Hasta hace algunos años, la entrada de la sede central del INTI, el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, tenía una garita con dos policías. Hoy, la escena se compone por dos colectivos de la policía del Gobierno de la Ciudad en la puerta con varios efectivos dentro, cámaras de vigilancia y gendarmes que recorren el predio en vehículos de la propia fuerza y también del instituto. En uno de esos rondines, los efectivos filmaron a un trabajador, cámara en mano y sin mediar explicación. La secuencia quedó registrada en un video grabado por el propio empleado al cruzarse con la patrulla. A la salida, personal del instituto les revisa a los trabajadores las mochilas y los autos. Ocasionalmente, puede verse un camión hidrante en la entrada.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un organismo de casi 70 años dedicado a asistir a la industria mediante ensayos, capacitaciones y certificaciones, gastó en seis meses US$ 159.543 en servicios de seguridad de Gendarmería y otros US$ 46.511 en una sala de monitoreo con capacidad de reconocimiento facial. En total incorporó 23 cámaras nuevas en el predio. Fue en pleno desguace del organismo: mientras se anunciaba la baja de cerca de 1000 líneas de ensayo, lo que ponía en riesgo más de 700 puestos, y su presupuesto acumulaba una caída del 54% desde 2023. En mayo, la justicia frenó por seis meses el recorte, con una cautelar impulsada por ATE que el instituto ya apeló.

La presencia de Gendarmería fue solicitada por el presidente del INTI Miguel Ángel Romero, abogado, martillero y fundador de la empresa de seguridad “1816 Seguridad SRL”, a pocos meses de su asunción, y consolidada a partir del 1 de noviembre de 2025. elDiarioAR accedió por pedido de acceso a la información pública al “contrato interadministrativo de servicio adicional de seguridad”, de contratación directa, en el que se dispone la custodia del predio de San Martín, ubicado en Av. General Paz al 5445. Gendarmería está facultada para prestar estos “servicios adicionales de seguridad” con personal y medios propios por el decreto 1313/02 y por su estatuto, aprobado por el decreto 454/2025. De hecho, un informe anual de Gendarmería detalla que durante 2025 se suscribieron o renovaron 25 contratos, entre los que destacan al INTI y a Nucleoeléctrica Argentina S.A.

elDiarioAR se comunicó con el presidente del INTI para conocer los motivos de la presencia de la Gendarmería y el presupuesto gastado en seguridad pero el funcionario aseguró que no tenía nada para decir.

El 29 de octubre de 2025, Romero envió por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), y con carácter de “Trámite muy urgente”, una nota titulada “Solicitud de Contratación Interadministrativa con la Gendarmería Nacional Argentina”. Allí justificó el pedido: “Dado el carácter esencial de las tareas que desarrolla este Instituto y la importancia de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, es que se impulsa llevar adelante la mencionada contratación”, argumentaba el escrito.

El contrato estipulaba, inicialmente, la presencia de 7 efectivos de seguridad: tres en el edificio de Presidencia, dos en el ingreso principal sobre Av. General Paz y dos para el acceso por calle General Manuel Savio al 1898. Además, se designó a un supervisor de tarea, responsable de “instruir y dar órdenes operativas particulares y generales de la prestación” y a un auxiliar administrativo. Según consta en el documento, Gendarmería realizó un estudio de factibilidad de la prestación a brindar y la categorizó como de “Mediano riesgo”, aplicando el tarifario correspondiente.

Sin embargo, en marzo de 2026, el INTI solicitó la ampliación del servicio a 11 efectivos y en mayo se amplió el número de efectivos para el turno noche de 3 a 5. Además, Gendarmería recategorizó el servicio: “Teniendo en cuenta las facultades inherentes a esta Fuerza en materia de evaluación y determinación del nivel de riesgo de los objetivos protegidos”, la Dirección de Operaciones consideró necesario modificar la calificación del INTI de “mediano riesgo” a “alto riesgo”. La recategorización no fue solo nominal: implicó la aplicación de una escala de aranceles más alta que la pactada al inicio.

El gasto de la vigilancia

elDiarioAR accedió a las primeras 6 facturas emitidas por Gendarmería Nacional al INTI para los meses de noviembre de 2025 a abril de 2026. En ellas se desglosa por mes, la cantidad de efectivos por rol y módulos de horas. Los montos facturados por mes, al dólar oficial del BNA para la venta el día de la emisión de la factura, fueron incrementándose, a tono con la ampliación del servicio. En noviembre, se facturaron US$ 19.588; en diciembre, US$ 21.287; en enero, US$ 22.544; en febrero, US$ 26.110; en marzo, US$ 33.989; y en abril, US$ 36.025. En total, las facturas por el semestre suman US$159.543.

Sin embargo, el contrato está firmado por dos años, con posibilidad de prorrogarlo por un año más. El documento prevé, además, reubicaciones de efectivos y aumentos en su número.

Ahora, además, la vigilancia es permanente. El INTI instaló en su sede central, el Parque Tecnológico Miguelete de San Martín, una sala de monitoreo centralizada, ya en funcionamiento, desde la que se controlan en simultáneo todas las cámaras. Son 16 cámaras motorizadas, con visión nocturna y capacidad de captar tanto imagen como sonido, y de reconocimiento facial contra una base de hasta 20.000 rostros. Por esa sala se pagó en octubre de 2025 un total de US$46.511, unos $65 millones al cambio de octubre de 2025, a la empresa Crosswise S.R.L. Según su página oficial, esta fue proveedora de otras instituciones estatales como SENASA, AGIP, y AFIP. La compra también incluyó el sistema central que graba y almacena las imágenes, una computadora de procesamiento y un panel de ocho monitores de 55 pulgadas.

A esa sala se sumó una segunda compra efectuada también en octubre de 2025, más chica: siete cámaras de seguridad para exterior, marca Hikvision, que el INTI adquirió por $1.538.600 a la empresa Congreso Insumos S.A. Con esas unidades, sumadas a las 16 que dependen de la central, el instituto llevó a 23 la cantidad de cámaras nuevas incorporadas en el predio en los últimos meses.

Las seis facturas del semestre de gendarmería (US$159.543) equivalen a unos 160 sueldos brutos mensuales de un profesional con cerca de siete años de antigüedad en el instituto (categoría C4/C5). Según la escala salarial del organismo, en junio de 2026 ese salario equivalía, en bruto, alrededor de US$ 994 al cambio oficial del Banco Nación del último día hábil del mes. Si a eso se sumara lo desembolsado por las cámaras de seguridad (US$ 46.511), se alcanzarían unos 206 sueldos brutos.

El desfinanciamiento

El ajuste presupuestario al instituto viene en constante crecimiento año tras año. Un Informe de junio de 2026 del Centro iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), lo puso en números: El presupuesto del INTI cayó cada año desde 2023 hasta llegar, en palabras del informe, a “un descenso acumulado del 54,0% desde 2023”. Medido contra su pico de 2016, el presupuesto es hoy un 64% más bajo, por debajo incluso del nivel que tenía en 2007.

El recorte no vino solo desde lo presupuestario, y en él confluyen dos carteras. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger, diseñó la reorganización del Estado que enmarca el ajuste: su secretaría elaboró el diagnóstico sobre los organismos descentralizados y tiene en su poder la aprobación de cualquier movimiento de personal en los organismos alcanzados. El INTI, en tanto, depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a través de la Secretaría de Industria y Comercio. Algunas medidas de ajuste fueron graduales, como los retiros voluntarios de los primeros meses de gestión, que redujeron el personal cerca de un 25%, de unos 3100 a 2300 empleados.

El intento más drástico llegó por decreto. En julio de 2025, con el 462, el Ministerio de Economía propuso quitarle al INTI su autarquía, en particular, la facultad de administrar los fondos que cobra por los servicios que presta a la industria, y convertirlo en una unidad organizativa, junto con otros tres institutos: el agropecuario INTA, el de propiedad industrial INPI y el vitivinícola INV. Ambas cámaras del Congreso lo rechazaron en agosto, con los trabajadores movilizados. Pero el vaciamiento no se detuvo: continuó por otra vía, ya dentro del propio organismo.

La iniciativa truncada por ambas Cámaras del Congreso llevó al corrimiento del entonces presidente de INTI, Daniel Afione, y la llegada en septiembre de 2025 de Miguel Ángel Romero. Fue él quien dispuso la cesación de la prestación de servicios claves como el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), a fines de noviembre del 2025, pocas semanas después de la llegada de Gendarmería al instituto.

Asimismo, el último día hábil de diciembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la baja de servicios metrológicos (de medida) legales claves y certificaciones vinculadas a medidores de concentración de alcohol en aire exhalado, surtidores de nafta y medidores de agua potable, entre otros.

Los intentos de desguace continuaron. El 16 de abril de 2026, el Consejo Directivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 42, que dispuso la baja de unas mil líneas de ensayo vinculadas a seguridad alimentaria, calidad del agua, calidad de materiales de construcción, seguridad en ascensores y control de combustibles, entre otros. Según los gremios, la medida ponía en riesgo unos 700 puestos de trabajo calificado, formados a lo largo de años.

El Consejo Directivo justificó la baja en que se trataba de servicios “sin demanda efectiva” o que ya ofrece el sector privado. El anexo incluye controles de seguridad cotidianos: la detección de contaminantes como la salmonela o las aflatoxinas en los alimentos, la calibración de los ventiladores pulmonares (los respiradores mecánicos de uso hospitalario) y los ensayos que miden si sustancias del plástico, como el bisfenol A, pasan del envase a la comida. Sobre estos últimos, los trabajadores consultados adviertieron que no hay otro laboratorio que haga todos los ensayos que el INTI hace. Destacaron que existe un laboratorio privado pero que solo hace algunos, y con ello no es suficiente para saber si el envase es apto o no.

Sin embargo, en mayo el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N.º 2 de San Martín hizo lugar al amparo de ATE y frenó la medida por seis meses. El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la resolución: no dar de baja, transferir ni modificar los servicios; no mover el equipamiento técnico afectado; y mantener a todos los trabajadores con sus cargos y sueldos en las condiciones vigentes al 14 de abril de 2026. También le exigió sostener los ensayos, certificaciones y transferencias tecnológicas “bajo la órbita estatal del INTI”.

Reprimidos por reclamar, vigilados al trabajar

Ante cada intento de desarticulación o degradación del INTI, trabajadores independientes y agremiados, y empresarios pymes realizaron concentraciones y movilizaciones contra el desguace de la institución y el cierre de 25 mil pymes. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, con datos a abril de 2026, desde que asumió Javier Milei se perdieron 28.262 empresas. En esas movilizaciones, la represión fue moneda corriente.

En diálogo con elDiarioAR un empleado del INTI describió cómo es trabajar con las fuerzas de seguridad en el instituto: “es una fuerza pública dentro de una institución de tecnología: la verdad es que intimida, intimida siempre. Están todo el tiempo en la puerta, y también está la Policía de la Ciudad con un colectivo afuera permanentemente, con agentes”.

Además, el trabajador describió cómo vivió la represión en una de las movilizaciones contra la baja de servicios. “Cuando se hace cualquier manifestación, como la que fuimos hasta el Parque Irigoyen, la policía está permanentemente ahí al lado, en cordones y cuando alguien pisa la calle, te empujan para que te subas arriba de la vereda. El otro día empezaron a gasear mientras la gente se estaba moviendo para desocupar la calle, entonces se pone picante. Hubo compañeros que estuvieron muy atacados por el gas. A mí me ardió la garganta, tosí un poco porque el gas vuela y ya te hace toser. Yo nunca había vivido una cosa así”.

Lo que describe aquel trabajador no es un episodio exclusivo del INTI. La presencia de Gendarmería en organismos prestigiosos de ciencia y tecnología argentina tomó relevancia pública a la par de medidas de despidos, degradación o disolución por parte del gobierno nacional. Recientemente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue noticia por los 60 despidos y el desalojo por parte de Gendarmería, que custodió al presidente del organismo Martín Eduardo Porro a la salida del edificio. Otras manifestaciones fueron reprimidas por la policía de la Ciudad, incluso con denuncias de golpes de puño directos a la cara a científicos de CONICET, que reclamaban por el cese de su obra social y la baja inminente de 379 profesionales.

Mientras los trabajadores denunciaban la represión, la conducción del INTI pedía a la Nación más seguridad, y apuntaba a los delegados sindicales como la amenaza. El 25 de junio de 2026, Romero le solicitó por nota al secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, que evaluara las “condiciones de vulnerabilidad perimetral” del predio y coordinara “acciones preventivas”. Fundó el pedido en “reiterados episodios de conflictividad”, como manifestaciones, bloqueos, hostigamiento y agresiones que, según él, protagonizaban “delegados y representantes sindicales vinculados a la Junta Interna de ATE-INTI”, y advirtió por una eventual “ocupación o toma” de edificios y laboratorios. Para entonces, la custodia ya era de 11 efectivos de día, 5 de noche y 3 los fines de semana.

Según relatan trabajadores consultados por este medio, Romero abandonó el edificio de la presidencia, ubicado en el predio de San Martín desde hace al menos dos meses y trasladó su oficina a la sede de Capital Federal. En un video publicado el pasado 28 de abril por Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, se puede ver a Romero siendo escoltado por decenas de Gendarmes hasta una camioneta, entre gases lacrimógenos y empujones con trabajadores. La situación, según publicó Aguiar en su cuenta de X, sucedió luego de una reunión en la que Romero “convocó a los gremios con el único fin de notificar su intención de despedir masivamente a trabajadores”.

En junio, una nueva medida obligó a los trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo. La dispensa obligatoria los forzaba a trabajar de forma remota, y se comunicó vía email el día anterior. Este mismo procedimiento sucedió tres veces en 10 días. Pero además, el 22 de junio, la gerencia de Recursos Humanos del instituto comunicó que las puertas del Parque Tecnológico permanecerían cerradas durante todo el día, sin ninguna justificación. Esto significó, no solo que los trabajadores no pudieran asistir a sus puestos de trabajo, sino que nadie pudiese acercarse al INTI a solicitar sus servicios. Los trabajadores consultados entienden a estas acciones como estrategias de desgaste que combinan vigilancia permanente e intimidación con gendarmería, control con cámaras, bajos salarios, tareas y servicios paralizados y desprestigio del organismo.

El futuro del INTI aún es incierto. Recientemente, representantes legales del instituto apelaron a la cautelar, pero no consiguieron frenarla. Al conceder el recurso “con efecto devolutivo”, el juez dispuso que la medida continúa vigente mientras la instancia superior la revisa. Es decir, que hasta que la Cámara de apelaciones no resuelva, el organismo no puede avanzar con la baja de servicios. El Instituto había pedido que la cautelar quedara suspendida durante la apelación, lo que en los hechos le habría permitido avanzar con el recorte mientras la Cámara resolvía, pero el juez lo rechazó. Sostuvo que suspender la protección justo mientras se discute el caso desvirtuaría el sentido del amparo, una herramienta pensada para restablecer los derechos “sin demora”. La apelación está radicada en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá decidir si confirma o revoca el freno. Al cierre de esta nota, la Sala I de la Cámara de apelaciones aún no se había expedido.

LG/MG

Cuando un sistema científico entra en crisis, el daño no se ve enseguida. Tampoco arranca cuando se cancela una beca o despiden gente de un organismo. Empieza mucho antes: cuando un investigador abandona la academia porque no llega a fin de mes, un estudiante decide que no vale la pena seguir un doctorado, o un país deja de ser atractivo para producir saberes.

Argentina está sufriendo ese proceso de forma acelerada. En otros países, donde el financiamiento todavía existe, algunos científicos jóvenes creen estar viendo las primeras señales de esa misma historia. Otros investigadores, en cambio, muestran todo lo que puede hacerse cuando una nación sostiene su inversión en ciencia, protege a sus investigadores y entiende que el conocimiento no es gasto sino estrategia.

Desde el 75° Lindau Nobel Laureate Meeting en Alemania, que convocó a 69 premios Nobel y otros 600 científicos, elDiarioAR conversó con seis jóvenes investigadores de Noruega, Perú, Tailandia, Canadá, Taiwán y Bélgica. ¿Qué políticas creen que ayudan a la ciencia? ¿Cómo cambiaron sus vidas las decisiones que tomaron los gobiernos de los países que habitan? ¿Qué lecciones pueden darnos a los argentinos en el momento más hostil para nuestro sistema científico?

Cada caso es muy distinto pero, en todos, hay un desafío que se repite: arrancar una carrera científica en un mundo cada vez más incierto, con más lugar para las pseudociencias y las teorías conspirativas, y menos para la evidencia y el pensamiento crítico.

Para un científico, lo más incierto es su propia vida

La incertidumbre forma parte del oficio científico. Un experimento puede fallar. Una hipótesis, ser descartada. Los resultados, demorar años. Pero hoy los investigadores lidian con una incertidumbre extra: la de su propia vida. “Pregúntenle a la mayoría de los científicos dónde estarán dentro de dos años y les dirán: ‘No sé’. Porque, en realidad, ni nosotros lo sabemos. La financiación y los proyectos son inciertos y, si conseguís un puesto, suele ser sólo por dos o tres años. No sabemos ni siquiera si podremos seguir dedicándonos a la ciencia”. La declaración no es de un científico argentino en pleno recorte, sino del joven investigador belga Vicente Verjans, que trabaja sobre cambio climático en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Verjans incluso va más allá e introduce una variable poco abordada cuando se habla de carreras científicas: la familia. “Muchos colegas deciden no tener hijos para poder seguir en la ciencia. Piensan: ‘Dada mi situación actual, no quiero renunciar a la ciencia para tener una vida más estable’. Otros sí deciden tenerlos y saben que probablemente dejarán la vida académica”, lamenta.

Pregúntenle a la mayoría de los científicos dónde estarán dentro de dos años y les dirán: 'No sé'. Porque ni nosotros lo sabemos

Vincent Verjans — Investigador belga especializado en cambio climático

El joven investigador trabaja en un campo tan condicionado por la política como el del cambio climático. Y se pregunta por qué la evidencia científica sigue teniendo tantas dificultades para influir en los gobiernos incluso en Europa, y en un tema tan urgente. “La crisis climática ya está acá. Los científicos están elaborando mejores predicciones, los ingenieros están desarrollando mejores paneles solares y baterías, pero algo sigue fallando. Y probablemente cómo nos comunicamos”, señala.

Para Verjans, “la gente con conocimientos científicos y formación en comunicación profesional puede transmitir el mensaje mucho mejor que nosotros. La comunicación científica es demasiado importante como para esperar que la hagan los científicos además de todo lo demás”. Una reflexión que también nos interpela como argentinos, cuando nuestra ciencia no sólo enfrenta recortes sino también el desafío de recordar algo tan básico como por qué vale la pena sostenerla.

El problema no es el talento

“El talento está en todos lados. La oportunidad, no. Y en ciencia eso se nota muchísimo, porque sigue siendo un espacio bastante elitista”. La primera declaración del investigador peruano Anthony Torres-Ruesta es el mejor resumen de la desigualdad en el ámbito científico. Formado en su país, en Francia y en Singapur, y con un máster en la Universidad de Cambridge, pudo ver de cerca los contrastes mientras investigaba enfermedades infecciosas al calor de distintos sistemas científicos.

Para Torres-Ruesta, “las principales diferencias entre hacer ciencia en Sudamérica y hacerlo en Europa son los recursos y las redes de contactos”. “La mayoría de los descubrimientos que terminan avanzando la frontera del conocimiento ocurren a través de colaboraciones internacionales. En Latinoamérica todavía estamos muy limitados para acceder a laboratorios de Europa o Estados Unidos y colaborar con ellos. Creo que una de las formas de avanzar es desarrollar esas capacidades en el ‘Sur Global”, propone.

El talento está en todos lados. La oportunidad, no

Anthony Torres-Ruesta — Investigador peruano formado en la Universidad de Cambridge

Da un ejemplo pandémico: “La ciencia fue capaz de dar al mundo una vacuna en once meses. Pero hay algo más allá de desarrollar un producto orientado hacia la salud, y es asegurar que llegue al usuario final de una manera equitativa y a tiempo. Ahí aparecieron los problemas de acceso, las patentes, la distribución de vacunas, las diferencias entre países desarrollados y países del Sur Global”, recuerda. En ese momento, entendió que, mucho más allá de lo que podía hacer dentro del laboratorio, había otra área en la que los científicos prácticamente no estaban presentes: el diseño de políticas públicas que garantizaran ese acceso. Fue ahí cuando decidió moverse hacia la salud pública, la gobernanza y la diplomacia científica, campos en los que sigue trabajando hasta hoy.

El país que puede convertirte en científico y luego tirar por la borda décadas de datos

Formada entre el MIT y Harvard, la científica tailandesa Ju Chulakadabba estudia las emisiones de metano con satélites y aviones. Hoy trabaja en la Universidad Técnica de Múnich y está pensando en volver a Tailandia para enfocarse en desafíos locales. Lo dice con una mezcla de sorpresa y tristeza: Estados Unidos, el país que la formó, está empezando a darle la espalda a la ciencia.

“Me mudé sola a Estados Unidos para cursar la secundaria, y después entré al MIT, donde sentí que las oportunidades eran infinitas. La única limitación era mi cerebro. Pude explorar diferentes laboratorios, investigar en Singapur y Taiwán gracias a becas, colaborar con distintos grupos. Lo mismo en Harvard. Y no creo que hubiera podido hacer eso en ningún otro lugar. Al menos no en Tailandia”, admite Chulakadabba.

Los instrumentos siguen ahí, pero ahora no hay financiación para operarlos

Ju Chulakadabba — Científica tailandesa formada entre el MIT y Harvard

Hasta que asumió Trump y todo empezó a cambiar. “Conozco profesores que escribieron los libros de texto de nuestra especialidad, y hasta ellos tuvieron que pedirles a los estudiantes de doctorado que terminaran antes de tiempo o despedir a los técnicos porque la financiación se esfumó”, relata la joven científica.

“En mi grupo de Harvard teníamos una de las mediciones continuas de carbono forestal más grandes del mundo, que son más valiosas a medida que avanza el cambio climático. Los instrumentos siguen ahí, pero ahora no hay financiación para operarlos”, denuncia Chulakadabba. “Cuando se interrumpe algo así, no sólo se pierde plata, sino décadas de trabajo científico, que no se pueden reconstruir de la noche a la mañana”, concluye, una frase que parece calcada de los reclamos por los despidos en áreas estratégicas por parte del Gobierno de Milei.

“¿Por qué la sociedad debería financiar la ciencia?”

Pese a su corta edad, ya es coautora de una de las investigaciones que confirmaron la existencia de los altermagnetos, una nueva clase de materiales magnéticos. Y habla como alguien que piensa no sólo en su propia carrera sino en el sistema científico entero. La física noruega Anna Birk Hellenes, investigadora en la Academia Checa de Ciencias, le da una vuelta al clásico planteo de “Hay que financiar la ciencia porque es importante”. En lugar de eso, arranca admitiendo que entiende “por qué un contribuyente puede ser escéptico si siente que nunca recibe nada a cambio”.

“La ciencia suele financiarse con dinero público. Por eso, la gente tiene que sentir que hay algún beneficio para ellos. Está pagando por eso”, remarca Hellenes. Para la joven investigadora, “quizás lo que falta entonces es mostrar con más claridad que la investigación termina convirtiéndose en tecnologías que mejoran la salud, la seguridad y la calidad de vida de la gente”.

En pos de esos avances, es clave que nos ayudemos entre todos, más allá de las fronteras. “Tuvimos la suerte de vivir en un mundo muy abierto, con pocas restricciones para conversar o colaborar con investigadores de otros países. Pero creo que eso está cambiando… Algunos empiezan a cerrarse un poco más, sobre todo Estados Unidos. También está la guerra en Rusia y Ucrania –observa Hellenes–. Si querés hacer ciencia de excelencia, normalmente trabajás con gente de todo el mundo. Y hoy eso se volvió más complicado”.

El modelo taiwanés, una alternativa

A diferencia del resto de los consultados, que hablan sobre todo de problemas, la investigadora taiwanesa Yu-Han Huang ofrece un contraejemplo: un ecosistema científico que funciona. Para la joven cientista, eso sólo funciona cuando todas las piezas encajan: un Estado que impulsa la innovación, empresas que buscan activamente a la academia, universidades abiertas a colaborar, y programas públicos que, además de financiar, conectan investigadores con inversores e industria.

“En comparación con algunos países donde la academia y la industria pueden sentirse más separadas, Taiwán desarrolló una cultura que fomenta fuerte estas colaboraciones”, celebra Huang, que lleva adelante su investigación postdoctoral sobre nuevos materiales para dispositivos electrónicos en el Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas de la Academia Sinica, la principal institución pública de investigación de Taiwán, considerada el equivalente local de nuestro CONICET o de la Sociedad Max Planck alemana.

Un ejemplo concreto son los Future Tech Awards, con los que el gobierno crea oportunidades para que investigadores, empresas e inversores transformen los descubrimientos científicos en aplicaciones prácticas. “Lo sé de primera mano porque el grupo de investigación de Shih-Yen Lin en Sinica, con el que trabajé, recibió ese premio –cuenta Huang–. Son programas que ayudan a que la investigación salga del laboratorio y encuentre el camino hacia la industria y la sociedad”.

Fuga mundial de cerebros

Con sólo unos destellos de luz, la biofísica canadiense Coral Hillel busca responder preguntas clave sobre la salud. Es que esta doctoranda en Física y Astronomía por la Universidad de York (Canadá) investiga cómo desarrollar nuevas herramientas sanitarias basadas en haces lumínicos. Un objeto de estudio que contrasta fuertemente con un escenario científico cada vez más oscuro.

“Están recortando el financiamiento indiscriminadamente en todas las áreas. Y muchos estudiantes tuvieron que cambiar sus planes porque, cuando no hay fondos ni estabilidad, es muy difícil decidirse a invertir cuatro, cinco o hasta seis años en un doctorado –remarca Hillel–. En un plano más amplio, eso termina generando una fuga de cerebros”.

“No sorprende que la salud mental sea un desafío para muchos estudiantes de posgrado. Para mí también lo fue. Pero, por más difícil que sea el camino y por más incertidumbre que haya sobre el financiamiento, hay una comunidad. Ser científico también implica construir una red de apoyo”, sugiere la joven biofísica. Así, Hillel intenta pensar desde la unidad y los intersticios que esta habilita. Un cierre luminoso, cuando más falta hace.

KN/MG

Horas después de que los profesionales de las ciencias, investigadores y trabajadores, nucleados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), se manifestaran en el Polo de Ciencia y Tecnología debido a la falta de inversión del Gobierno Nacional, desde la cuenta oficial de la asociación publicaron un video para manifestar la situación actual de la ciencia en la Argentina y un fuerte reclamo al gobierno de Milei.

Al igual que sucedió con la difusión de la protesta de este miércoles, con referencias a la clásica historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, El Eternauta (y a la estética de la serie de Netlix), los profesionales denuncian “un ataque sin precedentes” que “ha sumergido a nuestra ciencia nacional en la oscuridad y el silencio. Pero no estamos derrotadxs, la resistencia vive. Sin trabajadores no hay ciencia. Sin ciencia no hay Argentina posible”.

Este miércoles, bajo el lema “nadie se salva solo” y parafraseando a El Eternauta, RAICYT se movilizó “para dar luz a todo el desgaste” que existe en el sector y, por ese motivo, a partir las 11 cada centro de investigación marchó hacia el Polo para que desde las 13 comenzaran a llevarse a cabo diferentes acciones con el objetivo “de evitar que nuestro país se quede sin ciencia, sin tecnología y sin futuro”.

Asimismo, indicaron que nunca, durante la democracia, la inversión en ciencia y tecnología “fue tan baja”, incluso, “es aún menor que en 2002 y se acerca a la realizada por la última dictadura militar”.

“Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la ciencia nacional perdió 4.148 profesionales. Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, con una inflación acumulada del 204.9%, los salarios de los investigadores del CONICET cayeron un 34.7%, en términos reales, y los salarios en las universidades nacionales sufrieron la baja de un 27.9%, por debajo del nivel de 2002”, aseguraron desde RAICYT.

En la misma línea, manifestaron que “no pueden pagarse servicios esenciales” como los de electricidad, limpieza y seguridad, tanto en los laboratorios como en los centros de investigación, además, de que no hay insumos ni mantenimiento de equipamientos e infraestructura y no se ejecutan créditos internacionales “otorgados en el gobierno anterior”.

“El Gobierno reconoce que no está cumpliendo la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo justifica diciendo que ‘nunca se cumplió lo establecido’. En lo que va del 2025, el presupuesto representa sólo el 0.157 del PBI, menos de la mitad de lo que fue en 2023 (0.302%)”, señalaron.

También, confirmaron que, en el CONICET, están cerrando nuevos ingresos porque una gran cantidad de jóvenes científicos, que se forman en las universidades nacionales, tienen que emigrar o dejar sus carreras. Incluso, 845 aspirantes, cuyas incorporaciones habían sido aprobadas en 2022, quedaron suspendidas.

Además, informaron que se suspendió “toda la financiación de las actividades científicas” porque “no hay fondos para reactivos de laboratorio ni insumos para mantener los servicios mínimos” de los centros científicos: “No se repara ni actualiza el equipamiento porque toda la inversión en infraestructura de ciencia y tecnología se va perdiendo día a día”, concluyeron.

En paralelo, este miércoles, los rectores de las universidades de todo el país presentaron, en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley de financiamiento y, en relación al tema, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, declaró, en LT3 Rosario, que la situación actual universitaria decreció respecto a la de 2024.

“Este proyecto busca garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior argentino. Hoy, el 80% del personal docente y no docente recibe un salario por debajo de la línea de pobreza. Un profesor titular con 20 años de antigüedad, a cargo de una cátedra, cobra algo más de $300.000. La situación en las casas de altos estudios del país es un poco más compleja que la del año pasado”, finalizó.

RAICYT es la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología conformada a inicios de 2024 y de la cual participan más de 400 autoridades de diversos organismos de Ciencia y Técnica distribuidos a lo largo y ancho de todo el país pertenecientes al CONICET, a las Universidades y a otras instituciones científico tecnológicas.

En RAICYT están representadas todas las áreas del conocimiento, desde las Ciencias Sociales y Humanidades, pasando por las Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales, hasta las Ciencias Biológicas y de la Salud y las Ciencias Exactas y Naturales.

La red “se conformó debido al feroz ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional, el cual amenaza la continuidad de los proyectos de investigación en curso y el funcionamiento de nuestros institutos; motoriza ya un nuevo éxodo de jóvenes científicos y la destrucción de grupos de investigación que ha costado años integrar, en todas las áreas disciplinares”.

El objetivo general de RAICYT es “defender el sistema científico nacional ya que estamos convencidos de que sin ciencia no hay futuro promisorio posible para el desarrollo de nuestro país”. 

Con información de agencias.

IG

La evidencia científica indica que el Alzheimer puede concebirse como una enfermedad inflamatoria crónica que afecta el sistema nervioso central. Si bien históricamente la investigación sobre la principal patología neurodegenerativa a nivel mundial se centró en los cambios que sufren las neuronas en un área específica del cerebro, en los últimos años cobró relevancia el papel que desempeñan otras células del tejido nervioso, principalmente astrocitos y microglía. Ahora, un estudio liderado por científicos argentinos comprobó el rol de la inflamación en el desarrollo del Alzheimer y definió perfiles inflamatorios característicos de las diferentes etapas de la enfermedad, lo que podría orientar la selección e intensidad de los tratamientos.

“Las células de la neuroglia secretan citoquinas, sustancias que regulan la respuesta inflamatoria y que pueden pasar desde el sistema nervioso central hacia la sangre periférica, un proceso que se ve incrementado cuando la barrera hematoencefálica [que protege el cerebro de moléculas que circulan en el torrente sanguíneo] está perturbada, como ocurre en pacientes con enfermedad de Alzheimer”, aseguró a la Agencia CyTA-Leloir Laura Morelli, doctora en Bioquímica, investigadora del CONICET en el Laboratorio de Envejecimiento Cerebral y Neurodegeneración de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y líder del artículo publicado en la revista Heliyon.

Resultado de un trabajo colaborativo multicéntrico en el que participaron profesionales de varios hospitales de la Argentina y de España, en conjunto con investigadores de la FIL y el CONICET, el estudio se propuso determinar los niveles de citoquinas y quimiocinas en sangre en personas a las que se agrupó según tres estadios clínicos distintos: cognitivamente sanos; con deterioro cognitivo leve y con diagnóstico de Alzheimer. El objetivo de la investigación, que tiene como primeros autores al biólogo y becario doctoral Lorenzo Campanelli y al doctor en Ciencias Médicas e investigador adjunto del CONICET Pablo Galeano, fue evaluar la respuesta inflamatoria durante la evolución de la enfermedad.

Participaron del estudio personas de 60 años o más, a las que se les realizó una evaluación clínica, neuropsicológica y de imágenes de cerebro. Se les extrajo sangre y mediante técnicas ultrasensibles se midieron los niveles de 30 citoquinas y quimiocinas. A través de análisis estadísticos avanzados, y considerando el sexo y la edad, los investigadores identificaron que cada grupo clínico presentaba un perfil inflamatorio distintivo. Mientras las personas con deterioro cognitivo leve se caracterizaron por un aumento de eotaxina-1, implicada en neurotoxicidad, los pacientes con Alzheimer presentaron un aumento de la interleucina proinflamatoria IL-16. Como factor común, en ambos grupos se detectaron niveles incrementados de la quimiocina MDC, que regula la función de las células inmunitarias.

“Estos hallazgos destacan el papel central de la inflamación en la progresión de la enfermedad de Alzheimer, y al fortalecer el papel de las células de la glía en diferentes etapas clínicas de la patología abren nuevas perspectivas terapéuticas, incluida la eventual posibilidad de modular la respuesta inflamatoria para frenar la progresión de la enfermedad”, concluyó Morelli.

Aunque todavía no hay acuerdo para un nuevo préstamo que permita levantar el cepo cambiario, una de las promesas hasta ahora incumplidas de Javier Milei, la relación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno libertario —el mejor de sus alumnos argentinos de todos los tiempos, por el brutal ajuste sobre los ciudadanos, no sobre la casta— es puro amor. Tanto es así que a los ferovorosos elogios de la directora gerenta del organismo, Kristalina Georgieva, ahora se sumó una invitación al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Coloso, como lo llama el Presidente, a integrar un comité de expertos donde se dedicará a explicar cómo achicar el Estado.

El propio funcionario lo comentó en un tuit, en el que también se refirió a otra invitación que le cursó la Universidad de Princeton para hablar sobre “Motosierra y desregulación: el primer año de la presidencia de Javier Milei”. Es el título del seminario web que brindará el jueves a las 12:30 del mediodía de la Costa Este de Estados Unidos, que en la Argentina serían las 14.30.

“Es innegable que las reformas del presidente Javier Milei han generado interés a nivel global. El jueves las estaremos explicando en el webinar de Markus Brunnermeier (profesor de la Universidad de Princeton e investigador en Macroeconomía, Dinero y Finanzas)”, tuiteó Sturzenegger. Y agregó: “Otra muestra es la invitación que me cursara Kristalina Georgieva para participar en un comité de expertos sobre la próxima agenda del FMI: nada menos que productividad y desregulación. ¡VLLC (Viva La Libertad Carajo)!”.

Sturzenegger integrará el flamante “Consejo asesor sobre emprendimiento y crecimiento” del Fondo para que vuelque su experiencia en reforma del Estado. En una columna publicada la semana pasada en el diario estadounidense The Washington Post, titulada To restore global growth, ease barriers for entrepreneurs (“Para restaurar el crecimiento global, aliviar las barreras para los empresarios”), Georgieva destacó la necesidad de promover reformas acordes a la realidad de los diferentes países que conforman el organismo.

“El mundo está expectante ante la Argentina, donde las reformas favorables al mercado están revitalizando la economía de un modo que antes se creía imposible”, destacó la jefa del FMI.

La contracara del interés exterior por Milei y Sturzenneger

Aunque las reformas económicas del presidente Milei son elogiadas por figuras internacionales como Georgieva, los costos sociales de estas políticas no pueden ser ignorados.

La reducción de la inflación vino acompañada de un aumento significativo en los índices de pobreza: al término del primer semestre del año era del 55,5% de la población y la indigencia (es decir gente a la que no le alcanza la plata ni para comer), del 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Hace un mes, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandre Pettovello, amiga del Presidente, sostuvo la pobreza bajó en el tercer trimestre de 2024 al 38,9%, apenas 0,3 punto porcentual más que el nivel en que la dejó el gobierno de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Lo tendrá que confirmar el Indec.

Además, la mayoría de los jubilados cobran apenas US$300 por mes, en una economía que atraviesa un momento difícil de entender para los extranjeros que visitan el país y para los propios argentinos, que la viven: que las cosas salen más baratas en Europa que aquí (lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo) pero los salarios son significativamente menores a los de cualquier país de Europa.

Asimismo, la eliminación de subsidios al transporte y la energía que dispuso el gobierno de Milei y Sturzenegger incrementó los costos de vida, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.

En este contexto, y para que haya superávit, la gestión libertaria pisó los ingresos de los jubilados, retaceó el financiamiento a las universidades públicas y está desmantelando, según denuncian los propios investigadores, el sistema de ciencia y tecnología. Organismos como el Conicet, el INTA y la CNEA sufrieron recortes drásticos en sus presupuestos.

Para que Sturzenegger pueda dar charlas en el exterior sobre el éxito del achicamiento del Estado y de cómo Milei logró el superávit fiscal por primera vez desde el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina sacrifica la educación universitaria pública y gratuita y su tradición de excelencia científica. El cepo cambiario, mientras tanto, sigue vigente y pese a las promesas de campaña los impuestos no bajaron. El modelo libertario que elogia el FMI tiene un costo que no se menciona en los seminarios internacionales: el bienestar de millones de argentinos.

JJD

La noticia se conoció el viernes pasado. Mediante una resolución, el Gobierno nacional anunciaba un nuevo recorte a la ciencia bajo una imprecisa medida que determinaba el cierre de los programas que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. Esta resolución, dictada en plenas vacaciones de verano, es un paso más y encendió alarmas en la comunidad científica.

“Es como el blanqueo de una situación que ya veníamos sufriendo concretamente y ahora queda expresado y esbozado en una metodología concreta que van a llevar adelante como para poner el punto máximo a la política científica que este gobierno plantea”, señala Haydeé Pizarro, investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien describió que la noticia causó una mezcla de “revuelo y desazón”.

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que integran más de 340 autoridades de institutos de Ciencia, se emitió un comunicado de repudio a la medida. Según la organización, la información publicada anticipa una profundización del ajuste en en el área. “Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores y la paralización y desarticulación de grupos de investigación que ha costado décadas desarrollar”.

Además, hicieron llegar una Declaración de Repudio la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlacti), argumentando que “la resolución plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras”.

Agregaron que la medida “representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional” y concluyeron: “Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.

En la misma línea, la vicedirectora de la Facultad de Exactas de la UBA, Valeria Levi, señaló que la medida publicada en el Boletín Oficial expresa en un documento oficial un desmantelamiento de la ciencia que ya sucedía de hecho. “Se ve claramente que se le quiere dar un marco de legalidad, que todavía no sabemos si es tal, a algo que fue un hecho durante 2024: todos estos programas fueron suspendidos durante el año pasado, incluyendo los que tenían que ver con construcciones de institutos científicos, de laboratorios, compra de equipamiento, proyectos de vinculación científico-tecnológica con el sector productivo”.

Es que todavía no está claro el alcance del recorte. De los 70 programas que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología analizará para su cierre o eventual ajuste, el organismo solo dio a conocer algunos que ha definido cerrar, mientras el resto permanecen en evaluación. Según publicó el diario La Nación, son cinco las bajas confirmadas hasta el momento, entre los que se encuentran, Programa Juventudes y Ciencia, Programa Ciencia por contar, Programa de Subsidios institucionales, Programa de Subsidios extraordinarios y Proyectos de Cultura Científica.

El Gobierno hizo el anuncio mediante la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves. Allí se estableció la evaluación y posible cierre de programas científicos creados bajo el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT). La medida se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público en el marco de la emergencia económica y financiera que atraviesa Argentina y asigna como responsable de la evaluación a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que dirige Darío Genua. Sin embargo, el contexto de emergencia se remonta a principios de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei decidió frenar los desembolsos de los programas de financiamiento científico.

En diálogo con elDiarioAR, desde el organismo aseguraron que quedará a salvo del cierre el Programa Federal Equipar Ciencia, destinado a la compra de equipamiento científico, que obtuvo una prórroga de los convenios para el uso de fondos el pasado 29 de noviembre y en la que se habilita al uso de los mismos hasta el próximo 30 de junio de 2025.

Asímismo, se consultó a la Secretaría por los programas de desarrollo científico paralizados: los PICT 2022, que deberían haberse desarrollado durante 2024 y la convocatoria prorrogada por 4º vez a los PICT 2023. El organismo aclaró que los programas permanecen bajo el ala de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I) y que se debe conformar el Directorio (vacante desde marzo de 2024) para tomar decisiones al respecto. También, se confirmó que los convenios de desarrollo científico con países y embajadas permanecerán vigentes.

Este medio se contactó con Conicet para consultar por el impacto de las medidas anunciadas sobre los científicos de la institución, pero respondieron que por el momento no habrá una declaración oficial al respecto y agregaron que es un tema correspondiente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Levi pone en duda la legalidad de la medida: “Lo que entendemos de esta resolución es que Jefatura de Gabinete quiere poner en papeles que los proyectos que estaban suspendidos se den de baja. Lo que no sabemos es la legalidad de esta medida porque en muchos de los casos hay contratos firmados y de un día para el otro no se puede decir ”damos de baja todos estos contratos“.

Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores

Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología

Críticas al enfoque productivista de la ciencia e incertidumbre sobre el alcance de los recortes

El discurso de “poner la ciencia al servicio del desarrollo productivo”, circula desde que asumió la gestión del gobierno Javier Milei, incluso como argumento para explicar la parálisis de financiamiento o la subejecución de programas.

El texto publicado en el Boletín Oficial lo transparenta: “Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.

La investigadora Pizarro reflexionó sobre el modelo de ciencia que plantea la gestión libertaria ligado a la producción: “Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que van de la mano con decir ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Y la verdad es que lo han logrado, en ese sentido. Esa bendita batalla cultural la han ganado por el momento. Es una batalla, no es la guerra, así que vamos a seguir”.

Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que dicen ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Esa batalla cultura la han ganado. Pero es una batalla, no la guerra. Vamos a seguir

Haydeé Pizarro — investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Las áreas prioritarias quedaron definidas en la resolución, dejando por fuera temáticas como medio ambiente, el cambio climático y las Ciencias Sociales. Pizarro entiende que este tipo de medidas de recorte en la ciencia “traen realmente límites al conocimiento. Yo me pregunto qué va a pasar con líneas vinculadas con la historia con líneas vinculadas con los derechos humanos, ¿cómo podemos encorsetar determinada generación de conocimiento porque supuestamente no va con el desarrollo económico del país?”.

Beatriz Bragoni, Historiadora del Conicet Y UNCuyo y Directora del Incihusa, Mendoza, analizó la medida y comentó que “no parece estar dirigida solo a revisar o suspender programas o subsidios ejecutados por la anterior gestión del ex MinCyT para reducir el gasto o auditar recursos públicos”.

La investigadora entiende que es una estrategia que permitirá aplicar la “motosierra” prometida en el sector Ciencia y Tecnología con una triple estrategia: El agravio al personal científico y la descalificación de temas y problemas que nutren la agenda de investigación básica y aplicada en los principales centros académicos mundiales. Y por último, el “radical desfinanciamiento de grupos o equipos de trabajo consolidados o de más reciente formación, distribuidos en la desigual geografía del país cuyas contribuciones a los diferentes campos de conocimiento y la excelencia de recursos humanos capacitados en institutos y laboratorios suelen ser reconocidos en el país y más allá de sus fronteras”. 

Por su parte, a Pizarro le preocupa el futuro de las generaciones de sus alumnos, jóvenes científicos, que dejan de encontrar posibilidades de trabajo y desarrollo de carrera dentro del país: “¿Qué nos queda? Cuando empiece el primer cuatrimestre, ¿qué le voy a decir a los estudiantes que están ya se están recibiendo? ¿Qué les digo, cuando me vengan a pedir que por favor les haga una nota de recomendación para irse afuera? ¿Les digo que no? No, les hago la nota”, reflexionó la científica.

El Plan Estratégico 2024-2025: un tuit como única referencia

La resolución menciona un Plan Estratégico 2024-2025 como guía para la evaluación de los programas. Sin embargo, la única referencia pública del programa, lanzado el 14 de noviembre del 2024 es un tuit de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y su correspondiente publicación en Instagram.

Allí se plantean cuatro puntos estratégicos seguidos de un párrafo explicativo: Política científico-tecnológica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Servicios Digitales del Estado y Organismos Descentralizados. A casi dos meses de su lanzamiento, este medio se contactó con la Secretaría de Innovación Ciencia y Técnica para pedir el desglose del plan, pero el organismo contestó que esa información formará parte de un anuncio que se hará en breve. Distintas organizaciones de la comunidad científica manifestaron la necesidad de acceder al plan completo, ya que la información presentada en el tuit no da cuenta de las bases y estudios previos que determinan a las áreas posicionadas como estratégicas, ni se muestra un diagnóstico de cómo se posiciona la ciencia argentina frente a esas áreas de conocimiento.

La situación de la ciencia argentina no hace más que agravarse a lo largo de los meses. El anuncio, dado en un contexto de receso vacacional de las universidades y otros centros de investigación, vuelve a poner en alerta a los científicos que se preguntan cuánto más se puede investigar sin plata.

LG/JJD

Sin lugar a dudas, el año 2024 ha sido uno de los más difíciles para la ciencia y tecnología argentina desde el retorno a la democracia. Lamentablemente, en estas 4 décadas no hemos logrado consolidar políticas de Estado en esta área y hemos atravesado concepciones pendulares respecto a la importancia y los recursos otorgados a la ciencia desde los distintos gobiernos nacionales.

Pero desde la asunción del presidente Milei se ha iniciado un proceso inédito de desfinanciamiento y desvalorización del trabajo científico que pone en riesgo el futuro de uno de los sistemas de ciencia y tecnología con más tradición, complejidad y desarrollo en la región. Nunca hasta ahora se había enunciado desde el propio gobierno la concepción de que el Estado no debe invertir en el apoyo a la investigación y de que se trata únicamente de una tarea que debía asumir el mercado. Esta perspectiva, que abreva en los fundamentos de la Escuela Económica Austríaca, se suma a la concepción libertaria de imponer un modelo de desarrollo basado únicamente en la exportación de productos primarios sin agregado de valor y en la especulación financiera. Para la implementación de un modelo de estas características, desde el anarcocapitalismo, se sostiene que se puede prescindir totalmente del aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación nacional.

Lamentablemente, la afirmación enunciada por Milei en la campaña electoral respecto de que el Ministerio de Ciencia, el Conicet y los otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) de la Argentina iban a quedar AFUERA de las funciones que debía desempeñar el Estado comenzó a hacerse realidad. En primer lugar, al conocerse el nuevo diseño de gabinete se constató la degradación y virtual desaparición del Mincyt. Seguidamente, en el texto original del proyecto de Ley “Ómnibus” enviado por el Ejecutivo al Parlamento se propuso la refuncionalización, privatización o cierre del CONICET y el conjunto de organismos del SNCTI. La movilización y la participación de la comunidad científica en el debate de las comisiones permitió que estos artículos fueran rechazados por los legisladores y que, en la Ley Bases votada finalmente por el Congreso, una buena parte de las propuestas privatizadoras que figuraban en el proyecto original fueran eliminadas.

Los números que deja el 2024 son elocuentes:

–La función de CyT cayó de cerca del 0,31 del PBI, en el 2023 al 0,21 en el 2024. Se trata de la mayor reducción desde el año 1972. Por otra parte, está muy lejos del 0,39 que correspondía según la propuesta de la Ley de Financiamiento de la Ciencia votada por unanimidad en el Congreso en el año 2020 y que el actual Ejecutivo propuso suspender en el proyecto de presupuesto 2025 enviado al Congreso. El siguiente gráfico muestra cómo prácticamente todos los organismos de CYT han sido víctimas del ajuste.

–Los salarios de los investigadores del CONICET disminuyeron un 30% en términos reales. 

–Se perdieron 2696 puestos de trabajo en los organismos del SNCTI. Todas las instituciones del sistema han sido afectadas. Desde diciembre del 2023 no ha habido ingresos en la carrera de investigador del CONICET.

–La inversión en proyectos y subsidios de investigación cayó un 61,2% en términos reales.

–Se paralizaron los Programas Federales Construir y Equipar Ciencia y el Programa de Federalización de la Ciencia y Tecnología creado por Ley ejecutó sólo un 0,002% del crédito disponible.  

–Todo este proceso de deterioro ha ido acompañado de un fuerte ataque a uno de los principales ámbitos donde se desarrolla la investigación científica: las Universidades Públicas. La Educación Superior vio disminuido su presupuesto en un 31,1% y sus profesores/investigadores tuvieron una caída del 22,7% en los salarios. Los recursos destinados al programa de investigación en las universidades se deterioraron un 92,1% real en el año 2024. Prácticamente desaparecieron.

En este contexto, quiero destacar que, a pesar de la falta total de recursos, el sistema científico-tecnológico argentino ha mostrado su capacidad de resiliencia y ha continuado cumpliendo su compromiso con la sociedad que lo sustenta. Los avances en el conocimiento, la calidad y nivel de las publicaciones y los desarrollos tecnológicos logrados en áreas estratégicas como la salud, la sustentabilidad, la transición energética, el espacio, la producción agropecuaria e industrial, o las ciencias sociales, siguen siendo notables. Ello habla tanto de la excelencia del trabajo de nuestros investigadores y tecnólogos, como de un compromiso social que constantemente desafía las limitaciones que le imponen las políticas oficiales. Esta resiliencia y responsabilidad de los investigadores son necesarios tanto para mostrar a la sociedad los aportes imprescindibles que la ciencia puede brindar al desarrollo del país y a la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente, como para brindar un ejemplo a las nuevas camadas de jóvenes científicos de que, a pesar de todo, tiene sentido seguir investigando en la Argentina. Hay que tener en cuenta que una de las consecuencias irreversibles de este proceso de ataque a la ciencia es que, si tiene éxito, nuevamente deberemos enfrentar el exilio de muchos de nuestros mejores profesionales.

Sabemos que no es fácil colocar en la agenda pública la problemática del ataque a la ciencia cuando la gran mayoría de los sectores medios, profesionales, trabajadores, jubilados y precarizados están siendo víctimas de un feroz ajuste que deteriora cotidianamente sus condiciones de vida. Pero es imprescindible hacerlo porque estamos convencidos de que la destrucción del sistema científico no es un problema que afecta sólo a quienes nos dedicamos a la investigación, sino que significará, principalmente, una postergación indefinida de la construcción de un modelo de país que permita combinar el desarrollo económico con mayor equidad social. Más aún, la posibilidad de proteger y desarrollar el sistema científico tecnológico nacional depende de nuestra capacidad de articular esta defensa con el conjunto de los sectores sociales y políticos que también son atacados por las políticas oficiales. Al mismo tiempo, es necesario que revisemos el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología despojándonos de una mirada corporativa y propongamos cuáles son las transformaciones necesarias para colocarlo en condiciones de enfrentar eficazmente los desafíos del nuevo contexto global y nacional.

Finalmente, y a pesar de todo lo que sufrió la ciencia en este año, consideramos que es necesario encarar el 2025 con esperanza. La ciencia argentina tiene una larga tradición de enfrentar momentos difíciles. La noche de los bastones largos, el terrorismo de Estado de la dictadura de los 70, las estrategias neo-liberales que ejecutaron fuertes ajustes a los presupuestos, no lograron evitar que en los organismos científicos y universidades nuestros investigadores desafíen las condiciones adversas y continúen su trabajo en pos del avance del conocimiento. Estamos seguros de que tampoco lo lograrán las políticas anarcocapitalistas de turno. Trabajemos juntos con la convicción de que la ciencia y la tecnología son imprescindibles para la construcción de una Argentina más soberana, desarrollada y justa.

Daniel Filmus fue ministro de  Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2021 y 2023

Hasta hace algunos meses Esteban Ciarlo trabajaba 40 horas semanales en la Facultad de Agronomía como profesor adjunto de la cátedra de edafología, una disciplina que estudia los suelos en relación con el crecimiento de las plantas. Pasó de esa carga horaria a una dedicación simple de 10 horas para poder tomar otro empleo. “La verdad es que el desfinanciamiento que hay en la universidad es tremendo y todo lo que es investigación se frenó”, cuenta. 

Cómo él, cada vez más profesores de universidades públicas reducen sus horas o renuncian a sus cargos por los bajos salarios y en algunas facultades las partidas ya alcanzan al 13% del plantel docente. La tendencia genera incertidumbre por la calidad educativa hacia adelante, pone en peligro la continuidad de investigaciones y plantea un “panorama desolador” a futuro, según coincidieron autoridades académicas y profesores consultados por elDiarioAR.  

El aumento de las renuncias es mayor entre los docentes más jóvenes, que pueden cobrar hasta cuatro veces más en el exterior o en el sector privado. En el otro extremo de la escala, también crece la deserción entre quienes están en edad de jubilarse, una situación que vacía a las universidades del personal con más trayectoria.

“Sin ningún lugar a dudas, la preocupación más urgente con la cual vamos a iniciar el 2025 es la recomposición salarial pendiente del año 2024”, advierte Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas de Argentina.

El atraso salarial trae como consecuencia el incremento de renuncias docentes, “un fenómeno que se da en todo el país, pero se ve mucho más en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Santa Fe porque hay más variedad de potenciales empleadores”, precisa Moriñigo. 

“Es muy penoso perder a profesores que uno los viene formando desde hace mucho tiempo y que, por cuestiones coyunturales, tengan que irse”, agrega el presidente del CIN, que también es rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Más de 130 renuncias en Exactas de la UBA

A lo largo del 2024, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) renunciaron en total 135 profesores y auxiliares, lo que representa el 13% del plantel docente, según datos que esa casa de estudios le brindó a elDiarioAR.

“Es un número muy grande y se nota una tremenda deserción. Dependiendo de las disciplinas, va cambiando el perfil de adonde se fueron. Algunos pasaron a la industria, otros a universidades privadas o partieron del país”, explica el decano de Exactas, Guillermo Durán. Y continúa: “Los sueldos de nuestros profesores investigadores son entre tres y cuatro veces más bajos que los sueldos que pueden llegar a ganar en países como Chile, Uruguay o Brasil. Y la calidad de nuestra gente es muy buena, entonces tienen oportunidades en todos lados”.

Las áreas más afectadas de la Facultad son las que están vinculadas con computación y química. A contramano de la deserción de sus profesores, Ciencias de Datos es la carrera con mayor cantidad de inscriptos de Exactas desde sus inicios en 2021.

“La situación es espantosa. En cuarenta años de democracia no hubo un ajuste sobre la universidad y la ciencia tan salvaje como el que hizo este Gobierno en un año”, remarca Durán. “Por el momento, estamos haciendo todo lo posible para mantener la oferta académica tal cual estaba sin tener que cerrar cursos, pero por supuesto que estas partidas en masa provocan una disminución de la calidad”.

Cierre de inscripciones

Una de las instituciones que se vio obligada a modificar la oferta académica es la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que cerró las inscripciones para 2025 en las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Informática porque no hay docentes para cubrir todos los cursos que se necesitarían si se sumarán nuevos estudiantes.

“A los docentes de esos rubros les conviene trabajar en el sector privado y la demanda de inscriptos a esas dos carreras es muy elevada, por lo que se priorizó que quienes ya están cursando puedan seguir haciéndolo”, informaron desde la UNQ a este diario. 

Alejandro Díaz-Caro es docente de la Licenciatura en Informática de la UNQ y en octubre de este año emigró a Francia para investigar en lenguajes de programación para la computación cuántica en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (Inria, por sus siglas en francés).

“Mientras pueda voy a seguir dando clases virtuales para la UNQ porque es mi manera de ayudar a que la carrera se mantenga”, cuenta a elDiarioAR por teléfono Díaz-Caro, a unos 11.000 kilómetros de distancia. “Siempre fue difícil competir contra los salarios de la industria, pero ahora las condiciones se deterioraron tanto que nos estamos yendo todos y eso hace que la carga para los que quedan sea más grande. Es una situación bastante catastrófica”, agrega.

El investigador ya había vivido en Francia cuando hizo su doctorado y posdoctorado, pero regresó a la Argentina en 2014 gracias al programa Raíces del entonces Ministerio de Ciencia, que promovía la repatriación de científicos.

“Volví con la intención de crear un grupo de investigación y hacer ciencia en Argentina. En diez años formé un montón de estudiantes y ahora tener que bajar la persiana de repente e irme es muy feo. No es lo que hubiese querido”, afirma y explica que tomó la decisión de emigrar porque el Gobierno suspendió los financiamientos para las investigaciones.

En ese sentido, Díaz-Caro apunta que tampoco se abren llamados para pedir financiamiento al exterior, como hizo durante los últimos años para obtener fondos de la Unión Europea. “Entonces, no es una cuestión de ahorrar plata, sino que hay una intención clara del Estado de que no hagamos más ciencia”, apunta. 

“Admiro muchísimo a los que decidieron quedarse y pelearla desde adentro, pero creo que eso no es gratis. Pelearla desde adentro significa dedicar gran parte de tu esfuerzo y tu tiempo a pelear para que el sistema científico no se caiga, en lugar de hacer investigación”, concluye.

La profundización del conflicto

Después de un año con paros docentes, tomas de facultades, clases públicas y dos marchas universitarias federales contra el ajuste que aplica el Gobierno de Javier Milei sobre la educación superior, el conflicto, lejos de solucionarse, se expande en el tiempo. 

Ya en octubre la Facultad de Agronomía de la UBA había advertido sobre la renuncia de 30 profesores “altamente calificados”, que configuraban alrededor del 10% del plantel. Ahora, la problemática se profundiza porque al menos 15 docentes solicitaron la disminución de su dedicación exclusiva.

“Pidieron tener una dedicación part time y el resto del tiempo se dedican a la actividad privada, con lo cual estamos perdiendo cerebros y capacidades. Se trata de una tendencia peligrosa para sostener el rol fundamental de la universidad que es la investigación”, resalta la decana de Agronomía, Adriana Rodríguez.

Entre los docentes que redujeron este año su dedicación está Esteban Ciarlo, quien pasó de trabajar 40 horas semanales en la facultad de Agronomía a tener una dedicación simple de 10 horas para tomar otro empleo. Ciarlo, profesor adjunto de la cátedra de edafología, dice que en sus 26 años como docente nunca hizo un paro hasta este año. “No es que yo era el único que no hacía paros, no se usaba en la facultad porque es muy apolítica. Pero este año cambió”, enfatiza y remarca que nunca vio un ajuste similar. 

“También nos sentimos muy discriminados por la forma en que se trataba a la comunidad universitaria y por esta idea errónea de que los docentes bajamos línea subestimando a los alumnos. Eso nos empujó a todos a movernos”, continúa Ciarlo, quien espera algún día volver a tener dedicación exclusiva porque asegura que la facultad es como su casa.

Durante el 2024 el sueldo de los docentes universitarios “perdió más del 50%”, según alertó esta semana el gremio de la Conadu Histórica, que reclama la reapertura de paritarias. Hoy un salario de cargos iniciales está “en $420.000 de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, afirmó la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti.

Asimismo, el salario de los docentes universitarios sufrió el mayor recorte dentro del sector público, de acuerdo a un informe elaborado por el centro de investigación Fundar con motivo del primer aniversario de la presidencia de Milei.

Menos profesores y laboratorios más vacíos 

“Tuvimos alrededor de 30 renuncias de docentes a lo largo del año. Es un número que está por arriba de la media de los años previos y ha aumentado significativamente en los docentes más jóvenes, de hasta 35 años”, detalla a elDiarioAR el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA, Pablo Evelson.

También advierte sobre otro fenómeno: “Los docentes se empezaron a jubilar apenas pueden. Tenemos un aumento en las jubilaciones de las mujeres a partir de los 60 años, o sea que hay deserción en los niveles más bajos y en los más altos de la escala”.

La partida de los docentes más jóvenes se profundiza por la suspensión del ingreso a la carrera de investigador del Conicet y por la interrupción del pago de subsidios a los laboratorios de las facultades. En la FFyB, el ajuste afecta investigaciones que buscan dar respuesta a problemas de salud de la población, como el desarrollo de vacunas, kits diagnósticos o medicamentos para enfermedades desatendidas.

“El panorama es bastante desolador porque además no hay ningún indicio de que las autoridades nacionales tomen seriamente la caída del salario”, agrega el decano. Y advierte: “Si la situación permanece, prevemos una disminución muy grande en los distintos estamentos de recursos humanos de la universidad”.

Hacia una consulta popular 

Si bien las autoridades académicas consultadas concuerdan en que los salarios docentes son el tema más grave de cara al próximo ciclo lectivo, advierten que la cuestión de los gastos de funcionamiento tampoco está resuelta porque el Congreso no aprobó un nuevo presupuesto para 2025.

Para encontrar una alternativa, el Consejo Superior de la UBA firmó la semana pasada una resolución donde solicita a la Cámara de Diputados convocar a una consulta popular vinculante para aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó en octubre.

El lunes pasado el Ministerio de Capital Humano anunció que “la inversión universitaria para 2025 es la tercera más alta del presupuesto nacional”. Sin embargo, los 4 billones de pesos previstos están apenas por encima de la mitad de los 7,2 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional para cubrir las necesidades del sistema. 

“Esperamos que el Gobierno haga el esfuerzo y genere todas las condiciones políticas para que durante enero y febrero pueda trabajarse en una oferta que empiece a recuperar salarios respecto a la inflación porque de eso depende cómo arrancará el año”, concluye Moriñigo.

DTC

Desfinanciamiento estructural, científicos que ponen plata de sus bolsillos para sostener laboratorios, investigaciones en riesgo y un organismo clave en crisis. Así es el contexto en el que los investigadores intentan seguir haciendo ciencia en el Estado que gobierna Javier Milei, muy lejos del ideario del Presidente, que cree que las arcas públicas financian la “vocación” de los científicos. En el país de “no hay plata”, la plata para financiar ciencia está y ni siquiera proviene de las arcas públicas nacionales. Aun así, no se ejecuta. Existen al menos US$53.050.938.64 aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos que están paralizados desde diciembre de 2023, según pudo establecer la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, con apoyo de CAPIR.

Al contexto de becas canceladas, despidos, universidades que no llegaban a pagar la electricidad y un Presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo, se sumó en las últimas semanas la confirmación oficial de que los científicos dejarán de recibir financiamiento de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Sin embargo, por cada dólar invertido en ciencia por la Agencia durante 2024, hay otros US$3,93 que permanecen en los bancos sin aportar al desarrollo científico y tecnológico argentino.

El organismo estatal, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, se dedica a financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos para impulsar líneas de investigación. También contemplaban la compra de insumos, equipos y becas doctorales para profundizar investigaciones. La Agencia I+D+I impulsó, además, programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

En 2024, la Agencia I+D+i tuvo una reducción drástica de su presupuesto anual real, que cayó un 65,1%, según el Análisis Presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Agosto de 2024, realizado por el Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, los fondos que le corresponden están, pero no aparecen. 

El monto de US$53.050.938,64 surge de las cuentas bancarias de dos programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) al 31 de diciembre de 2023 (US$14.396.855,68 y US$36.251.203,96, respectivamente). A esos números, se sumaron los últimos desembolsos recibidos por esos programas (US$15.900.000). Luego, se restó lo ejecutado durante 2024, US$13.497.121. Las cifras fueron obtenidas de las consultas a la Agencia I+D+I y los informes de auditorías a los programas efectuados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe.

“No hay plata”

Tras nueve meses de incertidumbre ante la falta de información sobre el desembolso de fondos, el 20 de agosto último, Alicia Caballero, ex presidenta de la Agencia I+D+I – renunció luego de la publicación de esta investigación–, se presentó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional. La funcionaria terminaría presentando su renuncia horas después de la publicación de esta investigación periodística, el 30 de septiembre de 2024.

Antes de responder las preguntas de los presentes, Caballero expuso durante 20 minutos —PowerPoint mediante— sobre la historia de la Agencia, el crecimiento logrado a lo largo de los años y las publicaciones en redes internacionales alcanzadas gracias al apoyo institucional. Los miembros de la comisión ya conocían estos hechos y esperaban respuestas concretas ante la asfixiante situación que atraviesa el sistema científico argentino.

Sebastián Civallero, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo describió en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “De todas las preguntas que teníamos, no quedó respondida ninguna”. Los integrantes de la comisión enumeraron sus preocupaciones. “Cuando le preguntamos (a Caballero) si iban a cerrar la convocatoria (a nuevos proyectos de investigación) que hoy está abierta y si la someterían a evaluación, nos dijo que no. Cuando le consultamos si iban a financiar la convocatoria del año pasado, que ya fue evaluada y con proyectos seleccionados, nos dijo que no”. 

Ante las respuestas negativas, las consultas continuaron: “Cuando le preguntamos si respetarían la actualización del presupuesto que figura en los contratos firmados con las universidades, nos dijo que sabía que había una cláusula de actualización de presupuesto, pero que no la cumplirán porque no hay plata. Y cuando le preguntamos qué convocatoria abrirán, nos dijo que todavía están evaluando la situación”, concluyó.

La reunión finalizó y una frase de Caballero resonó entre los presentes. Así lo relató Civallero: “Ella termina diciendo que lo que están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”.

La decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. “El desembolso de los fondos se encuentra en un proceso de auditoría”, respondió la Agencia ante la consulta de la UDI de elDiarioAR. “Durante los últimos años se había ampliado la cantidad de proyectos financiados, lo que resultaba ineficiente para los fines del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional. Por ese motivo se encuentra en análisis la modalidad de financiamiento para que esta sea de mejor calidad y más eficiente para el desarrollo de nuestro país. Una vez finalizado este proceso se comunicarán las determinaciones que tomará la cartera”, sostuvo el organismo.

Hay plata

La Agencia I+D+I se nutre mayormente de préstamos de organismos multilaterales. Actualmente, se encuentra ejecutando fondos de tres programas.

¿Cuál es el objetivo del préstamo? Según la página oficial del Banco Mundial, el programa “busca fortalecer el sistema nacional de innovación y fomentar el crecimiento del sector privado hacia una frontera más productiva” y para ello busca generar “alianzas público-privadas” y financiar “el desarrollo, la transferencia y la adopción de tecnología para las pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a emprendedores”. Sin embargo, tampoco habrá más financiamiento para este objetivo cercano a las ideas del Gobierno.

La UDI de elDiarioAR consultó al BIRF-Banco Mundial acerca de la evaluación del desempeño de la Agencia y la respuesta fue que el organismo ha actuado de manera “satisfactoria”. También confirmaron que ya desembolsaron US$40,5 millones (20%) durante 2023, “superando las proyecciones iniciales”. Además sostuvieron: “Los equipos de la Agencia I+D+i continúan preparando propuestas, términos de referencia y otros documentos del proyecto para acelerar la implementación”.

El organismo internacional agregó que la Agencia I+D+I “ha logrado avances significativos en la adjudicación de proyectos dentro de los programas de consorcios público-privados”, incluyendo “la inauguración de la primera Tecnoteca dentro del complejo Tecnópolis”. 

Según una fuente cercana a la Agencia I+D+I, los dólares de los préstamos se desembolsan en etapas a partir del cumplimiento de los objetivos de la etapa anterior. Para poder utilizarlos, los dólares se venden al valor oficial y el Banco Central envía pesos a una cuenta bancaria del país. 

A partir de ese momento, los dólares pasan a formar parte de las reservas nacionales. Si bien el presupuesto disponible de cada organismo estatal es aprobado por el Congreso cuando se aprueba el Presupuesto Nacional, hay dos actores fundamentales que intervienen luego en la administración de ese presupuesto disponible: el ministro de Economía, Luis Caputo, quien decide el ritmo en el que se administra el dinero; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien interviene en la reasignación de las partidas presupuestarias. 

Por tanto, la Agencia I+D+I solo puede usar el dinero de los desembolsos de los organismos multilaterales según habilite el ministro de Economía. Mientras tanto, el dinero en las cuentas bancarias sigue engrosando el Tesoro Nacional. 

3. Préstamo BID 5293, aprobado en 2021 con finalización en 2026. Se deben ejecutar US$128.200.000 del BID y US$32.125.000 de aporte local. Según un informe de la AGN, los saldos encontrados en las cuentas al 31 de diciembre de 2023 ascendían a US$14.396.855. La Agencia I+D+I confirmó haber ejecutado durante 2024 US$11.901.618.

Sin embargo, un informe de la agencia Crowe sobre el préstamo, disponible en la página oficial del BID advirtió en sus hallazgos un problema con una solicitud de desembolso por US$15.900.000 realizada el 6 de diciembre de 2023 y enviada por el BID al día siguiente. Según relata la empresa auditora, los dólares se encontrarían en el Banco Central, pero aclara que “no tienen ninguna documentación de respaldo que asegure dicha información”. El efecto que advierte Crowe es el “devengamiento y pago de intereses sobre fondos que no están a disposición del programa para su utilización”.

Ese desembolso es el mismo que declara la Agencia I+D+I como el último recibido en diciembre del año pasado. Sin embargo, al ser consultados por el auditor, la respuesta del programa fue la siguiente: los fondos se solicitaron recién el 24 de mayo último a Economía, “debido al cambio de gestión producido el 10 de diciembre y la consecuente reestructuración de la Administración Pública Nacional, la cual trajo aparejada la designación de nuevos funcionarios y/o firmantes”.

Según una fuente cercana a la Agencia, los reglamentos de los organismos multilaterales son muy estrictos e impiden el desvío de los fondos a otras partes del Estado. Por tanto, el dinero sólo puede utilizarse para los fines del proyecto o mantenerse en las cuentas del Banco Central.

En conclusión, al saldo reportado por la AGN en las cuentas bancarias de US$14.396.855, deben sumarse los US$15.900.000 recibidos en mayo de 2024, y a eso restarle la ejecución comunicada por la Agencia I+D+I de US$11.901.618. Lo cual da un total disponible en las cuentas bancarias del programa de US$18.395.237.68.

Si la Agencia cumpliera con los hitos estipulados en el contrato del préstamo, para lo cual deberían pagar los contratos y proyectos científicos, se habilitaría la posibilidad de solicitar un nuevo desembolso por US$9.375.000 más, explicó a la UDI una fuente vinculada al organismo.

Otro préstamo

Existe, además, un cuarto préstamo todavía no ejecutado del programa BID 5759/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$35 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) y sin necesidad de aporte local. Según su página oficial, el objetivo del programa es contribuir “al aumento de las exportaciones de los sectores de la Economía del Conocimiento (EDC) a través de la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), y la promoción de su inserción internacional”. 

La Agencia I+D+I afirmó que el programa “está declarado elegible para recibir el primer desembolso”. El proyecto, informó el organismo en su sitio, ya se encuentra en etapa de implementación y fue aprobado en junio de 2023. La UDI de elDiarioAR se contactó con un representante del BID, pero al cierre de esta nota, no ha recibido respuestas a los interrogantes enviados. 

Además, el organismo obtuvo fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en la actualidad ejecutados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, aunque no se especificó el monto. 

El argumento del gobierno de Milei de un Estado que no tiene dinero para el desarrollo científico y la innovación se desmorona con los desembolsos de los organismos multilaterales paralizados en las cuentas. Si la plata existe, ¿cuál es el verdadero proyecto del Gobierno para la ciencia? ¿Qué sucederá con los proyectos que llevan años de desarrollo? ¿A qué llama el Ejecutivo “estar al servicio del sistema productivo”? Son algunas de las incógnitas que se plantea el sistema científico mientras el Estado libertario hace borrón y cuenta nueva.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 30 de septiembre de 2024 a las 19:41 para informar la renuncia presentada por Alicia Caballero a la presidencia de la Agencia I+D+I horas después de la publicación de esta investigación.

LG/ED

Diego Golombek no se quedó callado. El biólogo, investigador del Conicet y divulgador de la ciencia, criticó duramente las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien en un discurso ante empresarios pronunciado la semana pasada dijo que los científicos argentinos también son “una casta” porque se creen “superiores” por tener un título, y que deberían ser capaces de “vender sus libros” si realmente son tan buenos, en lugar de depender del Estado. 

“Esto no es una ignorancia inocente, es un cóctel de ignorancia, maldad y estupidez, las tres juntas, que es explosivo”, enfatizó Golombek. “Hay algo de resentimiento también del Presidente por no ser un académico, claramente”, añadió, señalando que el presidente Milei “no existe en ninguna base de datos científica”, excepto en las relacionadas con denuncias de plagio.

En una entrevista que le concedió al programa Pasaron Cosas, de Radio Con Vos, el científico argentino no se limitó a criticar al mandatario, sino que también expuso la crítica situación que atraviesa la ciencia en el país. Según Golombek, hay un problema presupuestario “muy grave”, con fondos insuficientes e insumos en las ciencias naturales que son dolarizados, además de una alarmante subejecución del presupuesto del Ministerio de Ciencia, que, en septiembre, solo ejecutó alrededor del 35% de los recursos disponibles.

Además, denunció la falta de financiamiento para subsidios ya otorgados y el estancamiento en la incorporación de nuevos investigadores a la carrera científica, describiendo la situación como “un combo realmente infernal”. Golombek también expresó preocupación por el creciente éxodo de jóvenes científicos, quienes, ante la falta de oportunidades y el deterioro del sistema, buscan continuar sus carreras no solamente en Estados Unidos o Europa sino en países como Chile, Uruguay o Brasil “porque al menos nos respetan”. “Estamos en una situación inédita para los años de democracia de la ciencia argentina”, lamentó.

Para ilustrar esta crisis, Golombek mencionó el caso de Alejandro Díaz Caro, investigador de la Universidad de Quilmes, quien, después de regresar a Argentina desde Francia bajo el programa Raíces, está nuevamente gestionando su salida del país. “No puede trabajar, no consigue recursos humanos porque no hay becas, no tiene los subsidios, las colaboraciones bilaterales que nos permiten recibir gente o mandar gente a formarse están cortadas también”, señaló.

“Un investigador que recién empieza en la carrera de investigación está cobrando alrededor de 600.000 pesos”, concluyó Golombek, resaltando que la mayoría de los científicos se encuentran en la base de una pirámide que, en términos de recursos y oportunidades, parece estar colapsando.

JJD

La Fundación Bunge y Born le entregó el premio de este año en agrobiotecnología a Raquel Chan, especialista en biología molecular y celular de plantas, así como en ingeniería genética. Chan dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que depende del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en la que también es docente. Es en ese instituto en el que llevó adelante el desarrollo de HB4, una tecnología transgénica que se investigó allí y llevó adelante la empresa Bioceres para lograr que el trigo y la soja obtengan mayor resistencia ante un escenario de sequía. 

“La trayectoria de la doctora Raquel Chan es la de una científica descollante en el sistema de ciencia y técnica nacional, y reconocida internacionalmente. Es pionera a nivel mundial, no sólo en cuanto a generar factores de tolerancia a estrés hídrico en cultivos, sino también en cuanto al éxito de la transferencia de resultados científicos de alta calidad al desarrollo de productos agrobiotecnológicos necesarios para sostener la agricultura en un contexto de cambio climático desfavorable. Ha registrado nueve patentes, producto de la investigación que desarrolla junto a su equipo, ha publicado cerca de 100 trabajos en revistas especializadas, y ha sido muy activa en la formación de recursos humanos”.

“La agrobiotecnología permite la manipulación racional y específica de los recursos genéticos para fines definidos: la calidad nutricional, la tolerancia a condiciones ambientales adversas, la resistencia a plagas y la protección ambiental, el incremento del rendimiento, entre otros objetivos”, detalló el presidente del jurado, el Doctor Néstor Carrillo.

En cuanto al Premio Estímulo 2023 en Agrobiotecnología, uno de los ganadores es el doctor Federico Ariel, quien se dedica a la investigación biotecnológica de las plantas para el desarrollo de nuevas técnicas saludables que reemplacen los pesticidas en el cultivo de hortalizas y frutas.

La otra ganadora del Premio Estímulo es la doctora en Ciencias Biológicas Gabriela Soto, con una amplia labor de investigación, desarrollo e innovación en genes de interés agronómico, centrándose en la alfalfa. Para el jurado, “el premio se basa en su destacado liderazgo en importantes desarrollos biotecnológicos, los cuales ya han sido transferidos a empresas, optimizando estrategias de edición génica para mejoramiento vegetal”. 

Los premios Fundación Bunge y Born se entregan ininterrumpidamente desde 1964, siendo uno de los premios más importantes del ámbito científico nacional. Son un reconocimiento a la trayectoria y los aportes de destacados científicos del país. El Premio Estímulo, que destaca los aportes de investigadores más jóvenes, se entrega ininterrumpidamente desde 2001.

Entre las figuras galardonadas se destacan el Premio Nobel argentino Luis Federico Leloir (1965, Medicina), e investigadores como: Roberto Salvarezza (2012, Química), Gabriel Rabinovich (2014, Medicina Experimental), María Beatriz Aguirre-Urreta (2016, Paleontología), Carlos Balseiro (2017, Física), Víctor Yohai (2018, Matemática), Sandra Díaz (2019, Ecología), Diego de Mendoza (2021, Microbiología) y Galo Soler Illia (2022, Nanociencias). 

LC