Los hermanos Juan y Patricio Neuss en sociedad con los dueños del grupo Newsan y del fondo Inverlat ganaron este martes la tercera privatización en este gobierno de Javier Milei, el 26,3% de la mayor transportista eléctrica de la Argentina, Transener. Y esta vez lo hicieron tras un fallo informático en la difusión de ofertas que levantó polémica.

A las 10 debían publicarse online las propuestas económicas, que también se habían presentado en forma electrónica 10 días antes. Pero sólo se vieron las de dos de los oferentes: los US$301 millones que ponía Central Puerto, uno de los principales grupos generadores eléctricos del país, propiedad de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (accionista del Grupo Financiero Galicia); y los US$230 millones que apostaba Edenor, la distribuidora de luz de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Pero no figuraba la oferta que se sabía que había presentado efectivamente en conjunto el grupo Edison Energía -sus accionistas son los Neuss, el dueño y el CEO de Newsan (grupo de electrónica fueguina y de los productos de higiene y tocador Procter & Gamble en la Argentina), Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, y los socios de Inverlat (dueños de Havanna), Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai- y Genneia, el conglomerado de generación eléctrica de Jorge Brito, propietario del Banco Macro. Nadie se explicaba por qué, pues ya debía conocerse en simultáneo.

A las 10.40 se cayó la página web de la licitación a cargo de la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, dependiente del Ministerio de Economía, de Luis Caputo. Diez minutos después se levantó y seguían apareciendo sólo dos ofertas. Continuaba faltando una. Se volvió a caer el sistema y a las 11.12 regresó con la tercera oferta de Edison y Genneia por US$356 millones, la ganadora.

Central Puerto y Edenor guardaron silencio sobre lo sucedido. Operan en negocios regulados por el Estado y además compiten con los Neuss por otra privatización, la de Metrogas, por ahora en manos de YPF. Pero observadores del sector energético se dividían entre quienes se sorprendieron y quienes calificaron el episodio de “poco prolijo”. También apuntaban a las relajadas exigencias de antecedentes en el pliego de licitación.

En el consorcio ganador, en cambio, descartaron sospechas: “Imaginamos que fue un error del sistema. Todo se cargó en su momento, hace 10 días, en el sistema de manera encriptada, incluyendo la oferta económica”. En el Gobierno no formularon comentarios. En el comunicado de prensa destacaron que “Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, y opera instalaciones que constituyen la columna vertebral del transporte eléctrico nacional”.

“El nivel de las ofertas refleja el interés del sector privado en invertir en infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino”, continuaron en la Secretaría de Energía. En el sector, sin embargo, llamó la atención lo elevada de la oferta de Edison y Genneia y se preguntaban de dónde obtuvieron el dinero y qué harán después cuando deban invertir en las obras de ampliación y modernización que requiere la red. Los vencedores serán socios del otro controlante de Transener, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

“Con esta etapa, el proceso ingresa en su tramo final y permitirá retirar completamente al Estado de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema previsto en el marco regulatorio eléctrico, donde la prestación del servicio público queda en manos privadas bajo regulación estatal”, continuó Energía. “La adjudicación está prevista para el mes de mayo, conforme al cronograma establecido, completando una instancia central dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina SA (ENARSA).”

No es la primera licitación que gana Edison, un grupo creado hace apenas un año con la compra de las distribuidoras de Jujuy (Ejesa) y Tucumán (EDET), la transportista eléctrica del Litoral (Litsa) y una pequeña generadora mendocina, la de Potrerillos (Cempsa). Pero esa central le sirvió como antecedente en generación para presentarse en las subastas por la concesión de dos de las cuatro hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, Alicurá y Cerros Colorados. En los pliegos se exigía poca experiencia en el sector, lo que sorprendió a algunos oferentes.

También llamó la atención que se extendiera el plazo de presentación de ofertas, de modo tal que después de que la norteamericana AES presentara la suya para retener Alicurá, en el alargue Edison apareció con la suya. Los Neuss y sus socios pusieron US$162 millones, unos 30 millones más que el poderoso grupo energético de EE UU que está siendo adquirido por el fondo de inversión BlackRock. También se quedaron con Cerros Colorados en la contienda con BML, del sojero Manuel Santos Uribelarrea. Después de apostar fuerte por ambas centrales, ahora también les llegará la hora de invertir en su mantenimiento.

Los Neuss ya eran un grupo con inversiones agropecuarias, inmobiliarias y con la distribuidora eléctrica de Río Negro, Edersa, antes de iniciarse este gobierno. Pero estos amigos del asesor presidencial Santiago Caputo han ampliado sus negocios de forma notable en el último año. Sus victorias en las privatizaciones no sorprenden ya en el establishment. Tras aportar en 2023 a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, se han convertido en contribuyentes de La Libertad Avanza y la fundación libertaria Faro, donde opera Santiago Caputo.

En la subasta de la concesión de la hidrovía del río Paraná se los menciona como eventuales subcontratistas de uno de los oferentes, el consorcio de la belga Jan de Nul y la local Servimagnus, de Ricardo Román y su hijo Leonardo, pero no hay prueba alguna que los vincule de forma fehaciente. Su rival en la contienda es la belga DEME, cuyos ejecutivos se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en pleno proceso.

Habrá que ver si realmente este negocio forma parte de la rivalidad interna entre Santiago Caputo, amigo de los Neuss y del director de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responde Menem. En pocos días se conocerá el ganador. En caso de Jan de Nul retenga el negocio que controla desde hace 31 años, será cuestión de indagar a qué empresas subcontrata para tareas que van mucho más allá que la concesión anterior, que se limitaba al dragado y el balizamiento.

AR/CRM

Justo en tiempos en que el consumo, el salario y el empleo retroceden en casi todo el país, la administración de Axel Kicillof suspenderá a partir de mayo y por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas unua caja que mensualmente contiene: una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, leche, levadura y harina, más una lata de tomate triturado, una de lentejas y otra de arvejas.

El MESA es un plan que se creó en 2020 por la pandemia porque los estudiantes no podían recibir la comida de Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero el Estado bonaerense lo mantuvo hasta ahora cuando regresaron las clases en 2021.

La decisión de la suspensión radica en que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, la Nación dejó de financiar un tercio del SAE, como había hecho la gestión de Mauricio Macri. Dos años y medio después, Kicillof argumenta que ya puede seguir sosteniendo al mismo tiempo los comedores en colegios y las cajas de alimentos. Por eso ahora corta con el MESA.

Desde la Provincia aseguran, sin embargo, que para evitar un colapso social, se reforzará en un 30% (unos $13.000 millones mensuales más) el presupuesto del SAE, que alcanza a más alumnos, unos 2,5 millones -es decir, no todos recibían el bolsón-. De este modo, recibirán en las instituciones educativas desayuno, almuerzo y merienda.

Preocupación

Pero hasta los intendentes peronistas están preocupados porque el MESA no sólo alimentaba a los niños sino a sus familias. Por eso, marcharán este miércoles al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para reclamar ayuda. La cartera de Pettovello respondió que “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas”.

Las luces de alarma son varias. Hasta el economista favorito de Milei, Ricardo Arriazu, alertó la semana pasada que el modelo libertario destruye empleos en el conurbano bonaerense y eso puede implicar un riesgo social y político para su futuro.

Claro que si “explota” el Gran Buenos Aires tampoco le favorece a las ambiciones presidenciales de Kicillof. Conciente del clima que atraviesa la población, al mismo tiempo que suspendió el MESA, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza Andrés “Cuervo” Larroque, no sólo reforzó el SAE sino también la atención a los hogares sin niños, cada vez más habituales ante la caída de la natalidad.

En ese sentido se duplicó el Módulo Alimentario Territorial (MATE) que envía a los municipios y elevó 25% el presupuesto de los programas sociales, incluidas las Unidades de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 14 años, el programa Envión para jóvenes de 12 a 21 años, las ayudas a personas mayores y a las de discapacidad, entre otros.

Es decir, por un lado se suspende el MESA, que requería $200.000 millones entre mayo y diciembre, según declaró la subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, Bernarda Meglia, a Infobae. Por otro, aumentan el presupuesto del SAE en $104.000 millones de acá a fin de año, el del MATE a municipios en 13.200 millones de pesos y el de otros 18 programas sociales en 19.695 millones de pesos; es decir, un total de 136.895 millones. Por tanto, entre sumas y resta, el ajuste alcanza los $63.000 millones.

En la provincia detectaron que la demanda de alimentos en municipios y comedores se duplicó en el conurbano y se quintuplicó en el interior bonaerense desde que comenzó el gobierno de Milei por el mayor desempleo, la caída de ingresos y el recorte de políticas nacionales. Detectaron familias endeudadas para comer.

“Ahora la provincia y los municipios tienen una demanda multiplicada en sectores que antes no demandaban tanto: jubilados, discapacidad, embarazadas, lactantes”, comentan en el gobierno bonaerense, en alusión a algunas poblaciones que sufrieron la motosierra de Milei.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, envió la semana pasada una nueva queja a su par nacional, Luis Caputo, porque le restringe el acceso a un financiamiento que la provincia tuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2020 y 2024 para costear programas sociales.

Sin la autorización de la Nación, los estados provinciales no pueden conseguir este tipo de crédito de organismos multilaterales. También hay reclamos judiciales por deudas del Estado nacional al bonaerense.

AR/MC

Argentina ardía en 2002 tras aplicar la receta económica dictada por el Consenso de Washington en los 90 y el economista surcoreano pero doctorado y profesor de la Universidad de Londres Ha-Joon Chang publicaba su primer best-seller, Patear la escalera. Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer, en el que explicaba que las naciones ricas se habían desarrollado con políticas industriales que después habían desaconsejado al resto del mundo. En 2010 vendría otro éxito editorial, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Ahora la editorial Granica ha vuelto a publicar Patear la escalera en castellano y su autor, uno de los principales referentes de la heterodoxia económica mundial, dialogó por Zoom con elDiarioAR desde la capital británica, antes de un viaje de visita a su Seúl natal.

–Por qué Patear la escalera, sigue siendo relevante después de más de 20 años?

–Escribí este libro en 2001. Se publicó en 2002. Y ese fue literalmente el punto más alto del neoliberalismo. En los 80, los programas de ajuste estructural empezaron a afectar a casi todos los países en desarrollo. Los obligaron a liberalizar su comercio. Muchos abrieron sus mercados de capitales. Privatizaron empresas estatales y desregularon varios mercados, como el laboral e industrial, y así sucesivamente. Luego vino el colapso del bloque soviético a principios de los 90. Y entonces se declaró el “fin de la historia”, se lanzó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y sí, estas políticas neoliberales estaban arrasando el mundo. Pero yo estaba muy desconcertado porque sabía que muchos de estos países ricos, Estados Unidos, Japón, Corea, que luego promovían el libre comercio, la libre inversión y demás, habían usado altos niveles de proteccionismo, subsidios, regulaciones sobre empresas extranjeras, etc. Y muchos de ellos también usaron empresas estatales de manera muy intensiva para desarrollar sus economías. Y estos países argumentaban que los países en desarrollo no debían hacer lo mismo. Entonces empecé a investigar la historia del capitalismo más a fondo. Y la evidencia no era difícil de encontrar. No es que tuve que hackear alguna base de datos secreta en el sótano del FMI (Fondo Monetario Internacional) o viajar a un monasterio italiano en los Alpes para leer manuscritos del siglo XVIII. La evidencia estaba ahí. De hecho, encontré mucho más de lo que esperaba porque me di cuenta de que Gran Bretaña había sido mucho más proteccionista de lo que pensaba. Estados Unidos fue la economía más protegida del mundo durante 120 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente descubrí que todos los países ricos de hoy, en combinaciones ligeramente diferentes, se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar. Luego encontré un pasaje en el libro del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien decía que los ingleses les pedían a alemanes y estadounidenses adoptar el libre comercio. Pero cuando mirás la historia inglesa, llegaron a donde estaban, esto es mediados del siglo XIX, usando un grado muy alto de proteccionismo, subsidios y otras formas de política industrial. Es como alguien que sube hasta la cima y luego patea la escalera para que otros no puedan seguirlo. Ahora soy un país fuerte que se beneficia del libre comercio, que no necesita proteccionismo. Así que ahora les digo a otros países que no usen estas políticas.

–Pero hoy el mundo vuelve al proteccionismo...

–Hoy esto es aún más relevante, irónicamente, por Donald Trump. Hasta hace poco, los países ricos fingían que se desarrollaron con libre comercio, libre mercado. Y aún intentaban persuadir a los países en desarrollo de no usar proteccionismo ni subsidios. Pero ahora estos países están desesperados porque China los alcanzó mucho. Quiero decir, ahora es competitiva en todas las industrias. En algunas industrias podrías argumentar que incluso están por delante de los países occidentales. Ahora, los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Así que ahora ni siquiera pueden ser hipócritas porque tienen que usar estas políticas. Estamos viviendo un momento muy interesante porque estos países contaron mentiras sobre su propia historia. Probablemente muchas personas de esos países ni siquiera sabían que estaban mintiendo porque siempre creyeron en esa historia mítica en la que todo se hacía por la mano invisible y el libre mercado y libre comercio. Ahora se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos, necesitan estas políticas. Aunque, en mi opinión, la forma en que lo están haciendo no va a tener éxito.

–¿Por qué no van a tener éxito?

–Hay diferentes razones para diferentes países. En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en EE.UU. para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad.

–¿Cuál sería una política industrial adecuada?

–La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona. Tenés que elegir sectores específicos que querés desarrollar y luego brindarles apoyo dirigido. En algunos casos puede ser protección. En otros casos, tal vez no querés esa protección, pero subsidiás directamente a la empresa, directa e indirectamente, invirtiendo más en investigación y desarrollo básico que cree nuevas tecnologías que estas empresas puedan usar. Deberías proveer la infraestructura adecuada para la industria. Si estás invirtiendo en construcción, en lugar de construir apartamentos de lujo, deberías construir carreteras, puertos, etc. para apoyar tus industrias. Deberías invertir en formación de trabajadores, educación, ciencia básica. Necesitás una estrategia coherente. En este momento, la estrategia en EE.UU. es totalmente aleatoria. Protegemos a todos y vemos quién se beneficia. Esto es exactamente el tipo de protección que Estados Unidos criticaba a países como Argentina. Sustitución de importaciones: ponés protección general y esperás que algo pase. Algo pasa, pero no es tan efectivo como una política muy focalizada con condiciones. Si recibís protección, si recibís subsidios con dinero de los contribuyentes, tenés que rendir cuentas. Por eso la política industrial en países como Japón, Corea, China ha sido muy exitosa: no solo proveen protección y dinero, sino que ponen condiciones sobre lo que tenés que hacer.

–Mientras el mundo se vuelve proteccionista, Argentina está abriendo su economía. ¿Cuál es su opinión sobre el experimento libertario de Milei, que todo el mundo está mirando?

–Desgraciadamente, en la historia no hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei. Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona. No existe un país que se haya hecho rico a través de estas políticas liberales. Cuando digo esto, la gente dice: “Pero ¿qué pasa con países como Singapur?”. Bueno, déjenme decirles sobre Singapur. Tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda, y más del 20% del PBI es producido por empresas estatales. Y dicen: “Singapur tiene bajos impuestos”. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Pero también tiene este esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud, educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos. Porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Decime si hay alguna otra economía que haya tenido éxito por esta ruta. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda. Si el bajo impuesto a las ganancias de las empresas fuera tan bueno, ¿por qué no todos van a invertir a Paraguay? Porque allá el impuesto a las ganancias corporativas es del 10%, el impuesto a las ganancias personales también. ¿Por qué no se mudan todas las empresas ricas del mundo allá? El problema es que hay que hablar del valor de los servicios gubernamentales. En Paraguay podés pagar bajos impuestos, pero lo que recibís a cambio no es tan bueno. Infraestructura pobre, seguridad no tan buena, trabajadores no muy bien capacitados. Muchas empresas prefieren pagar 30% de impuesto a las ganancias corporativas y hacer negocios en Alemania. Esta idea de que cuanto menos gobierno, mejor, es absurda. Hay que debatir exactamente qué debería hacer el gobierno. ¿Debería gastar más en investigación y desarrollo o infraestructura? ¿O enfocarse en aumentar la productividad en el sector biotecnológico o ayudar a las pymes exportadoras? Las experiencias históricas son muy claras: el gobierno hace estas cosas, sea una política industrial más agresiva como en Corea o China, o incluso las más pasivas, proporciona todos estos insumos públicos: ciencia, investigación y desarrollo. Durante los 50, 60, hasta los 80, dos tercios de la investigación y desarrollo americana estaba financiada por el gobierno americano

–El libre comercio no funcionó en Argentina en el pasado, pero tampoco una economía muy cerrada...

–Exacto. No estoy a favor de tener el tipo de economía cerrada que tenía Argentina. El punto es que si sos un país en desarrollo, necesitás generar suficientes exportaciones para desarrollar la economía porque necesitás importar máquinas, tecnologías, insumos intermedios inteligentes para crecer y desarrollar tu economía, porque no producís esas cosas. Necesitás divisas. Desgraciadamente, países como Argentina no desarrollaron la capacidad de exportar más allá de commodities primarios, cuya demanda siempre fluctúa y no crece muy rápido a largo plazo. Por eso Argentina sigue teniendo crisis macroeconómicas cada vez que empieza a crecer un poco. Porque una vez que comenzás a crecer, absorbés todos esos insumos. Necesitás máquinas para el sector agrícola, fertilizantes. Si querés construir una industria manufacturera, necesitás importar nuevas máquinas y tecnologías, pagar consultorías técnicas, traer gente para enseñar habilidades avanzadas a tus trabajadores, etc. Y no generás suficientes divisas para pagar esas cosas. Así que apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos. Y para resolverla imponés políticas de austeridad, que pueden bajar la inflación por un tiempo, pero apenas la economía empieza a crecer, tenés el mismo problema.

–Acá en Argentina la gente ahora tiene esperanza en la minería, petróleo y gas de Vaca Muerta, que pueda resolver el problema de falta de divisas y todos los problemas...

-En el corto plazo puede ayudar. Pero acordate que el petróleo va a ser un activo varado. El mundo, guste o no a Argentina, está haciendo una enorme transición hacia energías verdes. Especialmente con la última guerra con Irán. Los países se dieron cuenta de que depender de combustibles fósiles es muy riesgoso, incluso si no creés en el cambio climático. La demanda de petróleo va a bajar. Hay enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías de energías renovables. Petróleo y gas se usan como insumos industriales más que como fuentes de energía. Para hacer fertilizantes artificiales usás gas natural, carbón coque para acero. Pero ahora hay mucha investigación y nuevas tecnologías para hacer estas cosas sin combustibles fósiles. ¿Pensás que para Argentina tener litio es genial? Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar. No podés depender de estas cosas. Y encima estos sectores basados en recursos naturales tienen inherentemente bajo crecimiento de productividad.

–¿Por qué tantos ricos están fascinados con Milei en países desarrollados?

-El neoliberalismo, el libertarianismo son sistemas buenos para los ricos, especialmente los súperricos. En los países ricos, los súperricos quieren instalar el tipo de sistema que está instalando el señor Milei porque se beneficiarían más. Desgraciadamente, en los países ricos hay resistencia a estas cosas porque hay partidos de izquierda, aunque en declive, que todavía son fuertes comparados con los de países en desarrollo. Y hay derechos sociales más establecidos en educación, salud, servicios básicos. Entonces les cuesta implementar estas reformas que quieren. Y ahora hay este hombre que lo está haciendo. Claro que quieren que tenga éxito para decirle a su gente: “Mirá, el señor Milei lo hizo. Deberíamos hacerlo en nuestro país también”. Pero América Latina siempre ha sido el laboratorio experimental para estas políticas. El primer régimen neoliberal se instaló en Chile, luego la dictadura argentina lo siguió, después de experimentar allá lo llevaron a EE.UU., Europa. Están repitiendo lo mismo otra vez.

AR/CRM

Se suele esgrimir y con razón que en una economía cerrada los empresarios locales cazan en el zoológico, es decir, venden los productos que fabrican acá al precio que se les antoja porque total no hay competencia extranjera. Pero cuando se abre la economía, como está ocurriendo en estos dos años y medio de gobierno de Javier Milei, esos hombres de negocios cada vez más se reconvierten en importadores y cierran parcial o completamente su producción criolla. Es decir, ellos continúan haciendo negocios en un mercado que ya de por sí controlaban y los que dejan de ver un mango son sus empleados despedidos. Pero no sólo eso: además aprovechan esa posición dominante para vender los productos extranjeros hasta siete veces más caro de lo que los compran, es decir, con una alta rentabilidad, según un estudio del economista Gustavo García Zanotti y el sociólogo Martín Schorr en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

“Los ejemplos son contundentes”, citan los autores. “En Lumilagro, un termo con costo de importación de $8.178 se vende a $44.000 sin impuestos: 5,4 veces más. En Essen, una cacerola con costo de importación de $50.055 se ofrece a $384.000: 7,7 veces más. En Easy, una silla plegable con costo de importación de $4.230 se vende a $32.000: 7,6 veces más. Y en Adidas, una zapatilla con costo de importación cercano a $26.790 se comercializa a $100.000: 3,7 veces más”, advierten este economista de la Universidad de Rosario y el sociólogo que trabaja en la Universidad de San Martín, ambos investigadores del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los expertos tomaron los precios de cada importación, incluido el flete y el seguro para llegar a la Argentina, a partir de una base de datos que releva las transacciones registradas en la Aduana, les sumó el costo del arancel para bienes extranjeros y la tasa de estadística que abonan y ese resultado final fue comparado con el valor al que se ofrece en las páginas web oficiales de las empresas correspondientes menos el IVA, dado que eso no es parte de la ganancia. Relevaron productos bien diversos de marcas conocidas, como artículos de cocina, autos, electrodomésticos, calzado, muebles, celulares, alimentos e higiene, pero a la hora de la conclusión destacaron los casos de mayores rentabilidades entre costos de importación y precio final, como la bonaerense Lumilagro, que despidió a 170 empleados en este gobierno, aunque sigue fabricando acá la mitad de los termos; la santafesina Essen, que echó a 30, aunque asegura que sólo importa el 2% de las cacerolas; la chilena Easy, que más que cuadruplicó las cantidad de sillas y muebles importados entre 2023 y 2025, y la alemana Adidas, cuyo proveedor brasileño Dass cerró su planta en Coronel Suárez (sur de la provincia de Buenos Aires) y dejó en la calle a 360 personas.

Sólo Lumilagro respondió a la consulta de elDiarioAR. Lo hizo el propio dueño, Martín Nadler, el mismo que se hizo famoso hace unas semanas porque ante un usuario de redes sociales que reclamó por los despidos le contestó: “¿Ustedes qué opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad?”. Después borró el mensaje.

“Así funciona el capitalismo”

“La importación está totalmente liberada. Si hubiera rentabilidades extraordinarias, todo el mundo importaría hasta llegar a un equilibrio de mercado. Así funciona el capitalismo”, respondió Nadler a este cronista. “Nuestra contribución marginal, al igual que la mayoría de los importadores, está entre el 10 y el 20%. Esto es una tasa normal en cualquier mercado del mundo. Del precio al que nosotros vendemos al mayorista, se multiplica por tres para llegar al público”, aseguró. Según él, hay que tener en cuenta el impuesto provincial a los “ingresos brutos, los costos logísticos internos, el almacenamiento, la distribución, la estructura comercial, los márgenes de mayoristas y minoristas, además de los costos fijos propios de operar en el país”.

Cuando se le aclara que no se toman en cuenta los precios ofrecidos en mayoristas o minoristas sino la propia web de Lumilagro, Nadler contesta: “La rentabilidad que tenemos vendiendo en Mercado Libre o en nuestro shop respecto de la que tenemos vendiendo a mayoristas es muy similar porque Mercado Libre tiene comisiones altísimas, porque ellos con lo que vos les pagás tienen que hacer la distribución hasta la ultima milla, más allá de la rentabilidad que ellos tienen. Además de los costos que te cobran por transacción, que son altos en comparación con la región. Nosotros tenemos que mandar las cosas al depósito de ellos, envolver uno por uno cada producto con un estuche especial, manejar la venta online con los costos que tiene... porque para que te compren por Mercado Libre vos tenés que hacer una publicidad”. En su página web, Lumilagro también contrata el servicio de cobro de Mercado Pago y el correo le cuesta parecido que en la empresa de Marcos Galperin.

Essen, Easy y Adidas no respondieron a este diario. García Zanotti y Schorr también analizaron los casos de las fabricantes de lavarropas Whirlpool –que cerró su fábrica en Pilar– y Siam –del grupo Newsan, que multiplicó por 39 la cantidad de unidades importadas entre 2023 y 2025–; los celulares de este grupo propiedad de Rubén Cherñajovsky –en el primer bimestre de 2026, ante la eliminación de aranceles decidida por Milei, despidió a 45 empleados y suspendió a 70 en Tierra del Fuego mientras importó 498.000 teléfonos, contra ninguno de 2023 y 2.000 de 2025–; la automotriz china BYD, la francesa Peugeot Citroën, las alimenticias Mondelez, de EE.UU., y Nestlé, de Suiza, y el supermercado Coto.

Cazar en el zoológico

“En todos los casos relevados aparece una misma tendencia: más importaciones de bienes finales, menos producción local y deterioro del empleo industrial”, señalan los autores. “Esta reconversión viene acompañada por despidos, suspensiones, cierres de plantas, levantamiento de líneas de producción y reemplazo de fabricación nacional por mercadería importada. Pero el dato decisivo es que esta estrategia no implica resignar rentabilidad. Por el contrario, los bienes importados llegan al consumidor final con precios muy por encima de sus costos de importación, lo que permite sostener márgenes brutos muy elevados”, añaden.

“Es decir, la apertura importadora no sólo acelera el desplazamiento de producción local, sino que además habilita un esquema en el que grandes firmas reemplazan actividad industrial por importación y comercialización con altos márgenes”, advierten los investigadores del IPyPP. “En ese marco, la desindustrialización no aparece como un efecto colateral, sino como parte de una reconfiguración empresaria que erosiona capacidades tecnoproductivas acumuladas durante décadas y debilita el mercado interno al destruir empleo e ingresos. En síntesis, la apertura importadora no sólo desplaza producción nacional, empleo y capacidades industriales: también consolida una forma de rentabilidad basada cada vez menos en producir y cada vez más en importar y comercializar con amplios márgenes”, completan.

Justo esta semana, al mismo tiempo en que se publicaba el estudio, el ministro de Economía, Luis Caputo, elogiaba a Lumilagro y contrastaba su caso con la fabricante de neumáticos Fate. Consideraba que ante la apertura importadora la empresa de Javier Madanes Quintanilla había cerrado su planta, mientras que la de Nadler había comenzado a importar parte de su oferta, pero mantenía otra parte en su fábrica de Tortuguitas. Y señaló que antes estos industriales como el resto cazaban en el zoológico, pero que ahora deben adaptarse a la competencia extranjera y eso favorece a los argentinos que pagan menos por los termos, las gomas y demás bienes.

García Zanotti pone en duda su afirmación. “Antes cazaban en el zoológico porque había proteccionismo y podían vender al precio que quería, ¿pero eso cambió en parte con las importaciones? Puede ser que algo cambió, pero tampoco cambió mucho en el sentido de que estas empresas siguen formando precios porque son grandes y controlan los canales de comercialización”, comenta el economista rosarino.

El otro punto es que “todas estas empresas dependen del mercado interno –una de las pocas excepciones es Essen, que exporta el 30% al resto de Latinoamérica– y hay una paradoja porque tienen un techo en su crecimiento porque al despedir el conjunto de las firmas industriales están atentando contra la demanda local, hay menos empleos, menos ingresos y, por tanto, las compañías van a ganar menos en un futuro”. “Si bien importar barato y vender caro es un beneficio de corto plazo, en el largo se les puede venir en contra”, concluye.

El Presidente y su gente repiten que es mejor que entre un producto importado más barato, aunque destruya algunos empleos, porque la mayoría de la población podrá gastar menos y destinar el sobrante a otros consumos. Efectivamente, hay un efecto sustitución por el bien más económico y un efecto ingreso, es decir, que el mismo salario mejora su poder de compra. Pero uno de los padres de la economía, François Quesnay, en el siglo XVIII elaboró la teoría del flujo circular de la renta, que consiste en que el gasto de uno es el ingreso de otro. Vale decir que si los trabajadores despedidos de Fate, Lumilagro, Essen, Newsan y de tantas otras empresas dejan de contar con ingresos, gastarán menos y otros también contarán con menos entradas. Es decir, los bienes costarán más baratos –de hecho, la ropa está a un tercio del valor que en 2023 y los electrodomésticos, a la mitad–, pero los argentinos en conjunto tendrán menos plata para comprarlos. Los que ganan: los empresarios importadores y las compañías y los trabajadores sobre todo de China, la fábrica del mundo con la que casi nadie puede competir y que opera con un capitalismo de fuerte intervención estatal.

AR/MG

Javier Milei encabezó esta semana la Argentina Week en Nueva York para promover la inversión en Argentina. Llevó para ello a un inédito pelotón de grandes empresarios, todos vinculados a los sectores que pretende fomentar. Ya en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias 2026 del Congreso los había identificado: minería, agroindustria y energía, que serviría para abastecer a la petroquímica, la siderurgia, el aluminio y los data centers. Los inversores ya de por sí interesados en los recursos naturales ratificaron sus intenciones, según fuentes de dos de los principales bancos norteamericanos. El problema radica en que diversos estudios académicos evidencian que sólo con las materias primas no alcanza para despegar al desarrollo que promete el presidente.

En la banca estadounidense destacan que la Argentina ha vuelto a tener una semana de negocios en la ciudad central del capitalismo, como la tienen otros países emergentes, y valoran los cambios introducidos por Milei con el apoyo de la voluntad popular. Sin embargo, advirtieron que su discurso contra el principal millonario de la Argentina, el siderúrgico, constructor y petrolero Paolo Rocca, despertó dudas, lo mismo que la ratificación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que continuarán los controles remanentes del cepo cambiario a empresas; la salida de capitales especulativos de naciones riesgosas como la Argentina por la guerra de Irán y la incertidumbre sobre el futuro político de proyecto libertario si se repiten escándalos que dañan su reputación como el nuevo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en los bancos rescatan que la Argentina tiene recursos naturales que el mundo necesita. ¿Pero qué precisa el país para convertirse en desarrollado, como Irlanda, Alemania o EE UU, los que ha mencionado Milei? El mes pasado, los economistas e investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrés López y Juan Carlos Hallak publicaron un paper titulado El lugar de Argentina en el mundo más allá de los recursos naturales: las oportunidades de agregación de valor a través de la diferenciación de productos y servicios que advierte que “la posibilidad de explotar intensivamente los recursos hidrocarburíferos y minerales disponibles en el país a partir de la esperada estabilización macroeconómica ha alimentado la ilusión de que dicha explotación constituirá la base de un crecimiento económico sostenido”, pero “nuestra disponibilidad de recursos naturales, presente y futura, no es tanta como la de países de referencia, como Australia, Noruega y Canadá”, que son presentados como modelos de naciones que con su riqueza en estos rubros han podido dar el salto a sociedades de altos ingresos.

¿Sobre qué se basan López y Hallak para su afirmación? Sencillo: calcularon cuánto sumaron por habitante las exportaciones de materias primas agrícolas, mineras y petroleras en 2023. En el caso de la Argentina, US$1.200 per cápita, sobre un total de US$60.000 millones en estos sectores. Calcularon cuánto podrían crecer con el continuo crecimiento de Vaca Muerta, que aceleraría cuando se exporte gas en barco, y con la minería, una vez que los proyectos del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) estén produciendo: para 2030 se sumarían US$40.000 millones y el ratio por argentino llegaría a US$2.000. Con un optimismo que estos dos economistas llaman exagerado, podrían agregarse otros 40.000 millones para 2035 y elevar la cuenta por persona a 2.900. Pues se trata de niveles alejados de la riqueza natural por habitante de los países desarrollados.

La petrolera Noruega exporta US$29.300 por noruego. La minera Australia, 13.000 por australiano. La también minera Canadá, 7.300 por canadiense. Nueva Zelanda, 5.000 millones. Suecia, 4.000 millones. Chile, que no ha salido de la llamada trampa de los países de ingresos medios para alcanzar el desarrollo, 3.500, es decir, más que el nivel que López y Hallak consideran “exagerado”.

“Es obvio que estos nuevos recursos mineros y energéticos son bienvenidos desde el punto de vista macroeconómico, ya que van a ayudar a aliviar a las restricciones al crecimiento que han venido acosando aun país como el nuestro, con acceso todavía restringido al mercado internacional de capitales”, celebran López y Hallak. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que la riqueza natural de las naciones no lleva automáticamente a buenos desempeños en materia económica y social. Guinea Ecuatorial, Irak, Gabón, Turkmenistan o Irán, por ejemplo, se destacan por susa bundantes recursos naturales, pero distan de ser ejemplos exitosos de desarrollo. En cambio, los países avanzados que disponen de grandes stocks de recursos naturales han logrado administrar de manera eficaz los dilemas o conflictos macroeconómicos e institucionales que pueden emerger de explotar dichos recursos, distribuir de manera relativamente equitativa los ingresos que generan e invertir las rentas resultantes en actividades que contribuyen a objetivos de crecimiento y mejora del bienestar. Adicionalmente, usualmente han implementado políticas de desarrollo productivo orientadas, por ejemplo, a promover encadenamientos o derrames de conocimiento en torno a las actividades basadas en recursos naturales”, señala el documento.

Uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, coincide con la opinión de López y Hallak. “Es una gran oportunidad para la Argentina sumar a la energía y a la minería al set o conjunto de sectores que empujan la productividad y el crecimiento a largo plazo, junto a la agroindustria. ¿Eso alcanza, no alcanza? Uno tiene que referenciar si eso permea y difunde a la productividad del resto de los sectores de la economía. La pregunta es si el índice de difusión del shock positivo que uno está viendo ahora en energía, que va a estar viendo con más fuerza en minería, agregado al del sector agropecuario, alcanzan a los dos tercios del conjunto de los sectores de la economía.”

“¿Cuándo la Argentina tuvo esto en el pasado?”, se pregunta Navajas. “Lo tuvo solamente en dos instancias. Hay un período que es la década del 60, cuando la Argentina tenía política industrial, hacía mal o bien, pero era lo que se usaba en esa época y empujaba un proceso de industrialización. Eso sabemos que hoy no está presente por varias razones, ni en la Argentina ni en otras partes del mundo. El segundo periodo es la década del 90. La Argentina se estabiliza macroeconómicamente, se da un conjunto de cambios y el crecimiento de la productividad del sector petrolero y gasífero, sobre todo con un descubrimiento de recursos convencionales de una década anterior, en Loma La Lata, que está justo justo arriba de Vaca Muerta. La Argentina tiene tanta suerte que los depósitos de Vaca Muerta están situados abajo y entonces usan la misma infraestructura que lo que usaba Loma La Lata. Ahí la Argentina logró tener un índice de difusión muy alto, merced también a que hizo una apertura de la economía, pero una apertura sin China, a un mundo más multilateral que el de ahora. Otra cosa que tuvo la Argentina en ese momento fue un fenomenal empuje de la infraestructura, que no está presente ahora.”

Navajas reconoce que ahora el país “tiene un empuje de productividad más alto en energía y minería” que en los 90, “pero no tiene empuje de infraestructura”. Admite que hay un “empuje de reformas económicas, como desregulación sectorial, reforma laboral, que llevan tiempo, pero ”la apertura se da en un contexto internacional diferente porque ahora está China ahora, por lo que es un juego de productividad relativa“. Es decir, abrir la economía ahora puede, en lugar de forzar una mejora en la productividad local, derivar en cierres frente a la competencia asiática.

López y Hallak recuerdan que los países que saltaron al desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, China, España, Portugal e Irlanda, se basaron exportaciones de bienes y servicios que a su vez fueron cambiando hacia sectores de mayor productividad. “Por ello, argumentamos que el crecimiento sostenido de nuestra economía debería estar basado en un patrón de inserción internacional más complejo y sofisticado, que aproveche las oportunidades de agregación de valor que ofrece la diferenciación de productos y servicios. A la vez, mostramos que el camino propuesto no parte de cero, sino que ya existe una estructura productiva en el país capaz de innovar y exportar productos y servicios diferenciados en un amplio abanico de sectores pertenecientes tanto al agro como a la industria y los servicios”, escriben los investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los investigadores citan una gran cantidad de ejemplos que debería potenciarse para dar el salto exportador al desarrollo. Eso incluye productos y servicios diferenciados:

Los autores también dan ejemplos en biotecnología, industria nuclear y espacial, bioeconomía, proveedores de los sectores de hidrocarburos y minerales, así como productos derivados de estos con mayor valor agregado, desde fertilizantes hasta la posibilidad de elaborar material catódico para baterías.

AR

Javier Milei reforzó este domingo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso su regreso al discurso agresivo, pero lo hizo contra una oposición peronista y contra un par de grandes empresarios industriales a los que pegarles le rinde en términos populares. Pero más allá del acierto político del Presidente, incurrió en diversas falsedades o medias verdades a la hora de describir lo que es la materia que en teoría más debería dominar, la economía.

“La tasa de desempleo cayó, aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta”, sostuvo Milei ante los diputados y senadores. Pero el Instituto de Estadística (Indec) informó hace pocos días que la desocupación alcanzó el 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último medido, es decir, casi un punto más que el 5,4% que en el mismo periodo de 2023. Si bien se recupera el empleo, lo que se crean son puestos de trabajo en la economía informal. Y eso que el jefe ultra promete que la reciente reforma laboral viene a solucionar el problema que dejó el gobierno anterior de que la mitad de los trabajadores se empleasen sin registro, sin derechos.

Milei también señaló que en la administración peronista los jóvenes se iban de la Argentina. Es cierto que eso ocurrió bajo la presidencia de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vice y Sergio Massa como último ministro de Economía. Pero ocultó que bajo su gobierno también se emigra. No hay datos oficiales de argentinos en el exterior, pero España -principal destino- mide cuántos compatriotas viven allá: por la crisis de 2001 aumentaron 46% en tres años; en los 12 años de kirchnerismo, otro 41%; en el gobierno de Mauricio Macri, un 36%; en el de los Fernández saltaron 62% y en los primeros dos años de Milei se incrementaron otro 15%.

“Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal ni default en 100 años”, destacó el jefe de Estado que vino a destruirlo. Recordó que desde el primer mes de gobierno terminó con el rojo de las cuentas públicas y que lo hizo cortando 30% el gasto y sin subir impuestos sino bajándolos 2,5% del PBI. Se olvidó de señalar que la mayoría de esas rebajas tributarias se orientaron a los más ricos, desde la de Bienes Personales a la reciente de los autos de lujo, no al IVA que pagan por igual los que más y menos tienen.

Eso sí, insistió con que “los impuestos son un robo”. La pregunta es entonces por qué aún la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sigue cobrándolos. O con qué dinero se pagaría entonces a los acreedores de la deuda argentina, cómo se abonaría su sueldo de Presidente y los de los demás empleados públicos o cómo se financiaría las fuerzas de seguridad, las armadas o la Secretaría de Inteligencia, áreas a las que ha dado prioridad.

Inflación y crecimiento económico

“Hemos triplicado el salario en dólares”, fue otra de las afirmaciones polémicas del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no aclaró es que el costo de vida en moneda norteamericana aumentó aún más que el sueldo y por eso el poder de compra está peor que lo mal que se encontraba en el gobierno anterior. El Presidente destacó que su equipo económico salvó a la Argentina de la hiperinflación, pero tampoco pudo referirse demasiado en el nivel actual del índice de precios al consumidor (IPC), que viene subiendo mes a mes desde mitad de 2025 y apunta a seguir haciéndolo en febrero último.

Milei sostuvo que la economía creció en sus primeros dos años de gobierno porque comparó sólo los meses de diciembre. Pero se olvidó de contar lo que pasó en los otros 11 meses de 2024 y 2025. En 2024 cayó 1,8% y el año pasado se recuperó 4,4%, después de dos de caída, y con evolución dispar de los sectores. Pero al Presidente le interesan sólo algunos, los que nombró este domingo, como minería, energía, las industrias pesadas que dependen de ella –aunque esté enfrentado con sus dueños–, el campo, la agroindustria y los data centers, a los que aspira atraer a la Patagonia más allá de su impacto ambiental.

“Hoy volvemos a mirar el futuro con esperanza. Estamos haciendo cosas que llevábamos décadas pendientes”, apuntó a la flexibilización laboral, aunque ni mencionó nada de una reforma tributaria integral. Sólo una vaga promesa de disminuir las retenciones al campo en la medida en que las cuentas públicas lo permitan. Calificó a la anterior ley de convenios colectivos de trabajo como un “delirio aprobado hace 50 años y dejo a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Según su opinión, ahora la norma quedó “en línea con la economia con la mayor transformación de la historia”. En eso no mintió, pues el giro del proteccionismo a la apertura es radical.

“No sorprende que haya personas siniestras que, en nombre de la industria nacional, defiendan el proteccionismo desmedido. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de perjudicar a los argentinos de bien”, disparó Milei después de semanas vapuleando a los dueños del grupo Techint, Paolo Rocca, y de la cerrada fabricante de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Milei negó que haya una “apertura indiscriminada”, acusó a la oposición de defender a los empresarios que “cazaban en el zoológico” porque de ellos cobraban coimas. “Por eso defienden tanto a Piedrita, a Chatarrín de los Tubitos Caros”, volvió contra Rocca.

“¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero US$4.000, cuando se paga 1.400; y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? No, ustedes son políticos corruptos que les venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”, apuntó a Rocca y el peronismo, con el que también se enfrentó.  “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, atacó a Madanes “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica 50 dólares, cuando la importada cuesta 5?”, disparó a los textiles, que también cierran fábricas. Lo que está claro es que los millonarios seguirán siéndolo y los que más pierden son los obreros despedidos.

No puso fecha, pero Milei prometió que generalizará las rebajas de impuestos y aranceles a la importación que ya rigen para ciertos sectores del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La duda es si llegará a tiempo para evitar el colapso de los excluidos de esos beneficios. Y cómo se financiarán educación, salud y otras funciones básicas del Estado si cada vez se cobran menos gravámenes.

En su discurso mencionó algunos logros como el aumento de la asignación universal por hijo (AUH), la reversión del déficit de Aerolíneas y las inversiones por US$25.000 millones en marcha por el RIGI. Aseguró que para crecer se necesita del equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva –calificó a Luis Caputo como “mejor ministro de Economía del mundo” en otra de sus habituales exageraciones–, la desregulación de la economía –celebró a su ministro del área, Federico Sturzenegger, por sus 14.000 reformas, aunque muchas de ellas hayan tenido bajo impacto–, la inversión en capital humano –más allá del ajuste en educación– y la apertura comercial. “Restringir el comercio está mal”, sermoneó Milei, a pesar de su incondicionalidad con Donald Trump, el paladín del proteccionismo, sobre todo contra China, capaz de producir casi todo mejor y más barato en condiciones sindicales jamás vistas en países democráticos.

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El primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores y trabajadoras. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria.

El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.

La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo.

El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.

Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.

Un tablero político en movimiento

Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo.

Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.

Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.

Los puntos más sensibles en la discusión de la iniciativa gubernamental incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al FAL. También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.

Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.

JJD, con información de NA

El Senado votó un Presupuesto 2026 basado en números que difícilmente se cumplan, de acuerdo con los pronósticos de bancos y consultoras nacionales e internacionales. El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, previeron ingresos basados en la que la economía crecerá 5% y en que la inflación finalice el año próximo en sólo 10%. Además, calcularon los recursos sin prever que la flexibilización laboral que se discutirá en febrero prevé rebajas impositivas a empresas y consumos de lujo o que la Cámara de Diputados iba a insistir con los gastos extra de las leyes de discapacidad y universidades.

A principios de diciembre, la consultora española FocusEconomics, que releva predicciones sobre todo el mundo, preveía que la Argentina creciera en 2026 un 3,1%, como consenso del mercado. Sólo el banco suizo UBS y el británico EMFI Group son tan optimista como el Gobierno, con un 5%. Otras dos consultoras avizoran más de un 4%: Quantum Finanzas, del exviceministro de Economía Daniel Marx, con 4,5%; y MAP, de Juan Pablo Ronderos, con un 4% exacto.

“Vemos una mejora en las perspectivas políticas para Milei, ya que un mayor nivel de aprobación y apoyo en el Congreso le ayudará a aprobar leyes clave a favor del mercado en 2026”, se entusiasma EMFI Grup en un reporte de fin de año. Según su visión, la “amnistía fiscal” –como le llama a la ley de inocencia impositiva que se aprobará hoy también en el Senado–, la reforma laboral y las rebajas tributarias que se tratarían en sesiones ordinarias desde marzo impulsarían el crecimiento. La exportación lo impulsará.

Allí juega un rol clave Vaca Muerta. Lo curioso es identificar de quién es el mérito. El consultor más consultado por la industria petrolera, de indudable filiación pro mercado, Daniel Gerold, escribió en su reciente informe de G&G Energy Consultants acerca de obras y subsidios del gobierno pasado: “El cambio estructural que se produjo con la construcción del nuevo gasoducto desde cuenca neuquina y el incremento de producción en cuenca neuquina bajo el heterodoxo Plan Gas.Ar –sumado al desarrollo relevante de Fénix, en Tierra del Fuego–, generan una reducción de las importaciones de 19,7% en enero-octubre. La reducción es muy impactante, del 75,3% respecto al 2022 de precios muy altos por la invasión de Rusia a Ucrania. Solo cabe preguntarse qué ocurriría con la macroeconomía de no haberse iniciado este proceso”.

Entre los más pesimistas para la economía 2026, a la cabeza figuraba la consultora LCG, de Javier Okseniuk, con 0,7%, es decir, prácticamente un estancamiento respecto de un 2025 que sirvió para recuperarse del pozo de 2023 y 2024. Sin embargo, esas proyecciones se corrigieron después de que sorpresivamente el Indec anunciara crecimiento en lugar de la esperada recesión en el tercer trimestre. Aunque el dato fue llamativo, los empleados del Indec reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no lo objetaron, como sí habían hecho con las estadísticas durante el kirchnerismo, o como sí rechazan las críticas de Milei al informe de supermercados o las del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, al de viajeros desde y hacia el exterior.

A mayor expansión este año, mayor arrastre estadístico para el próximo. En su último informe, LCG vaticina un alza del PBI del 2,5%, de la mano de pocos sectores como el petróleo, la minería y el agro, lo que acentuaría la desigualdad sectorial. “Vemos todavía una recuperación incierta atada a cuestiones económicas, sociales y políticas, con marcadas disparidades”, señaló LCG.

“La estabilidad poselecciones y el recorte de las tasas de interés podrán dar algo de impulso al crédito, pero no creemos que este vuelva a traccionar de la misma forma que en 2024”, advierte la firma de Okseniuk. “La irregularidad de la cartera de consumo llega al 7,8% en octubre, máximo en 15 años y subiendo constantemente desde hace un año. En paralelo, habrá que ver en qué momento los anuncios de inversión (por ejemplo, los del RIGI, Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) pasan a la etapa de ejecución. Las dudas remanentes respecto a la estrategia cambiaria, a pesar de la modificación en la actualización en el esquema de bandas, podrían estirar el 'esperar y ver' en muchos casos. A su vez, el impulso fiscal seguirá siendo muy acotado según lo que se observa en el proyecto del presupuesto 2026, donde el Gobierno se comprometió con un superávit primario (antes del pago de deuda) del 1,5% del PBI, en línea con 2025. La clave seguirá puesta en el sector externo, aunque entendemos que todavía el aporte al crecimiento será menor, con exportaciones creciendo en el margen (excluido Vaca Muerta) e importaciones al alza debido a la elasticidad importaciones-actividad y cierta estabilidad del tipo de cambio”, continúa LCG.

No todos los proyectos RIGI tienen financiamiento y, por tanto, no arrancan rápido como sí lo hará el recientemente aprobado de la ampliación de la mina de oro Gualcamayo, en San Juan, por US$665 millones. En un almuerzo con la prensa previo a la Navidad, su dueño, el empresario español Juan Pablo Retamero, que durante décadas se dedicó a la comercialización de vinos y otros productos argentinos, contó que desde 2023, ante la imposibilidad de disponer de las divisas, empezó a invertir en la Argentina y primero compró el yacimiento. Confiado en que el oro seguirá de récord en récord en una economía mundial incierta, ya apostó US$ 100 millones y espera financiar su RIGI con el mismo oro que tiene en la mina. A diferencia de otros compatriotas suyos, que se preguntan por la agenda pendiente de Milei como las reformas laboral o tributaria, Retamero tira para adelante. Ya hay diez RIGI autorizados por el Gobierno, pero la mayoría de ellos ahora debe salir a buscar crédito para iniciarlo. Por ahora sólo arrancaron las obras de las iniciativas para exportar petróleo y gas de Vaca Muerta. Para que comiencen a producir las minas habrá que esperar a 2030 aproximadamente.

Pero no todos los proyectos mineros marchan al mismo ritmo. Después de meses de retraso, en septiembre pasado una de las mineras más grandes del mundo, la china Zijin, inauguró su planta de procesamiento de Litio en Fiambalá, Catamarca. Pero el pasado día 15 la Asociación Obrera Minera (AOMA) anunció un paro por un nuevo conflicto por las condiciones de seguridad e higiene. Zijin negó que las tareas se hubiera paralizado y aseguró que está comprometida con cumplir las normas. Este lunes se discutirá en audiencia pública en Fiambalá una iniciativa para triplicar la extracción de litio con métodos supuestamente menos dañinos al medio ambiente, pero hay resistencia de vecinos. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, peronista aliado de Milei, la respalda.

Y estamos hablando de los sectores que empujan el crecimiento. Hay dudas sobre el resto. Uno de los mayores industriales de la Argentina reconoce que teme por la continuidad de una de sus fábricas por el avance de la importación china, considera que 2026 definirá la supervivencia o cierre de muchas plantas y duda del impacto de la flexibilización laboral en la mitad de los trabajadores que está en la informalidad, de una reforma tributaria que se demora y no parece apuntar a las inversiones medianas y pequeñas y un tipo de cambio que, según su opinión, supone un “salvavidas de plomo”. El peso está tan sobrevaluado ahora como el oficial en la previa de las primarias presidenciales de 2023. Como dice otro ejecutivo de otro gran grupo industrial: “Estamos mal y podemos estar peor”.

Otra consultora que corrigió su perspectiva de PBI para 2026 a partir del dato del Indec sobre 2025 fue Eco Go, la de Marina Dal Poggetto. Antes calculaba una suba de sólo 1,7%. Ahora habla de un 3% en uno de sus escenarios, aquel que prevé que el Gobierno comience a acumular reservas comprando dólares por debajo del techo de la banda cambiaria, que desde enero se actualizará por inflación y no sólo 1% mensual. La firma Analytica, en cambio, mantiene la predicción de sólo 1,6%. “2025 te deja un bajo arrastre estadístico y, a su vez, no hay perspectivas de un fuerte repunte del consumo privado ni del público”, comenta su director, Claudio Caprarulo. Contrasta con el optimismo oficial también en lo que hace a la inflación: atisba un 28%.

El consenso del mercado en FocusEconomics habla de un índice de precios al consumidor (IPC) a fines de 2026 del 18%. Pero Mapfre Economics, la consultora de la aseguradora española, teme un 29; y las británicas Capital Economics y Oxford Economics, 24%. “Ya la mayor desinflación pasó en 2025”, señala el analista Mauricio Monge, de Oxford. Se pasó del 117% en 2024 al 31% interanual hasta noviembre pasado. Si la banda cambiaria sube su máximo y se acumulan reservas, será muy difícil lograr el 10% dibujado en el presupuesto.

Hay quienes preveía a principios de diciembre un 12%, como C&T Asesores Económicos, de María Castiglioni y Camilo Tiscornia, y la brasileña E2 Economia. Pero C&T lo corrigió al 16%. Al 13% apuntaban la británica EIU (Economist Intelligencia Unit), la norteamericana Econosignal Deloitte y Orlando J. Ferreres & Asociados. “Si bien en 2025 tenemos un inflación del orden del 30%, estimamos que eso va reducirse bastante hacia mediados de 2026”, explica Ferreres, exviceministro de Economía. “Esto es un escenario bueno para el Gobierno. En un escenario pesimista, la inflación anual es del doble de ese 13”, alerta. Ese panorama positivo, si le salen todas bien a Milei y Caputo, incluye un crecimiento económico del 3,5%. Pero el escenario pesimista habría expansión cero, aclara Ferreres.

Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica y del consejero de asesores económicos de Milei, prevé 15% de inflación. ¿En qué se basa? “En 2024 se equilibraron las cuentas públicas, en 2025 se dejó de emitir, el Banco Central dejó de comprar dólares y, en consecuencia, se secó la plaza de pesos, con lo que colapsaron la brecha cambiaria y la inflación. Con el rebote económico se va a secar definitivamente el exceso de pesos en 2026”, responde. Caputo ha dicho que el Gobierno no adquirirá divisas si no hay demanda para los pesos que debe emitir para comprarlas. Claro que son hipótesis trazadas para el caso de que todo marche de acuerdo al plan. El ministro de Economía trastabilló al tercer año del gobierno de Mauricio Macri. Arranca el tercero de Milei.

AR /MC

El segundo intento del gobierno de Javier Milei de concesionar la hidrovía del río Paraná Paraguay ha despertado críticas de algunos de los interesados en el negocio, más allá de los ecologistas que advierten sobre el impacto ambiental de las futuras obras de profundización del calado. Entre ellas, se señala que los oferentes no competirán por ofrecer la tarifa más baja posible a los barcos usuarios -sobre todo los usarán el agro, la industria y la importación- sino que habrá una mínima y que deberán satisfacer una serie de servicios que exceden a lo que es el dragado y el balizamiento y que seguramente deban subcontratar con otras empresas. La primera licitación se canceló en enero pasado tras acusaciones de favoritismos a la actual dragadora, la belga Jan de Nul.

Alejandro Bustamante, director de la consultora Amaltea Agro y profesor de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos), advierte en un análisis sobre el pliego publicado la semana pasada. “La baja del costo unitario de transporte es de importancia medular. Si el diseño de la próxima concesión impide lograr este objetivo, el proyecto pierde su fundamento e interés para los dadores de carga genuinos”, arranca Bustamante, y luego advierte: “Tomando como punto de partida profundidad y tarifa de peaje vigentes hasta 2023, el rango de tarifas y las profundidades objetivo propuestas en el pliego para cada etapa perjudicarán la competitividad del comercio exterior de los países de la Cuenca del Plata por el plazo de la próxima concesión”, se refiere a los 25 años en que se dejará el río, clave para el comercio exterior de Paraguay, Brasil y la Argentina, en manos de una compañía privada.

“La tarifa propuesta para la Etapa 2 (a partir del séptimo año del contrato) prácticamente duplica la tarifa vigente hasta 2023, para llegar a una profundidad que no permite evitar el sobrecosto de la escala de completamiento de cargas de los buques graneleros que transportan más del 80% de los granos y subproductos exportados”, señala Bustamente. Justamente, los exportadores de granos, aceites y harinas pretenden que el río sea más profundo para cargar a tope las embarcaciones, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, porque así se reducirían los costos de transporte.

“Una licitación tiene el propósito de averiguar cuál es el precio ajustado por riesgo más competitivo que los potenciales oferentes están dispuestos a ofrecer, cumpliendo el nivel de prestaciones exigido por el concedente”, señala Bustamante. “El pliego especifica rangos de tarifas admisibles para cada etapa. Ofertas que superen la tarifa máxima del rango o que sean inferiores al mínimo del rango no son admisibles. El esquema de calificación de ofertas propuesto contradice el objetivo de una licitación competitiva. Desafortunadamente, la tarifa mínima definida para cada etapa es muy superior a la que probablemente surja de un proceso licitatorio genuinamente competitivo. Dado que la tarifa queda definida por el concedente, el objetivo implícito del proceso licitatorio es adjudicarle la próxima concesión al oferente que haya obtenido la mejor calificación técnica”, agrega el experto.

También advierte sobre la profundidad del río: “En tanto no se llegue a una profundidad de canales que permita evitar el costo incremental de la escala de completamiento (del barco), cualquier aumento de tarifa de peaje incrementará el costo de exportar o importar. La profundidad requerida para completar bodegas es de 42 pies para subproductos y aceites, y de 44 pies para granos. El concedente no establece ninguna obligación de lograr esas metas de profundización dentro del plazo de la concesión. En caso que el concesionario lo proponga y el concedente lo considere conveniente, la tarifa resultante no surgirá de un proceso competitivo, sino de un acuerdo entre concedente y concesionario, a partir de la información generada por el concesionario”.

Bustamante propone además separar la concesión del dragado de las tareas de balizamiento, que él sugiere licitar aparte y por diez años. A su vez, objeta que el concesionario deba ofrecer nuevos servicios y recomienda “excluir del área de responsabilidad aquellas actividades que no hacen a la navegabilidad”. “Las tareas de salvamento, reflotamiento de buques hundidos y control de derrames son de naturaleza eventual. No deberían generarse nuevos monopolios para el desarrollo de estas actividades, encareciendo innecesariamente la tarifa de peaje, cuando existen alternativas disponibles que han permitido hacer frente a estas eventualidades. Control de derrames: existen mecanismos de respuesta establecidos, y se cuenta con empresas privadas habilitadas y auditadas por la Prefectura. Los puertos tienen planes de contingencia aprobados, los buques tanques que operan también tienen coberturas para la respuesta ante un hecho, además de contar con los seguros correspondientes. Asistencia y salvamento: actividad altamente especializada, con personal capacitado y medios para actuar en siniestros, varaduras, incendio, colisiones, hundimientos totales o parciales. Los costos de las operaciones son pagados por los armadores y/o seguros de los buques y/o carga involucrados. El armador y sus aseguradoras son quienes deciden qué empresa vá a prestar el servicio”, advierte el consultor.

“El pliego requiere equipamientos que van más allá del dragado y balizamiento de la via de navegación”, opina. “Se invaden o superponen funciones propias de Prefectura, Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Instituto Nacional del Agua (INA), Servicio Meteorológico Nacional y organismos de medio ambiente. Los centros de monitoreo hidrometeorológico deben estar en manos de la Prefectura, SHN e INA.”

Bustamante observa el fondo de seguridad que se crea: “El desarrollo y la gestión de infraestructura para control de tráfico y prevención de contrabando o narcotráfico corresponden al ámbito de responsabilidad indelegable de la PNA y de la Aduana. Tratándose de una decisión política del gobierno nacional, los costos deberían estar en cabeza de todos los ciudadanos, y no exclusivamente en cabeza de los dadores de carga”.

También rechaza “trasladar a la próxima concesión la deuda generada por el actual concesionario”: “El pliego estipula el pago por parte del nuevo concesionario de un canon inicial por US$35 millones, correspondiendo este importe al saldo de una deuda presunta generada con el actual prestador de servicios de dragado durante la gestión del actual concesionario. El contrato de concesión vigente estipula que el concesionario actual asumió la gestión del dragado a su cuenta y riesgo. No corresponde que el próximo concesionario deba hacerse cargo de las consecuencias del déficit generado durante la actual gestión, ni que se translade ese sobrecosto mediante una mayor tarifa de peaje a los usuarios”.

“El pliego propone adjudicar a un solo concesionario las operaciones de dragado, balizamiento, relevamiento batimétrico e hidrométrico, control de derrames, reflotamiento y salvamento de buques, provisión y mantenimiento de infraestructura para control de tráfico; para los 1.440 kilómetros en un solo bloque”, resume Bustamante. “Una empresa prestadora de servicios de dragado deberá subcontratar todas las tareas que excedan su área de expertise”, advierte y enumera argumentos sobre “la conveniencia de separar la licitación de dragado de la licitación de balizamiento y relevamiento, y fraccionar la traza en más de un tramo concesionado”.

AR/CRM

La economía apenas está recuperando la actividad de 2022, después de dos años de caída y con sectores a los que todavía les falta repuntar, como industria, construcción y comercio. La inflación bajó del 12% mensual al 2,5%, al menos el 40% de los votantes lo valoró, pero sigue siendo todavía de las más altas del mundo y los salarios registrados continúan por debajo del poder de compra que en 2023. Sin embargo, en esta economía del libre mercado pero también con empresarios amigos se cuentan ganadores en estos dos primeros años de gobierno de Javier Milei.

Para identificar quienes ganaron, se pueden adoptar varios criterios. Por un lado, analizar qué empresas cotizantes en bolsa se valorizaron más desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje, teniendo en cuenta que muchas otros emitieron acciones en el mercado de capitales o son multinacionales cuya valuación no depende sólo de lo que pasa en la Argentina. Por otra parte, si se identifican qué empresarios adquirieron grandes compañías en el país, qué firmas recibirán los extraordinarios beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) o cuáles ganaron las primeras privatizaciones o concesiones de la administración libertaria, podemos sumar otros winners.

Si se toma en cuenta la evolución de las acciones en la bolsa porteña, en pesos, el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, amigo de Milei, mejoró 1.706% su cotización, seguida por Metrogas (la distribuidora porteña de YPF), 1.078%; Banco Patagonia, del Banco do Brasil, 1.010%; el Supervielle, 1.007%; el Macro, de Jorge Brito, el 883%; la transportadora eléctrica Transener, de Marcelo Mindlin, el 805%: el Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, 756%; la filial argentina del banco español BBVA, 644%; la harinera Morixe, de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que dirige Ignacio Noel; e YPF, estatal en un 51% y privada en el restante 49%, que bajo la conducción de Horacio Marín se concentró en Vaca Muerta, la exportación de su gas y se desprendió de áreas en el resto del país. Este es el top ten elaborado por Alejandro Pagliero, asesor financiero de la sociedad Nasini.

Completan del puesto 11 al 20, Transportadora Gas del Sur (TGS), otra firma de Mindlin, con 469%; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que preside Carlos Zuchovicki, 444%; Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, con el 445%; la firma de los shoppings y los desarrollos inmobiliarios IRSA, con el 423%; Pampa Energía, de Mindlin, con el 342%; A3, otra empresa de mercados financieros, que encabeza Roberto Olson, con el 348%; la fabricante e importadora de calzado Grimoldi, con el 370%; Grupo Clarín, cuyos accionistas –Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y dueños de Telecom compraron Telefónica en una operación aún bajo revisión del Gobierno, el 298%; la cementera Loma Negra, que la brasileña Camârgo Corrêa acaba de vender a Mindlin; 261% y Distribuidora de Gas del Centro, que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja y pertenece a Federico Tomasevich, Nicolás Caputo -primo de Luis, ministro de Economía, y tío de Santiago, asesor presidencial- y Reca, el 184%.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la que más se apreció fue Supervielle, un 472% en dólares; seguida por Macro, 412%; BBVA, 373%; Galicia, 370%; YPF, 253%; IRSA, 248%; Edenor, de José Luis Manzano –que supo reconvertirse de massista a libertario–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, un 218%; TGS, 213%; Central Puerto, 212%; Pampa, 153%; Telecom, 145%; Loma Negra, 105%; y Cresud, el holding de Elsztain que incluye el negocio agrícola y el de IRSA, un 104%, según los datos recopilados por Pagliero, de Nasini.

“El sector bancario apuntaló el crecimiento de los índices argentinos”, observa Pagliero. “Al tratarse de entidades financieras cuyo valor fundamental recae, sobre todo, en activos intangibles, como la valuación de sus títulos en cartera y la estabilidad para el crédito a mediano y largo plazo, la victoria de Milei en 2023 supuso un cambio de expectativas que revalorizó fuertemente sus activos, empezando a dejar atrás el riesgo de default”, agrega.

“El sector energético acompañó el crecimiento que venía mostrando desde 2022, ya que el mercado venía priceando (poniendo precio) que, en mayor o menor medida, cualquier cambio de gobierno traería consigo la pauta de explotar los recursos en Vaca Muerta”, señala el analista de Nasini. También se agrega el impacto de los tarifazos en el rubro.

Adcap Grupo Financiero añade otras acciones en Wall Street que también subieron: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, 102%, en parte por su petrolera CGC; Vista Energy, de Miguel Galuccio, 70%; y Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que pasó de macrista a libertario y cuya cotización del resto de Latinoamérica aunque también de los negocios que le habilitó la ola desreguladora, 38%.

“Desde el balotaje de noviembre de 2023, las acciones argentinas muestran subas muy significativas en dólares, en torno al 100% en promedio, aunque ese desempeño es el resultado de un recorrido muy volátil”, analiza Matías Cattaruzzi, analista senior de acciones de Adcap. “Tras el shock inicial del cambio de gobierno, el mercado marcó máximos muy altos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, apoyado en la fuerte corrección de tasas, un contado con liquidación relativamente estable y la expectativa de normalización macro. Esa euforia se fue desinflando durante 2025, con una toma de ganancias, volatilidad electoral y dificultad del Gobierno para encontrar el camino con la salida de las LEFI (Letras de Liquidez), etc., que llevó a mínimos en la previa de las elecciones de medio término. Luego, el resultado disparó un nuevo rally que explica buena parte de las ganancias acumuladas a hoy, aunque los precios permanecen levemente por debajo de los picos de enero 2025”, aclara Cattaruzzi.

“Muchas veces el flujo de inversiones va a los papeles más líquidos, de donde es más fácil salir”, aclaran en un banco. “Los grandes ganadores fueron bancos y energéticas. Bancos, por el crecimiento del crédito y la perspectiva hacia adelante. Energéticas, por Vaca Muerta y el ajuste de tarifas”, añaden.

Si se considera ganadores a los dueños de proyectos RIGI, dado que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, no deberán liquidar divisas de la exportación y podrán demandar en tribunales internacionales, podemos mencionar siete iniciativas ya aprobadas: un parque solar de YPF Luz, la división eléctrica de la petrolera; el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de YPF, Pan American Energy (PAE, la empresa de los Bulgheroni, incluida Bettina, designada embajadora de la marca país, la británica BP y la china CNOOC-, Vista, Pampa, Pluspetrol –de las familias Rey y Poli–, la norteamericana Chevron y la angloholandesa Shell; un proyecto de exportación de gas del consorcio Southern Energy, que incluye a PAE, YPF, Pampa, la estadounidense Harbour y la noruega Gola; una siderúrgica de Sidersa, de la familia Spoto; un parque eólico de PCR –de los Brandi y los Cavallo– y la luxemburguesa ArcelorMittal; una mina de litio de la australiana Minera Galán Lithium; otra de cobre de la canadiense McEwen Copper, de la que participa la automotriz europea Stellantis; y un puerto de Terminal Timbúes SA, de Juan Manuel Ondarcuhu.

Las privatizaciones apenas se movieron hasta ahora. El Gobierno vendió la metalúrgica Impsa a la norteamericana ARC Energy, prorrogó por siete años la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) a Aceitera General Deheza (ADG, de Roberto Urquía) y. licitó y adjudicó la Ruta del Mercosur a la constructora mendocina Cartellone el tramo principal y al consorcio de las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, el secundario. También subastó las cuatros centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: dos fueron ganadas por Edison, la empresa de Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli –el dueño y el CEO de Newsan, grupo de productos electrónicos y de higiene– y el fondo Inverlat –de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai–, otra por Central Puerto y la restante por BML, firma del sojero y energético Manuel Santos Uribelarrea.

En cuanto a las principales compras de empresas en estos dos años, se pueden señalar:

Ramiro Isaac, director de asesoramiento de este tipo de operaciones y estrategias de la consultora KPMG, opina que “Argentina está generando las condiciones para un crecimiento exponencial de las transacciones de M&A (siglas en inglés de las fusiones y adquisiciones) en el país a partir de la consolidación del programa de estabilización macroeconómica impulsado por Milei”. “En este contexto, la actividad de fusiones y adquisiciones en el país se viene desarrollando al ritmo de esta transformación de la economía, la cual presenta nuevas oportunidades de crecimiento para algunos sectores competitivos como el petróleo, gas, minería y agronegocios, así como desafíos para otros como la manufactura de productos de consumo masivo y el comercio minorista que deben afrontar una desregulación creciente de la economía”, agrega Isaac.

El experto ratifica “un proceso de consolidación de una burguesía nacional que toma el control de activos en ciertos sectores de la economía argentina”. Durante estos dos años, se registraron más de 200 transacciones de M&A en el país por US$16.000 millones.

Todavía quedan por delante más privatizaciones de empresas, concesiones de servicios al sector privado y nuevas aprobaciones de proyectos del RIGI.

 AR/MG

La llaman “modernización laboral”, pero seguro que el presidente Javier Milei, su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y su secretario de Trabajo, Julio Cordero, no se habrán inspirado para nombrar el proyecto de ley en la película “Tiempos modernos”, aquella en la que Charles Chaplin evidenció la deshumanización capitalista. Quizás sería mejor llamarla flexibilización. En sus 197 artículos, modifica más de 50 de la ley de contrato de trabajo de 1973 y deroga siete leyes –desde los estatutos del periodista o del viajante hasta la del teletrabajo–, en lo que constituye la mayor reforma desde la decretada por la última dictadura en 1976, superior a la del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), según Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas.

La iniciativa reduce costos de despido mediante topes indemnizatorios y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con contribución del 3% del salario que en lugar de ir a pagar jubilaciones se utilizará para financiar despidos. A las obras sociales, en lugar de destinarse el 6%, se bajará al 5%. “FAL es un poco violento”, bromeó sobre la sigla este jueves la senadora y exministra de Trabajo y de Seguridad Patricia Bullrich en el seminario ProPymes, con el empresario Paolo Rocca como anfitrión satisfecho por el proyecto, pero insistidor con el reproche por la ausencia de política industrial. Lo violento sería que el dinero del FAL termine erosionado por comisiones y malos rendimientos, como sucedió en su momento con las AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones).

El proyecto también descentraliza la negociación colectiva dando prioridad al convenio de menor ámbito y la limitación de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio colectivo de trabajo una vez vencido su plazo), flexibiliza los horarios laborales y el salario con la ampliación de componentes no remunerativos, amplía servicios esenciales y limita el derecho de huelga, formaliza a los trabajadores de plataformas como “prestadores independientes” y crea incentivos tributarios y de formalización en un país donde el 43% de los empleados trabaja sin derechos, el mayor nivel desde 2008.

La modernización traslada riesgos laborales a los trabajadores. Se supone que así se crearán más empleos formales, pero hasta economistas ortodoxos y grandes empresarios admiten que ese efecto depende de dos condicionantes ausentes: una macroeconomía estable –por más que se haya eliminado el déficit fiscal y descontrol de la emisión monetaria, la Argentina aún padece la quinta mayor inflación del mundo y su gobierno repudia la receta de sus vecinos de acumular reservas en el banco central– y una institucionalidad laboral capaz de sostener derechos básicos de manera efectiva. Esto último quiere decir que un país como Alemania bajo un gobierno socialdemócrata, con el que suelen identificarse los sindicatos, flexibilizó el trabajo en 2003 y 2005, pero después controló a rajatabla que nadie mantuviera empleados en la informalidad. No es como Perú, donde pese a las cuatro reformas laborales desde 2001, incluida una rebaja de contribuciones patronales, el trabajo no registrado supera el 70%.

La reducción de costos laborales puede estimular la contratación formal sólo cuando la demanda de trabajo crece, advierten expertos y empresarios, que temen más destrucción de empleo en 2026. En contextos de alta informalidad y estancamiento productivo, la experiencia demuestra que tiende a expandirse el empleo de baja duración y sin mejoras salariales.

El nuevo régimen establece topes a la indemnización: un máximo de tres veces el salario promedio del convenio, con piso del 67%. Después de que la ley Bases derogara las multas por trabajo no registrado, proliferaron en los tribunales las demandas civiles de empleados informales por daños y perjuicios contra sus patrones. Por eso, el proyecto excluye daños del Código Civil, declarándose la indemnización como “única reparación procedente”, aunque puede que este aspecto termine judicializado. El FAL, con cobertura desde los 12 meses de antigüedad, reduce la protección para trabajadores con poca antigüedad. La combinación de estos elementos disminuye los costos empresariales, pero debilita la protección contra el despido arbitrario, especialmente en los segmentos más vulnerables del mercado laboral.

La descentralización de la negociación laboral, ya no entre cámaras y sindicatos sino entre cada empresa y sus empleados, tiene efectos complejos. Permite ajustar los acuerdos a las realidades de productividad de cada compañía, pero en mercados laborales duales –con exceso de oferta de trabajo en segmentos de baja y media calificación, informalidad como alternativa de subsistencia y barreras a la movilidad– se refuerza el poder de mercado de los empleadores. Claro que las pymes, a diferencia de las firmas grandes, negociarán con menor poder y mayores riesgos de reducción del salario real (ajustado por inflación).

Empresas medianas y grandes pueden actuar como oligopsonios locales: pocos demandantes frente a muchos trabajadores oferentes. El resultado previsible son salarios por debajo de su productividad, con captura de rentas por parte de las firmas más productivas y un aumento de la dispersión salarial. Esta experiencia en Reino Unido, Nueva Zelanda y países europeos periféricos se tradujo en aumento de la desigualdad de sueldos.

La flexibilización del horario laboral mediante bancos de horas (el patrón dispone que hoy se descansa pero mañana y pasado se compensa con 12 horas diarias), el establecimiento de la jornada promedio (en lugar de un tope diario) y contratos parciales puede mejorar la organización del trabajo donde existe representación laboral fuerte y control sobre horas extras. Pero sin esas garantías, se encubre subempleo (empleados que desearían trabajar más horas) y se presiona a la baja de los ingresos. Incluso la norma permitirá que los horarios sean pactados de manera individual ente el empleador y el trabajador, con el lógico desbalance de fuerzas. A su vez, la ampliación de componentes no remunerativos del sueldo, como los valores alimentarios, reduce la base de cálculo tanto para indemnizaciones como para aportes jubilatorios, lo que afecta la seguridad social de largo plazo.

Se limita el derecho a parar. Si se trata de actividades esenciales, se debe mantener 75% de trabajo mínimo y si es de “importancia trascendental”, el 50%. Esto último incluirá sectores como educación básica y transporte terrestre –maestros, colectiveros y maquinistas, abstenerse de parar–, construcción, minería y comercio electrónico –respira Marcos Galperin–. También actividades que afecten el “equilibrio fiscal”. “¿Eso incluirá un kiosko que cobra el IVA?”, se pregunta Cremonte. Habrá que ver si esta aspecto cumple con la normativa de rango constitucional que implican los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera esencial a aquellas tareas en las que esté en juego la salud y la vida.

Habrá que avisar cinco días antes de cada huelga y acordar los servicios mínimos en las 24 horas previas o si no, la autoridad los fijará. Se considerarán infracciones muy graves los piquetes y ocupaciones de establecimientos o los daños a personas y bienes.

Para organizar una asamblea de trabajadores, habrá que pedir autorización a la patronal y no se cobrará el salario por el tiempo que duren. Esto también deberá ser compatible con los estándares de la OIT sobre libertad sindical, de modo de evitar litigios internacionales. Otros puntos conflictivos: sólo estarán protegidos los delegados sindicales titulares, no los suplentes ni los congresales. Tampoco los que hayan sido elegidos con menos del 5% de los votos de sus representados.

Las cuotas obligatorias a los gremios, que establecen algunos convenios colectivos, seguirán vigentes sólo mientras duren estos acuerdos. Es decir, si vencen y no se pactan nuevos marcos, habrá ultraactividad de las normas pero ya no regirán esos aportes. Además, el empleador podrá reusarse a cumplir la tarea de girar las cuotas voluntarios u obligatorias a los sindicatos. Además, podrá haber gremios por empresa, al estilo el de Flybondi, y los delegados sindicales sólo podrá usar 10 horas mensuales de su jornada laboral para sus tareas como tales.

La modernización argenta formaliza el trabajo en plataformas mediante la figura de “prestador independiente”, con lo que se aparta de la tendencia global que avanza hacia mayor reconocimiento y protección de choferes y repartidores. El régimen traslada los riesgos al prestador del servicio, con apenas un seguro de accidentes con responsabilidad negociable y sin derechos laborales básicos. Nada que ver con lo que legisló la Unión Europea, California y otras regiones que avanzan hacia un vínculo laboral híbridas o pleno con las grandes empresas del negocio. Para los países desarrollados, parece que la modernidad es distinta. En la Argentina libertaria se le dará al trabajador derecho a desconectar, elegir su ruta, podrá quedarse con el 100% de las propinas y la app le deberá proporcionar equipo de seguridad.

La Argentina sufre hace una década y media de una incapacidad estructural para crear empleo de calidad, o sea, registrado, estable y con salarios medios y altos. Detrás del problema está la baja productividad de la economía, la informalidad persistente como forma o excusa de supervivencia de algunas empresas y el desacople entre formación y demanda laboral, según ciertos expertos. De acuerdo con esta visión, flexibilizar costos sin elevar la productividad puede producir más empleo, pero no mejor empleo. El riesgo es profundizar la precariedad en la base de la pirámide y la captura de productividad por parte de las empresas sin derrame salarial.

Por eso, hay quienes proponen como alternativa una política pro pymes para que accedan a tecnología, crédito, cadenas de valor y expansión, otra de formación y reconversión laboral ligada a la demanda del sector privado, una reforma tributaria que favorezca la contratación –los empresarios temen que la que preparan Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se demore y quede reducida a medidas anecdóticas sin impacto productivo–, una fiscalización del trabajo no registrado –la gran ausente de la última década, ya casi no hay noticias de inspecciones relevantes– y un piso salarial que contraste con el poder oligopsónico. No son ideas de zurdos empobrecedores sino de capitalistas basados en la experiencia mundial.

La reforma laboral de Brasil de 2017, tan elogiada en su momento por Galperin, redujo la protección del trabajadores, le dio prioridad a los convenios por empresa, amplió la tercerización –como también lo contempla la flexibilización de Milei– y creó los contratos intermitentes. Resultado: aumentaron la informalidad y los sectores de baja productividad. La de España en 2012 abarató el despido y modificó la negociación colectiva, con lo que se recuperó el empleo tras su crisis, pero a costa de profundizar un mercado laboral dual entre empleados temporales y fijos, con caída de sueldos reales en las actividades poco productivas.

La flexibilización de México de 2012 redujo costos para contratar y despedir y creó contratos por horas y temporarios. Logró aumentar el empleo formal, pero en sectores de baja productividad mientras la informalidad persiste en el 60% y los sueldos tampoco mejoran. En Alemania se reestructuró el seguro de desempleo y se expandieron los minijobs, con lo que bajó la desocupación, pero a fuerza de trabajo a tiempo parcial, precario, de bajos salarios y sin seguridad social completa.

La historia reciente demuestra que flexibilizar generó empleo temporal, a tiempo parcial o tercerizado en España, Alemania, Brasil y México. No logró terminar con la informalidad y la desigualdad, en parte porque no mejoraron la productividad ni el control del trabajo no registrado ni la política pro pymes, como ocurrió a lo largo de Latinoamérica. En países que atravesaban una recesión, como Grecia y Portugal, no sirvió para recuperar el empleo sino para despedir, reducir el ingreso de la población, desalentar así el consumo y, por último, otra vez la creación de trabajo, en un círculo vicioso. Eso lo que se teme en esta Argentina con industria, comercio y construcción estancados o en baja.

La negociación descentralizada favoreció a las grandes empresas, como en Reino Unido y Nueva Zelanda. Los casos exitosos como Alemania se combinaron con crecimiento económico, instituciones fuertes y controladoras y una base productiva diversificada, aunque también dejaron su tendal precarizador.

Sin un consenso amplio por la oposición sindical, se corre el riesgo de que la reforma se revierta cuando gane otro partido político, en 2027 o 2031. También puede que provincias opositoras, como la de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos, no adhiera a los regímenes voluntarios que se crea para trabajadores agrarios o accidentes laborales. La Argentina ya tiene una historia de leyes laborales aprobadas pero no aplicadas.

AR/MC

Sin llegar al 12% mensual heredado del gobierno anterior, el de Javier Milei encuentra cada vez más difícil llegar a la inflación cero que se propone. Desde junio pasado en adelante, el índice de precios al consumidor (IPC) se incrementa mes a mes: del 1,5% de piso de mayo al 1,6% al mes siguiente, al 1,9% en julio y agosto, al 2,1% en septiembre, al 2,3% en octubre y este jueves se conoció el 2,5% de noviembre. Y eso que este último ya no estuvo bajo la influencia de la incertidumbre electoral que presionaba al alza del dólar.

El IPC acumula en el año una variación de 27,9% y en la comparación interanual, 31,4%. Ya la Argentina no está en el podio mundial de la inflación, pero sigue estando quinta, detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Irán y Haití.

El rubro de mayor aumento en noviembre último fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de transporte (3,0%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Los que registraron las menores variaciones en noviembre fueron equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y ropa y calzado (0,5%).

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron por encima del IPC la carne (6,6%), aceites, grasas y manteca (3,3%), frutas (8,7%), aguas, gaseosas y jugos (5,1%), el alquiler (2,9%, con lo que se sigue derribando el mito de que la desregulación baja el valor), electricidad y gas (4,2%, por otro tarifazo, previo al que se viene en enero próximo), medicamentos (2,8%), autos (3,9%), combustible (3,5%, que las petroleras remarcan en silencio y sin cesar, ya sin informar a la prensa), telefonía e internet (2,9%), recreación y cultura (2,7%), educación (3,1%), restaurantes (2,8%) y ciudado personal (2,8%).

Sólo bajaron los precios de los lácteos, la ropa -por el impacto de la importación masiva por los portales Shein y Temu, entre otros orígenes- y las verduras, sobre todo por el abaratamiento del tomate y las arvejas. También hubo rebajas en arroz, pollo y huevo.

“El aumento del IPC del 2,5% en noviembre termina de dibujar un U observando los últimos 12 meses”, advirtió el economista Roberto Cachanosky por la red social X. “A partir de junio vemos un aumento sistemático del IPC. Un 2,5% de aumento equivale a un 34,5% anual. Pasados dos años de gobierno, no se puede decir que hubo un triunfo en la lucha contra la inflación con una inflación acumulada en los últimos 12 meses del 31,4%”, agregó el excandidato a diputado. Lejos quedó aquella frase del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Saluden a la inflación que se va”.

Y no sólo eso. También vuelve a complicarse la pobreza. En noviembre subió 4,1% el costo de la canasta básica alimentaria y 3,6% el de la canasta básica total, que incluye también los remedios, el celular, la ropa, la educación y los gastos de la vivienda. En la medida en que se encarecen ambas canastas, se corre el riesgo de que el descenso logrado por el gobierno de Milei en los indicadores de indigentes y pobres se revierta al menos en parte. Y puede complicarse más si, como prevé el presupuesto 2026, la asignación universal por hijo deja de aumentarse al mismo ritmo que hasta ahora.

AR/CRM

La fábrica textil Hazan Silvia cerró esta semana su planta en Lanús y despidió a la totalidad de su personal, en medio de una crisis que golpea de lleno al sector. La decisión dejó en la calle a 50 trabajadores y trabajadoras, mientras el gremio denuncia maniobras empresariales para evitar el pago completo de las indemnizaciones y apunta contra el modelo económico del Gobierno: “No podemos competir con China”, resumió el dirigente Guillermo Aguilar, de la Asociación Obrera Textil (AOT).

El cierre fue resistido con una protesta frente al establecimiento, con apoyo de la CGT regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA y las 62 Organizaciones Peronistas. A partir de esa acción, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, que momentáneamente suspendió la medida, a la espera de una nueva audiencia esta semana.

Una historia de abandono y desindustrialización

Hazan Silvia es una empresa con más de 25 años en la actividad. Según el gremio, había recibido asistencia del Estado para sostenerse, a través del programa PREBA, exenciones de cargas sociales y créditos del Banco Provincia. Sin embargo, el dueño decidió cerrar sin agotar esas instancias. “Ganó plata durante años y ahora deja a todos los trabajadores en la calle”, reprochó Aguilar.

El delegado también alertó que la empresa ofrece arreglos por debajo de lo que marca la ley, apostando a que los empleados acepten “migajas” ante la imposibilidad de sostener un juicio prolongado. “Lo hacen para quebrar la resistencia individual”, denunció.

Un modelo económico que expulsa

El caso de Lanús no es un hecho aislado, sino parte de una ola de despidos industriales que afecta a diversas ramas y regiones. Desde que asumió Javier Milei, se destruyeron 276.000 empleos registrados y cierran 30 empresas por día, según datos del CEPA.

Solo en las últimas semanas:

En el sector textil, ya cerraron otras dos fábricas en el sur del conurbano, incluyendo una de frazadas con 20 trabajadores y otra de telas en Burzaco, con 40 despidos.

“La apertura de importaciones está destruyendo lo poco que queda de industria nacional”, advirtió Aguilar. “Esperamos que el Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción”, reclamó.

La trama común: apertura, caída de ventas y sustitución por importados

Las patronales justifican los cierres en la “falta de competitividad”, el “bajo consumo” y el “dólar planchado”, pero los sindicatos ven una política deliberada de desindustrialización. “Los empresarios viajan a China y se preparan para ensamblar en lugar de producir. El resultado es desempleo masivo”, explicó Diego Olave, dirigente de la UOM en Venado Tuerto.

El modelo de apertura comercial sin protección profundiza un deterioro que ya venía desde 2023, pero que se aceleró tras las elecciones y el cambio de gobierno. “En Pilar, Lanús, Sastre o Venado Tuerto, no son casos sueltos: es un patrón”, concluyó Olave.

Mientras se debate en el Congreso una reforma laboral que busca debilitar convenios y abaratar despidos, en las fábricas el ajuste ya está en marcha.

JJD

La reforma laboral vuelve al centro del debate político. Aunque todavía no hay un proyecto presentado formalmente, voceros del Gobierno adelantaron que la iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. Se enmarca en un paquete más amplio que incluiría reformas previsionales y fiscales. Desde el oficialismo aseguran que buscan acompañar el crecimiento con nuevas reglas. Desde la oposición y el sindicalismo, en cambio, advierten que no habrá generación de empleo sin una recuperación económica sostenida.

Una de las principales preocupaciones sindicales es la posible flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, planteó que “no se puede pensar una reforma laboral en un país en recesión” y recordó que las paritarias siguen pisadas, con aumentos limitados pese a la inflación. Según dijo, “la base de cualquier cambio debe ser el diálogo entre empleadores y trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual está “fosilizada” y no responde a las nuevas formas de trabajo. Durante el programa A dos voces, el laboralista Julián de Diego sostuvo que “hay convenios que no contemplan ni el celular” y defendió la idea de un “salario dinámico” que permita combinar básicos de convenio con premios por productividad. Este esquema, según explicó, “ya funciona en algunos sectores” y busca “salir de la cultura de la inflación para entrar en la de la eficiencia”.

Uno de los puntos que más controversia genera es el fondo de cese laboral, pensado como un sistema alternativo a las indemnizaciones. El proyecto contemplaría su financiamiento a través de reducciones impositivas. De Diego advirtió que, mal diseñado, el fondo podría convertirse en un nuevo “impuesto al trabajo”, pero destacó que se está discutiendo cómo sostenerlo sin afectar el salario ni la formalidad.

En relación con las indemnizaciones tradicionales, el Gobierno desmintió que vaya a imponer un tope, al menos para las relaciones laborales actuales. Según aclararon voceros cercanos al proyecto, el cálculo seguiría siendo un mes por año trabajado, con base en la mejor remuneración y un tope vinculado al convenio colectivo. “No se tocan los derechos adquiridos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la CGT insistieron en que cualquier recorte “sería judicializado”.

Las pymes también fueron parte del eje del debate. Según datos citados en el programa, el costo laboral de un salario de $1.300.000 de bolsillo puede llegar a $2.300.000 para el empleador. La alta carga impositiva —entre impuestos nacionales, provinciales y municipales— desalienta la contratación. En ese marco, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que alivie a los empleadores sin afectar el salario diferido (jubilación, obra social).

El sindicalismo y parte de la oposición plantearon que “la variable de ajuste es el trabajador”, ante un escenario de caída de empleo y recesión económica. Desde la CGT señalaron que en los últimos dos años se perdieron más de 250.000 puestos registrados. “Sin crecimiento no hay empleo genuino, y sin empleo no hay blanqueo posible”, resumieron.

Pese a las diferencias, hubo coincidencias en que la legislación necesita actualización, en especial para contemplar nuevas modalidades como el trabajo remoto, el multiempleo y los oficios ligados a las plataformas digitales. Pero la pregunta sigue siendo quién define esa modernización y bajo qué condiciones: una reforma sin diálogo, advirtieron desde la CGT, puede “rebotar en la justicia y generar más incertidumbre”.

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

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El anuncio llegó sin previo aviso. El miércoles, Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores, a poco más de tres años de su inauguración. La firma alegó una fuerte caída de ventas y la creciente competencia de productos importados como motivos principales. “Nos acaban de desvincular a toda la empresa”, denunció un operario. La planta, que producía lavarropas para exportar, ahora está vacía.

El caso Whirlpool no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia que se intensificó tras las elecciones intermedias. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la asunción de Milei se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados y se cierran 30 empresas por día.

En el sur de Santa Fe, la fábrica de ollas Essen despidió a más de 30 personas en su planta de Venado Tuerto, incluyendo personal con años de antigüedad. Aunque la empresa atribuyó la medida a la baja del consumo, delegados de la UOM denunciaron la incorporación de piezas semielaboradas importadas que reemplazan etapas de fabricación local. El gremio afirma que las desvinculaciones ya superan las 90 en los últimos meses, sumando bajas paulatinas.

Frávega, otra de las firmas afectadas por la crisis, cerró su local en Temperley sin avisar a su personal, replicando lo que ya había hecho en Pergamino. Según fuentes del sector, la cadena iniciará una ola de despidos y más cierres, presionada por la caída en las ventas y un incipiente endeudamiento.

En la localidad santafesina de Sastre, la metalúrgica Cramaco (ex DBT) despidió al 90% de su personal y dejó de fabricar generadores y alternadores. Ahora solo importará productos terminados. “Nos echaron a todos a la calle”, dijo el delegado gremial Jorge Herrador, con más de 25 años en la planta.

También en Venado Tuerto, la autopartista Corven recortó 150 puestos entre sus plantas de amortiguadores y motos, según denunció la UOM. “Los empresarios viajan a China y se preparan para ensamblar en lugar de producir. Va a generar muchísimo desempleo”, advirtió el dirigente Diego Olave.

La explicación que une a estos casos es doble: bajo consumo interno y apertura de importaciones, en un contexto de liberalización comercial promovido por el Gobierno. Las empresas justifican los despidos en la pérdida de competitividad, mientras que el sindicalismo habla directamente de desindustrialización planificada.

“Desde el Ejecutivo se está desmontando el tejido productivo. En Pilar, Venado Tuerto, el conurbano, no es un fenómeno aislado. Es el modelo de país que se está ejecutando”, concluyó Olave.

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Guías turísticos, cooperativas locales y asociaciones profesionales expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de habilitar a prestadores privados a operar dentro de los parques nacionales sin cumplir los requisitos históricos de formación, control ambiental ni acompañamiento profesional. Denuncian que esta desregulación afecta directamente su fuente laboral y abre la puerta a la precarización del turismo y el deterioro de los entornos protegidos.

La medida implica un cambio de reglas abrupto para los guías habilitados, quienes deben certificarse, formarse y acreditar conocimiento de los territorios en los que trabajan. Distintas asociaciones de profesionales señalaron que la desregulación “atenta contra su fuente laboral y contra el turismo responsable”.

El reclamo surgió tras la publicación de la Resolución 62/2025, que habilita un registro simplificado de prestadores privados dentro de parques nacionales, sin necesidad de informes de impacto ambiental ni guía obligatoria para las actividades consideradas no riesgosas.

“El guía no es un adorno: es quien cuida el ecosistema, enseña respeto por el entorno y evita que se generen daños irreparables”, expresaron referentes del sector. A su vez, advierten que la competencia sin regulación ni controles pone en riesgo el empleo formal en regiones donde el turismo es la principal fuente de ingresos.

Desde el Gobierno nacional, la medida fue presentada como parte de un plan para “abrir el juego” y terminar con las “rentas monopólicas”. Según el nuevo titular de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el objetivo es fomentar más competencia, bajar precios y facilitar el acceso a los parques.

Uno de los casos mencionados fue el del glaciar Perito Moreno, donde actualmente una sola firma opera excursiones. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca habilitar a más empresas para operar en otras áreas del parque, como las caras norte y sur .

Impacto ambiental: luces rojas en territorios protegidos

Más allá de la dimensión laboral, la reforma despierta una fuerte preocupación ambiental. Los parques nacionales no son solo destinos turísticos: son territorios protegidos por ley, que preservan ecosistemas frágiles y especies en peligro.

La nueva normativa elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y permite construir “infraestructura efímera” sin evaluación previa. Especialistas advierten que esto podría derivar en basura acumulada, sobrecarga de visitantes, daño a la fauna, incendios o erosión de suelos.

“Sin protección ambiental, no hay turismo sustentable”, sintetizan desde organizaciones conservacionistas. También cuestionan que el Gobierno hable de “modernización” sin precisar mecanismos concretos para el control de actividades privadas dentro de las reservas.

¿Más turismo o más precariedad?

El nuevo régimen desregulado promete dinamizar la actividad, pero genera un escenario incierto para quienes trabajan como guías, operadores independientes o cooperativas locales. Para muchos de ellos, esta decisión implica pasar de ser actores centrales a competir en condiciones desiguales con grandes prestadores sin regulación.

En un contexto donde el empleo en el turismo aún no se recuperó por completo tras la pandemia, y donde la presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, el debate no es solo económico, sino también ético y ambiental.

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“El Gobierno quiere disciplinar el Garrahan y el mundo del trabajo”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, en una entrevista con AM 530. Según detalló, el Ejecutivo nacional inició 44 sumarios contra trabajadores que participaron de recientes protestas. El sindicato considera que se trata de una represalia por el aumento del 61% al salario básico que obtuvieron tras meses de lucha.

“Es revanchismo puro. Castigan a quienes se movilizaron”, señaló Lipcovich. Entre los afectados hay delegados de ATE, de APyT (otro sindicato del hospital), y trabajadores sin afiliación. Según el dirigente, los sumarios no responden a faltas concretas sino a la participación en medidas de fuerza. “El único crimen, entre comillas, que cometieron, fue protestar dentro del hospital”, dijo.

El conflicto se da luego de una victoria gremial que obligó al Gobierno a aplicar parcialmente una ley salarial que había rechazado, lo que derivó en el aumento. “Es un ejemplo peligroso para ellos, porque muestra que la lucha da resultados. Por eso ahora intentan descabezarla”, sostuvo Lipcovich.

Además del reclamo por las sanciones, desde ATE alertan sobre una crisis estructural en el Garrahan. “Desde que empezó esta gestión, renunciaron más de 300 trabajadores y no se reemplazaron las jubilaciones. Hay menos personal para las mismas tareas, y la situación es muy seria”, advirtió el dirigente.

En ese contexto, los gremios convocaron a una conferencia de prensa frente al hospital para exigir la anulación de los sumarios, el cese de las sanciones y la apertura de una discusión sobre la situación laboral en el centro de salud.

“El aumento fue un logro colectivo. Ahora quieren imponer sanciones para apagar esa celebración”, concluyó Lipcovich, quien remarcó que la pelea continúa no solo por los salarios, sino por la defensa integral del hospital y de los derechos laborales.

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La construcción profundizó su retroceso en agosto: la actividad cayó 6,7% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La baja afecta tanto a la obra pública como a los emprendimientos privados y acentúa la fragilidad laboral de un sector históricamente volátil y precarizado.

A pesar de un leve repunte mensual de 1,6% en la serie desestacionalizada, el indicador acumuló en los primeros ocho meses del año una caída del 4,9% respecto al mismo período de 2024. El informe también reveló un desplome en la demanda de insumos clave, lo que anticipa una contracción más profunda en los próximos meses.

Los envíos de asfalto cayeron 26,6% interanual y los de hierro redondo y acero para la construcción, 21,6%. También se desplomaron los despachos de cal (-19,3%), cemento portland (-8,7%) y placas de yeso (-8,5%). La única suba relevante fue en mosaicos graníticos y calcáreos, con un alza de 20,1%, posiblemente asociada a obras menores o refacciones.

Según la encuesta cualitativa que acompaña al ISAC, las empresas que se dedican principalmente a obra pública declararon que el principal factor que limita la actividad es la falta de presupuesto oficial. Un 52,6% de ellas lo mencionó como principal obstáculo, seguido por los atrasos en las certificaciones y pagos. En cambio, las empresas del sector privado apuntaron como principales trabas a la caída de la demanda y los costos financieros.

La contracción de la obra pública tiene consecuencias directas sobre el empleo, especialmente en las provincias, donde la construcción es uno de los principales dinamizadores del trabajo informal o temporario. Aunque el informe no incluye cifras actualizadas sobre empleo registrado, los indicadores indirectos muestran que el parate ya afecta a miles de trabajadores de la construcción, muchos de los cuales dependen de contratos breves, subcontrataciones o changas.

En un contexto de alta inflación y escasa inversión, la caída en la actividad pone en riesgo tanto la continuidad de los proyectos como el sustento de las familias trabajadoras que viven del andamio, el cemento y la obra. Mientras tanto, el Gobierno recorta partidas y prioriza el ajuste fiscal, dejando en pausa obras clave en infraestructura, vivienda y caminos.

Los datos de agosto confirman que el freno en la construcción no es solo un dato macroeconómico, sino una alerta sobre el impacto directo en uno de los sectores más intensivos en empleo del país.

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Javier Milei confirmó su intención de impulsar una reforma laboral tras las elecciones legislativas de 2025. Según declaraciones públicas y borradores legislativos vinculados a su espacio, el objetivo oficial es “modernizar” las relaciones laborales para fomentar el empleo privado formal. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo de la CGT y una discusión abierta sobre su posible impacto estructural.

Aunque todavía no se presentó un proyecto definitivo en el Congreso, los textos preliminares —como el de la diputada Romina Diez— y las declaraciones de funcionarios como el secretario de Trabajo Julio Cordero permiten delinear los puntos principales de la iniciativa, que también toma elementos del DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia) y de la fallida Ley Bases.

1. Jornada laboral: más horas, menos extras

Uno de los aspectos más controversiales es la posible extensión de la jornada laboral legal de 8 a 12 horas diarias, algo que, según el borrador, se habilitaría mediante el artículo 197 bis. Este cambio permitiría, además, implementar “bancos de horas” para que las horas extras se compensen con francos en lugar de pagarse con recargo.

Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger negó que se planee formalmente ampliar la jornada, pero el texto impulsado por Diez sí lo contempla. Para especialistas del área laboral, como Joan Vezzato de Fundar, esta medida implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

2. Indemnizaciones: de una vez a cuotas

El proyecto oficial también busca cambiar el régimen de despidos. Se permitiría pagar las indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, lo que abarataría el costo del despido para las empresas. Además, se avanzaría en el reemplazo del sistema actual por un fondo de cese laboral similar al que rige en la construcción, con aportes mensuales, aunque sin claridad aún sobre su financiamiento.

La CGT ya rechazó enfáticamente esta posibilidad, por considerarla un retroceso en derechos adquiridos. Empresarios, en cambio, señalan que estos cambios brindarían previsibilidad y facilitarían nuevas contrataciones.

3. Convenios colectivos: más empresa, menos actividad

Otra modificación sustancial es la posibilidad de negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo por actividad. Esta estrategia busca, según Cordero, adaptar los acuerdos laborales al tamaño y la localización de cada firma, y permitir aumentos por productividad.

Sin embargo, el proyecto también eliminaría la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios vencidos hasta que se firme uno nuevo. Esto podría dejar sin efecto beneficios como adicionales por antigüedad, zona desfavorable o títulos académicos, salvo que se negocien nuevamente.

Para los sindicatos, esto fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. Para las cámaras empresarias, en cambio, se trata de una medida necesaria para que el sistema laboral sea “más realista y competitivo”.

4. Vacaciones: más fragmentadas

El proyecto permitiría que las vacaciones se fraccionen en períodos más cortos, con un mínimo de una semana, en vez de tomarse en bloques más amplios como hasta ahora. La fragmentación flexibiliza la gestión interna de las empresas, pero reduce el descanso continuo de los trabajadores, una cuestión que también genera tensiones entre productividad y salud laboral.

5. Salarios: productividad por encima de paritarias

Finalmente, se propone modificar la lógica de aumentos salariales. En lugar de paritarias nacionales por rama, se plantean aumentos atados al rendimiento individual o por empresa. Esto implicaría la fijación de un piso mínimo, pero con escalas diferenciadas según la productividad de cada trabajador o unidad económica.

Para sectores gremiales, esto aumentaría la discrecionalidad y la presión interna, generando desigualdad entre trabajadores de una misma actividad. Para el Gobierno, en cambio, la medida apunta a incentivar la eficiencia y el mérito individual.

Posiciones enfrentadas

El Gobierno de Milei sostiene que la reforma busca reducir la informalidad y fomentar la contratación formal. La informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Para el oficialismo, el actual marco legal desalienta el empleo privado, especialmente en PyMEs.

La CGT, en cambio, rechaza de plano el proyecto, al que considera una réplica del DNU 70/23. Según Gerardo Martínez (Uocra), se trata de “una reforma que precariza” y que ataca los pilares de la negociación colectiva, las indemnizaciones y los derechos laborales básicos.

El empresariado valora varios de los cambios propuestos. La eliminación de cargas impositivas sindicales obligatorias y la previsibilidad en materia de despidos son, para muchas firmas, medidas esperadas desde hace décadas.

La oposición política mantiene posiciones divididas. Algunos sectores del radicalismo o del PRO podrían acompañar partes del proyecto, mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda y otras fuerzas expresaron su rechazo total.

Lo que viene

El texto final aún no fue presentado en el Congreso, pero se espera que el Ejecutivo lo impulse formalmente antes de fin de año, como parte de un paquete más amplio que incluiría también una reforma impositiva. El Consejo de Mayo, que reúne a sindicatos y empresarios, será clave para intentar acercar posiciones, aunque el conflicto parece inevitable.

La reforma laboral de Milei se inscribe en una disputa de fondo sobre el modelo de trabajo en Argentina. Sus efectos dependerán no solo de lo que diga la ley, sino también de su implementación y de la capacidad de organización de los actores involucrados.

JJD