En nuestra realidad, en este momento dominada a la vez por lo trágico y desopilante, se invierte la premisa –de dudosa validez– según la cual “la necesidad no conoce ley”, para pasar a que “la ley –o mejor los decretos– no conocen la necesidad”. Hace treinta años, en circunstancias diferentes, aunque un tanto menos problemáticas que las actuales, se introdujeron en nuestra Constitución Nacional los llamados “decretos de necesidad y urgencia”, viables “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes” (art. 99 inc. 3º).

Lo cierto es que, a renglón seguido, se establece un régimen muy particular, único en el derecho constitucional comparado, y que, en definitiva, deja lo que el Congreso haga en cada caso librado a las resultas de una ley especial sancionada por la mayoría absoluta del propio Congreso, que es la ley 26.122 de 2006, cuyo art. 24 establece: “El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Dicho de otro modo, el Poder Ejecutivo legisla y sus “leyes” (decretos) son ley, con la misma eficacia que las sancionadas por ambas Cámaras del Congreso, si una de su dos Cámaras se limita a no rechazarlo, es decir, guarda silencio.

De este modo, la excepción se convierte en regla, en abierta contradicción con la norma general del segundo párrafo del mismo inciso 3º del art. 99: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Como puede verse, esta regla no rige cuando una de las Cámaras no rechaza el decreto, se limita a no hacer nada, en cuyo caso pasa a ser “ley” de la Nación.

Bien, pero en el plano de lo que “debe ser”, eso solo sucedería cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, como si sufriésemos un terremoto, para mencionar un ejemplo extremo. ¿Pero quién juzga cuándo se dan estas circunstancias? ¿Quién controla la existencia de las “circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia” que requiere la Constitución? Pues, simple y sencillamente, el propio Poder Ejecutivo y una Cámara que se limite a guardar silencio, condición esta última que nunca es difícil de obtener, porque siempre se está en condiciones de negociar algo con un Ejecutivo que tiene demasiadas armas para amenazar como, por ejemplo, no remitir dinero a las provincias.

¿Y el Poder Judicial? Si formulásemos esta pregunta en público, con seguridad veríamos sonrisas irónicas y hasta escucharíamos alguna carcajada. Por eso, no abundaremos en esto, dado que en varias oportunidades precisamos que tenemos una magistratura, pero sufrimos la histórica carencia de un Poder Judicial, al menos conforme a lo que por tal se entiende en todo en derecho comparado.

En consecuencia, como los decretos –llamados de necesidad– se permiten desconocer la necesidad, de conformidad con la inversión de la premisa sentada al comienzo, cualquier cosa puede ser “necesaria” y responder a supuestas “circunstancias excepcionales”. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo, que según nuestra Constitución es unipersonal, ejerce funciones legislativas sin control del Judicial y lo hace según lo que crea “necesario”. Así, desde hace treinta años, hay leyes sancionadas por el Ejecutivo y el silencio de una Cámara.

El decreto 70/2023 es un desfachatado abuso de poder del Ejecutivo

Por supuesto que, con semejante poder incontrolado, se llega a situaciones desopilantes. El actual Ejecutivo emitió el decreto 70/2023 que tiene 83 páginas y contiene 366 artículos sobre las más dispares materias. En el segundo de ellos establece la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, al tiempo que impone al Estado la promoción de “un sistema económico basado en decisiones libres”.

La ley 20.655, sancionada en marzo de 1974 y conocida como “Ley del deporte”, es la que desde hace cinco décadas regula el sistema institucional del deporte y la actividad física. Pues bien: el artículo 333 del desopilante “decreto de necesidad y urgencia” emanado del Poder Ejecutivo inmediatamente a la asunción del nuevo titular, o sea, en diciembre de 2023, introduce en esa ley un artículo 19 bis., por el cual se consideran “asociaciones civiles deportivas” a las previstas en el art. 168 del código civil y comercial, o sea, a las personas jurídicas sin fines de lucro (como hasta ahora son nuestros “clubes”) pero en un segundo párrafo agrega a las sociedades anónimas de la ley 19.550.

Esta es la gran novedad del decreto 70/2023, o sea que, según el Ejecutivo, es de “necesidad y urgencia” habilitar a las sociedades anónimas a asumir la función hasta ahora desempeñada por nuestros tradicionales y queridos clubes de fútbol. A criterio de nuestro Poder Ejecutivo, es una cuestión que no admite dilación, pues pareciera creer que “circunstancias excepcionales” hacen imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Es obvio que a todas luces esto es un desfachatado abuso de poder del Ejecutivo, pues nada hay que impida un debate al respecto y el correspondiente trámite legislativo.

Nadie es ingenuo y, por supuesto que todos sabemos que en torno del fútbol también se mueven grandes sumas de dinero y poderosos interesas. También sabemos que en otros países se ha habilitado la inversión privada bajo diferentes condiciones (sociedades mixtas, sociedades anónimas con especiales características y otras formas de participación ), lo que podría ser materia de un debate público y abierto. Pero aquí no hubo debate alguno y tampoco ninguna condición o régimen especial, sino que, dada la pretendida “necesidad y urgencia” se libera simple y sencillamente a cualquier sociedad anónima la posibilidad de reemplazar a nuestras sociedades civiles sin fines de lucro, es decir, a nuestros “clubes” de siempre.

En verdad, hemos afirmado algo inexacto, porque hay urgencia y no quieren demoras quienes pierden saliva por las comisuras y se frotan las manos viendo la posibilidad de participar en el festín de la desregularización, explotando el popular “capital emocional” del fútbol, porque ahora todo es “capital” ¿O acaso no hay un ministerio que hace de lo humano un “capital”? Nada puede extrañarnos en este contexto desopilante.

Hay urgencia y no quieren demoras quienes pierden saliva por las comisuras y se frotan las manos viendo la posibilidad de participar en el festín de la desregularización

Este despropósito, bien entendido, además de la posibilidad de abrir las puertas a la criminalidad organizada y al reciclaje de dinero de cualquier procedencia, se encamina a la destrucción de lo que hasta ahora nadie puso en duda y, por cierto, no nos fue nada mal en el fútbol con nuestros “clubes” tradicionales. Todo aconseja que, cuando algo funciona bien, lo mejor es no tocarlo. Pero, precisamente porque funciona bien, se convierte en una atracción para quienes ven en eso una fuente de negociados fáciles, es decir, algo que no importa destruir con tal de obtener ganancias.

En favor de los buitres que miran al fútbol como un puro negocio, el actual Ejecutivo siguió avanzando y, dada la “necesidad y urgencia” de esas aves carroñeras –con perdón de la metáfora, porque ellas también contribuyen a la ecología–, emitió el decreto 730/2024, por el que impone a las federaciones la obligación de adecuar sus estatutos a los términos del decreto 70/2023 en un año, o sea, que les prohíbe que en sus estatutos excluyan de sus competencias a los clubes que se conviertan en sociedades anónimas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) define en su estatuto el concepto de “miembro” como “asociación civil con personería jurídica (club o liga) en los términos expuestos por el Código Civil y Comercial de la Nación, Libro I, título II, Capítulo 2”, o sea, la persona jurídica que, conforme al art. 168 de ese código, “no puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros”.

Como queda claro, en su incontenible omnipotencia, el Ejecutivo se mete en el estatuto de la AFA y le obliga a dejar de lado la limitación a las personas jurídicas sin fines de lucro, para abrirse a las sociedades anónimas con claro y específico fin de lucro. Contra este acto incalificable de autoritarismo se han obtenido un par de medidas cautelares en tribunales, pero la cuestión queda abierta, puesto que no se sabe cuál será el destino de esas decisiones en otras instancias.

Aunque a nuestro juicio nada indica la conveniencia de alterar el actual sistema que limita nuestros “clubes” como sociedades civiles sin fines de lucro (quizá agregándole algunos controles más estrictos a fin de evitar eventuales quiebras), admitimos que pueda abrirse un debate honesto al respecto, pero lo inadmisible es que sin debate, sin información a la opinión pública, sorpresivamente, por un simple acto del Ejecutivo de turno, en medio de un desopilante decreto, invocando una “necesidad y urgencia” que solo puede ser la de los siempre sedientos de negociados, se abra el juego a las sociedades con fines de lucro sin limitación ni condición alguna, es decir, se arroje el fútbol a una voracidad que “no conoce ley”.

Esta voracidad que “no conoce ley” no se agota en una más de las múltiples formas de entrega colonial de la Nación, sino que, en el caso particular del fútbol, hay algo más, algo más perverso, que es el debilitamiento del sentido de comunidad. Nadie ignora que el fútbol mueve multitudes, que apasiona, que incluso define identidades, aúna a personas que piensan de modo muy diferente, pero que se sienten integradas a una comunidad, genera ámbitos de coexistencia que no se dan en otro marco, es decir, crea un vínculo social muy particular y diferente, que se mueve y conmueve en función de emocionalidad, entrando en juego la afectividad como no sucede en otros ámbitos y que, por esa vía, refuerza sentimientos de pertenencia, incluso nacionales: nadie puede negar que emocionalmente se refuerza el sentimiento nacional cuando ganamos un campeonato y, hasta el más desinteresado por el tema, no deja de sentir un particular orgullo.

Todo lo anterior, sin contar con las múltiples actividades que sostienen nuestros “clubes”, en lo educativo, en lo sanitario, en el fomento de la barriada de pertenencia, es inadmisible que se libere sin limitación alguna a la voracidad de quienes solo ven en eso la posibilidad de un negocio, sin caer en la cuenta de que, además del negocio (o “negociado”), se trata de una cruel tentativa de debilitar aún más los vínculos de nuestra desconcertada sociedad, para pretender profundizar la sensación de soledad y aislamiento, propia de un mal entendido individualismo patológico, solo útil para impedir cualquier resistencia.

No solo se trata de destruir al Estado para dejarlo más indefenso frente a la voracidad financiera transnacional, sino de destruir a la sociedad misma. La “sociedad” no es un frasco lleno de seres humanos, sino las relaciones entre éstos, es decir, la interacción humana. Dos ejércitos que luchan son una relación humana de conflicto, dos gobiernos que acuerdan una unidad aduanera son una relación humana de cooperación, pero dos ejércitos que pasan al lado sin verse o dos gobiernos que se ignoran no son ninguna relación humana. Insistimos: la sociedad no es un simple frasco lleno de humanos, sino el conjunto e intensidad de las relaciones entre ellos.

Esto es lo que se intenta desbaratar. Para comprender la verdadera dimensión de la agresión al fútbol argentino, queriendo reducirlo a un negocio de sociedades anónimas sin limitación alguna, debe vérselo insertado en nuestro actual contexto: se ha ido contra la sanidad, contra la obra pública, contra la educación gratuita, contra las universidades, contra los científicos, contra los jubilados y, también, contra el fútbol. No se trata solo de “destruir el Estado” sino también –y fundamentalmente– de destruir la sociedad, para impedir cualquier resistencia a la entrega descarada y confesa como nunca antes.

No le damos consejos a nadie, pero si se los tuviésemos que dar al Ejecutivo, le diríamos que en esta materia tenga especial cuidado, porque si bien en todos los múltiples frentes que abre enfrenta a seres humanos que no se mueven solo por la racionalidad sino también por la afectividad, en la cuestión del fútbol la esfera afectiva está mucho más comprometida que en los otros casos, no se excluye –por supuesto– la esfera racional, pero entra en juego sobre todo y de sobremanera la emocional y, cuando se tocan esos resortes, debe tenerse especial cuidado y manejarse con suma delicadeza. Hasta ahora lo ha hecho con la que le conocemos como habitual, es decir, con la de un elefante en un museo de porcelanas o quizá, con la de un simio con ametralladora.

*El autor es profesor emérito UBA y fue juez de la Corte Suprema de Justicia (2003-2014).

MC

Esta semana se conoció que Invap, el instituto que desarrolla y fabrica tecnología nuclear, espacial y médica dejó de ser una sociedad del Estado rionegrino para convertirse en  una sociedad anónima. Esto se interpretó como un paso previo a la privatización ya que habilitaría la entrada de nuevos accionistas. Por este motivo, y según pudo saber elDiarioAR, su directorio trabaja en un nuevo estatuto para “minimizar” el impacto que podría tener la nueva forma jurídica. 

Este cambio en la forma societaria, aclaran fuentes cercanas a la empresa, fue realizado para adaptarse a lo dispuesto en el DNU Nº70/2023, que elimina la figura jurífica de “Sociedades del Estado”. No implica, en principio, una privatización ni un cambio en su propiedad. La provincia de Río Negro continuaría siendo el único accionista de Invap, manteniendo así el control total.

Según publicó el Diario Rio Negro, un portavoz de la empresa dijo que lo que hacen es Wadaptar su forma societaria por obligación del DNU 70/2023 pero no cambia ni la propiedad ni la gobernanza compartida con Comisión Nacional de Energía Atómica“.

De todos modos, el cambio a Sociedad Anónima Unipersonal podría facilitar la entrada de nuevos accionistas, por lo que en Invap están trabajando en un nuevo estatuto que blinde a la empresa de ciertos efectos. Está previsto que el directorio de Invap emita un comunicado oficial en los próximos días para aclarar la situación y disipar las dudas generadas en torno a la transformación jurídica.

Las especulaciones surgieron a raíz de una presentación de un “hecho relevante” en la Comisión Nacional de Valores (CNV) referido a la asamblea del pasado 28 de octubre en referencia a la transformación de la empresa provincial en S.A.U. “El gobierno de @JMilei y sus aliados locales que sostienen el DNU 70/23, permiten que hoy el @invapargentina se convierta en Sociedad Anónima con el fin de privatizarla”, publicó en X el senador rionegrino Martín Doñate. 

“En la Asamblea General Extraordinaria del 28 de octubre de 2024 (la ”Asamblea“), la Sociedad ha resuelto transformarse en sociedad anónima unipersonal con efectos legales, contables y fiscales, a partir de que se apruebe el nuevo estatuto social, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el DNU N° 70/2023”, informaba la carta rubricada por la responsable de relaciones con el mercado, Ana Cabrera.

Asimismo, en el documento se agrega que “la Asamblea ha resuelto pasar a un cuarto intermedio a reanudarse el 20 de noviembre de 2024 a las 14:00, a fin de considerar la consecuente reforma de estatuto y el balance especial de transformación”.

Invap es una empresa argentina líder en el desarrollo de tecnología de alta complejidad, con una trayectoria de 48 años y más de 1.700 empleados. La empresa desarrolla y fabrica una amplia gama de productos, incluyendo reactores nucleares, satélites, radares y centros de medicina nuclear, y tiene clientes en los cinco continentes. Debido a su éxito y sus ingresos multimillonarios, Invap nunca necesitó aportes estatales.

LG/DTC

Con la consigna “La Patria no se vende”, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó formalmente este jueves a la movilización que realizará el próximo miércoles 1 de mayo por el Día del Trabajador y la Trabajadora.

La concentración será a partir de las 10 de la mañana en la avenida Independencia y Defensa, para marchar hacia donde se encuentra el monumento al Trabajo, en la avenida Paseo Colón al 800, en la zona del bajo de la ciudad de Buenos Aires.

Con la consigna “La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, la central obrera publicó este jueves en sus redes sociales un video con la convocatoria a la marcha.

El plan de lucha de la CGT

En el marco del plan de lucha anunciado semanas atrás, la CGT participó esta semana de la multitudinaria marcha nacional universitaria; realizará otra demostración masiva de convocatoria el próximo miércoles por el Día del Trabajador y, la otra semana -el jueves 9 de mayo- llevará adelante el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei.

El primer paro de 24 horas contra el gobierno de La Libertad Avanza se realizó el 24 de enero.

Días atrás, el cotitular de la CGT y secretario general del gremio de los trabajadores de la sanidad, Héctor Daer, explicó que en el acto por el Día del Trabajador “la reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo”.

Un monumento emblemático

El denominado Monumento Canto al Trabajo –hacia donde marchará la CGT el 1 de mayo- es un grupo de esculturas, obra del artista argentino Rogelio de Yrurtia (1879-1950), que fue realizado en París en 1907. 

En el monumento se distinguen 14 figuras en bronce que arrastran una gran piedra, símbolo del esfuerzo del trabajo humano en pos del progreso. Las cinco siluetas que marchan adelante representan a la familia: el padre, que avanza en actitud serena y de espera; la madre, que mira a lo lejos como escudriñando el futuro de sus hijos; y los tres niños, símbolo de esperanza.

La CTA-A lanzó la campaña nacional “1 millón de firmas para derogar el DNU 70/23”

La conducción nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), al mando del estatal Hugo Godoy, lanzó este jueves la campaña “1 millón de firmas para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23”, informó la entidad. 

Además, la central obrera ratificó la movilización del 1º de Mayo y el paro nacional del día 9 de ese mes y la jornada nacional de lucha del 30 de abril con el Frente de Gremios Estatales (FGE).

La Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA-A definió y ratificó este jueves el plan de lucha, que incluye paros, movilizaciones, actividades callejeras y campañas para “frenar al Gobierno”, aseguró.

La campaña nacional para derogar el DNU es una iniciativa de la que se encargará la militancia y el activismo de la CTAA para derogar y anular el DNU, que expresa “una reforma constitucional de facto”, y será callejera y digital a partir de la semana próxima, dijo Godoy.

La central obrera ratificó su participación en la marcha del 1° de Mayo hacia el Monumento al Trabajo junto con la CTA de los Trabajadores, la CGT y la UTEP, y respaldará las iniciativas en cada provincia.

También participará el martes próximo en la jornada nacional de lucha del Frente de Gremios Estatales y Sindicatos de Empresas Públicas, durante la cual se instalarán mesas y gacebos frente al Congreso, aunque esa protesta podría adelantarse si el Gobierno no convoca de forma inmediata a paritarias a la ATE para determinar un aumento salarial para el mes de abril.

Para ese día, el Gobierno convocó a sesión del Consejo del Salario para definir el nuevo monto del haber mínimo, vital y móvil, por lo que la CTA-A reseñó que “en el último encuentro del organismo en febrero la Secretaría de Trabajo montó una farsa junto a los empresarios y no hubo acuerdo entre las partes”, razón por la cual la central obrera adelantó que en esta oportunidad ratificará su planteo de otorgar “una suma importante ante la permanente caída de los salarios”.

Fuente: somostelam.com.ar

IG

El Senado rechazó el DNU 70/2023. No es la primera vez que ocurre, como ha divulgado erróneamente el Presidente, pero tampoco es algo frecuente. De los cientos de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado desde la reforma constitucional de 1994, esta es la sexta vez que una de las Cámaras del Congreso rechaza uno (le había ocurrido dos veces a Cristina Fernández y tres a Mauricio Macri). La pésima Ley 26.122, sancionada en 2006, ha promovido una permisividad pasiva frente a ellos: como alcanza con una sola Cámara para mantenerlos en vigencia, en el mejor de los casos el oficialismo de turno los trataba en la Cámara en la que tenía mayoría para aprobarlos y luego se volvía inútil tratarlo en la otra. En consecuencia, no hemos construido una práctica seria de control parlamentario sobre los decretos de necesidad y urgencia, como manda la Constitución.

En unas semanas, probablemente será el turno de la Cámara de Diputados. La cuestión reviste una importancia política fundamental que otros sabrán explicar mejor que yo. Es verdad que sería la primera vez que ambas Cámaras del Congreso rechacen un DNU desde que el procedimiento fue creado; también es verdad que jamás un presidente había elevado la apuesta de este modo en relación con un decreto, dándole dimensiones refundacionales y planteando su aprobación como una cuestión existencial. Políticamente, entonces, se trata de encontrar una salida elegante al atolladero en el que el Presidente ha decidido, con toda voluntad, sumergir al Congreso. No sé cómo se hace ni tengo mucho para decir al respecto.

Sin embargo, sí me interesa hablar sobre la cuestión en términos institucionales. Si bien la Ley 26.122 exige a los legisladores expedirse acerca de la “validez” del decreto según “requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente” (en otras palabras, sobre su constitucionalidad), los senadores oficialistas y filo-oficialistas casi ni lo intentaron: se dedicaron a acusar a los opositores de hipocresía (“ahora son todos constitucionalistas”, era el tono general) o de denunciar genéricamente la gravedad de la situación económica como si ésta volviera innecesaria cualquier justificación. A tal punto fue evidente la renuncia del oficialismo a defender la constitucionalidad del DNU, que un senador opositor se burló de un par libertario: “Tenía miedo de defender esto, como es abogado le van a sacar la matrícula”. 

Ante esta situación, parece ocioso argumentar contra una constitucionalidad que nadie defiende. Dado que un DNU es de toda excepcionalidad, pesa sobre quien lo defiende la carga de argumentar su validez. Sin embargo, nadie en el Senado sostuvo seriamente que había que votar el DNU por ser constitucional; el argumento general fue que había que votarlo a pesar de no serlo. El senador Luis Juez fue el más claro en este sentido: “Por supuesto que este es un manual de buenas intenciones con un montón de agujeros jurídicos horribles [pero] ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad, para eso está la Corte”. Es importante resaltar, frente a la inminencia de la discusión en la Cámara de Diputados, que este argumento es erróneo y peligroso: necesitamos que el Congreso piense y decida sobre el DNU 70, también, en términos constitucionales.

Siempre el Congreso se encuentra realizando interpretación constitucional. Hay veces que lo hace de modo preventivo: numerosos académicos han estudiado cómo los poderes legislativos en todo el mundo intentan evitar sancionar normas que luego podrían ser declaradas inconstitucionales por sus respectivos poderes judiciales. Si un senador cree que el DNU 70 es contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema (como lo es, según el consenso de los expertos), votar por aprobarlo es un desafío a la Corte. Ocasionalmente, desafiar a la Corte puede ser políticamente necesario para modificar prácticas anquilosadas (así se gestó, por ejemplo, el New Deal estadounidense); lo que no se puede es disfrazar ese desafío de deferencia impotente. Si lo que desea el Congreso es desafiar a la Corte aprobando un DNU que sabe inconstitucional, nos conviene en todo caso que nos lo diga.

Otras veces, y las más interesantes, el Congreso realiza interpretación constitucional porque la Constitución no es un documento que esté reservado a expertos ni a iluminados: es la norma que rige nuestra vida en común, y las disputas políticas son también una disputa por el sentido constitucional. La discusión sobre el matrimonio igualitario fue, también, una disputa sobre el significado constitucional de la igualdad y de la familia; la persistente lucha por el aborto es, también, una discusión sobre los valores constitucionales de la vida y de la libertad. El presidente Milei es tal vez uno de los políticos más conscientes de esto, y por eso le pidió al Congreso, de modo explícito, que sancionara la ley ómnibus para “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”. La política y el derecho, en definitiva, comparten la ambición de regir nuestra vida en común. Un argumento político que prescinda del derecho sería tan hueco como uno que ignore que el derecho es, si me perdonan la metáfora, política condensada.

Al enfrentarse al DNU 70, entonces, la Cámara de Diputados estará también moldeando nuestro derecho y nuestra práctica constitucional. Si lo aprueba, se habrá expedido por la constitucionalidad de un decreto que a sola firma reforma o deroga cerca de ochenta leyes permanentes y que, por lo tanto, autorizará a cualquier presidente futuro a sentirse habilitado a hacer lo mismo. Aprobar el DNU a la vista de todo el mundo sin siquiera intentar explicar, mirándonos a los ojos, cómo es que puede ser constitucional un decreto sin necesidad ni urgencia, envía la señal de que los límites institucionales ya no importan y que todo se reduce a la circunstancial relación de fuerzas. La guerra, y casi ya no por otros medios.

Si lo rechaza, por el contrario, estará enviando el mensaje opuesto: en la Argentina rige la división de poderes, y los representantes del pueblo reunidos en el Congreso no toleran ser ignorados. Las normas que rigen nuestra vida en común deben ser aprobadas por quienes nos representan a mayorías y minorías, y prevalecen las decisiones colectivas por sobre los impulsos individuales. Tal vez ésta pueda ser, después de todo, la contribución involuntaria que Milei habrá hecho a la institucionalidad argentina.

SG/JJD

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de equipo en Casa Rosada luego del rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en el Senado del pasado jueves y lo hizo junto a sus principales ministros, pero también con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la reunión, la Vicepresidenta posteó una foto junto al mandatario en su cuenta de la red social X: “Con el Presidente Javier Milei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión”, escribió quien comanda el Senado. Milei lo reposteó con el texto: “Los que están peleados...!!!”.

La intención fue afinar la línea que le permita al Gobierno conquistar el respaldo de la Cámara Baja para que el mega decreto mantenga la vigencia. Otra de las claves de la gestión libertaria es avanzar con la Ley Ómnibus que posibilite el Pacto de Mayo previsto a firmar el 25 del mismo mes en Córdoba.

Tras los rumores de distanciamiento entre el Presidente y su Vice, desmentidos desde la administración libertaria, ambos buscaron bajarle el tono a la tensión y se vuelven a mostrar juntos, luego de compartir el acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel.

En su despacho desde las 7.48, Milei esperó con paciencia la llegada de cada uno de sus principales colaboradores, hasta el último de ellos, Martín Menem, quien llegó a Casa Rosada en un taxi.

La reunión fue en el salón Eva Perón los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mario Russo (Salud), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los dos ausentes fueron la canciller, Diana Mondino, con agenda de actividades en Vietnam, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que hasta el momento no participa del intercambio.

Los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), Eduardo Serenellini (Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete) también fueron parte de la reunión, junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con información de NA.

IG

Álvaro González trabajó por el proyecto presidencialista de Horacio Rodríguez Larreta. Perdió. Por eso, en las elecciones de octubre último no figuraba entre los primeros lugares en la lista de candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, logró ingresar a la Cámara gracias a que el bailarín Maximiano Guerra, que había apoyado a Patricia Bullrich, decidió no asumir en su banca. Desde el 10 de diciembre, el diputado del PRO asumió una conducta proverbial de la polítca argentina: el que pierde acompaña. Es un orgánico, vota siguiendo el mandato del bloque, que preside Cristian Ritondo. Pero a diferencia de sus colegas macristas no se priva de formular críticas al gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con Gambito de Datos, el programa de los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen de Radio Con Vos, González cuestionó al Presidente y sus funcionarios por la poca vocación política para negociar y señaló que La Libertad Avanza es la responsable de hacer funcionar al Congreso, no el PRO ni el resto de la oposición. Además, reflexionó sobre la inconveniencia de los dogmas a la hora de negociar en política y sobre la distancia entre lo discursivo y la realidad.

—¿Cómo sigue la suerte del DNU en Diputados, después del rechazo en el Senado?

—Desde hacía tres o cuatro semanas se venía hablando de que eso iba a pasar en el Senado. Me parece que ahí hubo, por parte del Gobierno, falta de reacción, si hubieran querido que el resultado fuera distinto. En el caso de Diputados, la composición es diferente. Hay más fragmentación. Y aquellos que acompañamos al Gobierno tampoco somos todos lo mismo. Está el bloque del PRO, donde hay una mayoría que acompaña, y así lo hicimos en la ley Bases. Tenemos una representación en la comisión de DNU, que está apoyándolo. También está Hacemos Coalición Federal (el bloque que preside Miguel Pichetto); está Innovación Federal (el espacio que se responde a los gobiernos de Salta, Misiones y Río Negro) y está el radicalismo, con sus diferentes versiones. Hay una diversidad en Diputados que hace que sea más difícil lograr la homogeneidad en contra.

—¿Está aprendiendo a consensuar el Gobierno o sigue en la posición más irreductible?

—Gobernar significa asumir que no son todas mieles y que a veces te toca, aunque pienses distinto, conversar con aquellos que no piensan como vos. La verdad es que no sé si el Gobierno está aprendiendo a consensuar.

—Bueno, ustedes conversan en la cámara.

—Sí, sí, conversamos pero este el bloque del oficialismo tiene 37 diputados, por lo cual la inmensa mayoría está del otro lado, y es un bloque que necesita permanentemente validar lo que conversa con el Poder Ejecutivo.

—¿Funciona eso o no?

—Hasta ahora, si vamos a los resultados, como dijo el Presidente, que es un bilardista, te diría que no. Porque la ley Bases no salió. Y había avances que, por falta de expertise o a lo mejor por enojos inoportunos, o por lo que fuere, se frustraron. Ahora se va a partir desde otro lugar.

Milei dice que las jubilaciones son hoy de US$200. Ajá. ¿Y cuánto aumentaron los precios? Dijo que en el gobierno anterior las jubilaciones eran de US$80. ¿Con estos US$200 compran lo mismo que antes, con US$80?

Álvaro González — diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires

—¿Es posible que el DNU quede así y no se trate?

—Es posible que no se llame rápidamente a tratar la aprobación o el rechazo del DNU. Después de la modificación de la ley que hizo Cristina [Fernández de Kirchner] en 2006, vos requerís el rechazo de las dos cámaras para que pierda vigencia. Hasta ahora cuenta con el rechazo de una cámara. Y esta composición de la Cámara de Diputados me parece que bastante más diversa que lo que es la composición del Senado. Es más fácil para el Gobierno, si decidiera que quiere que el DNU siga vigente, poder lograr acuerdos en Diputados que en el Senado.

—¿El PRO debe cogobernar con La Libertad Avanza?

—Hace un rato estaba mirando el reportaje que le dio el Presidente a [Luis] Majul, y su primera definición fue: yo soy anarco-capitalista. Bueno, si vos sos anarquista, es difícil establecer relaciones con las instituciones, porque pareciera que aquellos que estamos en las instituciones y no pensamos como vos somos personas que no merecemos un trato, de mínima, respetuoso. A partir de ahí podemos caer en si las formas son tan importantes como el fondo. Nosotros hasta ahora acompañamos más por las cuestiones de fondo que por las cuestiones de forma. Hasta ahora. A lo mejor cambia, no lo sé.

—¿Pesan las formas?

—Mucho. Claro que pesan las formas, ¿cómo no van a pesar las formas? Yo te tengo que pedir un favor a vos, te insulto de arriba abajo y después te digo: “Che, ¿me haces un favor?”. ¿Vos qué me responderías?

—Y... te mando a... a buscar apoyo a otro lado.

—Y bueno.

—¿Cuándo tratan la nueva ley ómnibus?

—En principio, te digo, debieran empezar por conformar las comisiones, que aparentemente esta semana se pondrían en marcha. Si vos querés sacar una ley, lo mínimo que tenés que tener es las comisiones funcionando. Porque después el Congreso es el que no labura, y resulta ser que los que manejan el Congreso son ellos y no constituyen las comisiones, ¿viste?

—¿Ese es un compromiso de Martín Menem?

—Sí, él se comprometió a que esta semana estarían convocando a varias comisiones. Son 10 o 12. Para caminar mil kilómetros tenés que dar el primer paso, ¿no? O sea, no vas a poder tratar nada si no constituís las comisiones. Estuvieron algunos compañeros del bloque PRO en la Casa Rosada. Escuché que [en el Gobierno] empezaron a darle a la actividad política.

—Por fin los llamaron.

—Habrá que ver si se avanza o si sólo son estos vacíos que no tienen otra intención que decir: ¿viste? Cumplimos, te llamamos. La conversación en el Parlamento no es sentarse a discutir en función de dogmas. Porque si no, no discutís nada. Vos tenés que sentarte a discutir y tener la capacidad y la apertura para escuchar al otro, y a aquellas cosas que no son de tu autoría pero que tienen alguna visión enriquecedora de lo que vos estás planteando, no hay que tener miedo de aceptarlas. Lo importante para mí, en esta instancia, es que el Congreso empiece a funcionar, que en este Congreso se empiecen a sancionar las leyes que el Gobierno necesita, y que esas leyes sean el producto del trabajo, del esfuerzo y de la inteligencia puesta por todos aquellos que podemos acompañar, en algunos casos, y que aquellos que no vayan a acompañar puedan expresarse y hacerlo saber.

—José Luis Espert llamó a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. El presidente apoyó esa idea. ¿Qué opina usted?

—Yo no estoy de acuerdo. La rebelión fiscal que se puede dar, naturalmente, si la gente decide no pagar impuestos o porque no puede pagarlos. Lo que no puede ser es que sea convocada desde el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y mucho menos el presidente de la Nación, porque para el caso no paguemos ningún impuesto entonces.

—Claro, el IVA o Ganancias, que son impuestos nacionales...

—Si mañana no pagas el alumbrado, barrido y limpieza (ABL), no te quejes porque no te levantan la basura. Me parece como muy dogmática la posición [de Espert y Milei]. Son posiciones efectivas desde el punto de vista discursivo, no desde el punto de vista institucional.

—Entran en un tuit pero no sirven para gobernar.

—El Gobierno habla, no sé, de reducir el gasto en 25 puntos del PBI. ¿Y a esa reducción de 25 puntos quién la financia? Los impuestos la financian. Es una cosa bastante contradictoria.

—¿Está de acuerdo, como dice el gobierno, con que a la mayoría del ajuste lo está pagando la política y no la gente?

—Si vos me preguntás si la política, porque le sacaste el auto y el teléfono, o le cortaste algunos negocios, es la que hoy más sufre el ajuste, yo te diría que no. Hoy el ajuste lo sufre la sociedad. La sociedad acompaña el ajuste. Ese 50% acompaña porque cree que al final del camino hay una luz. Ahora, hay un tiempo para ese acompañamiento. La tolerancia al dolor tiene un tiempo. ¿Cuánta tolerancia al dolor tiene la sociedad? Son realmente muy buenos en lo discursivo. Milei dice que las jubilaciones son hoy de US$200. Ajá. ¿Y cuánto aumentaron los precios? Dijo que en el gobierno anterior las jubilaciones eran de US$80. ¿Con estos US$200 compran lo mismo que antes, con US$80? No lo sé, la verdad, no tengo ese cálculo hecho. Lo que digo es peras con peras y manzanas con manzanas. Si no, parece ser que está todo fantástico, pero resulta que a la gente la plata no le alcanza. Lo percibo, lo veo, lo escucho. La sociedad está partida, hay mucha gente, que no es poca, casi el 50%, que está bancando este modelo. Entonces, lo que me pregunto es: che, la tolerancia al dolor, ¿cuánto resiste? ¿Y cuánto tarda el modelo en volverse virtuoso?

JJD

La regla indica que las palabras no transforman nuestras vidas, pues su efecto es sólo oral, literal o verbal. Una afirmación no constituye un hecho de por sí sino una mera enunciación. Es cierto que el lenguaje pronunciado puede tener efectos en el campo de lo simbólico y que sirve, además, para configurar un “espíritu de época”, para saber de qué se habla y para abonar a la cultura de un tiempo y lugar determinados. No obstante, la materialidad de las cosas, aquello que llamamos “realidad”, se modifica con acciones (u omisiones) que trascienden la lengua, las palabras, lo dicho.

Todo ello, a menos que usemos términos que contengan una fuerza performativa, de modificación del statu quo por su sola exteriorización. Un bautismo (de un hijo, de un barco), un testamento, una promesa, una apuesta y –claro está– el “sí, quiero” pronunciado en el altar, son ejemplos de enunciados que hacen cosas. Se trata, pues, de declaraciones que tienen consecuencias transformadoras de lo real. No describen un estado de cosas en el mundo, sino que lo modifican en el mismo momento en que la afirmación es formulada. El genio de Kant lo advirtió y el libro clásico de John Austin How to do things with words lo sistematizó a inicios de los años ’60. 

¿A qué viene todo esto? El gobierno de Javier Milei se ha caracterizado, en estos tres meses, por una práctica novedosa en la arena política argentina. Como Juan al bautizar a Jesús –perdón por el ejemplo de “otras fuerzas del Cielo”– nuestro Presidente lidera su administración bajo la premisa de que “decir las cosas es igual a hacerlas”. Esto es, que la mera enunciación de una idea, de un proyecto, de un objetivo o incluso de un deseo adquiere, en el mismo instante en que aquél es públicamente formulado, una virtualidad concreta. Existe. Es parte de la realidad. “Está entre nosotros”, diría Semán. Tres ejemplos sirven de muestra: 

• DNU: el 20 de diciembre de publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 denominado –en su Título I– “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. A partir de ese momento el Gobierno narró su accionar (y gobernó en consecuencia) como si esa norma estuviera vigente. Se apalancó en el hecho de que la (nefasta) ley 26.122 le da validez inmediata al DNU (un reglamento de orden legislativo), vigencia que solo puede interrumpirse –siempre hacia el futuro– si y sólo si ambas Cámaras del Congreso lo rechazaren. Pero… primero, se habían olvidado de ponerle fecha de vigencia, por lo que hubo que esperar 8 días hábiles para que las leyes de alquileres, de abastecimiento, de contrato de trabajo, de promoción industrial o compre nacional –así como tantas otras normas derogadas– efectivamente cayeran. Luego, obviaron las consecuencias que podría tener el cuarto párrafo del art. 99 inc. 3 de la Constitución, que impone la actuación de la Comisión Bicameral Permanente a través del expreso tratamiento por el plenario de cada Cámara. El jueves de esta semana, 85 días después de publicado el DNU, la “realidad” legislativa comenzó a mostrarle al Presidente que la vigencia del decreto no estaba por demás asegurada, pues las bases no se construyen con solo nombrarlas.

El jueves de esta semana, 85 días después de publicado el DNU, la 'realidad' legislativa comenzó a mostrarle al Presidente que la vigencia del decreto no estaba por demás asegurada, pues las bases no se construyen con solo nombrarlas

• Ley ómnibus: el 27 de diciembre el Subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica, Sergio Iacovino, firmó el IF que contenía el Proyecto de Ley denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Este proyecto fue inmediatamente enviado al Congreso. A partir de ese instante el Gobierno dio por sentada la existencia de la “Ley de Bases”. Y, como en un coro afinado, la prensa se plegó a denominarla “Ley Ómnibus” atento el cúmulo inaudito de normas allí incluidas (materias enteras para aprobar y leyes completas para derogar). La narrativa oficial logró –de esta manera– imponer la idea de que la ley Ómnibus era una realidad que solo debía ser “refrendada” por el Poder Legislativo. A lo sumo, aceptarían “mínimos cambios”, pues el plexo legal ya estaba entre nosotros, los argentinos de bien. Finalmente, el tratamiento en Diputados –que fungió como Cámara de origen– avanzó en un plenario de (pocas) comisiones y, al llegar al recinto, solo logró la aprobación “en general” pero no pudo cruzar el Rubicón de la discusión del 1% de sus artículos… y volvió a comisión. Ergo, la pretendida “Ley Bases” o “Ley Ómnibus” nunca llegó a ser ni la mitad de una ley. Se habían pasado por alto, ni más ni menos, el Capítulo V de la Sección Primera del Título Primero de la Segunda Parte de la Constitución Nacional, denominado “De la formación y sanción de las leyes”. De esta manera, el 6 de febrero –esto es, 41 días después de su “nacimiento”–, novedades normativas tales como el endeudamiento sin aval parlamentario, la persecución de la protesta social y la privatización de empresas públicas dejaron, ipso facto, de ser presuntas “realidades” para retornar al estatus de meras “iniciativas del Poder Ejecutivo”. Una ley non nata. Y, como la nata de la leche que preparaban nuestras abuelas, solo se trataba de la superficie. Otras bases edificadas en arena.

• Pacto de Mayo: el 1° de marzo el Presidente Milei cumplió con su atribución constitucional de “hace[r] anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes” (cf. art. 99 inc. 8 CN). Allí, en la parte final de su discurso, en lugar de recomendar medidas legislativas para tratamiento del Poder Legislativo, el mandatario optó por “convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a que (…) nos encontremos el próximo 25 de mayo, en la provincia de Córdoba, para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”. Todo iba bien hasta que el 13 de marzo, ni dos semanas después de este convite, otra convocatoria, esta vez de la Vicepresidenta a la sesión en el Senado para tratar el famoso “mega-DNU 70/23”, provocó un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina. Esta publicación en X comienza diciendo: “En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo…”. Una vez más, se dio por hecho que habrá firma, que el pacto del 25 de Mayo es ya un hecho. Y se adujo que “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política” podría socavar ese hito, pasando por alto el pequeño detalle de que las partes signatarias del “borrador de Pacto” aún no han rubricado el documento que incluye “las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad”. Entonces, ¿alguien pensó que se pueda pactar con uno mismo? Un acuerdo unilateral viene a ser, pues, un oxímoron propio de estas épocas de refundaciones libertarias. Ni bases, ni ómnibus ni pactos surgen de mirarse al espejo.

En definitiva, ni la filosofía, ni la lingüística ni la gramática más básicas pueden resignificar acciones que no se producen sino en el campo del lenguaje. Suponer que los hechos existen por el simple acto de enunciar proposiciones en proto-normas o meras convocatorias preliminares es pretender que sus enunciados adquieran performatividad o injerencia fáctica en desmedro de los mecanismos elementales de la democracia, con sus negociaciones y acuerdos, sus trámites parlamentarios y mayorías legislativa. En fin, las “bases” reales de la división de poderes en una república de 170 años.

JJC/JJD

―¡No es el momento de pelearnos con los gremios! ¡Me chupa un huevo lo que diga Sturzenegger!

Javier Milei estalló en un grito de furia potenciado por el exceso de azúcar. Faltaban un par de días para la asunción y encabezaba una reunión de gabinete preparatoria, en una oficina prestada a pocas cuadras del hotel Libertador. Omar Yasin, el chivo expiatorio con cuyo sacrificio intentó zafar esta semana del escándalo por el aumento de su propio sueldo, acababa de defender la prohibición de los “aportes solidarios” que muchos gremios tienen incluidos en sus acuerdos paritarios. Era una idea de Federico Sturzenegger, cuyo mamotreto de reformas había comprado llave en mano el mismo Milei apenas dos meses antes, tras la derrota de Patricia Bullrich en las generales de octubre y su decisión de apoyarlo en el balotaje. 

Los ministros y secretarios presentes se sorprendieron cuando, al leer poco después el DNU ya publicado, esa prohibición figuraba en el artículo 73, que modificaba el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una alerta temprana de la improvisación, el frenetismo y los bandazos que marcarían los siguientes tres meses y que desembocarían en los dos fracasos del oficialismo para aprobar la Ley Ómnibus y evitar el rechazo del Senado a ese decreto fundacional.

Sturzenegger sigue trabajando entre la Rosada y la Quinta de Olivos, sin haber sido designado para cargo alguno pese a que en enero dejaron trascender que encabezaría una Unidad Transitoria para la Reforma del Estado. Según reveló a elDiarioAR una fuente que participó de la redacción de ambos textos, no hubo un criterio claro para dividir su batería de reformas entre el DNU y la Ley Ómnibus. Fue más bien un ‘mix’ de lo que habían elaborado desde marzo de 2023 Eduardo Rodríguez Chirillo y el eyectado Guillermo Ferraro con lo que aportó el fallido exjefe del Banco Central.

También hubo muchos magnates que consiguieron colar sus intereses particulares. Tal como se informó en esta columna el 28 de enero, por ejemplo, el lobby petrolero y los zares de la electricidad y el gas hicieron y deshicieron a gusto en los primeros borradores. Su ambición de shock deformó las normas al punto de hacerlas intragables para muchos diputados, senadores y gobernadores. Y eso pese a que quedaron en el camino la intención inicial de derogar completo el Código Aeronáutico (que igual el DNU modificó en varios puntos centrales, siempre con la mira puesta en privatizar Aerolíneas Argentinas) y las propuestas más hardcore de Sturzenegger, como que las rutas marítimas de cabotaje sean habilitadas para embarcaciones de bandera extranjera con tripulaciones extranjeras. 

El capítulo laboral del DNU ―que incluye la prohibición de los aportes a los gremios para desfinanciarlos, pero que también elimina el pago de horas extras, restringe el derecho a huelga, recorta las indemnizaciones, extiende el período de prueba de tres a ocho meses y reduce las multas para los empleadores incumplidores― fue redactado por Julio Cordero, el abogado laboralista de Techint que ahora reemplazará al defenestrado Yasin, hombre de Jorge Triaca y Macri. Con Cordero, Paolo Rocca terminó de copar la vieja sede de Alem 650. Allí también se los ve y se los escucha seguido a Julio César Caballero, habitual representante del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS) en distintas disputas de intereses, y a Miguel Ponte, el viceministro de Trabajo de Macri que saltó a la fama por haber dicho que contratar y despedir empleados debería ser “tan natural como comer y descomer”.

Media máquina

La desregulación laboral, que finalmente frenó la Justicia, va ganando relevancia en lo que debate el mundo de los negocios a medida que se profundiza la recesión. Por ahora las Pymes se limitaron a acumular stocks y a aguantar las pérdidas, pero los galpones empiezan a llenarse y los dueños a impacientarse. Los confeccionistas, por ejemplo, tienen exactamente la mitad de demanda en unidades que un año atrás. Algunos optimistas estudian saltear directamente la temporada otoño/invierno y empezar a producir para primavera/verano, cuando esperan que haya aflojado la crisis. Pero los despidos no van a tardar en llegar. 

El drama abarca a todo el sector manufacturero, que trabaja literalmente a media máquina. Lo confirmó el INDEC esta semana al estimar que el uso de la capacidad instalada en la industria fue del 54,6%, el peor enero desde la crisis de 2001, un piso solo perforado a mitad de 2020 en plena cuarentena. En los rubros con caídas más pronunciadas, como el mueblero, ya hay cierres de empresas pequeñas y medianas como los que denunció el Presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), Román Queirós. Asoma además una verdadera crisis existencial para polos sectoriales como el instalado en Cañada de Gómez, no demasiado lejos de Villa Constitución, donde el cierre de Acindar desató prácticamente una pueblada y motivó un prolongado corte de la autopista Rosario-Buenos Aires. 

El desplome de la demanda no distingue por tamaño. Se lo dijo el presidente de Quilmes, Martín Ticinese, a Luis Caputo en la reunión que convocó el ministro de Economía con empresas de consumo masivo para pedirles que bajen los precios. En verano, pico estacional de la demanda de cerveza, el gigante ABInBev vendió 20% menos que el verano pasado, que ya había sido mediocre. 

La tensión también aumenta entre los eslabones de cada sector productivo. A los shoppings porteños de Eduardo Elsztain, mecenas y anfitrión de Milei durante meses en el hotel Libertador, se les empiezan a vaciar locales que no consiguen volver a ocupar. Por la llave de un contrato de alquiler de tres años de un local chico, por ejemplo, piden sin sonrojarse US$150.000 dólares. ¿Cuánto puede valer una camisa que se venda ahí? 

Pan brasileño

Los borradores de las “leyes combi”, como ya llaman con sorna en el Congreso a los dos proyectos con los que el Ejecutivo procura reemplazar a la frustrada Ley Ómnibus, vuelven a mezclar capítulos de la reforma casi al azar. Como si no importara tanto el contenido como el impacto noticioso que generen y su eco en las redes sociales. 

Lo definió el joven estratega Santiago Caputo ante un ministro que le preguntó azorado por un cambio de último momento en la letra del proyecto que naufragó en Diputados. “Lo importante no es cómo quede sino cuántas manos levantadas tengamos”, le respondió. Una frase que ayuda a dimensionar hasta qué punto le dolió a Milei esta semana la derrota estruendosa ―45 votos contra 22― del DNU en el Senado. 

En medio de ese tembladeral político, el ministro de Economía aspira a convencer la semana próxima al director para América del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, de reforzar con dinero fresco el acuerdo que renovó hace poco con el Gobierno. El chileno volverá a expresar en Buenos Aires las dudas que ya planteó Gita Gopinath, la número dos del organismo. A ninguno de los dos le parece viable la intención de Luis Caputo de dejar subir el dólar oficial tan solo un 2% mensual con una inflación de dos dígitos. Máxime cuando marzo arrancó picante, con subas de alimentos y bebidas arriba del 3% semanal durante las primeras dos semanas, según la consultora LCG. Es más del doble que el ritmo de la segunda quincena de febrero. Y falta todavía computar los aumentos del boleto y las tarifas. 

Por eso llamó tanto la atención que Caputo propusiera a los gerentes de supermercados que lo visitaron la semana pasada la antigua solución cavallista de abrir la importación de alimentos para disciplinar a los proveedores locales. Contra lo que informó Economía, no fueron ellos quienes lo reclamaron. “Nosotros no nos habríamos atrevido nunca a pedir algo así, con la escasez de reservas que sufre el Banco Central”, dijo a elDiarioAR uno de los empresarios presentes. 

Al FMI tampoco le simpatizan esas heterodoxias. Quiere que las reservas se acumulen a un ritmo mayor y vayan al pago de la deuda que dejó Mauricio Macri. Y que el dólar suba a la par de la inflación, como le exigió a Egipto al liberarle el desembolso que habilitó dos semanas atrás. Justamente para que no pase como con Caputo y Nicolás Dujovne en 2018, cuando los más ricos se compraron todos los dólares baratos que pudieron y vaciaron las arcas del Central.   

La movida, de todos modos, ya está en marcha. Con la velocidad que le asegura a Caputo tener a su exsocio al frente del Central ―envidia de Cristina Fernández de Kirchner― la comunicación A7980 habilitó la importación con pronto pago y sin impuesto PAIS de una larga lista de 22 páginas de productos de la canasta básica. Lo primero que comprarán afuera las cadenas es pan lactal de Brasil: como vence recién a los 90 días, calculan que el tiempo alcanza para traerlo de San Pablo, distribuirlo y ofrecerlo.

Es de lo que más subió: en noviembre un paquete chico valía $804 y hoy $2.021, según el Indec. Las leyes antimonopolio que aplica con rigor Estados Unidos y que acá también existen le podrían haber servido a Caputo para evitar abusos de la multinacional mexicana Bimbo-Fargo, que concentra más del 80% del mercado desde que Guillermo Moreno habilitó su fusión. Pero optó por asegurarles dólares baratos a quienes importen desde Brasil un pan que se hace con trigo de la pampa húmeda. Make Argentina Great Again. 

AB/DTC

Santiago Caputo tuvo una fuerte discusión en Diputados en aquellas semanas de comienzos de año cuando el Gobierno negociaba la primera versión de la ley Bases. Dentro del despacho de Martín Menem, estuvo cerca de pasar de lo verbal a lo físico con un legislador que igualmente acompañó a La Libertad Avanza en su fracasada iniciativa parlamentaria. El viernes pasado, con la foto de la caída del DNU en el Senado y en medio del intento de reflotar aquella ley –aunque mucho más acotada–, el asesor estrella de Javier Milei pareció dejar de lado el traje de mandamás electoral. Con una predisposición más dialoguista, participó sigilosamente en la reunión que encabezó el ministro Guillermo Francos con diputados del PRO en Balcarce 50. Tácticamente evitó mostrarse en la foto que se difundió después.

El movimiento de Caputo revela que el Presidente al menos tomó nota de que si no abre una negociación política en términos menos beligerantes con los opositores blandos, su megadecreto 70/2023 puede correr en Diputados la misma suerte que en la Cámara baja. Confía en que tiene un panorama más favorable porque el hemiciclo de la Cámara baja es mucho más variado y los votos están más divididos. Por eso comenzó a hacer lo que no hizo en el verano: hizo circular entre la oposición y los gobernadores la nueva ley ómnibus y el paquete fiscal. Es decir que la suerte del DNU está atada al derrotero de los proyectos legislativos.

Milei planea “dormir” todo lo que pueda la votación por el DNU mientras profundiza el debate de esas reformas estructurales. Los gestos hablan por él: además de convocar al PRO y a la UCR el viernes, este lunes irán a la Rosada Miguel Pichetto y Emilio Monzó –referentes del heterogéneo Hacemos Coalición Federal–. En paralelo, a comienzos de esta semana también se conformará una batería de comisiones en Diputados, la primera ventanilla donde se negocian las leyes. El dato es que muchos de los cuerpos de trabajo podrían ser encabezadas por la oposición cercana, supo elDiarioAR. 

Habrá un intercambio de favores. El PRO ya presentó proyectos de ley “espejo” del capítulo laboral del megadecreto, justamente el que está actualmente suspendido en la Justicia y espera una decisión final de la Corte Suprema. También el radicalismo y los federales habían aconsejado al oficialismo repartir el DNU en distintos proyectos de ley. El argumento es que así se lograría “seguridad jurídica”. En la UCR y HCF están de acuerdo con el fondo del decretazo, pero no con la forma. 

“Van entendiendo cómo es la cosa”, comentó un operador parlamentario sobre el cambio de piel de los libertarios. “Tratamos de acercarle al Gobierno la fórmula de cómo hacer para que pasen las leyes y hubo buena predisposición”, dijo un diputado que estuvo en el cara a cara con Francos y Caputo el viernes. Esa “fórmula” es abrir el juego de la negociación y, por consiguiente, bajar los niveles de confrontación. En ese marco, para el legislador consultado, la Casa Rosada debería “patear” lo más posible la votación por el DNU y abocarse a construir mayorías que le avalen las dos leyes estructurales. “Todos creemos que esta vez van a negociar, pero nunca se sabe…”, compartieron en uno de los despachos más influyentes de HCF.

La agenda que se avizora en el oficialismo va en ese sentido: los borradores de la nueva ley Bases y el paquete fiscal –que incluyen reformas tributarias de peso como es la restitución de Ganancias– significarían conversaciones con gobernadores y bloques minoritarios durante la semana. Recién después de ajustar ese ida y vuelta se enviarán a Diputados los proyectos de manera formal. Hasta el fin de semana XXL de Semana Santa habrá muchos movimientos.

Por más que estén envalentonados tras el rechazo en el Senado, tampoco en la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda se apurarían en pedir una sesión especial para voltear el DNU. Juntos Unión por la Patria y el FIT suman una base en contra al decreto de 104 bancas, a los que se sumarían 11 radicales díscolos, referenciados tanto en Facundo Manes como del senador Martín Lousteau. Pero aún necesitarían sumar 14 voluntades para alcanzar la mayoría de Diputados.

Cálculos realizaron por elDiarioAR en base a consultas fuentes y a la foto que dejó la Cámara alta, suponen que se plegarían al rechazo los dos diputados que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y también un grupo de los 23 legisladores del bloque de Pichetto, como son los socialistas de Santa Fe, Margarita Stolbizer y los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brügge. Así la negativa podría rozar los 125 votos.

En cerrado apoyo al DNU el Gobierno tendría como piso un centenar de votos. Allí están los 40 libertarios, los 37 del PRO, 17 diputados radicales abroquelados detrás de Rodrigo de Loredo, Pichetto y afines, y los legisladores tucumanos. Podría pensarse que la bancada de Carolina Píparo –tiene dos votos– también acompañaría a Milei, pero este medio supo que el destrato personal que sufrió la excandidata a gobernadora por parte del Presidente le sumó una complejidad a su decisión. Lo mismo pasa con Ricardo López Murphy, a quien el jefe de Estado ubicó del lado de los “traidores” tras la ley Bases.

Otros indecisos cobran especial atención para buscar apoyos circunstanciales, así como los diputados que responden a varios de los gobernadores. Es una pecera de unos 30 votos. En el primer grupo aparecen radicales “sin tierra” como es el mendocino Julio Cobos, enfrentado a Alfredo Cornejo, o el correntino Manuel Aguirre, que no responde a Gustavo Valdés. También es una incógnita cómo jugaría Martín Tetaz. Tampoco es del todo claro el posicionamiento de los cuatro diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, aunque tienen reparos con las formas de Milei. El miércoles de hecho impulsaron un nuevo cálculo para las jubilaciones que obligó al oficialismo a reaccionar justo a tiempo: concedió a la UCR la comisión de Previsión Social y reconoce atar los aumentos a la inflación, pero aún diferencias sobre cómo “empalmar” el ajuste sobre los primeros meses del año.

Sirvió en esa contraofensiva libertaria el diálogo abierto con los mandatarios provinciales, ahora enmarcado en el pomposo Pacto de Mayo. En el fondo, sin embargo, lo que quieren los gobernadores es sustentabilidad financiera. Caído el DNU en el Senado y necesitado el Gobierno el apoyo para la ley Bases, sus votos se volvieron “más caros”. El caso singular es el de los dos cordobeses que responden a Martín Llaryora: Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.

El gobernador ya le tendió una mano a Milei, pese a haber sido el verdugo de la primera ley Bases: además de ordenar que ambos diputados no bajen al recinto el miércoles, la senadora Alejandra Vigo se abstuvo sobre el DNU. “La cuestión ahora es si Milei está dispuesto a negociar con Llaryora, al que maltrató hace unas semanas nomás”, puso como reparo una fuente del cordobesismo. El juego del gobernador podría impactar en otro coterráneo como es Oscar Agost Carreño –que preside el PRO local pero es espada en HCF– o el bonaerense Florencio Randazzo.

También Rogelio Frigerio tiene influencia en algunas fichas legislativas. Francisco Morchio tampoco bajó al recinto el miércoles pasado. La palabra del entrerriano tiene eco en Emilio Monzó y Nicolás Massot, que no quieren el DNU como instrumento, sino que las reformas vayan por ley. Ese par puede a su vez incidir en el bloque de Innovación Federal, que tiene a ocho legisladores que responden a los gobernadores “independientes” de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua, y Río Negro, Alberto Weretilneck. En el Senado hubo votos repartidos entre el rechazo y la abstención frente al DNU. Otros apoyos sueltos podrían surgir de las negociaciones de la Rosada con el sanjuanino Marcelo Orrego, el neuquino Rolando Figueroa y el chubutense Nacho Torres. “Los gobernadores ahora tienen más poder para negociar”, aventuró una fuente al tanto de las negociaciones, y apuntó: “Ahí va a estar la clave sobre el decreto y las nuevas leyes”.

MC/JJD

Una ley sancionada en 2006 a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora del Partido Justicialista, establece que para que un decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial pierda vigor debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Es gracias a esa ley, vigente desde hace 18 años, que el DNU 70/2023 de Javier Milei sigue en pie, ya que fue rechazado, por ahora, sólo en el recinto de la Cámara alta. De todas maneras, las consecuencias de ese solo pronunciamiento podrían ser no sólo políticas. El DNU ahora corre más riesgo de quedar anulado. Y hay que mirar a los tribunales.

Es lo que hizo el abogado Gustavo Arballo, especialista en Derecho Público y Derecho Judicial, en un hilo de X (Twitter) en el que planteó “hay buenas razones para concluir que un solo rechazo debería bastar para tumbarlo” al superdecreto de Milei.

Para Arballo, la ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU —aquella que fue promovida por Fernández de Kirchhner— “tiene una cláusula de constitucionalidad dudosa que exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU caiga”, ya que “es algo que la Constitución no dice y que permite al Poder Ejecutivo hacer leyes a discreción mientras tenga en control al menos una cámara”.

En un escenario de judicialización, señala el experto, “la objeción basada en esa cláusula era de facil elusión porque un tribunal podía decir que mientras no hubiera al menos rechazo de una cámara ese planteo era hipotético, abstracto, conjetural, pero ahora no: es concreto y sucedió”.

El jurista vaticinó que siendo el rechazo del Senado al DNU de Milei —por 42 votos a 25, y 4 abstenciones— un “hecho nuevo”, es claro que “todos los que tienen amparos o juicios en curso llevarán esto a la arena judicial, donde ya no se estará determinando si es constitucional el DNU 70 sino —más importante— si es constitucional el sistema de 'doble fusible' de la ley 26.122”.

Según el especialista, “el criterio correcto es 'a primera sangre'”, es decir que “debe bastar el rechazo de una sola cámara para que un DNU no se asuma válido” y para la Corte Suprema de Justicia no es lo mismo que el Congreso aún no haya hablado que ahora, que ya una de sus cámaras, la de Senadores, ha dicho no.

Consecuencias judiciales del rechazo del Senado, sin perjuicio de lo que pase en Diputados

“Esto puede traer otras consecuencias muy importantes, que hay que explicar. Si la Corte usara este camino para resolver, el problema será 'de pedigrí' —invalidez del decreto— con efecto dominó sobre cualquier otra causa del DNU 70 (sea viajantes, CGT, clubes, cualquier litigio). Aunque, por otro lado, esa forma de resolución le permitiría a la Corte eludir pronunciamientos 'sobre el fondo', lo que implicaría: 'No te he dicho que sea inconstitucional el capítulo laboral, te he dicho que está mal hacerlo por DNU, y eso me basta para resolver el caso'. Si eso sucediera, el Gobierno tiene una 'segunda oportunidad' para llevar los diversos capítulos y medidas embutidas en el DNU 70 al Congreso, porque podrá alegar —y tendrá razón— que el fallo adverso lo fue por las formas y no por el fondo mismo”, analizó Arballo.

JJD

El Gobierno sintió el golpe por la caída del DNU en el Senado anoche y hoy mismo activó una serie de reuniones de alto vuelo político para evitar que fracase su iniciativa de desregulación de la economía en la Cámara de Diputados. Con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a la cabeza, en la Casa Rosada están previstas para este viernes sucesivas reuniones con los bloques aliados del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, la bancada que conduce Miguel Pichetto.

El encuentro tiene que ver inexorablemente con el futuro del decreto 70/23, que si también es rechazado en la Cámara baja quedaría definitivamente nulo. Fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR también aclararon que en la agenda formal de las reuniones está el nuevo texto de ley Bases, que Javier Milei hizo circular desde ayer entre los bloques opositores más cercanos. Hay una viraje en la estrategia de choque directo del oficialismo, luego de que también la primera versión de la ley Ómnibus fracasara durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Las reuniones en Balcarce 50 con los distintos espacios políticos son separadas. La primera fuerza en llegar esta mañana fue el PRO, encabezado por Cristian Ritondo. Lo acompañaron Diego Santilli, Silvia Lospennato, José Nuñez, Luciano Laspina, Silvina Giudice y Damián Arabia. “Fue positiva, para que el DNU y la ley de Bases sean aprobado por el Congreso”, aseguró Ritondo en diálogo con la prensa al salir del encuentro con Francos, la “pata política” del Gobierno.

El ministro se encargó de difundir en las redes sociales una postal del encuentro. Del lado Ejecutivo estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, según de Nicolás Posse y contratado ad honorem, y también el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Curiosamente no apareció en la foto el asesor presidencial Santiago Caputo, que estuvo en la reunión supo elDiarioAR. El joven funcionario funciona como “los ojos y oídos” de Milei y de hecho llegó a reemplazar a Francos en las negociaciones frustradas de la primera ley Bases.

El turno de los radicales fue por la tarde. El grupo estaba comandado por Rodrigo de Loredo, que esta mañana se distanció muy fuerte de Martín Lousteau, presidente de partido y senador nacional que anoche fue de los pocos correligionarios que votó en contra del DNU. También lo siguió el senador de Tierra del Fuego Pablo Blanco. También participaba Karina Banfi, segunda del bloque.

Para los próximos días está en agenda que vayan a la Rosada los diputados del bloque de Pichetto. El diputado irá el lunes a la Rosada, supo elDiarioAR. Se trata de la bancada más heterogénea, porque abraza desde Ricardo López Murphy -que fue muy criticado por Milei- hasta Margarita Stolbizer, pasando por Emilio Monzó y legisladores cordobeses que ya fueron clave en la caída de la ley Bases en el recinto de diputados semanas atrás.

Uno de los parlamentarios amarillos que estuvo en la reunión con Francos afirmó que del DNU se habló “apenas”. “La consideración es que se sabía que iba ser muy difícil que el Senado no lo volteé”, planteó la voz legislativa consultada. La fuente aseguró que lo central fue el intercambio que hubo sobre la nueva versión de la ley Ómnibus, así como el proyecto de paquete fiscal que también circuló en las últimas horas.

“En cuanto al DNU conversamos sobre lo sucedido ayer en el Senado, notamos que el Gobierno está tranquilo porque sabían que esto podía pasar. Por la composición de las fuerzas políticas, es poco probable que se rechace en Diputados”, confió otro de los legisladores amarillos que estuvo en el cara a cara con Francos y Caputo.

El PRO le propuso al Gobierno algunos cambios para asegurarse votos: por ejemplo, que se excluyan sectores sujetos a pagar el impuesto a las Ganancias, que sería restituido. “Hubo muy buena recepción”, recogió elDiarioAR. Del lado de Francos también coincidieron en que fue “una excelente reunión”.

“Aportamos para intentar mejorar algunos artículos y vamos a trabajar para que otros también interpreten esta necesidad. Es bueno para Argentina y los argentinos. Cuando se votan en contra de estas cosas no se vota en contra de Milei sino en contra de los argentinos”, amplió Ritondo en sus declaraciones públicas.

En la Rosada confirmaron que la estrategia parlamentaria más próxima del oficialismo tiene más que ver con los proyectos de ley que con el DNU. Ante la papa caliente del decreto, buscarán patear ese debate para más adelante. Creen que si consiguen sumar apoyos para las iniciativas legislativas, el 70/23 no corre peligro en Diputados. La semana que viene se espera que sigan las consultas sobre el borrador de los textos normativos con los gobernadores y bloques más chicos, y que recién se conozca la letra final cerca del fin de semana XXL de Semana Santa.

MC

El presidente Javier Milei volvió a cargar duro este viernes contra los que votaron en contra del DNU 70 de desregulación de la economía en el Senado y le apuntó fuerte al Grupo Clarín al asegurar que los medios que comanda Héctor Magnetto “calumnian, injurian y ensucian” en relación a su vínculo con Victoria Villarruel: “Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria”, remarcó.

Horas antes de estas declaraciones a Radio La Red, el mandatario había utilizado su cuenta de la red social X para atacar a quienes no avalan su decreto y la ley “Bases” por los vaivenes del mercado en las últimas horas: “Así lee el mercado cuando los ORKOS dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos”, escribió.

En sus declaraciones radiales, Milei aseguro que el rechazo al DNU “estaba en nuestros planes, era esperable”. Según el Presidente, la composición del Senado “hacía que no hubiera lugar para un resultado distinto. Yo quiero valorar y ponderar fuertemente el trabajo de nuestros senadores y también el apoyo que tuvimos de los representantes del PRO y de 10 de los 13 senadores radicales”, destacó.

Para Milei, el Gobierno está “haciendo un buen trabajo, pero requiere tiempo, así son las reglas del sistema democrático”, al tiempo que rescató que de la sesión de este jueves que condujo Villarruel, “quedaron cosas interesantes: quiénes están en contra de los argentinos. Prácticamente no se han rechazado DNU en la historia reciente, salvo a Macri, lo cual muestra un patrón de obstrucción. El DNU sigue vigente, ahora hay que ir a Diputados, donde ya tuvimos resultados positivos. Esto deja algunas dudas respecto al Pacto de Mayo, porque hay etapas previas como la Ley de Bases”, explicó.

Su relación con Villarruel y el dardo a Clarín

“Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta, lo aclaró (el portavoz Manuel) Adorni ayer. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria. Hay medios interesados en atacar al Gobierno, especialmente el Grupo Clarín, que constantemente calumnia, injuria y ensucia. Ellos también son parte de la casta y están afectados por haber perdido la pauta”, disparó Milei.

Asimismo, volvió a remarcar que el objetivo de su gestión “es darles mayor libertad económica a los argentinos. El DNU y la ley nos mejorarían 90 puestos en ese sentido. Y solo es un cuarto de las reformas que ya tenemos diseñadas. Cuando terminemos las reformas, estaremos como Irlanda, con un PBI mayor a Estados Unidos. Estamos para parecernos a Australia, Nueva Zelanda, países a los que les va bien”, prometió.  

Para el Presidente, en su etapa “hay cosas que no son negociables de ninguna manera. Una es el déficit cero. Se terminó la estafa del déficit fiscal, es inamovible. Tampoco vamos a modificar el saneamiento del Banco Central”, reiteró.

Sobre el futuro de la senda económica, el mandatario aseguró que todo lo que tiene que ver “con nuestro programa de estabilización a corto plazo no se mueve de ninguna manera. Trabajamos para abrir el cepo y según las estimaciones del FMI, podría ser a mitad de año, es factible”, dijo.

En cuanto a la evolución de los salarios en el país, Milei sostuvo que no se degrada “por el déficit cero, es por la política fiscal desquiciada que ha tenido”, al tiempo que aclaró no estar “al tanto de cómo está la negociación paritaria, tendría que preguntarlo. Me preocupo de un montón de temas y ministerios; ese detalle tendría que preguntarlo”, esquivó.

Con respecto al paquete fiscal que por estas horas reingresará al Congreso como proyecto aparte de la Ley ómnibus, el Presidente dijo que el impuesto a las Ganancias “está en discusión, porque hay provincias que lo quieren y otras que no. Se está trabajando, el texto se puede modificar. Hay una primera aproximación y se empieza a trabajar. No es la misma situación para las provincias del norte que para las del sur. El texto que se conoció por estas horas no es el definitivo”, aclaró.

Para cerrar, Milei evaluó la relación con el FMI: “Está planteado sobre la mesa que si el acuerdo con el FMI tiene las condiciones satisfactorias podríamos avanzar hacia uno nuevo. El trabajo hecho por nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable”, concluyó. 

Los mercados y el empresariado

“Me parece interesante lo que está pasando en los mercados financieros, porque adelantan, muestran que la dirección es la correcta. Respecto al accionar de los empresarios, hay que ver, si no la ven, si no quieren bajar los precios, mientras vayamos abriendo el cepo habrá más competitividad”, remarcó el mandatario.

Rosario y las fuerzas federales

“A los rosarinos les digo que estamos dándole un apoyo muy fuerte al gobernador (Maximiliano) Pullaro. Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de fuerzas federales. Además, mandamos al Ejército para apoyo logístico, y enviamos una ley que elaboró (el ministro de Defensa, Luis) Petri para que el Ejército pueda actuar sin llegar a Estado de sitio, dando la definición de narcoterrorismo. La situación empezó a mejorar. Si (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich considera que puedo aportar algo en el lugar, iré a la provincia”, aseguró.

IG

El rechazo del Senado al mega-DNU de desregulación económica no tomó por sorpresa al oficialismo. Hace semanas que Javier Milei sabía que el bloque de senadores de La Libertad Avanza no contaba con la fuerza suficiente para defender su decreto en el recinto de la Cámara alta. Con el revés consumado, el Presidente ya eligió la estrategia a seguir a partir de ahora: redoblar la apuesta y echar mano nuevamente al argumento que utilizó hace un mes para criticar a “los traidores” que no acompañaron la versión original de la Ley ómnibus. En los términos del libertario, los 42 votos negativos servirán para identificar quienes son los que defienden a los “argentinos de bien” y quienes están “a favor de los delincuentes”. “Principio de revelación”, lo llama.

El resultado adverso exacerbó el mensaje que decidió bajar el oficialismo. Uno de los primeros en salir a expresar su repudio fue el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. “Atacar el DNU es lisa y llanamente ATACAR lo que votaron el 56% de los argentinos hace 4 meses” (sic), bramó en un mensaje de su cuenta de X en el que también acusó a los senadores de “proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad”.

En el Gobierno sostienen que el equilibrio fiscal y la responsabilidad monetaria no dependen del DNU. “El déficit cero no se negocia”, repiten como un mantra en el oficialismo. Sin embargo, si bien seguirá vigente y solo podría descartarse si corre la misma suerte en la Cámara de Diputados, en los hechos, además de significar un duro revés político para el gobierno de La Libertad Avanza, el rechazo del polémico decreto rubricado por Milei en diciembre ─que incluye la derogación y modificación de más de 300 leyes─ podría derivar en una reacción negativa de los mercados y tener consecuencias tanto judiciales como económicas.

El Presidente no quiso perderse nada de lo que sucedió este jueves en el Congreso. Por ese motivo, se trasladó temprano por la mañana a su despacho en Casa Rosada, suspendió la habitual reunión de Gabinete e instruyó a su vocero Manuel Adorni para que desmintiera cualquier tipo de tensión interna con su vice Victoria Villarruel. A las 15:30, mientras el debate en las Cámara alta continuaba, dejó la Rosada para volver a la residencia de Olivos, desde donde siguió la sesión hasta el final.

Anoche, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente salió a acusar a la oposición (y solapadamente a la titular del Senado) de “avanzar con una agenda propia e inconsulta” y de “violentar el espíritu” del Pacto de Mayo, un tema por demás sensible para los intereses del oficialismo. No deja de ser una incógnita lo que sucederá a partir de ahora con las negociaciones llevadas adelante por el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores, aunque en las últimas horas fue el propio funcionario al frente de la relación con los mandatarios provinciales el que se encargó de quitarle trascendencia al rechazo del DNU al negar que exista falta de diálogo entre el Ejecutivo.

Por los pasillos de Casa Rosada prometían que el oficialismo hará una defensa muy fuerte del DNU y denunciaban “un sesgo ideológico contra este Gobierno”. En línea con eso, en la previa a la sesión, Francos aseguró que la votación en el Senado iba a permitir “saber quiénes quieren hacer las cosas bien en la Argentina y quiénes no”. Y apuntó contra el kirchnerismo al decir que “deberá hacerse cargo” de la decisión de impulsar el tratamiento del decreto.

“Si el Congreso rechaza el DNU no sería una buena señal para lo que viene”, alertaban más temprano sobre la posibilidad de que ambas cámaras le bajen el pulgar al conjunto de reformas incluido en la normativa, algo que podría empantanar el ida y vuelta abierto con los gobernadores camino al Pacto de Mayo. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, desde la cartera que conduce Francos aclararon que no se llevaron a cabo especiales negociaciones con gobernadores para tratar de influir en la votación y que el mega-DNU coseche menos votos en contra.

“Hubo una reunión con (el gobernador de Neuquén, Rolando) Figueroa, pero sobre temas de gestión”, sostuvieron cerca del ministro. En medio de la nueva negociación por la Ley Bases y el tironeo por el proyecto sobre Ganancias, este mediodía, Francos ─que ayer había recibido al mendocino Alfredo Cornejo─ difundió una foto de la reunión que mantuvo este jueves, junto al jefe de gabinete Nicolás Posse, con ese mandatario patagónico. El encuentro generó suspicacias respecto al voto de la senadora neuquina Lucila Crexell, que terminó adhiriendo al rechazo del DNU.

La convocatoria a sesión especial hecha por Villarruel fue un movimiento que molestó al presidente Milei. A pesar de que a la vicepresidenta ya no le quedaban muchas más excusas para dilatar la cuestión solicitada hace semanas por la oposición, en Balcarce 50 la decisión tomada por la titular de la Cámara alta no fue vista con buenos ojos. Sin embargo, Francos aclaró esta mañana que no veía “segundas intenciones” en la actitud de la titular del Senado, pero aventuró que Villarruel “podría haber evitado” la sesión y que “tal vez haya sido un error ceder” a lo que consideró una “presión” de la oposición.

Con información de NA

El Senado rechazó por una amplia mayoría el DNU 70/23 de Javier Milei y le asestó al Gobierno una dura derrota política. Con 42 votos en contra y 25 a favor, y cuatro abstenciones, el megadrecto presidencial de desregulación de la economía cayó en la Cámara alta y ahora pasó a Diputados, con la expectativa de que si allí gana la negativa la medida gubernamental queda definitivamente sin efecto.

El tablero del recinto del Senado dio su veredicto este jueves a las 19.42, tras un debate que se extendió por cinco horas. El panorama ya era preocupante para el oficialismo desde el momento en que la oposición consiguió el quórum para abrir la sesión especial y, poco después, cuando 41 de los 72 senadores presentes rechazaron un pedido libertario para postergar la votación dos semanas más. Esa foto fue la pista más certera del resultado final: funcionó como un piso, porque finalmente hubo un apoyo más al rechazo.

La negativa al DNU se construyó a partir del posicionamiento abroquelado de las bancadas kirchneristas y peronistas (aportaron 33 votos), pero con los aportes claves de dos radicales como el propio Martín Lousteau (presidente del partido a nivel nacional) Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y votos de fuerzas provinciales. 

A favor de La Libertad Avanza –al que le faltó un senador por cuestiones personales– tuvo el acompañamiento de los incondicionales del PRO, así como algunos apoyos provinciales. Los senadores que se abstuvieron de votar fueron la peronista cordobesa Alejandra Vigo; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal), y el radical bonaerense Maximiliano Abad.

La “papa caliente” del decreto tiene un futuro incierto en Diputados. Allí también es primer minoría Unión por la Patria (99 de los 257 diputados), pero toda la atención se posará en los próximos días sobre la cuña que se avizora en la UCR a partir de la negativa de Lousteau, pero también la decisión de los bloques “del medio” como son Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y algunas bancas provinciales. Será crucial las negociaciones que la Casa Rosada tenga con algunos gobernadores que tienen legisladores propios, todo mientras se discute un pacto fiscal y una nueva ley Bases en el marco del pomposo Pacto de Mayo.

La derrota en el Senado también le suma tensión a la ya dañada relación entre Milei y Victoria Villarruel. Como jefa de la Cámara alta, la vice no pudo –o no quiso– salvar una votación que de antemano se avizoraba muy difícil para el oficialismo. Hasta momentos antes de la sesión la titular de la Cámara alta fue criticada desde su propio espacio por haber incluido en el temario de este jueves el DNU, cuando podría haberlo omitido, según entendían en el Gobierno.

Además de los ya mencionados, aportaron al rechazo senadores de algunas provincias que pueden adelantar lo que pase en Diputados por su relación con los gobernadores. Rechazaron los peronistas de Unidad Federal Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Camau Espínola (Corrientes). También los dos santacruceños alineados con el gobernador Claudio Vidal (José María Carambia y Natalia Gadano), la neuquina Lucila Crexell –líbera del mandatario Rolando Figueroa– y la rionegrina Monica Silva –referenciada en el gobernador Alberto Weretilneck–. 

“Tristemente la casta política no la ve”, acusó el golpe el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), a quien le tocó cerraron los discursos por el ser el miembro informante del oficialismo. Ya LLA sabía de antemano que la votación iba a ser en contra. El rostro rictus de Villarruel cuando mirando las pantallas esperaba la votación eran un reflejo de la escasa reacción del Gobierno frente a un escenario negativo. Ni hubo un enviado del Ejecutivo al Senado para conversar con la vice en su despacho. elDiarioAR ya había contado más temprano que los movimientos del Gobierno fueros “espásticos” si quería salvar la votación: “Si recién ayer comenzaron a llamar es una vergüenza”, comentó un operador sobre ciertos intentos mileístas para quebrar algunas voluntades a último momento. “Estamos haciendo las cosas bien a pesar de que a muchos les duela”, agregó Atauche en su alocución.

Durante la sesión la interna que hay en el oficialismo salió a la luz de maneras sorprendentes. “Señora presidenta, le agradezco que haya tenido el coraje de convocar a esta sesión a pesar de los aprietes”, le dedicó el aliado amarillo Juez. Luego pareció tener claro que el DNU iba a ser rechazado: “¿Y se puede perder? Y sí, se va a perder. Pero estamos haciendo lo que dice el reglamento, presidenta. Es lo que corresponde”.

Como en la sesión de la ley Ómnibus en Diputados, los libertarios tuvieron más defensores extras que propios. “A mí no me asusta el DNU, voy a votar a favor, nada me parece escandaloso”, dije el senador salteño Juan Carlos Romero. Sí hubo intentos del libertario Francisco Paoltrini, un recién llegado a la política, de embarrar la sesión con discusiones estériles. “Senador 8 por ciento”, lo cizañó José Mayans, jefe del interbloque kirchnerista.

La apuesta de Milei ahora está en Diputados, donde la amplitud de bancas puede jugarle a favor. Pero por la foto del Senado se avizora una cuña en la UCR y también entre los federales y las fuerzas provinciales que podrían construir un rechazo en la Cámara baja, que ya le dio una pésima noticia al Ejecutivo cuando volteó la ley Bases. Justo hoy el Gobierno puso a circular un borrador de la nueva ley Ómnibus, además de una serie de leyes fiscales. Y el PRO presentó como proyecto de ley propio el capítulo laboral del DNU que está actualmente suspendido por la Justicia. Caído el DNU en el Senado, se avecinan días de negociaciones políticas frenéticas.

MC/JJD

El reloj se acercaba a las 15 de este jueves y las pantallas adentro del recinto del Senado revelaron un panorama negro para las intenciones de Javier Milei sobre la votación de su megaDNU: 41 legisladores le dieron un primer duro golpe al rechazar postergar la votación para después del feriado XXL de la semana próxima, como pidió el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy). Rápidamente en el bloque peronista/kirchnerista festejaron el resultado y la sensación de que el megadecreto presidencial para desregular la economía tiene la suerte echada en la Cámara alta fue compartida en algunos despachos del radicalismo y los federales. En ese tridente se cocina la negativa a la temeraria medida del jefe de Estado.

“Una primera radiografía”, festejó una fuente de Unidad Ciudadana consultada por elDiarioAR. Esa foto le sirvió a la bancada mayoritaria del panperonismo para cambiar el humor de cierta incertidumbre que tenía la bancada hasta ayer. La única seguridad que ostentaban antes de la sesión era que había número suficiente para el quórum. 

Con los 41 votos en contra de postergar el debate, el Gobierno tiene hasta la hora de la votación un trabajo arduo si quiere quebrar voluntades a su favor. Debería convencer a por lo menos cinco senadores de las fuerzas provinciales y algunos radicales díscolos, que serían los que acompañarían a los 33 de Unidad Ciudadana/Frente Nacional y Popular en voltear el DNU. El tiempo corre a favor del rechazo, porque la lista de oradores confirmada al cierre de esta nota aventuraba que el momento de la votación será cerca de las 21 de este jueves.

“Si recién están llamando ahora, o empezaron a llamar ayer, se acordaron tarde. Es ridículo. Tenés que laburar mucho antes y todos los días”, cuestionó con sorna una fuente parlamentaria en la bancada de Unidad Federal, donde tributan el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. El primero votaría en contra, pero los otros dos evitaron hasta hoy explicitar un posicionamiento. 

La expectativa sobre qué hará la esposa de Juan Schiaretti se reveló cuando habló durante la sesión, cerca de las 16.30. La senadora Vigo dijo que se abstendrá, lo que marca el posicionamiento del gobernador Martín Llaryora, clave ahora en el nuevo diálogo que ensaya la Casa Rosada en el marco del Pacto de Mayo. Vigo hizo un repaso del sinfín de medidas que abarca el DNU y pidió a Milei que lo “desguace” en varias leyes sobre las economías regionales, el capítulo laboral –hoy a la espera de una deceisión de la Corte Suprema sobre su constitucionalidad–, la reforma del Estado y temas previsionales y de salud. “No puedo acompañar, tampoco rechazar”, se confesó la senadora. Antes, cerca suyo habían comentado a este medio: “Está raro el clima”.

Sobre los llamados de presión fue el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) el que lo dijo a viva voz dentro del recinto. No solo reveló comunicaciones de los mandatarios más abiertos al diálogo con el Gobierno, sino incluso de las empresas privadas, sobre todo las radicas en su provincia y beneficiadas de un régimen impositivo especial, entre ellas las de Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri y familiar del ministro Luis Caputo. 

“Empezaron los llamados de algunos gobernadores de las provincias, diciendo ‘fijate qué vas a hacer’. Ayer me llamaron representantes de las empresas que están instaladas en Tierra del Fuego. Me da bronca”, dijo el legislador al denunciar públicamente el lobby de las firmas privadas. Blanco sería uno de los radicales que vote en contra del DNU: “Esto es anticonstitucional”, sentenció en su discurso.

Blanco dijo igualmente que iba a “respetar” la decisión del partido, que en su mayoría votaría a favor del megadecreto. Su rechazo al DNU también lo comparte el porteño Martín Lousteau, actual jefe de la UCR. Al lado del senador adelantaron a elDiarioAR también un poroteo negativo para el Gobierno. Un pronóstico que circula en la bancada radical es que la votación saldría 39 en contra y 37 a favor. 

Un número tan “finito”, como calificó una fuente al panorama del debate, da que pensar que la Rosada aún tendría posibilidades de negociar con algunos gobernadores a favor suyo. Por caso, temprano hoy se supo que los legisladores que responden al correntino Gustavo Valdés, del radicalismo, van a votar a favor. Ayer ya el ministro Guillermo Francos se había encontrado con otro radical: el mendocino Alfredo Cornejo. 

Hoy la apuesta fue mayor: hubo foto con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. Al ministro del Interior lo acompañó sugestivamente el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Sobre esa provincia pasadas las 18 se reveló la incógnita de la votación de la senadora Lucila Crexell, que tiene cierto rol de “libera” ante el gobernador: dijo que votará en contra al DNU. Así habría sido infructuosa la postal en la Casa Rosada que se conoció ya con la sesión comenzada.

Los libertarios sí cuentan con el apoyo cerrado de los 6 senadores del PRO, encabezado por Luis Juez. Solo los complicó entre los propios de La Libertad Avanza la ausencia de Bartolomé Abdala, ausente porque ayer se supo que falleció su esposa. Así el oficialismo cuenta solo con 6 bancas ocupadas este jueves. La jefa de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no tiene prerrogativa para emitir su voto, a menos que el resultado salga empatado. Sería un final de película, dada la tensión acumulada de la vice con Milei.

MC/JJD

En el Senado se acaba de anticipar la suerte del mega-DNU de Javier Milei: rechazo. Es que el jefe del bloque La Libertad Avanza de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, solicitó postergar al menos 15 días el debate en el recinto de este decreto (que está vigente desde hace 77 días); la propuesta fue sometida a votación y resultó rechazada por 41 votos a 30.

Ese tablero es un indicador de la voluntad del cuerpo sobre el decreto desregulador que Milei dictó el 20 de diciembre, por cadena nacional, está vigente desde el 29 de diciembre y tiene 366 artículos que establecen la derogación y modificacions de centenares de leyes. Por ejemplo, permite que las empresas de medicina prepaga dispongan aumentos en las cuotas de sus afiliados sin ningún límite y cuando quieran (de hecho, ya han subido un 160% la cuota en lo que va del gobierno de Milei, gracias a dicho DNU) y establece una reforma laboral, cuya aplicación, sin embargo, se encuentra suspendida por la Justicia.

Un día ante de la sesión, el Gobierno nacional salió a lanzar una advertencia a la oposición al expresar que el posible rechazo el mega-DNU desregulador de Javier Milei supondrá un violentar “el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente, en su convocatoria al Pacto de Mayo”.

El comunicado, difundido por la cuenta de Twitter Oficina del Presidente, fue publicado justamente en la víspera de una sesión del Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a pedido de la oposición, con el fin de tratar —entre otros asuntos— el superdecreto de su compañero de fórmula.

Villarruel no podía no convocar a la sesión, porque como presidenta del Senado, si recibe una solicitud de llamado a sesión especial con la firma de al menos 5 senadores (que es lo que ocurrió), no puede rehusarse a hacerlo.

Además, sobre el caso específico de los decretos de necesidad y urgencia pesa una manda constitucional, que obliga a las cámaras del Congreso a darles un tratamiento inmediato. El DNU de Milei está vigente desde el 29 de diciembre de 2023 y aún no hubo ningún pronunciamiento ni debate legislativo al respecto.

Sin embargo, no pocos leyeron este comunicado de la Oficina del Presidente como un apriete directo de la Casa Rosada a la vicepresidenta. Pero también a la oposición.

Es que, para el Gobierno, la convocatoria de Milei a los gobernadores, realizada formalmente durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el pasado 1º de marzo, significa que los mandatarios provinciales deben controlar a los senadores que les responden políticamente y, por ende, frenar el tratamiento del DNU. El Gobierno está preocupado porque presume que el DNU será fialmente rechazado.

El DNU de Milei igualmente seguiría con plena vigencia en el caso de que el Senado lo rechazara, porque para que caiga debe también ser rechazado en el recinto de Diputados, donde no está claro que esté el número y, además, por ahora no hay ninguna convocatoria a sesión con el fin de debatirlo.

Sin embargo, el rechazo, además de significar un duro revés político para el gobierno de Milei, podría conllevar una reacción negativa de los mercados y tener consecuencias de distinta índole (judicial y económica, por ejemplo).

JJD

En medio de un clima de tensión puertas adentro de La Libertad Avanza, el debate por el mega-DNU de desregulación de la economía finalmente llegará este jueves al recinto del Senado. Pese a que Victoria Villarruel ya no le quedaban muchas más excusas para dilatar la convocatoria a sesión especial solicitada hace semanas por la oposición, en Casa Rosada la decisión tomada por la titular de la Cámara alta no fue vista con buenos ojos. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei no se guardó nada y acusó indirectamente a su vice de “avanzar con una agenda propia e inconsulta” y de “violentar el espíritu” del Pacto de Mayo, un tema por demás sensible para los intereses del oficialismo.

Villarruel se anotició de las veladas diatribas presidenciales en su contra en medio de la reunión de Labor Parlamentaria que había convocado con el fin de terminar de delinear los temas a tratar en la sesión. Leyó el texto junto a los senadores de los distintos bloques que la acompañaban y no pudo disimular su disgusto. “No le cayó bien”, dijo una voz presente en el encuentro. Hasta bien entrada la tarde de ayer, la vicepresidenta intentó sin éxito persuadir a los bloques opositores para postergar el tratamiento del DNU. “Quedó la idea de que hay que afrontar esta situación sí o sí”, confió a elDiarioAR una legisladora opositora al salir de la reunión.

El quórum para tratar el polémico decreto rubricado por Milei en diciembre, que incluye la derogación y modificación de más de 300 leyes, estaría garantizado. Desde la oposición aseguran contar con los 37 legisladores necesarios para abrir la sesión, entre los 33 de Unión por la Patria, los radicales y quienes figuran en la lista de los que, a mediados de febrero, le pidieron oportunamente a Villarruel que convoque a una sesión para analizar el DNU. En ese grupo, además de los representantes de las bancadas provinciales, se encuentran el correntino Carlos Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo, todos ellos miembros de Unidad Federal.

Anoche, el Gobierno ya bajaba línea sobre la interpretación que podrían esgrimir los senadores oficialistas en el recinto: dejó trascender que para tratar un asunto sin dictamen de comisión, como es el caso del DNU 70/23 (no fue analizado por la bicameral), se necesitarían los dos tercios de los votos, de acuerdo con el reglamento del Senado.

Sin embargo, la Ley 26.122, de Régimen Legal de los DNU, establece en su artículo 23º que las cámaras del Congreso pueden pronunciarse sobre la validez (aprobación o rechazo) por mayoría simple. Es decir, por ejemplo, si hubieran 70 senadores presentes en el recinto este jueves, el DNU podría ser rechazado por 40 a 30. Dice la ley: “Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.

El poroteo para la sesión de hoy

El resultado de la votación es una incógnita para Villarruel. “Las fuerzas del cielo lo sabrán”, ironizó durante la reunión de Labor Parlamentaria, según pudo saber elDiarioAr. Sucede que el poroteo que llega desde el Senado no es precisamente auspicioso para las intenciones del oficialismo. Serían 40 los legisladores que se opondrían al DNU, un número suficiente para alcanzar el rechazo. Todas las miradas se posan sobre los espacios provinciales, cuyos miembros podrían darle una señal al Gobierno en medio de la nueva negociación por la Ley Bases y el tironeo por el proyecto sobre Ganancias. Los senadores que responden a los gobernadores deberán expresar su voto con la suficiente cintura para evitar convertirse en “los enemigos” del diálogo que volvió a recomponerse a partir de la reunión del viernes pasado, cuando el jefe de gabinete Nicolás Posse recibió a los mandatarios provinciales en Casa Rosada.

Para la sesión de este jueves, que comienza a las 11, Villarruel incluyó en la orden del día otras cuestiones parlamentarias para las que se precisa alcanzar cierto consenso. Ante la presunción de una posible derrota en el tema DNU, la titular del Senado llenó el temario con iniciativas de otra índole. Entre ellas, una relacionada a políticas contra el lavado de activos; la que autoriza las salidas del país del presidente de la Nación o el ingreso y retiro de pliegos de diplomáticos y jueces que esperan sus acuerdos. Se acordó que el decreto será debatido al final de todo.

Con un bloque de apenas siete senadores, Villarruel resistió todo lo que pudo la presión opositora para abrir el recinto. Durante los últimos meses, la vicepresidenta mantuvo su férrea posición en contra, al aducir que contaba con potestad absoluta sobre la Cámara alta debido a que el Senado todavía se encontraba en sesiones extraordinarias. Una estrategia que encontró su propio límite a partir del 1 de marzo y que también pudo verse afectada por la denuncia del penalista Andrés Gil Domínguez contra los integrantes del Congreso en su conjunto por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos debido a la falta de tratamiento del DNU.

Es que, mal que le pese al presidente Milei, Villarruel no podía continuar oponiéndose a abrir el recinto. Como presidenta del Senado, si recibe una solicitud de llamado a sesión especial con la firma de al menos 5 integrantes del cuerpo (que es lo que ocurrió), no puede rehusarse a hacerlo. Además, sobre el caso específico de los decretos de necesidad y urgencia pesa una manda constitucional, que obliga a las cámaras del Congreso a darles un tratamiento inmediato.

De ser rechazado por el Senado, el DNU de Milei igualmente seguiría con plena vigencia. Para que caiga debe contar también con el rechazo de la Cámara baja, donde no está claro que esté el número ni hay por el momento alguna convocatoria a sesión con el fin de debatirlo. Sin embargo, el rechazo, además de significar un duro revés político para el gobierno de La Libertad Avanza, podría conllevar una reacción negativa de los mercados y tener consecuencias tanto judiciales como económicas.

“Se han dado miles de DNU y nunca hubo ningún problema, a pesar de que cercenaron libertades individuales y avanzaron sobre derechos de propiedad”, cuestionó ayer el Presidente en declaraciones a Radio Mitre. Y anticipándose a un eventual revés en el recinto del Senado, volvió sobre un concepto que había utilizado luego del tropiezo de la Ley Bases en la Cámara de Diputados: “Servirá como principio de revelación para dejar en claro de qué lado están los políticos: del lado de los argentinos de bien o de los delincuentes”.

PL/MC/JJD

El Gobierno nacional salió este miércoles a lanzar una advertencia a la oposición al expresar que el posible rechazo el mega-DNU desregulador de Javier Milei supondrá un violentar “el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente, en su convocatoria al Pacto de Mayo”. El comunicado, difundido por la cuenta de Twitter Oficina del Presidente, fue publicado justamente en la víspera de una sesión del Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a pedido de la oposición, con el fin de tratar —entre otros asuntos— el superdecreto que su compañero de fórmula dictó el 20 de diciembre último.

Villarruel no podía no convocar a la sesión, porque como presidenta del Senado, si recibe una solicitud de llamado a sesión especial con la firma de al menos 5 senadores (que es lo que ocurrió), no puede rehusarse a hacerlo. Además, sobre el caso específico de los decretos de necesidad y urgencia pesa una manda constitucional, que obliga a las cámaras del Congreso a darles un tratamiento inmediato. El DNU de Milei está vigente desde el 29 de diciembre de 2023 y aún no hubo ningún pronunciamiento ni debate legislativo al respecto.

Sin embargo, no pocos leyeron este comunicado de la Oficina del Presidente como un apriete directo de la Casa Rosada a la vicepresidenta. Pero también a la oposición.

Es que, para el Gobierno, la convocatoria de Milei a los gobernadores, realizada formalmente durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el pasado 1º de marzo, significa que los mandatarios provinciales deben controlar a los senadores que les responden políticamente y, por ende, frenar el tratamiento del DNU. El Gobierno está preocupado porque, por estas horas, quienes porotean las voluntades en la Cámara alta cuentan un número más que suficiente para el rechazo.

El DNU de Milei igualmente seguiría con plena vigencia en el caso de que el Senado lo rechazara, porque para que caiga debe también ser rechazado en el recinto de Diputados, donde no está claro que esté el número y, además, por ahora no hay ninguna convocatoria a sesión con el fin de debatirlo.

Sin embargo, el rechazo, además de significar un duro revés político para el gobierno de Milei, podría conllevar una reacción negativa de los mercados y tener consecuencias de distinta índole (judicial y económica, por ejemplo).

El DNU 70/2023 deroga decenas de leyes, como la de Alquileres; permite aumentos sin límite de las prepagas y establece una reforma laboral, que se encuentra judicializada. Según pudo saber elDiarioAR, el DNU sigue firme en el temario de la sesión del Senado de este jueves, prevista para las 11 de la mañana.

Qué dice el comunicado de la Presidencia

“En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, dice el comunicado de la Oficina del Presidente.

Agrega que “tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso” (en alusión a una sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados, que finalmente no se realizó por falta de quórum) violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo“.

“El potencial rechazo del DNU [en el Senado], que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”, dice el comunicado oficial y finaliza: “El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”.

Como ya se indicó en esta nota, para avanzar contra el DNU de Milen en la Cámara alta Unión por la Patria necesita sumar cuatro senadores más para alcanzar el objetivo.

Para alcanzar los 37 necesarios del quórum y de la mayoría simple, suma a los 33 propios y cuatro que podrían salir de la lista de los que le pidieron oportunamente a Villarruel que convoque a una sesión para analizar el DNU.

Esa nota, presentada el 27 de febrero lleva las firmas de dos exintegrantes del Frente de Todos, Edgard Kueider y Carlos Espínola (de Unidad Federal), la cordobesa Alejandra Vigo; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce y la rionegrina Mónica Silva, los últimos seis referenciados en sus respectivos gobiernos provinciales.

Además, en el documento aparece la firma del radical fueguino Pablo Daniel Blanco, dejando en evidencia, nuevamente, la diferencia de posicionamientos que hay en ese bloque sobre este y otros temas de coyuntura.

JJD

El plenario del Senado sometería esta semana a votación el controvertido DNU 70/23. Si bien existe cautela en quienes lo defienden y quienes quieren derogarlo, por estas horas el poroteo le estaría siendo favorable a estos últimos.

A la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no le quedan muchas más excusas para dilatar la convocatoria a sesionar: Unión por la Patria se lo viene pidiendo desde hace más de un mes, y en los últimos días se sumo otro pedido de senadores de bloques provinciales y exkirchneristas.

Desde ambos sectores reconocen que a la dinámica dilatoria del eje oficialista La Libertad Avanza-Frente PRO en la comisión bicameral de tratamiento de los DNU no le queda mucho margen para evadir el tema, más allá de que a esta altura –por cuestiones reglamentarias— lo que dictamine la comisión es meramente testimonial-.

En este escenario la vicepresidenta de la Nación convocaría para sesionar el jueves —o eventualmente el miércoles— y, ante la presunción de una posible derrota en el tema DNU, buscará llenar el temario con iniciativas de otra índole. Entre ellas, una relacionada a políticas contra el lavado de activos; la que autoriza las salidas del país del presidente de la Nación o el ingreso y retiro de pliegos de diplomáticos y jueces que esperan sus acuerdos. Sería una forma de licuar —palabra de moda en el gobierno libertario— la eventual mala noticia con otras.

En esa eventual primera sesión del año —sacando las preparatorias— iba a ser inevitable que se debatiera el asunto caliente de la semana pasada, que explotó el fin de semana con el aumentó que se otorgó el presidente Milei: la suba de las dietas de los legisladores. Anoche, finalmente, Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmaron una resolución conjunta anulando el aumento del 30% para los legisladores de ambas cámaras.

Cómo están los números que definirán la suerte del megadecreto de Milei

Para avanzar contra los que considera como perjuicios provenientes del articulado del DNU 70/23, como el aumento de las prepagas o el ida y vuelta con las empresas públicas, Unión por la Patria necesita sumar cuatro senadores más para alcanzar el objetivo.

Para alcanzar los 37 necesarios del quórum y de la mayoría simple, suma a los 33 propios y cuatro que podrían salir de la lista de los que le pidieron oportunamente a Villarruel que convoque a una sesión para analizar el DNU.

Esa nota, presentada el 27 de febrero lleva las firmas de dos exintegrantes del Frente de Todos, Edgard Kueider y Carlos Espínola (de Unidad Federal), la cordobesa Alejandra Vigo; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce y la rionegrina Mónica Silva, los últimos seis referenciados en sus respectivos gobiernos provinciales.

Además, en el documento aparece la firma del radical fueguino Pablo Daniel Blanco, dejando en evidencia, nuevamente, la diferencia de posicionamientos que hay en ese bloque sobre este y otros temas de coyuntura.

A esta lista mira el Frente de Todos para buscar llegar a los 37, con la aclaración que el pedido a Villarruel fue realizado el martes 27 y posteriormente llegó el llamado del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo y la reunión del viernes pasado de funcionarios del Poder Ejecutivo con los gobernadores.

Sin embargo, desde el espacio que dirigen los peronistas José Mayans y Juliana Di Tullio, confían en que alguno de los gobernadores terminará respaldando la derogación (además de los mencionados también talla el neuquino) o que algún radical “actúe a conciencia y no quede atrapado en la dialéctica del ‘votan igual que el kirchnerismo’” 

Desde los espacios provinciales que podrían colaborar con algún voto evalúan darle una señal de alerta al gobierno de Milei en medio de la nueva negociación por la ley ómnibus y el tironeo por el proyecto sobre Ganancias.

“Esto es sólo una media sanción y lo sabemos; pero queremos que el gobierno entienda que si queremos podemos avanzar también en Diputados. Podríamos aportar a la media sanción y esperar que el gobierno cambie su trato con los gobernadores. Es una posibilidad”, señalaron a elDiarioAR desde el entorno de uno de los senadores que firmó la nota de pedido de sesión.

En caso de que el Senado lo rechace, el DNU de todas maneras seguirá vigente, ya que sólo cae si lo votan negativamente las dos cámaras, en sendos recintos.

En Diputados, hasta antes de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, los poroteos de los diferentes bloques daban, números más, números menos, 131 por la ratificación contra 126 en contra. Pero con tan escasa diferencia nadie se aventuraba a que se abriera una sesión para definirlo.

En busca aún de la salida elegante los bloques intermedios, sobre todo Hacemos Coalición Federal (Miguel Pichetto y compañía) y el sector dialoguista de la UCR, siguen insistiendo con que antes de derogarlo se voten proyectos espejo derivados del contenido del DNU.

Ese voluntarismo por ahora no tiene devolución por parte de los representantes de “las fuerzas del cielo”, que siguen con la estrategia de estirar los tiempos mientras juegan todos los plenos a la relación —sobre todo económica y financiera— del Gobierno nacional con las provincias.

LF/JJD

La Libertad Avanza retrocede. La semana pasada, como anticipó elDiarioAR, se había comprometido a citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, entre otros funcionarios, a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de aprobar o rechazar los decretos presidenciales, justamente para que expliquen los alcances del DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei. Pero esta semana cambiaron de opinión y decidieron que no lo harían. El argumento: que primero deben tratarse los 136 decretos pendientes de evaluación, que fueron dictados por Alberto Fernández (Frente de Todos) y Mauricio Macri (Cambiemos). Finalmente, esta tarde se decidió por mayoría que el martes 12 se tratarán los DNU pendientes de las gestiones anteriores —con una reunión de asesores a quienes se les encargará la tarea de ordenar el listado por importancia— y que el jueves 14 sí empezarán a asistir funcionarios de la actual gestión por el súper-DNU de Milei. Es decir que el oficialismo consiguió demorar una semana la visita de los representantes del Poder Ejecutivo.

El DNU 70/2023, dictado por Milei el 20 de diciembre último y con vigencia desde el 29 de diciembre, tiene 366 disposiciones, entre las cuales se destacan la derogación de varias leyes (como la de Alquileres) y la posibilidad de que las prepagas aumenten su cuota lo que quieran y cuando quieran.

Salvo los artículos que fueron suspendidos por la Justicia (por ejemplo, todos los referidos a la reforma laboral), el mega-DNU de Milei se encuentra en plena vigencia. Por eso, por ejemplo, en lo que va del gobierno de Milei las prepagas ya pudieron aumentarles la cuota a sus afiliados hasta un 160% acumulado (40% en enero, 30% en febrero, 23% en marzo y 16% en abril), más que la inflación.

De acuerdo con la ley, un DNU sólo pierde vigencia una vez que es rechazado por los plenos de ambas cámaras. Pero antes, debe ser enviado a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por 8 diputados y 8 senadores, que se encarga de dictaminar sobre su validez (es decir, si no legisla en materias prohibidas por la Constitución y si cumple con los requisitos de necesidad y urgencia). Esta comisión tiene un plazo de 10 días para expedirse. Dicho plazo ya está totalmente vencido y, por lo tanto, el DNU debe ya tratarse de inmediato en los recintos.

Como la política es el arte de lo posible, ya han pasado más de dos meses desdes su publicación en el Boletín Oficial y ni la bicameral ni los plenos de ambas cámaras se han abocado a tratar el DNU de Milei.

La bicameral, que no se reunió ni en 2022 ni en 2023, tiene pendientes de tratamiento un centenar de decretos de los dos antecesores inmediatos de Milei, Fernández y Macri.

En la reunión de esta comisión realizada en la tarde de este jueves, el oficialismo (entendiendo por tal a los legisladores de La Libertad Avanza y a los del PRO) pidió que el tratamiento de los decretos sea cronológico, en el afán de demorar la visita de Caputo, Posse y otro puñado de funcionarios, y de que el DNU de Milei no sufra ningún pronunciamiento del Congreso.

El dictamen de la bicameral no es vinculante y, como se dijo, los decretos solamente pierden vigencia una vez que son rechazados por los plenos de ambas cámaras. Pero un dictamen de comisión de rechazo al DNU significaría —aunque no pierda vigencia— una derrota política, un indicador del clima político y, por lo tanto, un anticipo de lo que podría ocurrir después, en los recintos. También, en la Justicia, donde algunos tribunales ya suspendieron la vigencia de algunos artículos del instrumento.

Al final, a propuesta del diputado Nicolás Massot, del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal (que conduce Miguel Pichetto y es considerado la “oposición dialoguista”), la bicameral decidió dedicar los martes a los DNU viejos y los jueves, con funcionarios nacionales citados y juristas invitados, al súper-DNU de Milei.

“Propongo que se convoque a una reunión de asesores con el fin de que clasifiquen y propongan un plan de trabajo de todos los DNU ya vencidos, que son de todas las administraciones”, dijo Massot al explicar su moción, en alusión al orden de los decretos, ya que algunos devinieron abstractos, otros no son lo suficientemente relevantes y otros tiene efectos jurídicos que ameritan su tratamiento anticipado. Agregó: “El martes sería la reunión de asesores y que el jueves, que estamos como siempre obligados a reunirnos a las 14 horas, sea la citación de los funcionarios”. La moción fue aprobada por mayoría y se levantó la sesión de la bicameral.

A pedido de Unión por la Patria, también se invitará a constitucionalistas para que den sus argumentos jurídicos sobre la validez del DNU de Milei.

Sobre el final del encuentro, Lombardi había cuestionado a sus colegas de Unión por la Patria por insistir en la presencia de funcionarios de Milei cuando durante el gobierno del Frente de Todos los funcionarios de aquella administración no concurrieron a dicha comisión a explicar los decretos. “Comparto el criterio de que los funcionarios tienen que venir, tienen que explicar. Pero nunca en la gestión de Alberto Fernández vino ningún funcionario. Jamás. Entonces, ¿cómo se rasgan las vestiduras? ¿Saben por qué no vinieron a la comisión bicameral? Porque no se reunió, no la reunían, muchachos”, protestó.

A la salida del encuentro, el senador kirchnerista Mariano Recalde dijo: “Podría decir que no pasó nada, lamentablemente siguen las maniobras dilatorias para estirar el tratamiento del DNU y no llevarlo al recinto, que es lo que corresponde, lo que dice la Constitución, la ley, que no están cumpliendo, que ya pasaron los 10 días que tenía esta bicameral para tratarlo y que si no emitió dictamen tiene que ir al recinto. Así que estamos esperando que la vicepresidenta [Victoria Villarruel] se digne a cumplir con la ley, a cumplir con el reglamento, y convoque a sesión especial, como le hemos pedido ya una enorme mayoría de senadores, y podamos tratarlo. Si están los números, se rechazará y si no están los números, quedará aprobado”.

Durante la reunión de la bicameral, y como el oficialismo planteaba la necesidad de debatir primero todos los DNU anteriores no tratados, Recalde propuso, con ironía, que se invitara “a funcionarios de Menem”, porque, total, “son los mismos” que integran el gobierno de Milei ahora. De inmediato un senador que estaba cerca le respondió: “O a Scioli...”.

“Estuvo bien”, reconoció Recalde sonriendo. Touché.

JJD