El bloque de países que, bajo el amparo del estadounidense Donald Trump, monopolizan sus agendas con la gestión del orden público y la crisis migratoria, suma desde este domingo un nuevo aliado tras el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

El nuevo Chile de Kast, quien ganó los comicios con el 58,1 % de los votos frente a la izquierdista Jennette Jara, que quedó con el 41,8 %, conformará, junto con la Argentina de Javier Milei, el polo de la ultraderecha en el Cono Sur, en sintonía con otros Gobiernos como el del salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa o Santiago Peña en Paraguay.

Milei fue el primero en felicitar a Kast y aseguró que ambos Gobiernos trabajarán juntos “para que América abrace las ideas de la libertad” y se “libere” del “yugo opresor del socialismo del siglo XXI”.

“Excepto Brasil, que es casi la mitad de Sudamérica, el resto de los países hispanoparlantes está apostando por Gobiernos entre hiper conservadores y de derechas radicales”, dijo a EFE el académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda.

Para Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano (España), “la gente vota pensando en soluciones inmediatas a su problema”.

Según explicó a EFE, los argentinos votaron por Milei porque pensaban que resolvería la inflación y reflotaría la economía; y los chilenos lo hicieron por Kast para mejorar la seguridad y gestionar la migración.

“Alineamiento hacia EE.UU.”

El abogado y exdiputado ultracatólico, que será el primer presidente que defendió al entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) e hizo campaña a favor de su continuidad en el plebiscito de 1988, presidió la red ultraconservadora Political Network for Values (2022-2024) y ha participado en cumbres como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) o la convención de Vox en Madrid.

“Hay un alineamiento geopolítico -dice Aranda- propicio a EE.UU. y un apoyo a su estrategia de seguridad”, que surge en un momento en el que Trump “está reafirmando la doctrina Monroe” y quiere restaurar su dominio regional tras años de desinterés.

La ultraderecha latinoamericana, añade, enfrentará el “dilema” de decidir si aceptan la exigencia de Estados Unidos de negar el acceso a China, mientras países como Argentina y Chile, entre otros, mantienen parte importante de su comercio con el gigante asiático.

“Van a tener que definir si privilegian el pragmatismo o si se alinean absolutamente con Estados Unidos”, plantea Aranda.

¿Voto castigo o derechización?

La victoria de Kast, líder del Partido Republicano, apoyado por los otros candidatos de derecha y extrema derecha que no pasaron a la segunda vuelta, se lee como un voto de castigo al Gobierno del progresista Gabriel Boric, que no ha logrado solucionar las prioridades de la ciudadanía, como reducir la inseguridad.

“Tenemos un electorado volátil que castiga de manera alternada, según el contexto”, dijo a EFE la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López.

Al no materializarse sus expectativas “sienten frustración, enojo y repentina confianza en el otro”, añadió.

“La insatisfacción de los votantes provoca una política pendular permanente”, afirmó a EFE Benjamin Gedan del Wilson Center de Estados Unidos.

El autor de ‘Epidemia Ultra’, Franco Delle Donne, experto en extrema derecha, señaló a EFE que Latinoamérica vive un proceso de “derechización” hacia una “visión más autoritaria” y el “debilitamiento del Estado de derecho”.

Según él, “se acepta la agenda de la derecha radical” y “se prueban opciones nuevas”, que antes no tuvieron tanto apoyo.

Delle Donne considera a Kast uno de los representantes más característicos de los “neopatriotas”, ultraderechistas que han encontrado “una ventana de oportunidad” gracias a la crisis de la globalización.

El académico de la Universidad Católica de Chile Cristóbal Rovira apuntó a EFE a una “derechización de la derecha” porque en la competencia de este sector ha aparecido una ultraderecha y eso hace que muchos votantes empiecen a radicalizar sus propias posturas“.

¿Hacia una “ola marrón”?

El giro ultra que este domingo se refuerza en la región sucede varias olas pendulares que desde principio del siglo XXI se han alternado en Latinoamérica.

A principios de los 2000 llegó la “marea rosada”, los Gobiernos de izquierda que gobernaron simultáneamente en casi todos los países de Sudamérica, con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile, entre otros.

La marea, que se sostuvo con altos y bajos hasta 2015, cambió de rumbo hacia la derecha con Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia o Jair Bolsonaro en Brasil; para luego virar hacia la izquierda, de nuevo, con Alberto Fernández en Argentina, Lula en Brasil, Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

Con Milei, Bukele, Trump y Kast, que se diferencia de estos líderes por sus formas menos disruptivas y agresivas, la ola regresa del lado conservador.

Aunque en Brasil, México o Uruguay no gobierna la derecha, Aranda advierte que Chile puede ser “el preludio” de “una ola marrón” que expanda “los gobiernos de derechas radicales”.

Según los expertos, en 2026 la región mirará hacia Perú y Colombia, que podrían consolidar el giro ultra en el continente.

EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, es el mandatario sudamericano mejor valorado por los ciudadanos, según el último ranking de CB Consultora, especializada en estudios de opinión pública y escenarios electorales, mientras que el presidente de Bolivia, Luis Arce, figura en el último lugar de la lista.

La imagen positiva de Milei se sitúa en el 53,5% en junio, frente al 49% registrado en mayo, mientras que su nivel de desaprobación alcanza el 44,3%.

El segundo lugar lo ocupa el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con un margen de favorabilidad del 52,4% en junio (52,1% en mayo), mientras que el indicador negativo quedó en 43,8%.

El mes pasado, Noboa encabezaba el ranking seguido de Milei, mientras que el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, se mantuvo en el tercer puesto con una imagen favorable del 47,2%, que en mayo era del 48,8%, mientras la negativa se ubicó en el 46,7%.

Al otro extremo de la tabla, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ocupa el último lugar con un 76,2% de imagen negativa frente a un 21,2% de valoración positiva. En mayo la aprobación fue de un 25,5%.

El presidente de Bolivia enfrentó en los últimos meses varias protestas por la crisis económica que atraviesa el país, además, de la pugna en el interior del oficialismo que lo tiene enfrentado con el expresidente Evo Morales y que se agudizó de cara a las presidenciales de agosto.

En el penúltimo puesto está la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con un índice negativo del 73,7% y un 22,3% de favorabilidad (19,8% en mayo).

En el octavo lugar se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una favorabilidad del 29,5% y una desaprobación del 66,4%, mientras que en mayo la imagen positiva era del 29,1%.

A mitad de la tabla se ubica el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que bajó al cuarto lugar con un 46,3% de favorabilidad en junio (47,4% en mayo) y un 51% de rechazo.

Le sigue el mandatario de Chile, Gabriel Boric, con una aceptación del 43,1% (41,7% en mayo) y una imagen negativa del 54,5%.

En el sexto puesto se ubica el gobernante de Paraguay, Santiago Peña, con una imagen positiva del 42,2% y negativa del 55,3%. En mayo el respaldo era del 46,2%.

Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sube a la casilla siete, de diez, con una imagen positiva del 37,8% y negativa del 57,4%. En mayo el índice de favorabilidad era del 37,2%.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 14 y el 20 de junio a 12.355 personas —entre 1.040 y 1.554 por país—, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre ±2 y 3%.

Qué pasa con los gobernadores e intendentes en Argentina

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos son: Leandro Zdero (Chaco), quien lidera con un 62,8% de imagen positiva, seguido por Ignacio Torres (Chubut) con un 60,5%, y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 59,8%.

Los gobernadores peor calificados del mes de junio de 2025 son: en último lugar, Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con un 42,5% de imagen positiva, seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro) con 42,9%, y luego Ricardo Quintela (La Rioja) con 43,0%.

El gobernador que más creció en el mes de Junio de 2025 en comparación con la medición anterior fue Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, quien registró un incremento de +2,6% en su imagen positiva. Por el contrario, el gobernador que más cayó fue Carlos Sadir, de Jujuy, con una disminución de -3,8% en su aprobación.

Qué pasa con los senadores nacionales

Los tres senadores nacionales con mejor diferencial de imagen en éste mes son: Sergio Uñac de San Juan, quien lidera con un diferencial -4,9%, seguida por Carolina Losada de Santa Fe con -5,7%, y en tercer lugar María Florencia López de La Rioja con -7,3%.

Los tres senadores nacionales con peor diferencial en su imagen pública son: Oscar Parrilli de Neuquén en último lugar con un diferencial de -39,7%, seguido por Alicia Kirchner de Santa Cruz con -38,4%, y cierra el podio negativo Martín Lousteau de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con -36,3%.

El Senador que más subió comparado a nuestra última medición de mayo fue Bartolomé Abdala de San Luis, con +13,5% en su diferencial de imagen. Por otro lado, Luis Juez de Córdoba fue quien más cayó comparado a l mes anterior, registrando una baja de -4,7%, en su diferencial de imagen.

EFE.

IG

Del Norte al Sur del continente americano, 2025 es año de elecciones. Desde Canadá hasta Chile, pasando por el Ecuador, Honduras y Bolivia, y gracias a Donald Trump, las izquierdas latinoamericanas están mejor posicionadas que en enero y mucho mejor que en marzo para retener o recuperar el poder del Estado y el gobierno de la Nación. La altísima participación en el balotaje ecuatoriano de más de 8 de cada diez votantes y la nítida reelección del presidente Daniel Noboa ratifican en tándem tanto el nuevo ardor en el compromiso del electorado participativo como la penuria de ese fuego contagioso para una efectiva conflagración de izquierda.

Daniel Bukele, o cómo en casa uno puede ser Trump sin insufribles paréntesis demócratas

El domingo 13 de abril marcó la fecha de la segunda elección presidencial ecuatoriana consecutiva que el próspero heredero de la familia Noboa ganaba en poco menos de 35 años de existencia y poco más de 3 de vida política. Empresario, millonario, Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, empresario, multimillonario, y ‘rey de la banana’. La exportación tropical a EEUU desde el puerto pacífico de Guayaquil, donde residen, convirtió al costeño Álvaro en el hombre más rico del país sudamericano y estado tapón entre Perú y Colombia. Hoy desde los puertos ecuatorianos, formales e informales, el narcotráfico internacional profesional exporta a EEUU y al área del Indopacífico la cocaína que producen las dos naciones soberanas vecinas austral y boreal de la tierra nativa de los costeños Noboa.

La inseguridad -con una crisis económica que el electorado encuentra derivada de aquella- fue el tema más importante en los debates y las campañas presidenciales. Preventivamente, durante la jornada electoral del balotaje las fronteras peruana y colombiana de Ecuador fueron mantenidas cerradas y custodiadas por las armas del Ejército.  

Dos países pacíficos y dolarizados, o viceversa

El presidente del primer país sudamericano que dolarizó siguió el exitoso método represivo del primer país centroamericano que dolarizó. El político y empresario salvadoreño Nayib Bukele, antiguo alcalde de la capital San Salvador en elecciones ganadas como candidato de la centro izquierda tradicional salvadoreña formada por la desmilitarización de las guerrillas de los 70s. Hoy es presidente de El Salvador, elegido y reelegido como candidato de un partido de derecha extrema creado por él a su medida (y la de su familia).

Para la derogación del signo monetario salvadoreño y para su sustitución por el dolár estadounidense en el ejemplo de la dolarización que ha regido en Ecuador desde inicios del siglo XX. Una posterior legalización de la criptomoneda bitcoin como moneda alternativa en El Salvador fue idea presidencial suya, que a nadie ha inspirado aún en los hechos.

La biografía política de Noboa Sr luce más intensa y extensa que la de Noboa Jr su hijo, presidente de Ecuador y príncipe de la patriarcal banana. Cinco veces fue Álvaro candidato presidencial centrista, y cuatro veces estuvo a punto de ganar la presidencia ecuatoriana. Si no maté reyes moros / engendré quien los matara, se jacta un romance medieval anónimo de tiempos de la Reconquista o expulsión de judíos y musulmanes de España.

Hijos de papá, o ¿de casta le viene al galgo el tener el rabo largo?

Las familias se ayudan. Entre sí las aliadas, y todas protegen a los suyos. Las mafiosas, más, y con mayor celo. No sugerimos en absoluto que la de Noboa lo sea en los términos de las ciencias jurídicas y sociales que definen al crimen organizado. Ni en los más laxos, pero escasamente serviciales para la carecterización de las ventajas a veces oscuramente ilegítimas, casi nunca claramente ilegales, de los patrimonialismos bien administrados para la trascendencia de generación en generación de una funcionalidad siempre aggiornada y reinvertida.

El culto intergeneracional de la amistad recíproca con los pares actuales o prospectivos y de los amistosos contactos internacionales forma parte central de la educación informal del joven presidente Noboa que vivió y trabajó en Florida, consagrado parque de diversiones predilecto por las nuevas derechas infanto-seniles transatlánticas. Noboa Jr llegó a ser tan buen amigo de Donald J. Trump que después de su segunda victoria electoral no consecutiva en noviembre de 2024, el republicano declinó invitar a su asunción presidencial al ultraderechista presidente nacionalista húngaro Víktor Orban, pero invitó al ecuatoriano a Washington para la ceremonia de jura en el Capitolio del lunes 20 de enero.

La infraestructura, la logística, los transportes, la llegada territorial de las empresas de Noboa Sr y sus compadres prestaron beneficios de enorme utilidad, de una omnipresencia tan evidente que la tornaba sobria y discreta, para la campaña reelectoral del presidente candidato. Acaso no sea insincero Noboa Jr cuando denuncia a los medios y a la oposición de exagerar la desigualdad de oportunidades que lo favorece: esas diferencias son naturales como el agua y el aire, y los beneficios connaturales de la propiedad opulenta son sagrados.

Los Noboa y los Kennedy, o tradición, familia y propiedad católicas en tierra infiel

El Príncipe de la banana también da por sentada y legítima la ventaja que recauda de los contactos internacionales del Rey. Su padre ha dedicado su vida a cultivarlos según conservadoras reglas de etiqueta y cortesía criolla, cristiana y burguesa.

Es así que la familia Noboa está conectado con una poderosa, multimillonaria, oligárquica familia católica de orígenes irlandeses, muy activa en la costa atlántica de EEUU, país al que dieron un presidente y varios senadores demócratas. No son los Biden, católicos y de genealogía irlandesa (pero pobres y obreros hasta que Joe se recibió de abogado). Son los Kennedy (que a pesar de ser tan ricos y de haber sido tan temidos y corruptos tampoco son una mafia). Noboa Sr es amigo personal de Robert F. Kennedy Jr, hijo del senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy asesinado en 1968 y sobrino del presidente John F. Kennedy asesinado en 1963.

La familiaridad de Bobby Jr con la Oficina Oval precede a la de todos los restantes personajes de este Panorama. Su ocupado padre lo depositaba en la Casa Blanca como en una guardería -la más segura de la capital de EEUU-, según le ha contado a Trump. Casi un bebé, Bobby Jr gateaba por la alfombra del despacho presidencial, y oía cuando su tío JFK alzaba la voz hablando por télefono.

Las posiciones políticas de Noboa Sr se corrieron decididamente hacia la derecha. Como las de Bobby Jr. La familia meridional coincida también con sus ‘primos’ septentrionales los Kennedy.

Bobby Jr hizo una fortuna vendiendo o haciendo lobby por sucedáneos a las vacunas fabricadas en masa por los grandes pulpos de las farmacéuticas multinacionales ellas sí mafiosas, según difundía en sus páginas web rebosantes de ofertas de remedios naturales. El amigo de Noboa Sr llegó a la cúspide de su popularidad y se volvió reconocido por millones gracias a sus sus redes sociales desde que el boom de letalidad del coronavirus fue una realidad irrefregable. Ganaba seguidores con un ritmo acompasado al crecimiento de las tasas de mortalidad de la pandemia. Cuando Trump, en la cúspide de su primera presidencia y de la crisis sanitaria del covid, también era muy antivax. Hoy los dos son mucho menos antivax, mucho más amplios de miras. O más ambiguos, mucho más cuidadosos en sus declaraciones y posteos, muy renuentes a ser llevados al lindero de la vejante cuestión inmunológica. Hoy Bobby Jr., que es abogado, se dice convencido de que las vacunas previenen el contagio de sarampión tan bien como la vitamina A que es mejor.

Hoy Bobby Jr. se sienta como ministro de Salud en la mesa del Gabinete del presidente Trump en la Casa Blanca. El presupuesto del Ministerio del amigo de Noboa padre (y de Noboa hijo) es de dos billones de dólares. El tamaño del PBI de Australia. (Incidentalmente, el domingo se lanzaron las campañas electorales rivales en Australia: el oficialismo, con popularidad acrecida por su desafío a los aranceles aduaneros de Trump, puede retener un poder que parecía predestinado a entregar). 

El héroe de los varones, o ¿no asusta mejor un papá que no usa pollera?

En sus respectivas victorias electorales repetidas, Trump y Noboa coincidieron, dos veces, en impedir que sus respectivos países tuvieran, por primera vez en sus historias, una presidenta mujer. Cada vez que ganaron una presidencial, derrotaron a una rival mujer. Noboa a la misma, la progresista Luisa González. Trump a dos contrincantes demócratas, Hillary Clinton en 2016 y Kamala Harris en 2024.     

El domingo 13 de abril marcó también el día segunda derrota consecutiva en segunda vuelta de una misma y repetida adversaria, la experimentada abogada y universitaria Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana. Favorecida sucesora, antes que heredera genealógica, de Rafael Correa. Entre sus votantes, es nostalgia de la tranquilidad de la década de Correa sentado en la residencial presidencial quiteña antes que el reclamo de planes y políticas sociales un resorte para acudir a las urnas. Pero aquella época se distancia en la perspectiva. Quienes la recuerdan son personas ya más adultas, que pueden identificarse, si lo quisieran, aun personalmente con el perfil de la candidata correísta vencida, de visible diferencia de edad con un vencedor desacomplejado para hacerla resaltar con orgullo y prejuicio. ‘Si en Ecuador cada hora una persona más muere asesinada, yo, no ella -señala con su dígito derecho Noboa Jr- soy el Bukele para llegar a la tasa diaria cero de homicidios'  

Los premios  

El joven presidente ecuatorinao debe la segunda derrota consecutiva en balotaje que ha infligido a una misma y competitiva adversaria, la correísta Luisa González, diez años de edad mayor que él, a su triunfo, a una política brutal que es tan difícil de cuantificar y cualificar en sus magnitudes y propiedades definitivas y distintivas como es fácil de detectar su abrumadora gravitación total. A la militarización de la guerra contra la violencia narco en el territorio interior del país. A su imitación de la mano muy dura de Bukele.

Acaso importe menos la medida del buen éxito de esa vía armada, e incluso si algún éxito puede registrarse positivimente. Los números de la seguridad Bukele, con el 2% de la población activa encarcelado, son mejores, mucho mejores, que los de Noboa Jr. Y en verdad, menos desconfiables. Bukele se auto-felicita en posteos que informan ‘otro día más sin homicidios de la presidencia salvadoreña salvadora’.

Las armas secretas

La superioridad del atroz redentor centroamericano sobre su mejor discípulo sudamericano no conviene atribuirlas a distingos en el método, a timidez del alumno y osadía del maestro, a suprema o ínfima idoneidad de las FFAA y de Seguridad encargadas de una represión ubicua, y mucho menos a altibajos en el entusiasmo de una respecto al de la otra. Acaso el entusiasmo, espoloneado por el racismo, sea mayor en el Ecuador: en la categoría ‘víctimas inocentes’ de los ‘excesos de la represión’ destacan las de origen afroecuatoriano. La fuente de la modestia guerrera de la presidencia Noboa Jr a la hora de presentar su inventario represivo se encuentra en el que sus enemigos son asociaciones del crimen organizado multinacional, con dirigencias fuera del territorio ecuatoriano (a los consabidos carteles mexicanos y colombianos se añade la peculiaridad de un protagonismo local albanés). Bukele combatió, reprimió y encerró a pandilleros, a los integrantes de bandas enemigas formadas en la post-guerra civil salvadoreña de los 80s, que se financiaban con secuestros y otras extorsiones. La baja profesionalidad de los cabecillas locales de las maras de cuerpos profusamente tatuados -cuyas imágenes de prisioneros encadenados, postrados y semi desnudos Bukele gusta viralizar- es un atractivo indigente a los ojos de los carteles. Los salvadoreños viven de las remesas giradas desde el Norte y El Salvador ni es vía regia del trasiego de las drogas ilegalizadas ni sus bandas han aportado socios de renombre y mérito a un tráfico internacional tan rendidor y riesgoso.

La dolarización llegó a El Salvador al mismo tiempo que la represión. El estímulo de la invisibilidad, tan decisivo para que el narcotráfico eligiera al desregulado  Ecuador como depósito y puerto, resultó insuficiente para que medraran las actividades clandestinas del narco en este país centroamericano pero no interoceánico (sus únicas costas marinas están sobre el Pacífico). No tienta mucho a los carteles invertir en un sector privado que ven dominado en sus niveles formal e informal por la autoridad y el control patrimonialistas de la doctrina que guía íntima pero abiertamente el uso del poder por una familia Bukele que lo ha ganado en elecciones de cuestionables campañas e irreprochable pureza del sufragio.

La Oficina Oval, o al fondo a la derecha de la derecha

El Salvador es un país expulsor, como se decía en los estudios demográficos: un tercio de su población son migrantes y su mayoría migrante vive en EEUU. Ecuador también lo es, aunque el destino favorito de una migración más diversificada por mejor educada sea la Unión Europea. El lunes 14 de abril fue el día en que Salvador Bukele, de visita en Washington, reunido con Donald J. Trump en la Casa Blanca, anunció que El Salvador no restituirá a EEUU un migrante deportado injustamente a su país. La connivencia presidencial era evidente. La fluidez del presidente salvadoreño cuando habla inglés también. Contrasta con el lenguaje penoso y el ‘funny accent’ del colega ucraniano Volodimyr Zelenski, espectáculo más grotesco que gracioso según los medios de derecha. También Noboa Jr. habla un inglés fluido. Bibi Netanyahu visitó Washington antes que Bukele. Pero después de la declaración de Trump desde una tarima en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca de la lista de de aranceles más y más punitivos pero igualitariamente universales contra todas las naciones del globo. El inglés del premier israelí es perfecto. Rico y sin acento como el del ex presidente boliviano Sánchez de Losada, perseguido por crímenes de lesa humanidad y refugiado en EEUU.

Un resonante episodio en castellano coloca a Noboa Jr con los otros dos presidentes americanos reunidos el lunes 13 en el exiguo pero espectacular teatro de la Oficina Oval. El de cuando ordenó a las fuerzas de Seguridad de su gobierno que ingresaran a la Embajada de México en Quito con tanta violencia como la necesaria para cumplir su cometido, y se llevaran a un ex funcionario correísta amparado allí en la sede diplomática. La Ley, bien vista, es la Fuerza, y la Legitimidad es el Voto. Ved en Trono a la Noble Igualdad. Y los pueblos del mundo responden ¡Libertad, Libertad, Libertad!

AGB 

Con una escasa diferencia de menos de un punto porcentual en vista al balotaje de este domingo 13, el presidente derechista de Ecuador, Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN) y su rival izquierdista Luisa González por Revolución Ciudadana (RC), cerraron el jueves 10 de abril  sus campañas en el puerto de Guayaquil, capital económica del país dividido y convulso, centro de operaciones del narcotráfico, cuna de Noboa y bastión del ex presidente socialista Rafael Correa(2007-2017).

Bajo una fuerte lluvia y ante varios miles de simpatizantes en el centro porteño, González apeló a las mujeres para “dejar atrás estos días oscuros” y les pidió apoyo para convertirse en la primera presidenta electa en el país. “En este año y medio (de gobierno de Noboa), la violencia, la pobreza y el desempleo ha sido más profundo en nosotras las mujeres”, aseveró y ofreció préstamos de hasta 40.000 dólares e interés de un dígito para las madres solteras como ella.

En un coliseo cubierto, el presidente vestido de jeans y camiseta violeta del color de su partido, pronunció otro de sus brevísimos discursos custodiado por militares armados y acompañado por su madre, la congresista más votada. “El ecuatoriano no quiere más guerra (...) quiere esperanza”, afirmó  Noboa, cuya imagen es quizás su mayor fortaleza. Su cuenta de TikTok e Instagram junto con las de su esposa, una influencer del fitness, que cuentan con millones de seguidores, están repletas de publicaciones de él con gafas de sol oscuras y chalecos antibalas, haciendo ejercicio con camisetas sin mangas y bailando con los votantes. “Son figuras aspiracionales”, afirma Sebastián Hurtado, analista político en Quito.

El debate presidencial del 13 de marzo

El 13 de marzo, puntualmente un mes antes del día en el que se sabrá quién ocupará el  Palacio de Carondelet, sede de gobierno ubicado en el centro histórico de la ciudad capital de Quito, tuvo lugar el debate presidencial que generó, tanto en la clase política como en la sociedad civil,  el interrogante respecto quién de los dos candidatos  quedó mejor parado. El careo, marcado por más pullas que propuestas, se basó en  preguntas sobre cinco ejes escogidos por el Comité Nacional de Debates: el crimen organizado, la economía (con la polémica de la dolarización), la corrupción, la educación, la salud y la seguridad social.

El día del debate, que coincidió con el inicio oficial de la campaña para las elecciones de la segunda vuelta, estuvo  acompañado por la incertidumbre en torno a si el primer mandatario  hijo de Álvaro Noboa,  el empresario millonario del banano y cinco veces candidato presidencial, que aspira la reelección, solicitó efectivamente una licencia para participar en este proceso. Sin ambigüedad alguna, la candidata del correísmo, Luisa González, apenas llegó a en la sede del debate presidencial,  cuestionó que el presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, no haya pedido licencia para esta etapa.

“Esperamos (que el debate) se lleve con orden. Y con una gran inquietud también: ¿Pidió o no pidió licencia el candidato Noboa? ¿Encargó o no encargó la Presidencia de la República, a quien por Constitución y Ley le corresponde, a la vicepresidenta electa en las urnas, la señora (Verónica) Abad? Con esta gran inquietud empezamos esta jornada”, declaró ante la prensa. Noboa, hasta el día que empezó la campaña presidencial de cara al balotaje, no había expedido decretos ejecutivos para encargar el poder.

Mucho ruido, pocas nueces

La dinámica de la confrontación estuvo marcada por mutuas acusaciones más que por aportes, planes o proyectos para el próximo mandato. “Lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir”, machacó González, primera en llegar al edificio del canal estatal  Ecuador TV, en la ciudad capital de Quito sede del debate. “Yo no estoy aquí para defender cuentos viejos, de la narcopolítica y la corrupción”, respondió Noboa, que logró enfurecer  a su contrincante, cuando varias veces la llamó “rana rené”, en referencia a los alias de unos polémicos chats atribuidos al ex consejero Augusto Verduga.

Andrea Endara, catedrática de la Universidad Casa Grande, considera que “no hay un ganador del debate”, por no dejar propuestas claras para que la ciudadanía decida “sobre el mejor modelo de país al que apuntan”. Endara manifestó su pesar debido a que los candidatos evadieron profundizar en temas de importancia. “Con este debate quien pierde es la ciudadanía que buscaba una propuesta clara en cada uno de los temas, que buscaba certezas”, señaló. “No se dijo cómo se va a luchar contra la corrupción ni solucionar la falta de empleo e inseguridad que nos aqueja a los ecuatorianos”. En la misma línea, la analista Caroline Ávila Nieto manifestó  las dudas sobre la licencia del presidente y las descalificaciones de Noboa hacia González, que “no criticaban las propuestas sino las actitudes de la candidata (...) puede ser considerado una especie de machismo o misoginia”.

No se abordó tampoco la  crisis ambiental que ha agravado los problemas que padece la sociedad ecuatoriana. La grave sequía del año pasado frenó la producción de las represas hidroeléctricas del país, lo que provocó apagones que duraron hasta 14 horas.

Con todo, al interrogante respecto quien de los dos candidatos quedó mejor parado en el debate presidencial se le sumó la campaña previa al balotaje del próximo domingo estuvo focalizada en arruinar la popularidad del contrincante, enfrascados en una contienda proselitista marcada por un empate técnico en las encuestas previas a las votaciones. La casa encuestadora Comunicaliza muestra un empate virtual entre ambos candidatos, con 41,5% para Noboa y 41,1% para González, mientras que la encuesta de Informe confidencial da una ligera ventaja para el actual presidente, que gozaría del 45% de la preferencia, sobre la opositora izquierdista, que acumula el 41,3 por ciento. Sin embargo, las encuestas previas a las elecciones son sólo un indicio que puede guiar las predicciones tentativas sobre un posible resultado del 13 de abril; no son  infalibles.

“Noboa, no, no  mienta”

En el cara a cara el primer eje temático se centró en torno a la educación. La candidata correista González, quien tuvo el primer turno, aseguró que “más de 72.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año” y que otros 133 fueron víctimas de muertes violentas. “Vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de seguridad y patrullaje permanente, con línea de denuncia anónima”, añadió la candidata. Por su parte, Noboa precisó que está dispuesto a “fortalecer el sistema de becas”, del cual ya ha ntregado 107.000, y adelantó que además va a trabajar en la construcción de más infraestructura.

“Tenemos siete millones de personas pobres que quieren llevar a sus hijos a las escuelas, pero como en este Gobierno no se ha arreglado las escuelas, les cobran a los padres que no tienen para comer el arreglo de la infraestructura y eso es una barrera de acceso” replicó González y agregó que las estadísticas eran recabadas de los ministerios. Noboa sostuvo que las cifras que su oponente manejaba eran incorrectas y aseguró que durante este año y medio había reabierto escuelas, inaugurado otras más y dado nombramiento a maestros. “Noboa, no, no mienta”, le contestó González a cada afirmación y defensa que hacía el mandatario, quien sostuvo que la verdadera razón por la que los niños están dejando de ir a la escuela es por la “tabla de drogas del correísmo”.

El impacto en los más jóvenes de la ‘tabla de drogas’

Ecuador,  ‘estado tapón’ entre  los países de Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, se ha convertido en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de esa droga; las mafias aprovechan sus puertos y costas para enviar toneladas hacia Europa y EEUU. Si bien el consumo de drogas en Ecuador está despenalizado por ser considerado un problema de salud pública, la eliminación decidida por Noboa de la llamada ‘tabla de drogas’, un instrumento que regulaba las cantidades máximas (diez gramos de marihuana, dos gramos de pasta básica de cocaína y un gramo de clorhidrato de cocaína) que puede portar una persona para autoconsumo sin ser detenida ni procesada por narcotráfico, generó en meses previos discusiones sobre cómo se diferenciará entre el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas. Noboa, el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador, aseveró. en varias ocasiones durante el debate,  que la ‘tabla’, puesta en marcha  en 2013 durante el mandato presidencial de Correa fomentaba el microtráfico de droga.

González, recusó la eliminación de la ‘tabla’ argumentando que la misma evitaba que los  consumidores sean castigados con prisión y también les permitia acceder a programas de salud pública. “¿Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas», cuestionó el jefe de Estado. ”Lo invito a que llamemos a alguien a que nos haga una prueba antidoping“, respondió González.

“Luisa te desdolariza” o el futuro de la dolarización 

“Luisa te desdolariza”, repitió constantemente Noboa a lo largo de todo el debate en tanto destacó que durante su mandato se ha fortalecido la dolarización al atacar el déficit fiscal que encontró al llegar al poder, porque “la dolarización es esencial”. El presidente afirmó que “el mundo confía” en él y como prueba de ello recordó que la prima de riesgo de Ecuador estaba en 900 puntos antes de la primera vuelta y se disparó a más de 1.500 enteros al conocerse que habrá segunda vuelta porque, según Noboa, “(el mundo) le tiene pánico a la candidata González”. La candidata de RC, partido que lidera el ex presidente Correa, respondió: “la dolarización es muy importante para este país. Y quiero ser muy clara y enfática: (la dolarización) se garantiza y se fortalecerá, con orden, trabajo y paz”. Sin retroceder en sus aseveraciones,  Noboa retrucó “por una parte dicen una cosa y por otra, a cada rato (Andrés) Arauz (candidato presidencial del correísmo en las elecciones de 2021) habla de una moneda paralela, de los 'ecuadólares', y así devaluar todo en la economía nacional”.

Violencia, sin respuestas

En el debate del domingo 13 de marzo, a igual que en campaña previa al balotaje, los candidatos buscaron convencer al 8,96% de los electores que votaron en blanco o nulo el pasado 9 de febrero y sumar a quienes se decidieron por alguno de los otros 14 postulantes. Con ese propósito, un tema que marcaba la agenda, pero de la que se ofrecieron pocas respuestas, fue la crisis de violencia, que llevó a Ecuador  a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con índice más alto de homicidios y por la que ya se registra en 2025 el inicio de año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de un asesinato por hora.

En su breve mandato, Noboa ha enfrentado más desafíos abrumantes que la mayoría de otros presidentes en un mandato completo. Semanas después de asumir el poder, las bandas orquestaron una demostración de fuerza, matando a guardias de prisiones, incendiando autobuses y tomando como rehenes a presentadores de televisión en directo. Noboa declaró un “conflicto armado interno”, enviando al ejército a las calles y a las cárceles. Miles de personas fueron arrestadas. Los resultados parecían prometedores al principio: los asesinatos por cada 100.000 personas cayeron de alrededor de 46 en 2023 a alrededor de 39 el año pasado. Sin embargo, los asesinatos volvieron a aumentar a mediados de 2024 y en enero alcanzaron su nivel mensual más alto registrado. La espiral desatada por la violencia criminal empaña algunos de los éxitos económicos del gobierno de Noboa: el  aumento del IVA del 12% al 15%; la reducción  de los costosos subsidios a los combustibles, evitando las protestas habituales que acompañan a este tipo de reformas; el acuerdo con el FMI que dará al país acceso a 4.000 millones de dólares en préstamos durante cuatro años y  los términos de un acuerdo de libre comercio con Canadá.

 Los analistas subrayaron que no se abordaron propuestas puntuales y se evadió, en especial, tratar el asesinato de “los cuatro niños de Guayaquil”, que conmocionó a la entera sociedad civil de Ecuador en diciembre pasado y en el que se han visto involucrados miembros del Ejército. Sin embargo,  Noboa aseguró que los índices delictivos han ido a la baja durante su mandato de dos años. Sin vacilación, González respondió que el país ha tenido “el inicio del año más violento de la historia de Ecuador” y ofreció “mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”. “No dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban y extorsionan”, subrayó. “Vamos a tomar el control de puertos, aeropuertos, fronteras y a combatir el enriquecimiento ilícito”.. 

Eje temático, Salud y Seguridad Social

Respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Noboa propuso: “Hay que eliminar ese maldito call center del IESS”, “No usaremos el IESS como caja chica”, “No vamos a subir ni la edad de jubilación ni el valor de las aportaciones”. González,  sostuvo que “la única manera” de garantizar la sostenibilidad del IESS “es incrementar el número de afiliados,  generar en cuatro años cerca de dos millones de empleos. Mi primera medida será declarar la emergencia en el área de la salud”, interpeló al presidente: “Si hay que eliminar el maldito call center  ¿Por qué no lo ha hecho, por qué no lo hizo en este año y medio. En mi periodo de gobierno hubo hospitales, equipamiento, salud, medicinas que hoy no hay. La gente se nos muere, mil enfermos usted deja morir”.

En la última parte del debate, González afirmó que, en caso de ganar en la segunda vuelta, reconocería a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela; una decisión que favorecería “devolver a los venezolanos que ingresaron a Ecuador de manera desordenada y no tienen empleo”.

La UE advierte “tensión”

El jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), José Antonio de Gabriel, declaró que “nota tensión y nervios”  para este balotaje después de  las inconformidades surgidas de la primera vuelta con un  ajustado resultado entre ambos candidatos.  Esa vez, ambos candidatos denunciaron sin aportar pruebas presuntas irregularidades en la votación y en el escrutinio.  Con todo, las misiones de observación electoral de la UE y de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayaron que no había indicios que pudieran apuntar a un presunto “fraude” en el proceso electoral.

Licencia del presi Noboa y la suspensión  de la vice Abad

Hasta el 1 de abril se desconocía qué haría el presidente Noboa respecto a la delegación de su cargo apenas concluyó la polémica licencia que tomó por varios días en la primera vuelta, incluida la fecha del debate. Una situación que fue aprovechada por la aspirante correísta quien le reprochó en el debate que no hubiera cumplido con el requisito constitucional de pedido licencia del cargo para la campaña electoral ni delegado las funciones en la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado. “¿Eres el presidente de la República o eres candidato? ¿Qué eres?”, preguntó González. “¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la Vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no?”, ametralló la candidata.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, cualquier autoridad que busque su reelección inmediata debe pedir licencia del cargo para participar en la campaña y, según la Constitución de Ecuador, la vicepresidenta es la persona contemplada para reemplazar al presidente en estos casos.

Durante la primera vuelta Noboa nombró por decreto a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como “vicepresidenta encargada” en lugar de la vicepresidenta Abad, una decisión que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. 

En esta ocasión, Abad en ejercicio de su cargo estaría habilitada para reemplazar temporalmente a Noboa, si no hubiera mediado que el lunes 24 de marzo,  la decisión del  Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) que desestimó negó el recurso de apelación presentado por Abad y ratificó la suspensión por dos años de los derechos de participación a la vicepresidenta del país.

Abad  había presentado una demanda ante el TCE contra el presidente Noboa, su asesora Diana Jácome,  la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Gobierno Esteban Torres por violencia política de género. Sin embargo, el TCE no consideró válida la denuncia de Abad contra Noboa y sí lo hizo con la contrademanda de Sommerfeld contra  Abad. En consecuencia, la vicepresidenta constitucional de Ecuador se encuentra suspendida en sus derechos políticos por dos años. En este marco,  el 1 de abril, Noboa promulgó un decreto para nombrar como vicepresidenta a Cynthia Natalie Gellibert Mora, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

El escenario electoral de la segunda vuelta

El 13 de abril no será la primera vez que Noboa de 37 años y González de 47 compiten en un balotaje. Ambos ya participaron en las elecciones extraordinarias de 2023. En esa ocasión, los dos  ex legisladores protagonizaron el debate previo a los comicios. González llegó como favorita al balotaje, después de  quedar en primer lugar en la primera vuelta con un 33, 61% de los votos frente al 23,47% de Noboa.  Aun así, el millonario empresario  fue el candidato ganador para completar el período de gobierno  2021-2025 que el ex presidente derechista  Guillermo Lasso, interrumpió en mayo de 2023 al aplicar la ‘muerte cruzada’, con la que disolvió la Asamblea, de mayoría opositora, en el momento que ésta buscaba su destitución, y forzó unas nuevas elecciones generales.

Esta vez la situación está más polarizada. Noboa quedó en primer lugar pero  la diferencia entre él y González, fue de menos de 20.000 votos. Más de 13,7 millones de ecuatorianas y ecuatorianos están convocados el 13 de abril para decidir quién de los regirá el próximo período presidencial del 2025-2029.

Si es reelegido, Noboa contará con poderosos aliados. Fue como Javier Milei uno de los pocos presidentes extranjeros invitado a la toma de posesión de Donald Trump en Washington. Robert F. Kennedy Jr., titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que  dispone de un presupuesto que es como todo el PBI anual de Australia,  del gobierno Trump es amigo del padre de Noboa y ha dicho que Noboa Jr. se crió en su casa.  Pero, el aumento de la migración y la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China en 2023 (los autos fabricados en China dominan las calles de Quito) podría irritar a Trump.

De ganar  González sería la primera mujer presidenta de la historia de Ecuador y el regreso del correísmo al poder. En la ajustada diferencia que sostiene con su rival Noboa, González cuenta con el apoyo del poderoso  movimiento indígena Pachakutik, una adhesión clave en la polarizada elección dado que  líder indígena Leonidas Iza quedó tercero en la primera vuelta con 5,25%, poco más de 538.000 votos.   La alianza entre González, candidata por el movimiento RC de Correa y Pachakutik marca un nuevo acuerdo entre las dos fuerzas políticas después de que los indígenas rompieran durante años con el correísmo por diversos desacuerdos durante sus mandatos.

AGB

Los ecuatorianos tendrán que elegir el domingo 13 de abril entre dos caminos opuestos. Uno lleva a la vuelta del correísmo y, con él, un aparato estatal más fuerte y una mayor inversión pública. El otro, al anticorreísmo, representado por el neoliberalismo, el acercamiento a EEUU y la agenda militarista a semejanza del salvadoreño Nayib Bukele.

Luisa González (Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa) y el actual presidente, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacionalista), apoyado este último en campaña por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encarnan ambas opciones en una cerrada segunda vuelta que las encuestas predicen que terminará en empate técnico, con un considerable porcentaje de indecisos.

Las empresas Comunicaliza y Telcodata mostraron este jueves, a pocos minutos de que terminara el período permitido para difundir sondeos, datos que evidencian lo ajustado de la contienda. La primera da una ventaja del 0,4% a Noboa, exactamente la misma diferencia con la que Telcodata pronostica la victoria de González.

El escenario de la contienda es similar al de las que la han precedido durante casi dos décadas ya: Correa, o un candidato avalado por él, (González dijo que el expresidente, asilado en Bélgica, será su “principal asesor”), impulsado por la bonanza económica de su gestión, pero con enraizados escándalos de corrupción, frente a un contrincante que rechaza su modelo de Estado. “En el Ecuador ha desaparecido la idea de una partidocracia, ya no hay varias ideologías. Estás a favor o en contra; los partidos tradicionales están por desaparecer y son extremadamente marginales”, asegura el analista político Esteban Santos.

En la primera vuelta, en la que el actual mandatario ganó por décimas, ambos candidatos concentraron más del 88% de los votos, cuando existían 14 opciones. “A mucha gente no le gusta Noboa, pero votan por él, a pesar de él... Es una polarización del voto no porque me gusta el candidato, sino porque no quiero para nada al contendiente”, explica a elDiario.es la periodista radicada en Quito Yalilé Loaiza.

Denuncias de narcotráfico y malversación

El balotaje –segunda vuelta– del domingo será una repetición del que se dio en las elecciones de 2023, en el que triunfó Noboa. El presidente, de 37 años, hijo del magnate y excandidato presidencial Álvaro Noboa, gozó al comienzo de su gestión de altos niveles de popularidad por su política de mano dura contra el crimen que azota al país, si bien eso no ha impedido que Ecuador sea el país más violento de América Latina, según un informe de marzo de Insight Crime: se han registrado cerca de 2.000 homicidios en lo que va del año. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y un cúmulo de polémicas en su gestión están allanando el camino a una hipotética victoria de González.

La controversia más grave a la que se enfrenta Noboa tiene que ver con la supuesta relación del mandatario, a través de la empresa familiar Noboa Trading, con casi 700 kilos de cocaína oculta en contenedores de banano que esperaban en Guayaquil a ser exportados a Europa, y que la policía requisó en tres operaciones en 2020, 2022 y 2024.

González le reprochó los hechos al actual presidente en el cara a cara electoral del 23 de marzo, a lo que Noboa, cuya riqueza familiar se cimentó justamente en la exportación de banano, respondió: “No soy el dueño, pero están miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en los tres casos y se ha aclarado eso ante la Fiscalía”.

No obstante, el medio brasileño Agenda Pública recoge que, según la investigación de los Papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el presidente y su hermano John Noboa son los presuntos socios mayoritarios de la exportadora.

En aquellos operativos antidroga fue detenido un contratista de la empresa, pero quedó luego en libertad, de acuerdo con la revista Raya.

También ha llegado hasta el Congreso de los Diputados la fiesta que presuntamente protagonizó Noboa durante su visita oficial a España en enero del año pasado. El diputado de Sumar Enrique Santiago (IU/PCE) quiere determinar si fue un empresario belga, sancionado por la Unión Europea por pactos ilegales, quien financió la supuesta celebración publicada por El Debate.

Estas acusaciones, junto a las críticas por autoritarismo que ha recibido —se negó a dejarle el mandato a la vicepresidenta para hacer campaña, en contra de lo que dicta la normativa— fueron explotadas en las últimas semanas por la candidata opositora.

Las votaciones, en estado de excepción

Daniel Noboa decretó este sábado por sorpresa el estado de excepción en siete provincias, en Quito, un cantón de Azuay y en las cárceles de Ecuador, a apenas unas horas del proceso electoral. La medida, que durará 60 días e incluye el toque de queda y la restricción de la movilidad, compete a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el municipio Camilo Ponce (provincia del Azuay).

El decreto, que también incluye a las cárceles del país, contempla medidas como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Además, dispone un toque de queda en 22 municipios desde las 22.00 hora local (03.00 GMT) y hasta las 5.00 hora local (10.00 GMT), todos los días, una medida que no incluye a la capital.

Noboa alegó para decretar el estado de excepción una supuesta “grave conmoción interna” por el incremento de los índices de violencia, delitos y actividades de grupos armados organizados en las mencionadas zonas y en las prisiones, donde durante su mandato se han registrado masacres entre grupos rivales de reos.

El gobernante justifica además los dos meses de vigencia por “la necesidad de contar con el tiempo adecuado para mitigar los hechos fácticos planteados y coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado”, y la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público “encaminados a la seguridad integral del Estado”.

¿Qué tipo de gobierno se prevé?

Desde que se graduó como abogada, González (47 años), hija de padres campesinos, trabajó en el sector público y en 2010 llegó al despacho presidencial de Correa.

“Si llega al poder, habrá una apuesta por el socialismo latinoamericano del siglo XXI, en contra de acuerdos comerciales liberales, con alianzas anti Estados Unidos [del presidente Donald Trump] y con el objetivo de revivir instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”, opina Santos.

Del otro lado, está el modelo neoliberal de Noboa, con “continuidad de las reformas fiscales y económicas, con la intención de seguir reduciendo el déficit fiscal. Además de promocionar la inversión privada, con un acercamiento a Trump”, asegura el profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Gabriel Hidalgo.

De todos modos, la principal preocupación de los ecuatorianos sigue siendo la seguridad.

El 36% de la población en edad de votar fue víctima de algún delito, de acuerdo con un estudio de la corporación Participación Ciudadana. Noboa ofrece un continuismo en sus políticas de seguridad que recuerdan a las de Nayib Bukele: militarización de las calles, creación de más cárceles, compra de armamento para los efectivos y endurecimiento de las sanciones penales para jóvenes mayores de 15 años reclutados por bandas criminales.

Esta semana se anunció una “alianza estratégica” entre el Gobierno y Erik Prince, experto en seguridad y fundador de la controvertida empresa de mercenarios Blackwater.

González, por su parte, propone restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad. Recientemente, en un mitin, habló de crear “gestores de paz”: grupos vecinales que recibirán un salario del Estado, además de tecnificación y equipamiento para mantener la seguridad.

“Noboa no ha traído la paz”

La mayor presencia del crimen en las regiones costeras, por su estratégica ubicación para los carteles de narcotráfico, se ha traducido en un mayor apoyo para el correísmo en esta zona ante la falta de garantías de seguridad por parte del Gobierno de Noboa, mientras que en la sierra hay una tendencia hacia el oficialismo. “Hay que considerar que es una población [la costera] que está asustada, que vive con violencia y ve un gobierno actual que no ha logrado darle aquello que le prometió: paz”, afirma Loaiza.

En los últimos días, la campaña de Noboa exaltó los rumores, sin pruebas, de una desdolarización que supuestamente traería el gobierno de González.

Desde el año 2000, el dólar es la moneda oficial del Ecuador, instaurado para frenar la profunda crisis económica. Si bien Luisa González no ha hecho ninguna referencia al respecto y su candidato a vicepresidente, Diego Borja, lo negó expresamente, Rafael Correa y el diputado electo Ricardo Patiño criticaron en un debate en Russia Today el empleo de la divisa en el contexto nacional.

Las linternas y velas se convirtieron en artefactos indispensables en los hogares ecuatorianos durante el segundo semestre de 2024. Un año después de los primeros apagones, la crisis energética de Ecuador empeoraba. Los cortes de energía programados, puestos en marcha debido a la grave sequía que afectaba a la principal fuente de electricidad del país —las centrales hidroeléctricas— habían aumentado de dos a 14 horas diarias.

Ninguna ciudad escapó de esta realidad. De un día al otro, Ecuador había parecido retroceder al siglo XVIII, cuando las personas se levantaban y se iban a dormir sin luz eléctrica.

Los UPC (Uninterruptible Power Supply) o cargadores portátiles se agotaban en los comercios y el ruido constante de los generadores a gasolina se volvió parte del sonido ambiente alrededor de edificios, centros comerciales y restaurantes, que recibían a quienes iban en busca de Internet y electricidad para cargar sus equipos. En el caso de las industrias, los cortes de energía generaron pérdidas de hasta 7.500 millones de dólares, según la Cámara de Comercio de Quito, y de 12 millones a escala nacional por cada hora de apagón.

Con las elecciones presidenciales de Ecuador a la vuelta de la esquina, expertos aseguran que el problema no se ha solucionado y será uno de los principales retos que enfrentará el próximo presidente. En la primera vuelta del 9 de febrero pasado, Luisa González del partido Movimiento Revolución Ciudadana y el actual presidente de centro-derecha Daniel Noboa pasaron a una segunda vuelta que tendrá lugar este domingo 13 de abril.

Ambos han incluido a las energías renovables en sus planes de gobierno, pero no han ahondado en cómo implementarán estas estrategias frente a la crisis, y sus propuestas no ofrecen muchas soluciones. El gobierno actual, por su parte, ha buscado sus respuestas en gran medida a través de la expansión de los combustibles fósiles.

Un tema poco abordado, pero decisivo

La causa principal de esta crisis, según dijo el exministro de Energía Roberto Luque en abril de 2024, fue la sequía, considerada la peor del país en los últimos 60 años. Los ríos se secaron y las hidroeléctricas, responsables de alrededor del 80% de la electricidad en el país, dejaron de funcionar. Ese abril, un mes que antes se caracterizaba por las lluvias, llegaron los primeros cortes de luz del año.

“Ya existían vulnerabilidades muy profundas en los sectores energéticos e hídricos del Ecuador que la sequía solo detonó”, dice Homero Paltán, investigador de riesgos climáticos e hídricos en la Universidad de Oxford, a Dialogue Earth.

En su plan de gobierno propuesto, publicado antes de las elecciones, Noboa plantea promover la energía limpia e impulsar las energías renovables a través de la inversión pública y privada, y las alianzas entre ambas. Además, afirma que su gobierno fomentaría la cooperación internacional para la investigación de estas tecnologías, “facilitando la transición energética hacia fuentes más sostenibles”. En 2024, el Plan Maestro de Electricidad para 2032 de su gobierno presentó 37 proyectos de nueva generación con una capacidad de 7,4 gigavatios, a un costo de más de 10.000 millones de dólares.

González, por su parte, propone “avanzar en el cambio de la matriz energética enfatizando en la demanda de energías alternativas para incentivar el cambio de patrones de consumo”. Su plan de 16 puntos para la transición energética también incluye compromisos para promover medidas de eficiencia energética y, al igual que Noboa, fomentar las asociaciones público-privadas. Sin embargo, hace foco en que se seguirán utilizando combustibles fósiles, reafirmando la “soberanía energética” sobre los recursos de Ecuador.

La crisis ha sido el acontecimiento que más ha afectado a la popularidad de Noboa, cuyo mandato como presidente desde finales de 2023 ha estado dominado por los desafíos en torno a la seguridad y el crimen organizado. Según datos de la encuestadora Comunicaliza, el 10 de abril de 2024, cuando comenzaron los apagones, el rechazo a Noboa alcanzó el 35%, frente al 10% de dos meses antes, en febrero, cuando no había apagones. Cuando la crisis alcanzó las 14 horas de cortes de energía al día en octubre pasado, la cifra subió a casi el 50%.

Las hidroeléctricas de Ecuador en riesgo

González busca recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas como un sector estratégico del Estado, siguiendo la línea del expresidente Rafael Correa (2007–2017), que construyó 14 hidroeléctricas en una década, aunque algunas no se han inaugurado y otras han estado envueltas en irregularidades. Noboa no menciona a las hidroeléctricas en su plan, pero ha apostado por proyectos hidráulicos que estaban retrasados desde la época de Correa, como Toachi-Pilatón.

Para Paltán, la idea no debe ser salvar las hidroeléctricas del país, sino mejorar la seguridad hídrica y energética al incluir otras medidas como la reducción de pérdidas o ineficiencias técnicas en la transmisión energética. Fernando Salinas, analista energético con casi dos décadas de experiencia en el sector eléctrico ecuatoriano, explica que las pérdidas de energía durante la distribución en la red de Ecuador pueden alcanzar hasta el 30% de la generación.

Según el último Balance Energético de 2023, la oferta de energía eléctrica en 2023 tuvo un aporte de 69,1% de hidroelectricidad, 25,6% de fuentes térmicas y 1,7% de otras fuentes. El resto se cubrió con importaciones.

“Si es que tenemos mayoritariamente centrales hidroeléctricas, el suministro de energía está en riesgo cuando hay variación de los caudales”, dice Ricardo Buitrón Aguirre, ingeniero hidráulico y consultor energético independiente, a Dialogue Earth.

Buitrón Aguirre explica que en la vertiente oriental de Ecuador, donde hay alrededor de 4.000 MW de energía hidráulica instalada en centrales como las del Complejo Paute, los periodos de estiaje van de octubre a marzo. En la vertiente occidental, más cercana a las zonas costeras de Ecuador, donde se tiene hasta 1.000 MW instalados, los caudales disminuyen entre junio y diciembre.

Sin embargo, en abril de 2024, el embalse de Mazar, el más grande del país, salió de operación. Mazar tiene una capacidad de 410 millones de metros cúbicos de agua y está ubicado en la cuenca del río Paute, en la provincia del Azuay, en la sierra ecuatoriana.

Salinas explica a Dialogue Earth que el país consume alrededor de 100 GWh por día. Cuando las hidroeléctricas salen de operación, surge un déficit o una diferencia entre la demanda y la generación de energía. Durante la crisis energética se registró un déficit de hasta 30 GWh. Es decir, con el parque generador solo se podía suplir 70 GWh.

La sequía no es la única responsable

Aunque el foco se ha puesto en el impacto de la sequía, el sector energético de Ecuador enfrenta otros problemas. La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que se inauguró en 2016, hasta ahora no opera al 100% por las fallas en su construcción. En la época de los apagones, tuvo que cerrar 18 ocasiones, entre enero y junio del 2024, por la acumulación de sedimentos detrás de su represa.

Toachi Pilatón, de 254.4 MW, es otro de los proyectos que ha sufrido trabas desde la firma del contrato de construcción en 2007. En diciembre del 2024 se enlazó al Sistema Nacional Interconectado (SNI), la red eléctrica nacional, la turbina 3 de la Central Alluriquín, que es parte del complejo hidroeléctrico. Cuando entró en funcionamiento en febrero, el presidente Noboa dijo que el proyecto estaba ayudando a “asegurar que todos los rincones de Ecuador tengan la energía que necesitan”. Está previsto que se añadan dos unidades más en 2025.

Salinas afirma que abordar el problema de las pérdidas de distribución y mejorar la eficiencia será uno de los retos a los que se enfrentará el nuevo gobierno. Además, y a pesar de los objetivos del plan maestro de electricidad, afirma que todavía no se está invirtiendo lo suficiente en nueva generación de electricidad para satisfacer la demanda.

Según un reporte del Balance Energético Nacional, el consumo de energía eléctrica por habitante aumentó 28,8% entre 2013 y 2023. “Cuando empezó la crisis yo decía que los apagones vinieron para quedarse porque desde esa época no se visualizaba que cambie la dinámica del sector y la situación no ha cambiado”, agrega Salinas.

Combustibles fósiles como solución inmediata

Según la Quinta Comunicación Nacional y Primer Informe de Transparencia, una presentación exigida por la convención climática de las Naciones Unidas, Ecuador tiene 77 centrales hidroeléctricas operativas, que generan “electricidad de manera sostenible y renovable”. Paltán considera que esta crisis es un desafío para la transición energética. “Que sea verde o amigable se está dejando a segundo plano”, explica a Dialogue Earth. Una de las medidas del gobierno, por ejemplo, fue la exoneración temporal total de aranceles para los generadores que funcionan con gasolina y diésel.

Según los estudios —todavía no publicados— de Rasa Zalakeviciute, investigadora de la Universidad de las Américas (UDLA), y su alumna Génesis Chuquimarca, la concentración del contaminante dióxido de nitrógeno (NO2) aumentó un 22% en Quito durante la crisis energética, y sobrepasó los niveles permisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concentraciones de 24 horas. Las partículas finas PM2.5 también aumentaron un 5,48 % y superaron los niveles de la OMS. La exposición al PM2.5 puede causar cáncer y afectaciones al sistema cardiovascular.

Según Zalakeviciute, los niveles más altos se registraron cuando los apagones duraron más tiempo y hubo un mayor uso de generadores de combustibles fósiles.

Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el gobierno también alquiló tres barcazas de generación termoeléctrica con una capacidad total de 300 MW a la empresa turca Karpowership. Las embarcaciones costaron 250 millones de dólares. Las tres están operativas y conectadas al SNI.

¿El gas es la solución para la crisis energética de Ecuador?

Como en otras partes del mundo, el gobierno ha presentado el gas como una alternativa viable. En Ecuador los ojos se han puesto en el Campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil. Empezó a producir gas en el año 2002 y, según PetroEcuador, la compañía petrolera estatal, el campo “cuenta con facilidades de producción para alcanzar una producción de 94 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) que es la capacidad operativa del gasoducto”. La producción actual es de 20 millones de pies cúbicos por día de los tres pozos productores, que apoyan la generación de energía local.

En 2023, la estatal explicaba que, para incrementar la producción del campo, se requiere de un socio estratégico. Sin embargo, en septiembre del 2024, se anunció que el Campo Amistad volvía al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para una nueva subasta, ya que PetroEcuador no contaba con el conocimiento técnico para manejarlo y potenciarlo como buscaba el gobierno. En noviembre del año pasado, Guillermo Ferreira, viceministro de Hidrocarburos del gobierno de Noboa, anunció que se enviaron invitaciones a empresas internacionales, como el grupo chino Sinopec, para que participen en la licitación. Todas ellas tenían hasta el 31 de marzo para enviar sus propuestas económicas.

Dialogue Earth se puso en contacto con el MEM para recabar información sobre el estado del proceso de licitación, pero no recibió respuesta. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica tampoco respondió sobre el estado de la licencia ambiental de Amistad, que podría necesitar una reevaluación tras la ampliación de un área protegida en 2016, la reserva de Santa Clara, parte del terreno quedó dentro de su perímetro.

Mientras tanto, los especialistas consultados por Dialogue Earth temen que las autoridades se relajen y se centren menos en la crisis energética a medida que llega la tradicional estación de lluvias en abril, lo que podría proporcionar cierto alivio a las centrales hidroeléctricas del país. También coincidieron en que los desafíos de Ecuador en el sector eléctrico podrían afectar a sus compromisos climáticos internacionales, mientras que un enfoque a corto plazo en proyectos de combustibles fósiles para evitar cortes de energía podría ser un revés que retrase la transición energética del país.

IA

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

Con una imagen que por momentos recuerda a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y en otros al carácter y vehemencia de la líder antichavista María Corina Machado, Luisa González se consolidó como la gran protagonista de la noche electoral de este domingo en Ecuador.

La candidata a la Presidencia por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) logró un desempeño histórico y pasada la medianoche estaba a menos de 50.000 votos del presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, quien comenzó la jornada como favorito, según encuestas a pie de urna, pero vio cómo González recortaba la diferencia y forzaba una segunda vuelta.

Nacida en la capital Quito cuando sus padres estaban de paso por la ciudad, Luisa González creció en Canuto, una población rural cercana a Chone que es tierra de montubios (campesinos de la costa) donde forjó su carácter de mujer aguerrida.

La candidata correísta es abogada con estudios en administración pública y economía. Durante su carrera política, ha sido una de las figuras más cercanas al expresidente Rafael Correa (2007-2017), a quien considera su principal mentor.

Se desempeñó como asambleísta en el período 2021-2023 y, antes de ello, ocupó cargos administrativos en el Gobierno correísta, donde destacó por su gestión en áreas de desarrollo social y políticas públicas.

González, madre soltera de 47 años con dos hijos, ha sido una figura clave en la reestructuración del correísmo tras la salida de su mentor del poder.

Su empeño y tesón para lograr lo que se propone, así como su habilidad para conectar con las bases populares, la han posicionado como la principal representante de Revolución Ciudadana en la actual etapa política, enfrentando no solo la fragmentación de la izquierda en Ecuador, sino también las críticas de sectores conservadores.

Un desempeño histórico para el correísmo

“Hemos vencido”, celebró González la noche de este domingo ante sus seguidores, pese a que los resultados provisionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 82,63 % de las actas escrutadas, la ubican en segunda posición con el 43,96 % de los votos, frente al 44,54 % de Noboa.

La candidata destacó que este resultado es el mejor logrado por el correísmo en la última década y su mejor votación en una primera vuelta sin el expresidente Correa como candidato.

“Ya casi estamos en un empate técnico, y vamos a seguir creciendo en votos, y Daniel Noboa va a seguir bajando”, aseguró González, proyectando optimismo sobre su desempeño en la segunda vuelta.

Esta elección extraordinaria, convocada para completar el mandato inconcluso del presidente Guillermo Lasso, representa una oportunidad única para “rescatar al Ecuador de la crisis económica y social” que atraviesa, enfatizó.

Un discurso desafiante

“Hoy ha ganado el Ecuador, ha vencido la patria, y vamos con más fuerza, porque vamos a seguir subiendo”, afirmó González, en un tono enérgico y desafiante.

“Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un candidato presidente que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral”, denunció, acusando a Noboa de haber cometido irregularidades durante el proceso.

Según González, el “presidente-candidato” utilizó recursos estatales y su posición para emitir decretos en plena campaña, incluyendo el nombramiento de una nueva vicepresidenta.

Noboa “ha violado toda la normativa legal, ha cometido un acto ilícito al usar los bienes y recursos del Estado para hacer campaña presidencial. A eso nos hemos enfrentado”, insistió.

Un futuro prometedor, pero con desafíos

A pesar de su consolidación como una figura central de la política ecuatoriana actual, sin embargo, el camino hacia la segunda vuelta no será fácil. Aunque cuenta con el respaldo incondicional del movimiento correísta, deberá construir puentes con otros sectores progresistas y conquistar a los votantes indecisos que no se identifican plenamente con su proyecto político.

Consciente de la necesidad de ampliar su base de apoyo de cara a la segunda vuelta, González ya ha empezado a desplegar la misma noche de este domingo esfuerzos por captar el respaldo de sectores afines dentro de la izquierda, incluyendo al movimiento indígena Pachakutik, liderado por Leonidas Iza, cuyo candidato obtuvo el tercer lugar en esta elección con el 4,81 % de los votos.

EFE

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador confirmó la noche del domingo que habrá una segunda vuelta el 13 de abril para decidir el ganador entre el actual mandatario, el derechista Daniel Noboa, y la correísta Luisa González. Ambos ya protagonizaron el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023.

Con el escrutinio de los votos en más del 90%, Noboa cuenta con poco más del 44% y González le sigue muy de cerca con el 43,8%. Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita el 50% de los votos o tener una diferencia de 10 puntos con el segundo. En tercer lugar, queda el líder indigenista Leónidas Iza (5,24%) y en cuarto Andrea González (2,71%) –quien fue binomio presidencial de Fernando Villavicencio, candidato acribillado en los comicios de 2023–. El resto de los 12 candidatos no ha llegado al 1%.

La posibilidad de que Noboa, de 37 años, se impusiera en primera vuelta se fue desvaneciendo a medida que transcurría la jornada electoral. El hijo del considerado hombre más rico de Ecuador y cinco veces candidato presidencial, Álvaro Noboa, partía como favorito en las encuestas. De hecho, un sondeo a pie de urna difundido al terminar la tarde del domingo por la empresa Estrategas le daba una victoria en primera ronda.

Se repite el escenario de 2023

“Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del Gobierno, por eso decidimos esperar y estamos viendo como poco a poco la distancia se ha ido acortando. Estamos casi en un empate técnico y con una tendencia de que vamos a seguir creciendo en votos”, dijo al finalizar el día frente a sus seguidores la candidata González, quien contó con un gran apoyo en las regiones costeras, frente al dominio en la sierra de su principal contrincante.

“Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un 'candidato-presidente' que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral”, denunció González, la candidata respaldada por Rafael Correa y el movimiento Revolución Ciudadana, que gobernó Ecuador más de diez años. 

Noboa, por su parte, no ofreció declaraciones. Su partido, Acción Democrática Nacional, había preparado una gran celebración que quedó suspendida al no confirmarse su victoria en primera vuelta. Ahora, aspira a repetir el resultado de la segunda vuelta de octubre de 2023, cuando venció a González en unas elecciones extraordinarias. Esos comicios fueron adelantados por el expresidente Guillermo Lasso, después de que disolviera el Congreso con el recurso conocido como “muerte cruzada”, antes de ser juzgado por corrupción.

Para esa segunda vuelta será clave el apoyo que puedan recibir los dos contrincantes de otros líderes, especialmente el candidato izquierdista del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik). La politóloga Sofía Cordero señala a elDiario.es que, para la segunda vuelta, será decisivo el sorpresivo 5% que alcanzó el indígena. González le lanzó un guiño en su discurso de anoche: “Felicitamos a otros candidatos como Leónidas Iza, que sacó un porcentaje importante”. Para la especialista, será necesario que la candidata “reconcilie esa huella de mucha violencia contra el pasado autóctono. Iza se ha mostrado abierto a dialogar con el correísmo, pero es importante recalcar que no todo el sector está de acuerdo con él. Noboa, por su parte, tiene que explotar esa herida y saber cómo acercarse”.

Mientras, la Asamblea Nacional tendrá un carácter básicamente bipartidista. Con los resultados aún incipientes, todo hace indicar que habrá un gran bloque para Noboa y otro para el correísmo.

El modela de mano dura

Noboa encarna la mano dura contra el crimen que ha azotado al país sudamericano en una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, si bien el pasado mes de enero fue uno de los más violentos de los últimos años, con 731 homicidios, un 45% más que en el mismo mes de 2024.

“Si se confirma la reelección de Noboa, se lo puede incluir en esa nueva tendencia de derecha con rasgos de autoritarismo, como Milei, Bukele o el mismo Trump. Porque en su campaña ha demostrado que todo vale”, apuntaba Cordero.

La bandera del mandato de un año del actual presidente fue la declaración de conflicto armado interno, que le permitió militarizar las calles y centros penitenciarios para hacer frente a la violencia. Sin embargo, su gestión no ha estado exenta de polémicas, como la negativa a entregarle la presidencia, mientras hacía campaña, a su vicepresidenta Verónica Abad, como dicta la Constitución ecuatoriana. O cuando ordenó a la Policía irrumpir de forma violenta en la embajada de México, donde se refugiaba el asilado político Jorge Glas.

Durante la jornada electoral, la Policía Nacional de Ecuador detuvo a 602 personas que tenían órdenes judiciales de captura vigentes por distintos delitos como violación, tráfico de sustancias ilícitas, asesinato, abuso sexual, robo a personas, tenencia y porte de armas, y otros, según la Agencia EFE. La Policía informó de que ha emitido 916 citaciones para presentación ante la autoridad, entre ellas 876 por violar la conocida como “ley seca”, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas desde el pasado viernes hasta este lunes.

La candidata correísta a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, va acortando distancias con respecto al actual mandatario, Daniel Noboa, quien aspira a la reelección para el periodo 2025-2029 y encabeza la votación, con el 30 % del escrutinio oficial, según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tres horas y media después del cierre de los colegios.

El candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) tiene el 45,7 % de los votos frente al 42,7 % de la candidata de Revolución Ciudadana, lo que forzaría una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales, quienes ya se enfrentaron en las elecciones extraordinarias de 2023, celebradas tras la renuncia anticipada del entonces presidente, Guillermo Lasso.

Con el 9 % del escrutinio, la diferencia entre Noboa y González era del 6,33 %, un margen que se redujo al 5,3 % con el 12,11 % del recuento, al 4,14 % cuando el escrutinio alcanzó el 21,25 %, y al 3 % con el 30 % de los votos contabilizados. Incluso un sondeo realizado a boca de urna daba inicialmente el triunfo en primera vuelta a Noboa. 

Si finalmente se confirmara que ningún candidato logra la mitad más uno de los votos válidos, o al menos el 40 % de los votos y una ventaja mínima de diez puntos porcentuales sobre su inmediato seguidor, la segunda vuelta tendrá lugar el domingo 13 de abril.

Noboa y González aguardan la noche de este domingo en la capital, Quito, los resultados del conteo oficial de los votos de los comicios celebrados hoy, a los que estaban convocados más de 13,7 millones de ecuatorianos.

Los restantes catorce candidatos presidenciales mantienen porcentajes muy bajos, a gran distancia de Noboa, heredero de una de las mayores fortunas del país, y González, la alfil del expresidente Correa.

El líder indígena Leonidas Iza, candidato del movimiento Pachakutk, y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) figura tercero con 5,07 %.

Le sigue, con 2,86 %, la ecologista Andrea González, candidata del partido Sociedad Patriótica, y quien en las elecciones de 2023 era candidata a la Vicepresidencia dentro de la candidatura presidencial del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Los doce candidatos restantes están por debajo del 1 % cada uno. 

MM con información de la agencia EFE.

La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, denunció este domingo “irregularidades” a lo largo del proceso electoral en Ecuador que se define este domingo con la jornada de votación, donde ella es la principal rival del presidente Daniel Noboa, quien busca su reelección en estos comicios para un mandato completo (2025-2029).

González solicitó a la población y a sus seguidores estar atentos frente a los resultados, tras emitir su voto en Canuto, una población rural de la costera provincia de Manabí en la que creció y a cuyo recinto de votación llegó acompañado de un numeroso grupo de seguidores de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La correísta aseguró que los observadores internacionales que están siguiendo el proceso “saben las irregulares que se han estado cometiendo desde el momento en que el 'presidente-candidato' no ha pedido licencia”, en referencia a la renuencia de Noboa de apartarse del cargo de mandatario durante toda la campaña electoral.

El Código de la Democracia (ley electoral) de Ecuador establece que las autoridades que se presentan a la reelección inmediata deben pedir licencia del cargo, y en el caso del presidente se establece que debe ser sustituido por quien ocupe la Vicepresidencia.

Sin embargo, Noboa no pidió licencia durante el periodo de campaña electoral (del 5 de enero al 6 de febrero) y en lugar de delegar la Presidencia en la vicepresidenta Verónica Abad lo hizo en la secretaria de la Administración Pública Cynthia Gellibert, a quien él nombró por decreto como “vicepresidenta encarga”, a la que dejó el cargo solo en los días en los que realizaba actividades electorales.

Los decretos en los que Noboa delegó la Presidencia en Gellibert fueron declarados inconstitucionales y dieron la razón a Abad en que solo ella está facultada constitucionalmente para sustituir al gobernante, pero el Ejecutivo se reafirmó en su postura de seguir dejando el cargo en su “vicepresidenta encargada” mientras realizaba actos de campaña electoral.

En ese sentido, González también criticó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, de quien dijo que, “en lugar de ser una guardiana del proceso electoral, ha sido una jefa de campaña de Daniel Noboa permitiendo que se cumplan irregularidades y que no se cumpla la ley”.

La candidata del correísmo señaló que votó “con la esperanza de días mejores y con la fe de revivir a Ecuador” del momento en que se encuentra, sumido en una delicada coyuntura económica y en una crisis de inseguridad sin precedentes, producto del auge del crimen organizado, que llevó al país a tener en 2023 la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica.

“Vamos al cambio, ellos son el miedo y nosotros somos la dignidad. Vamos con toda la fe y la esperanza de revivir Ecuador, con toda la alegría de ese cambio que viene para la patria”, dijo González rodeada de simpatizantes.

EM. Con información de EFE.

La votación general de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador comenzó este domingo con más de 13,7 millones de electores llamados a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2025-2029, con el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, como favoritos para la Presidencia.

Las puertas de 4.439 centros de votación se fueron abriendo desde las 7:00 hora local (11:00 GMT) para recibir votantes hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT), momento en el que se cerrarán las urnas y comenzarán un escrutinio que puede prolongarse hasta altas horas de la noche hasta tener resultados concluyentes.

Para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el 13 de abril si este domingo ningún candidato logra la mitad más uno de los votos o, en otro escenario válido, al menos el 40 % de los votos y una ventaja mínima de diez puntos porcentuales sobre el resto.

Aunque en la papeleta figuran dieciséis candidatos presidenciales, Noboa (Acción Democrática Nacional - ADN) y González (Revolución Ciudadana - RC) han polarizado la carrera para llegar al Palacio de Carondelet, de Quito, donde se encuentra la sede de la Presidencia de Ecuador.

Noboa, heredero de una de las mayores fortunas del país, ya venció a González, alfil del expresidente Rafael Correa (2007-2017) en las elecciones extraordinarias de 2023, celebradas para completar el periodo 2021-2025 que no culminó Guillermo Lasso, y ahora busca su reelección para un mandato.

Mientras, González enarbola la esperanza del movimiento correísta de retornar al Gobierno nacional tras ocho años alejado de él.

La asamblea se reconfigura

En estos comicios, los ecuatorianos también eligen a los integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento), que pasará de tener 137 asambleístas a contar con 151 legisladores, así como también a cinco representantes para el Parlamento Andino.

La expectación para el Legislativo estará concentrada en la posibilidad de que ADN pueda convertirse en la primera fuerza en el hemiciclo y desplazar a Revolución Ciudadana del control de la cámara que ostenta actualmente.

En Ecuador el voto es obligatorio para las personas de 18 a 64 años bajo imposición de una multa de 45 dólares, mientras que es optativo para adolescentes de 16 y 17 años, para personas de 65 años en adelante, y para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, también es optativo para los más de 446.000 empadronados en el exterior que están habilitados para votar en 39 países, con las comunidades más numerosas en Estados Unidos, España e Italia.

En los días previos se realizó la votación anticipada de los presos sin condena firme y de las personas mayores de 50 años y con al menos un 75 % de discapacidad que solicitaron emitir sus votos desde sus propias viviendas, lo que en total sumó alrededor de 2.000 votados que serán computados junto al resto una vez que cierren los recintos electorales este domingo.

Elecciones bajo “conflicto armado interno”

Las elecciones en el territorio nacional se celebran bajo el “conflicto armado interno” declarado por Noboa desde inicios de año 2024 contra el crimen organizado, causante de la escalada de violencia que llevó al país andino a registrar en 2023 la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica.

El mandatario ecuatoriano ha ordenado extremar las medidas de seguridad a nivel nacional durante las principales jornadas de los comicios, por lo que cerró las fronteras terrestres con Colombia y Perú para el ingreso de extranjeros entre el sábado 8 y el lunes 10 de febrero.

También dispuso la militarización de los puertos, usados por las mafias del narcotráfico para enviar grandes cantidades de droga a Norteamérica y Europa.

En esta jornada electoral se desplegarán en todo el país un contingente de 56.000 policías y unos 48.000 militares, dedicados a resguardar los recintos de votación, especialmente en aquellas zonas de la costa ecuatoriana donde se registran los índices de violencia criminal más altos.

Este proceso electoral cuenta con 1.682 observadores acreditados ante el CNE, de los que 1.174 son nacionales y 508 internacionales. Entre las misiones de observación electoral más grandes desplegadas en el país destacan las de la Unión Europea (UE), con más de cien integrantes, y la de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 88 miembros.

EM. Con información de EFE.

Las fronteras terrestres de Ecuador con Colombia y Perú amanecieron este sábado cerradas para el ingreso de extranjeros al país andino, conforme a la orden emitida por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como una medida de seguridad frente a eventuales atentados del crimen organizado contra las elecciones generales convocadas para este domingo.

Los pasos fronterizos permanecerán clausurados desde este sábado y hasta el lunes, por un total de 72 horas, en las que el mandatario ecuatoriano también ordenó extremar las medidas de seguridad a lo largo de todo el territorio nacional.

No obstante, el decreto que ordena el cierre fronterizo permite el ingreso de ciudadanos ecuatorianos y el flujo de mercancías legales y actividades comerciales.

Desde el jueves patrullas de las Fuerzas Armadas custodian los principales pasos fronterizos de Ecuador, como el puente internacional de Rumichaca que comunica con Colombia, donde los militares realizan inspección de vehículos, y desde este sábado impiden el acceso a foráneos.

Tampoco se abrió el puente internacional entre Ecuador y Perú que conecta sobre el río Zarumilla a la ciudad ecuatoriana de Huaquillas, en la provincia de El Oro; con la peruana de Aguas Verdes, en la región de Tumbes; un paso sin registro migratorio muy concurrido y con una gran actividad comercial a ambos lados de la frontera.

Medida ante “posibles amenazas”

En su decreto presidencial, Noboa argumentó su decisión de cerrar el país a extranjeros durante el contexto electoral ante posibles amenazas de los grupos armados y bandas criminales que operan en las zonas fronterizas de los dos países con los que comparte frontera terrestre.

En el caso de Colombia, mencionó los hechos de violencia acaecidos en la zona del Catatumbo (oriente de Colombia), mientras que en el caso de Perú destacó la proliferación de la minería ilegal en la zona de frontera.

A ello se suma que Ecuador se encuentra desde inicios de 2024 bajo el 'conflicto armado interno', declarado por Noboa contra el crimen organizado, principal causante de la escalada de violencia que afecta al país, que en 2023 llegó a registrar la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.

Con esa declaración, el Gobierno ecuatoriano pasó a catalogar a las bandas criminales de Ecuador como “grupos terroristas”, algunas de ellas con conexiones con la criminalidad de otros países e incluso con vínculos con los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

Entrada de drogas y armas

Además, desde Colombia procede la mayor parte de la cocaína que las bandas criminales de Ecuador envían posteriormente a Norteamérica y Europa, tanto a través de lanchas que parten de la costa ecuatoriana como a través de los puertos, en contenedores con grandes cantidades de droga que son embarcados bajo la fachada de productos de exportación.

Mientras, la frontera con Perú se ha vuelto en los últimos meses una zona de actividad de las bandas criminales por la posibilidad de incursionar en la minería ilegal y de recibir, según varios reportes especializados del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), armamento procedente del vecino país.

Un ejemplo de ello fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en las anteriores elecciones de 2023, quien fue acribillado por un grupo de sicarios colombianos que ingresaron al país con ese propósito, mientras que el arma utilizada procedía aparentemente de Perú.

Militarización de puertos

Además del cierre fronterizo, las medidas de seguridad ordenadas por Noboa también incluyen la militarización de los puertos, principal vía de salida que utilizan las mafias del narcotráfico para enviar cocaína al exterior.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir este domingo a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los siguientes ocupantes de la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 parlamentarios que integrarán la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes del Parlamento Andino.

Noboa, que ganó las elecciones extraordinarias de 2023, busca ser reelegido para un periodo completo (2025-2029) en los comicios generales convocados para este domingo, donde se mide a otros 15 candidatos, entre los que destaca como su principal rival la candidata del correísmo, Luisa González.

EM

Ecuador vuelve este domingo a las urnas para celebrar sus elecciones generales, un proceso polarizado entre el actual presidente, Daniel Noboa, que quiere ser reelegido para un periodo completo (2025-2029), y su mayor rival, Luisa González, que enarbola nuevamente la esperanza del correísmo de regresar al poder.

Si bien la papeleta electoral tendrá otras catorce opciones más para la Presidencia, el mandatario heredero de una de las fortunas más grandes del país y la alfil del expresidente Rafael Correa (2007-2017) figuran como los principales favoritos en los que se concentrará el voto, sin descartar que la contienda pudiese decidirse incluso en la primera vuelta.

Para eso se necesita que un candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, o que saque al menos el 40 % y una ventaja mínima de diez puntos porcentuales sobre el resto. De lo contrario, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, que según anticipan todas las encuestas serán Noboa y González.

De esta manera, volverán a medir sus fuerzas los dos protagonistas de las elecciones extraordinarias de 2023, donde Noboa se impuso en la segunda vuelta a González para completar el periodo 2021-2025 que no culminó el expresidente Guillermo Lasso.

Así, el hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa se convirtió a sus 35 años en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador.

Noboa, “guerra” al crimen y reformas económicas

Ahora, con 37 años, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) pondrá a prueba en las urnas su gestión de los últimos catorce meses, marcados por la “guerra” que le declaró al crimen organizado, las reformas económicas impopulares para rebajar el déficit fiscal, los apagones producto de una grave crisis energética y, en política exterior, el asalto a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Mientra que el caso Glas lo enemistó con gobiernos de izquierda de América Latina, Estados Unidos se consolidado como su principal respaldo y recientemente estuvo invitado en la primera fila del acto de investidura de Donald Trump.

Ante eventuales atentados de las bandas criminales contra los comicios, Noboa ordenó cerrar las fronteras con Colombia y Perú, además de militarizar los puertos, principal vía de salida de la cocaína que las mafias envían a Europa y Norteamérica.

En total se desplegarán unos 58.000 policías y 40.000 militares en todo el país para resguardar recintos electorales y puntos críticos de una votación que se iniciará a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y concluirá a las 17:00 (22:00 GMT).

González, cambio

Mientras, la candidata de Revolución Ciudadana buscará su revancha. González, de 47 años, tiene la plena confianza del expresidente y volvió a asumir el reto de ser, por segunda vez, la candidata presidencial del correísmo.

Durante la campaña, ha recordado las promesas incumplidas de Noboa y el empeoramiento del país desde que el correísmo dejase el poder en 2017, tiempo donde acumulan dos elecciones presidenciales perdidas en segunda vuelta (2021 y 2023). Por ello, ha insistido en la necesidad de un cambio.

Entre los candidatos que buscan entrometerse en el pulso entre Noboa y González destacan el líder indígena Leonidas Iza (Pachakutik), la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), el exministro de Lasso Henry Cucalón (Construye) y el expresidente de la Asamblea Henry Kronfle (Partido Social Cristiano).

También será clave la nueva composición de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde es posible que el oficialista ADN sea la primera fuerza y arrebate el control de la cámara que actualmente tiene Revolución Ciudadana.

Tanto Noboa como González han llamado a “cuidar el voto” frente a temores de “fraude”, rechazados por Consejo Nacional Electoral (CNE), organizador de los comicios.

Camino de polémicas

Estos comicios han estado marcados por polémicas como la inhabilitación de la candidatura del exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic, quien según sondeos podía hacerle sombra a Noboa. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo dejó fuera de carrera a partir de “informes reservados” de la administración tributaria del Estado.

Pero la mayor controversia fue la negativa de Noboa a pedir licencia durante el periodo de campaña electoral y delegar temporalmente el cargo en su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está fuertemente enfrentado desde las elecciones de 2023.

En su lugar, nombró por decreto a una vicepresidenta interina de su confianza a la que delegó las funciones presidenciales en los días donde él hacía actividades electorales, lo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

MM con información de la agencia EFE.

Quito, 6 feb (EFE).- Ecuador, el único país dolarizado de Sudamérica, celebra elecciones este domingo en una compleja situación económica, marcada por la caída del producto interior bruto (PIB), la crisis energética y la petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) de profundizar las impopulares reformas adoptadas para reducir el déficit fiscal.

Los ecuatorianos acuden a las urnas para elegir al presidente, al vicepresidente, a los miembros de la Asamblea Nacional y a los representantes en el Parlamento Andino.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asumió el cargo en noviembre de 2023 con un déficit fiscal de unos 5.000 millones de dólares (4.800 millones de euros), cifra que se sitúa ahora en unos 3.000 millones de dólares (2.880 millones de euros).

“Hay una reducción significativa (del déficit) porque los ingresos tributarios subieron alrededor de 2.000 millones de dólares (1.920 millones de euros) el año pasado. También subió algo el gasto corriente, la inversión pública se contrajo y los ingresos petroleros subieron muy poco”, explica a EFE el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Noboa elevó del 12 % al 15 % el IVA (impuesto al valor agregado) y redujo el subsidio a las gasolinas, medidas impopulares que, sin embargo, no provocaron reacciones violentas en el país, como sí ocurrió cuando gobiernos anteriores intentaron aplicarlas.

Además, logró un respiro financiero al suscribir el año pasado un programa crediticio con el FMI de 4.000 millones de dólares (3.840 millones de euros) en un plazo de cuatro años.

En materia comercial, profundizó la apertura emprendida por el país en años anteriores al implementar el acuerdo comercial con China y cerrar las negociaciones con Canadá, lo que puede facilitar la llegada de más inversiones en el sector minero.

Sin embargo, el lunes, tras imponer EE.UU. aranceles del 25 % a México y Canadá (que posteriormente se aplazaron un mes), Noboa sorprendió al anunciar gravámenes del 27 % a las importaciones de México.

Los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas a raíz del asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, que estaba asilado allí.

Noboa anunció la medida con la pretensión de presionar a México para que firme un acuerdo comercial que quedó congelado en 2022 ante la negativa del Gobierno mexicano de liberar de aranceles al camarón y al banano, dos de los productos estrella de las exportaciones ecuatorianas.

2024, un año complejo

Pese a que Ecuador cerró 2024 con una inflación del 0,5 %, el ejercicio fue “muy complejo” en términos económicos, con tres fuertes golpes, apunta Acosta Burneo.

Por un lado, pesó la crisis de inseguridad, que redujo las opciones de consumo, desanimó la inversión y aumentó el gasto estatal.

A esta circunstancia se sumó la subida de impuestos y una crisis energética a finales de año con apagones de hasta 14 horas diarias en los momentos más críticos.

“Todo esto ha detenido el crecimiento económico. La previsión para 2024 es de una contracción económica. El FMI todavía estima una contracción de alrededor del 0,4 %, pero hay otros que colocan la contracción en el 1,4 %”, señala.

Para impulsar la economía en 2025, Acosta Burneo ve indispensable un cambio de prioridades.

“La prioridad hasta ahora sigue siendo fiscalista: cerrar las cuentas fiscales subiendo impuestos y seguir gastando. Ya llevamos una década de ajuste fiscal y no se termina porque el gasto sigue subiendo,” indica.

En este contexto, el analista defiende una estrategia a favor del crecimiento, que a su juicio debe basarse en cambios estructurales como la reducción del tamaño del Estado, la simplificación de los trámites y la eliminación de barreras de entrada para los inversores.

Otros factores clave serían la apertura de los mercados y del sistema financiero y una reforma laboral, ya que la legislación vigente “es de hace 80 años, cuando ni siquiera existía internet”.

A su juicio, estos cambios podrían mejorar la competitividad y conseguir que el país atraiga inversión, por ejemplo en el sector eléctrico, lo que permitiría afrontar la crisis que, en 2024, dejó afectaciones por entre el 1 % y el 1,5 % del PIB del país, según cálculos oficiales.

Noboa “destrabó la política”

Acosta Burneo sostiene que el presidente logró “destrabar la política” con un gobierno de “transición” ya que sólo fue elegido para gobernar hasta completar el período de Guillermo Lasso (2021-2025).

“Es un Gobierno muy hábil en materia política, muy táctico, sabe cómo darle la vuelta a las cosas y lograr que se hagan”, asegura el analista.

Acosta Burneo cree que, si logra la reelección, Noboa podría usar esa fortaleza para implementar reformas con visión de largo plazo.

La pregunta es, en su opinión, si Noboa conoce o está convencido de los cambios de fondo requeridos a largo plazo o si prefiere quedarse en lo táctico y en el corto plazo.

Desde el 8 de diciembre ¿Dónde están los niños? fue la permanente y angustiosa pregunta que formulaba Ecuador. En la Costa pacífica y en la Sierra andina, en la Amazonía y en las islas Galápagos, voces de la sociedad civil clamaban por Josué, Ismael, Saúl y Steven. El último día que los vieron con vida, ‘Los cuatro niños de Guayaquil’ habían terminado de  jugar al fútbol, como tantas otras veces más felices, en la canchita de Las Malvinas, población al sur de la ciudad puerto, capital económica y financiera del país sudamericano. Las calles de esa barriada popular, como cada calle en cada centro urbano de Ecuador, están militarizadas.

Un decreto del 9 de enero de 2024 del Poder Ejecutivo ecuatoriano declaró la “existencia de conflicto armado” vigente en toda la nación. Según el calendario electoral, 2025 es año electoral en Ecuador. Una investigación judicial en curso declaró manufactura militar los cuatro cadáveres infantiles hallados el 24 de diciembre. Hijo del hombre más rico del país —y barón de Guayaquil—, el joven presidente liberal Daniel Noboa lanzó oficialmente su campaña electoral personal.

El primer día de un mes buscando los votos que necesita para ganar un segundo mandato en las elecciones del 9 de febrero. Organizaciones de DDHH, intelectuales y activistas civiles concurren en señalar que una de las causas más eficientes en la génesis de los luctuosos hechos consumados en cuadruplicado es la militarización de la seguridad de la ciudadanía rural y urbana. Esa decisión que un puntual año atrás firmó el titular del Ejecutivo que ahora tiene un mes para convencer al electorado que decidirá su futuro de que los cuerpos calcinados encontrados en víspera de Navidad fueron una tragedia ajena a la voluntad, responsabilidad y control del jefe de Estado y comandante en jefe de las FFAA.

El decreto de “guerra interna” de Noboa supuso legitimar la militarización de la seguridad pública. Pero también habría habido cierta legitimación social de estas prácticas. Parte de la sociedad aceptó de algún modo una estrategia de guerra, bukelizada. Un punitivismo, de mano dura con una lógica de criminalización de la pobreza y de perfilamiento racial, que llegó a asociar el color de piel (aquel de tinte más oscuro) con la peligrosidad y la criminalidad.

Los cuatro niños nunca regresaron ni regresarán nunca jamás. Habían sido detenidos por militares que los torturaron, asesinaron. Sus cuerpos, calcinados, aparecieron el 24 de diciembre flotando en el río.

Desaparición forzada de personas y terror del Estado en el país que dolarizó

La Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los cuatro niños están muertos. Pidió prisión preventiva para 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de desaparición forzada, delito cuya sanción máxima son 26 años de prisión en el Código Penal del país. “Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada”, señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.

El anuncio llegó en momentos en que decenas de ciudadanos se manifestaban en las afueras del Complejo Judicial Guayaquil Sur para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido. “Escucha, escucha, escucha lo que pasa; los niños de Las Malvinas ya no están en su casa”, gritaban  los manifestantes.

Grupos de DDHH reaccionaron de inmediato luego que la Fiscalía confirmara el hecho. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador aseguró que este caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños”, agregó la Alianza, que también responsabilizó a ciertos medios de comunicación por difundir mensajes que pretendían estigmatizar a los menores y a sus familias. Los mensajes de conmoción, solidaridad e indignación no dejaban de circular, en mayor número, desde un mayor número de cuentas, y con más intensidad, por las redes.

Los cuatro niños de Guayaquil

Ismael Arroyo, de 15 años, quería  ser jugador profesional de fútbol. Era el goleador de su equipo que en 2024 obtuvo cuatro medallas. Josué, de 14 años, hermano menor de Ismael, era más dedicado a sus estudios que al deporte. Su madre mostraba con orgullo a los medios los impecables cuadernos del adolescente muerto. Es un lugar común evocarlo: cuando muere una madre muere su hija queda huérfana pero cuando los hijos mueren no hay palabras.

A pocas cuadras de la familia Arroyo vive la familia Arboleda. Aficionado a la música, Saúl Arboleda, asesinado a sus 15 años, era cantante. Participó en un video musical que hace oír la madre. Johana Arboleda cuenta que su hijo “canta en todas partes, solo vive cantando”. 

A sus 11 años, Steven Medina formaba parte de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde tocaba instrumentos musicales, bailaba y cantaba. Según su tutora Elizabeth Rosero, Steven tenía una conexión muy cercana con Dios: en los almuerzos, él siempre quería dirigir la oración.

Los militares los aprehendieron cuando los cuatro iban caminando cerca de un centro comercial. Después de que la justicia Civil caratulara el caso que investigaba como “desaparición forzada”, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares de las afueras de Guayaquil. En la localidad de Taura: cercana a una base militar de la Aeronáutica ecuatoriana. 

“En este caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se configuró una grave violación de Derechos Humanos”, declaró Fernando Bastías, abogado del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Este organismo acompañó a las familias, que interpusieron el recurso de habeas corpus para que se reconozca la presunta responsabilidad del Estado en lugar de continuar la investigación bajo la figura del secuestro. “Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada”, asegura.  “Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de cuatro niños por parte de agentes del Estado”, explica el letrado defensor.

“No fue un exceso aislado, presidente Noboa: es una práctica sistemática”

Este crimen no es el único que la Fiscalía investiga sobre presunta desaparición forzada, al igual que por otros delitos de abuso de fuerza pública. El CDH ha señalado que responde “a una práctica habitual de las Fuerzas Armadas: excederse más allá de lo que establece la ley y ese exceso se materializa en una grave violación de Derechos Humanos”. En el caso de Los Cuatro Niños de Guayaquil, la Justicia constitucional que tramitó el habeas corpus aclaró que no se aplicaron los procedimientos. El proceder que no es aislado sino sistemático muestra cómo las FFAA ponen en riesgo a toda la población civil ecuatoriana porque se desconoce —dicho por las mismas autoridades—, si están aplicando el procedimiento adecuado. 

La mala práctica de la política de seguridad no se inició este pasado diciembre sino 12 meses antes. Es decir, inmediatamente desde la movilización presidencial de las FFAA. “Entre otros letales casos se encuentra el de Carlos Vega Ipanaque, ejecutado extrajudicialmente por un militar en Guayaquil”, declaró Bastías. El lunes 30 de diciembre, este mismo abogado presentó  ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional de Ecuador más casos de desapariciones en los que hay indicios suficientes de la participación de agentes estatales. Muchos de ellos son investigados como desaparición involuntaria y no como desaparición forzada. Al menos, hay una docena de casos más. Particularmente en Esmeraldas, localidad de la costa ecuatoriana, donde la población tiene miedo de denunciar.

“En el Ecuador estamos en medio de un sálvese quien pueda”, grafica la politóloga y analista de seguridad Carolina Andrade, “La gente ya no cree en el Estado, porque ha sido desmantelado durante los últimos años, y lo último que queda es la fuerza pública”, afirma Andrade. En este marco, “no hay un control directo político-civil por parte de las autoridades sobre la fuerza pública, ni militar ni policial”, sostiene al correlacionar con el crimen de Los cuatro niños de Guayaquil.

Militarización de la seguridad ciudadana, o qué pasa cuando las tropas son tu única policía

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, organizaciones sociales y de DDHH alertaron del perfilamiento y la criminalización racial: “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana”.

La persistente declaratoria del Poder Ejecutivo de la existencia de un conflicto armado no internacional en el país, casus belli doméstico rechazado en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional de Ecuador, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Desvirtuada la misión institucional de las FFAA, un clima de terror cunde entre una ciudadanía ya suficientemente atemorizada por las violencias del crimen organizado. 

Alumno aventajado de la generación Bukele va por un segundo mandato

La continuidad del “conflicto armado interno” con su consecuente militarización se pondrá a prueba en los comicios generales ecuatorianos que se celebrarán en el tan próximo 9 de febrero. Daniel Noboa busca la reelección: competirá contra 15 candidatos presidenciales. “En la campaña electoral se van a poner justamente en disputa dos tipos de modelos: uno que promueve el continuar con el conflicto armado interno, con la vulneración de derechos, con no invertir en lo social, y otros que proponen alternativas más integrales basadas en la construcción de paz”, precisa Andrade, integrante de la Red de Politólogas “No sin mujeres”.

Las elecciones presidenciales de febrero de 2025 serán un plebiscito sobre qué logró y qué malogró desde enero de 2024 el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, representante aventajado en la región de la generación Bukele. La primera respuesta de su administración de mano dura frente al caso de los cuatro niños de Guayaquil fue sostener que la noticia de su secuestro, tortura y muerte era falsa. 

En medios de comunicación y ruedas de prensa las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arrojaron más dudas que certezas. Ante  la denuncia de desaparición forzada, Lofreddo  dijo: “le hacen el juego al crimen organizado y a las mafias” sin reconocer la participación de militares en este caso. Ante la fuerza de los testimonios obtenidos por la cámaras del lugar, tuvo que rectificar y aclarar que sí hubo dicha aprehensión, y que sí, que fueron militares los que los arrestaron. Pero no los mataron, no: la hipótesis del Gobierno es que fueron liberados durante la noche del día de la Festividad de la Inmaculada Concepción, en la zona aledaña a la base de Taura.

El Gobierno y las FFAA ratificaron el lunes 30 de diciembre que la detención de los menores de edad fue porque estaban delinquiendo. Una versión sobre la cual la Fiscalía dejó en claro que en este caso carece del apoyo de cualquier sea, más allá de la humana especulación oficialista.

Fue ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea, el Congreso unicameral ecuatoriano, que el ministro Loffredo aseguró que la aprehensión de los adolescentes “no fue parte de una operación, sino que se dio en circunstancias de un presunto acto flagrante”. Ante la fuerza de las pruebas, el Ministerio de Defensa difundió: “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato”.

El sueño de los héroes, última intoxicación mítica

En consonancia con la tardía promesa del ministro de Defensa de su Gabinete, en declaraciones radiales el presidente Noboa afirmó: “Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”. Adelantó una propuesta personal, sugerida a una comisión: “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. Sin asumir responsabilidad alguna como Jefe de Estado y de Gobierno. Ni como presidente y candidato presidencial que busca su reelección.

Hasta ahora, el presidente, político y empresario Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de 37 años, nacido en 1987 en Miami (Florida), hijo del empresario bananero y candidato presidencial cinco veces derrotado Álvaro Noboa, da por sentado que pasará a segunda vuelta en las elecciones del 9 de febrero. Aunque sabe que todos y cada uno de los días de campaña durante las cuatro semanas que lo separan de esa fecha deberá responder preguntas sobre los cuatro de Guayaquil. Por qué Josué, Ismael, Saúl y Steven murieron, por qué nunca más van a jugar al fútbol en la canchita de la barriada cuyo nombre “Las Malvinas” homenajea al irrendentismo nacionalista argentino.

AGB/JJD

Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa, su promesa de solucionar las crisis más urgentes de los ecuatorianos, en cambio, no se ha cumplido.La tensión política se ha agudizado por la escalada del crimen organizado contra el que declaró el “conflicto armado interno”, la crisis económica agravada por las impopulares medidas adoptadas, la crisis externa  abierta con México después del asalto a su embajada; crisis interna con el enfrentamiento con  su vicepresidenta Verónica Abad y la crisis energética con apagones de hasta  14 horas. La oposición habla que no se trata sólo de un ‘apagón eléctrico’ sino de ‘apagón democrático’.

Hijo del empresario bananero Álvaro Noboa, hombre más rico del país que dolarizó y cinco veces candidato sin éxito a la presidencia, Daniel Noboa ganó como candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) a la correísta Luisa González en la segunda vuelta electoral del 20 de junio 2023. Eran elecciones anticipadas, después de que el ex presidente Guillermo Lasso, también multimillonario, ex banquero, de derecha conservadora en cuestiones sociales y liberal en economía, para evitar el juicio político decretara la “muerte cruzada” a fin de evitar un juicio político. Lasso disolvió el Congreso y adelantó las elecciones en el marco de una crisis de seguridad y un avance del crimen organizado como nunca Ecuador vivió en su historia.

El empresario millonario Noboa, liberal anti tradicionalista,  asumió a los 36 años sin experiencia de gestión política previa el 23 de noviembre de 2023, el año donde la violencia llegó a su clímax con el asesinato del postulante presidencial Fernando Villavicencio, uno de los candidatos que con mayor franqueza denunció los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales.

Noboa  llegó al Palacio Candorelet, la sede del gobierno nacional en la ciudad capital de Quito, sin plan de seguridad ni cuadros para implementarlo. Aún con este déficit, el flamante presidente instrumentó dos vías para campear la difícil situación del país.

La primera armó una coalición legislativa antes de su asunción  con el Partido Social Cristiano (PSC)  de derecha y de orientación neoliberal y Revolución Ciudadana (RC), de izquierda liderado por ex presidente Rafael Correa a cambio de ceder el control de la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país andino.  Un pacto inicial que le permitió aprobación de leyes pero que mostró en el tiempo un imparable deterioro. Los últimos proyectos legales, que fueron motivo de rispidez entre el Ejecutivo y el Legislativo, recibieron vetos parciales por inconstitucionalidad. Además, las relaciones entre la Asamblea y la Presidencia se tensaron aún más por un segundo veto inconstitucional a la Ley que prevé una nueva conformación del Directorio Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Previsión Social (IESS)

La segunda estuvo centrada en la lucha contra el narcotráfico. Si bien el operativo Metástasis  encabezado por la Fiscal General de Estado Diana Salazar detuvo 30 personas acusadas de integrar la red de crimen organizado y narcotráfico (entre los detenidos, el juez presidente del Consejo de la Judicatura, un general de la Policía Nacional y el jefe de Antinarcóticos), la sonada fuga de Alias Fito, el delincuente vivo más nombrado de Ecuador, líder de Los Choneros, vinculados a las masacres carcelarias que desde 2020 se suceden en Ecuador, puso nuevamente al Gobierno en vilo.

Los DDHH en caída libre

Ante los hechos, Daniel Noboa sólo encontró la opción de decretar el 8 de enero el estado de excepción en todo el territorio nacional. La respuesta fue inmediata: esa misma noche autos incendiados en vía pública, secuestros de guías penitenciarios, fuego dentro y fuera de las cárceles, fuga de detenidos. El martes 9 de enero, TC Television durante el noticiero del mediodía sufrió un asalto criminal que se transmitió en vivo y en directo con el equipo periodístico a merced de delicuentes armados; las imágenes de este hecho se viralizaron. En la tarde el mimo día, se decretó por parte del gobierno por primera vez en la historia de Ecuador “conflicto armado interno” y “objetivo militar” a los 22 grupos criminales.

La  medida encuadra con  la estrategia del Pentágono a partir de la propuesta de Plan Ecuador del ex presidente Lasso a la Casa Blanca, en junio de 2022. En diciembre de 2022 resultado en el acuerdo de inversión de más de 3.100.  millones de dólares en el fortalecimiento de las FFAA ecuatorianas se instaló en país un Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa. En  octubre 2023, se firmó el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas  que refiere al personal de defensa y sus contratistas extranjeros en suelo ecuatoriano. El 22 de enero llegó a Quito  una delegación de EEUU para coordinar la implementación del Acuerdo.

La declaración de “conflicto armado interno”, que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, dispone que las FFAA asuman el control del Estado, subordinan a la Policía y cierran el paso a cuestionamientos sobre sus miembros por presenta vinculación con el crimen organizado. Favorece a las elites económicas y a la derecha neoliberal para liberar de manera total la economía con una progresiva militarización de la sociedad.

Con todo, la militarización ha mostrado su relativa y peligrosa eficacia: 16 masacres carcelarias, la última el 12 de noviembre, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande Ecuador ubicada en Guayaquil, se produjo una nueva masacre, directores fallecidos, 15 presos muertos y 14 heridos en ámbitos donde se registran 200 denuncias por violaciones de los DDHH, cuyos defensores son considerados ‘antipatrias’ : por ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra varones y mujeres trans en las cárceles, detención de ciudadanxs inocentes..

Si bien entre enero y septiembre 2024 hubo una disminución en las cifras de crímenes violentos, los secuestros, robos y extorsiones se dispararon. 

Precarización de la vida cotidiana

El primer año de presidencia de Daniel Noboa estuvo marcado por la implementación de dos medidas económicas poco populares que otros gobiernos intentaron y no pudieron concretar, y que le han permitido a su administración tener más recursos disponibles. La primera fue el incremento de tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó de 12% a 15% desde el 1 de abril de 2024. Y un par de meses después, la segunda, la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas de bajo octanaje (Extra y Ecopaís), con la implementación de un sistema de bandas de precios que varía cada mes desde el 12 de julio de 2024.

Sin embargo, aunque esas medidas y otros incrementos de impuestos en este año han permitido al gobierno de Noboa tener más recursos disponibles, la economía ecuatoriana sigue con síntomas de estancamiento y lo más probable es que 2024 cierre como un año de decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). No hay mejoras en la vida cotidiana: la canasta familiar de 782 subió a 812 dólares No hay mejoras en personal de policía ni en el desempleo que Noboa en su discurso inaugural prometió solucionar y al término de este primer año de gobierno se incrementó en otras causas debido a los cortes de luz.

A partir de marzo de 2024, los cortes de luz sin previo aviso tomaron por sorpresa a la ciudadanía de Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa, que ese momento realizaba la campaña para su consulta popular relacionada con la seguridad, no reconoció la crisis; llamó "desconexiones de emergencia" a los apagones.

Un país sumido en la oscuridad

Solucionar la crisis eléctrica en nueve meses con una inversión de USD 300 millones en transmisión eléctrica fue una de las promesas de campaña del actual presidente. Promesa fallida. A partir de marzo de 2024, los cortes de luz sin previo aviso tomaron por sorpresa a la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno, que ese momento realizaba la campaña para su consulta popular relacionada con la seguridad , no reconoció la crisis;  llamó “desconexiones de emergencia” a los apagones y anunció que desde el 12 de abril que no habría cortes de luz programados. Apenas cuatro días después, con el embalse de Mazar en niveles críticos, tuvo que publicar los cronogramas de los cortes programados que durarían hasta mayo. 

Los meses de octubre y noviembre de 2024 han sido los peores meses para Ecuador, en medio de una severa sequía que no se había visto en 61 años y cortes de luz de hasta 14 horas. Ante la evidencia de la crisis, el Gobierno dijo que se había vaciado el embalse de Mazar a propósito en solo 12 días, lo que técnicamente no es posible. Incluso, puso una denuncia por paralización de servicio público en contra de su entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien sostuvo que advirtió con tiempo la crisis, y otros 21 funcionarios.

La licitación de emergencia por parte del gobierno no sólo fue insuficiente para cubrir la cantidad necesaria de megavatios sino que también se han anunciado demoras. Se espera que parte de la energía pendiente empiece a operar a finales de diciembre, pero no hay certeza de las fechas.  Con todo, La crisis  recrudeció en septiembre de 2024, con cortes de luz más prolongados, que sólo  pudieron ser reducidos a ocho horas al día, tras el reinicio de la venta de electricidad de Colombia por una mejora en la situación de sus embalses.

Octubre y noviembre fueron los peores meses con restricciones en el suministro de hasta 14 horas. Expertos eléctricos han mencionado que habría sido mejor empezar con los racionamientos desde septiembre con dos o cuatro horas, para evitar cortes prolongados en los siguientes meses. La preservación o fortalecimiento de los embalses tampoco ha sido posible, y eso no se debe solo a la falta de lluvias.

El jueves 27 de noviembre, las nuevas protestas en  doce provincias del país, incluida Quito, organizadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, y se centraron en reclamos relacionados con la crisis energética, los “despidos intempestivos”, la “persecución sindical” y el aumento de la inseguridad.

Crisis políticas internacionales, irrupción en la embajada de México en Quito

Las decisiones del gobierno en materia de relaciones exteriores han generado conflictos con otros Estados. En apenas un año, el gobierno del ‘nuevo Ecuador’ suma episodios que han puesto en jaque relaciones bilaterales.  

En rápida sumatoria: la ruptura de relaciones con México y la condena de la comunidad internacional por el asalto a su Embajada en Quito para arrestar el ex vice presidente Jorge Glass: el ‘castigo’ a las exportaciones ecuatorianas a Rusia, después del intento de venderle ‘chatarra’ soviética a EEUU; las desatinadas declaraciones sobre los presidentes Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (San Salvador), Gustavo Petro (Colombia).

La inédita inasistencia de mandatarios continentales a la primera Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Quito una semana antes de lo previsto por la crisis energética y de seguridad, reflejó la soledad internacional del gobierno de Noboa.

El 10 de noviembre, la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad fue apartada del gobierno por 150 días, sancionada por el presidente Noboa, sin goce de remuneración, “por abandono injustificado del cargo”: una figura jurídica no aplicable en su caso porque fue elegida por voto popular.

Desafíos políticos, conflictos internos y oposición creciente

El 10 de noviembre, la  vicepresidenta Verónica Abad fue apartada del gobierno por 150 días sancionada sin goce de remuneración “por abandono injustificado del cargo” una figura jurídica no aplicable en su caso porque fue elegida por voto popular. Según el Ministerio de Trabajo debería haber cumplido la orden de trasladarse el 1° de septiembre desde Israel -donde se desempeñaba como “embajadora de paz” designada por el presidente- hacia Turquía debido al conflicto bélico que afronta el primer país. Abad llegó a la ciudad de Ankara, capital de Turquía- ocho días más tarde.  La justificación de Abad se sostuvo en que su traslado a  Turquía no fue “debidamente preparado” y que se cometieron atropellos porque el gobierno planteó “que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía”.  Afirmó, además, que se busca su destitución para “evitar la sucesión presidencial”.

El presidente Noboa aspira de manera irrenunciable a un nuevo mandato del 2025-2029 y para la campaña de las próximas elecciones presidenciales deberá solicitar una licencia.  De acuerdo con la Constitución, Abad debía asumir la presidencia, pero con la última sanción impuesta se frena la sucesión. Por esta y otras acciones, Abad denunció al presidente Noboa y tres funcionarios del gobierno, incluida la canciller, Gabriela Sommerfeld, por supuestamente cometer ocho actos de violencia política de género en su contra. La violencia política de género es considerada una falta electoral “muy grave” en la legislación ecuatoriana y se sanciona con multa, destitución y/o suspensión de los derechos de participación política por hasta cuatro años.

Abad, en lo que ella misma llamó ‘acto de rebeldía’ ante la decisión del gobierno, regresó por recursos propios el miércoles 20 de noviembre a Ecuador. Aunque no tiene impedimentos legales ni de otro tipo para retornar al territorio, denunció que se encuentra en total indefensión. “La ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo”, resaltó Abad a su llegada a la capital y pidió al presidente ecuatoriano que recapacite.

La sanción a la vice y el posterior nombramiento de Sariha Moya para el cargo de vicepresidenta promovió el debate político. La Asamblea Nacional ha condenado la suspensión y ha solicitado a la Corte Constitucional que intervenga, alegando que se trata de un ataque al equilibrio de poderes.  

Las crecientes críticas a la administración de Noboa y la posibilidad de que Verónica Abad decida postularse como candidata presidencial suma un nuevo elemento de incertidumbre en el país que en tiempos de Rafael Correa, era uno de las naciones más tranquilas de América. Después de la acumulación de droga en la pandemia, el ingreso de mafias europeas en una economía abierta y la libertad de moneda, hoy Ecuador es como México en los 90s: el lugar más peligroso de los Andes.

AGB

La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad (47 años de edad) presentó el lunes 12 de agosto ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por violencia política de género contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa (36 años). Además de al primer mandatario, la denuncia involucra a su asesora Diana Jácome, a la canciller Gabriela Sommerfeld y al viceministro de Gobierno Esteban Torres. La Vicepresidenta reúne como pruebas las disposiciones, decretos y oficios generados desde la Presidencia y la Cancillería nacionales, además de declaraciones de estos funcionarios, que Abad  considera misóginas y atentatorias de su alta representación ganada en las urnas junto a Noboa y con la misma legitimidad democrática que el propio presidente.

La violencia política de género es considerada en Ecuador como una infracción electoral muy grave según el Código de la Democracia. Puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Abad y su defensa ejercida por los abogados Oswaldo Trujillo y Jéssica Jaramillo denunciaron  hechos que incurren en lo tipificado en los numerales 1, 3, 7, 10, 11, 12 y 13 del Artículo 280. 

Llegada antes que Noboa a la política, la vice Abad es empresaria como el presidente. Fue candidata en elecciones municipales que no ganó, pero ocupó un cargo en el gabinete del ex presidente Guillermo Lasso. Desde ahí  trabó una alianza con Noboa, que los hechos han demostrado rápidamente bien efímera. El empresario liberal Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, magnate bananero que es el hombre más rico del país y que fue cinco veces candidato derrotado a la presidencia de Ecuador. Noboa Jr, que asumió por un breve período para completar el mandato 2021-2025 del renunciante Lasso, denunció que su vice Abad intenta truncar su carrera electoral con miras a los comicios del 9 de febrero de 2025 por medio de “un golpe de Estado”.

Memorial de agravios misóginos

Noboa se distanció de su vice en plena campaña electoral. El motivo nunca fue oficializado ni hecho público.  Nadie lo sabe. Es el secreto mejor guardado del Ecuador“, declaró Fenando Larenas, exdirector del diario El Comercio.  En la oposición afín al expresidente Rafael Correa se deja trascender que la pelea comenzó por el manejo de fondos durante la campaña. Pero oficialmente ni entonces ni después los candidatos a Presidente y Vice hablaron del  tema.

Dado que en Ecuador el presidente puede asignar funciones a su vice, después de asumir la presidencia Daniel Noboa envió a Verónica Abad al Estado de Israel en calidad de embajadora pro paz de su gobierno cuando ya había sido iniciada antes, en octubre de 2023, la ofensiva militar israelí contra la organización arnada del movimiento islámico Hamas que todavía continúa.

No quedó ahí el desacuerdo. Una vez que asumió en noviembre de 2023 la presidencia, el 4 de diciembre Noboa nombró a su vice Abad embajadora en Israel, en medio de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. En Ecuador, el presidente tiene la potestad de atribuirle funciones a su vice. La quería bien lejos del país. El quiebre fue total. Y denunciado por la vice ‘exiliada’ : “Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República y haber ganado la elección ha sido un condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política, puesto que he sido prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra, me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia, pero no contentos con esto, desde el gobierno y sus funcionarios se inicia un feroz campaña de desprestigio”.

No sorprende que Abad se convirtiera en una acérrima crítica del gobierno. Incluso, denunció una “persecución” en su contra orquestada desde el propio ejecutivo que incluyó el arresto de su hijo, Sebastián Barreiro, por presunto tráfico de influencias en la causa conocida como “Nene”. El sonado episodio tiene su desagravio en la denuncia que hace Abad de que en su condición de “vice presidenta de la República (sic) no he podido ejercer como me corresponde mis derechos, ni he podido garantizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia, puesto que he sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar”.

Y, luego, en una de las más vehementes opositoras. Se expresó públicamente en contra de Noboa cuando ordenó irrumpir en la embajada de México para retirar detenido al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba en esa sede diplomática asilado.

Más aún, después de que su partido Acción Democrática Nacional (ADN) designara a Noboa como su candidato oficial a la presidencia para las elecciones de febrero próximo. En la fórmula oficialista irá acompañado por María José Pinto, su actual secretaria del programa Crece Sin Desnutrición Infantil. Causalmente, un día después la vice Abad presentó su denuncia por violencia política de género ante el TCE.

El contraataque llegó el jueves 15 de agosto. Jácome, asesora del presidente, presentó una denuncia electoral contra Abad por tratar de usar la ley como un arma política contra el gobierno. En una presentación judicial, pidió al TCE que suspenda los derechos políticos de la vice y le aplique una multa. Incluso la ministra del Interior, Mónica Palencia apareció rechazando la denuncia y enarbolando la tesis del golpe rodeada de altos mandos policiales y aseguró que la fuerza pública no dejaría que esto ocurra. Palencia dijo que (Abad) “pretende hacerse con el poder de Gobierno y además inhabilitarlo (a Noboa) para ser candidato a la presidencia de la República. No lo vamos a permitir”.

Se sumaron otras voces. Horas antes, el ministro de Gobierno Michel Sensi Contugi, afirmó que la denuncia “es un burdo intento de desestabilización y constituye un descarado intento de golpe de Estado”. También, la canciller Sommerfeld, denunciada por Abad,  expresó que “se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral, que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano”. 

Un día después de estas declaraciones, el juez electoral Fernando Muñoz dictó una providencia en la cual dispuso que en el término de dos días la denunciante cumpla con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento de trámites del TCE. Esto es: los fundamentos de la denuncia, fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados.

Ajedrez político ¿quién hará jaque mate?

Sin embargo, la pelea tiene mayores implicancias. Noboa debe  pedir una licencia obligatoria cuando inicie su campaña electoral. Será reemplazado por su vice. La eventual situación encendió todas las alarmas en el gobierno. Temen que Abad haga estragos en su ambición de venganza.

Fuentes del correísmo han sostenido que Abad prometió  a sus asesores que si llega a la presidencia eliminará las medidas económicas implementadas por Noboa, como el incremento del IVA o de los combustibles. Además, cambiaría a todo el gabinete y hasta revisaría el acuerdo con el FMI.

Desde el gobierno, afirman que la vicepresidenta busca granjearse el respaldo de la izquierda y amenaza con decretar un indulto para beneficiar a Correa, actualmente exiliado en Bruselas, tras ser condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción. Aunque la oposición lo desmiente y sostiene que la vicepresidenta es una dirigente de ultraderecha con lazos con el Opus Dei y que no tiene nada que ver con el correísmo.

Si Abad quiere ser presidenta interina,  la Constitución la avala. Podría gobernar entre octubre y hasta al menos el 9 de febrero, si Noboa gana o pierde en primera vuelta. Si el presidente va a un balotaje, previsto para abril, su gestión se alargaría otros dos meses, mientras Noboa sigue en campaña. El nuevo presidente asumiría recién el 24 de mayo.

No queda descartado que Noboa hará todo lo posible para impedir que su vicepresidenta asuma el gobierno.  De lograrlo, tendrán que haber encontrado una  figura legal para que siga en la presidencia al mismo tiempo que lucha por su reelección.

AGB

Tanto esperar un narcogolpe en América Latina, ha escrito Roberto Saviano en el diario milanés Il Corriera della Sera, que finalmente llegó. Pero precisamente en el lugar donde menos se lo temía, hasta hace pocos años. En una nación sudamericana de 18 millones de habitantes, un Estado tapón sobre el Océano Pacífico como el Uruguay lo es sobre el Atlántico. El Ecuador es una cuña entre dos países mayores que lo rodean. Colombia y Perú son grandes productores de cocaína, y han hecho de Ecuador barraca de depósito y puerto de salida de la droga.  

Barracas y Puerto Nuevo

Con el adiós a las armas de la guerrilla marxista de las FARC en 2018, la fragmentación del narco colombiano, la pandemia de 2021 y las crisis venezolanas que encareció y arruinó sus puertos, todo cambió para siempre. Los carteles mexicanos, patrones globales del comercio de la droga,  decidieron que Ecuador, país dolarizado y de economía abierta, de poca población y baja militarización, sería la nueva central de operaciones de inventario continental y despacho comercial mundial.

En 2005, Los choneros, el cartel narco hegemónico hoy en Ecuador, eran una decena de personas. Hoy son decenas de miles sus operadores directos y el cartel sabe hacer que medio millón trabaje estacionalmente para ellos. Deciden alcaldes y candidaturas políticas. El presidente Daniel Noboa decretó el Estado de Emergencia y movilizó a las Fuerzas Armadas en una guerra interior tras enterararse de que estaba fugado de la cárcel el líder del cartel, Fito Macías. La respuesta narco fue inmediata: el terror ultra, unievarsal pero arbitrario. Los narcos dicen ser el principal sostén de un Estado que los traicionó.

Según opiniones expertas, la declaratoria de 'conflicto interno armado' ha sido un error jurídico del Presidente. Pero también ha sido una estrategia política de Noboa. El Gobierno busca responder a la crisis de inseguridad. Y, a la vez, mejorar la imagen de las FFAA y de Seguridad comunicadas que no están infiltradas por el enemigo narco al que acaba de declarar beligerante interno. Hay que añadir que el poder civil sale lesionado, al igual que la Policía, frente a la preponderancia radical otorgada a los militares.

Narcogolpe, voto repudio y castigo narcos al Narcoestado traidor

El presidente Noboa quiere dar pruebas de ferocidad e inclemencia condignas con las su coetáneo salvadoreño Nayib Bukele. En campaña, el joven candidato, hijo del hombre más rico de Eduador, proclamaba que su joven par centroamericano era un modelo por el buen éxito de una rigurosa eficacia represiva. Su modelo, el de Noboa. Su Plan A y su Plan B: el Plan que lo guiaría en su lucha contra el crimen organizado. Un plan de acción en el cual Noboa, que desde el primer día en funciones reconoció que buscará la reelección y un segundo mandato, ve una fuente de popularidad: Bukele es uno de los presidentes más populares del hemisferio, con una propularidad constante, sin altibajos.

Desde que asumió, el presidente de El Salvador, otro país que dolarizó, lleva adelante una espectacular política de tolerancia cero contra las pandillas, con construcción de cárceles monumentales para encerrar a los pandilleros. Noboa ya ha puesto en marcha la construcción de dos instituciones penales rigurosas. Entre tanto, las que hay son porosas. La fuga de Fito, a quien en su celda sustituía un doble, ocurrió mucho antes de que el personal penitenciario la advirtiera, o declarara.

La guerra interna, una continuación de la cárcel por otros medios

Al enterarse tardíamente de la temprana huida de Fito, el Presidente declaró dos meses de Estado de Emergencia, ordenó controles personales en rutas y puertos, inició una caza del Enemigo Público N° 1 con helicópteros, llamó a las Fuerzas Armadas. Esto desencadenó la respuesta narcogolpista: el terror indiscriminado. Consignas por Tik Tok e Instagram para los soldados de la causa de Fito. Que después, por los mismos medios, difunden las imágenes atroces de sus misiones cumplidas: marchas con bazookas por los centros urbanos, familias disparadas al boleo en los parques, menores con heridas sangrientas, personas secuestradas que servirán como rehenes y peones de la presión para volver al statu quo anterior. El Gobierno ordenó cortes de electricidad y de servicios de internet.

 No sólo se priva a la ciudadanía, con la emergencia y el toque de queda, de las garantías constitucionales. El gobierno derechista también ha decretado, en comunicaciones verbales más que por instrumentos administrativos, la legalidad del gatillo fácil. Le ha hecho saber a las Fuerzas de Seguridad que la policía puede disparar a quien juzgue necesario en la guerra interna contra el narco, y que los agentes no serán perseguidos por esas balas.

El anuncio ha hecho que Los choneros también hagan lo mismo, también disparen a sabiendas de que no rendirán cuentas a nadie. Ya lo hacían, de todos modos.

El gobierno del flamante presidente y joven empresario bananero millonario Daniel Noba, todo invita a creer, negociará. También Bukele había negociado, a escondidas, con las pandillas. Pero en Ecuador los costos amenazan con ser inmensos. Si no impagables en el excepcionalmente breve período presidencial de Noboa. Su mandato dura sólo dieciocho meses, los que completan el período inconcluso de su antecesor, terminado abrupta y anticipadamente. El también derechista y millonario Guillermo Lasso, un ex banquero, había renunciado y disuelto la Asamblea Nacional, impotente frente a la violencia en aumento y las fugas carcelarias, males que también él combatía declarando Estados de Emergencia de 60 días.

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Tras una década de votar a la derecha por temor a convertirse en la Venezuela de Hugo Chávez, hoy Ecuador se parece mucho más a la Colombia de Pablo Escobar. En diciembre asumió el joven empresario Daniel Noboa como nuevo presidente derechista del país dolarizado. El recambio generacional como gobierno de los hijos: el papá de Daniel es el empresario bananero Álvaro Noboa: el hombre más rico del país. O lo era, hasta la llegada e instalación exitosa del negocio narco en un país sin Banco Central, abierto a la libre empresa y con la comodidad contable y evasora de operar legalmente con moneda extranjera (nacional, no hay).

El 8 de agosto,  el candidato presidenciable Fernando Villavicencio, por Construye fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto proselitista en una escuela de la ciudad capital de Quito. Nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes le había importado tan poco al crimen organizado, cuando se disponía a eliminar a un enemigo, si correspondía a una cita electoral de la democracia ecuatoriana, o si era cualquier otra fecha del año. En el pasado, jamás se había tenido que asumir, como ahora es inevitable y forzoso, el control de narcoctráfico en amplias zonas del litoral pacífico ecuatoriano, desde donde dan proyección internacional a su mercancía a través de los puertos, ha llegado a Quito, el corazón del país.

Algunas de las encuestas anteriores a la primera vuelta pronosticaban un posible segundo puesto para Villavicencio, detrás de la candidata correísta Luisa González de Revolución Ciudadana (RC). Con su asesinato, repudiado por la comunidad nacional e internacional, la crisis de seguridad en el país adquirió una magnitud de dimensiones antes impensadas. Que no hizo sino agravarse desde mediados de 2023: “Cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando la tasa de homicidios de México”, sostiene Constantin Groll, director de la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador.

Una ininterrumpida escalada de la crisis de seguridad, económica y social, marcada por asesinatos de políticos, masacres carcelarias, violencia del crimen organizado del narcotráfico: secuestros,  extorsiones a comerciantes  y también a empresas, universidades públicas, centros médicos. A esta serie hay que sumar que “cada vez hay más voces de expertos que indican que hay vínculos entre el Estado y el crimen organizado” según Groll.

A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia

Emplazado en el extremo occidental de América del Sur, en pocos años Ecuador se ha convertido en tierra del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia.  

El huevo de la serpiente

Estos males recurrentes no son fruto de la casualidad. “La inestabilidad en Perú y Ecuador tiene mucho que ver con la falta de capacidad del Estado para proveer y expandir servicios de forma equitativa a la población en general. Y esto ha venido pasando desde hace muchos años, a pesar de revoluciones y de nuevos periodos democráticos”, opina Grace Jaramillo, politóloga ecuatoriana de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

La inestabilidad política, la desigualdad, las protestas, los estallidos sociales, la violencia y el  narcotráfico son los factores que ensombrecen y aun oscurecen el panorama de los países andinos. En una suerte de eterno retorno, tras períodos de relativa calma la situación vuelve a encresparse y abisma a los países en la incertidumbre y la desestabilización institucional.

El poder plutócrata

En la región andina durante décadas la clase dirigente fue más una plutocracia que una oligarquía. El gobierno de la concentración de la riqueza: las grandes familias que han controlado la banca, los medios de comunicación y en suma los mayores resortes del poder. El anterior presidente, Guillermo Lasso, nacido con sus diez hermanos en un familia pobre de la costa, es un self-made multimillonario. Supermercadista, inversor turístico, este septuagenario renunció al directorio del Banco Guayaquil, en el que fue ascendiendo, desde niño, y del que había llegado a ser uno de los dueños, cuando inicio su segunda vida o carrera: la política.

En Ecuador, la dinámica plutocrática tradicional de la institucionalidad política había empezado a resquebrajarse a principios del siglo XXI. No sólo en Ecuador: el fenómeno, más amplio, fue regional, con los gobiernos progresistas coetáneos que asumieron el poder en América del Sur.   

 “La disputa no solo es por el control del poder político, sino, sobre todo, de los poderes económicos y mediático. Por eso se producen acá las grandes tensiones entre diferentes partidos y organizaciones sociales” explica Jacques Ramírez, profesor de la Universidad de Cuenca, en Ecuador.

La extrema desigualdad entre la masa mayoritaria de la población y el reducido grupo de personas que detenta el poder es un factor clave para la inestabilidad en la región andina, agravado en Ecuador por la libertad económica

De manera generalizada,  la ciudadanía no vota por un programa, sino por la persona que se cree que puede mejorar sus condiciones de vida. Cuando eventualmente la situación mejora se produce una reacción muy fuerte por parte de los poderes establecidos que expresan intereses económicos, a veces de empresas extranjeras, y también de las viejas familias. “Los poderes establecidos van a tratar de defender sus privilegios a toda costa, no importa que intervenga el Ejército. Para esa elite, la democracia solo es válida cuando sirve a sus intereses”, opina Wolf Grabbendorf, experto alemán que ha ocupado diversos cargos de instituciones en Latinoamérica y profundo conocedor de la región.  

Los nexos entre el Estado y el crimen organizado

De manera sostenida el narcotráfico ha ido ganando terreno en los países andinos gracias, precisamente, a la debilidad institucional y a las fronteras porosas entre los estados. Sin embargo, no es exclusivo de esta región: “En Estados Unidos y en Europa, el narcotráfico puede actuar porque tiene vínculos con mayor o menor fuerza con los gobiernos, con la Policía, con la Marina... Es algo que pasa a nivel global, si no, uno no entendería el transnacionalismo del negocio del narcotráfico”, detalla Ramírez.

Según los datos ofrecidos en el informe que realiza cada dos años la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), Ecuador alcanzó 7,07 puntos. Este número supera  la media global de criminalidad de 5 puntos. Este crecimiento se ha visto traccionado por el hecho de que Ecuador se haya vuelto albergue  de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.

Ecuador, superautopista libre de la cocaína anarco

La nación ecuatoriana se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala con un creciente mercado interno, afirma GI-TOC. Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico. La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, una de las mayores causas en elevar los contingentes de emigración 'expulsiva'.

“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador. La investigación detalla que las llamadas extorsivas muchas veces proceden desde las cárceles. O son hechas por delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El gobierno de derecha anterior se derrumbó antes de tiempo, sin cumplir su duración constitucional. Guillermo Lasso renunció a la presidencia antes del fin del su mandato. Ya antes había perdido el control de su sistema penitenciario. Cárceles y prisiones se han convertido en base de operaciones para el tráfico de drogas y los asesinatos relacionados con la extorsión.

El mismo Informe asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Las ‘narcoavionetas’  entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador.

La decisión del gobierno ecuatoriano de abril de 2023 de facilitar el acceso de las armas de fuego a la población civil podría haber exacerbado los niveles de violencia

Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. La decisión del gobierno en abril 2023 de facilitar el acceso de armas a civiles podría haber exacerbado los niveles de violencia.

Narcotráfico, lavados de activos y corrupción del Estado

Gic-Toc no es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que en 2024 el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene. En el período comprendido entre enero y junio de 2023, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100 mil habitantes.

Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on-line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.

En el informe publicado por OECO figura una serie de recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador. Incluyen el diseño y establecimiento de una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; el fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; el planeamiento de una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas, y el priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y FFAA de la manera más conducente.

Las escuelas y los colegios en riesgo

Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria con millones de personas que salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios durante la década de Socialismo del Siglo XXI del presidente Rafael Correa (2007-20017) se invirtieron en Educación y en Salud públicas y en programas sociales. Los sectores más empobrecidos comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Después de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021)  y de Lasso,  esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Y cómo las escuelas no quedaron ajenas a la crisis aunque María Brown, la ministra de Educación de la gestión de Lasso, aseguró que las escuelas son los “espacios más seguros”  y en razón de este presupuesto, las autoridades gubernamentales no permiten a la Policía ingresar con personal armado en los centros educativos.

Se han constatado numerosas acciones de criminalidad dentro de esas instituciones, principalmente las públicas. Expertos en temas de seguridad, como el abogado penalista Hugo Espín, quien prioriza la definición de una política pública de seguridad basada en la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía, depuradas  en todas sus jerarquías de toda sospecha de relación con el narcotráfico, sostiene que debería autorizarse la intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas.

El control de los puertos y de las principales rutas del país

La ubicación geográfica del Ecuador, ubicado entre los países de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, su corta extensión territorial y estructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas; la dolarización y baja bancarización, que facilitan enormemente el lavado de dinero del narcotráfico; el perfil costero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo han favorecido el auge del crimen organizado.

El traslado de las cargas en toneladas requiere de una gran movilización y logística. La Policía tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando, señala Espín.

Los controles aleatorios en la ciudad de Baeza -que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra- sin siquiera tiene cámaras para identificar las placas de los vehículos. No es un caso aislado. El fortalecimiento del sistema de inteligencia se ha visto totalmente mermado en los últimos años.

La gravedad de la violencia interna

Con pareja gravitación del accionar de las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otras aristas estructurales permean el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. “No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones” sostiene Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social de la gestión del ex presidente Lenín Moreno.

Según los datos revisados por Cordero del Ministerio del Interior, “hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022” y distingue que “están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización”. 

Cordero entiende que las soluciones frente al tema de la  violencia interna no se limitan sólo al gobierno central sino que requieren de la participación ciudadana en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. 

La pobreza que existe y no se menciona

El 8 de septiembre, al término de su estadía de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DDHH, Oliver De Shutter responsabilizó al entonces presidente Lasso por no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre -especialmente entre las minorías-, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Declaró que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza.  Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas. De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.

Con todo, “Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué nadie habla de pobreza?” interroga Cordero. 

“Porque  justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social”, dice en su cabal respuesta.

Una macroeconomía bonita y lejana

El impopular gobierno pasado de Guillermo Lasso gestionó entre la espada y la pared tratando de cumplir con las apremiantes demandas vinculadas a la crisis de seguridad y economía y al cumplimiento de la deuda pública. Respecto al último tema, redujo el déficit fiscal  de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 por ciento).  

Sin embargo, este ‘logro’ no ha permeado en las familias. Por el contrario. Una suerte de “efecto Macri en la Argentina”, amerita Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA. Pocos o ningún beneficio les ha traído la estabilización de la macroeconomía, sino más perjuicios.

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Ecuador declaró el estado de excepción después de que uno de los delincuentes más peligrosos del país desapareciera de su celda y los funcionarios de prisiones fueran dominados y tomados como rehenes en medio de disturbios en cárceles de todo el país.

El lunes se inició una intensa persecución con miles de soldados y policías en busca de Adolfo Macías, alias Fito, líder convicto de la banda de narcotraficantes Los Choneros.

El narcotraficante, de 44 años, fue dado por desaparecido el domingo tras evadirse de la prisión de la ciudad portuaria de Guayaquil, donde cumplía condena, justo antes de ser trasladado a un centro de máxima seguridad de la misma ciudad.

En respuesta, el presidente Daniel Noboa, elegido en octubre, declaró a última hora del lunes el estado de excepción durante 60 días: “Se acabó el tiempo para que los condenados por narcotráfico, asesinato y crimen organizado le digan al gobierno qué hacer”.

Noboa, de 35 años, que fue elegido en noviembre con la promesa de acabar con la delincuencia violenta, dijo que su gobierno había dado instrucciones al ejército y a la policía para que tomaran medidas. “No negociaremos con terroristas y no descansaremos hasta devolver la paz a los ecuatorianos”, dijo Noboa en un mensaje publicado en las redes sociales.

En los últimos años, el país sudamericano vivió una pesadilla de violencia, en la que los sucesivos gobiernos se mostraron incapaces de frenar a las facciones del crimen organizado. La desaparición de Macías, una figura influyente que incluso grabó un video musical de “narcocorridos” entre rejas, hizo que las autoridades se apresuraran a averiguar si se había fugado como hizo hace una década de otra cárcel.

Las autoridades penitenciarias ecuatorianas confirmaron la toma de guardias como rehenes en cinco cárceles del país, sin dar más detalles. Videos no corroborados compartidos en las redes sociales mostraban a guardias de prisiones aparentemente retenidos como rehenes por miembros de bandas enmascaradas y armadas con cuchillos, que leían declaraciones idénticas en las que imploraban al presidente Noboa que “velara por sus vidas y su seguridad”.

“Somos padres de familia, cabezas de hogar, que en muchos casos entendemos sus acciones, pero lo amonestamos por no preocuparse por quienes estamos en el campo de batalla, enfrentando las balas”, decía la declaración en los videos, cuya veracidad no pudo ser verificada de manera independiente.

César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, dijo a los medios el domingo por la noche que Macías había desaparecido de su celda y que estaban investigando.

La fiscalía de Ecuador tuiteó el domingo que estaba investigando el caso como una probable “fuga de presos” y añadió el lunes que dos funcionarios habían sido detenidos como sospechosos de ayudar a la fuga de Macías.

Macías cumplía una pena de 34 años desde 2011, condenado por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Se encontraba en la prisión Guayas 4, conocida como La Regional, en Guayaquil, la ciudad portuaria en el centro de la despiadada guerra contra las drogas.

Los Choneros es una de las bandas ecuatorianas consideradas por las autoridades responsables de un aumento de la violencia que alcanzó un nuevo nivel el año pasado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los analistas de seguridad afirman que la banda tiene vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa.

Antes de su muerte, el político dijo que la facción criminal lo había amenazado, pero hasta ahora las autoridades no acusaron directamente a Macías o a su grupo de estar detrás del asesinato de Villavicencio.

Días después del asesinato de Villavicencio, Macías fue trasladado de La Regional a la prisión de máxima seguridad del mismo gran complejo de centros de detención de Guayaquil, pero fue devuelto a la misma prisión de menor seguridad en menos de un mes sin ninguna explicación.

DC