El Gobierno anunció que entre las reformas para el tratamiento legislativo a partir del documento final del Consejo de Mayo se incluye la reforma de la Ley de Tierras.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de modificaciones legislativas para liberar la compra de tierras a los extranjeros, pero recién se trataría en el período legislativo 2026.

En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo central es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que en el proyecto “se libera la compra por parte de privados extranjeros” de tierras rurales. Sobre la Ley de Tierras, el consejo de mayo describió: “Desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley N° 26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector”.

También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Esto es “una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, aseguró el funcionario al presentar el documento.

La iniciativa avanza puntualmente sobre la Ley 26.815, de manejo del fuego. Plantea derogar las modificaciones introducidas en 2020, que impedían cambiar el destino productivo de un campo durante 30 a 60 años después de un incendio, incluso en casos accidentales.

MC

El juez federal de La Plata, Alberto Recondo concedió el recurso de apelación de los excombatientes de Malvinas contra la derogación de la ley de Tierras por decreto de necesidad y urgencia (DNU). La resolución judicial reestablece la medida cautelar dictada durante la feria judicial de enero, que suspende lo establecido por el Poder Ejecutivo.

El juez Recondo hizo lugar al recurso planteado por los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso que representaba al Centro de Excombatientes de La Plata (CECIM). “Entendemos que rigen el artículo 15 de la ley de amparo y el 19 de las medidas cautelares. La cautelar está vigente”, explicó uno de los magistrados.

El expediente deberá ser revisado ahora por la Cámara Federal de La Plata.

A principios de semana, el juez Recondo rechazó la acción de amparo de los excombatientes y levantó la medida cautelar que impedía la aplicación de esta parte del DNU 70/23 de desregulación de la economía. Sin embargo, la modalidad en la que fue concedida la apelación interrumpe la vigencia de ese fallo, de modo que esa parte del la iniciativa del Poder Ejecutivo queda suspendida hasta que se pronuncie la Cámara Federal.

Desde el CECIM habían argumentado que la derogación de la ley de Tierras “afectaría intereses soberanos y de la comunidad”. No obstante, para el juez no había argumentos o evidencia suficiente para sustentar esta presentación por presuntos agravios.

ACM con información de NA.

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) La Plata apeló hoy el fallo que avaló la derogación de la Ley de Tierras por el decreto de necesidad y urgencia del gobierno, lo que posibilita la compra de grandes extensiones de tierras por parte de extranjeros, aún en zonas de frontera.

“La Argentina está en venta. ¿Quién será responsable si compran las tierras aledañas a Vaca Muerta? ¿A los yacimientos de litio? ¿El encadenamiento de fundos aledaños a un río? ¿A un lago? ¿A una laguna? ¿Quién se hará cargo de los efectos jurídicos que, seguramente, están sucediendo?”, se preguntaron los ex combatientes en el escrito de apelación.

El juez federal de La Plata Alberto Recondo rechazó el lunes la acción de amparo contra la parte del DNU que derogó la Ley de Tierras.

El fallo desconoció la representatividad de la organización de ex combatientes para reclamar contra ese artículo del DNU: “No puede extraerse que el CECIM pueda estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina”.

El juez Recondo añadió que “no surge de los argumentos vertidos ni de la prueba aportada, elementos que permitan concluir de manera clara, que la norma en cuestión le cause un agravio discernible”.

Los ex combatientes respondieron que “resultan agraviantes y profundamente irritantes los términos de la resolución del Magistrado Recondo. Es inadmisible que, en el desempeño de su rol funcional, desconozca la labor que el CECIM La Plata realiza”.

En ese sentido, reivindicó la representatividad y autoridad de cada ex combatiente: “Si se les permitió representar al pueblo argentino, a la ciudadanía, frente a una potencia enemiga, ofrendando lo más preciado que detenta un ser humano, la vida, es absurdo que no pueda hacer lo propio frente a una situación análoga, es decir, la defensa de la soberanía territorial frente a una amenaza o situación actual de disgregación”.

“En vano perseguiría el CECIM la defensa de los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur si permitiese nuevas dinámicas de coloniaje, configuradas por la compra de ingentes cantidades de tierra por parte de capitales extranjeros”, advierte el escrito de apelación.

El texto le recuerda al juez que “en materia de derecho internacional rige la doctrina de los actos propios. Una decisión judicial que vacíe de sentido y obligatoriedad normativa (y del orden público) a las Leyes nacionales sobre las Malvinas, podría sentar un riesgoso precedente, un argumento a esgrimir por los usurpadores británicos ante la comunidad internacional”.

“¡Miren ustedes, en la República Argentina, el mismísimo Poder Judicial de la Nación da por abandonado este territorio! San Martín se retuerce en donde quiera que esté”, subrayaron.

El fallo del juez Recondo, que ahora pasará a revisión de la Cámara Federal de La Plata, convalidó en los hechos el DNU que dejó sin efecto una medida cautelar que impedía provisoriamente la posibilidad de que capitales extranjeros accedieran sin restricciones a la compra de territorio argentino.

“Nadie puede explicar el porqué de la premura de eliminar la norma por Decreto. El ámbito en que se debe debatir una Ley de orden público, orientada a regular el ordenamiento territorial argentino es el Congreso”, replicaron los ex combatientes.

En ese contexto, advirtieron que “no sólo el Poder Ejecutivo omitió esto, sino que omitió cualquier procedimiento administrativo que permita rastrear el verdadero sentido de la medida. El DNU 70/23 no deja huellas pues sus fines reales (no el panegírico de la libertad de sus considerandos) no puede ser develado”, remataron.

CRM con información de la agencia NA

La Justicia Federal de La Plata dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió “preventivamente” el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que deroga la ley de tierras que restringe la venta de campos a capitales extranjeros.

La resolución fue emitida por el juez federal Ernesto Kreplak, quien hizo lugar a un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que denunció “la inconstitucionalidad y nulidad” del DNU impulsado por el presidente Javier Milei.

En el fallo se hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, quien objetó al Ejecutivo nacional la posibilidad de derogar la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, así como todo acto jurídico realizado desde la fecha de su entrada en vigencia.

“Por ley 26.737 se limitó la adquisición y posesión de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera y se vedó la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, se reseñó en la presentación.

En ese aspecto, se advirtió que se “indica que la norma aquí impugnada, al derogar la anterior, libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

El CECIM sostuvo que “el DNU importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, más si se tiene en cuenta que dicha norma contradice abiertamente la voluntad que los legisladores plasmaran al sancionarlas”. Y solicitó que “se dicte una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo”.

El CECIM también dijo que no están dados los requisitos de necesidad y urgencia. “El Ejecutivo Nacional violó los principios de la organización republicana al derogar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, una norma dictada por el Poder Legislativo sin encontrarse acreditados los extremos necesarios para ello. De ser ello así, no estaría en juego la pretensión de utilizar el texto constitucional para fundamento de alguno de los derechos que de él se derivan, sino que peligraría el mismo derecho fundamental”, explicó.

También se argumentó que si bien el Ejecutivo está habilitado al dictado de DNU, los mismos deben ser “de modo excepcional, cuando circunstancias extraordinarias hicieran imposible seguir los trámites ordinarios que la Constitución Nacional establece para la sanción de las leyes, siempre que no se trate del ámbito penal, tributario, electoral o del régimen de los partidos políticos”. Y recordó que la Corte Suprema nacional se ha expedido sobre el concepto de “situaciones de emergencia pública”.

Kreplak consideró “acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el art. 230 del CPCCN y de la ley 26.854, motivo por el cual dispondré suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el art. 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, hasta tanto recaiga sentencia definitiva”.

MM

Con información de la agencia Télam.

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresaron las últimas horas su “profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023”, al que consideraron “manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

De acuerdo a los ambientalistas, el DNU de más de 300 artículos que firmó el Presidente y dio a conocer en la noche del miércoles, “carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de 'necesidad' y 'urgencia'. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la Corte”.

Además, argumentan que fue “dictado de manera apresurada y viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una 'traición a la patria' como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas”. 

Para las organizaciones, en los aspectos socioambientales, el DNU “muestra su carácter abiertamente regresivo”. Y detallan los que consideran puntos centrales que impactan en medio ambiente de la Argentina:

Con información de AADEAA.

IG