganancias extraordinarias durante décadas, refleja una actitud especulativa y una clara ausencia de empatía con la situación de las y los obreros y empleados aceiteros en el marco de la coyuntura crítica que sufre toda la clase trabajadora argentina”.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), rechazaron la postura de los sindicatos y les pidieron “volver a la mesa de negociación”, asegurando que “el paro nacional de los aceiteros no tiene fundamento”.

Al defender su postura, argumentaron que “la industria aceitera tuvo en 2023 el peor año de su historia sin resignar ni un solo puesto de trabajo”, expresando que “este año nos comprometimos a que ningún trabajador pierda en relación con el avance de la inflación”.

En este sentido, precisaron que “al día de hoy ya se dio un 77% de aumento (la inflación del año) y ahora ofrecemos un 10 por ciento y luego otros 5, de modo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en los próximos meses” y agregaron que “actualmente, más del 60% tiene ingresos mensuales por encima de los 2.8 millones de pesos”.

A pesar del escenario descrito, la industria expuso que “los sindicatos no aceptan y presionan por un aumento mayor y por el impacto de Ganancias, que claramente es un problema ajeno a la industria; es un impuesto y como todo tributo, aprobado por el Congreso, se debe pagar”.

Como respuesta a la medida gremial, las agroexportadoras advirtieron que “lamentablemente los trabajadores deberán afrontar las consecuencias de estas decisiones sindicales, dado que cada día sin trabajar es un día menos de salario a fin de mes”.

Al mismo tiempo, expresaron que “llamamos a los líderes sindicales a levantar la medida rápidamente, a volver a la mesa de negociación de las paritarias y evitar planteos políticos que son ajenos a la realidad de una industria que paga salarios muy por encima de la media nacional”.

La medida de fuerza afecta a las terminales portuarias del norte de Rosario, impidiendo el ingreso de alrededor de 5.000 camiones y frenando la actividad exportadora de granos, que registró un notorio aumento durante julio permitiendo ser “el mejor mes del año en ingreso de divisas de la agroexportación”, según informó CIARA-CEC.

El comunicado completo del gremio de aceiteros

“El reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales se basa en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Tras ocho horas de negociación este lunes, el mismo recibió de parte de los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO una respuesta a la vez insuficiente y provocadora. Va en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios de todos los productos que consumimos, constituyendo la base de su política económica.

Este proceder empresario, de un sector que ha acumulado ganancias extraordinarias durante décadas, refleja una actitud especulativa y una clara ausencia de empatía con la situación de las y los obreros y empleados aceiteros en el marco de la coyuntura crítica que sufre toda la clase trabajadora argentina.

Por ello, reafirmando nuestro compromiso con el mandato recibido de forma unánime por las y los compañeros delegados reunidos en el Plenario Nacional conjunto de la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo el pasado 24 de julio, se ha decidido el inicio de una Huelga Nacional Aceitera de cumplimiento en las plantas aceiteras del país“.

Con información de agencias.

IG

La Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera cerró un acuerdo salarial con las exportadoras que lleva a $1.240.202 el sueldo básico de la actividad a partir del 1 de abril.

El anuncio lo formuló el propio sindicato mediante una publicación en la red social X, donde especificaron los detalles del acuerdo alcanzado con los empresarios.

La negociación se llevó adelante conjuntamente con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo.

El incremento representa un 25%, que sumado al 41% firmado en enero, comprende un aumento de 76,25% en lo que va del año.

Además, como pago retroactivo al mes de marzo se estableció el cobro de una suma no remunerativa por única vez de $207.857,92 para la categoría A-E, 225.267,48 pesos para la categoría B- F, $246.444,34 para la categoría C-G y $269.765,62 para la categoría D-H.

Asimismo, en julio se efectuará una revisión de este acuerdo. “El reclamo de nuestras organizaciones se fundamentó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las nueve necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, señalaron en el gremio.

Además, agregaron: “La firmeza y voluntad histórica de lucha de las y los compañeros trabajadores aceiteros, expresada a lo largo de los años en cada momento decisivo mediante el compromiso colectivo y el ejercicio del derecho de huelga, es lo que nos permite obtener esta nueva conquista. Ante una coyuntura en la que el gobierno nacional ataca y afecta los ingresos de la clase trabajadora y busca avanzar contra derechos laborales, sindicales y democráticos fundamentales, el logro obtenido significa defender la dignidad de nuestras familias”.

Con información de NA.

IG

A días del anuncio del Gobierno sobre la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra, analiza el impacto de esa medida en los trabajadores. También manifestó su preocupación por las expresiones de los candidatos a presidentes de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; y llamó a hacer una “autocrítica” al peronismo y dirigentes gremiales. “Tener un 40% de pobreza siendo uno de los mayores exportadores de granos es realmente vergonzoso. De eso somos responsables nosotros, tanto los dirigentes sindicales como los políticos”, aseguró.

‒ La actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias va a impactar muy poco antes de que llegue la hora de ir a votar. Vos representás a trabajadores que siempre fueron de los más afectados por ese tributo, ¿ven como un triunfo este anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa?

‒ Cuando nos dieron la buena noticia, que son muy pocas generalmente para el movimiento obrero, lo tomamos con mucha alegría. Nosotros venimos desde hace bastante luchando para que se saque ese impuesto al trabajo. Habíamos hecho una gestión a principio de año para que saquen algunos adicionales del cómputo, que lo logramos conjuntamente con las patronales, y era un ingreso más a los aumentos que ya veníamos consiguiendo. Entre los compañeros dirigentes hubo un estado de algarabía que hacía mucho no veía, porque el movimiento obrero en su conjunto venía pugnando para que se saque, se elimine o se suba el mínimo no imponible. Es lo mejor que puede pasar porque va a generar un mayor consumo; y por ende, más producción y mayor trabajo. No creo que sea la solución de fondo para lo que le pasa al país, pero sí para ese grupo de trabajadores y trabajadoras que son cerca de 800.000. Va a producir una inyección económica importante al país.

‒ Cuando hizo el anuncio en el acto con los sindicatos en Plaza de Mayo, Massa pidió que se compren el autito y no vayan a comprar dólares. ¿Cómo interpretas ese mensaje? ¿Puede suceder eso? ¿O te parece que el Ministro cuando dice eso está mirando una escena que no pasa en la realidad?

‒ Hay trabajadores que le descuentan mucha plata. No hice el cálculo de cuánto van a percibir más en el año, pero me parece que Massa lo hizo como cuando uno festeja algo bueno y puede decir cualquier cosa. Ahí toman alguna declaración para tratar de estigmatizar una decisión a favor de los trabajadores. Es tanto el odio de algunos sectores hacia la clase trabajadora que cualquier buena noticia es mala para ellos. Entonces dicen cualquier cosa, quieren tratar de tergiversar.

‒ Esta medida que empieza a regir a partir de octubre contrasta con la realidad de la mayoría porque tenés casi la mitad de los trabajadores en la informalidad con un salario mínimo que está que está muy rezagado. Desde aceiteros también tienen un planteo de fondo sobre la cuestión del salario mínimo que no fue escuchada hasta el momento. Es interesante que expliques cuál es ese planteo, que además los distingue entre los gremios porque no son muchos los que tienen ese tipo de de razonamiento o ese tipo de cálculo.

‒ Sí, la verdad que hay mucha desigualdad en nuestro país. Cada vez se hace más grande la brecha, incluso entre trabajadores. Antes eran trabajadores y empresarios, ahora hay sectores que han sabido aprovechar la herramienta de la discusión salarial de las paritarias para fortalecer su salario en función a las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Nosotros desde hace 19 años que venimos discutiendo con una metodología del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el Artículo 14 bis de la Constitución, que lo quieren sacar. Nosotros hacemos un cálculo, que no son cifras de aceiteros, sino hay una cifra que da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de ponerle valor a las necesidades básicas. Lo único que hacemos es luchar por eso. O sea, no es que nosotros tiramos la idea y las empresas aceptaron y nos dieron. Nos costó lucha. Fueron 25 días de huelga en 2015 y 22 días de huelga en 2020. Tenemos que ponernos de acuerdo con los dirigentes sindicales para establecer realmente cuál es el verdadero salario que tienen que cobrar los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, el SMVM, que arregla el Consejo del Salario, está por debajo de la línea de la pobreza, en 118.000 pesos. Es absurdo pensar que un trabajador es pobre, cuando hace 50 años buscaba empleo para dejar de serlo. Existe alguna estigmatización hacia el movimiento obrero. Pareciera que deben trabajar toda la vida gratis y no pelear por su salario, que es lo que plantean algunas agrupaciones que se postulan para presidente y que tienen la posibilidad de gobernar el año próximo.

‒ Estos 118.000 pesos van a tener algunos aumentos más, según lo acordado en el Consejo del Salario, pero la canasta básica de pobreza está alrededor de 250.000 pesos, casi sin contar la devaluación. El SMVM es la mitad de lo que necesita una familia tipo que no paga alquiler para cubrir la canasta básica.

‒ Sí, por eso digo que tendríamos que sentarnos a discutir realmente qué es lo que un trabajador necesita para cubrir las necesidades y después ver quién lo puede pagar. O sea, no me sentaría a la mesa de los patrones para que ellos me digan lo que nos van a dar, el gobierno convalide eso y nosotros aceptemos como representante de los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, son posturas que en algún momento vamos a tener que discutir, o por lo menos nosotros estamos buscando eso desde hace mucho tiempo en la CGT. Ganar bien para un trabajador o ganar lo que le corresponde para tener una vida digna implica que los patrones ganen menos. Esa es la lucha que hay que dar.

‒ Estamos en medio de un proceso electoral. La medida que anuncia Massa beneficia, como decíamos, a 800.000 trabajadores. ¿Y qué pasa a nivel de las fábricas? En el sector aceitero hay trabajadores que votan a Javier Milei, por ejemplo. De esos sectores hay en todos lados. Pero, ¿qué está pasando entre los trabajadores mejor pagos?

‒ Sí, sí, sí hay. No, no son mayorías, pero seguramente hay un hartazgo de la sociedad hacia la clase política producto de la batalla cultural que dan algunos medios y que evidentemente no han tomado los recaudos necesarios. Me parece que se le fue la mano tanta mierda que le tiran al a la clase política y al sindicalismo. Hay sectores dentro de la política que no han hecho las cosas bien como para que hoy una persona como Milei sea candidato. Sin saber ni siquiera lo que es un pobre. Sin embargo, tiene posibilidades una persona que le dice a los trabajadores que le va a sacar el derecho que utilizamos para discutir salario, y hay compañeros que lo votan. Y más te diría. Hay dirigentes que evidentemente creen que van a seguir teniendo la libertad de de expresión y de que van a poder seguir haciendo huelga. No va a ocurrir si llega a ganar Milei o Patricia Bullrich. No es que lo estoy inventando, sino que lo dijeron. Es una tendencia entre la gente que no participa ni de la de la escuela, ni la cooperadora, ni un comedor escolar ni un merendero y que, aparte de trabajar, sólo mira la tele y le cree a la tele. Realmente no se entiende como un aceitero pueda llegar a votar a alguien que lo desprecia claramente.

‒ Te lo pregunto porque, por ejemplo, me contaban una anécdota. En el sector automotriz, algunos ingresaron cuando comenzaron los años del kirchnerismo, otros que lo hicieron después. Hay un corte generacional, quizá la vieja guardia sindical, que son trabajadores que tienen 20 años o más, que está más identificada con el peronismo y el Gobierno; y las generaciones más jóvenes, que dicen “voy a votar a Milei”. ¿Vos ves algo así o ves que el voto a Milei puede estar en cualquier trabajador?

‒ Tengo 37 años de aporte ininterrumpido, y tengo 31 de aceitero. Tuve la suerte de que nunca me hayan despedido. Escucho el desprecio hacia la clase política y hacia los dirigentes sindicales desde hace muchos años. O sea, era chico y ya mi abuela puteaba en contra de los de los políticos y los sindicalistas, siendo que mi viejo era sindicalista y el hijo de ella también. En su momento utilizaban a los militares y un gobierno de facto. Hoy se postulan a través de un partido como el de Milei y ganan elecciones. Tenemos que empezar a convivir con eso dentro de la democracia y hacer otro trabajo. Nadie mide las consecuencias a la hora de poner un voto. Vos vas y metés el voto adentro de la urna sin pensar en qué es lo que pueden hacer y sin averiguar qué plan de gobierno tienen. Obviamente que en gran parte tienen la razón de las frustraciones que tuvieron durante estos 40 años de democracia. Aquello que vivimos de cerca con los militares y los derechos que perdimos todavía no lo recuperamos. Es una una deuda que tiene la democracia, pero tampoco hay que subestimar el voto ni echarle la culpa a aquellos que lo votan. A mí me parece que tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte, porque hay sectores que están marginados. Tener un 40% de pobreza siendo uno de los mayores exportadores de granos es realmente vergonzoso. De eso somos responsables nosotros, tanto los dirigentes sindicales como los políticos.

‒ Hay algunos dirigentes sindicales que ya empezaron a expresar el apoyo directamente a Milei, como es el caso de Luis Barrionuevo, que hasta hace poco tenía como candidato a Eduardo "Wado" de Pedro; y Gerardo Martínez que tuvo una reunión con él. En la plataforma de Milei señalan como un ejemplo a seguir el acuerdo que tiene la UOCRA con el grupo Techint, y que tiene con otras empresas. ¿Qué estás viendo con una facción del sindicalismo que ya se anticipa a decir que Milei no es tan malo o hay que apoyarlo directamente?

‒ Me nombraste dirigentes. A Gerardo Martínez se lo veía muy contento apoyándolo a Massa. Hay cerca de 73.000 dirigentes sindicales en todo el país y que dos apoyen a Milei no me parece que sea trascendente. El problema no es que lo apoyen los dirigentes, el problema son las consecuencias que puede haber si Milei gobierna este país. Estamos en democracia y todas esas cosas en algún momento hacen efecto. Los trabajadores de Barrionuevo deberán tomar nota de que su dirigente apoyó a Milei, un candidato a presidente que desprecia a ese sector.

‒ Hay una consigna en las redes sociales de la Federación de Aceiteros y Desmotadora de Algodón y Afines, que ustedes siempre repiten: “La inflación no genera los salarios”. No hay una etapa en la que quede más claro como ocurrió en los últimos años de Argentina. Con salarios muy rezagados durante el gobierno de Macri, y también en el gobierno del Frente de todos, sobre todo en el sector informal. ¿Por qué no se toma nota de eso? ¿ Por qué cuando se discute de inflación se vuelve a plantear que los salarios pueden ser inflacionarios? Cuando estamos asistiendo a la demostración más clara de que con salarios muy por detrás de la inflación, ésta sigue descontrolada.

‒ Sí, y con el 40% de pobres en que en su gran mayoría son trabajadores formales. Dicen que el salario genera inflación, pero que expliquen por qué también genera pobreza. Parecería que todos los males que tiene este país es producto de la clase trabajadora o de aquellos que luchan. Y nosotros tampoco salimos a dar esa pelea. ¿Cómo puede ser que el salario en el bolsillo de los trabajadores genere inflación y en el bolsillo de los empresarios no? Esa es la lucha eterna que vamos a tener con el capitalismo. A mí sinceramente me preocupa que los compañeros entiendan que podemos luchar por un salario tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis para garantizar esas necesidades y así generar seguramente más empleo, más producción, más consumo. La plata queda en el país, porque no creo que ningún trabajador tenga una cuenta afuera como la tienen algunos políticos o algunos empresarios que se han llevado toda la plata para afuera. El el trabajador la invierte en nuestro país. Lo único que yo le digo a los compañeros de que nosotros vamos a seguir luchando esté quien esté. Obviamente que también depende de la política que se aplique. Cuando Bullrich dice que van a perseguir a Pablo Moyano no es para reírse, es para preocuparse, porque no es solamente Moyano y la figura de él, es hacia todos los dirigentes que peleen por sus trabajadores y trabajadoras. Y también yo le preguntaría a todos ellos que, ante una situación de crisis económica y social como la de nuestro país, donde tenemos el 40% de pobres, si piensan solucionar el problema sacándonos más derechos.

‒ Te quiero preguntar por las elecciones en Santa Fe, porque aceiteros es muy fuerte. Acaba de ganar Maximiliano Pullaro, un candidato bueno que viene del radicalismo. Venimos de una derrota muy fuerte del peronismo que perdió votos de a cientos de miles en apenas cuatro años y de un candidato a gobernador ya electo que dice que lo va a apoyar a Milei en un eventual balotaje. ¿Qué pasó en Santa Fe? ¿Qué interpretación hacés de los resultados electorales y también de la dirigencia que salió electa?

‒ Los peronistas que apoyan a Milei o a Juntos por el Cambio son ovejas disfrazadas de lobo. Cuando pueden salir, salen y expresan lo que realmente sienten. Lo lamentable de todo eso es que se perdieron esas herramientas que tenía tanto el radicalismo como el peronismo de hacer plenarios de dirigentes y congresos donde se discutía, se debatía y se elegía al mejor candidato. Hoy parecería que es una tómbola donde se elige un candidato y sale y hay que seguirlo detrás. Yo no espero el mesías político que nos venga a salvar. Confío más en empoderar al movimiento obrero que todavía sigue teniendo poder de convocatoria y poder de fuego, en lugar de esperar a que venga un un político y nos diga que lo va a solucionar. Hasta ahora no estamos incluido dentro de los planes gubernamentales. O sea, la pobreza no está incluida, los maestros no están incluidos. Si nosotros no generamos herramientas para que esos trabajadores y trabajadoras estén mejor, van a pasar estas cosas porque están al alcance de la mano. No por nada se postula el Dipy, con posibilidades de ser intendente de La Matanza. Es un lugar que históricamente era del peronismo, pero que hoy tiene posibilidad de este muchacho. Nos tenemos que sentar y hacer una autocrítica, no podemos seguir sosteniendo un sistema cuando no nos favorece y menos los trabajadores.

Entrevista realizada por Diego Genoud en su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos).