El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto de ley que amenaza la permanencia de comunidades indígenas en tierras rurales, de acuerdo con expertos y legisladores de la oposición consultados por Mongabay Latam. El texto que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en los próximos días ya tiene media sanción del Senado, aunque con varias modificaciones introducidas durante el debate parlamentario. Aún así, contempla, entre otros aspectos, acelerar los procesos de desalojo y obstaculizar las expropiaciones estatales.

El proyecto, titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, podría tratarse en la Cámara de Diputados a finales de mes, afirmó a Mongabay Latam Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Argentina, quien además explicó que la oposición debe estar alerta ante el debate de este proyecto y poner el foco en dos aspectos: las facilidades para las expropiaciones y para los desalojos rápidos en áreas rurales donde habitan pueblos indígenas que reclaman la titularidad de tierras que consideran ancestrales.

“Esta norma facilita desalojos de comunidades originarias donde se encuentran pueblos asentados y que la Constitución garantiza como espacios ancestrales. Seguro estos temas animarán el debate en la Cámara de Diputados, que, se estima, será a finales de este mes”, afirmó Paulón.

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Durante el debate en el Senado, el proyecto del Gobierno sufrió varios reveses. Entre ellos, uno clave: el Ejecutivo pretendía modificar la Ley de Tierras actual y modificar el porcentaje del tope de extranjerización permitido actualmente en tierras rurales de 15 % máximo a 25 % máximo. Tras protestas y oposiciones de otros sectores políticos, el bloque que responde a Milei desistió de ese punto para poder avanzar en el debate y que se apruebe el proyecto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que al retirar el Gobierno capítulo del proyecto sobre compra de tierras a favor de extranjeros, los riesgos ambientales se achican. Sin embargo, todavía hay preocupación por la situación de comunidades indígenas ante la aceleración de los procesos de desalojo que sí quedarían habilitados para realizarse con mayores facilidades y rapidez en caso de que el proyecto se apruebe en Diputados tal cual llegó desde el Senado.

El experto afirmó que esta disposición violenta los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena y también la Constitución Nacional, que establece la preexistencia y el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es una norma –dijo- que entra en flagrante contradicción con esas normas.

“En línea a los proyectos que este Gobierno quiso aprobar, [este] tiene un sesgo totalmente individualista, es decir: la temática de la propiedad es solo una temática de carácter individual. No toman en cuenta las cuestiones de carácter colectivo, la propiedad comunitaria de la tierra y los reclamos que hacen las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo”, afirmó Napoli.

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, coincide con Nápoli y Paulón. En diálogo con Mongabay Latam dijo que a pesar del rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, existen los riesgos en dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos.

En el primer caso, aseguró, habrá más restricciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble y luego expropiarlo para, por ejemplo, entregar la titularidad de esas tierras a las comunidades que las reclaman como ancestrales. La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación, explicó el medio especializado Chequeado>, que analizó el proyecto de ley. “La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración ‘deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo’”.

En el segundo aspecto resaltado por Ramírez, la abogada explicó que se flexibiliza el procedimiento para los desalojos y se agilizan las vías para facilitarlos. Por ejemplo, busca facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante. Chequeado explicó que “el cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial”.

Piden un escudo para las comunidades indígenas

“Es probable que la discusión en Diputados llegue con sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valioso y ponderado para el sector empresarial, pero totalmente ignorado para el mundo indígena: la seguridad jurídica”, dijo Ramírez.

En este caso, detalló que se permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo contra comunidades que ya viven en las tierras rurales. “En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial complejiza mucho más el escenario”, afirmó la experta.

En Argentina, explica Ramírez, no existe una estadística oficial de cuántas hectáreas o porcentaje del territorio nacional está habitado por pueblos indígenas debido a no se concluyó el relevamiento técnico jurídico catastral que ordenaba la Ley 26.60 de emergencia territorial, la cual, además fue derogada en diciembre de 2024.

Ramírez añadió que las comunidades indígenas están habituadas al “hostigamiento judicial”. “Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente”, resaltó.

En esa línea, la especialista acotó que las modificaciones a la expropiación y al desalojo “son también una llamada de alerta y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas”.

Antecedentes en el Senado

Dos cuestiones clave quedaron fuera del proyecto durante el debate en el Senado. La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales: las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, determina que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30 % de ese 15 % permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1000 hectáreas.

Durante la votación en el Senado también se retiró el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, que reducía protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y cambiaba reglas sobre uso del suelo, informó Chequeado tras el análisis del proyecto votado.

Antes del debate del proyecto de ley en el Senado, distintos sectores sociales y ambientales salieron a las calles para protestar contra las modificaciones que pretendía el oficialismo.

La Libertad Avanza, el partido de Milei, no logró reunir los votos y retiró ambos capítulos. La posibilidad de que empresas extranjeras compren tierras rurales en Argentina fue el capítulo más polémico de este proyecto. El argumento que presentó el oficialismo para derribar los límites existentes a la compra de tierras por parte de extranjeros es que estos son un freno a la inversión privada.

Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, decidió finalmente retirar ese capítulo del proyecto. “[Esa decisión] fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, afirmó Bullrich en un comunicado, según medios locales. Mongabay Latam intentó comunicarse con la senadora a través de su equipo de prensa, pero no tuvo respuesta.

En mayo pasado, cuando se presentó la iniciativa a empresarios agropecuarios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que “la Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”. El funcionario aseguró que “en su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”. Derogar esa ley podría traer inversiones cercanas a los 15 000 millones de dólares, sostuvo.

Las estadísticas oficiales sostienen que a pesar de que el techo actual para la extranjerización de la tierra es del 15 %, solo el 5 % de las tierras rurales del territorio nacional está en manos de extranjeros. Pero hay otro contexto: el análisis regional muestra una alta concentración local en algunas provincias, donde la extranjerización de las tierras supera el 15 % establecido a nivel nacional.

Investigadores de Conicet del Instituto de Estudios Sociales y Humanos y de la Universidad de Buenos Aires presentaron a fines de 2025 un mapa interactivo de la extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros.

En 36 distritos ya exceden el límite legal del 15 %, como en Lacar (provincia de Neuquén), General Lamadrid (provincia de La Rioja), Molinos y San Carlos (provincia de Salta), donde la extranjerización supera el 50 %. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná, sostuvieron los investigadores.

El diputado Paulón explicó que uno de los argumentos de la oposición para frenar la modificación de la Ley de Tierras fue que aumentar la compra de tierras con recursos naturales por parte de corporaciones extractivas del exterior podía presionar a las autoridades para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares. “Estas compras y ventas incluían zonas de frontera, acuíferos, humedales, zonas de recursos naturales, cuencas de agua”, destacó Paulón.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A pesar de que la Casa Rosada decidió posponer al menos un mes el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, distintas organizaciones sociales y ambientales convocaron para este sábado a una asamblea abierta en Parque Centenario, a partir de las 15, para seguir organizando el rechazo a la iniciativa. La actividad es impulsada por la mulsectorial que ya plantó bandera contra toda la iniciativa en el Congreso la semana pasada, que obligó al Gobierno a dar de baja las reformas de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto oficialista quedó solo con capítulos que reformas las expropiaciones y los desalojos. Obtuvo media sanción en el Senado tras casi trece horas de debate y una fuerte marcha de rechazo que terminó en represión, detenidos y heridos.

Sin los dos capítulos de Tierras y Fuego, la media sanción quedó limitada a los cambios en el régimen de desalojos y expropiaciones. Habilita un procedimiento sumario para desalojar propiedades usurpadas u ocupadas ilegalmente, con nuevas formas de notificación electrónica, y restringe la capacidad del Estado para expropiar bienes al exigir definiciones más estrictas de “utilidad pública” y garantizar una indemnización que incluya el lucro cesante.

El proyecto ingresó a Diputados, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió postergar al menos un mes su tratamiento. El oficialismo prioriza para la sesión prevista para el próximo 26 de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en materia fiscal, y prefiere dejar pasar el impacto político del debate en el Senado antes de negociar con los bloques dialoguistas.

Las organizaciones convocantes advierten que, mientras el capítulo de desalojos y expropiaciones sigue latente, el Senado avanza en paralelo con el proyecto de Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales a inversiones superiores a mil millones de dólares y que el oficialismo busca sancionar antes de fin de agosto. En sus convocatorias, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones sostiene que ambas iniciativas afectan derechos de los pueblos originarios y facilitan el acceso a tierras, agua y energía por parte de grandes inversores, motivo por el cual llaman a sostener la organización territorial pese a la pausa legislativa.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Senado por impulso de La Libertad Avanza. Una movilización que terminó en una fuerte represión con varios detenidos, una fotorreportera con traumatismo de cráneo.

A pesar de la lluvia, columnas de manifestantes se concentraron sobre la avenida Entre Ríos y en la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo. Sin embargo, el operativo de seguridad pareció desproporciónado.

Ya caída la tarde, se registraron momentos de tensión frente al Congreso cuando las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes que se concentraban mientras el Senado debatía el proyecto. La protesta había comenzado por la mañana con la participación de organizaciones sindicales, docentes y agrupaciones sociales.

Diez personas fueron detenidas por los incidentes. Fuentes policiales informaron que los efectivos de la Policía Federal concretaron los arrestos de los implicados por los delitos de atentado y resistencia de autoridad. También hay decenas de heridos.

Mirta Romero, una de las médicas que asistió a los manifestantes, confirmo a C5N que una de las heridas es otra vez una reportera gráfica quien terminó con traumatismo de cráneo y sangrado en un oído.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

La protesta se mantuvo aun después de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto la cláusula que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, una modificación introducida para facilitar el desarrollo de la sesión en la Cámara alta. Sin embargo, los convocantes sostuvieron que continúan rechazando el conjunto de la iniciativa.

El operativo de seguridad se reforzó en las inmediaciones del Congreso con vallados y presencia policial sobre la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se registraron las principales restricciones al tránsito.

Además, distintas columnas que partieron desde la avenida 9 de Julio avanzaron por avenida de Mayo hacia el Congreso, lo que generó demoras y cortes parciales en el centro porteño.

La movilización coincidió con el inicio de una jornada legislativa clave para el oficialismo, que busca reunir los apoyos necesarios para abrir el debate del proyecto en el Senado.

Con información de la agencia NA

“La patria no se vende”. Así cantaron los fans argentinos de Rosalía que asistieron el martes a su tercer concierto de la gira Lux en Buenos Aires, en medio del debate sobre la extranjerización de la tierra en el país. “No se vende, la patria no se vende”, cantó el público del tercer y anteúltimo show de la cantante en el Movistar Arena.

La expresión se produjo en la previa del debate en el Senado de la Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que en un primer momento incluía aumentar el porcentaje de extanjeros que podía comprar tierras en el país y que, ante la falta de consenso, terminó siendo retirado del proyecto original.

Ante el cántico del estadio entero, Rosalía agitó un pañuelo por encima de la cabeza, en señal de arenga. “Es que sos el mejor público, es innegable. Gracias por esta energía siempre tan arriba”, expresó la autora de Motomami que, sin embargo, no dio señales de comprender el trasfondo del cántico.

La ley vigente establece, entre otros puntos, que los extranjeros no pueden poseer más de un 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona agropecuaria núcleo (centro-este de Argentina). El proyecto buscaba ampliar ese límite a un 25%. Las objeciones a la reforma también se centran en la falta de límites específicos a las compras de propiedades en zonas estratégicas, como fronteras, espejos de agua, glaciares o áreas ribereñas.

Con información de EFE

El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch salió a responder las críticas en contra por tener una empresa que asesora a extranjeros para la compra y venta de tierras, y que le significó una denuncia por conflicto de intereses en medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras. El legislador libertario no solo admitió ser dueño de Glocal Terra, una empresa dedicada a asesorar a inversores rurales, sino que insistió en modificar la norma, que ya fue quitada del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se vota este jueves.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador entrerriano confirmó ser “socio fundador y mayoritario” de la firma desde hace seis años. Detalló que la compañía “se dedica a administrar campos, asesorar a dueños de campos y compradores y a valorizar campos”, con clientes “argentinos y extranjeros” en la Argentina y otros países de la región.

La senadora peronista Juliana Di Tullio denunció a Benegas Lynch porque su rol de socio gerente de Glocal Terra S.R.L. configura un “severo conflicto de intereses” que debía impedirle votar, firmar dictámenes o participar del debate sobre la norma, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y de la Ley de Ética en la Función Pública.

En su descargo, el senador defendió el proyecto que, según explicó, “vendría” a votar de lograrse el apoyo necesario: una reforma al capítulo de Tierras que, sostuvo, “viene a reformar la nefasta ley de tierras actual”. Con ese calificativo apuntó contra la Ley 26.737, vigente desde 2011, que impone un tope del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales. Según Benegas Lynch, esa norma “no frenó ninguna invasión” y, como ejemplo, citó que mientras se le ponía un límite “al productor italiano o español”, el gobierno kirchnerista otorgó una concesión por 50 años en la Patagonia a una empresa vinculada a un Estado extranjero. El senador remató que la ley vigente “achicó la demanda y castigó el patrimonio de los argentinos”, que hoy controlan, según sus palabras, el 95% de las tierras rurales del país, y comparó el modelo que impulsa con los de Uruguay, Australia y Estados Unidos, donde —afirmó— no existen cupos por nacionalidad para el sector privado.

La reforma que defendió prohíbe explícitamente la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, sus empresas estatales y sus fondos soberanos, pero abre la puerta a la adquisición por privados extranjeros. Ese capítulo, sin embargo, ya no estaba en discusión al momento de su publicación: horas antes, Patricia Bullrich había debido retirarlo del proyecto por falta de votos, tras la resistencia de gobernadores y senadores aliados que rechazaban la desregulación de la venta de tierras a extranjeros.

Benegas Lynch no explicó por qué, a su criterio, su participación en el negocio de intermediación de tierras con extranjeros no debería considerarse un conflicto de intereses en los términos que marca la normativa de ética pública.

El senador cerró su descargo asegurando que “no hay en esta ley una sola línea escrita” para su empresa y que un eventual beneficio del sector agropecuario no equivale a “un privilegio particular”. También enumeró otras votaciones en las que acompañó al oficialismo —el Presupuesto, la reforma laboral con el RIMI y tratados de libre comercio— para reafirmar su alineamiento con lo que definió como “el sector privado, los argentinos laburantes, emprendedores y empresas que compitan”.

Caído el capítulo más polémico del proyecto, este jueves el Gobierno intentará avanzar en la aprobación de lo que queda de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión comenzará a las 14 horas en el Senado, cuando empiecen a llegar los primeros manifestantes a la plaza del Congreso. Pese a que Patricia Bullrich bajó el capítulo de extranjerización de tierras por falta de votos, las organizaciones sociales y sindicales movilizan igual y aspiran a dar una gran demostración de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei.

La oposición ya volteó dos de los capítulos más importantes de la ley de Sturzenegger: el que barría el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), muy resistido por la Iglesia Católica, y el que avanzaba contra la Ley de Tierras Rurales. Pero quedan tres capítulos más, que avanzan sobre el régimen de expropiaciones, flexibilizan la Ley de Manejo del fuego y habilitan los desalojos exprés para inquilinos endeudados.

Tres capítulos que, después de la derrota del martes, Bullrich buscará aprobar a como dé lugar.

Los restos de la Ley de Inviolabilidad

Uno de los principales puntos de la iniciativa de Sturzenegger, que quedó en un segundo plano por la avanzada contra la Ley de Tierras Rurales, es el que modifica el Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos. No solo para las personas que estén ocupando un domicilio de manera ilegal, sino también para inquilinos que adeudan el pago del alquiler o se les haya vencido el contrato.

En ambos casos se habilita un trámite sumarísimo y habilita a que el juez disponga la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. En un contexto de alza del endeudamiento familiar y de que, según una encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado, la ley permite la desocupación inmediata cuando la causal sea falta de pago o vencimiento contractual.

Otro de los cambios del proyecto refiere al régimen de expropiaciónes. Es uno de los puntos que el peronismo rechaza con más ahínco, resuelto el rechazo del capítulo de Tierras, y es el que intentará voltear en el recinto. “Están queriendo blindar la venta de las empresas públicas”, advierten en la oposición.

El objetivo del proyecto es endurecer los requisitos para poder expropiar, aumentando el valor de las indemnizaciones. Hoy el Estado paga el valor de la empresa expropiada más daños directos. El proyecto de la Libertad Avanza, en cambio, suma el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y fija que el valor del bien expropiado –una represa, un camino, una compañía de energía– lo fijará el mercado y se actualizará por inflación.

El proyecto establece, además, que la declaración de utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva. Obliga al Estado a justificar con más detalle la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de cada expropiación, lo que abre más espacio a que expropiaciones sean judicializadas ya que, en la práctica, el expropiado podrá discutir más fácilmente si la expropiación esta bien fundada o no.

Finalmente, otro de los cambios que introduce el proyecto es la flexibilización ambiental de la Ley de Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner en 2020 con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria sobre las tierras incendiadas.

Originalmente, el proyecto eliminaba la prohibición de vender, por al menos 60 años, aquellos bosques nativos o áreas protegidas que fueron incendiados. Pero, al igual que sucedió con gran parte de la ley, los aliados se mostraron incómodos con la derogación absoluta de la protección sobre el territorio, y se acordó solo eliminar la prohibición de vender las tierras por 30 años en las zonas agropecuarias.

El caso Sagasti

Al comienzo de la sesión, sin embargo, se buscará zanjar el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó que le permitieran votar de manera remota debido a que cursa un embarazo de riesgo de 32 semanas y no puede viajar por recomendación médica. Victoria Villarruel hizo lugar a su pedido, pero dejó en manos de los senadores que se habilitara, de manera excepcional, si puede votar o no de manera virtual. Lo mismo hizo con el radical Flavio Fama, que aprovechó para solicitar el mismo pedido debido a una operación que se hizo en una rodilla.

Bullrich buscará rechazar el pedido, pero hay dudas dentro del mismo peronismo respecto a si avanzar con el reclamo de Sagasti. Algunos senadores peronistas temen que, si se la habilita, se siente un precedente que permita a cualquier senador enfermo que sesione desde su casa. Y en un contexto de mayorías para el oficialismo, en el cual la estrategia principal de la oposición es dejarlo sin quórum, le permitirá a LLA contar con más herramientas en el futuro para avanzar con sus leyes.

MCM/MG

La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado para solicitar la abstención e inhabilitación de su par libertario Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) en la sesión de mañana, en la que la Cámara Alta tratará el proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Según denunció la legisladora del PJ, existe un “severo conflicto de intereses” ya que Benegas Lynch forma parte del directorio de una empresa dedica a la búsqueda y venta de tierras.

Es que el senador de La Libertad Avanza –hermano del diputado Bertie Benegas Lynch– es el fundador y director de Glocal Terra, una empresa que, según figura en su página web, se dedica a la búsqueda de “terrenos agrícolas, forestales, extensas áreas de conservación y fincas de lujo, exclusivos y fuera del mercado, diseñados a medida”.

La página de la empresa –que está en inglés– señala que su objetivo es actuar “en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”.

Mañana, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que en un principio iba a incluir un capítulo para modificar la actual legislación que pone un tope a la venta de tierras a extranjeros. Aunque finalmente esa modificación fue retirada, la intención del oficialismo era llevar de 15% a 25% la posibilidad de que extranjeros compren tierras en el país.

De todos modos, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate parlamentario, no firme dictámenes ni emita su voto sobre el proyecto. La senadora fundamentó su planteo en que, de acuerdo con el Acta Constitutiva citada en el escrito, Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., con domicilio en la ciudad entrerriana de La Paz.

Siempre según la presentación, el objeto social de esa firma comprende el “asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros para la adquisición de inmuebles y tierras rurales en la República Argentina”.

Di Tullio sostuvo que esa situación configura una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debe resguardar un legislador y su interés económico privado. En ese sentido, argumentó que el caso debe analizarse a la luz de los principios establecidos en la Constitución Nacional, en particular el artículo 66, y de las disposiciones de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

“Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, sostuvo la senadora en la presentación.

Otra denuncia

En abril de este año, el medio entrerriano Análisis Digital reveló que el senador había adquierido una vivienda en la ciudad de La Paz cuyo valor de mercado rondaría los US$500.000, una cifra que no guarda relación con su patrimonio. Se trata de una propiedad de estilo colonial ubicada sobre calle Dorrego al 900, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad, con un terreno amplio que se extiende hacia la barranca del río Paraná.

La propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del sector inmobiliario señalaron que esto podría explicarse por una eventual falta de escrituración al momento de la presentación, aunque tampoco hay precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra. El medio intentó contactar a Benegas Lynch, pero no obtuvo respuesta.

En febrero declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.

Javier Milei sufrió este miércoles un nuevo revés parlamentario cuando La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que derogaba la Ley de Tierras, una de las reformas que más resistencia había despertado entre los gobernadores y que amenazaba con poner en riesgo el tratamiento de la iniciativa en el Senado. La marcha atrás significó una nueva concesión para el oficialismo, pero en la Casa Rosada procuraron bajarle el tono al episodio y sostuvieron que la decisión mejora las chances de conseguir este jueves la media sanción del proyecto, que luego deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La decisión llegó después de que fracasaran las gestiones políticas para destrabar el conflicto. El martes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores aliados para intentar sostener el capítulo referido a la extranjerización de tierras, pero las conversaciones no alcanzaron para modificar el escenario. Los mandatarios mantuvieron sus objeciones y el oficialismo terminó optando por retirar por completo ese tramo del proyecto antes que arriesgar el resto de la iniciativa.

Dentro del Gobierno, el principal defensor de mantener la reforma era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor intelectual del proyecto enviado al Congreso. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el funcionario insistió hasta último momento en sostener el capítulo, aunque encontró escaso acompañamiento dentro del propio gabinete. Más allá de su entorno, pocos dirigentes del Gobierno estaban dispuestos a asumir el costo político de confrontar con los gobernadores por una reforma que amenazaba con complicar toda la sesión.

En Balcarce 50 describían la marcha atrás como un costo asumible. La lectura predominante era que insistir con la derogación de la Ley de Tierras podía terminar arrastrando el resto del articulado y frustrar la media sanción de una norma que el Gobierno considera prioritaria. “Lo importante es que salga la ley”, resumía un funcionario con acceso a la mesa política. En la Casa Rosada creen que la eliminación del capítulo facilitará el acompañamiento de varios gobernadores y, en consecuencia, aumentará las posibilidades de aprobar el resto del proyecto.

La apuesta oficial ahora está concentrada en preservar el núcleo de la iniciativa redactada por Sturzenegger. El proyecto mantiene las reformas sobre desalojos acelerados, el endurecimiento del régimen de expropiaciones, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego —con la flexibilización de restricciones en determinadas superficies afectadas por incendios— y la modificación de los requisitos para la regularización dominial. Para el Gobierno, esos capítulos contienen el corazón de la reforma y justificaban resignar uno de los puntos que mayor rechazo había generado desde el ingreso del proyecto al Senado, el pasado 27 de marzo.

No deja de ser, sin embargo, un nuevo retroceso para Sturzenegger. Es el segundo capítulo que el oficialismo se ve obligado a retirar del proyecto después de haber resignado, durante el debate en comisiones, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También llega menos de 48 horas después de que el Gobierno debiera dar marcha atrás con el decreto que había desatado un conflicto con los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de buques a los puertos argentinos y afectando el comercio exterior.

La decisión también tuvo impacto puertas adentro del oficialismo. En los pasillos del Senado, algunos dirigentes interpretaban que la principal perjudicada era Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien durante los últimos días había encabezado la defensa pública del capítulo referido a la extranjerización de tierras. Incluso circularon versiones sobre un supuesto escaso respaldo que habría recibido desde algunos despachos de la Casa Rosada durante la negociación. Ningún funcionario lo admitía públicamente y no existen elementos para afirmar que se haya tratado de una decisión deliberada para exponer a la senadora. En el Gobierno, por el contrario, insistían en presentar la marcha atrás como una decisión estrictamente táctica para garantizar el avance del proyecto.

El repliegue también modifica el escenario para los gobernadores. En el caso de Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut habían anticipado su rechazo al capítulo referido a la Ley de Tierras, en línea con la posición expresada por el gobierno provincial de Hugo Passalacqua y en medio de la interna con Carlos Rovira. Sin embargo, hasta este miércoles ninguno de los dos legisladores había adelantado cuál será su postura respecto del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, como adelantó elDiarioAR, sigue en pie la versión sobre un eventual voto dividido: Arce acompañaría el proyecto, mientras que Rojas Decut votaría en contra. En la Casa Rosada interpretan que, eliminado el punto de mayor conflicto, aumentan las posibilidades de sumar el acompañamiento de los bloques provinciales.

Si esa apuesta se confirma, el oficialismo buscará presentar la sesión del jueves como una victoria política, aun después de haber resignado una de las reformas que originalmente integraban el proyecto. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo nunca fue defender cada artículo a cualquier costo, sino garantizar el avance de una iniciativa que consideran central para su programa legislativo del segundo semestre. Conseguir la media sanción en el Senado, afirman, permitiría trasladar la discusión a la Cámara de Diputados desde una posición más favorable y mantener viva una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

PL/CRM

Después de varios intentos, Patricia Bullrich tuvo que reconocer la derrota. Los aliados de Tucumán y Misiones le habían soltado la mano, el radical Daniel Kroneberger estaba decidido a votar en contra y, con cada hora que pasaba, un senador se comunicaba para mostrarse incómodo con la aprobación del capítulo de extranjerizacion de la tierra. La senadora libertaria reconoció que no tenía los votos y, a 24 horas del inicio de la sesión, aceptó sacar el capítulo de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión se tomó esta tarde en el despacho del bloque radical, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados-- para tomar una decisión. Estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los senadores aliados se sentaron, le comunicaron que no estaban los votos para insistir con el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y le explicaron que había que sacarlo. “Así no se puede”, explicó una senadora radical, a la salida del encuentro.

Bullrich intentó resistir, pero tuvo que reconocer que estaba sola. Diego Santilli se había comunicado con los gobernadores aliados el día anterior, pero las negociaciones no habían surtido efecto. En Casa Rosada, Federico Sturzenegger presionaba para avanzar con la ley, pero casi no había otros funcionarios que quisieran sumarse a su cruzada desreguladora. La marcha convocada para el jueves, así como la intensa campaña en redes sociales, habían permeado en la sociedad, que manifestaba un rechazo mayoritario–según varios sondeos de consultoras, como Ad Hoc y Zuban Córdoba– y descincentivaba las manifestaciones de apoyo.

“Lo importante es mantener unido al grupo de los senadores aliados, tenemos más leyes que aprobar”, se la escuchó decir a Bullrich en el Senado, antes de ingresar a su despacho. Todavía faltaba comunicárselo al resto del bloque libertario, que se enteraría primero por las redes sociales de la caída del capítulo que elimina el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, así la prohibición de la venta en zona de fronteras y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno se enteraría al final: Bullrich se lo comunicaría después de haber tomado la decisión con los senadores.

La sesión está convocada para las 14 horas en el Senado, una jugada de Victoria Villarruel que anticipó el anuncio a la estrategia oficialista. Bullrich todavía no sabía si levantaría la sesión cuando la vicepresidenta del Senado convocó a la sesión para el día siguiente.

Para evitar que le rechacen el capítulo en el recinto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunciará el retiro del apartado el jueves al comienzo de la sesión. El objetivo es desactivar la movilización convocada al Congreso, pero para algunos senadores la decisión llegó demasiado tarde.

“Esto se tendría que haber resuelto ayer”, se quejó un senador aliado, a la salida de la cumbre con Bullrich.

Crónica de una derrota anunciada

Los problemas empezaron la noche anterior, poco después de que Bullrich saliera a anunciar, con bombos y platillos, las modificaciones introducidas a último momento al capítulo de Tierras para conseguir los votos que le faltaban. Poco duró la maniobra del tope del 25% a nivel provincial, una concesión que no modificaba el corazón de la reforma, ya que habilitaba que se continuase avanzando con la extranjerización a nivel de los departamentos. Menos de 24 horas después de dar la conferencia de prensa, la senadora libertaria estaba anunciando que el capítulo no se debatiría en la sesión.

Los primeros en patear el tablero fueron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que la noche anterior se mantenían reacios a acompañar el capítulo de Tierras. Esta decisión, sumada a la incomodidad de otros aliados –como Edith Terenzi– y a la rebelión de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inclinaron la cancha en favor de la oposición. Pero fue el pronunciamiento del gobernador Tucumán, Osvaldo Jaldo, al día siguiente lo que terminó de hundir las esperanzas del Gobierno.

“Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó el gobernador tucumano, a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Provincia. Allí, Jaldo aseguró que se había comunicado con las dos senadores que le responden, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y que ambas se oponían a la ley “y son personas que no cambian de opinión”.

Después de Jaldo salió el neuquino Rolando Figueroa, quien dos días antes había presentado un proyecto de ley para que la provincia no pudiera vender tierras fiscales a extranjeros. El gobernador de Neuquén, hasta hace dos días, era aliado del Gobierno y en el oficialismo contaban a su senadora, Julieta Corroza, como un voto a favor de toda la ley. El martes a la mañana, sin embargo, Figueroa salió con un video anunciando su rechazo. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó.

Después de estos dos pronunciamientos, la caída del capítulo fue solo cuestión de tiempo.

MCM

A menos de 24 horas de que el Senado retome el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que en su capítulo central modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros—, la resistencia ya no viene solo de la oposición. Gobernadores y senadores que en otros temas acompañaron al oficialismo empiezan a marcar diferencias, en una sesión que el propio bloque libertario reconoce como la más ajustada del año.

A este mediodía de jueves en el oficialismo reconocieron ante elDiarioAR no tener los votos para abrir siquiera la sesión. El golpe a las aspiraciones de Javier Milei llegó desde distintas provincias: hubo expresiones públicas del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y del neuquino Rolando Figueroa, y también del senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger.

Tucumán: Jaldo dice que sus dos senadoras rechazan el proyecto

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que, según las conversaciones que mantuvo con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas le expresaron su rechazo al proyecto de cara a su tratamiento en el recinto. Las dos bancas integran el Bloque Independencia, un espacio que el oficialismo suele necesitar para reunir números en votaciones clave.

La Pampa: Kroneberger confirmó el rechazo

En La Pampa, el senador radical Daniel Kroneberger fue el más terminante: adelantó que votará en contra de los últimos cambios introducidos a la reforma y remarcó que ya se lo comunicó a su bloque. Justificó su postura en el desacuerdo con la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. Su compañera de bancada por la provincia, Victoria Huala, todavía no definió su voto.

Neuquén: Figueroa reclama un límite nacional

El gobernador neuquino Rolando Figueroa reafirmó su postura contraria a la extranjerización de la tierra. Lo hizo al ratificar el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén queden en manos de argentinos, y sostuvo que no acompañará iniciativas que en el plano nacional avancen en ese sentido. En paralelo, había pedido a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulsara en el recinto un límite cuantificable a la compra extranjera para todo el país.

Un poroteo que sigue sin cerrar

Estos tres frentes provinciales se suman a un escenario que ya venía complicado para el oficialismo. En el bloque libertario reconocen que la votación está prácticamente empatada y que la definición puede quedar en manos de uno o dos senadores. La bisagra sigue siendo la UCR: el bloque nacional pidió a sus diez senadores votar en contra, pero la conducción de la bancada apuesta a que la mayoría acompañe al Gobierno. A los rechazos de Kroneberger y de su par Maximiliano Abad se suma ahora la incertidumbre sobre Huala.

El texto que llega al recinto es, además, la versión número diecisiete: ante la falta de apoyos, el oficialismo resignó su objetivo original de eliminar el tope a la compra extranjera y lo reemplazó por un límite del 25% por provincia, sin fijar restricciones a nivel de departamento, que es donde se concentra la extranjerización real según advierten especialistas en la materia.

La sesión se dará en medio de una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones campesinas, ambientales y de pueblos originarios frente al Congreso.

MC

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti a participar y votar de manera remota en la sesión de este jueves, en la que la Cámara alta debatirá, entre otros temas, la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno.

La autorización, sin embargo, fue otorgada ad referendum del pleno del Senado. Esto significa que la decisión deberá ser ratificada por mayoría simple al comienzo de la sesión para que la legisladora pueda intervenir y emitir su voto de manera electrónica desde Mendoza.

Fernández Sagasti había solicitado la habilitación al argumentar que cursa la semana 32 de embarazo y que una indicación médica le impide viajar desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. El pedido fue presentado mediante una nota dirigida a Villarruel y también difundido a través de un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora al hacer público su reclamo. Allí sostuvo que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y consideró que la distancia no debería impedir el ejercicio de la representación cuando existen herramientas tecnológicas para participar de manera remota.

La legisladora explicó que su médico le prohibió realizar viajes largos, tanto por vía aérea como terrestre, y remarcó que esa situación afecta especialmente a quienes representan provincias alejadas de la Capital Federal. “Si yo fuera una senadora de la Ciudad o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría. Pero viajar más de mil kilómetros podría poner en riesgo mi salud y la de mi bebé”, señaló.

Además, aclaró que no se trata de una licencia por maternidad, sino de la posibilidad de ejercer plenamente su función legislativa. “No estoy incapacitada para leer expedientes, debatir ni votar; simplemente no puedo viajar largas distancias”, sostuvo, al tiempo que recordó que los mecanismos virtuales ya fueron utilizados anteriormente por el Congreso y cuentan con antecedentes de validación judicial.

La sesión de este jueves será clave para el oficialismo, que intentará avanzar por quinta vez con la reforma de la Ley de Tierras, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el pasado 16 de julio por falta de votos. El proyecto modifica el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, tras negociaciones con bloques dialoguistas, propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podrán quedar en manos de capitales extranjeros, manteniendo las restricciones para Estados extranjeros y empresas controladas por ellos, además de preservar las facultades de las provincias para fijar sus propios límites.

La reunión tendrá además una particularidad institucional: Villarruel no presidirá el debate porque ejercerá interinamente la Presidencia de la Nación durante la gira de Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su reemplazo estará al frente de la sesión el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Con la primera gran prueba legislativa del segundo semestre a la vuelta de la esquina, el Gobierno reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria y revisar el avance de los principales proyectos que buscará impulsar durante agosto. El encuentro funcionó como una nueva foto de unidad de la conducción política del oficialismo, con Karina Milei a la cabeza, en un momento en que la Casa Rosada intenta dejar atrás las tensiones internas y concentrarse en la agenda del Congreso.

Además de la secretaria general de la Presidencia, el encuentro contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El principal eje de la reunión fue la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, considerado por el Gobierno como el punto de partida de la ofensiva legislativa del segundo semestre. La iniciativa, que incorporar al debate modificaciones a la Ley de Tierras, pretende endurecer las herramientas contra las ocupaciones ilegales de inmuebles, uno de los temas que la administración de Javier Milei convirtió en una de sus principales banderas políticas.

En la Casa Rosada, sin embargo, saben que la sesión también pondrá a prueba la solidez de las mayorías que el oficialismo logró construir en la Cámara alta durante los últimos meses. La polémica en torno a la Ley de Tierras tensionó el ida y vuelta con varios gobernadores y amenaza con alterar el delicado equilibrio parlamentario alcanzado hasta ahora.

La discusión gira alrededor de la intención del Gobierno de flexibilizar el régimen vigente para facilitar inversiones y eliminar restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una propuesta que encuentra resistencias en provincias que reclaman conservar herramientas para administrar recursos considerados estratégicos. En Balcarce 50 reconocen que esa discusión podría convertirse en el principal foco de negociación de la jornada y condicionar el tratamiento del resto de la agenda.

La reunión de este martes también sirvió para ordenar el cronograma legislativo de agosto. Según se informó oficialmente, hacia mediados de mes la Cámara de Diputados debatirá dos de los proyectos económicos que el Gobierno considera prioritarios: la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El primero busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al régimen simplificado impulsado por el Ministerio de Economía para facilitar la exteriorización de los llamados “dólares del colchón”. El segundo apunta a reforzar la autonomía del Banco Central y limitar de manera definitiva la posibilidad de financiar al Tesoro, uno de los compromisos económicos que el oficialismo presenta como centrales para consolidar su programa económico.

Como parte de esa estrategia política, Santilli confirmó durante la reunión que este jueves viajará junto al ministro Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, de Santiago del Estero, en el marco de la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Más allá de la inauguración de la obra, el viaje también se inscribe en la política de acercamiento que la Casa Rosada mantiene con gobernadores dialoguistas, cuyo respaldo continúa siendo clave para sostener la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

PL/CRM

“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

El rechazo de abajo

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti pidió que se le permita participar de forma remota en la sesión del Senado convocada para este jueves 6 de agosto, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno. La legisladora mendocina fundamentó el pedido en una indicación médica que le impide viajar desde su provincia a Buenos Aires, debido a que cursa la semana 32 de su embarazo. La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida a Victoria Villarruel, en su carácter de titular de la Cámara alta, y difundida además en un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora, y agregó que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y que “la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”. En el video, explicó que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire, y remarcó la diferencia con legisladores de distritos cercanos a la Capital: “Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

Fernández Sagasti aclaró que su capacidad para ejercer el cargo no está en discusión: “No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido”. También diferenció el planteo de la licencia por maternidad que le corresponde, que dijo que tomará “en su debido tiempo”: “Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

El pedido llega en la antesala de una sesión con final abierto. La reforma de la Ley de Tierras busca modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo modificó el proyecto original y, en lugar de eliminar el tope existente, propuso elevarlo del 15% al 25% del límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. El nuevo texto mantiene las restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, y conserva la potestad de las provincias para aceptar o rechazar solicitudes de adquisición y fijar sus propios límites porcentuales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto este martes a las 16 presentar oficialmente esas modificaciones en una conferencia de prensa.

Se trata del quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego, luego de que el oficialismo pasara a un cuarto intermedio el 16 de julio pasado por no contar con los votos necesarios. La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores propios y buscará sumar al PRO, la UCR y a bloques provinciales para llegar a los 37 votos requeridos.

La sesión tendrá, además, una particularidad institucional: Villarruel no la presidirá, porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su lugar, conducirá el debate el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendrá la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.

La interna en el oficialismo misionero entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua —que este lunes terminó de formalizar su ruptura con el histórico conductor al renunciar a Encuentro Misionero, el partido que ambos compartían hasta hace pocas semanas— podría tener el próximo jueves su primera consecuencia concreta en el Congreso. Después de casi tres años en los que los dos senadores de Misiones acompañaron disciplinadamente la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira y sostuvieron al gobierno de Javier Milei en prácticamente todas las votaciones decisivas, el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza con alterar esa dinámica.

El hermetismo es total y hasta último momento nadie se anima a dar por cerrado el escenario. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas a los involucrados, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce rechazarían el artículo que deroga la Ley de Tierras, el punto más controvertido del proyecto impulsado por la Casa Rosada. Las diferencias aparecerían en la votación en general: mientras Arce se inclinaría por acompañar el resto de la iniciativa, Rojas Decut también votaría en contra del proyecto completo. ¿Responderán los senadores al hombre que durante más de veinte años ordenó la política misionera o comenzarán a reflejar el nuevo equilibrio de poder que intenta construir Passalacqua?

La duda no es menor. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, Rovira se convirtió en uno de los aliados parlamentarios más confiables del oficialismo. Tanto los diputados como los senadores del entonces Frente Renovador de la Concordia —hoy rebautizado Encuentro Misionero— acompañaron casi sin fisuras las principales iniciativas del Gobierno. La única excepción aparente fue el episodio de Ficha Limpia, en mayo de 2025, cuando los votos de Rojas Decut y Arce terminaron siendo determinantes para que el proyecto fracasara.

Inmediatamente, sin embargo, esa votación comenzó a ser leída como el resultado de un entendimiento subterráneo orientado a impedir la sanción de una ley que hubiera fortalecido al PRO apenas una semana antes de las elecciones porteñas. El Presidente, después del escándalo, buscó despegarse públicamente de aquella maniobra y llegó a presentar el resultado como una traición de los legisladores misioneros. En la política provincial, en cambio, siempre predominó otra interpretación: que Rojas Decut y Arce no hicieron más que ejecutar una instrucción en el marco de un acuerdo previamente conversado con la Casa Rosada.

Esta vez el escenario es diferente. La resistencia a derogar la Ley de Tierras no nació en el entorno del histórico conductor, sino en el del actual gobernador. El gobierno de Passalacqua viene marcando desde hace semanas su rechazo a la iniciativa con un argumento político sencillo: para una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la cuestión de la tierra posee una sensibilidad histórica, eliminar los límites a la compra por parte de extranjeros implicaría asumir un costo político demasiado alto. El fin de semana terminó de reforzar esa posición cuando el mandatario apareció públicamente con una gorra que llevaba la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Detrás de esa discusión jurídica aparece, en realidad, otra mucho más profunda. La tensión entre Rovira y Passalacqua dejó hace tiempo de ser una simple disputa por nombres o candidaturas. También expresa dos estrategias distintas frente al Gobierno nacional. Mientras Rovira fue el principal arquitecto del entendimiento político con Milei y el encargado de garantizar el acompañamiento legislativo de Misiones desde diciembre de 2023, Passalacqua nunca terminó de sentirse cómodo con ese alineamiento. El gobernador debió administrar una provincia especialmente golpeada por el ajuste nacional, con una fuerte caída de la obra pública, un deterioro de las economías regionales y una crisis sin precedentes para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía misionera.

La tierra como frontera política

En Misiones hay una convicción que atraviesa a buena parte del arco político, incluso por encima de las diferencias partidarias: la tierra nunca fue considerada un activo económico más. Esa es una de las razones por las que el artículo del proyecto impulsado por Milei que elimina las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros terminó generando una reacción tan transversal. El rechazo no provino solamente de organizaciones rurales o ambientales, sino que también alcanzó a intendentes, productores, gremios y, ahora, al propio oficialismo provincial.

Los números ayudan a entender esa sensibilidad. Según el Quinto Informe del Observatorio de Tierras, Misiones es hoy la provincia argentina con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros: el 11,29% de su territorio —unas 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios de otros países. Distintas organizaciones provinciales sostienen incluso que el porcentaje asciende al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, donde la propiedad extranjera aparece distribuida entre distintos actores, en Misiones la concentración tiene nombre propio. La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná y otras sociedades vinculadas, controla alrededor de 240.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. La mayor parte de esas superficies se ubica sobre el corredor del río Paraná, precisamente la zona donde también se concentran algunos de los mayores niveles de extranjerización de toda la provincia.

Las consecuencias ya forman parte del debate cotidiano en varios municipios. En Puerto Libertad, por ejemplo, las autoridades locales sostienen que cerca del 80% de las tierras útiles pertenecen a una sola empresa, una situación que condiciona tanto la expansión urbana como la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Ese diagnóstico es compartido por numerosos intendentes y por más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales que durante las últimas semanas impulsaron movilizaciones y documentos públicos para reclamar a los legisladores nacionales que rechacen la derogación de la Ley de Tierras.

La discusión, además, llega en un momento especialmente delicado para la economía provincial. La crisis que atraviesa la producción yerbatera, sumada al deterioro de otras economías regionales, alimentó el temor de que muchos pequeños productores terminen desprendiéndose de sus chacras por necesidad económica. En Misiones, por eso, el debate no gira únicamente alrededor de quién puede comprar tierras. También alrededor de quién estará en condiciones de conservarlas.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eventual voto de los senadores misioneros excede ampliamente una discusión legislativa. Si finalmente Rojas Decut y Arce rechazan el artículo que deroga la Ley de Tierras, no solo marcarán distancia de una de las iniciativas más importantes impulsadas por la Casa Rosada. También reflejarán el nuevo equilibrio de fuerzas que comenzó a emerger dentro del oficialismo provincial, donde Passalacqua encontró en la defensa de la tierra uno de los primeros temas capaces de diferenciarlo abiertamente de la estrategia de acercamiento a Milei que Rovira impulsó desde el inicio del gobierno libertario.

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Durante más de dos décadas, en Misiones existió una certeza que parecía inamovible: el Gobierno provincial y Carlos Rovira eran, en los hechos, una misma cosa. Ese ciclo terminó este lunes. Hugo Passalacqua formalizó su renuncia a Encuentro Misionero, el partido que hasta hace pocos meses era la columna vertebral del Frente Renovador de la Concordia, y terminó de consumar una ruptura que ya había dejado de ser un rumor para convertirse en un hecho político de enorme magnitud.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones y quedó registrada este lunes a las 11.15. En el formulario, el gobernador escribió de puño y letra que renunciaba “en particular al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”. Horas después confirmó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje tan breve como contundente: “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”.

Desde el punto de vista administrativo, se trata apenas de una desafiliación. Desde el punto de vista político, en cambio, el gesto tiene un alcance mucho mayor. Passalacqua deja formalmente el partido que Rovira decidió crear como plataforma para ordenar su propia sucesión política. Del otro lado quedó el Gobierno provincial, que en las últimas semanas comenzó a reorganizarse alrededor del espacio que denominó Movimiento por lo que Viene y de una mayoría de intendentes, ministros y dirigentes que resolvió permanecer junto al actual gobernador.

La imagen resulta casi impensada para cualquier observador de la política misionera de los últimos veinte años. Por primera vez desde 2003, el gobernador de Misiones ya no integra el espacio político conducido por Rovira. Y, por primera vez desde que dejó la Gobernación, Rovira tampoco conserva influencia formal sobre la administración provincial que él mismo construyó.

La ruptura venía gestándose desde hacía meses. Primero aparecieron las diferencias alrededor de la sucesión de 2027. Luego llegaron el lanzamiento de Encuentro Misionero, la resistencia de Passalacqua a incorporarse al nuevo esquema partidario, el respaldo de la mayoría de los intendentes al gobernador y las críticas cada vez menos disimuladas al armado político impulsado por Rovira alrededor del vicegobernador Lucas Romero Spinelli y de su hijo Ramiro.

La renuncia conocida este lunes también repercute sobre el tablero nacional. Llega apenas tres días antes de la sesión del Senado en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, especialmente, el artículo que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Como pudo saber elDiarioAR, el voto de los senadores misioneros podría reflejar por primera vez la nueva correlación de fuerzas dentro del oficialismo provincial y apartarse de la estrategia parlamentaria que Rovira sostuvo junto a la Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei al poder.

Hasta hace muy poco, semejante escenario habría parecido imposible. Rovira había construido buena parte de su poder alrededor de una premisa sencilla: podía retirarse de los cargos sin abandonar nunca el gobierno. Esa lógica le permitió dejar la Gobernación en 2007 y seguir conduciendo la política provincial durante casi dos décadas desde la presidencia de la Legislatura. Lo que comenzó a resquebrajarse durante los últimos meses es justamente ese mecanismo y nada indica que vaya a haber marcha atrás.

PL/CRM

Patricia Bullrich comprobó durante el fin de semana que no están los votos para aprobar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de un puñado de díscolos radicales y de fuerzas provinciales usualmente aliadas, que le hicieron saber que no acompañarían el capítulo en la sesión del jueves, la obligó a ensayar una modificación de último momento: aumentar del 15% al 25% el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y enterrar, así, la fantasía desreguladora de Federico Sturzenegger.

La jefa del oficialismo se lo estaba anunciando este lunes temprano a la mañana al resto de sus compañeros de La Libertad Avanza en el Senado: sin los votos garantizados de todo el bloque radical y de los senadores misioneros y santacruceños, el capítulo que avanzaba con la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros amenazaba con caerse en la votación en particular. Ella proponía, a sugerencia de los aliados con los que había conversado el viernes, dejar fijo un tope, pero aumentarlo a un 25%. Que es el mismo que tiene, por ejemplo, Brasil.

“Yo el proyecto así no lo acompaño”, le hizo saber a Bullrich, a través de Eduardo Vischi (jefe de bloque radical), uno de los senadores radicales que mantenían su voto en suspenso. La jefa del oficialismo necesita que al menos 9 de los 10 radicales acompañen la iniciativa para poder estar tranquila, pero el rechazo hasta ahora de Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y, su vez, de la chubutense Edith Terenzi, le arruinaba los planes.

Este lunes el bloque libertaria buscaba acordar la estrategia parlamentaria definitiva, en una semana marcada por varios movimientos: el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre el miércoles y el jueves, y el Ejecutivo quedará a cargo de Victoria Villarruel, quien no podrá presidir la sesión agendada para el jueves sobre la ley de Propiedad Privada. La vice ya se manifestó en contra del proyecto libertario y desde la Casa Rosada ya le pidieron explícitamente que renuncie a su cargo.

La iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas fue craneada por el ministro Federico Sturzenegger luego del Consejo de Mayo, donde tuvo visto bueno de los gobernadores hasta que se conoció la letra chica. Fuera del capítulo de Tierras –que en el último borrador conocido elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras–, endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El volantazo para conseguir el apoyo de los aliados quedaría certificado en una conferencia de prensa que Bullrich analiza dar este martes. “Va a haber algunos cambios pero todavía seguimos trabajando en la redacción”, comentó a este medio uno de los negociadores del oficialismo.

MCM/MC

El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

El próximo jueves, el Gobierno intentará aprobar, por quinta vez, la ley que elimina los límites a la venta de tierras nacionales al capital extranjero. No le sobran los votos: Patricia Bullrich trabaja para tranquilizar a los radicales díscolos y a los provinciales incómodos con la iniciativa, pero la masiva movilización convocada para el 6 de agosto empieza a pesar sobre las negociaciones. La oposición está a dos votos de voltear el capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y juega a su favor una aliada inesperada: Victoria Villarruel.

La vicepresidenta viene manifestando su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hace tiempo. En la previa de la última sesión en el Senado, luego de la victoria de Argentina contra Inglaterra, Villarruel se trenzó a los insultos con Bullrich por Whatsapp para evitar que se tratara la iniciativa al día siguiente. “Quieren vender el país. Como se nota que la integridad territorial no les importa nada”, le espetó la vice, que aspira a reciclarse como una “nacionalista” de derecha con algunos sectores del peronismo.

La discusión –que terminó con Bullrich pidiéndole la renuncia por chat– continuó al día siguiente, cuando la jefa del oficialismo tuvo que suspender la sesión y convocar a un cuarto intermedio porque no tenía los votos para aprobar el proyecto. Uno de los culpables fue el propio autor del proyecto, Federico Sturzenegger, quien se rebeló ante una de las modificaciones que había negociado Bullrich para conseguir el apoyo de los gobernadores, el famoso artículo 25 que garantiza a las provincias “jurisdicción plena” sobre sus tierras y recursos naturales.

La senadora logró convencer al ministro de Desregulación la semana pasada, pero para entonces ya era tarde: la campaña de rechazo había comenzado.

La campaña que mueve los votos

Villarruel no es la única que está colaborando con José Mayans, el jefe del interbloque peronista, para boicotear el capítulo que modifica la ley de Tierras, elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras. La demora en la aprobación del proyecto —que ya fue modificado quince veces e intentó aprobarse en cuatro oportunidades— le dio tiempo a la oposición para instalar el debate en las redes sociales. Lo que hasta hace unas semanas era una discusión casi exclusivamente parlamentaria empezó a traducirse en un costo político para los senadores indecisos.

Según una encuesta de Zubán Córdoba, el 77% de los argentinos está de acuerdo en que hay que ponerle límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El tema, que venía pasando desapercibido, se instaló en la agenda y diversos sectores de la oposición aprovecharon para utilizarlo como bandera contra Javier Milei.

El peronismo se puso al frente, pero también el Comité Nacional de la UCR, que preside Leonel Chiarella, emitió un comunicado pidiéndole a sus senadores que no acompañen el proyecto. Hasta la CGT, que venía dilatando su respaldo a la marcha convocada para el 6 de agosto, anticipó que movilizaría al Congreso en contra de la ley, junto a las CTA y las organizaciones sociales.

El ojo está puesto en el bloque radical y las fuerzas provinciales, que conforman la base de apoyos del Gobierno en el Senado. Bullrich hace números y contabiliza a su favor unos 34 votos firmes a favor: La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y los provinciales como el correntino “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila. Mayans hace lo mismo y calcula unos 33 votos en contra: el éxito de la maniobra para voltear dependerá de cuántos radicales acompañen la ley y de la interna misionera.

La ruptura del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el líder indiscutido del oficialismo provincial, el mandamás Carlos Rovira, desató una crisis en la red de alianzas del Gobierno. Los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, responden a Rovira, que es quien negocia con el Gobierno, pero Passalacqua está presionando para que voten en contra de la iniciativa. Misiones es el ejemplo más extremo de la extranjerización de la tierra: el 11,29% de la provincia ya está en manos extranjeras –en su mayoría de una sola empresa, la forestal chilena Arauco– y más de 30 organizaciones productivas, políticas y sindicatos publicaron un comunicado rechazando el proyecto alegando que iba en contra de las economías regionales.

Passalacqua les hizo saber a Arce y Rojas Decut del rechazo casi unánime al proyecto en la provincia. Hasta ahora, los senadores misioneros acompañaron al Gobierno en casi todas las votaciones –la más importante fue cuando, a pedido del Gobierno, hicieron caer la sanción de la ley de Ficha Limpa–, pero la oposición apuesta a que acompañen la ley en general y, luego, en la votación en particular, ayuden a voltear el capítulo de tierras.

En ese caso, el resultado de la votación dependerá del bloque radical y de un puñado de senadores que integran fuerzas provinciales. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, es socio de Bullrich y acordó negociar algunos puntos de la ley a cambio de los votos del bloque. Fue así que se eliminó el capítulo que habilitaba los desalojos en los barrios populares, y se introdujeron algunos cambios en el capítulo de Tierras, como la limitación a la compra de tierras por parte de estados nacionales y la exigencia de un acuerdo de los gobiernos provinciales para la venta de tierras en zona de frontera.

El Gobierno necesita que al menos 9 de los 10 senadores radicales den quórum y acompañen la ley –el bonaerense Maximiliano Abad ya anticipó que no acompañará el capítulo– y necesita que algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, se plieguen a la decisión del bloque. Lo mismo ocurre con la chubutense Edith Terenzi, que es radical pero no integra el bloque.

La apuesta de la oposición es que la movilización del miércoles incline a los indecisos antes de la sesión. La cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, era una incógnita y se apuró a adelantar, vía redes sociales, que ella votaría en contra del proyecto. “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, aseguró, el viernes por la tarde.

El Gobierno necesita llegar a los 36 votos, que es la mitad del recinto. Si no lo consigue, el capítulo de tierras corre riesgo de caerse. Y aun si la votación terminara empatada, el desenlace no está asegurado: Villarruel ya anticipó que desempataría en contra del proyecto, pero el viaje de Milei a Colombia podría dejarla al frente del Poder Ejecutivo y quitarle esa posibilidad. En ese escenario, el voto decisivo quedaría en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

“Tenemos a muchos que nos prometen que votan en contra, pero habrá que ver si lo sostienen cuando aparezca un ATN o un regalo la semana próxima”, ironiza una senadora que participa de las negociaciones.

MCM/MG

Carteles pegados en las inmediaciones del Congreso. Un banderazo en el Obelisco. Un verdurazo sobre avenida Rivadavia. Volanteadas en estaciones de trenes del conurbano. La proyección del documental “La tierra explota” en el cine Gaumont, en CABA. Grupos de WhatsApp que coordinan acciones diversas federales: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Paraná, La Rioja, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén. Publicaciones en Facebook con las líneas de contacto de los senadores para llamarlos. Mensajes sueltos en encuestas sobre compras de productos, como el que dejó una mujer en la web de YPF: “Defendamos lo nuestro, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. La energía es un recurso estratégico, que tiene que estar en manos del país, no de una YPF gringa. El 6 de agosto ponete la camiseta del país, defendamos lo nuestro”. Individuales, colectivas, chicas y grandes, acciones de diversos tipos se propagan de manera subterránea en todo el país como resistencia autoconvocada a la ley de Propiedad Privada, que el Gobierno buscará aprobar en el Senado el próximo jueves.

La agenda que circulan los grupos autoconvocados confirma la dispersión de acciones y propuestas. Este viernes hubo asamblea abierta en el hall de la terminal de El Chaltén, en Santa Cruz; cine debate en pleno centro de Córdoba capital y asamblea en la sede de UnTER en Bariloche, mientras que el jueves Jujuy tuvo su banderazo en la Plazoleta Eva Perón y Santa Fe encadenó cinco banderazos simultáneos en Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Para este sábado se anuncian banderazos en Baradero, en Gualeguaychú –en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera–, en Paraná, en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en el Complejo Municipal Xamena de Salta y en la plaza San Martín de La Pampa, además de un semaforazo en Concordia y el banderazo que llevará a los porteños desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Y el jueves 6, día de la votación, la lista prevé, además del abrazo al Congreso nacional, movilizaciones simultáneas en Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y buena parte del Gran Rosario, entre decenas de puntos más a lo largo del país.

Detrás de esa dispersión hay una estructura. Una comunidad de WhatsApp organizada bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” nuclea a cientos de personas repartidas en grupos por ciudad y provincia, y funciona como columna vertebral de la convocatoria al Congreso. Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, es una de las voces que coordina la red: cuenta que además de las acciones callejeras hay un trabajo de bajo perfil llegó a obispos y también a senadores que todavía dudan cómo votar, sostenido en reuniones virtuales de hasta 250 personas de distintos puntos del país.

La adhesión sindical se fue sumando en capas. Primero la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Después las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales de la UTEP. La CGT, como anticipó elDiarioAR el jueves, confirmó que también marchará de forma orgánica, un escalón más en la agenda de protestas que el triunvirato sindical armó para la segunda mitad del año. Se espera una conferencia el miércoles sobre la organización de la protesta frente al Palacio Legislativo.

A esa lista se agregaron pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en contra del proyecto.

La foto se completa al día siguiente: el 7 de agosto es San Cayetano, y la CGT, las dos CTA y la UTEP ya anunciaron que participarán de forma orgánica de la peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que ese día cumple una década de su primera edición. La caminata de Liniers a Plaza de Mayo funcionará como una segunda tanda de presión sobre el mismo reclamo, ya que la CTA de los Trabajadores incorporó el rechazo a la ley de extranjerización de tierras entre las banderas de esa jornada, junto con el repudio a la privatización de AySA y el planteo previsional.

Lo que el oficialismo llevará al recinto el jueves es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas y que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Fuera del capítulo de tierras, el proyecto endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El capítulo que concentra el rechazo, sin embargo, es el que reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Hoy esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, baja ese tope al 30% para una misma nacionalidad, impide comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

“El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (...) Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno”, reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El dictamen que Patricia Bullrich llevará al recinto deroga ocho artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio, y solo deja en pie una prohibición: ningún Estado extranjero, ni una empresa con participación estatal extranjera, podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras no habrá techo de hectáreas. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, resumió Bullrich, aunque aclaró que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.

La versión número 15 del proyecto circula ahora entre los bloques aliados, después de que Bullrich y Sturzenegger buscaran destrabar la semana pasada el nudo del artículo 25, el que fija cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre venta de tierra a extranjeros y que había obligado a un cuarto intermedio en pleno recinto. Pero la sesión del jueves no está garantizada: ya fue pospuesta cuatro veces y en el Senado el oficialismo no parece tener una mayoría firme.

“Siguen sin tener los números asegurados. Habría que preguntarle a Sturzenegger qué piensa de los cambios en el artículo 25”, lanzaron ante elDiarioAR una fuente del radicalismo, que votaría dividida. Los cálculos más informales hablan de un empate técnico, con 33 o 34 votos para cada lado, y todas las miradas –oficialistas y opositoras– convergen en Misiones, donde los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut llegan presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras. Bullrich tiene en agenda entrevistarse con los aliados el martes y miércoles, para tener el poroteo final de la sesión. Será en paralelo a la sucesión de acciones callejeras de los grupos autoconvocados.

MC