Científicos advierten al Gobierno por los recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica y el CONICET

En medio de los reclamos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y legisladores del arco opositor al Gobierno nacional por los recortes y despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que representan un “golpe al corazón” del desarrollo tecnológico argentino, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) manifestó en las últimas horas “su profunda preocupación por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica” y expresó su “solidaridad con la CNEA, sus trabajadores despedidos y los becarios postdoctorales del CONICET, quienes atraviesan una situación crítica”.

De acuerdo al comunicado difundido por académicos, “la ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país”, advirtieron.

Asimismo, desde la ANCEFN remarcaron “con especial alarma” su preocupación por dos aspectos puntuales, además del ajuste que sufre en general cada ámbito del Estado desde la gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo:

“En primer lugar, la no renovación de decenas de contratos a personal de la CNEA evidencia, una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector. La CNEA es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina; su desarrollo nuclear nos ha posicionado en un selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía sino también en sus aplicaciones para la salud pública. El vaciamiento de la CNEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema”, denunciaron.

Y agregaron: “En segundo lugar, se suma el freno a los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Esta medida interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros. A este escenario se añade la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada”, detallaron.

Además, apuntaron al Gobierno por el accionar de las fuerzas de seguridad en cada pritesta de los trabajadores del sector: “Repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos. Estas imágenes, que remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia, jamás deberían repetirse en democracia”, alertaron.

Por último, la comisión directiva de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reiteró su compromiso “con el desarrollo nacional y pone a disposición sus capacidades consultivas para colaborar en una urgente valorización y el consecuente reencauzamiento de las políticas públicas del sector”.

Los recortes en la CNEA

La controversia escaló luego de que las autoridades del organismo oficializaran la desvinculación de decenas de trabajadores contratados -que desempeñaban funciones profesionales, técnicas y administrativas- mediante notificaciones digitales.

El recorte, que alcanzaría a 62 trabajadores, impactó de lleno en áreas estratégicas dedicadas a proyectos de vanguardia en distintos centros atómicos del país.

La oposición remarcó que las bajas se dan en un contexto crítico, donde el organismo ya cuenta con una dotación inferior a la mínima requerida para garantizar servicios de energía nuclear, salud especializada y generación de insumos productivos.

La ola de cesantías provocó la reacción inmediata de los gremios del sector, principalmente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN).

Desde el entorno de las autoridades de la CNEA intentaron minimizar el impacto afirmando que las bajas correspondieron a contratos iniciados durante el año 2023 y que no se verían afectados ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado.

No obstante, los listados oficiales exponen que el recorte barrió con puestos de las gerencias en áreas clave.

Durante las jornadas de protesta, las inmediaciones y los pasillos de la sede central en el barrio porteño de Núñez fueron custodiados por efectivos de la Gendarmería Nacional, un hecho fuertemente cuestionado por la oposición.

Entre las iniciativas presentadas destaca el proyecto de resolución impulsado por la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis para expresar el “más enérgico repudio institucional”.

El texto advierte que bajo la gestión de Javier Milei, el presupuesto de la CNEA sufrió una reducción del 45,4%, acumulando una caída del 53,8% desde su pico en 2022, lo que ubica la inversión por debajo de los niveles del año 2009.

Asimismo, se detalla un desplome del 53,4% en bienes de capital y un fuerte deterioro de la masa salarial, con sueldos profesionales que, en muchos casos, quedaron bajo la línea de pobreza.

Según se detalla, los salarios perdieron un 32,1% desde noviembre de 2023 y un 58,2% desde 2015.

La presentación también incluyó una dura condena al uso de la Gendarmería Nacional en las instalaciones atómicas.

“Repudiamos la utilización de la Gendarmería Nacional -fuerza destinada a cuidar la soberanía en las fronteras de la Patria- como custodia de la planta política designada para el ajuste en el sistema nuclear argentino”, señala el documento, denunciando el “maltrato institucional” hacia los trabajadores del sector.

En la misma sintonía, el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano envió una nota formal al presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Martín Yeza, solicitando una convocatoria urgente a una reunión informativa.

El objetivo es exigir precisiones sobre el alcance de las desvinculaciones, el estado de los proyectos estratégicos y el plan del Poder Ejecutivo para el sector.

Se prevé citar tanto a funcionarios nacionales como a gremios, científicos, tecnólogos y gobernadores provinciales.

A través de sus redes sociales, Juliano fue categórico al denunciar que las medidas exceden el plano fiscal y esconden un trasfondo mucho más grave.

“Lo disfrazan de ajuste fiscal, de pelea con los sindicatos. Es mentira. Atrás se asoma un plan: vaciar y entregar nuestra soberanía nuclear. Desde mayo, cualquier empresa privada, nacional o extranjera, puede recorrer la CNEA como si fuera un supermercado y elegir qué se lleva: el RA-10, el uranio, 70 años de conocimiento”, alertó.

El legislador advirtió que la sangría de personal ya acumula casi 500 bajas desde diciembre de 2023, afectando a cuadros altamente calificados que demandaron décadas de formación.

Según Juliano, el freno deliberado de proyectos y la devaluación de las capacidades estatales buscan “entregar en bandeja” el sector a inversores privados extranjeros.

En este sentido, el bonaerense citó las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien explícitamente señaló que la Argentina es rica en uranio y que existe un compromiso oficial para el ingreso de capitales norteamericanos en esa área.

“Argentina es la única potencia nuclear consolidada de América Latina. Fundir eso y regalar el conocimiento a cambio de nada es condenarnos al subdesarrollo”, concluyó el diputado radical.

Por su parte, la diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley expresó que “no se trata solamente de un ataque contra quienes sostienen cotidianamente la labor de la CNEA”.

“Es una ofensiva directa contra el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país”, afirmó a través de sus redes sociales.