La agresión al fotorreportero Pablo Grillo por parte de un gendarme quedó al borde del juicio oral. La jueza federal María Servini recibió este 5 de mayo de 2026 un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el Cabo Primero Héctor Guerrero, quien le disparó el 12 de marzo de 2025 una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, en el marco de una represión ordenda por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad.

La querella sostiene que Guerrero utilizó su armamento de forma deliberadamente letal, efectuando disparos en ángulo horizontal directamente hacia el cuerpo de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, en un contexto donde no existía riesgo para la integridad física de los efectivos actuantes.

Los hechos que fundamentan el pedido de elevación a juicio ocurrieron a las 17 de aquella jornada, cuando Grillo se encontraba registrando el operativo de seguridad con su cámara. Según la reconstrucción judicial, el Cabo Primero Guerrero integraba una hilera de gendarmes apostada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís. A las 17:18:05, el uniformado efectuó un disparo con su pistola lanzagases que impactó de lleno en la zona frontal de la cabeza del fotógrafo, quien en ese momento se encontraba agachado realizando sus tareas profesionales y no participaba de ninguna conducta hostil.

El proyectil, una cápsula de gas lacrimógeno disparada a corta distancia y alta velocidad, provocó en la víctima una fractura encefalocraneana con pérdida de masa encefálica. Tras caer inconsciente en el pavimento, Grillo fue socorrido por otros manifestantes y trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde inició un largo y tortuoso proceso médico que lo mantuvo tres meses en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

A lo largo de un año, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo la implantación de prótesis craneales que sufrieron complicaciones. Recién en febrero de 2026, el fotoperiodista pudo regresar a su hogar, aunque todavía permanece bajo tratamiento ambulatorio y con secuelas neurológicas y físicas cuya magnitud total es incierta.

La acusación contra Guerrero no se limita únicamente al ataque contra Grillo, sino que incluye el cargo de abuso de armas agravado por otros cinco disparos efectuados entre las 17:14 y las 17:22 de ese mismo día. Los peritajes y registros audiovisuales permitieron determinar que, mientras la normativa internacional y los manuales de uso indican que este tipo de proyectiles deben dispararse en un ángulo de 45 grados para que su caída sea parabólica, Guerrero los dirigió de forma horizontal hacia la cara y el torso de los presentes.

La querella remarca que el gendarme, debido a su jerarquía y años de trayectoria en una fuerza federal, conocía plenamente la potencial letalidad de su conducta y se apartó de manera deliberada de los criterios de excepcionalidad que rigen el uso de la fuerza.

Más allá de la responsabilidad directa del Cabo Primero, la presentación ante la jueza Servini exige profundizar la investigación sobre la cadena de mandos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se sostiene que las acciones y omisiones de los jefes operativos y de la conducción política permitieron que Guerrero actuara con la convicción de que su accionar quedaría impune, poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.

El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un emblema de la violencia institucional reciente, evidenciando cómo un arma considerada “menos que letal” puede ser utilizada como un instrumento de homicidio cuando se ignoran los protocolos mínimos de seguridad.

En una resolución de fuerte impacto institucional, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre de la investigación por la represión contra un grupo de jubilados frente al Congreso ocurrida en octubre de 2025. El fallo no solo obliga a reabrir el expediente para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales y las autoridades políticas, sino que además apartó a los jueces de la Cámara Federal que habían intentado clausurar la pesquisa, calificando su actuación como prematura y arbitraria.

La decisión, adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, se originó a partir de una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú. El caso central que motorizó el reclamo fue el de Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que, durante una de las movilizaciones de los miércoles, sufrió una fractura de húmero tras ser violentamente empujado por efectivos de la Policía Federal mientras se encontraba sobre la vereda.

En sus fundamentos, el juez Slokar fue especialmente crítico con el “paradigma beligerante de combate” que las fuerzas de seguridad aplicaron contra un sector de extrema vulnerabilidad. El magistrado señaló que el uso de la fuerza pública debe estar regido por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, algo que —según las pruebas videográficas analizadas— estuvo ausente en el operativo. Para la mayoría del tribunal, el cierre de la causa sin haber realizado peritajes médicos ni haber identificado a los responsables directos constituyó una denegación de justicia que favorecía la impunidad en casos de violencia institucional.

El fallo de Casación subraya que los Estados tienen una “obligación reforzada” de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, especialmente cuando se trata de adultos mayores, protegidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Reglas de Brasilia. Los jueces advirtieron que la inacción judicial frente a estos excesos genera un “efecto amedrentador” o chilling effect, cuyo objetivo final es disciplinar a la sociedad y atrofiar el debate público mediante el temor a la represalia física.

Uno de los puntos más duros de la resolución fue el apartamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal. Casación consideró que estos magistrados habían emitido un juicio sesgado al ratificar el archivo solicitado por el fiscal Eduardo Taiano (el mismo que tramita la causa de la cripto $LIBRA que salpica a Javier Milei), quien sostenía que la policía simplemente había cumplido con su deber bajo el protocolo de seguridad vigente. Para el máximo tribunal penal, aceptar ese argumento sin investigar los hechos equivale a validar una “zona de excepción” donde los derechos constitucionales de reunión y petición quedan suspendidos por la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo.

La reapertura de la instrucción implica ahora una serie de medidas urgentes que el juzgado de origen había omitido sistemáticamente. Entre ellas, se destaca la citación a la víctima para que preste declaración testimonial, la realización de pericias forenses que acrediten la gravedad de las lesiones y la identificación precisa de la cadena de mandos que ordenó avanzar sobre los manifestantes. Según consta en el expediente, las imágenes televisivas de aquel 22 de octubre muestran a una treintena de jubilados rodeados por un despliegue desproporcionado de efectivos, lo que desmiente cualquier hipótesis de “resistencia a la autoridad” o peligro inminente para el orden público.

Este revés judicial para el Ministerio de Seguridad se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional. Hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe anual una mención específica sobre el retroceso en las libertades democráticas en Argentina, señalando el uso abusivo de gases químicos y la violencia física contra sectores que reclaman por derechos sociales básicos.

“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.

Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.

Calarco fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.

De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.

Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.

El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías. 

La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich. 

Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 –durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso– empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada. 

MC

El primer juicio vinculado a la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, comienza este martes en la Ciudad de Buenos Aires y tiene como acusados a cinco manifestantes detenidos durante una protesta frente al Congreso en febrero de 2024. El proceso es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que advierten sobre un posible caso de criminalización de la protesta.

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2024, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se desarrollaban movilizaciones frente al Congreso contra el proyecto de ley impulsado por el oficialismo —conocido entonces como Ley Ómnibus y luego como Ley Bases—. En ese contexto, organizaciones culturales y sociales habían montado un festival en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.

Durante la jornada se desplegó un operativo de fuerzas federales y se produjeron incidentes en la zona de Plaza Congreso. En ese marco fueron detenidas 14 personas. Con el avance de la causa judicial, cinco de ellas quedaron imputadas y ahora enfrentarán juicio oral acusadas del delito de “atentado contra la autoridad”, una figura penal que prevé penas de hasta un año de prisión.

Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa son los acusados, quienes según la fiscalía, cerca de las 00.20 del 3 de febrero de 2024 arrojaron piedras y botellas de vidrio hacia el personal de la PFA que los detuvo.

El juicio se realizará en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y se desarrollará a lo largo de tres audiencias previstas para esta semana. Las defensas sostienen que la acusación se basa principalmente en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y cuestionan la falta de otras pruebas. Según denunciaron abogados y organismos de derechos humanos, el expediente presenta una “orfandad probatoria” y se apoya casi exclusivamente en testimonios policiales recogidos durante la investigación.

El caso se convirtió en el primero en llegar a juicio oral tras la implementación del protocolo de orden público anunciado por Bullrich en diciembre de 2023. Esa normativa habilitó la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles y dispuso la identificación de manifestantes y la eventual imputación de los organizadores de protestas, además de la posibilidad de cobrar los costos de los operativos a quienes convocaran las movilizaciones.

Desde su puesta en marcha, el protocolo generó controversias jurídicas y políticas. Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cuestionaron la medida por considerar que restringe el derecho a la protesta. En distintos ámbitos también se presentaron denuncias contra operativos policiales realizados en manifestaciones frente al Congreso durante 2024, en algunos casos por presuntos excesos en el uso de la fuerza.

Para las organizaciones que siguen el caso, el proceso judicial que comenzará ahora puede marcar un precedente sobre el alcance de las políticas de seguridad aplicadas durante las protestas en la actual gestión. En ese sentido, sostienen que el juicio no sólo evaluará la conducta de los cinco acusados sino también el modo en que se aplicó el protocolo durante las movilizaciones contra el Gobierno.

Un caso similar en Córdoba

En paralelo, organizaciones sindicales denuncian un proceso judicial similar en la provincia de Córdoba. La CTA Autónoma de esa provincia informó que la Justicia local elevó a juicio una causa contra el dirigente sindical Federico Giuliani —secretario general de ATE y referente de la central— y otros 14 militantes detenidos durante una protesta realizada el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Según la denuncia de la central sindical, durante esa jornada se produjo un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes, militantes y trabajadores que participaban del reclamo social. Entre ellos se encontraban Giuliani y la secretaria adjunta de la CTA Córdoba, Silvia Alcoba. Tras las detenciones, varios de los manifestantes fueron trasladados al penal de Bouwer.

La CTA Córdoba sostiene que el expediente judicial se basa en una investigación “plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones” y lo presenta como un caso de criminalización de la protesta. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscalía provincial, lo que abre ahora la etapa de juicio oral para los 15 imputados.

MC

Atento a la movilización y el paro general que anunciaron los gremios de la CGT y las dos CTA en protesta contra la refoma laboral, el Gobierno implementará el protocolo antipiquetes desde las primeras horas de este jueves.

Ante esta clase de manifestaciones, el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva decidió implementar un protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte. Podrán actuar sin orden judicial, pero no tienen permitido portar “armas letales”.

A esta acción se suma el monitoreo y el seguimiento de acontecimientos que realizará el Comando Unificado Federal (CUF) durante toda la jornada. 

Este comando posee la misión de coordinar los despliegues especiales interfuerzas en un perímetro determinado (en este caso, el centro porteño, en donde habrá protestas sindicales) “optimizando las capacidades organizativas y operativas”, tal como dice la resolución que crea el CUF, la 403/2024.

El protocolo

El comando está integrado por la secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y representantes de la ciudad de Buenos Aires, que también estarán atentos a lo que suceda en el distrito.

Hasta el momento, solo habrá marcha del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) al Congreso en señal de protesta y en coincidencia con el tratamiento del texto en la Cámara de Diputados.

“Ante el intento de avanzar sobre los derechos históricos de los trabajadores, el FreSU sostiene que es necesario trasladar la resistencia a las calles. Por este motivo, convoca a todos los gremios que quieran sumarse y a todos los trabajadores y trabajadoras a expresarse en todo el país, con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos”, señala la convocatoria sindical que tiene a la Federación Aceitera y a ATE como protagonistas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La represión del gobierno de Javier Milei y de Patricia Bullrich -como ministra de Seguridad- se duplicó durante 2025 en comparación con el año anterior. Así lo revela el Tercer Informe de Monitoreo de la Represión a la Protesta, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo público autónomo de derechos humanos que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El documento sistematiza el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones realizadas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 y da cuenta de un patrón sostenido de violencia institucional, acompañado por prácticas ilegales como tareas de inteligencia sobre manifestantes y el uso de armas de fuego con munición de plomo, expresamente prohibidas en estos ámbitos.

Según el relevamiento, en 2025 se registraron hechos represivos en 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas, lo que representa un 43% del total, frente a las 17 manifestaciones reprimidas en 2024, que equivalían al 28%. “Esto significa que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto a 2024”, advierte el informe, que subraya que el incremento no responde a episodios excepcionales sino a una modalidad de intervención estatal cada vez más extendida.

La CPM, que actúa como mecanismo local de prevención de la tortura y trabaja en articulación con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y organismos internacionales, relevó 139 movilizaciones en el período analizado, con presencia directa en 127 de ellas. El informe señala que, incluso en protestas pacíficas y de baja convocatoria, se desplegaron operativos desproporcionados, con fuerte presencia de fuerzas federales y locales y uso sistemático de la coerción.

Heridos y detenidos: el impacto directo de la represión

El aumento de la represión tuvo un correlato inmediato en la cantidad de personas heridas. En total, 2.585 personas resultaron lesionadas en los dos años relevados: 1.216 en 2024 y 1.369 en 2025, es decir 153 personas más, lo que implica un incremento interanual del 13%. El informe advierte que la violencia “se extendió a lo largo de todo el período”, consolidando una forma de abordaje de la protesta que naturaliza el uso de la fuerza.

Entre los sectores más afectados se destacan los jubilados y jubiladas, cuyas lesiones se cuadruplicaron: pasaron de 42 personas heridas en 2024 a 155 en 2025, en el marco de las protestas semanales frente al Congreso. También se duplicaron las agresiones contra trabajadores de prensa: 184 periodistas y reporteros gráficos fueron heridos en 2025, frente a 98 en 2024. El caso más grave es el de el fotorreportero Pablo Grillo, que fue gravemente herido el 12 de marzo por el gendarme Héctor Guerrero, quien está procesado. El informe registra además lesiones a niños, niñas y adolescentes, todos afectados por gases irritantes.

Las detenciones arbitrarias también mostraron un fuerte crecimiento. En total, 258 personas fueron detenidas: 93 en 2024 y 165 en 2025, lo que representa un aumento del 77%. Según la CPM, la mayoría de estas detenciones se produjeron durante la desconcentración de las marchas y se basaron en imputaciones genéricas como “resistencia a la autoridad” o “atentado”, sin fundamentos suficientes. Entre las personas detenidas hubo jubilados, trabajadores de prensa, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.

Inteligencia ilegal y armas prohibidas

Uno de los aspectos más graves del informe es la persistencia de tareas de inteligencia ilegal, relevadas en el 69% de las movilizaciones monitoreadas. El documento describe la presencia de personal sin uniforme ni identificación, agentes filmando con cámaras portátiles, tomando fotografías con celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos, utilizando drones e incluso participando de las marchas para luego interactuar con efectivos identificados.

“Estas prácticas solo pueden explicarse en la realización de tareas de inteligencia, en colisión con la ley de inteligencia nacional”, señala el informe, que vincula su expansión con reformas normativas recientes que ampliaron las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el 78% de los operativos incluyó portación de armas de fuego con balas de plomo, prohibidas en el control de manifestaciones públicas por el riesgo letal que implican. La mayoría de los casos correspondió a efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, especialmente de cuerpos motorizados. La CPM advierte que esta práctica viola estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza.

Una política planificada

En sus conclusiones, el informe es contundente: “La represión a la protesta social ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”.

También alerta sobre el incumplimiento de obligaciones básicas del Estado: “Se verifica un evidente incumplimiento del deber estatal de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas”, al tiempo que critica la falta de control judicial. “Se destaca el incumplimiento del deber de investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza”, concluye el documento.

MC

La Justicia concedió al Gobierno nacional el recurso de apelación contra el fallo que declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes, lo que permite que la medida oficial permanezca vigente hasta que la cuestión se resuelva en instancias superiores.

Desde el CELS señalaron que “lo que dice el Gobierno no es correcto” ya que “solo le concedieron un recurso de apelación. Hoy, tal como señaló el juez Cormick, el protocolo es nulo. Y mientras se dirime la apelación, el protocolo sigue considerado nulo. Si el gobierno lo decide aplicar igual, es bajo su responsabilidad y se tendrá que hacer cargo de las consecuencias que se deriven de su aplicación, sabiendo que un juez sentenció su nulidad”.

“La sentencia es lo que vale en este momento. Hay una decisión judicial que declaró nulo el protocolo porque legisla y afecta derechos constitucionales”, dijo una fuente a elDiarioAR.

Y agregó: “El juez lo que hizo es lo que corresponde. Concedió el recurso de apelación. Eso no borra la sentencia. Todo lo contrario. Hasta que la cámara diga lo contrario, el protocolo es nulo”.

“Si el gobierno lo aplica igual, lo hace porque no le interesa cumplir la ley ni respetar una decisión judidal. Lo hace de mala fe porque está aplicando un protocolo nulo”, sumó.

Para finalizar dijo: “⁠La obligación de garantizar la ley y los derechos constitucionales no se suspende por una apelación”.

La reacción del Gobierno

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la decisión en su cuenta de X: “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”. 

Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”, escribió en la red social.

El fallo original, dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 –impulsada durante la gestión de Bullrich y mantenida bajo la actual ministra, Alejandra Monteoliva–, argumentando que la cartera carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) festejó aquel pronunciamiento inicial y enfatizó que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”. 

También celebraron organizaciones sindicales, que emitieron comunicados o utilizaron sus redes para destacar el fallo de Cormick.

Pero este martes, con la concesión del recurso de apelación por parte de la Justicia, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles permanecerá en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso.

El Gobierno ya había anticipado que apelaría la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público, y aludió ademas a que la iniciativa cuenta con gran respaldo social.

Con información de la agencia NA

El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue declarado nulo por la justicia federal. Así lo determinó un fallo del juez Martín Cormick, a cargo de una causa en el juzgado 11, frente al reclamo de distintas organizaciones que impugnaron hace casi dos años el marco represivo contra la protesta social del gobierno de Javier Milei.

El magistrado falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, que Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.

La acción colectiva pidió que se declare la inconstitucionalidad del protocolo al entender que atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.

La sentencia judicial se conoce tres semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda cuestionara la falta de fundamentos válidos del Gobierno para dictar el protocolo antipiquetes. Canda señaló en su dictamen que el protocolo utiliza un concepto de flagrancia que no es el que está previsto en el régimen penal. La única excepción es que se trate de delitos comunes cometidos en la protesta.

“Del mismo modo en que Milei pretendió gobernar por DNU, sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, consideró Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, ante elDiarioAR. “Con esta sentencia, un juez le pone límite al Ministerio de Seguridad y le dice que no puede legislar a través de una resolución ni puede interpretar el código penal como se la da la gana, mucho menos restringiendo cuestiones tan importantes como el derecho a la protesta y derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos”, completó.

El juez sostiene también que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle “instrucciones a la policía”, la resolución se excede tanto que llega a modificar el código penal y las leyes orgánicas de las policías.

El saldo del protocolo de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a casi 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.

La llamada “doctrina Bullrich” se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad.

La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme. La semana pasada quedó confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por la represión frente al Congreso.

MC

Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en la Argentina, con más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Cifras alarmantes, heridos graves y ataques a la prensa

De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.

Los datos reflejan un incremento exponencial de la represión. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes.

Se registraron además cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras un disparo de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La labor periodística también fue blanco de la represión. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador, enviando el mensaje de que protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.

El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo, a partir de material aportado por el Mapa de la Policía.

Frente a este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones impulsan una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según la entidad, el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La convocatoria de grupos negacionistas para este sábado en Plaza de Mayo para exigir la liberación de represores prendió una alerta en el ministerio de Seguridad, que aún conduce Patricia Bullrich. En la cartera están “atentos” a un posible operativo de custodia que contemple evitar que la manifestación se cruce con una marcha de la izquierda por Palestina, que terminará también por la tarde frente a la Casa Rosada.

“Posiblemente estaremos atentos y en comunicación con la Ciudad”, expresaron a elDiarioAR desde el entorno de la ministra saliente, que pronto asumirá una banca en el Senado. Las fuentes consultadas aclararon, sin embargo, que no se contempla “por ahora nada especial”.

Las inmediaciones de Balcarce 50 son de jurisdicción nacional, por lo tanto corresponde a la Policía Federal su custodia. Pero esa fuerza suele tener apoyo en las calles porteñas de la Policía de la Ciudad, que depende de Jorge Macri. 

Ambas fuerzas ya actúan semanalmente en los operativos de cada miércoles frente al Congreso por las rondas de los jubilados: los federales custodian la fachada del Congreso y la policía porteña se suele ubicar en las calles aledañas. La expectativa está en qué alcance tendría un día de fin de semana y con marchas de distinto tono político el afamado protocolo antipiquetes de Bullrich.

De derecha a izquierda

Este sábado el epicentro será la Casa Rosada. La manifestación por los condenados de delitos de lesa humanidad está agendada para el sábado a las 16. Es el mismo horario en que se espera que finalice una marcha de la izquierda en apoyo a Palestina, que está convocada a las 15 desde el Congreso. Detrás de la protesta está el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Como ya adelantó este medio, en los últimos días hubo una discusión entre los organizadores ultraconservadores ante una “sugerencia” del ministerio de Seguridad para cambiar la sede. Se les habría propuesto trasladarse a la Plaza San Martín para no cruzarse con la izquierda. Eso reveló en un texto Orlando “Hormiga” González, represor con prisión domiciliaria que hasta el lunes fue “coordinador” de la actividad.

El debate escaló en cruces en un chat de WhatsApp y también en las redes sociales de los organizadores. Además del “Hormiga” González están detrás de la protesta Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano. 

En los audios del grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”, a los que accedió elDiarioAR las voces exhiben una mezcla de épica militar, victimización y presión interna para sostener la protesta. “Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios. Según promocionan, habrá participantes de distintos puntos del país, así como delegaciones extranjeras. 

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro audio, evidenciando la relación de los negacionistas con la gestión de Javier Milei.

Desde la izquierda ratificaron la movilización del sábado, que coincide con una fecha internacional que conmemora la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1947 que propuso la partición del Mandato Británico en dos estados, uno árabe y uno judío. Pero también lanzaron advertencias a los grupos negacionistas.

“Un grupo pro-dictadura llamado ‘pañuelos negros’ quiere movilizarse a Plaza de Mayo el 29/11. Que casualidad, ese mismo día movilizamos junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia y el Comité en Solidaridad con Palestina. Así que mi humilde recomendación es que no lo hagan”, dijo Luca Bonfante, del PTS, que agregó a elDiarioAR: “La Plaza de Mayo es de las Madres. Dudo que prosperen expresiones negacionistas. Hay que ver si la policía los protege o no. Si van, los quiero ver”.

MC

“Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. Patricia Bullrich intentó salir con los tapones de punta cuando el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo le cuestionó la violencia de los operativos represivos del Ministerio de Seguridad. La flamante senadora electa buscó justificar la gravedad del protocolo antipiquete este martes en la Cámara baja, cuando la oposición le recordó casos como el del fotógrafo Pablo Grillo, quien aún se recupera del impacto de una granada de gas lacrimógeno que disparó el gendarme Héctor Guerrero, y los repetidos incidentes por las marchas de los jubilados. La funcionaria de Javier Milei incluso dijo que los agentes “perdieron la vista”, pero omitió decir la otra cara de la realidad: que los manifestantes heridos por la represión fueron al menos 1.300 desde que comenzó la gestión libertaria.

El protocolo de Bullrich rige desde diciembre de 2023 y este año se profundizó cada miércoles contra los jubilados frente al Congreso. Hace apenas una semana quedó en evidencia la ferocidad de los agentes de seguridad cuando un policía directamente golpeó a uno de los manifestantes y quedó registrado por las cámaras del canal TN. 

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 hubo al menos 1.302 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió este martes en exclusiva al elDiarioAR. El relevamiento destaca una ferocidad preocupante por parte de las fuerzas de seguridad que comanda Bullrich: durante ese año y medio ya se reprimieron 79 manifestaciones. Es decir que en promedio hubo 16 heridos por protesta reprimida.

“La violencia la inicia el Estado, incitando a los policías a golpear y gasear a cualquiera sólo por el hecho de protestar. La represión es política de este gobierno. Cada miércoles, las fuerzas de seguridad despliegan violencia contra jubiladas y jubilados, y contra trabajadores de prensa”, consideró a este medio el director de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró.

El de hace siete días fue el último episodio de una serie que comenzó apenas asumieron Milei y Bullrich. Durante la votación de la primera versión de la ley Bases, en febrero de 2024, la represión contabilizó 280 heridos, con el caso sobresaliente del abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo. El 11 de septiembre de 2024 también ocurrió el caso del policía que gaseó a una nena de 10 años: el efectivo de la Federal Cristian Rivaldi ahora está procesado y su expediente, con pedido de elevación a juicio. Pero el hecho más grave fue el que perjudicó a Grillo el 12 de marzo de este año, cuyo atacante también está procesado. Ese mismo día, al otro lado de la plaza del Congreso, perdió la visión de un ojo el manifestante Jonathan Navarro por un disparo de bala de goma del prefecto Sebastián Emanuel Martínez –también procesado–. 

El componente represivo es propio de Bullrich. Este mismo martes el CELS pidió que la justicia procese a Héctor Cajida, actualmente en la planificación de los operativos policiales de cada miércoles, por la razzia del 8 de marzo de 2017 –durante la gestión macrista de la ministra– cuando se reprimió y detuvo arbitrariamente a 21 personas.

Dicho escenario represivo se complementa con las estadísticas que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM): durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024. En esos seis meses –destaca el informe– se reprimieron 21 movilizaciones de un total de 39. “Si se tiene en cuenta que el año pasado se reprimieron 3 de cada 10 manifestaciones, estos datos de 2025 dan cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores”, denuncia la CPM.

El informe detalla que entre las víctimas hubo 132 adultos mayores y 4 niños, niñas y adolescentes, 179 periodistas que cubrían los hechos y al menos 20 defensores de derechos humanos, entre ellos integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, que desempeñaban tareas de control del despliegue policial.

Ante ese panorama, Bullrich no hizo más que justificar su mano dura. “Hicieron bosta la plaza del Congreso. Nosotros a eso no lo permitimos”, dijo la ministra saliente este martes en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Fue entonces cuando lanzó la cifra de “200 policías heridos”. 

Pero Bullrich no brindó detalles de las circunstancias ni características de los casos. elDiarioAR consultó a la prensa del ministerio precisiones al respecto apenas terminada la exposición de la funcionaria y no hubo respuesta. Lo llamativo es que en el archivo de los comunicados enviados a los medios en el último año y medio solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos. 

El primer reporte corresponde a la represión del 12 de junio de 2024 –cuando finalmente se sancionó la Ley Bases– y registra “ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos”. El segundo reporte data del 12 de marzo de 2025, el día que se reprimió ferozmente la protesta de jubilados con hinchas de fútbol: “En el marco de la manifestación de los barras bravas (...) se reportaron seis (6) heridos por parte de las Fuerzas de Seguridad. Tres (3) de la Policía Federal, tres (3) de la Prefectura Naval”, dice el comunicado.

Es decir, en total 20 efectivos federales heridos, apenas el 10 por ciento de la cifra que lanzó Bullrich este martes en la Cámara de Diputados. Pero la senadora, igual, se mostró desafiante: “Cuando empiezan a tirar piedras vamos a actuar una y otra vez”, advirtió.

MC

“El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso es que estoy presa”. Cristina Kirchner apeló a un mensaje grabado para participar a su modo en la marcha peronista que colmó este miércoles la Plaza de Mayo en contra de su detención domiciliaria. “Pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”, aseguró la expresidenta tras cumplir el primer día de una condena de seis años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina tuvo duros pasajes contra el Gobierno. “El modelo que encarna Milei se cae porque es injusto e inequitativo, pero fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt y no es nuevo, lo vimos con Martínez de Hoz y con Cavallo”, señaló la exmandataria en un mensaje leído que grabó en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. “Mientras esto sucede, el impresentable de (Luis) Caputo alquila dólares para simular que tiene reservas. Más chanta no se consigue”, apuntó.

Cristina apareció dos veces: primero en diferido, con un mensaje grabado previamente y uego salió en vivo para agradecer la convocatoria. Según los organizadores el estimado de manifestantes fue de entre 500.000 personas a un millón. Tras sus palabras, que no duraron más de diez minutos, el acto dejó mensajes al Gobierno con canciones: sonó “Todo preso es político” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y “Pinturas de guerra”, del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Estoy firme y tranquila, eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son. Quiero agradecerles a todas y todos las increíbles muestras de afecto todos estos días en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país”, añadió. Bromeó al respecto de sus condiciones de detención: “Menos mal que no tengo macetas con plantas para regar en el balcón”.

Cristina buscó inyectar una dosis de épica a la militancia, aunque el peronismo primero tiene que desandar la interna abierta desde que Axel Kicillof desdobló las elecciones bonaerenses. Esa decisión del gobernador fue la que llevó a la expresidenta a buscar presentarse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, que corresponde al sur del conurbano. “No me dejan competir porque saben que pierden”, planteó hoy desde la plaza.

Luego CFK le pidió al peronismo “organizarse para planificar cuál es el verdadero problema que tienen nuestro país”. Así reconoció el apoyo que le dio la militancia en los últimos días en la puerta de su casa: “Me encantó escucharlos cantar 'Vamos a volver', no lo hacíamos hace mucho tiempo”.

El acto de Cristina tuvo la consigna “Argentina con Cristina”, la original de la manifestación que se había planificado hacia Comodoro Py, donde la expresidenta debía presentarse como máximo hoy para notificarse de su detención. Finalmente ayer el Tribunal Oral Federal 2 le convalidó directamente la prisión domiciliaria y la obligó a usar tobillera electrónica, así como le prohibió salir al balcón.

El acto contó con una masiva participación de todas las tribus peronistas, desde La Cámpora al espacio de Kicillof Movimiento Derecho al Futuro. Hasta la izquierda se movilizó contra la proscripción, aunque se quedó en las inmediaciones del Obelisco para un acto propio. No estuvo en las calles orgánicamente la CGT por la discusión interna entre el ala más kirchnerista, la peronista y la alineada con Milei. La central obrera dio libertad de acción para los distintos sindicatos.

En la previa, el Gobierno se había mostrado desafiante y ratificó la vigencia del protocolo antipiquetes. “La calle es de la gente, no es del kirchnerismo ni del Gobierno”, planteó el vocero presidencial Manuel Adorni. Las fuerzas de seguridad desplegaron unos 2.000 efectivos, además de instalar un fuerte vallado alrededor de la Casa Rosada y controlar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. “Las fuerzas federal están trabajando para que tanto los accesos, como la vía pública y edificios que responden a las autoridades federales sigan teniendo el orden que deben tener y no deben perder por una marcha de tintes políticos”.

“El Gobierno va a hacer todo para que el protocolo antipiquetes se cumpla”, ratificó Adorni, luego de que en las primeras horas del día el peronismo y distintos grupos políticos ya se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, como la zona de la casa de la expresidenta, en Monserrat, y en sectores sobre la avenida 9 de Julio y hasta la estación Constitución. El vocero aclaró sin embargo sobre la marcha: “Es legítima, nadie pretende que la gente no se exprese”.

MC

El fotógrafo Pablo Grillo fue dado de alta este martes del Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde el 12 de marzo pasado, cuando fue herido de gravedad por el impacto de bala de un gendarme durante la violenta represión en una marcha de jubilados frente al Congreso. Tras 83 días de recuperación y varias operaciones para reconstruir sus heridas en el cráneo, fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca para continuar con su tratamiento a la espera de la protesis que necesita en su cabeza.

Minutos antes del alta, su padre, Fabian Grillo, describió el momento como “una alegría increíble, es un renacer. Parimos de nuevo. Es de fierro, es muy fuerte Pablo”, dijo. Además, agradeció al centro de salud y remarcó que hay insituciones “que están a la altura del amor de la gente y el hospital público está a la altura de ese amor. Realmente salva vidas”.

En contraposición, Grillo apuntó al Gobierno: “No expresa lo que siente la mayoría de la gente. Del otro lado del amor está el odio, está la motosierra, el símbolo que eligieron, la destrucción”.

Minutos después de las 10 y en medio de la emoción de los médicos del hospital Ramos Mejía, de los familiares y de los amigos presentes en el lugar, Pablo Grillo salió del centro de salud en camilla y fue traslado en una ambulancia hacia el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, donde continuará con sus tratamientos médicos a la espera de una nueva intervención para colocarle una prótesis en la cabeza para reemplazar los huesos del cráneo que perdió tras el disparo del gendarme Guerrero.

La causa, día por día

21 marzo 2025

La familia se presentó en la causa

La familia de Pablo Grillo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida como querellante en la investigación judicial sobre las circunstancias que dejaron a Pablo en estado crítico en un hospital (Expte. 1039/2025). La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre esos hechos, que ocurrieron durante la marcha de jubilados y jubiladas. La familia cuenta con el patrocinio legal de los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS. 📄 Pedido

A partir de una serie de registros pudimos identificar al autor del disparo como el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina. El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro. Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También solicitamos que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Congreso contra manifestantes.

Además solicitamos medidas probatorias como la recolección de los registros audiovisuales de canales de televisión, filmaciones oficiales, listados de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y tipo de municiones utilizadas.

Los hechos

En lo que va de 2025 hubo cinco movilizaciones protagonizadas por el colectivo de jubiladas y jubilados. Todas enfrentaron operativos violentos de las fuerzas de seguridad. En cada una de estas protestas observamos una actuación ilegal, abusiva y poco profesional de los efectivos, quienes produjeron detenciones arbitrarias y atacaron a manifestantes, personas mayores y trabajadores de prensa con gas pimienta, gases lacrimógenos, carros hidrantes, palos y tonfas. El 12 de marzo estuvieron presentes la Gendarmería, la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía de la Ciudad en la represión a manifestantes, trabajadoras y trabajadores de prensa. El despliegue escaló rápidamente en los niveles de violencia. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas. En el operativo hubo además participación de personal de civil, y una importante cantidad de vehículos identificables y no identificables.

La manifestación había sido convocada para las 17. Una hora antes y sin que se registrara ningún hecho de violencia por parte de las y los manifestantes, comenzó la represión de las fuerzas policiales y de seguridad. El operativo tenía por único objetivo dispersar a la gente del lugar.

Pablo Grillo es un fotorreportero que se había acercado a la zona de la protesta a registrar con su cámara la manifestación y el operativo de seguridad, como ya lo había hecho en numerosas oportunidades. Exactamente a las 17.18 de aquella jornada, Pablo Grillo recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, que lo dejó tendido en el suelo. Inmediatamente fue socorrido por los manifestantes y, en cuestión de minutos, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía. Frente a él había una hilera de gendarmes, desde donde salió el disparo, que marchaban escoltados por camiones hidrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina.

El protocolo anti-piquetes

Bajo la justificación de aplicar la resolución 943/23, conocida como el “Protocolo anti-piquetes”, la decisión de la ministra Patricia Bullrich fue arremeter contra quienes se manifestaban en la Plaza del Congreso para impedir el desarrollo de la protesta. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar las manifestaciones cuando el tránsito sea interrumpido u obstaculizado. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. Como venimos diciendo desde diciembre de 2023, este Protocolo es inconstitucional.

27 marzo 2025

El presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Mariano Llorens, resolvió la competencia de la causa y la dejó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. 📄Fallo

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Ese juzgado está vacante y lo subroga Ariel Lijo, quien también declinó la competencia. El expediente regresó así al juzgado de Servini, que ya se había pronunciado. Por esta doble negativa, la definición de la competencia quedó en manos del presidente de la Cámara.

28 marzo 2025

El Juzgado Federal N° 1 acepta la competencia. Y a requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano, ordenó las siguientes medidas de prueba:

1) Al Ministerio de Seguridad de la Nación que tengan a bien remitir todas las actuaciones labradas a raíz del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad el día 12 de marzo del corriente en las inmediaciones del Congreso de la Nación, debiendo incluir:

protestas sociales, como así también las guías de actuación para el manejo de armamento no letal que haya implementado el personal policial;

2) Al Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires idéntica información a la del punto anterior, en relación a la policía de la ciudad. 📄 Pedido completo

En otra resolución de la misma fecha, el Juzgado Federal N° 1 también ordenó:

1) A la Gendarmería Nacional Argentina que:

2) El Juzgado indica que está a la espera de las medidas dispuestas el 21 de marzo, acerca de los registros fílmicos que pudieran haber captado las cámaras pertenecientes a edificios, comercios y entidades públicas y/o privadas en las ubicaciones y horario allí indicados, como así también a su posterior análisis por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, la totalidad de los registros fílmicos obtenidos por los domos del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad. 📄 Pedido completo

Hasta el jueves 3 de abril, el Juzgado Federal N°1 estuvo a cargo del juez subrogante Sebastián Ramos.

7 abril 2025

El Juzgado informó que la jueza Servini continúa de licencia por lo que sigue a cargo el juez subrogante Ramos.

El gendarme Héctor Guerrero, integrante del Departamento Móvil 6, se presenta en la causa y designa como abogados defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. 📄 Presentación

10 abril 2025

La jueza María Servini retoma su actividad en el Juzgado 1.

El Juzgado acepta a la familia Grillo como querellante en la causa, con el patrocinio jurídico de las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret. 📄Resolución

11 abril 2025

Desde la querella solicitamos que, a casi un mes de ocurridos los hechos, se avance en las medidas de prueba urgentes e importantes que habíamos requerido el 28 de marzo pasado. Hasta el momento, las únicas medidas de prueba que ordenó el Juzgado son las que requirió el Ministerio Público Fiscal.

Entre las medidas de prueba, solicitamos que el Ministerio de Seguridad de la Nación remita el diseño del operativo de seguridad previsto para el 12 de marzo; los listados de quienes se encontraban en la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones; los audios de las modulaciones radiales entre fuerzas de seguridad y funcionarios presentes; el contenido de las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales; el listado con nombre, cargo y repartición del jefe del operativo y de todo el personal que intervino, discriminado por fuerza, inclusive quienes lo hicieron vestidos de civil; nómina completa del armamento del que fue dotado todo el personal interviniente; informes sobre los tipos de dispositivos de gas pimienta y lacrimógeno utilizado y de quienes lo portaban; la normativa específica que regula el uso y forma de implementación de esos dispositivos; crudos del archivo audiovisual registrado.

También, que se solicite a Gendarmería Nacional que remita las actuaciones administrativas iniciadas el 18 de marzo contra el cabo primero Héctor Guerrero. 📄 Solicitud completa

16 abril 2025

El Juzgado acepta el cargo de los abogados de Guerrero, Martín Luis Sarubbi y Claudio Pedro Nuncija, “manteniendo el domicilio procesal constituido en la Avenida Antártida Argentina 1480, piso 6 (Edificio ”Centinela“ – Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería Nacional)”.

23 abril 2025

El Juzgado solicitó una serie de medidas de prueba, tal como lo habíamos requerido desde la querella el 11 de abril.

Al Jefe a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina: que informe la totalidad del personal que participó del operativo del 12 de marzo y que indique quiénes eran las autoridades a cargo. También, que informe la totalidad del personal de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) que participó en el operativo.

El Juzgado requirió, además, que GNA informe qué personal de esa fuerza utilizó lanzadores de gases lacrimógenos, qué procedimiento/protocolo se aplica para la utilización de esas armas y la normativa específica que regula su uso y forma de implementación. También, el listado del armamento del que fuera dotado el personal, detallándose el tipo de armas, munición utilizada, indicándose el modelo y número de serie

También solicitó que se remitan las actuaciones administrativas que se habrían iniciado el 18 de marzo contra el cabo primero Héctor Jesús Guerrero (legajo n° 103.205).

El Juzgado requirió una vez más -ya lo había hecho el 28 de marzo- que en un plazo de 48 horas remita copia del legajo del Cabo Guerrero e informe quién es el efectivo individualizado con una identificación en la parte posterior de su casco con la inscripción “Picha”. 📄 Resolución

23 abril 2025

En la causa 12670/2025, iniciada a partir de la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) por la represión del 12 de marzo, el Juzgado solicitó las siguientes medidas, que coinciden con las que oportunamente requerimos desde la querella:

Al Ministerio de Seguridad Nacional: que se remitan los listados y/o nóminas de las personas que se encontraban presentes en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (indicándose nombres, apellidos, jerarquías y cargos). Que adjunte copia de los audios “crudos” de las modulaciones radiales producidas entre el personal de las fuerzas de seguridad federales y los funcionarios presentes en la sala de situación.

Que informe cuáles fueron las directivas impartidas con relación a los procedimientos que fueran desplegados por las fuerzas de seguridad, más precisamente con respecto a las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales. También las órdenes de servicio que fueran impartidas a las fuerzas federales y el listado del armamento con el que se dotó al personal que intervino en el operativo.

Que se brinde información acerca de los dispositivos de gas pimienta/lacrimógeno que fueron utilizados y los datos completos de quienes los portaban, junto con la normativa específica que regula su uso.

Además, el listado completo discriminado por fuerza del jefe de operativo y la totalidad del personal que intervino, incluso quienes hayan actuado de civil, junto con las funciones asignadas a cada uno.

Por último, que se remitan los datos completos de las personas designadas para filmar los operativos y copia de los crudos del archivo audiovisual registrado, dándole prioridad a esta parte de la respuesta toda vez que deberá evitarse su borrado.

7 mayo 2025

A partir de los pedidos del Juzgado a requerimiento de la querella, durante la última semana la Gendarmería Nacional presentó en el expediente:

• Legajo del cabo Héctor Jesús Guerrero: Contiene dos certificados de aprobación de cursos sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el examen sobre este Código, responde 1) que no puede justificar el uso de la fuerza en una orden de un superior; 2) que un arma de fuego solo puede usarse cuando haya riesgo para la vida; y 3) que los funcionarios deben cumplir las leyes.

• Información sobre el uso de pistolas lanzagases: confirma que no se deben disparar en dirección a las personas porque puede lesionar gravemente o hasta matar. 📄Completa acá

• Reglamentos generales para el uso de armas no letales: confirma que el armamento como el utilizado por Guerrero sólo debe utilizarse en escenarios de agresión directa al efectivo que la utiliza o a terceras personas que implique una amenaza de riesgo. En este caso, no había escenario de riesgo ni agresión de ningún tipo hacia el gendarme Guerrero, mucho menos de parte de Pablo Grillo. 📄Completo acá

• Nómina de gendarmes que portaban pistola lanzagases: solo incluye dos personas (un hombre y una mujer), ambas de apellido Guerrero. Las filmaciones recabadas demuestran que quien disparó a Pablo Grillo era un hombre, por lo cual no quedan dudas que el autor del hecho es el gendarme Héctor Guerrero.

• Protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones: este documento incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones. También establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, entre ellas, la dispersión, remoción de barricadas, la carga y el golpe ofensivo. En todas ellas, el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno. 📄Completo acá

16 mayo 2025

Esta semana, la jueza Servini solicitó:

• Un trabajo pericial, a cargo del Cuerpo Médico Forense y con la participación de peritos médicos de la querella y la defensa, para que analice toda la documentación médica sobre el estado de salud de Pablo Grillo y determine el grado de las lesiones que presenta, el tiempo de curación y toda la información médica que pueda ser de interés. Deben responder 1) si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida de Pablo; 2) si las lesiones producidas por el disparo son pasibles de ocasionar secuelas permanentes en sus esferas neurológicas; 3) establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada; 4) establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada y 5) determinar la trayectoria médico legal de la lesión al momento del impacto sufrido por Pablo Grillo.

• Al Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recupere fotos y videos de redes sociales, fuentes abiertas de internet, portales periodísticos y cámaras de seguridad de la calle, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la manifestación del 12 de marzo, para identificar a los efectivos de GNA y PFA que estaban en la zona donde Guerrero le disparó a Pablo Grillo.

Videos Gendarmería Nacional

Finalmente, y luego de una nueva solicitud de la jueza para que resguarde y envíe los registros propios del operativo, Gendarmería remitió las filmaciones realizadas el 12 de marzo en la zona donde fue herido Pablo Grillo.

• En las imágenes aportadas se observa, de parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad, el uso de lenguaje hostil y expresiones represivas tales como “no le perdonen” e “hijos de puta”.

• Predomina una narrativa de respuesta ante supuestos ataques con piedras que no se llegan a ver con claridad.

• Se observa una escalada en el uso de fuerza, incluyendo el carro hidrante y disparos de bala de goma, cuyo uso se combina como reacción automática y desproporcionada sin identificar agresores concretos.

• El uso desproporcionado de los gases es tal, que el propio gendarme que filma tose, se asquea, se queja, porque no puede respirar. Los policías y gendarmes que lo rodean, disparan sin parar sus escopetas en dirección a manifestantes y de manera horizontal.

• Después de producido el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo, se escucha al gendarme que filma decir “estamos excelente, más que bien”.

En las últimas dos fotos de la secuencia de imágenes, se ve que luego de que Guerrero dispara su arma lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a Pablo Grillo, otro gendarme con una cámara Go Pro incorporada a su casco, le toca el hombro en señal de aprobación. Sin embargo, las imágenes registradas por la cámara de este último efectivo no fueron presentadas por Gendarmería. Por eso, en el día de hoy, el Juzgado le dio 24 horas a la fuerza para que presente ese material.

📷 Secuencia del disparo de Guerrero, según la filmación de la propia GNA acá

21 mayo 2025

Tras la solicitud del juzgado a la GNA para que envíe el material filmado por la segunda cámara Go Pro que no informó en el primer envío, la fuerza respondió que “no fue activada” por lo cual no había registros para aportar. 📄Respuesta GNA acá

Luego de analizar el contenido de los videos aportados por la GNA y las modulaciones aportadas por la Policía Federal, queda en evidencia que existen en ellos inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación. En el caso de los videos, se advierten tramos faltantes en momentos clave del operativo, así como la omisión de escenas de interés probatorio.

Por su parte, el único archivo de audio con modulaciones radiales entregado por la PFA presenta una duración sustancialmente menor al rango horario consignado en su título, sin explicación sobre el criterio de recorte ni acompañamiento de transcripción o indicación precisa de los horarios cubiertos. Estas irregularidades comprometen la completitud y confiabilidad del material probatorio, razón por la cual solicitamos que se libre oficio a fin de requerir las aclaraciones y documentación complementaria necesaria para conocer la totalidad de esta evidencia.

📄Solicitud completa acá

🎥 Video de disparo de Guerrero de forma horizontal filmado por la cámara Go Pro de otro gendarme. Acá

2 junio 2025

El Cuerpo Médico Forense presentó hoy el informe requerido en la causa.

El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía.

Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia:

1. Sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron:

“a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días”.

2. A partir de esta primera información, los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter “graves y gravísimas”, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral.

3. Los médicos debían contestar “si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida” de Pablo Grillo. Los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

4. En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico. Concretamente, los médicos respondieron: “No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva”.

5. La quinta pregunta buscaba “establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada”. El grupo de médicos respondió contundentemente: “Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo”.

6. Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a “establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada”. A esto, los médicos respondieron: “No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados”.

En definitiva, el trabajo pericial médico permitió echar luz y traducir, en un lenguaje simple, las páginas y páginas de terminología médica desplegada en la historia clínica y los sucesivos partes médicos que fueron siguiendo la cronología, avances y retrocesos, en el estado de salud de Pablo Grillo a lo largo de estos casi 3 meses desde ocurridos los hechos.

“Siempre se aplica el protocolo porque es algo que está vigente”. La afirmación que soltó ante elDiarioAR una fuente que rodea a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad revela el estado de situación por estas horas en el Gobierno de cara a la protesta del miércoles que viene frente al Congreso. Se espera una movilización multitudinaria porque en una misma manifestación confluirán una serie de actores que fueron blanco de ataques de Javier Milei en el último tiempo: jubilados, médicos, científicos, universitarios y feminismos.

En ese marco, Bullrich mantendrá en pie su llamado protocolo antipiquetes, aunque los voceros consultados por este medio buscaron no dar pistas sobre cuál será el alcance definitivo que tendrá el operativo de las fuerzas nacionales. Si bien desde hace varios miércoles se suceden represiones, especialmente violentas contra los trabajadores de la prensa que registran la marcha de los jubilados, siempre en las protestas más masivas el Gobierno prefirió adrede correrse del lugar.

Entonces, la posibilidad de que haya una “zona estéril” alrededor del Congreso cobra fuerza, como ya hizo en la protesta de jubilados que acompañó la CGT luego de la feroz represión del 12 de marzo, cuando fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. A Bullrich le costó un tirón de orejas lo desmesurado de esa jornada que terminó con el reportero intenado -que aún sigue muy delicado- y a la semana siguiente tuvo que aceptar una reunión con Santiago Caputo y el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, para que el Ejecutivo comande el operativo: se dispusieron controles en los accesos, mensajes intimidatorios en los trenes y espionaje entre los manifestantes.

También Bullrich debió obligar a los policías a marcha atrás en las dos marchas universitarias del año pasado: en la primera, de abril, el cordón de efectivos se vio desbordado por la cantidad de manifestantes y, en la segunda, en septiembre, instaló un vallado a metros de las escalinatas del Congreso.

¿Habrá “zona estéril”?

La “zona estéril” significa instalar un vallado a lo ancho de toda la fachada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, entre Yrigoyen y Rivadavia, para evitar que cualquier persona sin autorización transite por la zona. De esa manera obliga a los manifestantes a quedar concentrados en la plaza frente al Congreso, así como en zonas aledañas. El piquete lo termina haciendo la policía porque hay cortes de tránsito en varias manzanas a la redonda del Palacio Legislativo.

Ese tipo de operativos, según supo elDiarioAR, es el consejo habitual de los jerarcas de la Policía Federal, hoy a cargo del comisario Alejandro Rollé. La PF es la fuerza que dirige el operativo en calle, a los que Bullrich suma la Gendarmería, la Prefetura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En lo formal la presencia de las fuerzas es custodiar los “objetivos federales”, en este caso el Congreso de la Nación. En la práctica, el vallado busca evitar que haya cualquier tipo de contacto entre los manifestantes y los agentes. Existe la orden de que si una persona “toca” a un policía, esta sea detenida ante la excusa de cometer un delito in fraganti.

Pero lo que suele suceder cada miércoles es que la misma policía es la que amedrenta a los manifestantes para evitar que corten la calle o se reúnan. En esa tensión in crescendo es cuando los agentes reprimen con un abanico de armas llamadas no letales pero que pueden causar graves heridos: balas de goma, gas lacrimógeno y gas pimienta.

La de este miércole será la marcha 17° de los jubilados en lo que va del año. En las primeras 15, la represión policial se cobró 129 detenidos y 406 heridos, supo elDiarioAR de un relevamiento realizado por el CELS.

MC

Un cordón policial de la Federal a lo largo de la Avenida Rivadavia. En la vereda del Congreso, más de diez camionetas de Gendarmería estacionadas y rodeadas por más agentes. Por el medio, un camión hidrante escoltado por otro aún mayor. Vallas sobre avenida Callao. El protocolo antipiquete de Patricia Bullrich corta la calle, mientras otro grupo de efectivos se aproxima a paso firme, obstaculizando a los peatones. Con esa postal de un megaoperativo, el Gobierno buscó “contener” la pacífica asamblea de un grupo de discapacitos que reclaman contra el ajuste en el área por parte de Javier Milei.

“Discas en Lucha” convocó frente al Palacio Legislativo a una “barricada contra tanto desastre organizado”. Montaron una radio abierta mientras se debatía dentro del anexo de la Cámara de Diputados un proyecto en comisión para declarar la Emergencia en Discapacidad hasta el 2027. La iniciativa contó con despacho favorable y ahora será tratado en el recinto para su media sanción en dos semanas. La Libertad Avanza se ausentó por completo en el debate.

“Este gobierno tuvo la deshumanización de pasar la motosierra por el universo disca. Hicieron auditorías que fueron inhumanas, en largas filas y mal acompañados. Fue una humillación total”, se quejó ante elDiarioAR Jonatan Rondan, en silla de ruedas desde hace 20 años por una enfermedad hereditaria, integrante de Argentina Humana. “Por eso es fundamental que se apruebe el proyecto de Emergencia”.

“Hay que decirlo lisa y llanamente, lo que hacen es una política eugenésica, si pudieran nos erradican porque suponen que no somos productivos”, dijo Sofía, una joven que integra “Discas en Lucha” y tiene una discapacidad visual. “Además mirá este operativo, ¿Tienen miedo de que les pegue con mi bastón plegable?”.

La iniciativa de emergencia, presentada por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, contempla una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, conforme al Índice de Precios al Consumidor (INDEC). También propone modificar la Ley 13.478 para establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Según el proyecto, la prestación será compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos “no superen los dos salarios mínimos”. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad que reciban la pensión a acceder a un programa médico integral “que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901”.

“Está desfasado el sistema de atención a las personas con discapacidad. El transportista, por ejemplo, que lleva a las personas con discapacidad para que puedan hacer sus tratamientos cobran $541 el litro de nafta cuando ese litro de nafta cuesta, en el mercado, $1.500”, dijo Arroyo minutos previos a ingresar al plenario de comisiones que él preside donde se tratara el proyecto. 

“También se toman los valores de diciembre de 2023, antes del 120% de devaluación, y los actualiza según la inflación. A partir de allí, con los nuevos valores, se actualizan mes por mes con la inflación”, señaló el legislador, quien dijo que la política en materia de discapacidad del Gobierno Nacional es de una “total crueldad e ignorancia”. 

Las personas con discapacidad y los trabajadores del área denuncian recortes en pensiones, suspensión de terapias, retrasos en los pagos a prestadores y el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este contexto, organizaciones como “Discas en Lucha” realizaron protestas frente a la Casa Rosada y ahora se movilizaron frente al Congreso.

El trasfondo de la protesta incluye la polémica resolución 187, que modifica el enfoque de la discapacidad en el Estado, abandonando el modelo social consagrado por la ONU y volviendo a un esquema médico-rehabilitador. Este cambio, habilita auditorías para eliminar hasta 220 mil pensiones, afectando a personas con discapacidades no visibles o consideradas “menos graves”.

Voces del sector denuncian un enfoque discriminatorio y burocrático que agrava la situación, con trabas en la obtención de certificados, desinformación y un discurso oficial que, según señalan, legitima el maltrato y la estigmatización.

La radio abierta continuaba frente al Congreso, a un costado del megaoperativo de seguridad, a la espera del debate de los diputados. Mientras, la policía comenzaba a reforzar el vallado en toda la zona porque esta tarde también está en agenda una nueva marcha de los jubilados.

LN/MC

Un juez porteño desafía a Patricia Bullrich para que no esté a cargo del operativo policial de este miércoles en la habitual marcha de los jubilados. La orden dispone que la contención no la realice el Ministerio de Seguridad con las fuerzas federales y que, en cambio, la lleve adelante la Policía de la Ciudad.

La medida la dispuso el juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que varios gremios nucleados en la CGT y la UTEP presentaran amparos “para evitar la participación de fuerzas federales”. Hace casi un mes una fuerte represión de los efectivos que conduce Bullrich dejó malherido al fotógrafo Pablo Grillo. A la semana siguiente la ministra delegó la planificación en el asesor presidencial Santiago Caputo y la SIDE.

La Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se “abstenga” de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, “en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad”.

De esa manera, Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general, propuesto por la CGT, donde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados. La central gremial llevará adelante el jueves un nuevo paro general de 24 horas.

Por otra parte, se ordenó que se garantice “la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes” en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados 'objetivos federales' cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”. Esto quiere decir el edificio del Congreso de la Nación, donde los jubilados buscan hacer una caminata a su alrededor a las 17 del miércoles.

A través del fallo, Gallardo aseguró que “no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales” de las personas que asistan a la marcha.

“El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, concluyó.

MC

Desde el entorno de la ministra anticiparon que no aplicarán el protocolo antipiquetes, al igual que ocurrió en la última protesta de los jubilados del pasado miércoles, y especificaron que trabajarán en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, en un despliegue que contará con escasa presencial policial.

Este nuevo enfoque se fundamenta en el carácter pacífico de la movilización. A su vez, la funcionaria le trasladó al presidente Javier Milei que se trata de una marcha histórica y conmemorativa que tiene lugar en el marco de un feriado nacional.

“Es un concepto completamente distinto al de piquete”, aclararon desde el Ministerio de Seguridad. “La idea es tener la menor presencia policial. Es una marcha tradicional que se hace un feriado”.

Sin embargo, revelaron que llevarán adelante el monitoreo de la extensa movilización para coordinar los cortes de las calles afectadas por la tradicional procesión que tiene lugar desde la Ex ESMA, punto de concentración, hasta la Plaza de Mayo.

Bullrich trabajará junto a su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, con quien mantiene un aceitado vínculo laboral, a diferencia del que tenía con su antecesor Waldo Wolff, con especial atención en la permanencia de los manifestantes en la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la zona del Congreso.

Si bien el área de Tránsito será la más afectada a la tarea, desde ambos ministerios se mantienen expectantes en la desconcentración de la movilización, momento en el que tienden a aparecen lo que califican como “infiltrados o grupos ajenos a quienes se concentran”.

“No se espera algo en concreto, porque siempre han sido pacíficas, pero vamos a estar atentos sobre todo en lo que será la desconcentración de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, por si hay algún tipo de infiltrados violentos que quieren causar caos”, precisaron desde el Ministerio de Seguridad.

Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo resolvió “desincentivar” la violencia durante las protestas producto del tendal de heridos que dejó el ofensivo operativo de seguridad en la manifestación del 12 de marzo, que culminó con el fotoperiodista Pablo Grillo, internado en el Hospital de Ramos Mejía por el golpe de una cápsula metálica de gas lacrimógeno en la cabeza.

Incluso, hay preocupación de algunos miembros del Gabinete por el impacto de los episodios de abuso de las fuerzas de seguridad, que quedaron registrados en aquella concentración, en la imagen de la ministra, que se perfilaba como una de las favoritas en los sondeos de opinión.

MU con información de la agencia NA

Estará el padre del fotógrafo Pablo Grillo y también la jubilada Beatriz Blanco. Obviamente las agrupaciones de adultos mayores, pero también hinchas de fútbol y los reporteros gráficos. Y habrá columnas de las dos CTA, de las organizaciones sociales peronistas de la UTEP y de los piqueteros de izquierda. Este miércoles se espera una nueva marcha de los jubilados al frente del Congreso para denunciar el ajuste de Javier Milei, mientras dentro del recinto de la Cámara de Diputados el oficialismo aspira a blindar el DNU del acuerdo con el FMI. La protesta estará en alerta al alcance del operativo de seguridad de las fuerzas federales, que la semana pasada mostró su peor cara y que el Gobierno promete endurecer una vez más.

Si hace siete días reinó el caos en la protesta, hoy se espera una movilización desde el vamos con cierta organización previa. Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre cómo se desarrollará al detalle. La habitual marcha de los jubilados suele hacer una abrazo simbólico al Congreso cerca de las 17, en una caminata por las cuatro calles que rodean el Palacio Legislativo (Rivadavia, Entre Ríos, Yirigoyen y Combate de los Pozos). La semana pasada la represión rompió ese guion una hora antes. Y ahora los efectivos ni siquiera permitirán a los manifestantes acercarse al Parlamento.

Los nervios de Bullrich y operativo de Caputo

Sin querer mostrar todas sus cartas, en el Gobierno definieron dejar una “zona estéril” en las inmediaciones del Congreso, con varios cortes en calles aledañas, pero principalmente un enorme vallado a metros de las escalinatas principales. Esa es una estrategia que suelen recomendar desde la Policía Federal, supo elDiarioAR, y que se cumplió con éxito en la última marcha universitaria y también en la huelga de la CGT de febrero de 2024. Curiosamente, Bullrich desoyó ese consejo el miércoles pasado.

Pero ayer la ministra sí se encerró en el despacho en la Casa Rosada del asesor presidencial Santiago Caputo para delinear la estrategia oficial. A la cumbre se sumó la cúpula de la SIDE, con Sergio Neiffert y Diego Kravetz. Es decir que la jefa de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura supeditó su rol a las indicaciones del consultor de Milei que no tiene un cargo público. En la reunión también estuvo el secretario de Transporte, Franco Mogetta; y el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio.

El operativo Caputo busca unir a policías con espías. Mientras habrá mucha presencia territorial, también controles velados, como por ejemplo en los accesos a Capital Federal desde el conurbano bonaerense. “Se va a ver que no haya entradas raras de autos, micros y motos”, apuntó una voz al tanto de los movimientos en la SIDE.

Además el Gobierno promocionará la línea 134 para recibir denuncias de supuestos aprietes para obligar a movilizar. El operativo sería similar en cuanto a cantidad de efectivos que estuvieron el último miércoles, donde hubo más de mil miembros de la PF, Gendarmería, PSA y Prefectura.

Pero a veces la calidad no hace a la cantidad. En los últimos días este medio recogió cierto malestar en la estructura de las fuerzas porque la ministra no sería clara en sus objetivos a la hora de reprimir una manifestación. Ese nerviosismo, indicaron las fuentes, se traslada en las modulaciones entre los oficiales en calle y el centro de operaciones, que la ministra trasladó de la sede de la Federal al edificio de su propio ministerio. Tampoco hubo inteligencia previa que anticipe el caos que se vió en las calles.

“Bullrich quiere tapar todo y no se puede, tiene que confiar en quienes están en la calle”, apuntó una voz que conoce la cartera de Seguridad desde adentro. Si bien hay distintas fuerzas federales actuando, y también la Policía de la Ciudad, este tipo de operativos sobre un “objetivo nacional” -como se considera al Congreso y la Casa Rosada- tienen en el vértice a la Policía Federal.

Marcha por jubilados y el homenaje a Grillo

Del lado de los manifestantes la expectativa está en qué masividad se logrará en las calles para hacer sentir el reclamo contra el ajuste y frenar el operativo antipiquete. En las últimas manifestaciones muy convocantes el Gobierno dejó hacer, como la ya mencionada marcha universitaria o la que veló por los derechos LGBTQI+.

Fuentes de las organizaciones sindicales y sociales contactadas por elDiarioAR apuntaron que la convocatoria es directamente a la plaza frente al Congreso, sin definición de recorridos de las columnas. Tampoco está previsto un acto formal o lectura de documento. Tanto desde las CTA, como en la UTEP y el Polo Obrero plantearon que su intención es acompañar a los jubilados.

Además de la centralidad de los adultos mayores, habrá una presencia especial de los reporteros gráficos en solidaridad con Pablo Grillo, quien sigue internado luego del impacto de una granada de gas lacrimógeno que disparó un gendarme.

A las 15 los fotógrafos nucleados en Argra saldrán desde Venezuela 1433, junto a los sindicatos de prensa Spreba y Fatpren, y acompañados por organismos de Derechos Humanos. La caminata terminará frente al Congreso para manifestarse puntualmente en Yrigoyen y Solís, el lugar donde el miércoles pasado estaba Grillo tomando imágenes de la represión.

MC/DTC

La marcha de los jubilados del miércoles pasado, acompañados por hinchas de fútbol, estaba convocada para las 17 frente al Congreso pero se salió de guión antes: desde las 16 un fuerte operativo de fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich avanzó sobre los manifestantes en la avenida Entre Ríos. Se reprimió de manera indiscriminada con camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos. Del otro lado, muchos identificados con camisetas de equipos respondieron con piedrazos y hasta incendiaron un patrullero. Semejante escenario de violencia institucional se reveló de la peor manera a las 17.17, el momento exacto en que Pablo Grillo recibió el disparo de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de un efectivo de la Gendarmería en las inmediaciones del Congreso. 

La gravedad de la herida que sufrió el fotógrafo de 35 años mantiene en vilo a Javier Milei y Patricia Bullrich, y tiene en alerta a la oposición. Está en jaque el aparato represivo del Gobierno, que advirtió que profundizará el protocolo antipiquetes en futuras manifestaciones, justo cuando se convocó para el miércoles próximo a una nueva marcha. El episodio aún tiene cabos sueltos: ¿quién fue el gendarme qué disparó el gas lacrimógeno que le pegó a Grillo? ¿Por qué se usaron armas que estaban prohibidas antes del aval de la ministra? ¿Qué les pasó a los demás heridos? ¿Y cómo fue el trato al centenar de detenidos que fueron liberados por la noche?

Tras el disparo que recibió Grillo, la policía comenzó una cacería en las inmediaciones del Congreso desde aproximadamente las 17.30. Detuvo al menos a 114 personas, que fueron liberadas durante la madrugada por la jueza porteña Karina Andrade –a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 15–, a quien el Gobierno quiere ahora correr de su cargo. 

El CELS, la asociación de fotógrafos aRGgra y el sindicato de prensa Sipreba radicaron ante la Justicia una denuncia que busca profundizar en los detalles sobre cómo se movieron las fuerzas de seguridad este 12 de marzo. La Casa Rosada buscó correr el foco político por completo: denunció por supuesta sedición a “barrabravas” –que no que fueron identificados– y apuntó a un hipotético plan pergeñado por el peronismo, encabezado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, apañados por el exjefe de Montoneros Mario Firmenich. Hay además reveladoras declaraciones públicas de funcionarios sobre qué fue lo que pasó.

El ataque a Grillo

A casi 72 horas del episodio, el Gobierno resguarda la identidad del gendarme que disparó el gas lacrimógeno que impactó contra Grillo. “No vamos a abrir un sumario”, dijo Bullrich en declaraciones televisivas para cerrar filas internas. “Los de azul son los buenos”, defendió tajantemente el Presidente a los efectivos. 

Hay videos que reconstruyen lo que pasó con Grillo que dejan poco lugar a dudas de que el disparo fue directo. El sitio Mapa de la Policía revela que el arma se usó en línea recta y ayer la cuenta @Desdearriba.ok mostró desde un dron el momento exacto del impacto sobre el fotógrafo. “La granada fue disparada en forma paralela al piso y a escasa altura, contraviniendo la normativa de disparar en forma elevada, a 45 grados en dirección hacia arriba para que haga una parábola, y descargue el gas en el aire. Esto se prueba por la posición en cuclillas que tenía Pablo al momento del impacto, y al modo en que lo golpea. El proyectil no cae, sino que va paralelo al piso y golpea el cràneo con esa trayectoria”, denunció el CELS.

En la denuncia del Gobierno contra los “barrabravas” nada se explica al respecto y pone en duda la responsabilidad del gendarme: “El fotógrafo Pablo Grillo, que se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía, fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo”. 

Ayer el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, negó en LN+ que la policía “no le va a tirar a una persona determinada” y abonó la misma teoría de Bullrich de que la granada rebotó antes de pegarle a Grillo: “La persona se pone en el campo de fuego, entre un sector y el otro: las fuerzas del orden y los que están cometiendo delitos. La policía arrojaba gases lacrimógenos, no balas. Disparó hacia el piso, eso podría haber rebotado”. “Al fotógrafo era difícil verlo. Es una desgracia que se haya puesto ahí”, concluyó el funcionario, que admitió que la distancia entre Grillo y la línea de gendarmes habría sido de unos 50 metros. Dijo también que fue “una casualidad increíble”.

Al arma que dispara los gases lacrimógenos el Gobierno la llama “arma no letal”, pero está denunciada por organismos internacionales. El Protocolo Antipiquetes de Bullrich la reintrodujo, ya que estaba prohibida después de otros casos de asesinatos en manos de fuerzas de seguridad como fueron en diciembre de 2001, Kosteki y Santillán de 2002, y el maestro Fuentealba en 2007 en Neuquén.

Los “barrabravas”

Tanto el gobierno nacional como el porteño cargaron tintas contra “barrabravas”, pero solo se identificaron a cuatro –más un dirigente de un club– y ninguno fue detenido. En un documento extraoficial de la Ciudad al que tuvo acceso elDiarioAR, se marcaron los nombres y referencias de las siguientes personas: Claudio Alejandro Curci (Deportivo Español), Roberto Martín Cajal (Deportivo Español), Carlos Julián Román (Nueva Chicago) y Gastón Eduardo Ruiz (Nueva Chicago). Además se señaló a Víctor Hubo Bellón (expresidente de Nueva Chicago y dirigente de ATE).

Apenas dos clubes, cuando había convocatorias de hinchas de Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes según admite el propio Gobierno.

En la denuncia que presentó Bullrich por “sedición”, el abogado del ministerio de Seguridad, Fernando Soto, asegura que la cartera recibió llamados en la línea 134 en los que “varias personas, al ver las imágenes de la movilización en los medios, denunciaron haber reconocido a ‘barras brava’ de diversos clubes (Tigre, ”Nueva Chicago“)”. Sin embargo, no se dan nombres: “Algunos denunciantes no dieron sus datos pero otros sí aportaron su nombre, documentos y teléfono de contacto. Aportaré las denuncias mencionadas a V.S. en cuanto así se lo disponga”, afirma el funcionario nacional.

El Gobierno señala que los manifestantes “inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”. También “incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero”.

 Y agrega: “La violencia ejercida fue premeditada y o puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo ”miguelito“ para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos”. Entonces es que apunta que hubo un plan digitado por el peronismo, pero sin aportar pruebas: “Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires”.

Los detenidos

Lo que pasó con los detenidos es foco de conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia, porque a jueza Andrade afirmó que no había motivos para mantener preso a los más de cien manifestantes. Eso avala la idea de que la policía montó una cacería, como ya hizo el año pasado en la represión a la marcha contra la ley Bases, que terminó con detenidos que luego fueron liberados. 

Las condiciones que atravesaron las 114 personas también fueron denunciadas por el CELS: “Recibieron malos tratos por parte de la Policía de la Ciudad. Durante dos horas tuvieron a los detenidos dentro de camiones cerrados, sin agua, sin acceso a sanitarios, sin control de salud (habìa varios heridos y contusos) y sin permitir asistencia legal, o contacto familiar. Los efectivos a cargo de la custodia se negaron a escuchar a abogados y legisladores presentes en el lugar, y adujeron que no tenían órdenes de traslado”.

Además ocurrió la detención insólita de dos menores: Armando Cuevas, de 12 años, y Lautaro Sazarate, de 14 años, retenidos por la Policía porteña en la Plaza de Mayo. “De acuerdo con testigos, el niño se encontraba cerca del lugar de la manifestación, pero no estaba participando activamente en la protesta”, dice el texto presentado ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) sobre Cuevas. 

Según su madre de Lautaro, ambos menores acababan de salir del colegio y se encontraron con la represión de manera fortuita. “Salieron a las 18 horas del colegio. Al ver que estaba todo cortado, como no conocen bien la zona, se desviaron hacia el lugar en donde estaba la represión. Se encontraron con los operativos y corridas en Plaza de Mayo. Sin saber qué hacer, corrieron por miedo, escuchaban los tiros. Al correr, a uno de ellos se le cae un mate. Los policías utilizan esa excusa para decir que estaban tirando piedras a la Casa Rosada. Los tiraron al piso, al de 12 años se le tira encima un policía para ponerle precintos y tenerlos esposados. La madre se enteró luego de 2 horas, preocupada porque no llegaban a la casa. No los dejaban sacar el celular ni comunicarse con sus familias. Estuvieron 2 horas detenidos con precinto”.

Los heridos

Además del fotógrafo, hubo muchos heridos. Otro caso llamativo fue el de Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años, quien sufrió un traumatismo en la cabeza tras ser empujada por un efectivo de la Policía Federal. “Señora patotera”, la adjetivó Bullrich. “La señora mayor cayó de espaldas. El policía se da vueltas, hace un gesto y la señora se cae. Es un hecho desgraciado”, se desvinculó Manfroni, que fue tajante: “No hubo excesos por parte de las fuerzas de seguridad”. 

En la Posta de Salud y Cuidados brindaron atención a 317 personas por traumatismos de cráneo con y sin pérdida del conocimiento, traumatismo de tórax, síncopes lipotimias, heridas abiertas en rostro, hemorragias, esguinces, luxación y dificultad respiratoria aguda. Un número significativamente más elevado al de la policía: el parte de la Ciudad reportó a 20 efectivos, uno de ellos con fractura de húmero izquierdo y que fue operado, y las fuerzas federales reportaron 14 heridos.

A 72 horas de la represión del Gobierno en el Congreso, la polémica por el accionar de las fuerzas bajo responsabilidad de Bullrich y Milei sigue abierta. Para el próximo miércoles hasta el padre de Grillo pidió movilizar junto a los jubilados. Su hijo, aún pelea por su vida: ayer fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez y se piden dadores de sangre de cualquier tipo y factor a partir de este lunes a las 8 en el hospital Ramos Mejía.

MC

Por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Prefectura Naval reprimió este viernes una protesta de trabajadores del frigorífico La Bella SA de Mar del Plata.

Después de que la empresa incumpliera con el acuerdo salarial alcanzado en paritarias, al menos 80 trabajadores se manifestaron frente al frigorífico y fueron dispersados por las fuerzas de seguridad federales, que lanzaron sobre ellos balas de goma y gases lacrimógenos.

“Lo que se está pidiendo es que se pague el monto firmado”, explicó uno de los trabajadores a C5N en medio del fuerte operativo desplegado por Prefectura.

Debido al corte de calle y la presencia de los trabajadores en la puerta de la empresa, los efectivos de Prefectura Naval resolvieron activar el protocolo antipiquete.

“Esperemos que se puedan retirar y si no se aplicará lo que está escrito. Hay una flagrancia y un delito. Ya se le dio aviso a la Fiscalía y al Juzgado”, explicó el encargado del operativo represivo.

“Le tiraron a mi mujer y mi hija. Estamos reclamando nuestros sueldos. ¿Por qué no se meten en los barrios donde nos matan y nos cagan a palos para ir a trabajar”, explicó un empleado a C5N.

Desde la empresa aseguran que no dan los costos para pagar los sueldos. Los dueños de la empresa acordaron una reunión para intentar resolver el conflicto, pero exigen que se retiren del lugar los medios de comunicación que lo están cubriendo.