La justicia de La Plata ordenó este jueves iniciar los trámites para que Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que recaudaba dinero en la Legislatura bonaerense, obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria tras permanecer encarcelado durante 14 meses.

La decisión fue tomada esta mañana a instancias del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, luego de que la Fiscalía General no apeló un fallo de la Cámara de Casación, que había hecho lugar a que Rigau reciba la pulsera electrónica.

El puntero del peronismo bonaerense se encuentra actualmente en la Unidad Carcelaria N° 26, ubicada en las afueras de La Plata, lugar al que Atencio hizo llegar el pedido para que Rigau dé su consentimiento con relación a la medida.

Asimismo, el magistrado también se comunicó con la Dirección de Monitoreo electrónico provincial para que realice “relevamientos técnicos” en el domicilio de “Chocolate” Rigau, y así garantizar el funcionamiento de las herramientas que lo tendrán encarcelado en su hogar.

La orden de juez podría demorar semanas en materializarse, dado que el Estado provincial no da a basto a cubrir la demanda de pulseras electrónicas, que actualmente tiene a 200 presos a la espera de este tipo de dispositivos.

El puntero político provincial está procesado por defraudación y por integrar una presunta asociación ilícita, luego de que en septiembre del 2023 fuera descubierto en un cajero del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

MM con información de la agencia NA.

Hugo Santiago Muguerza, un destacado miembro del partido radical con amplia trayectoria en la política en la provincia Buenos Aires, fue señalado por su presunta participación en un esquema de extracción de fondos estatales mediante el uso indebido de tarjetas de débito.

Aunque su nombre aún no figura en la causa judicial que implica a Julio “Chocolate” Rigau y los hermanos Claudio y Facundo Albini, acusados de formar una asociación ilícita vinculada a la Legislatura bonaerense, la presencia de Muguerza en videos de seguridad del banco Provincia sugiere una conexión directa con las operaciones fraudulentas.

La información surgió a partir de una investigación llevada a cabo por el diario La Nación.

La fiscal Betina Lacki convocó a declarar a los propietarios de las 39 tarjetas de débito utilizadas en el esquema en busca de evidencia que pueda vincular directamente a Muguerza y sus asociados con el delito.

Este caso resaltó la práctica de utilizar “empleados fantasma” para desviar fondos del Senado bonaerense, una estrategia que permaneció oculta gracias a un extendido silencio cómplice.

Muguerza, quien evadió los intentos de contacto por parte de los investigadores y medios de comunicación, mantiene un bajo perfil desde la publicación de los hallazgos.

Las indagaciones apuntan también a Marcelo Elías, secretario administrativo del bloque Cambiemos en el Senado, como una figura clave en la asignación de las tarjetas de débito investigadas, aunque él también eludió a la prensa.

La extensa carrera política de Muguerza incluye roles en el PAMI y en la Municipalidad de La Plata, además de una activa participación en la UCR desde su juventud.

La investigación reveló que varios familiares y allegados de Muguerza se beneficiaron directamente del esquema de tarjetas de débito, lo que sugiere un entramado de corrupción bien arraigado.

Otros implicados en la trama incluyen a los hermanos Albini y miembros de la familia Licursi, quienes han sido señalados por su participación en las operaciones de retiro de efectivo.

Este escándalo generó una notable falta de acción por parte de la UCR e intensificó las disputas políticas en La Plata, destacando la necesidad de reformas significativas para abordar la corrupción.

Con el avance de la investigación judicial, se espera que surjan más detalles sobre la red de corrupción y sus operadores, lo que podría llevar a importantes revelaciones sobre las prácticas delictivas en el ámbito político de Buenos Aires.

Desde varios sectores, ante este tipo de casos, se resalta la importancia de implementar medidas de transparencia y de luchar contra la corrupción para restaurar la confianza en las instituciones públicas.

CRM con información de la agencia NA

Los 15 empleados de la Legislatura bonaerense y dueños de tarjetas bancarias con las cuales el puntero Julio “Chocolate” Rigau hacía extracciones de dinero que había sido detenidos serán liberados por orden de la Justicia. Lo decidió el juez en lo Penal de La Plata Federico Atencio al considerar que no se configura sobre ellos el delito de asociación ilícita tal cual había acusado la fiscalía.

Para Atencio, está “acreditado” que por el momento no forman parte de una asociación ilícita y al no contar con antecedentes penales afrontan una pena en caso de recaer condena que será de cumplimiento en suspenso.

Es que de pesar sobre ellos asociación ilícita superan los diez años de prisión en tanto que con el de fraude en perjuicio de la administración pública no superará los dos años de prisión.

De esta manera, previo pago de una caución de $100.000 cada uno, serán liberados Graciela Del Carmen Anivarro, Raul Horacio Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D´Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, Maria Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Arturo Teodomiro Falcon Ramirez, Raul Marcelo Folone, Diego Guillermo Koster, Sheila Belen Maroni, Daniel Alfredo Mederos, Ricardo Mario Sánchez, Ramon Alberto Sosa y Paula Alejandra Valdata.

Ahora, el juez debe resolver el pedido de excarcelación planteado por Facundo Albini, concejal de La Plata que responde la espacio político de Sergio Massa; y su padre Claudio, subdirector del área de personal de la Legislatura Bonaerense.

Por ahora, también cuenta con prisión preventiva Julio “Chocolate” Rigau después que lo pida la fiscal Betina Lacki acusándolo de estafas reiteradas y asociación ilícita.

NA/JJD

El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó por pedido de la fiscal la prisión preventiva de Facundo Albini, concejal del Frente Renovador, y de Claudio Albini, subdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y padre de Facundo. Sus nombres surgieron a partir del peritaje del celular de Julio “Chocolate” Rigau y ahora se los investiga por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas por una cifra que llegaría a los $800 millones.

Ese mismo día el juez del caso ordenó la detención de 15 titulares de las tarjetas de débito que originaron la causa, investigados como partícipes necesarios del fraude. Capturaron a 13 pero todavía están en la búsqueda de dos personas que no fueron encontradas. Además el juez decidió inhibir las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini, el allanamiento de sus casas y el secuestro de sus teléfonos.

A partir de ahora, la fiscal Betina Lacki tiene que realizar el proceso de declaraciones indagatorias. Es en esta instancia en que la fiscal debe informarles cuáles son los delitos por los que se los acusa. Además puede hacerles preguntas sobre el caso y les da la oportunidad de defenderse o brindar pruebas. 

El primer encuentro que tuvo con los Albini duró unos pocos minutos porque los acusados se negaron a hacer declaraciones. Su abogada defensora, María Fernanda Borthirty, aclaró antes de la indagatoria que sus clientes “están bien”, ajustados a derecho y que, de ser necesario, “contarán lo que sepan” para colaborar con la investigación. Por eso sorprendió que ninguno de los Albini dijera nada ante la fiscal. 

En una entrevista con el periodista Hugo Alconada Mon, Facundo Albini dijo que el jefe de “Chocolate” Rigau es una autoridad de la Cámara y que “la Justicia tiene que ir más arriba”. Además agregó que tenía “muchas ganas de hablar”. Las sospechas apuntan al mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, un hombre de Martín Insaurralde que dejará su puesto en la legislatura bonaerense para ser el próximo intendente de Lomas de Zamora.

Los abogados de la Fundación Poder Ciudadano, que es querellante en la causa, le dijeron a elDiarioAr que “Facundo Albini dijo que iba a presentar un descargo escrito” y que están “expectantes para ver qué información puede aportar para esclarecer todo esto” y si de alguna manera eso les permite “escalar a niveles jerárquicos de la asociación ilícita”.

La hipótesis principal de la investigación es que los titulares de las tarjetas prestaron su nombre para hacer contratos en la Cámara de Diputados provincial que servían para desviar dinero a una caja política que habrían administrado los Albini. Sin embargo, en los pasillos de la Legislatura se dice que el poder para aprobar contratos estaba más arriba.

La hipótesis principal es que los titulares de las tarjetas prestaron su nombre para hacer contratos en la Legislatura que servían para desviar dinero a una caja política que habrían administrado los Albini. Pero se sospecha decisiones más arriba.

Además desde Poder Ciudadano están promoviendo medidas probatorias vinculadas a los antecedentes tributarios de los dueños de las tarjetas que les permitan “saber qué grado de intencionalidad tenían en todo esto”, explicaron a elDiarioAr en el equipo legal de la ONG.

Los querellantes sumaron, además, otra línea de investigación: el Banco Provincia. “De la misma causa surge que algunas tarjetas de débito no fueron entregadas a los titulares”. Por eso “se ordenó saber cuál es el protocolo de entrega de tarjetas de débito, si existe alguna responsabilidad de algún funcionario del banco Provincia”, explicaron.

Cronología del caso 

Chocolate Rigau fue detenido el 9 de septiembre mientras sacaba plata de un cajero automático de La Plata con 45 tarjetas de débito, todas asignadas a empleados de la Legislatura bonaerense. La fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, ordenó un allanamiento en el que secuestró dos teléfonos y un cuaderno. El juez de Garantías Federico Guillermo Atencio finalmente inició una causa penal contra Julio Rigau por 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa.

Doce días después, la la sala 3 de la Cámara de Apelaciones liberó a Rigau, aceptando el habeas corpus interpuesto por sus abogados defensores, argumentando que la actuación de la policía al detener a Rigau había sido incorrecta. Pero la fiscal Lacki se quedó con el teléfono de Chocolate para peritarlo.

A los pocos días de la liberación el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, recurrió la decisión de la Cámara de Apelaciones. Y el caso fue al Tribunal de Casación que resolvió reactivar la causa argumentando que la Cámara de Apelaciones se extralimitó en sus funciones. Julio Rigau fue detenido el 14 de octubre. 

El peritaje del celular de Rigau vincula a los Albini en la causa. Aparecieron mensajes con Facundo pero también otras charlas en las que daban entender que le rendía el dinero a Claudio, que tiene un rol importante en el área de personal de la Cámara. El análisis de los mensajes señala que los Albini eran los “jefes” de Rigau. 

“Fue muy relevante la apertura del teléfono de Julio Segundo Rigau porque permitió esclarecer un poco cuáles eran los distintos roles dentro de la asociación ilícita”, explican desde Poder Ciudadano. 

El peritaje también complicó a varios de los titulares de las tarjetas. Por ejemplo, en una conversación con el principal imputado, “Fabián” le exige saber sobre sus presuntas condiciones de contratación. “Julito, te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por WhatsApp nomás, yo me encargo”, escribió. Y agregó: “Lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media. ¿Yo cuándo estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?”.

Luego de que el juez Atencio ordenara la detención de los Albini, éstos se presentaron voluntariamente junto a sus abogados en la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata. Pidieron esperar el proceso judicial en libertad pero el juez rechazó el pedido por considerar que pueden entorpecer la investigación. Los detenidos ya cuestionaron esta decisión ante la Cámara de Apelaciones.

Hoy, el expediente sigue en etapa de  investigación y la fiscalía no frenará durante la feria judicial de enero. 

¿Quién es quién?

Julio “Chocolate” Rigau tiene 65 años y trabaja como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense. Las tarjetas de débito que tenía en su poder pertenecían a otras personas que cobraban sueldos, de aproximadamente $500 mil, de la Legislatura provincial. 

Claudio Albini fue durante años empleado en el área de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Políticamente siempre formó parte del peronismo de La Plata. Tiene un perfil muy bajo. Hoy, a los 67 años, es subjefe del área que se encarga de las contrataciones en la Legislatura.

Facundo Albini a los 18 años entró a trabajar en el área de Personal que estaba a cargo de su padre en la legislatura bonaerense. Dejó el puesto en 2019 cuando fue elegido por primera vez concejal de La Plata. En las últimas elecciones, ya con 36 años, renovó su mandato, fue tercero en la lista que encabezó Julio Alak como intendente. También es apoderado del Frente Renovador a nivel provincial desde el 2015 y conduce la agrupación “Unamos Generaciones”, que tiene presencia en Los Hornos, San Carlos y Palihue.

Federico Otermin fue periodista, productor de televisión y hoy es el intendente electo de Lomas de Zamora. Tiene 38 años y forma parte del entorno de Insaurralde desde que se conocieron en un evento de Banfield, equipo del que ambos son fanáticos, cuando Otermin tenía 25 años. En el municipio lomense dirigió el área de comunicación, luego de cultura. Luego se convirtió en legislador provincial.

VL/JJD

El juez en lo penal de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó hoy la detención del concejal del Frente de Todos, Facundo Albini, en el marco de la investigación por estafas y asociación ilícita protagonizada por Julio “Chocolate” Rigau. También pidió la detención del subdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y padre del concejal, Claudio Albini, y los titulares de las tarjetas con las que el puntero política realizaba las extracciones millonarias de dinero en distintos cajeros bancarios. La fiscal Betina Lacki habúa solicitado estas detenciones previo al balotaje.

Hoy se conoció también el contenido obtenido del peritaje al teléfono de Rigau. En unos de los chats con “Facu”, quien presuponen es el concejal investigado, el dirigente le reprocha al puntero que le pagaba $200 mil al mes. “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con voz, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí”, le escribió.

Además de los Albini y Rigau, el juez ordenó la detención de los 15 titulares de las tarjetas de débito ya que considera que son “partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública”. En una conversación con el principal imputado, “Fabián” le exige saber sobre sus presuntas condiciones de contratación. “Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por whatsapp nomás, yo me encargo”, escribió. Y agregó: “Lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media. ¿Yo cuando estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?”.

Además de las detenciones, la Justicia decidió inhibir las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini y el secuestro de sus teléfonos.

ACM con información de agencias.

El juez en lo penal Federico Atencio dictó la prisión preventiva para Julio “Chocolate” Rigau en la causa por estafas y asociación ilícita al ser sorprendido en un cajero automático realizando extracciones de dinero con tarjetas de empleados de la Legislatura Bonaerense. 

El pedido había sido hecho por la fiscal Betina Lacki, quien además pidió la detención de Facundo Albini, concejal del Frente Renovador en La Plata, y de su padre, Claudio, subsecretario del área de personal de la Legislatura Bonaerense. 

“Tengo en cuenta la circunstancia de resultar aprehendido en poder de las tarjetas de débito empleadas en la maniobra, de los tickets obtenidos a partir de la ejecutadas tanto en esa fecha como en los cuatro días previos, así como también detentando parte del dinero en efectivo fraudulentamente obtenido, ocurriendo ello en el lugar escenario de los hechos y al tiempo en que se encontraba efectuado las últimas operaciones de extracción dineraria”, valoró el juzgado.

En esta primera preventiva el magistrado impuso por el delito de las estafas pero luego se amplió la acusación y resta ahora que se pronuncie sobre el delito de asociación ilícita que ha fijado la fiscal. 

A la hora de fijar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta “la pena en expectativa” así como “la cantidad de hechos perpetrados” pero también “el alto monto defraudado”.

Otro de los argumentos invocados por el juzgado es otros posibles “Chocolate” que estén actuando en simultáneo, pues de imágenes de cámaras de seguridad de días anteriores se observó en los cajeros automáticos la presencia de otras personas que hacían extracciones de dinero con varias tarjetas. 

“Existen peligros procesales”, concluyó el juzgado al imponer la preventiva por el delito de defraudaciones por 177 hechos consumados y 45 en grado de tentativa. 

Mientras el juez tiene a la espera resolver los pedidos de detención contra los Albini, también la Cámara en lo Penal de La Plata tiene que resolver un planteo de la nulidad presentado por la defensa contra el accionar policial que derivó en la detención el 9 de septiembre pasado en un cajero del centro de la Ciudad de La Plata.

NA/JJD

Tres causas judiciales marcaron la campaña que llegó a su fin este jueves, 72 horas antes de la elección presidencial del domingo. Uno de los expedientes expuso la presunta corrupción en la recaudación de la política y el saqueo de fondos públicos. Un dirigente vinculado al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, está relacionado directamente con la maniobra. 

El segundo expediente dejó en evidencia los lujos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de paseo en yate por el Mediterráneo con su novia y vacaciones en Marbella. Mientras que el tercer legajo sacó a la luz los nexos de un hombre clave de La Cámpora con presuntos servicios de inteligencia ilegal para realizar operaciones políticas y que dejó a la organización por primera vez en el centro de un expediente de alto voltaje político.

Tanto el caso de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau como las vacaciones de Insaurralde y las “carpetas” de Fabián “Conu” Rodríguez tienen sus particularidades pero también puntos en común: exhibieron lo que preliminarmente resume viejas y condenables prácticas de la clase política; en los tres casos quedaron expuestos sectores políticos del oficialismo -el peronismo, el massismo y el kirchnerismo-; y en principio no parecieron tener un impacto determinante en los resultados de la primera vuelta electoral.

Chocolate y el massismo 

Fue el primer caso que emergió durante la campaña y sin dudas, el que más vaivenes ha sufrido hasta el momento. Julio “Chocolate” Rigau trabajaba como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense pero oficiaba como puntero político. El 9 de septiembre último fue denunciado por un hombre que presenció cuando se encontraba en un cajero automático de un Banco Provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata, retirando gran cantidad de efectivo con numerosas tarjetas de débito. Cuando la policía lo requisó, Rigau tenía 49 tarjetas en su poder a nombre de otras personas. 

De la investigación surgió que los titulares de las mismas cobraban sueldos de unos $500.000 de la legislatura provincial. Había desde contratados del Frente de Todos, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, como informó elDiarioAR.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, dirigente de confianza de Insaurralde y quien ganó la intendencia de Lomas de Zamora en octubre último.

La fiscal Betina Lacky comenzó a investigar una presunta defraudación a la administración pública hasta que a mediados de septiembre último, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró nula la causa por un tecnicismo jurídico. Rigau, que había quedado detenido, recuperó su libertad.

Lacky sospechaba que estaba frente a algo mucho más grande: una asociación ilícita para defraudar al Estado y financiar de manera ilegal la política y en la que Rigau era un peón. Sospechaba también que la maniobra implicaba la contratación de empleados en la Legislatura que en realidad no cumplen tareas ni brindan servicios y que sus sueldos van a la caja de la política. Se basó en parte en los testimonios de algunos de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, quienes declararon que desconocían quiénes los habían nombrado como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Once días antes de la primera vuelta electoral, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la fiscal solicitó la detención del puntero y el secuestro de su celular para un peritaje. 

Los chats y hallazgos en su teléfono condujeron a los investigadores directamente hacia dos hombres clave en la Legislatura bonaerense: el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador (Unión por la Patria) y su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros y que respondería a dichos dirigentes políticos.

En la último semana, la fiscal y la querella, que representa Poder Ciudadano, solicitaron la prisión preventiva de Rigau, que ya está detenido en la causa. La ONG también solicitó la detención de los Albini. El juez debe decidir pero hasta momento no ha fallado sobre los pedidos. El tiempo es vital para la fiscalía: necesita recuperar el contenido de los teléfonos de los Albini para continuar la investigación hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

Insaurralde en el Mediterráneo

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Costo del pasaje: US$8.139,30. Medio de pago: una tarjeta American Express de Estados Unidos.

Insaurralde iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje por el Mediterráneo en un yate alquilado para media jornada con tres botellas de champagne.

El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando Clerici posteó en la red social Instagram fotografías de su pareja a bordo de la embarcación, sirviendo dos copas a pleno sol.

El fiscal imputó a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, ex esposa del funcionario, por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El primer juez de la causa, Federico Villena (Lomas de Zamora) debió apartarse tras la denuncia del fiscal Sergio Mola por una presunta amistad con el funcionario investigado. El expediente quedó entonces a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga uno de los juzgados federales del partido bonaerense.

La mujer dijo en declaraciones públicas que el yate “se lo prestó un amigo” de ella. Sin embargo, en el expediente consta que el alquiler del yate “Bandido” costó unos 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella costó unos 24.000 euros, de acuerdo a la información enviada por España. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. 

Insaurralde debió renunciar al cargo en el gobierno de Axel Kicillof en plena campaña hacia las elecciones generales de octubre pero no renunció a la intendencia de su municipio, aunque mantuvo la licencia. Su aliado, Otermín, ganaría la elección. Kicillof renovó mandato con amplia diferencia de votos con respecto a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak allanó siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici después de las elecciones de octubre. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos en la casa de Clerici, cuyo origen deberá explicar. El dinero fue encontrado en una unidad distinta a la que habitaba los días anteriores. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

Los policías secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Además de la reciente mudanza de Clerici de una vivienda a otra en el mismo barrio los días previos al allanamiento, los investigadores tienen otros datos sospechosos. Creen que el teléfono que entregó la mujer como su celular personal no es el real.

Tampoco se pudo dar con Insaurralde, su teléfono personal y su computadora personal durante los allanamientos a distintos domicilios. Se secuestraron igualmente algunos dispositivos en una de las viviendas. Tras ser intimado por el juzgado a declarar su domicilio real, el funcionario dijo que habita uno de los domicilios allanados, en la localidad de Banfield.

Tras la filtración de las fotos de los procedimientos, el juez Kreplak apartó a la Federal y encomendó las tareas de investigación a la Gendarmería, que la semana próxima comenzará con las pericias informáticas de todos los dispositivos secuestrados. 

Otra suspicacia en la investigación: en los últimos días, el juez ordenó a pedido del fiscal Mola procedimientos en el Casino Victoria, en la provincia de Entre Ríos, un empresa de Daniel Mautone, anunciante de un programa de televisión realizado por Cirio en el pasado. El fiscal sospecha que el pago de publicidad podría encubrir pagos ilegales a Insaurralde, quien tenía en su esfera bonaerense el control de los casinos y bingos. Cuando recibieron la documentación el resultado que observaron los investigadores fue que los pagos del casino anunciante eran de cero pesos. Se investiga a qué se debe esa circunstancia.

Los “partes” de Zanchetta

El expediente se centra en el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. Uno de los casos tiene como protagonista a Ariel Zanchetta, un expolicía, exagente de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, acusado de armar “partes” de inteligencia ilegales para al menos un funcionario público, Fabián “Conu” Rodríguez, número dos en la estructura de comunicación de La Cámpora y subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

La sospecha central de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces en las mismas fechas en las que las víctimas perdieron control de sus líneas de teléfono u otras líneas fueron creadas a su nombre.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que lo vinculan al “Conu” Rodríguez. 

También surgieron tres conversaciones entre Zanchetta y el diputado Rodolfo Tailhade, pero aún no surgió la posible comisión de delitos en su caso.

Rodríguez es un capítulo más delicado. El fiscal pidió su indagatoria y detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por el momento, sólo le prohibió salir del país. El funcionario se presentó a entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje, varios días después de los allanamientos en su casa y oficina en la AFIP. 

El nombre de Rodríguez surgió en el expediente porque Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, que estaban configurados para ser borrados. En la conversación, el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández dejaba trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

Esa prestación se pagó con fondos públicos, según la fiscalía. En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido. En total, cobró casi $2.000.000.

Zanchetta sostuvo durante su declaración indagatoria que ejercía como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

Entre las tareas que Zanchetta realizaba la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín. “Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

En la investigación de Pollicita se hallaron otros pagos a Zanchetta, como los de la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023, cuando ya no estaba publicando. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

La fiscal en lo penal de La Plata Betina Lacki pidió la prisión preventiva de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ quien fue sorprendido in fraganti sacando dinero de un cajero automático el 9 de septiembre pasado con tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura Bonaerense. 

Ante el juez en lo penal Guillermo Atencio reclamó convertir la aprehensión en detención como autor de múltiples estafas, a raíz del uso de las tarjetas de 48 empleados de la Legislatura para hacer extracciones de dinero. 

Rigau fue sorprendido el 9 de septiembre en un cajero automático de un banco del centro de La Plata por un hombre en situación de calle que vio maniobras extrañas por parte de “Chocolate” realizando varias extracciones bancarias, y llamó a la Policía, que al llegar al lugar lo detuvo.

Entre las pertenencias que le secuestró la Policía estaba su teléfono celular el cual fue peritado y ahora se conocen contactos con el mundo de la política. 

Los chats filtrados

En la investigación por las 49 tarjetas de débito que tenía en su poder el puntero del PJ platense Julio “Chocolate” Rigau se conoció en las últimas horas una pericia sobre su teléfono, que mostró chats con el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, y con su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros automáticos.

“Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, le reclamó el contacto “Facu” al detenido el 27 de agosto pasado. Además, según el informe al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el pasado 5 de septiembre, Rigau le envió a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios. Según consta en la causa, ese mismo ticket estaba en poder del puntero el día que fue detenido en una sede del Banco Provincia con las 49 tarjetas de débito.

“Del intercambio de mensajes da cuenta el monto obtenido por parte de Rigau como contraprestación por su aporte a la asociación y el encuadre temporal de la misma que se adapta, en líneas generales, a la sostenida en la hipótesis fiscal descripta en la materialidad ilícita”, consideró la fiscal Betina Lacki. El informe se conoció días después de que Rigau, que permanece detenido con prisión preventiva por estafas reiteradas, presentara un pedido de nulidad de una investigación y ahora debe decidir la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En tanto, están pendientes de resolución pedidos de detención que hizo la fiscal sobre los Albini. Se los acusa del delito de asociación ilícita, y Claudio Albini es señalado como jefe de la misma.

La causa se inició cuando el pasado 9 de septiembre, Rigau fue descubierto al entrar a la zona de cajeros del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata. Allí fue visto por una persona mientras sacaba dinero con distintas tarjetas durante unos 20 minutos. Ese testigo se acercó a la garita de guardia urbana en Plaza San Martín y explicó lo que pasaba a dos agentes. Ellos llamaron al 911. Dos miembros del Comando de Patrulla de la ciudad que estaban a unas cuadras se presentaron, interrogaron al sospechoso, revisaron la bolsa negra en la que guardaba más de $1,2 millones, tickets de las extracciones y 49 tarjetas de débito. Se lo llevaron detenido.

AR con información de la agencia NA.

El juez en lo penal de La Plata Guillermo Atencio rechazó la eximición de prisión para los 48 empleados de la Legislatura Bonaerense cuyas tarjetas bancarias estaban en poder del puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, para que realice extracciones de un cajero automático, a la vez que la fiscal Betina Lacki imputó por asociación ilícita a Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y Facundo Albini, su hijo, concejal de La Plata y apoderado a nivel nacional del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, y solicitó al magistrado sus detenciones.

De acuerdo con lo publicado por el periodista Hernán Capiello en el diario La Nación, “cuando ambos vieron el riesgo de quedar presos con esa calificación legal, pidieron ser eximidos de prisión, para garantizarse continuar en libertad durante el proceso”. Fue el magistrado Federico Atencio el que rechazó las eximiciones.

Para Lacki, Albini es responsable de comandar una asociación ilícita y de haber defraudado a la administración publica de forma reiterada mientras que a su hijo, además de los delitos de asociación ilícita, se le imputa fraude en perjuicio de la administración publica.

En cuanto a los 48 empleados de la Legislatura Bonaerense, por ahora, son testigos citados por la Fiscalía en la causa que investiga una secuencia de estafas de Rigau, quien el 9 de septiembre fue detenido por la Policía en un cajero automático, luego de que los efectivos fueron alertados por una persona en situación de calle a la que le llamó la atención que el hombre estuvo durante varios minutos en el interior de la zona de cajeros del Banco Provincia. 

Los dueños de las tarjetas bancarias, hasta ahora, fueron citados a declarar como testigos por la fiscal Betina Lacki. Todos, de una forma u otra, omitieron brindar información para determinar el verdadero origen del dinero y algunos dijeron que “en confianza” le dieron su tarjeta a Rigau para que él les haga retiros de dinero.

En su resolución con la cual rechazó las eximiciones de prisión, el juez Atencio tuvo en cuenta que el delito investigado supera “ampliamente los ocho años de prisión” y, por eso, considera “la extensión del daño causado y las características”. Y remarcó: “De la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”.

Atencio valoró también “la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público - suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados”.

Pedidos de detención

La fiscal Lacki, tras la disposición del juez Atencio de rechazar los pedidos de eximición de prisión, solicitó al magistrado la detención de los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía Rigau, así como la de Facundo Albini y de su padre Claudio, según revela este miércoles el diario Clarín.

Queda ahora en manos de Atencio hacer lugar al pedido de la Fiscalía o rechazarlo. Lacki busca con esta solicitud evitar que los imputados obstruyan la investigación o destruyan pruebas clave, además de su estrategia para llegar a los jefes de la banda que están por encima de Rigau y Albini padre e hijo para lo que intentará que algunos de los imputados acepten convertirse en arrepentidos.

MM con información de Noticias Argentinas, La Nación y Clarín.

JJD

La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio “Chocolate” Rigau en La Plata para detenerlo, pero el puntero del PJ bonaerense que había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio.

“Fueron a detenerlo pero sin allanamiento. Lo ordenó la Fiscalía porque tiene el impulso de la acción penal y denegaron la eximición de prisión”, dijeron fuentes judiciales a NA.

Voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense, en tanto, agregaron al canal TN: “Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales”.

Este jueves, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de “Chocolate” Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

Como parte de la investigación, Rigau ya había sido detenido, pero después la Cámara dijo que todo lo actuado era nulo y recuperó la libertad.

La Casación luego revocó el fallo de la Cámara, por lo cual la orden de detención recobró validez y hay que efectivizarla de nuevo. “Nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo”, detallaron desde la cartera de Seguridad provincial a cargo de Sergio Berni.

La fiscal Bettina Lacki, en tanto, deberá establecer una nueva fecha para concretar la demorada apertura del celular Samsung modelo SM-G532M gris de “Chocolate” Rigau, una de las principales medidas de prueba que impulsó.

La fiscal busca averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia. También determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.

La Cámara de Casación Penal bonaerense dejó hoy sin efecto el fallo que anulaba la investigación sobre el caso “Chocolate” Rigau, el puntero del Partido Justicialista que fue hallado en un cajero automático con 49 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense. Con esta intervención, se podrá avanzar con el peritaje del teléfono celular, una de las pruebas solicitadas.

Sin embargo, la apertura del dispositivo no se dará de manera inmediata en tanto el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio primero deberá resolver el planteo de nulidad que había recibido de la defensa. No había emitido respuesta aún por la intervención de la Cámara Federal que había pedido anular toda la causa. Pero con la decisión de los magistrados de Casación María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini de revocar esta resolución, se retomará el proceso anterior contra el puntero político.

Para Casación Penal, el máximo tribunal penal de la provincia detrás de la Corte Suprema bonaerense, los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo actuaron “por fuera de su jurisdicción” para beneficiar a Rigau. En este sentido, señaló que los letrados aplicaron una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.

Ahora, entonces, se deberá investigar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y, de este modo, determinar posibles complicidades con autoridades políticas o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia gobernada por Áxel Kicillof. También se buscará identificar de qué trabajaban los presuntos empleados a los que Rigau les cobraba el sueldo de $580.000.

ACM con información de agencias.

El juez de garantías de La Plata, Federico Atencio, suspendió la pericia prevista para este miércoles en la que se iba a abrir el teléfono de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue sorprendido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

La suspensión fue por la apelación de la defensa del puntero a cargo de Alfredo Gazcón, porque la causa fue decretada nula por la Cámara de Apelaciones de Garantías de La Plata. 

La pericia había sido pedida por la fiscal Betina Lacki para proseguir con la investigación debido a que consideró que la nulidad decretada por la Cámara de La Plata no tenía efectos suspensivos sobre la continuidad de la causa, porque no estaba firme. 

Es que aún falta el pronunciamiento de la Cámara de Casación bonaerense sobre ese fallo, es decir, si convalida la nulidad o habilita que continúe la causa. 

Los camaristas Juan Alberto Benavídes y Alejandro Villordo habían decretado nulo el caso porque consideraron cuando fue detenido Rigau el 9 de septiembre pasado por la Policía en un cajero de La Plata, fue sin previa autorización judicial para actuar. 

En función de ello, también evaluaron que el aviso que la Policía dio a la Justicia fue tardío porque recién lo hicieron cuando llevaron a Rigau a la comisaría y luego de secuestrarle su celular, las 48 tarjetas pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense y poco más de 1 millón de pesos en efectivo. 

También la Fiscalía apunta a escuchar como testigos a los empleados de la Legislatura bonaerense, titulares de las tarjetas que tenía en su poder Rigau. 

Lacki busca determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.

Además, quiere establecer dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían, a qué hora entraban y salían, ya que sospecha se trata de “ñoquis” que estaban anotados como empleados, cobraban parte del sueldo o alguien los cobraba por ellos. La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau. 

El ABC de la causa

El 9 de septiembre, Julio “Chocolate” Rigau entró a la zona de cajeros del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata, y por más de 20 minutos sacó dinero con distintas tarjetas. Una persona que estaba viendo la situación se acercó a la garita de guardia urbana en Plaza San Martín y explicó lo que pasaba a dos agentes. Ellos llamaron al 911. Dos miembros del Comando de Patrulla de la ciudad que estaban a unas cuadras se presentaron, interrogaron al sospechoso, revisaron la bolsa negra en la que guardaba más de $1,2 millones, tickets de las extracciones y 49 tarjetas de débito. Se lo llevaron detenido. 

Julio “Chocolate” Rigau tiene 65 años y trabaja como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense. Las tarjetas de débito que tenía en su poder pertenecían a otras personas que cobraban sueldos, de aproximadamente $500.000, de la legislatura provincial. Contratados tanto en el bloque del Frente de Todos y del Frente Renovador como en el de Juntos por el Cambio.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, un dirigente de máxima confianza de Martín Insaurralde, quien esta semana protagonizó un escándalo por aparecer en fotos y videos junto con la modelo Sofía Clerici de vacaciones en un yate en Marbella, en pleno verano europeo y en plena campaña electoral, y justo en la semana en que el INDEC difundió que la pobreza en el país llegó al 40,1% de la población.

Algunas de las tarjetas que tenía Rigau pertenecían también a parientes suyos. En declaraciones que dieron a la Justicia, todos los titulares de los plásticos, menos uno, afirmaron haber brindado consentimiento para que “Chocolate” retirara sus sueldos por una cuestión de “practicidad”.

El caso tuvo un gran impacto político en medio de la campaña tanto que llegó al debate presidencial en Santiago del Estero. La candidata de la Izquierda Miriam Bregman dijo en su presentación: “Los vas a escuchar hacer promesas de campaña e incluso pelearse, pero están todos implicados en el escándalo de ‘Chocolate’ en la Legislatura de Buenos Aires”.

Julio Segundo Rigau es referente político en la zona de Melchor Romero y dicen sus vecinos que en su casa a veces funciona un merendero. En 2019 integró como concejal suplente una lista del precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos.

¿Qué pasó después de las extracciones? 

Una vez en la comisaría primera de La Plata los oficiales se comunicaron con la fiscal de la UFI N° 2, Betina Lacki, que inició la investigación. La fiscal interrogó a algunos de los titulares de las tarjetas que tenía Rigau, todas personas que cobraban sueldos de la Cámara de Diputados bonaerense. También ordenó un allanamiento en el que secuestró dos teléfonos y un cuaderno. El juez de garantías Federico Guillermo Atencio finalmente inició una causa penal contra Julio Rigau por 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa. 

La defensa de Rigau, Julio María Gascón, Ángel Molina y Alfredo Gascón, no apeló la decisión del juez Atencio. Directamente recurrió con un habeas corpus, una medida en la que se le pide al juez que analice la legalidad de una detención, a la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Los argumentos de la defensa fueron que “la policía injustificadamente se entrometió en su privacidad [la de Rigau] sin justificar comportamiento delictivo alguno, dando origen a la presente investigación, violentando garantías constitucionales como ser la libertad ambulatoria, privacidad y debido proceso”. En ese mismo escrito pidieron la nulidad de la actuación policial y la inmediata liberación de su defendido.

El caso lo tomó la sala 3 de la Cámara de Apelaciones integrada por Juan Alberto Benavides, Alejandro Villordo y Fernando Mateos. El 21 de septiembre resolvió, con el voto en disidencia de Mateos, que la policía hizo mal su trabajo y por lo tanto declararon la nulidad de la causa. 

“Según mi entender, la circunstancia de realizar operaciones a través del cajero automático por espacio de 20 minutos no habilita la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau ni menos aún su traslado a la seccional policial, sin anoticiamiento previo cuando menos a la fiscalía de turno”, argumentó Benavides. “Tales extremos llevan a repensar los límites de injerencia de la policía en la vía pública en los derechos fundamentales de la persona”.

Chocolate Rigau fue puesto en libertad, después de 12 días.

La última novedad judicial se dio el viernes pasado cuando el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, recurrió la decisión de la Cámara de Apelaciones. Ahora el caso irá al Tribunal de Casación que deberá decidir si concede el recurso o rectifica la nulidad.

Además, a la querella, la acusación, se sumó la ONG Poder Ciudadano como particular damnificado. “Uno de los objetivos estatutarios de Poder Ciudadano es luchar contra la corrupción, por eso en causas en las cuales exista algún indicio en este sentido tenemos una inquietud particular”, explicaron a elDiarioAR. “La intención de Poder en este expediente es justamente buscar qué pasó y no quedarse con el sabor amargo”, explicaron. 

En este momento, la causa está parada, no hay nadie investigando lo que pasó. Sin embargo, eso podría cambiar si Casación concede la apelación de Vogliolo y la que hará también como particular damnificado Poder Ciudadano. 

La estrategia de Poder Ciudadano será la de argumentar que no hubo fallas en el operativo de detención de Rigau. Tienen un plazo de 20 días corridos para presentar el escrito y apelar la decisión de la Cámara. Su estrategia es demostrar que hubo flagrancia. 

“La Cámara dice que no se podía inferir que estaba cometiendo un delito y que tendrían que haber consultado primero a la fiscalía para ver si se podía revisar a esa persona o no. La policía lo revisó, se lo llevó a comisaría, revisó las tarjetas de débito y cuánta plata tenía y recién ahí hablaron con el fiscal. Entonces, lo que está diciendo la Cámara es que ya era tarde la llamada al fiscal en ese momento”, explicaron. 

Agregaron que “la cuestión de índole jurídica en discusión es señalar si hay flagrancia o no hay flagrancia, si era evidente que la persona en ese momento estaba cometiendo un delito, si la policía tenía facultades para requisarlo o detenerlo eventualmente, o no”. 

¿Qué significa la flagrancia? Quiere decir que se encuentra a la persona cometiendo el delito con las “manos en la masa” y eso habilita a la policía a actuar sin necesidad de consultar con ninguna autoridad judicial.

En el resto de los casos, si hay sospechas de delito, las fuerzas que intervengan deberán hablar con una fiscalía o un juzgado para explicar la situación y obtener el visto bueno para actuar. Esta medida busca prevenir las detenciones por “portación de cara”.

Con información de agencias y Verónica Liso.

IG

El 9 de septiembre, Julio “Chocolate” Rigau entró a la zona de cajeros del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata, y por más de 20 minutos sacó dinero con distintas tarjetas. Una persona que estaba viendo la situación se acercó a la garita de guardia urbana en Plaza San Martín y explicó lo que pasaba a dos agentes. Ellos llamaron al 911. Dos miembros del Comando de Patrulla de la ciudad que estaban a unas cuadras se presentaron, interrogaron al sospechoso, revisaron la bolsa negra en la que guardaba más de $1,2 millones, tickets de las extracciones y 49 tarjetas de débito. Se lo llevaron detenido. 

Julio “Chocolate” Rigau tiene 65 años y trabaja como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense. Las tarjetas de débito que tenía en su poder pertenecían a otras personas que cobraban sueldos, de aproximadamente $500.000, de la legislatura provincial. Contratados tanto en el bloque del Frente de Todos y del Frente Renovador como en el de Juntos por el Cambio.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, un dirigente de máxima confianza de Martín Insaurralde, quien esta semana protagonizó un escándalo por aparecer en fotos y videos junto con la modelo Sofía Clerici de vacaciones en un yate en Marbella, en pleno verano europeo y en plena campaña electoral, y justo en la semana en que el INDEC difundió que la pobreza en el país llegó al 40,1% de la población.

Algunas de las tarjetas que tenía Rigau pertenecían también a parientes suyos. En declaraciones que dieron a la Justicia, todos los titulares de los plásticos, menos uno, afirmaron haber brindado consentimiento para que “Chocolate” retirara sus sueldos por una cuestión de “practicidad”.

El caso tuvo un gran impacto político en medio de la campaña tanto que llegó al debate presidencial en Santiago del Estero. La candidata de la Izquierda Miriam Bregman dijo en su presentación: “Los vas a escuchar hacer promesas de campaña e incluso pelearse, pero están todos implicados en el escándalo de ‘Chocolate’ en la Legislatura de Buenos Aires”.

Julio Segundo Rigau es referente político en la zona de Melchor Romero y dicen sus vecinos que en su casa a veces funciona un merendero. En 2019 integró como concejal suplente una lista del precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos.

¿Qué pasó después de las extracciones? 

Una vez en la comisaría primera de La Plata los oficiales se comunicaron con la fiscal de la UFI N° 2, Betina Lacki, que inició la investigación. La fiscal interrogó a algunos de los titulares de las tarjetas que tenía Rigau, todas personas que cobraban sueldos de la Cámara de Diputados bonaerense. También ordenó un allanamiento en el que secuestró dos teléfonos y un cuaderno. El juez de garantías Federico Guillermo Atencio finalmente inició una causa penal contra Julio Rigau por 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa. 

La defensa de Rigau, Julio María Gascón, Ángel Molina y Alfredo Gascón, no apeló la decisión del juez Atencio. Directamente recurrió con un habeas corpus, una medida en la que se le pide al juez que analice la legalidad de una detención, a la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Los argumentos de la defensa fueron que “la policía injustificadamente se entrometió en su privacidad [la de Rigau] sin justificar comportamiento delictivo alguno, dando origen a la presente investigación, violentando garantías constitucionales como ser la libertad ambulatoria, privacidad y debido proceso”. En ese mismo escrito pidieron la nulidad de la actuación policial y la inmediata liberación de su defendido.

El caso lo tomó la sala 3 de la Cámara de Apelaciones integrada por Juan Alberto Benavides, Alejandro Villordo y Fernando Mateos. El 21 de septiembre resolvió, con el voto en disidencia de Mateos, que la policía hizo mal su trabajo y por lo tanto declararon la nulidad de la causa. 

“Según mi entender, la circunstancia de realizar operaciones a través del cajero automático por espacio de 20 minutos no habilita la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau ni menos aún su traslado a la seccional policial, sin anoticiamiento previo cuando menos a la fiscalía de turno”, argumentó Benavides. “Tales extremos llevan a repensar los límites de injerencia de la policía en la vía pública en los derechos fundamentales de la persona”.

Chocolate Rigau fue puesto en libertad, después de 12 días.

La última novedad judicial se dio el viernes pasado cuando el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, recurrió la decisión de la Cámara de Apelaciones. Ahora el caso irá al Tribunal de Casación que deberá decidir si concede el recurso o rectifica la nulidad.

Además, a la querella, la acusación, se sumó la ONG Poder Ciudadano como particular damnificado. “Uno de los objetivos estatutarios de Poder Ciudadano es luchar contra la corrupción, por eso en causas en las cuales exista algún indicio en este sentido tenemos una inquietud particular”, explicaron a elDiarioAR. “La intención de Poder en este expediente es justamente buscar qué pasó y no quedarse con el sabor amargo”, explicaron. 

En este momento, la causa está parada, no hay nadie investigando lo que pasó. Sin embargo, eso podría cambiar si Casación concede la apelación de Vogliolo y la que hará también como particular damnificado Poder Ciudadano. 

La estrategia de Poder Ciudadano será la de argumentar que no hubo fallas en el operativo de detención de Rigau. Tienen un plazo de 20 días corridos para presentar el escrito y apelar la decisión de la Cámara. Su estrategia es demostrar que hubo flagrancia. 

“La Cámara dice que no se podía inferir que estaba cometiendo un delito y que tendrían que haber consultado primero a la fiscalía para ver si se podía revisar a esa persona o no. La policía lo revisó, se lo llevó a comisaría, revisó las tarjetas de débito y cuánta plata tenía y recién ahí hablaron con el fiscal. Entonces, lo que está diciendo la Cámara es que ya era tarde la llamada al fiscal en ese momento”, explicaron. 

Agregaron que “la cuestión de índole jurídica en discusión es señalar si hay flagrancia o no hay flagrancia, si era evidente que la persona en ese momento estaba cometiendo un delito, si la policía tenía facultades para requisarlo o detenerlo eventualmente, o no”. 

¿Qué significa la flagrancia? Quiere decir que se encuentra a la persona cometiendo el delito con las “manos en la masa” y eso habilita a la policía a actuar sin necesidad de consultar con ninguna autoridad judicial.

En el resto de los casos, si hay sospechas de delito, las fuerzas que intervengan deberán hablar con una fiscalía o un juzgado para explicar la situación y obtener el visto bueno para actuar. Esta medida busca prevenir las detenciones por “portación de cara”.

VL/JJD

Julio Rigau, alias Chocolate, puntero del PJ platense y empleado de la Legislatura bonaerense, no sólo usaba las tarjetas de débito de 48 compañeros de trabajo para retirar sus sueldos. Él y diez de los titulares de esos plásticos aportaron a la campaña de Sergio Massa como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador en 2013, cuando se distanció del kirchnerismo para armar su propio partido. Claro que la coalición del ahora ministro de Economía y candidato presidencial en 2013 no lo incluía sólo a él y su gente sino también al PRO, al Partido Renovador Federal que respondía a Joaquín de la Torre (hoy en Juntos por el Cambio) y que ahora está en La Libertad Avanza de Javier Milei, el Demócrata Cristiano, partidos vecinales, algunos dirigentes radicales como Gustavo Posse y José Eseverri y otros que también apoyan a Patricia Bullrich como Jesús Cariglino.

En el Informe Final de Ingresos y Egresos de Campaña presentados por el Frente Renovador ante la Cámara Nacional Electoral hace diez años, figura Rigau con $ 5.000 de aportes, el equivalente a $ 267.000 actuales si se los ajusta por la inflación que corrió desde entonces. Lo mismo contribuyeron otros diez empleados de la Legislatura cuyo salario retiraba Rigau: Ramón Alberto Sosa, Raúl Horacio Boragina, Cecilia Nora Raimondo, Rosana Delgado, Agata Solange Plana, Ramiro Alberto Pascual, Rubén Alberto Mendivil, Ernesto Fabián Crivaro, Juan José Tocci y Mónica Patricia Caberta. Sus nombres figuran en la frustrada citación testimonial de los diez por la causa de Rigau, que aquí adjuntamos, y en la rendición de aportes y gastos de la campaña del massismo en 2023, que también presentamos abajo.

El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló este viernes el fallo que declaró nula la investigación por el uso de tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura bonaerense por parte de Rigau, según informó la agencia NA. La decisión del fiscal es contra la resolución que tomó la Cámara de Garantías de La Plata y ahora será Casación la que decidirá si reabre o no el caso. Mientras tanto, la investigación esta trunca por la nulidad decretada. En paralelo, los dos camaristas que votaron por la nulidad fueron denunciados penalmente. Además se discute si Rigau debe o no volver a quedar detenido.

El 9 de septiembre pasado, el puntero fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia en La Plata con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense y poco más de $1 millón, que fue lo que había sacado esa tarde antes de ser detenido. Pero los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo declararon nula la investigación al considerar que la Policía al arrestarlo lo hizo sin previa autorización judicial, y sin objetivo fijado a la hora de llevar a cabo esa aprehensión. También señalaron que la fuerza policial le dio tardía intervención a la Justicia. En cambio, el magistrado Fernando Mateos avaló la detención, confirmó la validez de la investigación, pero quedó en minoría en su tribunal.

Tras el cierre de la causa, tres dirigentes de Juntos por el Cambio, el diputado Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, presentaron una denuncia judicial. Allí señalan que “se nombra en la Legislatura a empleados que no cumplen la tarea para la que según los papeles fueron designados y que su sueldo se destina, en realidad, en todo o en parte para alimentar cajas de la política”. “Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizaron para defraudar al Estado. Teniendo en cuenta cómputos razonables a todas luces simples, hay por lo menos $ 53.640 millones de dudosa aplicación presupuestaria. Cabe la pregunta: ¿estamos ante un posible caso de corrupción de más de 50.000 millones al año? ¿Es este caso puntual de ”Chocolate“ Rigau apenas la punta del iceberg?”, se preguntan López Murphy, Talerico e Iguacel, en la presentación adjunta. Mientras tanto, la causa amenaza con enlodar no sólo a Massa y al peronismo sino también a partidos de la oposición con representación en la Legislatura.

AR, con información de NA.

Héctor Vogliolo, fiscal general de La Plata, apeló este viernes el fallo que declaró nula la investigación por el uso de tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura Bonaerense por parte del puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau.

La decisión del fiscal es contra la resolución que tomó la Cámara de Garantías de La Plata. Ahora, será Casación la que definirá la reapertura del caso. Mientras tanto, la investigación esta trunca por la nulidad decretada. Los dos camaristas que la votaron fueron denunciados penalmente.

El fiscal apeló ante la Cámara de Casación antes del vencimiento del plazo de 20 días y también discute si Rigau debe o no volver a quedar detenido. La sala que se sorteará para intervenir en el caso decidirán finalmente si reabren la investigación o coinciden con la Cámara de Garantías y la declaran nula. 

Vogliolo apeló ante la Cámara de Casación antes del vencimiento del plazo de 20 días, luego de la nulidad donde además se discute si Rigau debe o no volver a quedar detenido. Dicha Cámara y su sala que se sorteará para intervenir en el caso decidirán finalmente si reabren la investigación o coinciden con Garantías y la declaran nula.

El 9 de septiembre pasado, Rigau fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia en la capital bonaerense con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura y poco más de $1 millón, que fue lo que había retirado esa tarde.

Los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo declararon nula la investigación al considerar que la policía lo detuvo sin previa autorización judicial y sin objetivo fijado a la hora de llevar a cabo esa aprehensión. También señalaron que la policía le dio tardía intervención a la Justicia. Por otro lado, el juez Fernando Mateos avaló la detención y confirmó la validez de la investigación, aunque quedó en minoría. 

Hasta el momento, la fiscal que lleva adelante la investigación tiene la causa estancada por la nulidad decretada. La única forma de reactivarla es con el fallo de Casación. 

El fallo de la Cámara de Garantías despertó varias denuncias penales y administrativas contra Benavides y Villordo, entre ellas un sumario que analiza un área disciplinario de la Suprema Corte Bonaerense. Paralelamente, un fiscal de instrucción platense lleva adelante otro tramo de la investigación por el uso de fondos públicos por parte de la Legislatura Bonaerense, tal como acusaron dirigentes de Juntos por el Cambio en una presentación judicial. 

LC con información de agencia NA

Los integrantes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel denunciaron a los dos camaristas de La Plata que anularon la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue detenido mientras sacaba dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense y con $1.257.000 en efectivo. 

La denuncia penal es contra los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes anularon la investigación al considerar que los policías que detuvieron a Rigau lo hicieron sin previa autorización judicial.

Según los denunciantes, los hechos “permiten sin lugar a dudas poner un manto de sombra sobre las contrataciones de los empleados legislativos”. 

“Creemos que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de protección, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, señalaron en la denuncia. 

Incluso, remarcaron que el abogado del puntero, Alfredo Gascón Cotti, es a su vez asesor en la Legislatura. Esto suma más dudas sobre el uso de fondos públicos. 

Desde su cuenta de la red social X, Talerico pidió “ir hasta las últimas consecuencias, limpiar a nuestro país de corruptos y depurar nuestra democracia. Juicio político a Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo”.

Los hechos justifican -según dijeron- “investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de delitos.

La causa está anulada mientras tanto a la espera de la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, para lo cual está en plazo durante 20 días, para recurrir a la Cámara de Casación Bonaerense pidiendo que se siga activa la investigación contra Rigau, quien a raíz del fallo de la Cámara recuperó su libertad.

Los tiempos para apelar son de veinte días una vez notificado, pero en el plazo de los primeros siete días deberá manifestar al Tribunal que dictó la resolución su voluntad de apelar a la Casación, caso contrario el fallo quedará firme y la anulación de la causa en consecuencia. 

Tras recalar en la Cámara de Casación Bonaerense es allí la única chance que se tiene de definir si el caso se sigue investigando o no. El Tribunal no tiene plazos para resolver. 

Mientras tanto, Rigau quedó en libertad y por el momento todas las medidas de prueba que tenía pendiente de realizar la fiscalía quedarán a la espera de la decisión judicial sobre si se vuelve o no a investigar.

Las 49 tarjetas de “Chocolate” Rigau

El indigente que dormía dentro del Banco Provincia, ubicado en calle 7 y 54 de la ciudad de La Plata, nunca se imaginó que los extraños movimientos que denunció a un policía de la cuadra derivarían en un escándalo mayúsculo que compromete a buena parte de la política del distrito más poblado del país. Julio Segundo “Chocolate” Rigau tenía 49 tarjetas de débito en su haber cuando estaba frente a un cajero automático en el que había llegado a extraer $1.257.000.

“Chocolate” fue detenido en el momento por el delito de “malversación de fondos públicos”. Manejaba 27 millones de pesos por mes, o sea, 350 millones de pesos al año. Le cobraba el sueldo a 50 asesores de la Legislatura Bonaerense de distintos partidos políticos.

Rigau tenía en su poder las tarjetas de débito de dos familiares y la propia ya que se desempeñaba como electricista, aunque, según las fuentes consultadas por la agencia NA en la legislatura provincial, “nunca lo vimos cambiar una lamparita”.

En el barrio La Granja, Rigau mantenía un comedor comunitario que recibe un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social y tenía su casa particular.

De acuerdo a lo que consigna NA, en La Plata a “Chocolate” lo vinculan con la política peronista pues su padrino político sería el concejal Facundo Albini, hijo de Claudio Albini, ex Director de Personal de la Legislatura Bonaerense. Rigau logró la excarcelación rápido, gracias a la defensa del estudio legal Gascón Cotti, uno de los más prestigiosos de la ciudad.

Los abogados defensores de “Chocolate” lograron que la causa se cierre gracias al fallo de los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III, que no fueron acompañados en su voto por Fernando Mateos.

En el período que la justicia investigó a “Chocolate”, 16 testigos que declararon en la causa afirmaron que le donaban su ingreso en la Legislatura a Rigau por tareas solidarias, para mantener la Copa de Leche del barrio La Granja.

Con información de NA.

IG

El fiscal de la Plata Héctor Vogliolo apelará en los próximos días la anulación de la causa del escándalo sobre el cobro de empleados de la Legislatura Bonaerense a manos de un puntero del PJ dispuesta por un Tribunal.

La Cámara de Apelaciones de La Plata había decidido archivar la investigación por deficiencias en el accionar policial que dio lugar a la detención de Julio “Chocolate” Rigau, quien fue sorprendido cuando sacaba dinero del cajero automático de 7 y 54, de La Plata,, y dispuso su liberación.  

Cuando la policía lo requisó, le sacó 48 tarjetas de débito y unos 1.257.000 de pesos que se supone estuvo extrayendo durante varios minutos, tal cual denunció un transeúnte con un llamado al 911.

Se trataba de tarjetas con las cuales empleados de la Legislatura Bonaerense cobraban mensualmente el sueldo, y teniendo en cuenta el volumen de “plásticos” en su poder, se refiere a un monto mensual valuado en un millón y medio de pesos por día.

Justamente, los jueces Villordo y Benavides anularon la causa porque consideraron que la policía actuó sin previa autorización judicial y que siquiera Rigau sabía por qué lo detuvieron en ese momento. 

Pero el camarista Mateos sí validó la investigación y sobre eso se va a apoyar el fiscal para recurrir a un Tribunal superior. 

Los tiempos para apelar son de veinte días una vez notificado pero en el plazo de los primeros siete días deberá manifestar al Tribunal que dictó la resolución su voluntad de apelar a la Casación, caso contrario el fallo quedará firme y la anulación de la causa en consecuencia. 

Tras recalar en la Cámara de Casación Bonaerense es allí la única chance que se tiene de definir si el caso se sigue investigando o no. El Tribunal no tiene plazos para resolver. 

Mientras tanto, Rigau quedó en libertad y por el momento todas las medidas de prueba que tenía pendiente de realizar la fiscalía quedarán a la espera de la decisión judicial sobre si se vuelve o no a investigar.

CRM con información de la agencia NA