Martín Menem viene aplicando una nueva lógica política para evitar derrotas en el Congreso: priorizar el mal menor por sobre el principio de revelación, que rigió durante los dos primeros años de Javier Milei. El riojano negoció con los aliados para desactivar la sesión opositora que buscaba voltear el DNU 70/2023, aceptó meter la restitución de la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, y ahora le toca ejecutar la segunda etapa de la maniobra. Este miércoles, el oficialismo sesionará en la Cámara de Diputados para sancionar la nueva versión de la ley de Sturzenegger y aprobar sus propios proyectos de emergencia en discapacidad y endeudamiento. 

El desafío de Menem será imponer los proyectos de La Libertad Avanza en dos temas que vienen siendo bandera exclusiva de la oposición hace meses. El presidente de la Cámara de Diputados aprendió por las malas –tres derrotas legislativas en solo un año– que el ajuste en discapacidad genera demasiada tensión social en las provincias como para seguir insistiendo ante los aliados. El escándalo que generó la presentación del Presupuesto 2027, con su capítulo que avanza contra todo el sistema de prestaciones de las personas con discapacidad, fue un llamado de atención. Para evitar una nueva ley de emergencia, Menem buscará impulsar su propio proyecto.

La iniciativa del oficialismo, que fue redactada por la bullrichista Laura Rodríguez Marchado, contradice abiertamente lo que propuso Milei en el Presupuesto. El proyecto retoma algunos de los puntos de la emergencia en discapacidad que impulsó la oposición el año pasado –y que Milei vetó y fracasó–, como la actualización de las prestaciones, la inclusión laboral y el nomenclador único. Pero incluye también algunas trampas formales, con las que el oficialismo pretende asegurarse que habrá un ajuste en el área. 

Una de esas trampas es que solo habilita la cobertura de salud para las pensiones por discapacidad, y no a aquellos que cobran la pensión por “invalidez laboral”. Las pensiones por discapacidad fueron una novedad de la ley de emergencia con la cual se buscaba diferenciar la “invalidez laboral” de las personas que cuentan con una discapacidad, pero no necesariamente están imposibilitados para trabajar. El problema, advierten en las organizaciones, es que todas las nuevas pensiones que está distribuyendo el Gobierno son todas por “invalidez”. Es decir que ninguno de sus beneficiarios podrá acceder a una cobertura de salud gratuita integral. 

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros en advertirlo, y es quien le está reclamando al oficialismo que modifique el dictamen para poder ampliar la cobertura para todas las pensiones. Herrera Ahuad tiene una discapacidad auditiva y es un voto clave para el oficialismo, que necesita que él y los otros tres diputados misioneros y tres diputados salteños que integran su bloque, Argentina Federal, acompañen su propuesta y no la de la oposición. En el bloque provincial advierten que hay un compromiso de modificarlo, pero predomina la desconfianza.

El proyecto de la oposición, mientras tanto, apunta a prorrogar la emergencia en discapacidad que se dictó el año pasado. Es una respuesta a las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad, y fue lo que movilizó el tema en el Congreso el año pasado. 

El oficialismo pretende, ahora, tomar el tema como propio, y el desafío de los bloques opositores es avanzar con su propuesta. Necesitan, para eso, que todos los aliados que ayudaron a boicotear la sesión del DNU 70 se alineen, ahora, con ellos. 

El otro tema es el de endeudamiento familiar, otro de los reclamos sociales que la oposición llevó al Congreso para disputar la agenda económica de Milei. La iniciativa del peronismo, junto al radicalismo díscolo, la Coalición Cívica y el socialismo, propone la creación de un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. Es un plan de reestructuración en 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. Y está destinado a todas aquellas personas que registran una mora de más de 60 días en créditos al consumo o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones.

Es un tema que al oficialismo le incomoda, ya que el endeudamiento familiar interpela directamente al corazón del programa económico libertario. En la oposición reconocen que la propuesta es solo un alivio y que el origen del problema es la caída de los ingresos y la liberalización de las tasas de interés, pero el oficialismo se niega a aceptar esa narrativa. El objetivo de La Libertad Avanza es disputar el relato del aumento de la morosidad y encarar el problema como si fuera un tema de transparencia y educación financiera. 

La verdadera apuesta de Menem, sin embargo, es que la sesión se caiga antes de llegar al tema de endeudamiento. El oficialismo solo incluyó el proyecto para desactivar la sesión de la semana pasada, que incluía estos dos proyectos, pero no tiene verdadero interés en tratarlo. Por eso es que la ley de endeudamiento está última en el temario y se espera que se debata por la madrugada: el objetivo es que, para entonces, falten demasiados diputados y se caiga la sesión por falta de quórum. 

Ley de Tierras

El primer proyecto que se debatirá el miércoles es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Menem modificó el proyecto de Sturzenegger la semana pasada, incluyendo un artículo que deroga el artículo 154 del DNU 70 y restituye la Ley de Tierras en la Argentina. Fue la maniobra que le permitió evitar el rechazo a todo el DNU 70 la semana anterior, y ahora es tiempo de continuar el plan hasta el final. 

El proyecto incluye también un capítulo de desalojos exprés y otro que encarece las expropiaciones, que ya fueron aprobados en el Senado. De aprobarse en Diputados, la ley deberá girar a su cámara de origen y definir si acepta o no los cambios. Patricia Bullrich, que está peleada con Menem, será quien defina si le salva o no el pellejo a la estrategia del riojano.

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La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada este jueves por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron camiones hidrantes contra un grupo de manifestantes, minutos antes del acto central de la movilización convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los enfrentamientos se registraron durante la tarde, cuando algunos manifestantes arrojaron piedras y cascotes contra el vallado dispuesto alrededor del Palacio Legislativo e intentaron derribar las estructuras. Los efectivos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó corridas y momentos de tensión en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos.

Los incidentes se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraban en la Plaza del Congreso para reclamar mayores recursos para las universidades nacionales.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió del recinto tras los enfrentamientos y cuestionó el accionar policial. “Hubo una provocación”, afirmó ante la prensa.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, sostuvo el legislador.

La movilización había sido convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles, con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Bajo las consignas “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, los manifestantes volvieron a reclamar la ejecución de la norma aprobada por el Congreso.

La columna de la UBA partió desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes hasta llegar a la zona del Congreso. La convocatoria tuvo réplicas en distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa.

El operativo de seguridad había comenzado horas antes, con vallados y cortes de tránsito alrededor del Palacio Legislativo. Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal, mientras que también se registró la intervención de personal de Gendarmería durante los incidentes.

El reclamo por el financiamiento universitario

La quinta movilización federal se realizó en medio de un conflicto que continúa abierto por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales y de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

El presidente Javier Milei vetó la ley en septiembre del año pasado, pero el Congreso rechazó el veto. Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante un decreto, lo que dio lugar a una disputa judicial.

En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa de 100.000 pesos diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles.

El deterioro presupuestario es uno de los principales motivos de la protesta. Según un relevamiento publicado por Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 se encuentra un 25,3% por debajo del registrado en 2023, en términos reales. En tanto, los salarios docentes acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 24,2% respecto de noviembre de ese año.

El informe señala además que, para cumplir con la actualización salarial establecida en la ley, el Gobierno debería otorgar un incremento adicional del 32% sobre los haberes de septiembre.

La movilización coincidió también con una jornada de protestas de organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En ese escenario de reclamos simultáneos, la intervención de las fuerzas de seguridad volvió a generar cuestionamientos por el desarrollo de los operativos policiales durante las manifestaciones frente al Congreso.

Con la ayuda de los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Fe, el Gobierno logró desactivar la sesión opositora para rechazar el DNU 70/2023. La plaza frente al Congreso recién se estaba empezando a poblar de manifestantes cuando Martín Menem anunció que, con 121 presentes, no había quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo negoció con los gobernadores, neutralizó el reclamo por la extranjerización de tierras y evitó, así, que la oposición voltease el megadecreto desregulador de Javier Milei. 

Fue una crónica de una derrota anunciada. Ya desde la noche anterior, la oposición anticipaba que se había quedado sin su principal incentivo para presionar a los aliados: la Ley de Tierras. Menem había maniobrado para patear el tema dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los diputados indecisos se mostraban menos proclives a enemistarse con Milei. Al día siguiente, temprano a la mañana, el Gobierno anunció que impulsaría inversiones para modernizar el sistema ferroviario de Salta y dio el golpe final. Sin el apoyo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la oposición no podía alcanzar el número. 

La oposición logró juntar, finalmente, unos 121 diputados. Los gobernadores amagaron con dar quórum y, a último momento, vaciaron la sesión. Los dos santafesinos que responden a Maximiliano Pullaro, José Nuñez y Gisela Scaglia, estaban en la Cámara de Diputados, pero ni se dejaron ver por el recinto. Los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo –Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera– caminaban de un lado al otro por el Congreso, con el teléfono en la mano, a la espera del llamado del gobernador. Jaldo bajó el dedo y no dieron quórum. 

Los salteños de Sáenz, Pablo Outes y Bernardo Biella, entraron al recinto y se sentaron un rato. Cada dos minutos miraban el tablero, atentos a si el número se acercaba al quórum, y se paraban de sus bancas. Con el teléfono pegado a la oreja, Biella decidió sentarse y dar quórum cuando vio que a la oposición todavía le faltaban demasiados votos como para tener éxito. Una vez vencido el plazo de 30 minutos para reunir el quórum, Menem anunció que no estaba el número y Biella se fue corriendo del recinto. 

Tampoco dieron quórum los jujeños radicales, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, que firmaron el pedido de sesión, pero después se ausentaron. Su gobernador, Carlos Sadir, está negociando un acuerdo electoral en la provincia. El chubutense Loma Ávila, el rionegrino Sergio Capozzi, la radical Karina Banfi y la ex libertaria Lourdes Arrieta tampoco dieron quórum. Hubo, incluso, dos peronistas que pegaron el faltazo: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita. En el bloque de Unión por la Patria se esperaban el faltazo de Neder, pero el de Tita, que responde a Gustavo Melella, fue una sorpresa. 

Sí dieron quórum, en cambio, los tres catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot. El gobernador peronista Raúl Jalil tiene cerrado un acuerdo político con el Gobierno e intentó bajarlos para que no dieran quórum, pero los diputados decidieron rebelarse. Nóblega había anunciado, hace una semana, que daría quórum, y no quiso desdecirse. “Están jugando más con (Lucía) Corpacci, es una pena porque Raúl nos juega bien”, se lamentó una espada libertaria. 

El misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros en sentarse, escoltado luego por otros dos diputados misioneros. El único en ausentarse fue Daniel Vanscik, viejo amigo de Menem. 

Los libertarios, mientras tanto, observaban a la oposición desde afuera del recinto, detrás de las cortinas. Karen Reichardt se reía y los filmaba, burlándose del fracaso opositor. “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró Menem a través de sus redes sociales.

“Negocian la propia, negocian su sillita. Si el 6 de agosto se retiró el capítulo de extranjerización de tierras fue por la inmensa movilización popular, ese es el camino que tenemos que continuar”, los cruzó Myriam Bregman, luego de que se terminara el tiempo límite y comenzaran las breves expresiones en minoría. Afuera en la calle, mientras tanto, las primeras columnas de manifestantes habían comenzado a llegar y las fuerzas de seguridad reprimían.

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El oficialismo libertario tenía planeada la maniobra desde hace varios días y, una vez que salió el último fallo de la Corte Suprema, lo puso en práctica. En tiempo récord, sin casi debate, Martín Menem le intervino la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a Federico Sturzenegger y emitió un dictamen que le da un giro de 180 grados a la versión original del ministro desregulador. El proyecto, que originalmente derogaba la Ley de Tierras, pasó a incluir un artículo que propone derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el propio Gobierno había intentado eliminar esa misma ley. Todo con el objetivo de desactivar la sesión opositora del jueves.

La estrategia del Gobierno era vaciar la sesión de su principal incentivo: la defensa de la Ley de Tierras. Luego del segundo fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente el artículo 154 del decreto, Menem le propuso a los aliados blindar la ley de Cristina Fernández de Kirchner dentro del mismo proyecto que había intentado eliminarla. Convocó un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y, menos de 24 horas antes de que comenzara la sesión, emitió dictamen de mayoría de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el apoyo del PRO, la UCR y el santafesino que responde a Maximiliano Pullaro, José Nuñez.

El dictamen incluye dos artículos nuevos. Uno que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 y otro que restituye la Ley de Tierras para que entre en vigencia después de la sanción de la ley. “Esperemos que se la deje sin efecto para recuperar la soberanía y ser un gran país”, afirmó el radical correntino, Diógenes González, quien fue el encargado de solicitar formalmente la inclusión de los dos nuevos artículos. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, se limitó a aceptar la propuesta. 

La oposición ingresó más tarde a la comisión, con la expectativa de que el oficialismo no pudiera juntar quórum. Mientras Silvana Giudici y Mayoraz sondeaban a los presentes, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulon y Romina del Plá hacían números en una sala adyacente. Predominaba el desánimo: la estrategia del oficialismo había surtido efecto, y muchos de los indecisos se mostraban menos proclives a acompañar la sesión opositora ahora que tenían la excusa de la nueva ley de Inviolabilidad. 

En la oposición calculaban unos 120-122 votos a favor. Además de la base de votos peronistas, socialistas, de izquierda, pichettistas y del radicalismo díscolo, se había sumado el apoyo de los misioneros de Hugo Passalaqcua y los catamarqueños de Raúl Jalil. Al menos cuatro de los seis diputados del peronismo cordobés habían prometido su apoyo, aunque no así el llaryorista Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Los salteños de Gustavo Sáenz, mientras tanto, habían dejado de responder los mensajes, y nadie confiaba mucho en el apoyo de Lourdes Arrieta o la radical Karina Banfi. 

La incógnita es lo que harán los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, que todavía no anticiparon postura. “Estamos esperando la llamada de nuestro gobernador”, admiten, sin medias tintas, en la bancada Independencia. La presencia de la tucumana Gladys Medina en el plenario de comisiones, sin embargo, generó suspicacias en la oposición. 

A pedido de Menem, Medina participó del comienzo de la reunión de comisiones con el objetivo de colaborar con el quórum. Llegó cuando faltaban cinco minutos para que se cumpliera el tiempo límite, se sentó en una mesa alejada de todos y se fue a los 10 minutos sin pronunciar palabra. Todavía no sabe si participará de la sesión del jueves e hizo gestos para ambos bandos: al oficialismo le dio quórum, pero se negó a firmar el dictamen de mayoría que blindaba la estrategia oficialista. 

El que sí colaboró con su firma en el dictamen fue José Nuñez, que responde a Pullaro. El gobernador santafesino jugó un rol clave en favor del Gobierno, ya que Gisela Scaglia, la diputada santafesina que busca reelegir como vicegobernadora el año que viene, intervino también para que el oficialismo pudiera tener número en la comisión. ¿Cómo? Pidiendo reemplazar al rionegrino Sergio Capozzi –que integra el bloque que ella preside y no podía participar de la reunión– por Nuñez y consiguiendo cerrar así que el oficialismo tuviera el número para dictaminar. 

Con las botas puestas

“Qué manotazo de ahogado pegaron, fenomenal”, ironizó la camporista Paula Penacca, quien chicaneó a LLA por querer restituir una ley que se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner yendo en contra de los intereses de su propio presidente, Javier Milei. “Me resulta inexplicable que vayan a firmar un dictamen que va en contra de lo que el Presidente recontraconfirmó en el DNU 70, el del 'Coloso' Sturzenegger, el funcionario más fracasado de la historia”, insistió la diputada del peronismo.

El debate fue escalando, entre gritos y chicanas cruzadas. La oposición los acusaba de querer boicotear la sesión y convocaba a la población a participar de la movilización frente al Congreso. “Nadie se va a olvidar de quién respaldó la ley de extranjerización de las tierras”, les advirtió la peronista Julia Strada. “Ah, escrache”, gritó, fuera del micrófono, Sebastián Pareja, y agregó: “Como los nazis”. “No, como Milei en las redes”, intercedió Maximiliano Ferraro. 

Las peleas continuaron durante unas horas, pero la atención estaba puesta en otro lugar. Moreau y Martinez continuaban conversando por teléfono, intentando conseguir el número para el jueves. 

“Moriremos con las botas puestas”, deslizó, resignado, un diputado opositor.

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La defensa de la educación pública y de la soberanía nacional reunirá este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en una movilización que tendrá su epicentro frente al Congreso. La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con una jornada de protesta contra el DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó, entre otras normas, la Ley de Tierras, que establecía límites a la propiedad extranjera de territorios rurales.

La convocatoria, que se replicará en distintas ciudades del país, tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. También se exigirá la protección de los recursos naturales, la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y medidas frente al creciente endeudamiento de las familias.

En la Ciudad de Buenos Aires, las primeras actividades están previstas desde las 10.30, mientras que distintas organizaciones comenzarán a concentrarse entre las 12.30 y las 13.30 en las inmediaciones del Congreso. Las dos CTA convocaron a reunirse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, y el acto central universitario está anunciado para las 16 en la Plaza del Congreso.

La movilización contará con la participación de las centrales sindicales, gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, colectivos ambientalistas, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones políticas de la oposición.

La universidad pública vuelve a las calles

La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

La legislación establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y sostener las actividades académicas y científicas. Sin embargo, el Gobierno condicionó su puesta en marcha a la identificación de fuentes presupuestarias, una decisión que dio lugar a distintas presentaciones judiciales.

El conflicto sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba avanzar con las recomposiciones salariales y las becas.

La sanción se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional denunciara que el Ejecutivo había dejado vencer los plazos fijados por la Justicia sin concretar las actualizaciones reclamadas. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.

Además de exigir la aplicación de la ley, las universidades cuestionan las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027, que consideran insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo y científico.

En su convocatoria, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que la movilización busca defender tanto la educación superior como la investigación científica. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, convocó a sumarse a los reclamos por la soberanía, la democracia y los derechos de las personas con discapacidad.

La soberanía y la Ley de Tierras, otro eje de la protesta

La marcha también estará atravesada por el rechazo al DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones y derogaciones en numerosas leyes. Entre ellas se encuentra la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Esa legislación fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario. Su derogación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sectores políticos, movimientos sociales y agrupaciones de excombatientes de Malvinas.

La discusión volvió a ocupar el centro de la escena después de una serie de decisiones judiciales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover esa acción.

Sin embargo, el 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso restablecer provisoriamente los efectos de una medida cautelar que protege la vigencia de la Ley de Tierras, en el marco de otra presentación judicial impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación, por lo que las organizaciones convocantes mantienen el reclamo de una solución legislativa.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también anunció su participación en la jornada y vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los recursos nacionales y el derecho a una educación y una cultura propias.

Una sesión en Diputados contra el DNU de Milei

La movilización coincidirá con una sesión especial convocada por distintos bloques opositores en la Cámara de Diputados para las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa destinada a atender el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

La oposición buscará reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate. El decreto ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero todavía necesita el rechazo de la Cámara baja para quedar sin efecto.

Entre los espacios que impulsan la sesión se encuentran Unión por la Patria, sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otras bancadas opositoras. No obstante, persisten las dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el rechazo del decreto.

Las organizaciones que convocan a la protesta consideran que la presencia de manifestantes frente al Congreso puede contribuir a respaldar el tratamiento parlamentario de las iniciativas.

Paro de ATE y adhesión de las centrales sindicales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves, acompañado de movilizaciones y otras medidas de protesta. El sindicato reclama la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de la soberanía nacional frente a la extranjerización de las tierras.

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la utilización de decretos para modificar leyes y convocó a los trabajadores estatales a participar de la jornada.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma llamaron a movilizarse con cese de actividades y abandono de tareas. Ambas centrales plantearon que la protesta debe reunir los reclamos de las universidades, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

También se sumarán organizaciones vinculadas a la economía popular, agrupaciones de inquilinos y colectivos que reclaman medidas frente al endeudamiento de los hogares.

Movilizaciones en todo el país

La protesta tendrá expresiones en distintas provincias, con concentraciones organizadas por universidades, federaciones estudiantiles y sindicatos locales.

En Córdoba, la marcha comenzará a las 15.30 y recorrerá el centro de la capital provincial hasta la plaza Doctor Dalmacio Vélez Sársfield, donde está previsto un acto a las 18. La Universidad Nacional de Córdoba recomendó suspender las actividades académicas obligatorias durante parte de la tarde para facilitar la participación.

En Neuquén, las organizaciones universitarias convocaron a concentrarse a las 17 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, con una movilización prevista para las 18. En General Roca, la concentración será a las 17 en la Plaza San Martín, mientras que en Bariloche los manifestantes se reunirán a las 17.30 en Onelli y Moreno.

La Universidad Nacional del Nordeste también convocó a marchar en Corrientes y Resistencia. En ambas ciudades, las concentraciones comenzarán a las 17.30 y las columnas partirán a las 18 hacia las respectivas plazas 25 de Mayo.

Con reclamos que abarcan desde el presupuesto universitario hasta la propiedad de las tierras rurales, la jornada buscará reunir distintas expresiones de oposición a las políticas del Gobierno. El resultado de la sesión en Diputados y la respuesta del Ejecutivo a las demandas de las universidades serán dos de los puntos centrales de una protesta que volverá a poner en discusión el financiamiento de la educación pública y la soberanía nacional.

CRM

El comer es lo primero, pero tener techo viene después. En las elecciones municipales de Nueva York y Berlín, en noviembre y septiembre últimos, la izquierda ganó por poner la vivienda como prioridad de la agenda. El desalojo y posterior muerte de la jubilada madrileña Maricarmen Abascal ha provocado un adelantamiento de los comicios generales de España. En la Argentina no figura al tope de la discusión política y social, pero preocupa cada vez más a la población, en un país donde cuatro de cada diez hogares son precarios, uno de cada cinco alquila y en el que el alquiler ha sido el segundo precio que más subió a partir de la desregulación adoptada por el DNU 70/2023 del inicio del gobierno de Javier Milei.

En la última encuesta nacional de la consultora Management & Fit, el principal problema de la población sigue siendo llegar a fin de mes (22% en septiembre, frente al 24% en julio), seguido por los bajos ingresos (17%, frente al 20% de mitad de año), la inseguridad en la calle (sigue en 14%), el endeudamiento (10%, frente al 11% anterior), la falta de trabajo (9%, contra el 8%), mientras que sobre todo crece la inquietud por alquilar o acceder a la vivienda (7,4%, un salto frente al 4,9% de dos meses antes). No es extraño: el alquiler es el segundo precio que más aumentó en el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive un tercio de los argentinos, en la era libertaria, un 93% real (ajustado por inflación), sólo superado por el gas y la luz (116%), según el Instituto de Estadística (Indec), mientras las escrituras con crédito hipotecario en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires cayeron 42% en el primer semestre, antes del nuevo plan gubernamental sobre la materia, según datos oficiales procesados por la Fundación Tejido Urbano.

Se me vence el contrato y ya me dijeron que el nuevo va a ser por un año.Nunca me atrasé en el pago, saqué un crédito con la tarjeta para pagar y ahora los intereses de ese crédito se me fueron por las nubes

Gricelda Martínez — Empleada doméstica

“Estoy dejando de comer para pagar el alquiler”, cuenta Gricelda Martínez, empleada de casas particulares que alquila una casa en dos dormitorios en Avellaneda. “El problema es que desde hace un año me bajó mucho el trabajo, antes trabajaba en tres casas por día, ahora en una o dos, pero el alquiler me aumenta cada tres meses por inflación y ahora pago $650.000. Me gustaría mudarme a un lugar más barato pero piden muchos papeles y mucha plata. Por una casa de un dormitorio piden 1,8 millones, más garantía, dos meses de alquiler adelantado y recibo de sueldo, que no tengo. En febrero me vence el contrato y ya me dijeron que el nuevo va a ser por un año. Hacen lo que quieren, cobran lo que quieren. Pero nunca me atrasé en el pago, saqué un crédito con la tarjeta para pagar y ahora los intereses de ese crédito se me fueron por las nubes”, agrega Gricelda.

Entre el censo 2010 y el de 2022, el porcentaje de hogares que alquilan en la Argentina se elevó del 16% al 21% y en la Ciudad de Buenos Aires, del 30% al 37%. “La clase media, que históricamente accedía a la propiedad mediante el ahorro familiar, se vio imposibilitada de comprar debido a la disparidad entre sus ingresos y el valor del suelo, lo que desató un fuerte proceso de inquilinización a partir de los 2000”, según la Fundación Tejido Urbano. A su vez, el 40% de las unidades de vivienda sufren algún problema habitacional, ya sea sus materiales, su acceso a servicios básicos y el hacinamiento, según el Atlas de la Vivienda Digna y Sustentable en Argentina, que elaboró el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Universidad de San Martín a partir del último censo.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, convoca a la marcha del próximo jueves contra el decreto de necesidad y urgencia de Milei que derogó toda regulación de alquileres y a favor de volver a contratos de tres años con precios regulados. En las grandes economías desarrolladas (EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia y y las de mayor renta per cápita de Latinoamérica (Uruguay, Chile, México, Brasil) no hay una desregulación semejante, salvo en buena parte de EE.UU, no en Nueva York, y en Chile. Pero en la mayoría de esos países rigen algunas condiciones, diferentes, no todas en el mismo lugar, que van desde topes a los precios iniciales y a los aumentos, plazos para los incrementos, contratos por tres o cuatro años o por tiempo indefinidos que sólo se pueden romper por causas justificadas ante los tribunales, límites a las garantías, adelantos y comisiones y subsidios al inquilino.

Pero algunos expertos peronistas y progresistas temen que la vuelta a la regulación del alquiler en la Argentina podría volver a restringir la oferta de viviendas ofrecidas. Uno de ellos es Manuel Socías, peronista y presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba). Para empezar, asegura que en este país el alquiler aún no es un tema central de la política, porque hasta ahora la mitad de las personas terminaba consiguiendo techo en la vivienda de algún familiar, pero eso resulta cada vez menos frecuente.

“Con la desregulación subió la oferta, pero subió el precio y al mismo tiempo hubo una crisis de ingresos”, se refiere Socías al mayor desempleo, el empeoramiento de la calidad del trabajo (del formal al informal o cuentapropista) y la caída del salario y del ingreso disponible (el dinero que sobra después de pagar las cuentas ineludibles, como alquiler, expensas y servicios básicos). “Desde la huelga de alquileres de 1907 hemos visto crisis de oferta, cuando hubo regulación, y de demanda, cuando hubo desregulación. No debemos ir a una solución ni a otra sino crear un submercado público, con alquiler al costo, es decir, 30% más barato”, propone el presidente del Cesba.

“Viena creó una oferta de alquileres públicos y mixtos y más del 60% de la gente alquila en el sistema público, el organismo París Hábitat tiene 170.000 viviendas de alquileres protegidos; Nueva York, 120.000 y además impone una renta estabilizada para otro millón”, ejemplifica Socías. Pensando en la Argentina, el experto recuerda que hoy en día la Ciudad de Buenos Aires cobra en metálico una “plusvalía urbana” por la construcción de metros cuadrados adicionales a partir de cambios en los límites de altura para edificar, pero, en lugar de eso, podría exigirles a los desarrolladores inmobiliarios que destinen una porción de los departamentos a alquileres protegidos por el Estado.

“Las herencias vacantes hoy se subastan, pero podrían ir a un banco de propiedades públicas en alquiler”, ofrece otra propuesta. “Hoy el Microcentro está vacío. Podrías hacer un programa de reconversión pero con el objetivo de crear vivienda protegida porque lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta con su plan de reconversión fue fomentar Airbnb.

Hay un fetiche con el crédito hipotecario, pero eso no es una política de vivienda porque sólo una minoría accede y el efecto es que apenas se anuncian aumentan los precios de las propiedades por las expectativas de sus propietarios de que los venderán

Manuel Socías — Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba)

Socías opina que el Estado debería abandonar la política de vivienda centrada en el sueño de la casa propia y centrarse en facilitar el alquiler. “El peronismo y el antiperonismo siempre pregonaron el sueño de la casa propia. Si alquilás, sos un fracasado, pero los dos paradigmas fracasaron. El mercado no soluciona porque la oferta privada de vivienda busca al que ahorra en dólares, no al que necesita casa. A su vez, el Estado debe dejar de construir para dar en propiedad, que deja a muchos afuera, que se terminan perjudicando porque los nuevos propietarios a veces ponen esos inmuebles en alquiler pero a precios de mercado. En lugar de eso, hay que construir para alquiler a precios bajos. Hay un fetiche con el crédito hipotecario, pero eso no es una política de vivienda porque sólo una minoría accede y el efecto es que apenas se anuncian aumentan los precios de las propiedades por las expectativas de sus propietarios de que los venderán.”

Construir para alquilar

Federico Poore, magister en economía urbana, también apuesta al fomento del alquiler. “Las ciudades argentinas tienen un problema diferente que las europeas. En Europa hay grandes fondos como Blackstone con cientos de miles de propiedades. En Argentina, es la reserva de valor de la clase media alta y alta. Son dinámicas diferentes que exigen respuestas diferentes”, aclara Poore para empezar.

Lejos del mito del abuelito pobre que vive del alquiler de un segundo inmueble, en la provincia de Buenos Aires, sólo el 6,1% de la población, un millón de personas, tiene dos o más propiedades, la mitad del total, según datos que la agrupación Inquilinos Agrupados, donde milita Muñoz, le pidió a la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Y el 0,6%, unos 104.000 individuos, cuenta con cinco o más viviendas, el 14% del total.

Poore teme que un regreso a la regulación retraiga la oferta, como ocurrió en el gobierno anterior con la ley de 2020, o eleve el anticipo inicial. “Hay una política pública no explorada; la de construcción para alquiler. En Montevideo se dan beneficios impositivos para construir para alquilar. En la ciudad de Buenos Aires se construyó pero desenganchado de la necesidad de vivienda. Otras son las políticas de zonificación inclusiva para incluir un porcentaje alquileres por debajo del precio del mercado en nuevos desarrollos privados en terrenos cedidos por el Estado, como en Hamburgo y Nueva York.”

¿Qué hacer con los que viven en viviendas precarias? “Hay que ofrecerles mejoramientos de vivienda con crédito a tasa blanda o aportes no reembolsables, pero con esta última opción pronto te quedás sin plata”, responde Socías. Poore va por el mismo lado: “A los que se les cae el rancho, necesitan sumar piezas, arreglar el baño o la humedad, que los bancos públicos den créditos a tasa negativa, incluso con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS, de la Administración Nacional de Seguridad Social), y así con la misma plata llegás a más gente”, contesta Poore.

El Gobierno decidió usar el FGS para financiar a los bancos para prestar hipotecarios, pero su alcance será muy limitado en cantidad de personas, que además pertenece a los segmentos medio altos de la sociedad. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sólo el 31% de los hogares inquilinos, unos 1,1 millones, está en condiciones de acceder a un crédito hipotecario con los requisitos y tasas bancarias vigentes, pero la administración Milei ahora ofrece sólo 15.000 o 20.000 préstamos a través del FGS, según cálculos de Tejido Urbano.

El presidente de esta fundación, Fernando Álvarez de Celis, aboga por el “enorme potencial del crédito hipotecario para revertir el acelerado proceso de inquilinización que atraviesa el país”. Advierte que los jóvenes que acceden al techo propio lo hacen más tarde, a los 45 años, en lugar de los 35 de antaño, mientras que aumentan la cantidad de jubilados que alquilan (7% del total).

“Las construcciones a estrenar en corredores consolidados cotizan como reserva de valor en dólares para inversores que ya tienen propiedades, mientras el mercado del crédito hipotecario opera en un andarivel completamente diferente”, advierte Tejido Urbano. “El promedio de las escrituras firmadas con hipoteca se sitúa en los 97.000 dólares. Esto explica por qué casi el 100% de los créditos hipotecarios otorgados se destinan a la compra de viviendas usadas en áreas periféricas o barrios tradicionales en lugar de obras de pozo”, añade la fundación.

“Frente a las promesas electorales basadas en millones de viviendas o líneas de crédito de bajísima escala, orientadas exclusivamente a sectores con ingresos formales dejando fuera un 40% de la población que trabaja en la informalidad, el Estado está en una posición de retirada a nivel social en los últimos dos años, sin desarrollo de políticas de construcción, y con un 30% de población inquilina en la ciudad”, advierte Álvarez de Celis.

“Contra lo que suele creerse, la vacancia prolongada no está en Puerto Madero sino en el Microcentro”, señala Nicolás Dino Ferme, coordinador senior del programa de Estado y Gobierno del Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec). Según un análisis del centro sobre datos de consumo eléctrico de Edesur y Edenor, en agosto de 2026 unas 100.000 unidades residenciales de la ciudad de Buenos Aires (el 6,3% del total) llevaban al menos un año con consumo mínimo. En el Microcentro (San Nicolás y Monserrat) esa proporción llega al 10,5%. En Puerto Madero es del 2%, la más baja de los 48 barrios. La investigación, aún en desarrollo, encuentra que la vacancia es mayor en las zonas de menor nivel socioeconómico, un patrón que se repite en todas las mediciones desde 2019. Las viviendas vacías suponen el 11,7% de las de la Argentina y el 13,8% de las de la capital, según el censo 2022. A su vez, Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de la ONG Hábitat para la Humanidad Argentina, advierte que los “alquileres informales de barrios populares son incluso más elevados que los del mercado formal a cambio de condiciones de extrema precariedad y nula previsibilidad”.

AR/MG

“Es realmente una buena noticia”. La frase, pronunciada por un funcionario con despacho en Balcarce 50, resume el alivio con el que la Casa Rosada recibió este viernes el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. La decisión de suspender provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, le permite al Gobierno descomprimir un conflicto que amenazaba con trasladarse al Congreso el próximo jueves 15 de octubre. En el oficialismo no estaban convencidos de que la oposición consiguiera los votos para rechazar el decreto completo, pero admitían que la controversia se había convertido en un obstáculo para otras negociaciones que consideran mucho más importantes.

El problema no era solamente el DNU, sino todo lo que podía quedar atrapado en esa discusión. El ala política del Gobierno trabaja para reunir apoyos alrededor de dos de las principales prioridades legislativas de Javier Milei: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas, algunos de los cuales habían comenzado a reclamar una solución al conflicto por la extranjerización de tierras. La posibilidad de tener que defender el decreto completo en el recinto amenazaba con introducir una nueva tensión en esas conversaciones.

La resolución judicial llegó, además, cuando la oposición intentaba convertir el malestar por la Ley de Tierras en una ofensiva más amplia contra el programa de desregulación libertario. La convocatoria a una sesión especial para el jueves 15, a las 14, había empezado a sumar adhesiones entre legisladores que cuestionaban la eliminación de los límites a la propiedad extranjera, aunque no necesariamente estaban dispuestos a rechazar los demás artículos del DNU 70. Con las restricciones nuevamente vigentes, al menos de manera provisoria, ese punto de encuentro pierde parte de su fuerza.

El respiro oficial, sin embargo, no equivale a una victoria definitiva. La Corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina y remitió el expediente a la Justicia Federal de Bariloche. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. El conflicto judicial continúa abierto, aunque su impacto inmediato sobre la agenda parlamentaria podría ser muy distinto al que había provocado la sentencia anterior.

El Gobierno venía siguiendo de cerca las conversaciones opositoras para reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Los impulsores de la convocatoria contaban con entre 122 y 124 legisladores, después de sumar el respaldo de los diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil. La diferencia dependía de un puñado de bloques dialoguistas que compartían las críticas a la derogación de la Ley de Tierras, pero desconfiaban de las consecuencias de hacer caer el DNU completo.

Durante los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, habían multiplicado los contactos con aliados del PRO, la UCR y espacios provinciales. Una de las alternativas que se evaluaban consistía en incorporar restricciones a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para avanzar con esa discusión, el oficialismo había convocado a un plenario de comisiones para el miércoles 14.

El fallo modifica las condiciones de esa negociación. Los diputados que reclamaban restablecer las restricciones a la extranjerización ya no necesitan, al menos por ahora, votar contra la totalidad del decreto para conseguir ese objetivo. Eso no garantiza que la oposición desista de la sesión, cuyo temario también incluye otros asuntos sensibles, pero le ofrece al Gobierno nuevos argumentos para convencer a los bloques intermedios de no acompañar la convocatoria.

En la Casa Rosada, la preocupación de fondo pasa por administrar los votos disponibles para las próximas discusiones legislativas. La eliminación de las PASO constituye una de las principales apuestas de la reforma política que impulsa el oficialismo de cara a 2027, mientras que el Presupuesto del año próximo ocupa un lugar central en las conversaciones con los gobernadores. Son dos negociaciones diferentes, pero atravesadas por los mismos interlocutores y por una dificultad compartida: La Libertad Avanza necesita apoyos que no puede garantizar por sí sola.

La controversia por la Ley de Tierras había comenzado a interferir en ese esquema. La actual decisión de la Corte no elimina las dificultades, pero permite sacar momentáneamente una de ellas del centro de la escena. El oficialismo gana margen para volver a concentrarse en las negociaciones que considera prioritarias, mientras la oposición deberá decidir si mantiene su convocatoria del jueves 15 o recalcula su estrategia ante un escenario judicial diferente.

PL

El Gobierno salió este martes a hacer una defensa cerrada de la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y buscó despegar la discusión de cualquier posible afectación de la soberanía nacional. Una semana después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reivindicó la desregulación, aseguró que el objetivo de la Casa Rosada es atraer capitales para desarrollar la producción y cargó contra la ofensiva opositora para voltear el decreto insignia de Javier Milei.

“De ninguna manera un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. El vocero apeló a distintos ejemplos productivos para defender la apertura: habló de extranjeros que puedan adquirir campos para instalar un coto de caza, producir limones en Tucumán, soja y cereales en La Pampa o frutas en Río Negro. Y explicitó cuál es la apuesta oficial: “Estas tierras, en principio, pueden recibir inversión extranjera y eso es a lo que apunta este Gobierno: recibir más inversión de extranjeros en tierras argentinas”.

La contundencia pública de la defensa contrastó con la inquietud que había recorrido algunos despachos oficiales apenas se conoció el fallo de la Corte la semana pasada. La resolución fue, en los papeles, favorable para la Casa Rosada: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había impedido aplicar la derogación de la Ley de Tierras. Pero lo hicieron por considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación para impulsar la demanda, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo del decreto.

Puertas adentro, sin embargo, la noticia estuvo lejos de ser recibida solamente como un triunfo. “Nadie estaba esperando que saliera esto ahora”, reconocían la semana pasada en un sector del Gobierno. La preocupación era esencialmente política: la discusión sobre la extranjerización de las tierras ya le había provocado dificultades al oficialismo en el Congreso y el fallo volvía a ofrecerle a la oposición una bandera alrededor de la cual intentar reunir votos contra el DNU 70 completo. “Les das una excusa para volver a juntar votos contra el decreto. Además, ¿para qué vamos a salir a defender algo que ya nos trajo problemas?”, se preguntaba otra fuente libertaria.

“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó Ravier este martes. Según explicó, los inmuebles adquiridos por extranjeros continúan sometidos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina, mientras que la derogación de la Ley de Tierras no modifica el régimen específico vigente para las zonas de seguridad de fronteras.

El vocero también sostuvo que la apertura no habilita la adquisición privada de bienes que tienen otros regímenes de protección. “Si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un parque nacional, no lo puede hacer. Esto no está en riesgo”, señaló. Para el Gobierno, el debate debe circunscribirse a la posibilidad de incorporar capital extranjero a explotaciones productivas: “Pueden trabajar, pueden producir, pueden contratar personas, pueden exportar también, pueden generar divisas, puestos de trabajo y demás”.

Mucho más que tierras

Pero el mensaje de Ravier buscó rápidamente sacar la discusión del campo. Para la Casa Rosada, lo que está en juego ahora es la supervivencia del decreto madre de la desregulación, después de que la controversia por las tierras le permitiera a distintos bloques opositores volver a ponerlo en la agenda de Diputados.

“Ir marcha atrás con las desregulaciones del decreto que benefician a todos los ciudadanos implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quieren volver”, afirmó el vocero. Después enumeró qué implicaría, según la lectura oficial, la caída completa de la norma: el regreso de la Ley de Alquileres y de las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Argentino, además de restricciones que el Ejecutivo eliminó en materia de prepagas y obras sociales.

“Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados”, sostuvo Ravier. Y cerró la defensa del decreto reduciendo la discusión a una contraposición que forma parte del discurso económico habitual del Gobierno: “Si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado, o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”.

PL

Los aliados del Gobierno están a la espera. La oposición dio inicio a una cuenta regresiva que culmina el 15 de octubre, con una movilización en la calle y una sesión para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Cada bloque tiene asignados interlocutores locales con los cuales negociar para llegar al quórum: necesitan sumar 14 votos más para llegar a 129, y mueven fichas, presionan y tensionan para conseguirlos entre las fuerzas provinciales del centro. Algunos, como los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, prometen que darán el presente. Otros, como los salteños y tucumanos, aguardan una alternativa del Gobierno que no termina de llegar. 

“Estamos a la espera de que el Gobierno tome una medida que resuelva lo de Tierras, pero por ahora no hay señales”, admite una legisladora que responde directamente a un gobernador norteño que viajó con Javier Milei a la Argentina Week la semana pasada. 

El Gobierno reaccionó con cautela al fallo de la Corte Suprema que habilitó el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras: no hubo festejos públicos por el espaldarazo político del Máximo Tribunal y, en cambio, se optó por redefinir la estrategia legislativa. Se pateó la fecha para tratar la ley que crea el Consejo de Seguridad Nacional –hubo una sola reunión de comisión y, en el marco del fallo de la Corte, el encuentro fue un caos– y se definió priorizar una estrategia defensiva para contener la avanzada opositora. Todavía no aparece, sin embargo, una propuesta superadora, según aguardan los aliados. 

Solo hubo un amague de introducir, con fórceps, el borrador de la nueva Ley de Tierras que se iba a debatir en el Senado hasta que la presión social hizo que Patricia Bullrich sacara el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta sugería fijar un nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero escondía una trampa: el nuevo límite era solo a nivel nacional o provincial, nada decía de los departamentos (que son los que concentran las altas tasas de extranjerización que, como Iguazú o Lacar, llevaron a la sanción de la Ley de Tierras en 2011). 

La propuesta, sin embargo, solo llegó a oídos de los aliados por trascendidos y mensajes informales. Martín Menem, que participará este martes de la reunión de la mesa política en Casa Rosada, todavía no tiene una contraoferta para dar. La oposición, mientras tanto, presiona. “Que pongan la carita”, provocan.

La pecera

La oposición necesita 14 votos más para abrir la sesión del 15 de octubre. Entre el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, los radicales díscolos –que incluyen a los jujeños, pese a la presencia del gobernador Carlos Sadir en la Argentina Week–, los puntanos peronistas, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, la oposición suma una base de 112 votos. Si se le agregan al menos tres de los cuatro misioneros que responden a Hugo Passalacqua –el cuarto, Daniel Vanscik, está en duda–, la oposición tiene 115 votos. Necesita llegar a 129. 

La pecera a donde ir a buscar los votos no es grande. Entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR mileísta –el triángulo oficialista de la Cámara de Diputados–, el oficialismo suma unos 113 votos para blindar el DNU 70/2023. Los indecisos, que responden a gobernadores de lealtades volátiles, son 29. La oposición necesita convencer a la mitad de que los ayude a abrir la sesión, un escenario mucho más hostil de lo que se presentaba hace un año, antes del recambio legislativo de diciembre. 

El ojo está puesto, primero que nada, en los legisladores que responden a los tres gobernadores peronistas que rompieron con Unión por la Patria para poder alinearse con el Gobierno. La atención está puesta, fundamentalmente, en los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil –Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot– y que anticiparon a fuerzas de la oposición que están dispuestos a dar quórum. Nóblega, incluso, manifestó en público su rechazo a la extranjerización de tierras hace dos meses, cuando el tema se estaba debatiendo en el Senado.  

“Es importante sostener la soberanía de nuestra provincia y de nuestro territorio”, aseguró el diputado catamarqueño, en diálogo con Radio El Esquiú, antes de afirmar: “Tenemos la convicción firme de los diputados de nuestro bloque de rechazar el proyecto”. 

Después están los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, los diputados de Independencia, Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera. Cuando se dio el debate en el Senado, Jaldo sacó un comunicado anticipando su rechazo al capítulo de Tierras: “Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó, el día previo a que se llevara a cabo la sesión en la Cámara alta. 

Pese al rechazo público a la derogación de la Ley de Tierras, Jaldo mantiene una negociación abierta con el Gobierno por las elecciones locales del año que viene. El mandatario, como la mayoría de los gobernadores aliados, tiene la expectativa de que el Gobierno no salga a hacer campaña fuerte por sus candidatos violetas –Lisandro Catalán y Mariano Campero– y le deje, así, liberado el camino para la reelección. Pero las negras juegan y el cristinismo y el massismo ya advierten que si Jaldo continúa jugando con el Gobierno, ellos también pondrán candidatos competitivos para dividirle el electorado. “Si no podemos ganar, al menos lo haremos perder”, señalan en La Cámpora.

Cierra el trío de peronistas a seducir por la oposición el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Los tres diputados salteños Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega no dieron señales de qué harán, pero en la oposición desconfían de Sáenz, quien quiere que Karina Milei baje la candidatura de la senadora libertaria Emilia Orozco. Cuando se cayó el capítulo de Tierras en el Senado, Sáenz salió a festejar con una publicación de Los Chalchaleros. En la oposición dudan, ahora, si sostendrá la misma postura. Justamente este martes Karina Milei estará con Sáenz en Salta por la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna.

La mirada está puesta, a su vez, en qué actitud tendrá el gobernador Martín Llaryora y los seis diputados cordobeses que (a veces) le responden. Es el caso de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Pablo Brugge y Alejandra Torres. Excepto Aresca, la mayoría de los legisladores suelen jugar con cierta autonomía y la negociación de los opositores –que son sus propios compañeros de bloque en Provincias Unidas– es mano a mano. Hay expectativa de que Schiaretti, por ejemplo, acompañe, dado que su esposa, la senadora Alejandra Vigo, se pronunció públicamente en contra de la derogación de la Ley de Tierras. Torres, en cambio, es más cercana a Menem.  

El restante grupo de indecisos lo componen otras fuerzas provinciales –como la neuquina Karina Maureira o el santacruceño José Garrido– y varios satélites que se desprendieron de LLA. Es el caso de Eduardo Falcone y Oscar Zago, del MID, y de Lourdes Arrieta, que suelen jugar a favor del Gobierno. El resultado final dependerá de la pesca en esa pecera de indecisos.

MCM/MC

–Conversemos, ¿qué van a hacer?

–Nosotros a la extranjerización de la tierra la vamos a tumbar. ¿Cómo no vamos a estar presentes si la única provincia a la que toca el decreto es a nosotros?

Era jueves, la oposición acababa de convocar una sesión para voltear el DNU 70/2023 y Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada libertaria en Diputados, intentaba negociar con los aliados provinciales. Intentó con los misioneros, pero no tuvo éxito: si hubo una provincia que se perjudicó por el megadecreto fue Misiones, a quien el DNU le había desregulado el Instituto Nacional de la Yerba Mate. En el Gobierno no se molestaron en llamar al gobernador Hugo Passalacqua por teléfono, prefirieron apuntar contra los cinco mandatarios que definirán la votación del 15 de octubre. Por suerte para el oficialismo, cuatro de esos cinco estaban con Javier Milei en Francia mientras los diputados negociaban. 

Los funcionarios que viajaron con Milei a la Argentina Week en París regresaron al país satisfechos. Durante tres días, Diego Santilli, Luis Caputo y hasta los hermanos Milei aprovecharon para acercarse a los 13 gobernadores que participaron del evento. Milei les agradeció, en uno de sus discursos, por haberle dado los votos para avanzar con las reformas, y Caputo los llevó a cenar afuera la última noche. El Presidente no participó, prefirió quedarse en el hotel, pero sí se tomó la molestia de conversar brevemente con ellos en un pasillo durante la convención. “El 70% de los argentinos no quiere volver atrás”, les dijo Milei, y los mandatarios asintieron, conformes. 

Santilli se les acercó para discutir la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, pero los gobernadores le respondieron con la boleta electoral. A los mandatarios les importa solo una cosa (además de recursos): que Karina Milei desistiera de fortalecer a los candidatos libertarios en sus provincias. La hermana presidencial se mostró receptiva, ratificando el cambio de postura que empezó a predicar entre los suyos. “La prioridad es la reelección de Milei”, dice Karina, y los candidatos libertarios lo repiten. Incluso aquellos que tienen expectativas de competir en sus distritos, como la beligerante Emilia Orozco (Salta) o el ex ministro de Interior, Lisandro Catalán. 

“Cuidan mejor a los aliados que a los propios”, suspira un dirigente oficialista que será candidato a gobernador de una provincia norteña el año que viene. No fue invitado a la comitiva presidencial, y hace meses que se ve venir lo que Karina terminó anticipando en Francia: un principio de entendimiento político según el cual, a cambio de votos, el Gobierno se compromete a no hacer campaña en los territorios. 

Algunas provincias, como Mendoza y Entre Ríos, tienen acuerdos políticos avanzados. Otras, como Salta o Tucumán, se mueven entre el compromiso y la desconfianza. Los gobernadores peronistas, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, se niegan a prestar los votos antes de que haya un compromiso expreso de que los libertarios que compiten con ellos en sus territorios jugarán solos, sin apoyo de Milei. Y el menemismo, la pata operativa del karinismo, advierte que una vez que consigan reelegir en sus provincias –ambas adelantarán las elecciones– se plegarán a la oferta nacional del peronismo y comenzarán a jugarles en contra. 

“Sergio les dio todo y lo cagaron. No podés confiar. A la mínima que hay ruido en el círculo rojo se dan vuelta”, se queja un alfil que responde a los primos Menem, Martín y Lule. 

Predominan las suspicacias, pero Sáenz, desde Europa, le mandó un mensaje al resto de la oposición: no cuenten conmigo para voltear el DNU 70/2023. 

Quién es quién

De los 13 gobernadores que viajaron con Milei a Francia, hay cuatro que tienen la llave del quórum de la sesión opositora para rechazar el DNU 70/2023 y rehabilitar la Ley de Tierras. Uno es Sáenz, que tiene tres diputados que le responden y dieron a entender, a sus compañeros de bancada misioneros de Argentina Federal, que no participarán. Otro es el neuquino Rolando Figueroa, quien cuenta con una diputada, y después está Martín Llaryora, que no participó del viaje pero envió a su vice, Myrian Prunotto. El último es el catamarqueño Raúl Jalil, quien anunció, desde Francia, un acuerdo con la suiza Glencore para explotar cobre y oro en la provincia. 

El quinto gobernador que definirá el resultado de la avanzada opositora del 15 de octubre es el peronista Jaldo, que no viajó a Europa pero mantiene diálogo cotidiano con el Gobierno. Tanto Jaldo, como los otros cuatro gobernadores, se expresaron en contra de la extranjerización de tierras hace dos meses, cuando el Senado debatía la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyó el capítulo que derogaba la Ley de Tierras. En ese momento regía el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley y ponía un tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros. Un fallo que, el miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó en medio de un terremoto político que lo obligó a tener que dar explicaciones. 

La oposición los tiene en la mira, y no esconde que el éxito de la estrategia depende de que esos cinco gobernadores aliados del Gobierno se plieguen ante la presión social. “Esto no se resuelve con rosca. Se construye con respaldo popular, de abajo hacia arriba”, explica una dirigenta del peronismo que tiene diálogo con todos los gobernadores. 

La oposición está a 14 votos de poder voltear el megadecreto fundacional de Milei, que avanzó con la Ley de Tierras, pero también con la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento –que le daba facultades al Ejecutivo a intervenir sobre precios máximos–, la de Compre Argentino y varios institutos provinciales, como el Instituto Nacional de Yerba Mate, que regulaba el valor de la yerba y cuya desregulación generó una crisis en la producción local misionera. Fue este motivo, así como la amenaza de un aumento en la extranjerización de las provincias –algunas localidades, como Iguazú, tienen el 40% del territorio en manos extranjeras–, lo que llevó a que Passalacqua fuera el primero de los gobernadores aliados del Gobierno en adelantar su apoyo a la sesión opositora. 

Entre el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, los radicales díscolos –que incluyen a los jujeños, pese a la presencia del gobernador Carlos Sadir en la Argentina Week–, los puntanos peronistas, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, la oposición suma una base de 112 votos. Necesita llegar a 129 para el quórum. Si se le suman al menos tres de los misioneros –el cuarto, Daniel Vanscik, es muy amigo de Martín Menem, quien fue su caddie cuando jugaba al golf–, la oposición tiene 115 votos. Le faltan 14. 

El plan es esperar –y contribuir– a que la tensión social crezca. Las autoridades del bloque peronista están en diálogo con la CGT para que se sume a la movilización convocada frente al Congreso para el día de la sesión. Se sumarán los rectores y sindicatos docentes –la marcha original era en defensa de la educación pública–, las organizaciones de las personas con discapacidad, los inquilinos agrupados y gran parte de las centrales sindicales y organizaciones sociales. La Iglesia, que ayudó a voltear en el Senado el capítulo de Tierras, también empezó a trabajar. 

“Esto va a crecer. Y una vez que crezca, no lo parás con nada”, advierte un dirigente opositor de peso, que ha integrado listas con los gobernadores que, ahora, definirán el futuro de la votación.

MCM/MG

En nuestra realidad, en este momento dominada a la vez por lo trágico y desopilante, se invierte la premisa –de dudosa validez– según la cual “la necesidad no conoce ley”, para pasar a que “la ley –o mejor los decretos– no conocen la necesidad”. Hace treinta años, en circunstancias diferentes, aunque un tanto menos problemáticas que las actuales, se introdujeron en nuestra Constitución Nacional los llamados “decretos de necesidad y urgencia”, viables “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes” (art. 99 inc. 3º).

Lo cierto es que, a renglón seguido, se establece un régimen muy particular, único en el derecho constitucional comparado, y que, en definitiva, deja lo que el Congreso haga en cada caso librado a las resultas de una ley especial sancionada por la mayoría absoluta del propio Congreso, que es la ley 26.122 de 2006, cuyo art. 24 establece: “El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Dicho de otro modo, el Poder Ejecutivo legisla y sus “leyes” (decretos) son ley, con la misma eficacia que las sancionadas por ambas Cámaras del Congreso, si una de su dos Cámaras se limita a no rechazarlo, es decir, guarda silencio.

De este modo, la excepción se convierte en regla, en abierta contradicción con la norma general del segundo párrafo del mismo inciso 3º del art. 99: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Como puede verse, esta regla no rige cuando una de las Cámaras no rechaza el decreto, se limita a no hacer nada, en cuyo caso pasa a ser “ley” de la Nación.

Bien, pero en el plano de lo que “debe ser”, eso solo sucedería cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, como si sufriésemos un terremoto, para mencionar un ejemplo extremo. ¿Pero quién juzga cuándo se dan estas circunstancias? ¿Quién controla la existencia de las “circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia” que requiere la Constitución? Pues, simple y sencillamente, el propio Poder Ejecutivo y una Cámara que se limite a guardar silencio, condición esta última que nunca es difícil de obtener, porque siempre se está en condiciones de negociar algo con un Ejecutivo que tiene demasiadas armas para amenazar como, por ejemplo, no remitir dinero a las provincias.

¿Y el Poder Judicial? Si formulásemos esta pregunta en público, con seguridad veríamos sonrisas irónicas y hasta escucharíamos alguna carcajada. Por eso, no abundaremos en esto, dado que en varias oportunidades precisamos que tenemos una magistratura, pero sufrimos la histórica carencia de un Poder Judicial, al menos conforme a lo que por tal se entiende en todo en derecho comparado.

En consecuencia, como los decretos –llamados de necesidad– se permiten desconocer la necesidad, de conformidad con la inversión de la premisa sentada al comienzo, cualquier cosa puede ser “necesaria” y responder a supuestas “circunstancias excepcionales”. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo, que según nuestra Constitución es unipersonal, ejerce funciones legislativas sin control del Judicial y lo hace según lo que crea “necesario”. Así, desde hace treinta años, hay leyes sancionadas por el Ejecutivo y el silencio de una Cámara.

El decreto 70/2023 es un desfachatado abuso de poder del Ejecutivo

Por supuesto que, con semejante poder incontrolado, se llega a situaciones desopilantes. El actual Ejecutivo emitió el decreto 70/2023 que tiene 83 páginas y contiene 366 artículos sobre las más dispares materias. En el segundo de ellos establece la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, al tiempo que impone al Estado la promoción de “un sistema económico basado en decisiones libres”.

La ley 20.655, sancionada en marzo de 1974 y conocida como “Ley del deporte”, es la que desde hace cinco décadas regula el sistema institucional del deporte y la actividad física. Pues bien: el artículo 333 del desopilante “decreto de necesidad y urgencia” emanado del Poder Ejecutivo inmediatamente a la asunción del nuevo titular, o sea, en diciembre de 2023, introduce en esa ley un artículo 19 bis., por el cual se consideran “asociaciones civiles deportivas” a las previstas en el art. 168 del código civil y comercial, o sea, a las personas jurídicas sin fines de lucro (como hasta ahora son nuestros “clubes”) pero en un segundo párrafo agrega a las sociedades anónimas de la ley 19.550.

Esta es la gran novedad del decreto 70/2023, o sea que, según el Ejecutivo, es de “necesidad y urgencia” habilitar a las sociedades anónimas a asumir la función hasta ahora desempeñada por nuestros tradicionales y queridos clubes de fútbol. A criterio de nuestro Poder Ejecutivo, es una cuestión que no admite dilación, pues pareciera creer que “circunstancias excepcionales” hacen imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Es obvio que a todas luces esto es un desfachatado abuso de poder del Ejecutivo, pues nada hay que impida un debate al respecto y el correspondiente trámite legislativo.

Nadie es ingenuo y, por supuesto que todos sabemos que en torno del fútbol también se mueven grandes sumas de dinero y poderosos interesas. También sabemos que en otros países se ha habilitado la inversión privada bajo diferentes condiciones (sociedades mixtas, sociedades anónimas con especiales características y otras formas de participación ), lo que podría ser materia de un debate público y abierto. Pero aquí no hubo debate alguno y tampoco ninguna condición o régimen especial, sino que, dada la pretendida “necesidad y urgencia” se libera simple y sencillamente a cualquier sociedad anónima la posibilidad de reemplazar a nuestras sociedades civiles sin fines de lucro, es decir, a nuestros “clubes” de siempre.

En verdad, hemos afirmado algo inexacto, porque hay urgencia y no quieren demoras quienes pierden saliva por las comisuras y se frotan las manos viendo la posibilidad de participar en el festín de la desregularización, explotando el popular “capital emocional” del fútbol, porque ahora todo es “capital” ¿O acaso no hay un ministerio que hace de lo humano un “capital”? Nada puede extrañarnos en este contexto desopilante.

Hay urgencia y no quieren demoras quienes pierden saliva por las comisuras y se frotan las manos viendo la posibilidad de participar en el festín de la desregularización

Este despropósito, bien entendido, además de la posibilidad de abrir las puertas a la criminalidad organizada y al reciclaje de dinero de cualquier procedencia, se encamina a la destrucción de lo que hasta ahora nadie puso en duda y, por cierto, no nos fue nada mal en el fútbol con nuestros “clubes” tradicionales. Todo aconseja que, cuando algo funciona bien, lo mejor es no tocarlo. Pero, precisamente porque funciona bien, se convierte en una atracción para quienes ven en eso una fuente de negociados fáciles, es decir, algo que no importa destruir con tal de obtener ganancias.

En favor de los buitres que miran al fútbol como un puro negocio, el actual Ejecutivo siguió avanzando y, dada la “necesidad y urgencia” de esas aves carroñeras –con perdón de la metáfora, porque ellas también contribuyen a la ecología–, emitió el decreto 730/2024, por el que impone a las federaciones la obligación de adecuar sus estatutos a los términos del decreto 70/2023 en un año, o sea, que les prohíbe que en sus estatutos excluyan de sus competencias a los clubes que se conviertan en sociedades anónimas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) define en su estatuto el concepto de “miembro” como “asociación civil con personería jurídica (club o liga) en los términos expuestos por el Código Civil y Comercial de la Nación, Libro I, título II, Capítulo 2”, o sea, la persona jurídica que, conforme al art. 168 de ese código, “no puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros”.

Como queda claro, en su incontenible omnipotencia, el Ejecutivo se mete en el estatuto de la AFA y le obliga a dejar de lado la limitación a las personas jurídicas sin fines de lucro, para abrirse a las sociedades anónimas con claro y específico fin de lucro. Contra este acto incalificable de autoritarismo se han obtenido un par de medidas cautelares en tribunales, pero la cuestión queda abierta, puesto que no se sabe cuál será el destino de esas decisiones en otras instancias.

Aunque a nuestro juicio nada indica la conveniencia de alterar el actual sistema que limita nuestros “clubes” como sociedades civiles sin fines de lucro (quizá agregándole algunos controles más estrictos a fin de evitar eventuales quiebras), admitimos que pueda abrirse un debate honesto al respecto, pero lo inadmisible es que sin debate, sin información a la opinión pública, sorpresivamente, por un simple acto del Ejecutivo de turno, en medio de un desopilante decreto, invocando una “necesidad y urgencia” que solo puede ser la de los siempre sedientos de negociados, se abra el juego a las sociedades con fines de lucro sin limitación ni condición alguna, es decir, se arroje el fútbol a una voracidad que “no conoce ley”.

Esta voracidad que “no conoce ley” no se agota en una más de las múltiples formas de entrega colonial de la Nación, sino que, en el caso particular del fútbol, hay algo más, algo más perverso, que es el debilitamiento del sentido de comunidad. Nadie ignora que el fútbol mueve multitudes, que apasiona, que incluso define identidades, aúna a personas que piensan de modo muy diferente, pero que se sienten integradas a una comunidad, genera ámbitos de coexistencia que no se dan en otro marco, es decir, crea un vínculo social muy particular y diferente, que se mueve y conmueve en función de emocionalidad, entrando en juego la afectividad como no sucede en otros ámbitos y que, por esa vía, refuerza sentimientos de pertenencia, incluso nacionales: nadie puede negar que emocionalmente se refuerza el sentimiento nacional cuando ganamos un campeonato y, hasta el más desinteresado por el tema, no deja de sentir un particular orgullo.

Todo lo anterior, sin contar con las múltiples actividades que sostienen nuestros “clubes”, en lo educativo, en lo sanitario, en el fomento de la barriada de pertenencia, es inadmisible que se libere sin limitación alguna a la voracidad de quienes solo ven en eso la posibilidad de un negocio, sin caer en la cuenta de que, además del negocio (o “negociado”), se trata de una cruel tentativa de debilitar aún más los vínculos de nuestra desconcertada sociedad, para pretender profundizar la sensación de soledad y aislamiento, propia de un mal entendido individualismo patológico, solo útil para impedir cualquier resistencia.

No solo se trata de destruir al Estado para dejarlo más indefenso frente a la voracidad financiera transnacional, sino de destruir a la sociedad misma. La “sociedad” no es un frasco lleno de seres humanos, sino las relaciones entre éstos, es decir, la interacción humana. Dos ejércitos que luchan son una relación humana de conflicto, dos gobiernos que acuerdan una unidad aduanera son una relación humana de cooperación, pero dos ejércitos que pasan al lado sin verse o dos gobiernos que se ignoran no son ninguna relación humana. Insistimos: la sociedad no es un simple frasco lleno de humanos, sino el conjunto e intensidad de las relaciones entre ellos.

Esto es lo que se intenta desbaratar. Para comprender la verdadera dimensión de la agresión al fútbol argentino, queriendo reducirlo a un negocio de sociedades anónimas sin limitación alguna, debe vérselo insertado en nuestro actual contexto: se ha ido contra la sanidad, contra la obra pública, contra la educación gratuita, contra las universidades, contra los científicos, contra los jubilados y, también, contra el fútbol. No se trata solo de “destruir el Estado” sino también –y fundamentalmente– de destruir la sociedad, para impedir cualquier resistencia a la entrega descarada y confesa como nunca antes.

No le damos consejos a nadie, pero si se los tuviésemos que dar al Ejecutivo, le diríamos que en esta materia tenga especial cuidado, porque si bien en todos los múltiples frentes que abre enfrenta a seres humanos que no se mueven solo por la racionalidad sino también por la afectividad, en la cuestión del fútbol la esfera afectiva está mucho más comprometida que en los otros casos, no se excluye –por supuesto– la esfera racional, pero entra en juego sobre todo y de sobremanera la emocional y, cuando se tocan esos resortes, debe tenerse especial cuidado y manejarse con suma delicadeza. Hasta ahora lo ha hecho con la que le conocemos como habitual, es decir, con la de un elefante en un museo de porcelanas o quizá, con la de un simio con ametralladora.

*El autor es profesor emérito UBA y fue juez de la Corte Suprema de Justicia (2003-2014).

MC

Esta semana se conoció que Invap, el instituto que desarrolla y fabrica tecnología nuclear, espacial y médica dejó de ser una sociedad del Estado rionegrino para convertirse en  una sociedad anónima. Esto se interpretó como un paso previo a la privatización ya que habilitaría la entrada de nuevos accionistas. Por este motivo, y según pudo saber elDiarioAR, su directorio trabaja en un nuevo estatuto para “minimizar” el impacto que podría tener la nueva forma jurídica. 

Este cambio en la forma societaria, aclaran fuentes cercanas a la empresa, fue realizado para adaptarse a lo dispuesto en el DNU Nº70/2023, que elimina la figura jurífica de “Sociedades del Estado”. No implica, en principio, una privatización ni un cambio en su propiedad. La provincia de Río Negro continuaría siendo el único accionista de Invap, manteniendo así el control total.

Según publicó el Diario Rio Negro, un portavoz de la empresa dijo que lo que hacen es Wadaptar su forma societaria por obligación del DNU 70/2023 pero no cambia ni la propiedad ni la gobernanza compartida con Comisión Nacional de Energía Atómica“.

De todos modos, el cambio a Sociedad Anónima Unipersonal podría facilitar la entrada de nuevos accionistas, por lo que en Invap están trabajando en un nuevo estatuto que blinde a la empresa de ciertos efectos. Está previsto que el directorio de Invap emita un comunicado oficial en los próximos días para aclarar la situación y disipar las dudas generadas en torno a la transformación jurídica.

Las especulaciones surgieron a raíz de una presentación de un “hecho relevante” en la Comisión Nacional de Valores (CNV) referido a la asamblea del pasado 28 de octubre en referencia a la transformación de la empresa provincial en S.A.U. “El gobierno de @JMilei y sus aliados locales que sostienen el DNU 70/23, permiten que hoy el @invapargentina se convierta en Sociedad Anónima con el fin de privatizarla”, publicó en X el senador rionegrino Martín Doñate. 

“En la Asamblea General Extraordinaria del 28 de octubre de 2024 (la ”Asamblea“), la Sociedad ha resuelto transformarse en sociedad anónima unipersonal con efectos legales, contables y fiscales, a partir de que se apruebe el nuevo estatuto social, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el DNU N° 70/2023”, informaba la carta rubricada por la responsable de relaciones con el mercado, Ana Cabrera.

Asimismo, en el documento se agrega que “la Asamblea ha resuelto pasar a un cuarto intermedio a reanudarse el 20 de noviembre de 2024 a las 14:00, a fin de considerar la consecuente reforma de estatuto y el balance especial de transformación”.

Invap es una empresa argentina líder en el desarrollo de tecnología de alta complejidad, con una trayectoria de 48 años y más de 1.700 empleados. La empresa desarrolla y fabrica una amplia gama de productos, incluyendo reactores nucleares, satélites, radares y centros de medicina nuclear, y tiene clientes en los cinco continentes. Debido a su éxito y sus ingresos multimillonarios, Invap nunca necesitó aportes estatales.

LG/DTC

Con la consigna “La Patria no se vende”, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó formalmente este jueves a la movilización que realizará el próximo miércoles 1 de mayo por el Día del Trabajador y la Trabajadora.

La concentración será a partir de las 10 de la mañana en la avenida Independencia y Defensa, para marchar hacia donde se encuentra el monumento al Trabajo, en la avenida Paseo Colón al 800, en la zona del bajo de la ciudad de Buenos Aires.

Con la consigna “La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, la central obrera publicó este jueves en sus redes sociales un video con la convocatoria a la marcha.

El plan de lucha de la CGT

En el marco del plan de lucha anunciado semanas atrás, la CGT participó esta semana de la multitudinaria marcha nacional universitaria; realizará otra demostración masiva de convocatoria el próximo miércoles por el Día del Trabajador y, la otra semana -el jueves 9 de mayo- llevará adelante el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei.

El primer paro de 24 horas contra el gobierno de La Libertad Avanza se realizó el 24 de enero.

Días atrás, el cotitular de la CGT y secretario general del gremio de los trabajadores de la sanidad, Héctor Daer, explicó que en el acto por el Día del Trabajador “la reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo”.

Un monumento emblemático

El denominado Monumento Canto al Trabajo –hacia donde marchará la CGT el 1 de mayo- es un grupo de esculturas, obra del artista argentino Rogelio de Yrurtia (1879-1950), que fue realizado en París en 1907. 

En el monumento se distinguen 14 figuras en bronce que arrastran una gran piedra, símbolo del esfuerzo del trabajo humano en pos del progreso. Las cinco siluetas que marchan adelante representan a la familia: el padre, que avanza en actitud serena y de espera; la madre, que mira a lo lejos como escudriñando el futuro de sus hijos; y los tres niños, símbolo de esperanza.

La CTA-A lanzó la campaña nacional “1 millón de firmas para derogar el DNU 70/23”

La conducción nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), al mando del estatal Hugo Godoy, lanzó este jueves la campaña “1 millón de firmas para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23”, informó la entidad. 

Además, la central obrera ratificó la movilización del 1º de Mayo y el paro nacional del día 9 de ese mes y la jornada nacional de lucha del 30 de abril con el Frente de Gremios Estatales (FGE).

La Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA-A definió y ratificó este jueves el plan de lucha, que incluye paros, movilizaciones, actividades callejeras y campañas para “frenar al Gobierno”, aseguró.

La campaña nacional para derogar el DNU es una iniciativa de la que se encargará la militancia y el activismo de la CTAA para derogar y anular el DNU, que expresa “una reforma constitucional de facto”, y será callejera y digital a partir de la semana próxima, dijo Godoy.

La central obrera ratificó su participación en la marcha del 1° de Mayo hacia el Monumento al Trabajo junto con la CTA de los Trabajadores, la CGT y la UTEP, y respaldará las iniciativas en cada provincia.

También participará el martes próximo en la jornada nacional de lucha del Frente de Gremios Estatales y Sindicatos de Empresas Públicas, durante la cual se instalarán mesas y gacebos frente al Congreso, aunque esa protesta podría adelantarse si el Gobierno no convoca de forma inmediata a paritarias a la ATE para determinar un aumento salarial para el mes de abril.

Para ese día, el Gobierno convocó a sesión del Consejo del Salario para definir el nuevo monto del haber mínimo, vital y móvil, por lo que la CTA-A reseñó que “en el último encuentro del organismo en febrero la Secretaría de Trabajo montó una farsa junto a los empresarios y no hubo acuerdo entre las partes”, razón por la cual la central obrera adelantó que en esta oportunidad ratificará su planteo de otorgar “una suma importante ante la permanente caída de los salarios”.

Fuente: somostelam.com.ar

IG

El Senado rechazó el DNU 70/2023. No es la primera vez que ocurre, como ha divulgado erróneamente el Presidente, pero tampoco es algo frecuente. De los cientos de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado desde la reforma constitucional de 1994, esta es la sexta vez que una de las Cámaras del Congreso rechaza uno (le había ocurrido dos veces a Cristina Fernández y tres a Mauricio Macri). La pésima Ley 26.122, sancionada en 2006, ha promovido una permisividad pasiva frente a ellos: como alcanza con una sola Cámara para mantenerlos en vigencia, en el mejor de los casos el oficialismo de turno los trataba en la Cámara en la que tenía mayoría para aprobarlos y luego se volvía inútil tratarlo en la otra. En consecuencia, no hemos construido una práctica seria de control parlamentario sobre los decretos de necesidad y urgencia, como manda la Constitución.

En unas semanas, probablemente será el turno de la Cámara de Diputados. La cuestión reviste una importancia política fundamental que otros sabrán explicar mejor que yo. Es verdad que sería la primera vez que ambas Cámaras del Congreso rechacen un DNU desde que el procedimiento fue creado; también es verdad que jamás un presidente había elevado la apuesta de este modo en relación con un decreto, dándole dimensiones refundacionales y planteando su aprobación como una cuestión existencial. Políticamente, entonces, se trata de encontrar una salida elegante al atolladero en el que el Presidente ha decidido, con toda voluntad, sumergir al Congreso. No sé cómo se hace ni tengo mucho para decir al respecto.

Sin embargo, sí me interesa hablar sobre la cuestión en términos institucionales. Si bien la Ley 26.122 exige a los legisladores expedirse acerca de la “validez” del decreto según “requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente” (en otras palabras, sobre su constitucionalidad), los senadores oficialistas y filo-oficialistas casi ni lo intentaron: se dedicaron a acusar a los opositores de hipocresía (“ahora son todos constitucionalistas”, era el tono general) o de denunciar genéricamente la gravedad de la situación económica como si ésta volviera innecesaria cualquier justificación. A tal punto fue evidente la renuncia del oficialismo a defender la constitucionalidad del DNU, que un senador opositor se burló de un par libertario: “Tenía miedo de defender esto, como es abogado le van a sacar la matrícula”. 

Ante esta situación, parece ocioso argumentar contra una constitucionalidad que nadie defiende. Dado que un DNU es de toda excepcionalidad, pesa sobre quien lo defiende la carga de argumentar su validez. Sin embargo, nadie en el Senado sostuvo seriamente que había que votar el DNU por ser constitucional; el argumento general fue que había que votarlo a pesar de no serlo. El senador Luis Juez fue el más claro en este sentido: “Por supuesto que este es un manual de buenas intenciones con un montón de agujeros jurídicos horribles [pero] ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad, para eso está la Corte”. Es importante resaltar, frente a la inminencia de la discusión en la Cámara de Diputados, que este argumento es erróneo y peligroso: necesitamos que el Congreso piense y decida sobre el DNU 70, también, en términos constitucionales.

Siempre el Congreso se encuentra realizando interpretación constitucional. Hay veces que lo hace de modo preventivo: numerosos académicos han estudiado cómo los poderes legislativos en todo el mundo intentan evitar sancionar normas que luego podrían ser declaradas inconstitucionales por sus respectivos poderes judiciales. Si un senador cree que el DNU 70 es contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema (como lo es, según el consenso de los expertos), votar por aprobarlo es un desafío a la Corte. Ocasionalmente, desafiar a la Corte puede ser políticamente necesario para modificar prácticas anquilosadas (así se gestó, por ejemplo, el New Deal estadounidense); lo que no se puede es disfrazar ese desafío de deferencia impotente. Si lo que desea el Congreso es desafiar a la Corte aprobando un DNU que sabe inconstitucional, nos conviene en todo caso que nos lo diga.

Otras veces, y las más interesantes, el Congreso realiza interpretación constitucional porque la Constitución no es un documento que esté reservado a expertos ni a iluminados: es la norma que rige nuestra vida en común, y las disputas políticas son también una disputa por el sentido constitucional. La discusión sobre el matrimonio igualitario fue, también, una disputa sobre el significado constitucional de la igualdad y de la familia; la persistente lucha por el aborto es, también, una discusión sobre los valores constitucionales de la vida y de la libertad. El presidente Milei es tal vez uno de los políticos más conscientes de esto, y por eso le pidió al Congreso, de modo explícito, que sancionara la ley ómnibus para “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”. La política y el derecho, en definitiva, comparten la ambición de regir nuestra vida en común. Un argumento político que prescinda del derecho sería tan hueco como uno que ignore que el derecho es, si me perdonan la metáfora, política condensada.

Al enfrentarse al DNU 70, entonces, la Cámara de Diputados estará también moldeando nuestro derecho y nuestra práctica constitucional. Si lo aprueba, se habrá expedido por la constitucionalidad de un decreto que a sola firma reforma o deroga cerca de ochenta leyes permanentes y que, por lo tanto, autorizará a cualquier presidente futuro a sentirse habilitado a hacer lo mismo. Aprobar el DNU a la vista de todo el mundo sin siquiera intentar explicar, mirándonos a los ojos, cómo es que puede ser constitucional un decreto sin necesidad ni urgencia, envía la señal de que los límites institucionales ya no importan y que todo se reduce a la circunstancial relación de fuerzas. La guerra, y casi ya no por otros medios.

Si lo rechaza, por el contrario, estará enviando el mensaje opuesto: en la Argentina rige la división de poderes, y los representantes del pueblo reunidos en el Congreso no toleran ser ignorados. Las normas que rigen nuestra vida en común deben ser aprobadas por quienes nos representan a mayorías y minorías, y prevalecen las decisiones colectivas por sobre los impulsos individuales. Tal vez ésta pueda ser, después de todo, la contribución involuntaria que Milei habrá hecho a la institucionalidad argentina.

SG/JJD

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de equipo en Casa Rosada luego del rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en el Senado del pasado jueves y lo hizo junto a sus principales ministros, pero también con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la reunión, la Vicepresidenta posteó una foto junto al mandatario en su cuenta de la red social X: “Con el Presidente Javier Milei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión”, escribió quien comanda el Senado. Milei lo reposteó con el texto: “Los que están peleados...!!!”.

La intención fue afinar la línea que le permita al Gobierno conquistar el respaldo de la Cámara Baja para que el mega decreto mantenga la vigencia. Otra de las claves de la gestión libertaria es avanzar con la Ley Ómnibus que posibilite el Pacto de Mayo previsto a firmar el 25 del mismo mes en Córdoba.

Tras los rumores de distanciamiento entre el Presidente y su Vice, desmentidos desde la administración libertaria, ambos buscaron bajarle el tono a la tensión y se vuelven a mostrar juntos, luego de compartir el acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel.

En su despacho desde las 7.48, Milei esperó con paciencia la llegada de cada uno de sus principales colaboradores, hasta el último de ellos, Martín Menem, quien llegó a Casa Rosada en un taxi.

La reunión fue en el salón Eva Perón los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mario Russo (Salud), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los dos ausentes fueron la canciller, Diana Mondino, con agenda de actividades en Vietnam, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que hasta el momento no participa del intercambio.

Los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), Eduardo Serenellini (Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete) también fueron parte de la reunión, junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con información de NA.

IG

Álvaro González trabajó por el proyecto presidencialista de Horacio Rodríguez Larreta. Perdió. Por eso, en las elecciones de octubre último no figuraba entre los primeros lugares en la lista de candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, logró ingresar a la Cámara gracias a que el bailarín Maximiano Guerra, que había apoyado a Patricia Bullrich, decidió no asumir en su banca. Desde el 10 de diciembre, el diputado del PRO asumió una conducta proverbial de la polítca argentina: el que pierde acompaña. Es un orgánico, vota siguiendo el mandato del bloque, que preside Cristian Ritondo. Pero a diferencia de sus colegas macristas no se priva de formular críticas al gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con Gambito de Datos, el programa de los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen de Radio Con Vos, González cuestionó al Presidente y sus funcionarios por la poca vocación política para negociar y señaló que La Libertad Avanza es la responsable de hacer funcionar al Congreso, no el PRO ni el resto de la oposición. Además, reflexionó sobre la inconveniencia de los dogmas a la hora de negociar en política y sobre la distancia entre lo discursivo y la realidad.

—¿Cómo sigue la suerte del DNU en Diputados, después del rechazo en el Senado?

—Desde hacía tres o cuatro semanas se venía hablando de que eso iba a pasar en el Senado. Me parece que ahí hubo, por parte del Gobierno, falta de reacción, si hubieran querido que el resultado fuera distinto. En el caso de Diputados, la composición es diferente. Hay más fragmentación. Y aquellos que acompañamos al Gobierno tampoco somos todos lo mismo. Está el bloque del PRO, donde hay una mayoría que acompaña, y así lo hicimos en la ley Bases. Tenemos una representación en la comisión de DNU, que está apoyándolo. También está Hacemos Coalición Federal (el bloque que preside Miguel Pichetto); está Innovación Federal (el espacio que se responde a los gobiernos de Salta, Misiones y Río Negro) y está el radicalismo, con sus diferentes versiones. Hay una diversidad en Diputados que hace que sea más difícil lograr la homogeneidad en contra.

—¿Está aprendiendo a consensuar el Gobierno o sigue en la posición más irreductible?

—Gobernar significa asumir que no son todas mieles y que a veces te toca, aunque pienses distinto, conversar con aquellos que no piensan como vos. La verdad es que no sé si el Gobierno está aprendiendo a consensuar.

—Bueno, ustedes conversan en la cámara.

—Sí, sí, conversamos pero este el bloque del oficialismo tiene 37 diputados, por lo cual la inmensa mayoría está del otro lado, y es un bloque que necesita permanentemente validar lo que conversa con el Poder Ejecutivo.

—¿Funciona eso o no?

—Hasta ahora, si vamos a los resultados, como dijo el Presidente, que es un bilardista, te diría que no. Porque la ley Bases no salió. Y había avances que, por falta de expertise o a lo mejor por enojos inoportunos, o por lo que fuere, se frustraron. Ahora se va a partir desde otro lugar.

Milei dice que las jubilaciones son hoy de US$200. Ajá. ¿Y cuánto aumentaron los precios? Dijo que en el gobierno anterior las jubilaciones eran de US$80. ¿Con estos US$200 compran lo mismo que antes, con US$80?

Álvaro González — diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires

—¿Es posible que el DNU quede así y no se trate?

—Es posible que no se llame rápidamente a tratar la aprobación o el rechazo del DNU. Después de la modificación de la ley que hizo Cristina [Fernández de Kirchner] en 2006, vos requerís el rechazo de las dos cámaras para que pierda vigencia. Hasta ahora cuenta con el rechazo de una cámara. Y esta composición de la Cámara de Diputados me parece que bastante más diversa que lo que es la composición del Senado. Es más fácil para el Gobierno, si decidiera que quiere que el DNU siga vigente, poder lograr acuerdos en Diputados que en el Senado.

—¿El PRO debe cogobernar con La Libertad Avanza?

—Hace un rato estaba mirando el reportaje que le dio el Presidente a [Luis] Majul, y su primera definición fue: yo soy anarco-capitalista. Bueno, si vos sos anarquista, es difícil establecer relaciones con las instituciones, porque pareciera que aquellos que estamos en las instituciones y no pensamos como vos somos personas que no merecemos un trato, de mínima, respetuoso. A partir de ahí podemos caer en si las formas son tan importantes como el fondo. Nosotros hasta ahora acompañamos más por las cuestiones de fondo que por las cuestiones de forma. Hasta ahora. A lo mejor cambia, no lo sé.

—¿Pesan las formas?

—Mucho. Claro que pesan las formas, ¿cómo no van a pesar las formas? Yo te tengo que pedir un favor a vos, te insulto de arriba abajo y después te digo: “Che, ¿me haces un favor?”. ¿Vos qué me responderías?

—Y... te mando a... a buscar apoyo a otro lado.

—Y bueno.

—¿Cuándo tratan la nueva ley ómnibus?

—En principio, te digo, debieran empezar por conformar las comisiones, que aparentemente esta semana se pondrían en marcha. Si vos querés sacar una ley, lo mínimo que tenés que tener es las comisiones funcionando. Porque después el Congreso es el que no labura, y resulta ser que los que manejan el Congreso son ellos y no constituyen las comisiones, ¿viste?

—¿Ese es un compromiso de Martín Menem?

—Sí, él se comprometió a que esta semana estarían convocando a varias comisiones. Son 10 o 12. Para caminar mil kilómetros tenés que dar el primer paso, ¿no? O sea, no vas a poder tratar nada si no constituís las comisiones. Estuvieron algunos compañeros del bloque PRO en la Casa Rosada. Escuché que [en el Gobierno] empezaron a darle a la actividad política.

—Por fin los llamaron.

—Habrá que ver si se avanza o si sólo son estos vacíos que no tienen otra intención que decir: ¿viste? Cumplimos, te llamamos. La conversación en el Parlamento no es sentarse a discutir en función de dogmas. Porque si no, no discutís nada. Vos tenés que sentarte a discutir y tener la capacidad y la apertura para escuchar al otro, y a aquellas cosas que no son de tu autoría pero que tienen alguna visión enriquecedora de lo que vos estás planteando, no hay que tener miedo de aceptarlas. Lo importante para mí, en esta instancia, es que el Congreso empiece a funcionar, que en este Congreso se empiecen a sancionar las leyes que el Gobierno necesita, y que esas leyes sean el producto del trabajo, del esfuerzo y de la inteligencia puesta por todos aquellos que podemos acompañar, en algunos casos, y que aquellos que no vayan a acompañar puedan expresarse y hacerlo saber.

—José Luis Espert llamó a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. El presidente apoyó esa idea. ¿Qué opina usted?

—Yo no estoy de acuerdo. La rebelión fiscal que se puede dar, naturalmente, si la gente decide no pagar impuestos o porque no puede pagarlos. Lo que no puede ser es que sea convocada desde el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y mucho menos el presidente de la Nación, porque para el caso no paguemos ningún impuesto entonces.

—Claro, el IVA o Ganancias, que son impuestos nacionales...

—Si mañana no pagas el alumbrado, barrido y limpieza (ABL), no te quejes porque no te levantan la basura. Me parece como muy dogmática la posición [de Espert y Milei]. Son posiciones efectivas desde el punto de vista discursivo, no desde el punto de vista institucional.

—Entran en un tuit pero no sirven para gobernar.

—El Gobierno habla, no sé, de reducir el gasto en 25 puntos del PBI. ¿Y a esa reducción de 25 puntos quién la financia? Los impuestos la financian. Es una cosa bastante contradictoria.

—¿Está de acuerdo, como dice el gobierno, con que a la mayoría del ajuste lo está pagando la política y no la gente?

—Si vos me preguntás si la política, porque le sacaste el auto y el teléfono, o le cortaste algunos negocios, es la que hoy más sufre el ajuste, yo te diría que no. Hoy el ajuste lo sufre la sociedad. La sociedad acompaña el ajuste. Ese 50% acompaña porque cree que al final del camino hay una luz. Ahora, hay un tiempo para ese acompañamiento. La tolerancia al dolor tiene un tiempo. ¿Cuánta tolerancia al dolor tiene la sociedad? Son realmente muy buenos en lo discursivo. Milei dice que las jubilaciones son hoy de US$200. Ajá. ¿Y cuánto aumentaron los precios? Dijo que en el gobierno anterior las jubilaciones eran de US$80. ¿Con estos US$200 compran lo mismo que antes, con US$80? No lo sé, la verdad, no tengo ese cálculo hecho. Lo que digo es peras con peras y manzanas con manzanas. Si no, parece ser que está todo fantástico, pero resulta que a la gente la plata no le alcanza. Lo percibo, lo veo, lo escucho. La sociedad está partida, hay mucha gente, que no es poca, casi el 50%, que está bancando este modelo. Entonces, lo que me pregunto es: che, la tolerancia al dolor, ¿cuánto resiste? ¿Y cuánto tarda el modelo en volverse virtuoso?

JJD

La regla indica que las palabras no transforman nuestras vidas, pues su efecto es sólo oral, literal o verbal. Una afirmación no constituye un hecho de por sí sino una mera enunciación. Es cierto que el lenguaje pronunciado puede tener efectos en el campo de lo simbólico y que sirve, además, para configurar un “espíritu de época”, para saber de qué se habla y para abonar a la cultura de un tiempo y lugar determinados. No obstante, la materialidad de las cosas, aquello que llamamos “realidad”, se modifica con acciones (u omisiones) que trascienden la lengua, las palabras, lo dicho.

Todo ello, a menos que usemos términos que contengan una fuerza performativa, de modificación del statu quo por su sola exteriorización. Un bautismo (de un hijo, de un barco), un testamento, una promesa, una apuesta y –claro está– el “sí, quiero” pronunciado en el altar, son ejemplos de enunciados que hacen cosas. Se trata, pues, de declaraciones que tienen consecuencias transformadoras de lo real. No describen un estado de cosas en el mundo, sino que lo modifican en el mismo momento en que la afirmación es formulada. El genio de Kant lo advirtió y el libro clásico de John Austin How to do things with words lo sistematizó a inicios de los años ’60. 

¿A qué viene todo esto? El gobierno de Javier Milei se ha caracterizado, en estos tres meses, por una práctica novedosa en la arena política argentina. Como Juan al bautizar a Jesús –perdón por el ejemplo de “otras fuerzas del Cielo”– nuestro Presidente lidera su administración bajo la premisa de que “decir las cosas es igual a hacerlas”. Esto es, que la mera enunciación de una idea, de un proyecto, de un objetivo o incluso de un deseo adquiere, en el mismo instante en que aquél es públicamente formulado, una virtualidad concreta. Existe. Es parte de la realidad. “Está entre nosotros”, diría Semán. Tres ejemplos sirven de muestra: 

• DNU: el 20 de diciembre de publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 denominado –en su Título I– “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. A partir de ese momento el Gobierno narró su accionar (y gobernó en consecuencia) como si esa norma estuviera vigente. Se apalancó en el hecho de que la (nefasta) ley 26.122 le da validez inmediata al DNU (un reglamento de orden legislativo), vigencia que solo puede interrumpirse –siempre hacia el futuro– si y sólo si ambas Cámaras del Congreso lo rechazaren. Pero… primero, se habían olvidado de ponerle fecha de vigencia, por lo que hubo que esperar 8 días hábiles para que las leyes de alquileres, de abastecimiento, de contrato de trabajo, de promoción industrial o compre nacional –así como tantas otras normas derogadas– efectivamente cayeran. Luego, obviaron las consecuencias que podría tener el cuarto párrafo del art. 99 inc. 3 de la Constitución, que impone la actuación de la Comisión Bicameral Permanente a través del expreso tratamiento por el plenario de cada Cámara. El jueves de esta semana, 85 días después de publicado el DNU, la “realidad” legislativa comenzó a mostrarle al Presidente que la vigencia del decreto no estaba por demás asegurada, pues las bases no se construyen con solo nombrarlas.

El jueves de esta semana, 85 días después de publicado el DNU, la 'realidad' legislativa comenzó a mostrarle al Presidente que la vigencia del decreto no estaba por demás asegurada, pues las bases no se construyen con solo nombrarlas

• Ley ómnibus: el 27 de diciembre el Subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica, Sergio Iacovino, firmó el IF que contenía el Proyecto de Ley denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Este proyecto fue inmediatamente enviado al Congreso. A partir de ese instante el Gobierno dio por sentada la existencia de la “Ley de Bases”. Y, como en un coro afinado, la prensa se plegó a denominarla “Ley Ómnibus” atento el cúmulo inaudito de normas allí incluidas (materias enteras para aprobar y leyes completas para derogar). La narrativa oficial logró –de esta manera– imponer la idea de que la ley Ómnibus era una realidad que solo debía ser “refrendada” por el Poder Legislativo. A lo sumo, aceptarían “mínimos cambios”, pues el plexo legal ya estaba entre nosotros, los argentinos de bien. Finalmente, el tratamiento en Diputados –que fungió como Cámara de origen– avanzó en un plenario de (pocas) comisiones y, al llegar al recinto, solo logró la aprobación “en general” pero no pudo cruzar el Rubicón de la discusión del 1% de sus artículos… y volvió a comisión. Ergo, la pretendida “Ley Bases” o “Ley Ómnibus” nunca llegó a ser ni la mitad de una ley. Se habían pasado por alto, ni más ni menos, el Capítulo V de la Sección Primera del Título Primero de la Segunda Parte de la Constitución Nacional, denominado “De la formación y sanción de las leyes”. De esta manera, el 6 de febrero –esto es, 41 días después de su “nacimiento”–, novedades normativas tales como el endeudamiento sin aval parlamentario, la persecución de la protesta social y la privatización de empresas públicas dejaron, ipso facto, de ser presuntas “realidades” para retornar al estatus de meras “iniciativas del Poder Ejecutivo”. Una ley non nata. Y, como la nata de la leche que preparaban nuestras abuelas, solo se trataba de la superficie. Otras bases edificadas en arena.

• Pacto de Mayo: el 1° de marzo el Presidente Milei cumplió con su atribución constitucional de “hace[r] anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes” (cf. art. 99 inc. 8 CN). Allí, en la parte final de su discurso, en lugar de recomendar medidas legislativas para tratamiento del Poder Legislativo, el mandatario optó por “convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a que (…) nos encontremos el próximo 25 de mayo, en la provincia de Córdoba, para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”. Todo iba bien hasta que el 13 de marzo, ni dos semanas después de este convite, otra convocatoria, esta vez de la Vicepresidenta a la sesión en el Senado para tratar el famoso “mega-DNU 70/23”, provocó un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina. Esta publicación en X comienza diciendo: “En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo…”. Una vez más, se dio por hecho que habrá firma, que el pacto del 25 de Mayo es ya un hecho. Y se adujo que “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política” podría socavar ese hito, pasando por alto el pequeño detalle de que las partes signatarias del “borrador de Pacto” aún no han rubricado el documento que incluye “las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad”. Entonces, ¿alguien pensó que se pueda pactar con uno mismo? Un acuerdo unilateral viene a ser, pues, un oxímoron propio de estas épocas de refundaciones libertarias. Ni bases, ni ómnibus ni pactos surgen de mirarse al espejo.

En definitiva, ni la filosofía, ni la lingüística ni la gramática más básicas pueden resignificar acciones que no se producen sino en el campo del lenguaje. Suponer que los hechos existen por el simple acto de enunciar proposiciones en proto-normas o meras convocatorias preliminares es pretender que sus enunciados adquieran performatividad o injerencia fáctica en desmedro de los mecanismos elementales de la democracia, con sus negociaciones y acuerdos, sus trámites parlamentarios y mayorías legislativa. En fin, las “bases” reales de la división de poderes en una república de 170 años.

JJC/JJD

―¡No es el momento de pelearnos con los gremios! ¡Me chupa un huevo lo que diga Sturzenegger!

Javier Milei estalló en un grito de furia potenciado por el exceso de azúcar. Faltaban un par de días para la asunción y encabezaba una reunión de gabinete preparatoria, en una oficina prestada a pocas cuadras del hotel Libertador. Omar Yasin, el chivo expiatorio con cuyo sacrificio intentó zafar esta semana del escándalo por el aumento de su propio sueldo, acababa de defender la prohibición de los “aportes solidarios” que muchos gremios tienen incluidos en sus acuerdos paritarios. Era una idea de Federico Sturzenegger, cuyo mamotreto de reformas había comprado llave en mano el mismo Milei apenas dos meses antes, tras la derrota de Patricia Bullrich en las generales de octubre y su decisión de apoyarlo en el balotaje. 

Los ministros y secretarios presentes se sorprendieron cuando, al leer poco después el DNU ya publicado, esa prohibición figuraba en el artículo 73, que modificaba el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una alerta temprana de la improvisación, el frenetismo y los bandazos que marcarían los siguientes tres meses y que desembocarían en los dos fracasos del oficialismo para aprobar la Ley Ómnibus y evitar el rechazo del Senado a ese decreto fundacional.

Sturzenegger sigue trabajando entre la Rosada y la Quinta de Olivos, sin haber sido designado para cargo alguno pese a que en enero dejaron trascender que encabezaría una Unidad Transitoria para la Reforma del Estado. Según reveló a elDiarioAR una fuente que participó de la redacción de ambos textos, no hubo un criterio claro para dividir su batería de reformas entre el DNU y la Ley Ómnibus. Fue más bien un ‘mix’ de lo que habían elaborado desde marzo de 2023 Eduardo Rodríguez Chirillo y el eyectado Guillermo Ferraro con lo que aportó el fallido exjefe del Banco Central.

También hubo muchos magnates que consiguieron colar sus intereses particulares. Tal como se informó en esta columna el 28 de enero, por ejemplo, el lobby petrolero y los zares de la electricidad y el gas hicieron y deshicieron a gusto en los primeros borradores. Su ambición de shock deformó las normas al punto de hacerlas intragables para muchos diputados, senadores y gobernadores. Y eso pese a que quedaron en el camino la intención inicial de derogar completo el Código Aeronáutico (que igual el DNU modificó en varios puntos centrales, siempre con la mira puesta en privatizar Aerolíneas Argentinas) y las propuestas más hardcore de Sturzenegger, como que las rutas marítimas de cabotaje sean habilitadas para embarcaciones de bandera extranjera con tripulaciones extranjeras. 

El capítulo laboral del DNU ―que incluye la prohibición de los aportes a los gremios para desfinanciarlos, pero que también elimina el pago de horas extras, restringe el derecho a huelga, recorta las indemnizaciones, extiende el período de prueba de tres a ocho meses y reduce las multas para los empleadores incumplidores― fue redactado por Julio Cordero, el abogado laboralista de Techint que ahora reemplazará al defenestrado Yasin, hombre de Jorge Triaca y Macri. Con Cordero, Paolo Rocca terminó de copar la vieja sede de Alem 650. Allí también se los ve y se los escucha seguido a Julio César Caballero, habitual representante del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS) en distintas disputas de intereses, y a Miguel Ponte, el viceministro de Trabajo de Macri que saltó a la fama por haber dicho que contratar y despedir empleados debería ser “tan natural como comer y descomer”.

Media máquina

La desregulación laboral, que finalmente frenó la Justicia, va ganando relevancia en lo que debate el mundo de los negocios a medida que se profundiza la recesión. Por ahora las Pymes se limitaron a acumular stocks y a aguantar las pérdidas, pero los galpones empiezan a llenarse y los dueños a impacientarse. Los confeccionistas, por ejemplo, tienen exactamente la mitad de demanda en unidades que un año atrás. Algunos optimistas estudian saltear directamente la temporada otoño/invierno y empezar a producir para primavera/verano, cuando esperan que haya aflojado la crisis. Pero los despidos no van a tardar en llegar. 

El drama abarca a todo el sector manufacturero, que trabaja literalmente a media máquina. Lo confirmó el INDEC esta semana al estimar que el uso de la capacidad instalada en la industria fue del 54,6%, el peor enero desde la crisis de 2001, un piso solo perforado a mitad de 2020 en plena cuarentena. En los rubros con caídas más pronunciadas, como el mueblero, ya hay cierres de empresas pequeñas y medianas como los que denunció el Presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), Román Queirós. Asoma además una verdadera crisis existencial para polos sectoriales como el instalado en Cañada de Gómez, no demasiado lejos de Villa Constitución, donde el cierre de Acindar desató prácticamente una pueblada y motivó un prolongado corte de la autopista Rosario-Buenos Aires. 

El desplome de la demanda no distingue por tamaño. Se lo dijo el presidente de Quilmes, Martín Ticinese, a Luis Caputo en la reunión que convocó el ministro de Economía con empresas de consumo masivo para pedirles que bajen los precios. En verano, pico estacional de la demanda de cerveza, el gigante ABInBev vendió 20% menos que el verano pasado, que ya había sido mediocre. 

La tensión también aumenta entre los eslabones de cada sector productivo. A los shoppings porteños de Eduardo Elsztain, mecenas y anfitrión de Milei durante meses en el hotel Libertador, se les empiezan a vaciar locales que no consiguen volver a ocupar. Por la llave de un contrato de alquiler de tres años de un local chico, por ejemplo, piden sin sonrojarse US$150.000 dólares. ¿Cuánto puede valer una camisa que se venda ahí? 

Pan brasileño

Los borradores de las “leyes combi”, como ya llaman con sorna en el Congreso a los dos proyectos con los que el Ejecutivo procura reemplazar a la frustrada Ley Ómnibus, vuelven a mezclar capítulos de la reforma casi al azar. Como si no importara tanto el contenido como el impacto noticioso que generen y su eco en las redes sociales. 

Lo definió el joven estratega Santiago Caputo ante un ministro que le preguntó azorado por un cambio de último momento en la letra del proyecto que naufragó en Diputados. “Lo importante no es cómo quede sino cuántas manos levantadas tengamos”, le respondió. Una frase que ayuda a dimensionar hasta qué punto le dolió a Milei esta semana la derrota estruendosa ―45 votos contra 22― del DNU en el Senado. 

En medio de ese tembladeral político, el ministro de Economía aspira a convencer la semana próxima al director para América del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, de reforzar con dinero fresco el acuerdo que renovó hace poco con el Gobierno. El chileno volverá a expresar en Buenos Aires las dudas que ya planteó Gita Gopinath, la número dos del organismo. A ninguno de los dos le parece viable la intención de Luis Caputo de dejar subir el dólar oficial tan solo un 2% mensual con una inflación de dos dígitos. Máxime cuando marzo arrancó picante, con subas de alimentos y bebidas arriba del 3% semanal durante las primeras dos semanas, según la consultora LCG. Es más del doble que el ritmo de la segunda quincena de febrero. Y falta todavía computar los aumentos del boleto y las tarifas. 

Por eso llamó tanto la atención que Caputo propusiera a los gerentes de supermercados que lo visitaron la semana pasada la antigua solución cavallista de abrir la importación de alimentos para disciplinar a los proveedores locales. Contra lo que informó Economía, no fueron ellos quienes lo reclamaron. “Nosotros no nos habríamos atrevido nunca a pedir algo así, con la escasez de reservas que sufre el Banco Central”, dijo a elDiarioAR uno de los empresarios presentes. 

Al FMI tampoco le simpatizan esas heterodoxias. Quiere que las reservas se acumulen a un ritmo mayor y vayan al pago de la deuda que dejó Mauricio Macri. Y que el dólar suba a la par de la inflación, como le exigió a Egipto al liberarle el desembolso que habilitó dos semanas atrás. Justamente para que no pase como con Caputo y Nicolás Dujovne en 2018, cuando los más ricos se compraron todos los dólares baratos que pudieron y vaciaron las arcas del Central.   

La movida, de todos modos, ya está en marcha. Con la velocidad que le asegura a Caputo tener a su exsocio al frente del Central ―envidia de Cristina Fernández de Kirchner― la comunicación A7980 habilitó la importación con pronto pago y sin impuesto PAIS de una larga lista de 22 páginas de productos de la canasta básica. Lo primero que comprarán afuera las cadenas es pan lactal de Brasil: como vence recién a los 90 días, calculan que el tiempo alcanza para traerlo de San Pablo, distribuirlo y ofrecerlo.

Es de lo que más subió: en noviembre un paquete chico valía $804 y hoy $2.021, según el Indec. Las leyes antimonopolio que aplica con rigor Estados Unidos y que acá también existen le podrían haber servido a Caputo para evitar abusos de la multinacional mexicana Bimbo-Fargo, que concentra más del 80% del mercado desde que Guillermo Moreno habilitó su fusión. Pero optó por asegurarles dólares baratos a quienes importen desde Brasil un pan que se hace con trigo de la pampa húmeda. Make Argentina Great Again. 

AB/DTC

Santiago Caputo tuvo una fuerte discusión en Diputados en aquellas semanas de comienzos de año cuando el Gobierno negociaba la primera versión de la ley Bases. Dentro del despacho de Martín Menem, estuvo cerca de pasar de lo verbal a lo físico con un legislador que igualmente acompañó a La Libertad Avanza en su fracasada iniciativa parlamentaria. El viernes pasado, con la foto de la caída del DNU en el Senado y en medio del intento de reflotar aquella ley –aunque mucho más acotada–, el asesor estrella de Javier Milei pareció dejar de lado el traje de mandamás electoral. Con una predisposición más dialoguista, participó sigilosamente en la reunión que encabezó el ministro Guillermo Francos con diputados del PRO en Balcarce 50. Tácticamente evitó mostrarse en la foto que se difundió después.

El movimiento de Caputo revela que el Presidente al menos tomó nota de que si no abre una negociación política en términos menos beligerantes con los opositores blandos, su megadecreto 70/2023 puede correr en Diputados la misma suerte que en la Cámara baja. Confía en que tiene un panorama más favorable porque el hemiciclo de la Cámara baja es mucho más variado y los votos están más divididos. Por eso comenzó a hacer lo que no hizo en el verano: hizo circular entre la oposición y los gobernadores la nueva ley ómnibus y el paquete fiscal. Es decir que la suerte del DNU está atada al derrotero de los proyectos legislativos.

Milei planea “dormir” todo lo que pueda la votación por el DNU mientras profundiza el debate de esas reformas estructurales. Los gestos hablan por él: además de convocar al PRO y a la UCR el viernes, este lunes irán a la Rosada Miguel Pichetto y Emilio Monzó –referentes del heterogéneo Hacemos Coalición Federal–. En paralelo, a comienzos de esta semana también se conformará una batería de comisiones en Diputados, la primera ventanilla donde se negocian las leyes. El dato es que muchos de los cuerpos de trabajo podrían ser encabezadas por la oposición cercana, supo elDiarioAR. 

Habrá un intercambio de favores. El PRO ya presentó proyectos de ley “espejo” del capítulo laboral del megadecreto, justamente el que está actualmente suspendido en la Justicia y espera una decisión final de la Corte Suprema. También el radicalismo y los federales habían aconsejado al oficialismo repartir el DNU en distintos proyectos de ley. El argumento es que así se lograría “seguridad jurídica”. En la UCR y HCF están de acuerdo con el fondo del decretazo, pero no con la forma. 

“Van entendiendo cómo es la cosa”, comentó un operador parlamentario sobre el cambio de piel de los libertarios. “Tratamos de acercarle al Gobierno la fórmula de cómo hacer para que pasen las leyes y hubo buena predisposición”, dijo un diputado que estuvo en el cara a cara con Francos y Caputo el viernes. Esa “fórmula” es abrir el juego de la negociación y, por consiguiente, bajar los niveles de confrontación. En ese marco, para el legislador consultado, la Casa Rosada debería “patear” lo más posible la votación por el DNU y abocarse a construir mayorías que le avalen las dos leyes estructurales. “Todos creemos que esta vez van a negociar, pero nunca se sabe…”, compartieron en uno de los despachos más influyentes de HCF.

La agenda que se avizora en el oficialismo va en ese sentido: los borradores de la nueva ley Bases y el paquete fiscal –que incluyen reformas tributarias de peso como es la restitución de Ganancias– significarían conversaciones con gobernadores y bloques minoritarios durante la semana. Recién después de ajustar ese ida y vuelta se enviarán a Diputados los proyectos de manera formal. Hasta el fin de semana XXL de Semana Santa habrá muchos movimientos.

Por más que estén envalentonados tras el rechazo en el Senado, tampoco en la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda se apurarían en pedir una sesión especial para voltear el DNU. Juntos Unión por la Patria y el FIT suman una base en contra al decreto de 104 bancas, a los que se sumarían 11 radicales díscolos, referenciados tanto en Facundo Manes como del senador Martín Lousteau. Pero aún necesitarían sumar 14 voluntades para alcanzar la mayoría de Diputados.

Cálculos realizaron por elDiarioAR en base a consultas fuentes y a la foto que dejó la Cámara alta, suponen que se plegarían al rechazo los dos diputados que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y también un grupo de los 23 legisladores del bloque de Pichetto, como son los socialistas de Santa Fe, Margarita Stolbizer y los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brügge. Así la negativa podría rozar los 125 votos.

En cerrado apoyo al DNU el Gobierno tendría como piso un centenar de votos. Allí están los 40 libertarios, los 37 del PRO, 17 diputados radicales abroquelados detrás de Rodrigo de Loredo, Pichetto y afines, y los legisladores tucumanos. Podría pensarse que la bancada de Carolina Píparo –tiene dos votos– también acompañaría a Milei, pero este medio supo que el destrato personal que sufrió la excandidata a gobernadora por parte del Presidente le sumó una complejidad a su decisión. Lo mismo pasa con Ricardo López Murphy, a quien el jefe de Estado ubicó del lado de los “traidores” tras la ley Bases.

Otros indecisos cobran especial atención para buscar apoyos circunstanciales, así como los diputados que responden a varios de los gobernadores. Es una pecera de unos 30 votos. En el primer grupo aparecen radicales “sin tierra” como es el mendocino Julio Cobos, enfrentado a Alfredo Cornejo, o el correntino Manuel Aguirre, que no responde a Gustavo Valdés. También es una incógnita cómo jugaría Martín Tetaz. Tampoco es del todo claro el posicionamiento de los cuatro diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, aunque tienen reparos con las formas de Milei. El miércoles de hecho impulsaron un nuevo cálculo para las jubilaciones que obligó al oficialismo a reaccionar justo a tiempo: concedió a la UCR la comisión de Previsión Social y reconoce atar los aumentos a la inflación, pero aún diferencias sobre cómo “empalmar” el ajuste sobre los primeros meses del año.

Sirvió en esa contraofensiva libertaria el diálogo abierto con los mandatarios provinciales, ahora enmarcado en el pomposo Pacto de Mayo. En el fondo, sin embargo, lo que quieren los gobernadores es sustentabilidad financiera. Caído el DNU en el Senado y necesitado el Gobierno el apoyo para la ley Bases, sus votos se volvieron “más caros”. El caso singular es el de los dos cordobeses que responden a Martín Llaryora: Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.

El gobernador ya le tendió una mano a Milei, pese a haber sido el verdugo de la primera ley Bases: además de ordenar que ambos diputados no bajen al recinto el miércoles, la senadora Alejandra Vigo se abstuvo sobre el DNU. “La cuestión ahora es si Milei está dispuesto a negociar con Llaryora, al que maltrató hace unas semanas nomás”, puso como reparo una fuente del cordobesismo. El juego del gobernador podría impactar en otro coterráneo como es Oscar Agost Carreño –que preside el PRO local pero es espada en HCF– o el bonaerense Florencio Randazzo.

También Rogelio Frigerio tiene influencia en algunas fichas legislativas. Francisco Morchio tampoco bajó al recinto el miércoles pasado. La palabra del entrerriano tiene eco en Emilio Monzó y Nicolás Massot, que no quieren el DNU como instrumento, sino que las reformas vayan por ley. Ese par puede a su vez incidir en el bloque de Innovación Federal, que tiene a ocho legisladores que responden a los gobernadores “independientes” de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua, y Río Negro, Alberto Weretilneck. En el Senado hubo votos repartidos entre el rechazo y la abstención frente al DNU. Otros apoyos sueltos podrían surgir de las negociaciones de la Rosada con el sanjuanino Marcelo Orrego, el neuquino Rolando Figueroa y el chubutense Nacho Torres. “Los gobernadores ahora tienen más poder para negociar”, aventuró una fuente al tanto de las negociaciones, y apuntó: “Ahí va a estar la clave sobre el decreto y las nuevas leyes”.

MC/JJD

Una ley sancionada en 2006 a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora del Partido Justicialista, establece que para que un decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial pierda vigor debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Es gracias a esa ley, vigente desde hace 18 años, que el DNU 70/2023 de Javier Milei sigue en pie, ya que fue rechazado, por ahora, sólo en el recinto de la Cámara alta. De todas maneras, las consecuencias de ese solo pronunciamiento podrían ser no sólo políticas. El DNU ahora corre más riesgo de quedar anulado. Y hay que mirar a los tribunales.

Es lo que hizo el abogado Gustavo Arballo, especialista en Derecho Público y Derecho Judicial, en un hilo de X (Twitter) en el que planteó “hay buenas razones para concluir que un solo rechazo debería bastar para tumbarlo” al superdecreto de Milei.

Para Arballo, la ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU —aquella que fue promovida por Fernández de Kirchhner— “tiene una cláusula de constitucionalidad dudosa que exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU caiga”, ya que “es algo que la Constitución no dice y que permite al Poder Ejecutivo hacer leyes a discreción mientras tenga en control al menos una cámara”.

En un escenario de judicialización, señala el experto, “la objeción basada en esa cláusula era de facil elusión porque un tribunal podía decir que mientras no hubiera al menos rechazo de una cámara ese planteo era hipotético, abstracto, conjetural, pero ahora no: es concreto y sucedió”.

El jurista vaticinó que siendo el rechazo del Senado al DNU de Milei —por 42 votos a 25, y 4 abstenciones— un “hecho nuevo”, es claro que “todos los que tienen amparos o juicios en curso llevarán esto a la arena judicial, donde ya no se estará determinando si es constitucional el DNU 70 sino —más importante— si es constitucional el sistema de 'doble fusible' de la ley 26.122”.

Según el especialista, “el criterio correcto es 'a primera sangre'”, es decir que “debe bastar el rechazo de una sola cámara para que un DNU no se asuma válido” y para la Corte Suprema de Justicia no es lo mismo que el Congreso aún no haya hablado que ahora, que ya una de sus cámaras, la de Senadores, ha dicho no.

Consecuencias judiciales del rechazo del Senado, sin perjuicio de lo que pase en Diputados

“Esto puede traer otras consecuencias muy importantes, que hay que explicar. Si la Corte usara este camino para resolver, el problema será 'de pedigrí' —invalidez del decreto— con efecto dominó sobre cualquier otra causa del DNU 70 (sea viajantes, CGT, clubes, cualquier litigio). Aunque, por otro lado, esa forma de resolución le permitiría a la Corte eludir pronunciamientos 'sobre el fondo', lo que implicaría: 'No te he dicho que sea inconstitucional el capítulo laboral, te he dicho que está mal hacerlo por DNU, y eso me basta para resolver el caso'. Si eso sucediera, el Gobierno tiene una 'segunda oportunidad' para llevar los diversos capítulos y medidas embutidas en el DNU 70 al Congreso, porque podrá alegar —y tendrá razón— que el fallo adverso lo fue por las formas y no por el fondo mismo”, analizó Arballo.

JJD